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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01873-02

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01873-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 y 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007- 00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria. Tercero: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así: «QUINTO: Condénese a la Nación - Rama Judicial, a reliquidar y pagar al demandante LUIS GUILLERMO OSPINA GARDEAZABAL, retroactivamente, las diferencias existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, desde el 9 de octubre de 2012, en adelante, y hasta cuando funja como juez de la República por concepto de ingresos mensuales sobre la base del 100 % del salario básico más el 30 % de la prima especial de servicios; reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30 %. Con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral, así como para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva». Igualmente, se ordena reliquidar las diferencias por concepto de cesantías durante los períodos en que se desempeñó como juez de la República, desde el 1.° de noviembre de 2002 y en adelante, tomando como base el 100 % del salario básico». Cuarto: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01873-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01873-02 (2808-2021)
Demandante: Luis Guillermo Ospina Gardeazabal
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a avocar conocimiento de conformidad
con el artículo 116 del CPACA, y a resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de marzo de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES

1. El señor Luis Guillermo Ospina Gardeazabal interpuso demanda en contra
de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 57 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000,
1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de
2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de
2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015 y
234 de 2016.

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que
se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.

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3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones 7963 del 3 de noviembre de
2015, 8318 del 26 de noviembre de 2015 y 8646 del 26 de diciembre de 2016, a
través de las cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales,
en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar «el 30 % de la
remuneración mensual faltante para un total del 100% del salario, con las
consecuencias prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la
prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 con las consecuencias
prestacionales incluidas las cesantías, más la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 […] desde la posesión […] como
juez de la República hasta la fecha que ocupe el cargo»2.

5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
correspondientes, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República, así: «[…] desde el 15 de marzo al 6 de julio de 2000 […] desde el 22 de
febrero al 8 de mayo de 2001 […] desde el 1 de junio al 20 de septiembre de 2001
[…] desde el 1 al 18 de noviembre de 2001 […] desde el 4 de enero al 14 de mayo
de 2002 […] desde el 15 de mayo hasta el 27 de junio de 2002 […] desde el 1 de
noviembre de 2002 hasta la fecha […]»3. Que el 9 de octubre de 2015, solicitó a la
demandada reconocer y pagar «el equivalente del 30% como remuneración
mensual con carácter salarial con las consecuencias prestacionales incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial consagrada en los artículos
14 y 15 de la Ley 4ª de 1992»4, peticiones que se negaron a través de los actos
demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera violados los artículos: 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2,
14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996.

2 Folio 185.
3 Folio 220.
4 Folio 9.

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8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la
decisión del 29 de abril de 20145 emitida por el Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 21 de enero de 2020 fue admitida la demanda. La entidad6 señaló que se
configuró la prescripción trienal sobre las sumas reclamadas. Propuso como
excepciones las de «integración de litis consorcio necesario», «imposibilidad de
reconocer los derechos reclamados por el demandante», «prescripción», y la
«innominada».

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)7, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios.

11. Inaplicó los decretos relacionados con la prima especial de servicios y se
estuvo a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre
de 2019. Declaró probada la prescripción de los valores causados con anterioridad
al 9 de octubre de 2012 y condenó a la demandada a reconocer y pagar el reajuste
salarial correspondiente al 30 % del salario básico «con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad,
prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social
en salud y pensión, bonificación por servicios […] causados desde el 9 de octubre
de 2012, en adelante, y hasta cuando funja como juez de la República, por
habérsele deducido durante los extremos temporales laborados, computando para
este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada
correspondiente para los cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima
[…] ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la
pensión de jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad
social en salud».

12. Indicó que tales prestaciones no se liquidan con fundamento en el 30 %

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de

2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
6 Folios 256 a 261.
7 Folios 302 a 315.

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correspondiente a la prima, al no tener este carácter salarial, sino sobre el 30 % del
sueldo básico que fue disminuido por la errada interpretación de la norma.

RECURSOS DE APELACIÓN

13. La parte demandante8 interpuso recurso de apelación argumentando que no
se configuró la prescripción ya que el derecho se hizo exigible con la sentencia del
29 de abril de 2014, por lo tanto, el término extintivo debe aplicarse solo a los
procesos iniciados después de la ejecutoria de dicha providencia, dado que antes
de esa fecha no había certeza sobre la existencia del derecho. Como sustento citó
las sentencias del 15 de marzo de 20079, 19 de febrero10, 30 de julio de 200911, y
27 de octubre de 201112.

14. La parte demandada13 solicitó revocar la sentencia. Señaló que el fallo es
incongruente, y que se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción, al disponer «la reliquidación de la pensión de jubilación, con la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; aspecto que no fue solicitado
específicamente en las pretensiones de la demanda, menos aún […] en sede
administrativa».

15. Sostuvo que la responsabilidad de tal reajuste recae exclusivamente en el
fondo administrador de pensiones al que se encuentra afiliado el actor.

