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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00118-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2017-00118-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018). Segundo. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones que se debieron realizar en favor de la demandante, en virtud del reconocimiento de la prima especial del 30 % establecida en la Ley 4.ª de 1992. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 44001-23-40-000-2017-00118-02 (0051-2026) En consecuencia, CONDENAR a la entidad demandada a efectuar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social, en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de su remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 % que debía reconocerse a título de prima especial, desde el 2 de agosto de 2010 hasta el 3 de agosto de 2015, con inclusión del valor de este último emolumento, de conformidad con la ley. También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos.» Tercero. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del quince (15) de agosto de dos […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2017-00118-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-40-000-2017-00118-02 (0051-2026)
Demandantes: Martha Lucía Murillo García
Demandada: Fiscalía General de la Nación

Temas: Reconocimiento de prima especial. Imprescriptibilidad de
aportes a pensión y salud. MODIFICA Y CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el quince (15) de
agosto de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Martha Lucía Murillo García instauró demanda2 contra la Fiscalía
General de la Nación (FGN) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio 20173100002861 del 26 de enero de 2017,
por medio del cual la FGN negó el reconocimiento y pago del reajuste salarial

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».
2 Ver archivo digital denominado «6ED_44001234000020170011(.zip) NroActua 2», Carperta «No asociado al

cuardeno», archivo «DEMANDA_2605201793120am_c5315e8b4a4a46d0ba734b1d6c79baf2.pdf», visible a
índice 2 de SAMAI.

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equivalente al 30 % por concepto de prima especial de servicios.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar y pagar a favor de
la actora, el salario y las prestaciones sociales, teniendo en cuenta para ello, el 30
% que no le fue reconocido a título de prima especial, durante el período
comprendido entre el 2 de agosto de 2010 y 2 de agosto de 2015, pese a que dicho
emolumento constituye factor salarial (sic). Que tales prestaciones se cancelen
teniendo en cuenta el salario base y no la diferencia que resulta de la deducción
hecha por concepto de prima de servicios.

4. Que con fundamento en dicha base salarial, se reliquiden las cesantías que
fueron pagadas durante el periodo antes relacionado. Igualmente, que dado su
estatus de pensionada, se ordene liquidar y actualizar el mondo económico de su
pensión de jubilación que actualmente se encuentra devengando.

5. Que se de cumplimiento a las sentencias proferidas por esta Coporación el 29 de
abril de 2014 y el 21 de abril de 2016 (esta última con radicado 20030122001(0239-
2014)), mediante las cuales se reconoció el derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales a un funcionario de la FGN, por considerar que la prima
especial constituye factor salarial.

6. Que se actualicen los valores de conformidad con el IPC para periodo
mencionado, se paguen intereses, se condene en gastos y costas a la entidad y se
dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

7. Que la señora Martha Lucía Murillo García prestó sus servicios de manera
ininterrumpida a la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de Fiscal, desde el 2
de agosto de 2010, es decir, con posterioridad al Decreto 53 de 1993, hasta el 1.º
de agosto de 2015 (sic), y el 15 de diciembre de 2016, solicitó a la demandada el
reconocimiento y pago la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992 y la reliquidación de su salario y prestaciones sociales con la
inclusión de dicho emolumento, esto es, sobre el 100 % de su salario básico.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera vulnerados los artículos: 13, 23, 25, 53, 55, 58, 136, 150 numeral 19
literal e), 209, 227.17, 228 y 280 de la Constitución Política; 127, 128 y 132 del
Código Sustantivo del Trabajo; 110 y 102 del CPACA; 1, 2, 3, 4, 14, 15 y 16 de la
Ley 4.ª de 1992; Ley 44 de 1980; Ley 33 de 1985; Ley 50 de 1990; Decretos
extraordinarios 3135 de 1968; 1042 y 1045 de 1978; sentencias del 29 de abril de
2014, radicado 2007008700 y del 21 de abril de 2016, radicado 20030122001 (0239-
2014), ambas proferidas por el Consejo de Estado.

