RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2013-00321-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00321-02

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00321-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, bajo el radicado: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «QUINTO: CONDENESE a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial - a reconocer y pagar a la demandante AMPARO OJEDA ARIAS, a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados la diferencia entre los salarios (asignación básica y prestaciones sociales incluida la cesantías) efectivamente cancelado desde el 18 de octubre 2009 y hasta la fecha en que la demandante permanezca vinculada en su calidad de juez de la República, y el salario correctamente liquidado, conforme los estrictos términos del decreto 1251 de 2009, incluyendo como factor salarial en la base del 70% la cesantía que anualmente devengan los magistrados de las Altas Cortes. Igualmente, se ordena: i) reliquidar y pagar las diferencias existentes entre lo devengado y lo que debió percibir la actora, por concepto de ingresos mensuales sobre la base del 100 % del salario básico más el 30 % de la prima especial de servicios; y ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022) sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial. Lo anterior condicionado a que la entidad demandada verifique que efectuada […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00321-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)
Demandante: Amparo Ojeda Arias.
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a avocar conocimiento de conformidad
con el artículo 116 del CPACA, y a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Amparo Ojeda Arias interpuso demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 4986 del 24 de octubre de
2012 y 4996 del 29 de noviembre del mismo año, a través de las cuales la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la reliquidación y el
pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales,

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

con la inclusión del auxilio de cesantías que devengan los magistrados de las altas
cortes, así como de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho se ordene reliquidar y pagar desde
el 1.° de enero de 2009, sus salarios y prestaciones sociales, teniendo en cuenta,
en el cálculo del 70 % de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las
altas cortes, el auxilio de cesantías devengado por estos, en los términos del
Decreto 3901 de 2008 y no del 1251 de 2009. Igualmente, solicitó que para dicho
reajuste se considere la prima especial de servicios, equivalente al 30 % de la
remuneración.

4. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
moratorios a los que haya lugar y se condene en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez 23 civil
municipal de Cali. El «17 de octubre de 2012», solicitó a la demandada «que
reliquidara su salario y consecuencialmente sus prestaciones sociales incluyendo
en el 70% base del cálculo el auxilio de cesantías del Magistrado de Altas Cortes
para los años 2009 y siguientes». De igual manera, pidió que para dicho reajuste se
incluya la prima especial de servicios prevista en la Ley 4.ª de 1992, petición que se
negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera violados los artículos: 13, 25, 53, 93 y 150 de la Constitución
Política, 2, 3, 14, 15 de la Ley 4.ª de 1992; 114 de la Ley 1395 de 2010; y 1, 2 y 3
del Decreto 1251 de 2009.

7. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución y la ley, porque sus ingresos debieron pagarse teniendo en cuenta la
prima especial de servicios, la cual se calcula considerando el auxilio de cesantías
percibido por los magistrados de las altas cortes, conforme lo prevé el artículo 15
de la Ley 4.ª de 1992.

8. Afirmó que la demandada, con fundamento en el concepto emitido el 20 de
mayo de 2005 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, comparó
los ingresos anuales de los jueces con los ingresos anuales de los magistrados de
altas cortes, a pesar de que el Decreto 3901 de 2008 no distinguió si la
remuneración de los jueces debía entenderse en términos mensuales o anuales.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

9. A su juicio, dicha interpretación desconoce la finalidad de la Ley 4.ª de 1992,
orientada a «superar la visible desigualdad entre los funcionarios judiciales allí
mencionados y los Magistrados de Altas Cortes», y omite que la asignación salarial
reconocida por la Rama Judicial «es mensual y no anual», de conformidad con el
artículo 4 del Decreto 717 de 1978.

10. Adicionalmente, indicó que la prima especial de servicios representa un
incremento y no una disminución a la remuneración. Como sustento, citó las
sentencias del 2 de abril de 20092 y 19 de mayo de 2010.3

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. El 26 de mayo de 2016 fue admitida la demanda. La entidad4 sostuvo que las
acreencias laborales de la actora fueron pagadas conforme a la normativa vigente
para cada anualidad, por cuanto la prima especial de servicios del 30 % fue prevista
como una prestación sin carácter salarial.

12. Que no es procedente la reliquidación reclamada, en tanto que la sentencia
que declaró la nulidad de los decretos expedidos entre 1993 y 2007 produce efectos
hacía el futuro.

13. Propuso como excepciones las de «inexistencia de causa para demandar»,
«caducidad de la acción», «prescripción trienal de derechos laborales» y la
«innominada».

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia el treinta
(30) de junio de dos mil veintiuno (2021)5, accedió parcialmente a las pretensiones.
Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debe
ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica
de los servidores beneficiarios.

