Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00135-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00135-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2010-00135-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00135-02 (1184-2018)
Demandante: Mario Germán Iguarán Arana
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial artículo 15 de la Ley 4.a de 1992.
Prescripción. MODIFICA y CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Decreto 01 de 1984)
Avoca la Sala conocimiento del presente asunto1 y procede a resolver los recursos
de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el treinta y uno
(31) de mayo de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Mario Germán Iguaran Arana interpuso demanda en contra de la
Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
(CCA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio OP 2183 del 24 de marzo de 2009 y de
la Resolución 2-1787 del 24 de julio de 2009, a través de los cuales, la Fiscalía
General de la Nación negó el pago de las diferencias debidas por concepto de la
prima especial y confirmó dicha negativa, respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios desde el 31 de julio de 2005
hasta el 31 de julio de 2009, teniendo en cuenta para su liquidación los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas,
tales como, las cesantías.
1 Se advierte que, aunque el Dr. Juan Camilo Morales Trujillo, durante el lapso en que ejerció labores como
conjuez aceptó el impedimento suscrito por la subsección B, esta gestión no constituye una actuación en
instancia anterior y, en consecuencia, no se enmarca en las causales de impedimento previstas en la ley.
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4. Que se ajusten las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC, se paguen los
intereses y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del CCA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que prestó sus servicios en la Fiscalía General de la Nación desde el 31 de
julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2009, en calidad de fiscal general de la Nación
y el 17 de marzo de 2009 solicitó a la demandada pagar la diferencia generada entre
el auxilio de cesantías reconocido a los congresistas y el devengado por el actor.
Petición que fue negada a través de los actos administrativos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Considera vulnerados los artículos 2, 29, 48, 53, 55 y 58 de la Constitución
Política; 15 de la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 10 de 1993.
7. Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la Ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, teniendo en cuenta
que la prima especial del artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992 se creó para efectos de
igualar lo percibido por los Congresistas, precisando que las cesantías son también
un ingreso laboral de carácter permanente, que independientemente de su calidad
de prestación social, deben ser incluidas para la determinación de los ingresos
laborales totales anuales percibidos por aquellos. Que, en este sentido, se generó
un desequilibrio en el reconocimiento de las prestaciones sociales, pues la
demandada solo igualó lo concerniente a la asignación mensual.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda se admitió el 24 de agosto de 2012 y la entidad2, contestó la
demanda por fuera del término establecido para ello.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta
y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), accedió parcialmente a las
pretensiones. Expuso que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 4.ª de 1992, su decreto reglamentario y la jurisprudencia proferida por esta
corporación, resulta evidente que, tratándose de magistrados de las altas cortes,
procurador general la nación, contralor general de la República, fiscal general de la
Nación, defensor del pueblo y registrador nacional del Estado Civil, la prima especial
2 Mediante auto del 23 de agosto de 2013 que reposa a folios 93 a 96, se tuvo por extemporánea la contestación
de la demanda, allegada mediante memorial visible a folios 56 a 61 del expediente físico.
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de servicios tiene como propósito igualar el total de lo devengado por un
congresista.
10. Que tal como lo dispuso esta Corporación en sentencia del 18 de mayo de
2016, para determinar el monto del mencionado emolumento, deberá incluirse tanto
lo que constituye salario, como las prestaciones sociales, dentro de las cuales se
encuentran las cesantías, pues en la norma, al utilizarse la expresión «ingresos
laborales», no se realiza diferenciación alguna al respecto.
11. Señaló que, si bien al actor le fue reconocida la prima especial de servicios,
dicha prestación no igualó todo lo devengado por un congresista, al excluir las
cesantías de dicho cálculo, situación que para la sala resulta contraria a lo
establecido en el art. 15 de la Ley 4.ª de 1992 y lo dispuesto en la jurisprudencia
sobre el particular.
12. En consecuencia, tras identificar que el demandante prestó sus servicios
como fiscal general de la Nación entre el 1.º de agosto de 2005 y el 31 de julio de
2009 y que en ese lapso se produjo una diferencia con lo percibido por los
congresistas, condenó a la entidad al pago de las diferencias causadas dentro del
periodo señalado, no sin antes declarar probada de oficio la excepción de
prescripción de las sumas reclamadas con anterioridad al 17 de marzo de 2006,
teniendo en cuenta que la petición se presentó el 17 de marzo de 2009, ordenando
los descuentos a los que hubiere lugar por concepto de aportes a la seguridad
social.