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9. Que el acto administrativo demandado fue expedido con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación, porque la
entidad incurrió en un error al descontar del sueldo básico un 30 % con apariencia
de prima especial de servicios, lo cual significó no solo una desmejora en el salario,
pues solo se pagó el 70 % de este, sino que, a su vez, despojó de los efectos
salariales a ese 30 % e impactó en el monto de las prestaciones sociales
devengadas. Que, si bien los Decretos salariales que hicieron incurrir en este error,
no han sido declarados nulos, deben inaplicarse en el caso en cuestión.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

10. El 26 de julio de 2017 fue admitida la demanda. La entidad3 se abstuvo de
contestar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del quince (15) de
agosto de dos mil veinticinco (2025)4, declaró la nulidad del acto demandado, bajo
el argumento de que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la
remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella.

12. Que de conformidad con la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020
emitida por esta Corporación la demandante tiene derecho a la prima especial como
una adición al salario, la cual solo tiene carácter salarial para efectos de liquidar la
pensión de jubilación y efectuar cotizaciones a al Sistema de Seguridad Social en
Salud.

13. Que como la demandante acreditó su vinculación a la FGN en calidad de Fiscal
sólo hasta el 2 de agosto de 2010, esto es, con posterioridad al 2002 -cuando aún
se fragmentaba el salario en un 30 % para prima especial y un 70 % para asignación
básica-, se puede concluir que las prestaciones laborales y sociales le fueron
canceladas en un 100 %, por lo que no se adeudan sumas por este concepto, con
excepción de las cotizaciones a la Seguridad Social.

14. Ahora bien, al analizar la prescripción, concluyó que, teniendo en cuenta que la
actora presentó la reclamación administrativa el 15 de diciembre de 2016, las sumas
reclamadas con anterioridad al 16 de diciembre de 2013 se encuentran prescritas,
por lo que declaró probada de oficio dicha excepción.

3 Por medio de informe secretarial del 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de la Guajira (el

proceso se inició en dicha Corporación) dejó constancia de que la entidad no contestó la demanda. Ver archivo
digital denominado
«44001234000020170011800_ACT_ALDESPACHO_0911201794007am_6b817538a9ca402da73cefc6b25f5c
c8.pdf(.pdf) NroActua 6», visible a índice 6 de SAMAI del Tribunal.
4 Ver archivo digital denominado «62Sentencia_201700118_Sent1eraPr(.pdf) NroActua 70» visible a índice 70

de SAMAI del Tribunal.

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15. Sin embargo, afirmó que tal fenómeno jurídico no opera frente a los aportes a
la Seguridad Social en Pensiones, pues al ser estas prestaciones periódicas,
pueden solicitarse en cualquier tiempo. Igual consideración tuvo respecto de las
cotizaciones en salud, por lo que declaró la imprescriptibilidad de ambas
obligaciones.

16. Bajo este entendido, condenó a la entidad a reconocer y pagar en favor de la
demandante la prima especial de servicios, liquidándola como un incremento del 30
% respecto del 100 % del salario básico, a partir del 15 de diciembre de 2013 y
hasta el 3 de agosto de 2015, sin que en ningún caso pueda superarse el tope
máximo establecido por el Gobierno nacional.

17. Además, condenó al pago de los aportes a pensión y salud del 2 de agosto de
2010 al 3 de agosto de 2015, fecha del retiro definitivo de la actora y facultó a la
entidad para reallizar los descuentos a los que hubiere lugar.

RECURSOS DE APELACIÓN

18. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
en la providencia recurrida se ordenó la reliquidación de prestaciones sociales, lo
cual va en contravía de la sentencia del 15 de diciembre de 2020 proferida por esta
Corporación, en la cual, se precisó que a los servidores de la Fiscalía General de la
Nación beneficiarios de la prima especial, desde el año 2003 se les vienen
liquidando sus prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario. Que, por tanto,
como a esos funcionarios no se les pagó ese 30 %, sus prestaciones sociales se
liquidaron sobre el total de su salario.

19. Que tampoco procede reconocimiento alguno a partir del 1.º de enero de 2021,
pues con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, se regularizó el pago de
dicho emolumento a los funcionarios de la FGN, por lo que, de confirmarse la
condena, la misma tendrá que ordenar el restablecimiento hasta el 31 de diciembre
de 2020.