15. Se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019; declaró
probada la excepción de prescripción de los derechos causados con anterioridad al
17 de octubre de 2009; y condenó a la entidad a pagar en favor de la actora, la
diferencia «entre los salarios (asignación básica y prestaciones sociales incluida las
cesantías) efectivamente cancelado desde el 18 de octubre de 2009 y hasta la fecha

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009.

Expediente: 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19

de mayo de 2010. Expediente: 25000-23-25-000-2005-01134-01 (0419-2007). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
4 Folios 122 a 127.
5 Folios 230 a 238.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

en que la demandante permanezca vinculada en su calidad de juez de la República,
y el salario correctamente liquidado, conforme los estricto términos del decreto 1251
de 2009, acreditando el 30% de prima especial de servicios – artículo 14 de la Ley
4 de 1992-, incluyendo como factor salarial en la base del 70 % la cesantía que
anualmente devengan los magistrados de las Altas Cortes, dichas sumas serán
indexadas mes a mes […]».6

16. Igualmente,7 ordenó el pago de la prima especial de servicios equivalente al
30 % «como factor salarial correctamente liquidado hasta la fecha en que ocupó el
cargo de juez».

RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandada8 interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que
las acreencias laborales de la actora fueron pagadas conforme a la normativa
vigente para cada anualidad, por cuanto la prima especial de servicios del 30 % fue
prevista como una prestación sin carácter salarial. Agregó que no es procedente la
reliquidación reclamada, en tanto que la sentencia que declaró la nulidad de los
decretos expedidos entre 1993 y 2007 produce efectos hacía el futuro.

18. Que, de acceder a las pretensiones, se superaría el límite máximo previsto
en el Decreto 1251 de 2009, en relación con los ingresos de los magistrados de las
altas cortes.

19. Finalmente, indicó que ocurrió la prescripción sobre las sumas causadas
«anteriores a diciembre de 2009».

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 5 de marzo de 2024 se admitió el recurso.

21. La parte demandante9 señaló que debe reconocerse el carácter prestacional
del porcentaje omitido por concepto de prima especial de servicios, desde la fecha
de su vinculación a la Rama Judicial, sin aplicar la prescripción trienal, pues el
derecho se hizo exigible con la sentencia del 29 de abril de 2014. Insistió en que la
remuneración debe liquidarse teniendo en cuenta los ingresos mensuales
devengados, en los términos del Decreto 3901 de 2008.

6
Numeral quinto de la sentencia.
7
Numeral sexto de la sentencia.
8 Índice 50 de SAMAI del tribunal.
9
Índice 28 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

22. El Ministerio Público10 sostuvo que hay lugar a modificar la sentencia, con el
fin de precisar que la prima especial no constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales. Igualmente, advirtió que debe emitirse pronunciamiento
sobre el fenómeno extintivo en consideración a que la reclamación administrativa
se radicó en el año 2012.

23. La parte demandada no se pronunció.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso. Por ello, se avocará
conocimiento del proceso11.

25. Deberá resolver la subsección si la demandante tiene derecho a la prima
especial de servicios como componente adicional de la asignación básica y a la
reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de su remuneración;
si dicho emolumento tiene carácter salarial; si operó la prescripción, y si con el
reajuste ordenado se supera el tope fijado por el Gobierno nacional para el cargo
ejercido por la actora.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

26. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los

10
Índice 29.
11
En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

27. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201412, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

28. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201913, 11 de julio de 202314, 5 de septiembre de 202315, 5 de
diciembre de 202316, 6 de agosto de 202417 y 18 de diciembre de 202418. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

29. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202419, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario».20

Resolución del caso concreto

30. Se advierte que el recurso interpuesto por la demandada, en calidad de apelante
única, se circunscribe a la reliquidación ordenada con fundamento en la prima
especial de servicios, la naturaleza no salarial del emolumento; y la eventual
superación del límite máximo previsto para el cargo desempeñado por la actora en
caso de accederse al reajuste.

31. Se observa que el tribunal, en el numeral quinto de la parte resolutiva, condenó
a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar en favor
de la señora Amparo Ojeda «[…] la diferencia entre los salarios (asignación básica
y prestaciones sociales incluidas las cesantías) efectivamente cancelado desde el
18 de octubre de 2009 y hasta la fecha en que la demandante permanezca vinculada
en su calidad de juez de la República, y el salario correctamente liquidado, conforme
los estrictos términos del Decreto 1251 de 2009, acreditando el 30% de prima
especial de servicios – artículo 14 de la ley 4 de 1992-, incluyendo como factor
salarial en la base del 70% la cesantía que anualmente devengan los magistrados
de las Altas Cortes […]».

32. En el numeral sexto dispuso: «continuar pagando a partir de la fecha de esta
providencia […] su salario (asignación mensual y prestaciones sociales incluyendo
las cesantías) acreditando la prima especial del 30 % […] como factor salarial

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
20
En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

correctamente liquidado hasta la fecha en que ocupó el cargo».