RECURSOS DE APELACIÓN
13. La parte demandante3 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que, en nuestro ordenamiento jurídico no existe disposición alguna que determine
la prescripción del derecho que se está reclamando, es decir, de la prima especial
de servicios, a través de la demanda.
14. Que la diferencia a pagar se generó porque, al momento de cancelar la prima
especial de servicios, no se incluyó el auxilio de cesantías dentro de la base de
liquidación y para el caso de esta prestación, la ley ha estimado que mientras el
funcionario permanezca vinculado al servicio, no corre ningún término prescriptivo.
Afirmó que incluso, cuando el servidor se encuentre retirado, no hay lugar a declarar
la prescripción, pues el empleador tiene la obligación de liquidar las cesantías y
consignarlas en un fondo, siendo potestativo del trabajador, retirarlas o dejarlas en
dicho fondo.
15. Por lo anterior, solicitó se revoque el numeral primero de la sentencia de
primera instancia, por el cual se declaró de oficio la prescripción de las sumas
causadas con anterioridad al 17 de marzo de 2006 y, en consecuencia, que se
3 Ver folios 242 a 245 del expediente físico.
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modifique el ordinal tercero de dicha providencia, con el fin de que se condene a la
entidad al pago desde el 1.º de agosto de 2005 hasta el 31 de julio de 2009.
16. La parte demandada4 presentó recurso de apelación al considerar que, si
bien en sentencia de unificación (sic) emitida por esta corporación el 18 de mayo de
2016, se aclaró que la prima especial de servicios debe liquidarse con fundamento
en todos los ingresos anuales que devenguen los congresistas, incluidas las
cesantías, lo cierto es que con anterioridad a esa fecha no existía la suficiente
claridad para las entidades acerca de si tales ingresos se referían solo a los que
constituyen factor salarial o si se extendía a los de carácter prestacional.
17. Que tal situación conllevó a excluir las cesantías devengadas por los
congresistas de la liquidación de la prima especial a que se refiere el artículo 15 de
la Ley 4.ª de 1992, dada la naturaleza misma de dicha prestación y las distintas
interpretaciones que se generaron en torno al Decreto 10 de 1993, reglamentario
del mencionado emolumento.
18. Afirmó que los actos administrativos demandados son anteriores a la
expedición de la sentencia que unificó (sic) la interpretación sobre la forma en que
debe liquidarse la prima especial de servicios, pues ambos datan del año 2009, por
lo que estimó que aplicar en forma retroactiva lo definido por el alto Tribunal,
desconoce el principio de seguridad jurídica y vulnera el patrimonio público de la
entidad.
19. Señaló que en la providencia apelada, no se efectuó ningún análisis sobre el
contenido de los actos demandados, en relación con la forma en que la entidad
liquidó la prima especial, pues en los mismos se precisó que dada la regulación
normativa de dicha prestación, su inclusión en los ingresos del demandante no
podría exceder lo devengado por un congresista, por lo que en su sentir, resulta
evidente la falta de valoración probatoria para contrastar las certificaciones
allegadas al proceso y los actos administrativos atacados.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 24 de abril de 2018 se admitió el recurso de apelación.
21. La parte demandante5, se ratificó en los argumentos expuestos en el
recurso en cuanto a la prescripción y solicitó que se confirme en todo lo demás la
sentencia de primera instancia, pues es claro que para la liquidación de su prima
especial de servicios se debían tener en cuenta los valores reconocidos por
concepto de cesantías a los congresistas, con el fin de mantener la equivalencia
ordenada en el artículo 15.
4 Ver Folios 183 a 189 del expediente físico.
5 Ver folios 290 a 298 del expediente físico.
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22. Afirmó igualmente que, si para liquidar la prima especial del fiscal general de
la Nación, se tiene en cuenta la prima de servicios del mes de julio y la prima de
navidad de los congresistas, no se entiende por qué no ocurre lo mismo con las
cesantías, las cuales corresponden a un ingreso total anual devengado por este
tipo de funcionarios.
23. La parte demandada6, reiteró los argumentos expuestos en la apelación.
24. El agente del Ministerio Público emitió concepto7, en el cual solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, pues el actor tiene derecho al
reconocimiento de la diferencia que resulta del valor que reconoció la entidad por
concepto de prima especial y lo que realmente le debió otorgar, incluyendo todos
los conceptos salariales y prestacionales percibidos por los congresistas, entre ellos
las cesantías, que fueron devengadas como un ingreso habitual y permanente.
