Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01906-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01906-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01906-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01906-02 (1969-2020)
Demandante: Judith Morante García y otros
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Prima especial y bonificación por compensación REVOCA
parcialmente, ADICIONA, MODIFICA y CONFIRMA sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala transitoria, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Los señores Judith Morante García, Elkin Gustavo Correa León y Carlos
Fernando Galindo Castro, interpusieron demanda en contra de la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionales e ilegales los artículos 8 de los decretos
salariales 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014; el artículo 4 de los decretos
1105 de 2015 y 234 de 2016, expedidos por el Gobierno nacional.
3. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos individuales a
través de los cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, negó el pago del 30 % del salario, para un total del 100 % de la
asignación básica con las consecuencias prestacionales de ese porcentaje y la
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992;
Igualmente, el pago del 80 % de la prima especial de servicios contemplada en
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el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992:
• Judith Morante García y Elkin Gustavo Correa León: la Resolución No.
6379 del 9 de noviembre de 2015.
• Carlos Fernando Galindo Castro: la Resolución No. 0181 del 25 de enero
de 2016.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar el 30 % de
la remuneración mensual faltante para un total del 100 % del salario con las
consecuencias prestacionales de ese porcentaje, incluidas las cesantías y los
intereses a estas y la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992, desde la vinculación de cada uno de los demandantes y
hasta cuando se efectúe el respectivo pago. También, a reconocer y pagar las
prestaciones sociales correspondientes al 30 % del salario que se ha venido
cancelando a título de prima especial, para ese mismo periodo.
5. Igualmente, que se reconozca y pague el 80 % de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, con la cual se equiparó a los
magistrados de alta corte con los congresistas.
6. Que se actualicen las sumas reconocidas, se paguen intereses moratorios, se
condene en costas a la parte demandada y se dé cumplimiento a la sentencia
de conformidad con los artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que los demandantes han prestado sus servicios a la Rama Judicial, en calidad
de directores de unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial así:
• Judith Morante García: desde el 9 de enero de 2013.
• Elkin Gustavo Correa León: desde el 15 de julio de 2013.
• Carlos Fernando Galindo Castro: desde el 17 de septiembre de 2012.
8. Que el 20 de octubre de 2015 los señores Judith Morante y Elkin Correa y el 22
de enero de 2016 el señor Carlos Galindo, solicitaron a la demandada reconocer
y pagar el 30 % del salario con sus respectivas consecuencias prestacionales,
que se había tenido a título de prima especial, así como el 80 % de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992. Petición
que se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
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9. Consideran vulnerados los artículos 1, 4, 13, 25, 53 y 121 de la Constitución
Política; 2, literal a), 14 de la Ley 4.ª de 1992; 152 numeral 7 de la Ley 270 de
1996; 14 del Código Sustantivo del Trabajo; principios generales del derecho y
sentencia SU 519 proferida por la Cote Constitucional.
10. Que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, ha sido
mal interpretada por el Gobierno nacional, pues se toma el 30 % de la
remuneración básica mensual a título de prima especial sin carácter salarial,
disminuyéndose la naturaleza salarial de la remuneración.
11. Que el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992 establece la igualdad que debe existir
entre los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente de los
congresistas y los percibidos por los magistrados de las altas cortes. Que, al
corresponder las cesantías a un ingreso anual de carácter permanente percibida
por los congresistas, esta debe ser pagada como un equivalente a título de prima
especial de servicios a los magistrados de altas cortes en un 80%.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
12. El 29 de enero de 2018 fue admitida la demanda. La entidad1, se opuso a las
pretensiones, al argumentar que, el hecho de que los pagos por concepto de
primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de
los trabajadores, ni implica una omisión por parte de la entidad frente a sus
derechos laborales. Que por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, por lo que dicho
porcentaje no constituye factor de salario para liquidar y pagar las
correspondientes prestaciones sociales, lo cual, además, ya fue objeto de
análisis por parte de la Corte Constitucional y constituye, por tanto, cosa juzgada
constitucional.