16. Que se encuentra en «la imposibilidad presupuestal [...] de reconocer a los
jueces las diferencias reconocidas», debido a que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no ha asignado los recursos necesarios para cancelar los mayores
valores que se generarían para conciliar la prima especial del 30%, sin carácter
salarial. Aseguró que actuar sin el respaldo presupuestal desconocería lo dispuesto
en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 28 de febrero de 2023 se admitieron los recursos. El demandante14 reiteró
los argumentos expuestos sobre la no configuración de la prescripción, en especial
en lo atinente a las cesantías. Agregó que la bonificación judicial debe tener efectos

8 Folios 568 a 570
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 15

de marzo 2007. Expediente: 05001-23-31-000-2003-02713-01 (9475-2005). C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

19 de febrero de 2009. Expediente: 15001-23-31-000-2003-01925-01 (2445-2007) C.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez (E).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

30 de julio de 2009. Expediente: 76001-23-31-000-2004-02623-01 (0492-2008). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del

27 de octubre de 2011. Expediente: 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-2008) C.P. Alfonso Vargas Rincón.
13 Folios 325 a 328.
14 Índice 31 de SAMAI.

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sobre la base salarial que devengan los empleados y funcionarios de la Rama
Judicial.

18. La parte demandada ni el agente del Ministerio Público se pronunciaron.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

19. Deberá resolver la subsección si operó la prescripción sobre las sumas
reclamadas; si se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción al otorgarle a la prima especial de servicios efectos para la
reliquidación de la pensión de jubilación; y, si el eventual reajuste corresponde
asumirlo a la respectiva administradora de pensiones.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

20. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

21. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201415, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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22. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201916, 11 de julio de 202317, 5 de septiembre de 202318, 5 de
diciembre de 202319, 6 de agosto de 202420 y 18 de diciembre de 202421. En
particular, se ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.

• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.

• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.

• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.

23. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202422, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»23.

Resolución del caso concreto

24. La sala abordará los puntos de inconformidad planteados por las partes, los

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.

Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:

73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23
En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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cuales se concretan en la prescripción de las sumas reclamadas; el presunto
desconocimiento de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción al
reconocerse el carácter salarial a la prima especial de servicios para efectos
pensionales; y la determinación de la entidad a la que correspondería asumir las
obligaciones que de ello se deriven.

25. Esta corporación ha sostenido de manera pacífica24, que el derecho a la prima
especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993 que
reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de
1993. Desde entonces, los interesados podían interrumpir el término extintivo, de
modo que, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.

26. En ese contexto, está probada la prescripción trienal de las sumas anteriores al
9 de octubre de 2012, debido a que la reclamación administrativa fue radicada el 9
de octubre de 201525, decisión que será confirmada en este aspecto.

27. En relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable26 y por
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199327 son obligatorios, no
solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.28

28. Igual conclusión surge respecto de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud,29 que tienen la misma connotación, y deben efectuarse
aun cuando las normas de un régimen salarial no las contemple, o al margen de la
disponibilidad del servicio a título de contraprestación. En efecto, la Corte
Constitucional, en sentencias C-179 de 1997, y específicamente en la SU-480 del

24
Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
25 Folios 9 a 11.
26 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
27 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
28 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4

de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023). Providencia en la que se
precisó que los mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos. Ver
también el pronunciamiento del 14 de mayo de 2026. Radicado: 76001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025).
Demandante: Gustavo Adolfo Guevara Álvarez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01873-02 (2808-2021)

25 de septiembre de 1997,30 precisó que tales contribuciones derivan del poder
impositivo del Estado, sin que se pueda predicar correlativamente un beneficio
directo para el sujeto pasivo de dicha carga.

29. En consecuencia, surge el deber de la entidad de efectuar las reliquidaciones
correspondientes con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados. Por
lo que, sobre este punto, habrá de confirmarse la decisión.

30. Tampoco se configura el aludido fenómeno respecto de las diferencias en las
cesantías31 durante los tiempos en los que el accionante se desempeñó como juez,
de conformidad con lo expuesto en la sentencia de unificación del 25 de agosto de
201632, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté
vigente.

31. Para lo que interesa en este asunto, se relacionarán los períodos en los que
el actor laboró como juez de la República, no sin antes advertir que existe solución
de continuidad en la prestación del servicio cuando median más de quince (15) días
hábiles entre un vínculo y otro33.

30 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación

del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
31 En relación con las siguientes demandantes: Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides
Hernández, Melba del Pilar González Barrera, Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa
Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Gilda María Pedraza Ávila y Edna Constanza Ramírez
Cubillos. Dicho concepto no será reconocido a la señora Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo porque según
la certificación aportada, se desvinculó el 30 de diciembre de 2005.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-

2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación: 25000-

23-42-000-2021-00931-01 (3078-2023)
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01873-02 (2808-2021)

32. Según la certificaciones remitidas34, el accionante laboró como funcionario
judicial, así: desde el 15 de marzo de 2000 hasta el 6 de julio de 2000; desde el 22
de febrero de 2001 hasta el 8 de mayo de 2001; desde el 1 de junio de 2001 hasta
el 20 de septiembre de 2001; desde el 1 de noviembre de 2001 hasta el 18 de
noviembre de 2001; desde el 19 de noviembre de 2001 hasta el 1 de enero de 2002;
desde el 4 de enero de 2002 hasta el 14 de mayo de 2002; desde el 15 de mayo de
2002 hasta el 27 de junio de 200235 y desde el 1 de noviembre de 2002 hasta la
fecha36.

