Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00252-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00252-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2024-00252-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00252-01 (0326-2026)
Demandante: Luz Maritza Palacios Flórez
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Luz Maritza Palacios Flórez interpuso demanda en contra de la
Nación, Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio DS-06-12-6SAJ-0222 del 27 de febrero
de 2017 y de la Resolución 21662 del 5 de junio del mismo año, a través de los
cuales la Fiscalía General de la Nación, negó la reliquidación y el pago de las
diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de
la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
3. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios equivalente al 30 % de su remuneración mensual, así como las
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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prestaciones sociales que tengan como base dicho factor para efectos de la
liquidación.
4. Que se actualicen las sumas reconocidas y se cancelen los intereses
correspondientes.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que el 16 de mayo de 2000 se incorporó a la Fiscalía General de la Nación
como técnico judicial II, y ha prestado sus servicios, en calidad de fiscal delegada
ante los jueces del circuito, así: «del 11 de agosto de 2000 al 1.° de enero de 2001;
del 7 de octubre de 2002 al 12 de enero de 2005; y desde el 14 de marzo de 2005
hasta la fecha».
6. Que el 17 de febrero de 2017 solicitó a la demandada reconocer la prima
especial de servicios, equivalente al 30% de su salario y reliquidar las prestaciones
sociales, con la inclusión del mencionado emolumento, petición que se negó a
través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 2, 4, 5, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150, 189, 209, 228, 253 de la Constitución Política, 152, numeral 7, de la Ley 270
de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2, 4 y 14 de la
Ley 4.ª de 1992
8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación pues tienen
como fundamento los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional que
establecieron que el 30% del salario básico mensual se consideraba prima especial
de servicios sin carácter salarial, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de la actora. Citó, entre otras, la decisión del
29 de abril de 20142, proferida por el Consejo de Estado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 5 de noviembre de 2024 fue admitida la demanda. La entidad no se
pronunció3.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de
2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
3 Auto del 1.° de octubre de 2025, por medio del cual se dio trámite de sentencia anticipada. Archivo denominado
« 018Autoqueresuel_31900020240025200Anu.pdf» visible a índice 26 de SAMAI del tribunal.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)4, accedió parcialmente a
las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la
remuneración básica de los servidores beneficiarios.
11. Declaró la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 17 de
febrero de 2014, salvo en lo relativo a los aportes a seguridad social en salud y
pensión. Condenó a la demandada a pagar la prima especial de servicios, como un
aumento del 30 % respecto del 100 % del salario básico, desde el 17 de febrero de
2014 hasta el 31 de diciembre de 2020, durante los tiempos laborados como fiscal,
sin que la suma que resulte del reajuste supere el tope máximo establecido por el
Gobierno nacional.
12. Dispuso efectuar los aportes al sistema de seguridad social en pensión y
salud entre el 8 de noviembre de 2000 y el 13 de febrero de 2014 (sic) y en adelante
hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que «se normalizó el pago de la prima
especial», teniendo en cuenta dicho emolumento para efectos de liquidar las
cotizaciones, las cuales advirtió deben realizarse en los porcentajes de ley,
facultando a la entidad a hacer los respectivos descuentos o reportarlos a las
entidades administradoras correspondientes.
13. Ordenó deducir las sumas que por concepto de prima especial de servicios
haya recibido por vía administrativa o judicial.
RECURSO DE APELACIÓN
14. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,6 las cotizaciones al sistema de
seguridad social constituyen prestaciones periódicas sujetas a prescripción, pues la
imprescriptibilidad únicamente cobija el derecho pensional en sí mismo.
Afirmó que, aunque los aportes efectuados a favor de los fiscales fueron liquidados
sobre el 70 % del salario, ello no afectó el acceso a la prestación, cuyo
reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos de edad y del número
mínimo de semanas cotizadas.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el numeral cuarto de la sentencia de
primera instancia, en cuanto ordenó reconocer y pagar aportes a pensión y salud.