13. Propuso como excepciones ausencia de causa petendi y cobro de lo no debido.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala transitoria, mediante
sentencia del quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019)2, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso en primer lugar, que los cargos
ejercidos por los demandantes, esto es, directores de unidad, son equivalentes
a los de magistrado de tribunal o magistrado auxiliar de alta corte, de
conformidad con el acuerdo 270 (sic) del 19 de marzo de 1998, emitido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
15. Que la prima especial de servicios no puede ser entendida como una reducción
1 Ver folios 192 a 201 del expediente físico.
2 Ver folios 236 a 248 del expediente físico.
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del salario, sino como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad
laboral, es decir, como un incremento a la remuneración mensual, de
conformidad con las sentencias del 2 de abril de 2009 y del 19 de abril de 2014
emitidas por esta corporación.
16. Afirmó que los demandantes son destinatarios de las leyes 10 de 1987, 63 de
1988 y de los decretos 610 y 1239 de 1998, según los cuales, la remuneración
mensual de un magistrado de tribunal, en ningún caso podría ser inferior al 80%
de lo devengado por los magistrados de alta corte. Que a los actores no se le ha
reconocido ni pagado en debida forma los valores por concepto de bonificación
por compensación equivalente al 80 % de lo que devenga un magistrado de alta
corte, pues solo recibieron por ello un 70 %.
17. Además, señaló que se encuentra demostrado que los demandantes tienen
derecho a la prima especial del 30 % contenida en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992, de conformidad con sus fechas de vinculación.
18. En este sentido, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
no probadas las excepciones de ausencia de causa para demandar y cobro de
lo no debido.
19. Condenó a la demandada a reconocer y pagar a cada uno de los demandantes
de manera retroactiva el reajuste salarial correspondiente al 30 % del salario
básico mensual con sus consecuencias prestacionales, y el equivalente al 80%
de lo que por todo concepto recibe un magistrado de alta corte, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, desde la fecha de
vinculación de cada uno y en adelante, mientras sigan fungiendo en dichos
cargos o en uno destinatario de tales normas, computando para ello el 100 % de
la asignación básica, luego del pago de la prima especial – de que trata el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 ya cancelada, y el 80 % de la prima especial del artículo
15 ibidem.
20. Finalmente, se estuvo a lo dispuesto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y
del 14 de diciembre de 2011, proferidas por esta corporación.
21. De otro lado, por medio de escrito del 18 de julio de 2019, el magistrado Javier
Alfonso Argote Royero presentó aclaración de voto frente a la citada providencia,
argumentando que, si bien comparte el sentido de la decisión, se debió precisar
que la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la ley 4.ª de
1992 es un beneficio adicional al salario que equivale al 30 % del mismo y que
debe sumarse al salario para liquidar el ingreso mensual del trabajador. Que lo
anterior resulta distinto a afirmar que dicho emolumento tiene carácter salarial,
lo cual resulta errado, por lo que aquel no puede ser sumado ni excluido para
establecer la base sobre la cual se van a liquidar las prestaciones sociales.
Además, consideró que la bonificación por compensación solo constituirá factor
salarial para determinar el valor de las pensiones de cualquier naturaleza.
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22. Por su parte, el magistrado Carlos Enrique Berrocal Mora, en igual fecha, aclaró
el voto para precisar que para reliquidar los ingresos mensuales se debe tomar
el salario básico más el 30 % de este, mientras que, en el caso de las
prestaciones sociales, se tiene en cuenta toda la asignación básica sin sumarle
ni restarle a esta el 30 %. Afirmó que la prima especial de servicios como parte
integrante de la bonificación por compensación, no tiene carácter salarial y por
ende no debe tener incidencia para la reliquidación de prestaciones sociales.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La parte demandada3 interpuso recurso de apelación en el cual argumentó que
los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a las normas
vigentes, pues como autoridad administrativa no tiene la facultad para interpretar
las leyes e inaplicaras, pues dicha potestad recae exclusivamente en los jueces
de la República.
24. Que a los demandantes no les asiste el derecho a que se les cancele
retroactivamente el 80 % de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de altas cortes, en razón a que los efectos de la sentencia de
nulidad son hacia el futuro.
25. Señaló que la prima especial de servicio consagrada en la Ley 4.ª de 1992, no
tiene carácter salarial, salvo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación y como base de cotización del Sistema de Seguridad Social en salud,
lo cual fue reafirmado por la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996 y,
por tanto, constituye cosa juzgada constitucional.
26. Que si bien por medio de sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por esta
corporación, se declaró la nulidad de los decretos salariales anuales emitidos
por el Gobierno nacional en donde se tuvo a la prima especial de servicios como
parte del salario, nada se dijo respecto de los años 2008 en adelante, por lo que,
lo ahí dispuesto resulta de obligatorio cumplimiento para la demandada.