Que, además, se debe declarar la prescripción de las sumas anteriores al 17 de
marzo de 2006, pues la reclamación fue presentada el 17 de marzo de 2009.
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
25. Cuando se modifica la integración de la Sala, los nuevos magistrados
desplazan a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la
misma causal de impedimento o recusación. En el presente asunto, se cumple con
el presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que
actualmente8 no se configura la causal de impedimento que dio lugar a la
designación de conjueces. En esa medida se avocará conocimiento del proceso.
26. De otro lado, deberá determinar la Subsección si el demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de la prima especial, prevista en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, con inclusión de las cesantías que perciben los congresistas y de ser el
caso, si operó la prescripción.
De la prima especial, artículo 15 de la Ley 4ª de 1992
27. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 15, prevé que los magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
6 Ver folios 299 a 301 del expediente físico.
7 Ver folios 302 a 306 vuelto del expediente físico
8 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00135-02 (1184-2018)
Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de
servicios9, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en
su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El
Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros del Despacho, los Generales
y Almirantes de la Fuerza Pública.
28. Sobre dicho emolumento también tendrán derecho los procuradores delegados
ante las altas cortes en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo
28010 de la Constitución en armonía con el artículo 1611 de la Ley 4ª de 1992.
29. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 10 de 1993, señaló que dicha prima
«será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos por
los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que tienen
derecho a ella», con la precisión de que se entenderán como ingresos laborales los
de carácter permanente, incluyendo la prima de navidad.
30. Al respecto, esta corporación en sentencia del 4 de mayo de 200912 indicó que:
«Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos
laborales totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año
percibe en ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta
si dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social». De ahí que, al ser las cesantías un ingreso laboral de carácter permanente
percibido por los congresistas, pese a su connotación de prestación social deben
ser incluidas para la determinación de los ingresos laborales totales anuales
percibidos por éstos, en cuanto la ley no hizo distinción alguna.
31. Esta posición fue reiterara a través de la sentencia del 18 de mayo de 2016 13,
dentro de la cual se concluyó que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta
para la liquidación de la prima especial de que trata el artículo 15, ya citado.
Resolución del caso concreto
32. Se encuentra acreditado que el demandante laboró para la Fiscalía General de
la Nación, como fiscal general de la Nación desde el 1.º de agosto de 2005 hasta el
9 La Corte Constitucional mediante sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003. CP: Ligia Galvis Ortiz. Declaró
inexequible la expresión «sin carácter salarial» que preveía la norma, en tanto que constituirá factor de salario
solo para cotización y liquidación de la pensión de jubilación
10 «Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y
prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo»
11 «La remuneración, las prestaciones sociales y los demás derechos laborales de los Magistrados de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y los
Fiscales del Consejo de Estado serán idénticos»
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación: 250002325000200405209 02 (0552-
2007). CP: Luis Fernando Velandia Rodríguez.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Radicación: 25000-23-25-000-2010-00246-
02(0845-15). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00135-02 (1184-2018)
31 de julio de 200914, cuando se retiró del servicio15 y que ha percibido desde un
principio la prima especial de que trata el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992 en montos
inferiores a los que tiene derecho, ya que la administración no ha cancelado en
debida forma dicho emolumento, esto es, con inclusión de todos los ingresos
devengados por los congresistas, dentro de ellos, el auxilio de cesantías.
33. En estos términos, tal como lo estimó el Tribunal, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la diferencia existente entre lo percibido por prima
especial de servicios (Art. 15 Ley 4 de 1992) como fiscal general de la Nación y la
suma que corresponda luego de incluir la totalidad de los ingresos laborales
devengados por los congresistas en dicho periodo y que no le fueron tenidos en
cuenta, debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos.
34. Lo anterior, con independencia de la fecha en la que fueron expedidos los actos
administrativos demandados, pues existe claridad en que el auxilio de cesantías
debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de
servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992,
quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que, por todo concepto,
devengan los congresistas.