4 Índice 39 de SAMAI del tribunal.
5 Índice 42 de SAMAI del tribunal.
6 Citó una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia «Rad. 05001333302420210019201».
En la que se hizo alusión a las sentencias: «SU-567 de 2015, T-099 de 2009, T-972 de 2006, T-099 de 2009, T-
597 de 2009, T-949A de 2009 y T-217 de 2013».
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
15. El 20 de febrero de 2026 se admitió el recurso. Las partes y el agente del
Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
16. Deberá resolver la subsección si operó la figura jurídica de la prescripción
sobre los aportes a pensión y salud.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
17. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
18. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
19. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19927 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
20. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19968 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
7 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
8 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
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efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.
21. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
22. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado9 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
23. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.
24. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
25. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202010, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
9
En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
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servidores de la FGN en la que se determinó11 que:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».
26. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.
27. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.
28. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.
11 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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29. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202212 declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al
30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Resolución del caso concreto
30. La demandada, en calidad de apelante única, solicitó revocar el numeral cuarto
de la sentencia que ordenó «reliquidar los aportes a seguridad social integral
teniendo en cuenta […] el 30% de la prima especial de servicios».
31. De los argumentos expuestos en el recurso, se advierte que la entidad parte de
una comprensión equivocada de la decisión adoptada por el juez, pues la
controversia no recae sobre el reconocimiento pensional, ni sobre la prescripción de
las mesadas, sino sobre la carga de efectuar correctamente las cotizaciones al
sistema general de seguridad social.
32. En relación con los aportes al sistema pensional, la subsección ha sostenido
que estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable13 y, por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199314 son obligatorios, no solo
por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del propio sistema.15
33. Igual conclusión surge respecto de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud,16 que tienen la misma connotación, y deben efectuarse
aun cuando las normas de un régimen salarial no las contemple, o al margen de la
disponibilidad del servicio a título de contraprestación. En efecto, la Corte
Constitucional, en sentencias C-179 de 1997, y específicamente en la SU-480 del
25 de septiembre de 1997,17 precisó que tales contribuciones derivan del poder
12 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
13 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
14 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
15 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023). Providencia en la que se
precisó que los mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos. Ver
también el pronunciamiento del 14 de mayo de 2026. Radicado: 76001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025).
Demandante: Gustavo Adolfo Guevara Álvarez.
17 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación
del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00252-01 (0326-2026)
impositivo del Estado, sin que se pueda predicar correlativamente un beneficio
directo para el sujeto pasivo de dicha carga.
34. En ese contexto, corresponde a la fiscalía realizar la respectiva reliquidación
con el fin de determinar el monto de los aportes a pensión y salud adeudados por el
interregno objeto de condena, así hayan prescrito las demás sumas relacionadas
con la prima especial porque tal haber laboral hace parte del IBC para cotizar al
SGSS.
35. Finalmente, con el fin de sustentar la prosperidad parcial de estas
pretensiones, se ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre
de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, 18 mediante la
cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada por el
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un pago
adicional equivalente al 30 % de aquel y concluyó que «la prima de servicios no
puede ser inferior al 30 % del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste». Conforme a lo anterior, se modificará el numeral primero de la
sentencia impugnada, en el que se declaró la nulidad del acto demandado, y se
dispondrá también estarse a lo resuelto en la providencia antes señalada.
De la condena en costas en segunda instancia
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
18 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00252-01 (0326-2026)
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
36. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
38. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se niega totalmente la petición del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del catorce (14) de
noviembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el cual quedará así:
«Primero: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022
de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001
03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
Declarar la nulidad del Oficio No. DS-06-12-6-SAJ-0222 de 27 de febrero de
2017, expedido por el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión y la
Resolución No. 2-1662 expedida en 5 de junio de 2017, expedido por el
Subdirector de Talento Humano “Por medio de la cual se resuelve un recurso
de apelación”».
Segundo: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del catorce (14) de noviembre
de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
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Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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