33. Lo anterior, al encontrar acreditado que la demandante, quien se desempeña
como juez de la República, ha percibido montos inferiores a los que le
correspondían, debido a la disminución de la asignación básica por dicho
concepto.21

34. Así pues, el referido factor no fue reconocido ni pagado a la accionante como
un incremento del sueldo, sino que, al considerarlo parte de aquel, se desconoció
la finalidad del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

35. En esos términos, la demandante tiene derecho a la reliquidación de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30 % de
éste, que ha sido reconocido a título de prima, así como a la reliquidación y el pago
de sus prestaciones sociales, las cuales deben calcularse sobre la totalidad de la
remuneración, sin restar ni sumar a ésta el 30 %, en la medida en que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto, no incide en la liquidación
de las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión.

36. De otra parte, se observa que el juez aplicó correctamente la prescripción
trienal, debido a que la reclamación administrativa fue radicada el 18 de octubre de
2012,22 por lo que la señora Amparo Ojeda tiene derecho al reconocimiento de las
diferencias entre lo devengado y lo dejado de percibir a título de prima especial de
servicios a partir del 18 de octubre de 2009.

37. Ello, por cuanto el hecho constitutivo del derecho a la prima especial se hizo
exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley
4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 57 de 1993. Por consiguiente, desde el 7 de enero de 1993 la interesada
podía haber interrumpido el aludido fenómeno.

38. Con todo, es necesario manifestar que a pesar de que dicha figura no opera
respecto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se
reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al
Estado23, ni frente a las diferencias por cesantías, tal como se expuso en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 201624, según la cual este derecho no
prescribe mientras la relación laboral esté vigente, como ocurre en el presente
asunto, lo cierto es que en garantía de los derechos de defensa y debido proceso,

21
Folios 172 a 197.
22
Según se desprende de la Resolución 4996 del 29 de noviembre de 2012.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-

2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. MP: Carmelo Perdomo Cuéter.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

en armonía con los principios de doble instancia y non reformatio in pejus, la sala
se abstendrá de ordenar el reconocimiento de estos conceptos desde la vinculación,
en atención a la condición de apelante única que tiene la entidad.

39. De acuerdo con lo expuesto, se modificará el numeral quinto del fallo,
únicamente en lo relacionado con el reconocimiento de la prima especial de
servicios, con el fin de precisar la forma en la que debe efectuarse el
restablecimiento del derecho respecto de dicho emolumento. Liquidación que
deberá atender al límite porcentual previsto en el Decreto 1251 de 2009 y en los
demás que fijen el salario anualmente.

40. En igual sentido, debe revocarse el numeral sexto, dado que ordenó «continuar
pagando» la prima especial de servicios como factor salarial, conclusión que no
resulta acorde con lo manifestado en esta providencia. En lo demás, se confirmará
la sentencia recurrida.

41. Finalmente, debe señalarse que la legalidad de los decretos que incorporaron
la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue
definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9
de abril de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo tanto,
en consideración a que el juez se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, se revocará el numeral primero, para disponer estarse a lo
resuelto, en la sentencia del 9 de abril de 2024.

De la condena en costas en segunda instancia

42. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

43. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

44. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

45. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, porque las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas
de manera parcial, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de dicha condena en
esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del treinta (30) de junio
de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 9 de abril de 2024, bajo el
radicado: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del treinta (30) de junio de
dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el cual quedará así:

«QUINTO: CONDENESE a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva De
Administración Judicial - a reconocer y pagar a la demandante AMPARO
OJEDA ARIAS, a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de
la declaratoria de nulidad de los actos acusados la diferencia entre los salarios
(asignación básica y prestaciones sociales incluida la cesantías) efectivamente
cancelado desde el 18 de octubre 2009 y hasta la fecha en que la demandante
permanezca vinculada en su calidad de juez de la República, y el salario
correctamente liquidado, conforme los estrictos términos del decreto 1251 de
2009, incluyendo como factor salarial en la base del 70% la cesantía que
anualmente devengan los magistrados de las Altas Cortes.

Igualmente, se ordena: i) reliquidar y pagar las diferencias existentes entre lo
devengado y lo que debió percibir la actora, por concepto de ingresos
mensuales sobre la base del 100 % del salario básico más el 30 % de la prima
especial de servicios; y ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones
sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00321-02 (6175-2022)

sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial.

Lo anterior condicionado a que la entidad demandada verifique que efectuada
la liquidación, como se ordena en esta sentencia, no exceda el tope previsto en
el Decreto 1251 de 2009 ni en los demás que fijen el salario anualmente

Dichas sumas serán indexadas mes a mes conforme quedó expuesto en esta
providencia»

Cuarto: REVOCAR el numeral sexto de la sentencia del treinta (30) de junio de dos
mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Quinto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil
veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Sexto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.