35. En este punto, la Sala precisa que el planteamiento de la demanda, corresponde
a una negación indefinida, la cual, por su propia esencia de conformidad con el
inciso cuarto del artículo 167 del CGP, no requiere prueba de quien la alega, no
obstante sí implica un traslado de dicha obligación procesal en cabeza de la entidad
demandada, quien finalmente sería la responsable de demostrar lo contrario al estar
en mejor posición para allegar los medios de convicción que sustentaran que sí
realizó el pago completo que el actor asegura que hizo de manera parcial, esto es,
sin tener en cuenta la incidencia de las cesantías.
36. Por tanto, esta, en realidad es la que tuvo que haber aportado medios de prueba
que demostraran que para el periodo reclamado le pagó al demandante la prima
especial de servicios, con inclusión de las cesantías dentro de la base de
liquidación, pues pese a que en el recurso se afirma que se allegaron al proceso
certificaciones de dichos pagos, lo cierto es que verificado el expediente no se
encontró prueba alguna al respecto.
37. En consecuencia, como la entidad demandada no logró demostrar que para esa
fecha le pagó al reclamante el referido emolumento en la forma señalada, tendrá
que considerarse que efectivamente hizo falta en esa fijación la incidencia de las
cesantías como ingreso permanente. Por tanto, se confirmará la sentencia apelada
en este sentido.
De la prescripción
14 Tal como se advierte en la constancia proferida el 15 de noviembre de 2013 por la entidad, obrante a folio
126.
15 Ibidem.
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00135-02 (1184-2018)
38. Sea la primero señalar que, contrario a lo afirmado por el demandante, en el
presente asunto no se pretende el reconocimiento ni el pago del auxilio de
cesantías, sino la diferencia que resulte de incluir dicha prestación en la base de
liquidación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4.ª
de 1992. En consecuencia, no corresponde analizar la prescripción del auxilio de
cesantías en sí mismo considerado, sino la del derecho cuyo reconocimiento se
reclama.
39. En lo que se refiere a la prescripción, esta corporación ha sostenido de manera
pacífica16, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4.ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 10 de 1993. Desde entonces, los interesados podían
interrumpir el término extintivo. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal.
40. Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia
entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el 17 de marzo de
2006, es decir, tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus
prestaciones sociales, debido a la prescripción trienal, hasta el 31 de julio de 2009,
porque la petición fue radicada ante la administración el 17 de marzo de 200917.
41. Lo anterior conlleva a confirmar el numeral primero de la sentencia, por medio
del cual, se declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva respecto
de las diferencias en la prima especial de servicios pagada al demandante,
causadas con anterioridad al 17 de marzo de 2006.
42. Aun así, en relación con el estudio de esta excepción frente a los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se aclara que estos
constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable18 y, por virtud de lo
16 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
17 Ver folios 2 a 6 y 83 a 90 del expediente físico.
18 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00135-02 (1184-2018)
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199319 son obligatorios, no solo por su
naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema20.
43. En ese orden de ideas, se modificará el numeral tercero del fallo impugnado
solamente para precisar la condena impuesta a la parte accionada de reajustar y
pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones
adeudados por concepto de mayor valor de las cotizaciones a pensión del
demandante, ante el fondo o administradora en la que se encuentre afiliado.
44. Para el efecto, deberá considerarse que la prima especial de servicios de que
trata el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, «sumada a los demás ingresos laborales,
igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere», teniendo en cuenta que las cesantías hacen parte de la
remuneración de estos últimos; esto durante el periodo comprendido entre el 1.º de
agosto de 2005 y el 31 de julio de 2009. Lo anterior de conformidad con la ley.
De la condena en costas en segunda instancia.
45. No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala
fe de la parte apelante, tal y como lo regula el artículo 171 del CCA (vigente para
este proceso), que consagra un criterio subjetivo para tales efectos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del treinta y uno (31) de
mayo de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de:
«(...) Igualmente, a efectuar y pagar también las diferencias de las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social, en materia de
pensiones, considerando que la prima especial de servicios de que trata
el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, «sumada a los demás ingresos
laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del
Congreso, sin que en ningún caso los supere», teniendo en cuenta que
19 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
20 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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Radicación: 25000-23-25-000-2010-00135-02 (1184-2018)
las cesantías hacen parte de la remuneración de estos últimos; esto
durante el periodo comprendido entre el 1.º de agosto de 2005 y el 31 de julio
de 2009, de conformidad con la ley.»
Tercero: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta y uno (31) de mayo de
dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia.
Quinto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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