27. Afirmó que, si bien lo consagrado en el artículo 7 del Decreto 618 de 20074 fue
declarado nulo mediante sentencia del 2 de abril de 2009 proferida por esta
corporación, dentro de los cargos que en forma taxativa se enlistaban en dicha
norma, no se encontraba el de magistrado de tribunal o equivalentes, por lo que
la sentencia de nulidad no afecta la remuneración, ni las prestaciones de quienes
desempeñen dichos cargos, pues la prima especial no se les estaba
reconociendo como parte del salario.
28. Indicó que, en el evento de accederse a la reliquidación de todas las
3 Ver folios 260 a 267 vuelto del expediente físico.
4 Norma que disponía que «El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores
públicos se considera como prima especial, sin carácter salarial: (...)».
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prestaciones sociales a favor de los magistrados de tribunal o equivalente, se
incurriría en una vulneración directa de la ley, pues se sobrepasaría el 80 % de
lo que por todo concepto recibe anualmente como remuneración el magistrado
de alta corte, pues al incrementar el valor pagado por concepto de salario en un
30 % y el valor de las prestaciones, se aumenta la remuneración anual.
29. Además, afirmó que existe imposibilidad presupuestal para incluir en la nómina
el pago adicional de la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
30. El 29 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación. La entidad presentó
alegatos de conclusión, dentro de los cuales reiteró los argumentos expuestos
en el recurso, además de afirmar que en el presente asunto se configuró la
excepción de prescripción.
31. Por su parte, los demandantes allegaron memorial argumentando que la prima
especial de servicios debe considerarse como un incremento y no como una
disminución del salario. Que, conforme a lo anterior, la entidad ha venido
desconociendo el 30 % del salario y las prestaciones sociales incluidas las
cesantías, el cual se constituye en una prestación que permanece en el tiempo
mientras el vínculo laboral continúe vigente. Que, por tanto, no existe
justificación alguna para que dicho emolumento no se incluya dentro del cálculo
para liquidar las prestaciones sociales.
32. Afirmó igualmente que en el presente asunto no se ha configurado la
prescripción, pues la misma sólo se contabiliza teniendo en cuenta la primera
sentencia que decidió anular la expresión “sin carácter salarial”, de los decretos
emitidos por el Gobierno nacional.
33. El Ministerio Público se abstuvo de proferir concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
34. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso5; por ello se avocará
conocimiento del proceso.
5 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes
de la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se
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35. Deberá resolver la Subsección si los demandantes tienen derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación; si los directores de
unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial son titulares de la
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4.a de 1992; si
tal emolumento tiene carácter salarial; si se supera el tope del 80 % que prevé
el Decreto 610 de 1998; y si existe imposibilidad presupuestal.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
36. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
37. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido anualmente
los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No obstante,
aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril de
20146, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación
básica y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al
liquidarlas sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la
prohibición establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la
cual «En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales», y además se desconoce que la prima «debe entenderse como un
fenómeno retributivo de carácter adicional»
38. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
observa en las siguientes decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-2023). Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024.
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023). Consejo de
Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-23-33-000-
2016-00857-02 (4942-2023). Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar. 41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01906-02 (1969-2020)
septiembre de 20197, 11 de julio de 20238, 5 de septiembre de 20239, 5 de
diciembre de 202310, 6 de agosto de 202411 y 18 de diciembre de 202412. En
particular se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo
cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin
restarle ni sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial y por tanto no incide en la liquidación de las
prestaciones sociales.
39. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202413, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores
públicos proferidos entre los años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 %
correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del salario».
Resolución del caso concreto
40. Previo a analizar la naturaleza salarial de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992, la Sala precisa que entre las partes suscribieron
conciliación parcial el 18 de noviembre de 201914, esto es, con posterioridad a
la sentencia apelada, en la cual acordaron el pago «por concepto de incidencia
de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4. a de 1992», incluyendo el valor
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
14 Ver archivo digital denominado «ED_CUADERNO1_65AUTOS- AUDIENCIADECONCILIACION (.pdf)
NroActua 64» visible a índice 64 del SAMAI del Tribunal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-01906-02 (1969-2020)
del capital y el 70 % de indexación, «sin incluir lo relativo a la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4.a de 1992, aspecto que fue ordenado en la
sentencia de primera instancia y debatido en el recurso de apelación interpuesto
por la entidad15», motivo por el cual la Sala se limitará a analizar el reparo frente
a lo no conciliado.