33. En consecuencia, se modificará el numeral quinto, de una parte, con el fin de
señalar el alcance de la condena, por cuanto tal como quedó redactada, en la parte
resolutiva, podría interpretarse en el sentido de reliquidar los aportes al sistema de
seguridad social con fundamento en la prima especial de servicios, cuando lo que
procede es el reajuste, teniendo en cuenta el 30 % de la asignación básica que fue
disminuido y reconocido bajo dicha denominación, desde el 15 de marzo de 2000,
durante los períodos laborados como funcionario judicial hasta la fecha; y de otra,
para ordenar el pago de las diferencias correspondientes a las cesantías, causadas
desde el 1.° de noviembre de 2002 y en adelante, ya que fueron liquidadas sobre el
70 % del salario básico y lo correcto es que se calculen sobre el 100 % de la
remuneración.

34. Igualmente,37 se precisará la forma en la que deberá realizarse el reajuste
salarial y prestacional al que tiene derecho el demandante, el cual corresponde a la
reliquidación de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico
más el 30 % de éste, que ha sido reconocido a título de prima, así como a la
reliquidación y el pago de sus prestaciones sociales, las cuales deben calcularse
sobre la totalidad de la remuneración, sin restar ni sumar a ésta el 30 %.

35. Lo anterior, debido a que, pese a que el tribunal, en la parte considerativa,
explicó que las prestaciones sociales se debían liquidar sobre el 100 % del salario
básico, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima38,
la redacción de la parte resolutiva al disponer el pago del «30% del salario básico
mensual con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación en idéntico
porcentaje», podría dar lugar a un entendimiento equivocado al momento de su
ejecución; ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y, por lo
tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales, salvo para efectos de
los aportes al sistema de seguridad social.

36. De otra parte, no prospera el argumento de la demandada cuando afirma que
se vulneraron los derechos invocados. Lo anterior, porque el juez no impartió una

34 Visibles a folios 19 y 262.
35 Para lo que interesa al asunto, la última interrupción laboral se dio entre el 28 de junio de 2002 y el 31 de

octubre de 2002.
36 Certificado visible a folio 262.
37 En atención a que la entidad solicitó la revocatoria de la sentencia.
38
Folio 311 reverso.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01873-02 (2808-2021)

orden expresa de reliquidar la pensión, sino que se limitó a precisar que la prima
especial constituye factor en relación con las cotizaciones al sistema.

37. Debe señalarse que la legalidad de los decretos que incorporaron la prima
especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue definida
por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril
de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo tanto, resulta
improcedente declarar la excepción de ilegalidad para inaplicar los decretos.

38. En consecuencia, la sala modificará el numeral primero39 y revocará el
numeral segundo de la decisión40, para disponer estarse a lo resuelto en las
providencias citadas.

39. Finalmente, contrario a lo pretendido por la entidad, el derecho que le asiste
al demandante no puede estar condicionado al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne
el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer
el núcleo esencial del debido proceso y el Estado Social de Derecho.

De la condena en costas en segunda instancia

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

41. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39 Teniendo en cuenta que pese a disponer estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014 inaplicó

los decretos que previeron la prima especial de servicios.
40 En el que ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01873-02 (2808-2021)

43. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a los recurrentes,
toda vez que se introducen modificaciones al fallo que resultan favorables para
ambos, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del veintiséis (26) de
marzo de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29
de abril de 2014 y 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019),
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del veintiséis (26) de
marzo de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria.

Tercero: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del veintiséis (26) de marzo
de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:

«QUINTO: Condénese a la Nación - Rama Judicial, a reliquidar y pagar al
demandante LUIS GUILLERMO OSPINA GARDEAZABAL, retroactivamente,
las diferencias existentes entre lo percibido y lo que debió percibir, desde el 9
de octubre de 2012, en adelante, y hasta cuando funja como juez de la
República por concepto de ingresos mensuales sobre la base del 100 % del
salario básico más el 30 % de la prima especial de servicios; reconocer,
reliquidar y pagar las prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el
salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30 %. Con la precisión de ser
factor salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la
relación laboral, así como para aportes a seguridad social en salud, conforme a
lo expuesto en la parte motiva».

Igualmente, se ordena reliquidar las diferencias por concepto de cesantías
durante los períodos en que se desempeñó como juez de la República, desde
el 1.° de noviembre de 2002 y en adelante, tomando como base el 100 % del
salario básico».

Cuarto: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos
mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala
Transitoria.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01873-02 (2808-2021)

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

Sexto: Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina,
identificado con cédula 1.193.030.066 de Bogotá y tarjeta profesional 418.011 para
actuar como apoderado de la demandada, de conformidad con el poder obrante en
el índice 42 de SAMAI.

Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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