41. Establecido lo anterior, se impone resolver en primer lugar lo concerniente a la
titularidad del derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4.a de 1992 de los directores de unidad de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Al respecto, se tiene que el Acuerdo 273 de 1998
establece en su artículo segundo, para todos los efectos, «la equivalencia del
cargo de director de unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
con la de Magistrado Auxiliar», razón por la cual, contrario a lo afirmado por la
entidad, los demandantes, al desempeñar dicho cargo, son acreedores de la
prima especial de servicios en cuestión, por lo que no le asiste razón a la
demandada en ese sentido.
42. Ahora bien, en cuanto al reparo de la entidad frente al carácter salarial de la
prima especial de servicios, aclara la Sala que, tal como lo estimó el tribunal de
primera instancia, esta únicamente constituye factor salarial para efectos
pensionales, pues así lo señalan las normas que la consagran. A saber, el inciso
1.° del artículo 14 de la Ley 4.ta de 1992 dispone: «El Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial (…)»; el artículo 1.° de la Ley 332 de 1996 establece: «La
prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992
(…), harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones
establecidas por la ley» .
43. Al respecto, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202216, al precisar que, tanto el Gobierno nacional
en su configuración legislativa, así como el legislador, tienen la facultad de
regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como
decidir qué emolumentos constituyen factor salarial para efectos de liquidar
prestaciones sociales y cuáles no, potestad que no vulnera derechos de los
trabajadores pues no existe una obligación constitucional que exija que todos los
ingresos deban ser tenidos en cuenta como base para dichas prestaciones.
44. Lo anterior también se ajusta a la postura adoptada por la Corte Constitucional
en la sentencia C-279 de 1996, en la cual declaró exequible la expresión «sin
carácter salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.a de 1992, entre
15 Ver archivo digital denominado «ED_CUADERNO1_66AUTOS-
APROBACIONDECONCILIACIONQUELLEGARONLASPARTES(.pdf) NroActua 64» visible a índice 64 del SAMAI
del Tribunal.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-
000-2013-01009-01(2263-2018).
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otros, por considerar que, tales disposiciones no desconocen derechos
laborales, pues ninguna norma que aumente la remuneración de los
trabajadores puede considerarse contraria a la protección laboral, y en todo
caso, el legislador cuenta con un margen de configuración para determinar qué
conceptos integran el salario y para desarrollar su definición. Además, concluyó
que excluir estas primas de la base para liquidar prestaciones no les quita su
naturaleza remuneratoria ni vulnera compromisos internacionales del Estado
colombiano.
45. En todo caso, no debe perderse de vista que el artículo 243 de la Constitución
Política dispone que los fallos proferidos por la Corte Constitucional en ejercicio
del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que
sus decisiones tienen efectos generales y vinculantes frente a todas las
personas y autoridades, tal como lo ha precisado la mentada corporación17. En
consecuencia, la interpretación sobre la naturaleza de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe armonizarse con la ratio decidendi
fijada en la sentencia C-279 de 1996, en la cual la Corte reconoció la facultad
del legislador para excluir determinados emolumentos de la base de liquidación
de prestaciones sociales, sin que ello implique desconocimiento de derechos
laborales.
46. Conforme a lo expuesto, se concluye que, la prima especial no debe ser
considerada en la base de liquidación de las prestaciones sociales en tanto la
norma, de manera expresa, consagra que este concepto no integra la misma.
De la prescripción de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la ley 4a de 1992
47. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a reconocer y pagar el reajuste
salarial del 30 % del salario con sus consecuencias prestacionales y el 80 % a
título de bonificación por compensación, computando para ello el 100 % de la
asignación básica luego del pago de la prima especial de servicios; desde el 9
de enero de 2013 para el caso de la señora Judith Morante, 15 de julio de 2013
para Elkin Correa y 17 de septiembre de 2012 para Carlos Galindo. Esto, al
encontrar probado que los demandantes, en su calidad de directores de unidad
percibían montos inferiores a los que les correspondían, por la disminución en
su salario.
48. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA,
habrá de modificarse el ordinal cuarto de la sentencia apelada, en lo que
respecta a la fecha de reconocimiento en favor del señor Carlos Galindo Castro,
en atención a que en su caso se configuró la prescripción. En efecto, el derecho
17 Corte Constitucional. Sentencia T-836/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: «La cosa juzgada
constitucional de los fallos de la Corte, lo dicen la ley y la jurisprudencia, produce efectos erga omnes, es decir,
son vinculantes para todo el mundo, tienen “carácter obligatorio general, oponible a todas las personas y a las
autoridades públicas, sin excepción alguna».
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a la prima especial se hizo exigible con la entrada en vigor del Decreto 57 de
1993 que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7
de enero de 1993. Desde entonces, el interesado podía interrumpir el término
extintivo.
49. Así las cosas, el señor Carlos Galindo Castro tiene derecho a que se le pague
la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, a partir del
22 de enero de 2013, esto es, tres años atrás de la fecha en que solicitó el
reajuste de sus prestaciones sociales y salariales, debido a la prescripción
trienal, y desde ese día en adelante18, debido a que la petición fue radicada ante
la administración el 22 de enero de 201619.
50. En estos términos, se adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido
de declarar probada de oficio la excepción de prescripción frente a dicho
demandante.
51. Ahora bien, en atención al cargo desempeñado por los actores, dentro del cual,
como se ha dicho, se han hecho beneficiarios de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, se adicionará el ordinal
cuarto de la sentencia apelada en el sentido de que al momento de la entidad
realizar los ajustes salariales y prestacionales deberá tener en cuenta el tope
legal de la remuneración, esto es, el 80% de lo que por todo concepto devengan
anualmente los magistrados de Alta Corte.
52. De otro lado, debe precisarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del
9 de abril de 2024, en las cuales se declaró la nulidad de tales disposiciones
reglamentarias; por tanto, la Sala revocará los numerales segundo y tercero de
la decisión y, en su lugar, dispondrá estarse a lo resuelto en la providencia del 9
de abril de 2024, en la que cual se precisó que el referido emolumento
constituye una adición al salario.
53. Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste a
los demandantes no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se
asigne el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de
desconocer el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de
Derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
18 No se encontró prueba dentro del proceso que acreditara el retiro del servicio.
19 Ver folios 14 a 23 del expediente físico.
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54. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
55. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
56. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en
el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia del quince
(15) de julio de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala transitoria, para en su lugar ESTARSE a lo resuelto en la
sentencia emitida por el Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de Conjueces,
del 9 de abril de 2024, radicado: 1100103250002019006000 (4735-2019), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Tercero. ADICIONAR la sentencia del quince (15) de julio de dos mil diecinueve
(2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala transitoria,
para declarar probada de oficio la prescripción parcial, así:
«DECLARAR probada de oficio la PRESCRIPCIÓN parcial de las sumas causadas
por concepto de prima especial de servicios, con anterioridad al 22 de enero 2013 en
el caso del señor Carlos Fernando Galindo Castro, de conformidad con los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia desarrollada sobre el
asunto»
Cuarto. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del quince (15) de julio de
dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala transitoria, solo en el sentido de reconocer y pagar el a favor del señor Carlos
Fernando Galindo Castro, el reajuste salarial en un 30 % del salario básico mensual,
con sus consecuencias prestacionales, desde el 22 de enero de 2013 y en
adelante, por ejercer el cargo de director de Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, equivalente al de magistrado de tribunal o
magistrado auxiliar de alta corte, y mientras siga fungiendo en dicho cargo o en uno
de aquellos de los que son destinatarios tales normas, computando para este
ejercicio el 100 % que corresponde a la asignación básica mensual devengada por
él, luego del pago de la prima especial, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.
Quinto. ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia del quince (15) de julio de
dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala transitoria, en el sentido de que al momento de efectuar el reconocimiento ahí
señalado, la entidad deberá tener en cuenta que la condena no puede superar en
ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías.
Sexto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del quince (15) de julio de dos mil
diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala
transitoria.
Séptimo. Reconocer personería al abogado Sergio Mario Marquez Medina,
identificado con cédula de ciudadanía 1.193.030.066 y tarjeta
profesional 418.011 del CSJ, en los términos y para los efectos del poder conferido
por la demandada, visible a índice 119 de SAMAI.
Octavo. Sin condena en costas en esta instancia.
Noveno. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
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Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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