20. Que el fallo resulta incongruente si se tiene en cuenta que en la parte motiva el
Tribunal fundamenta su decisión atendiendo a lo señalado por esta Corporación en
la sentencia del 15 de diciembre de 2020, sin embargo, termina aplicando a los
funcionarios de la FGN, la normativa aplicable a la Rama Judicial, esto es, la
sentencia del 2 de septiembre de 2019, desconociendo que cada entidad tiene su
propio régimen salarial.

21. Señaló que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, no de las mesadas que él implica y que no han sido
cobradas, las cuales están sujetas a la prescripción trienal. Afirmó que, el que los

5 Ver archivo digital denominado «68_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONMA(.pdf) NroActua 74»

visible a índice 74 de SAMAI del Tribunal.

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aportes se hayan hecho sobre el 70 %, no afecta en nada la pensión cuyos
requisitos son únicamente cumplir con 1300 semanas cotizadas y la edad requerida
en función del género. Que, además, solo se deben ordenar los descuentos a
pensión sobre las diferencias no cotizadas equivalentes al 30 % de la prima
especial.

22. Adicionalmente, señaló que no había lugar al reconocimiento de aportes al
Sistema de Seguridad Integral, ni a reliquidar cotizaciones en salud, si se tiene en
cuenta que la sentencia del 15 de diciembre de 2020 es clara en afirmar que la
prima especial constituye factor salarial solo para calcular el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

23. Por todo lo anterior, solicitó sea revocado el fallo apelado.

24. La parte demandante6 presentó recurso de apelación al afirmar que el Tribunal
realiza un análisis restrictivo de la sentencia de 15 de diciembre de 2020, pues el
carácter salarial de la prima especial de servicios no se agota en la pensión, sino
que constitiuye un elemento que incrementa la remuneración mensual y debe tener
incidencia en todas las prestaciones sociales derivadas del salario.

25. Que no se trata aquí de evitar un doble pago en la remuneración, sino de
reconocer que la prima es parte del salario y, como tal, debe incluirse en la base de
liquidación de prestaciones sociales como las cesantías, primas ordinarias y
vacaciones.

26. Que conforme a la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, si bien es preciso reconocer que a partir del año
2003 la prima especial no fue regulada en los decretos anuales, ello no implica que
las prestaciones sociales no deban liquidarse sobre el 100 % del salario, dentro del
cual debe incluirse el 30 % considerado como prima especial.

27. Que si bien en la sentencia se citó el Decreto 272 de 2021, el mismo no fue
aplicado en la reliquidación de las prestaciones sociales, pues este establece de
forma expresa que la prima especial se paga mensualmente y constituye factor
salarial para pensión y cotización en salud, por lo que desconocer su alcance
vulnera el principio de supremacía de la norma y genera un trato desigual.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

28. El 20 de febrero de 2026 se admitió el recurso7 y las partes y el Ministerio
Público se abstuvieron de intervenir.

Se decidirá previas las siguientes,

6
Ver archivo digital denominado «65_MemorialWeb_Alegatos-RecursodeApelacion(.pdf) NroActua 73», visible
a índice 73 de SAMAI del Tribunal.
7 Ver archivo digital denominado «6Autoqueadmite_00512026Admite(.pdf) NroActua 4» visible a índice 4 de

SAMAI.

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CONSIDERACIONES

29. Deberá determinar la subsección si hay lugar a ordenar la reliquidación del
salario y las prestaciones sociales de la demandante con base en el 100 % de la
asignación básica, sin descontar el 30 % a título de prima especial a partir del 2003;
si existe incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del fallo, respecto a la
normatividad aplicable al caso; si hay lugar a efectuar aportes a pensión y salud y
de ser el caso, si operó la prescripción frente a esta última obligación.

Marco normativo y jurisprudencial

De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

30. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

31. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.

32. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19928 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.

33. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19969 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.

8 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la

Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
9 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se

considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».

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34. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».

35. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado10 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.

36. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.

37. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

38. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202011, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó12 que:

10 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia

del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
12 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio

de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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7

Radicado: 44001-23-40-000-2017-00118-02 (0051-2026)

«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».

39. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.

40. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.

41. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.

42. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales es que esta
corporación mediante sentencia del 21 de septiembre de 202213, declaró la nulidad
de algunos artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y
2017, en la cual señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede

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ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a
éste».

Cuestión Previa

43. Se tiene que parte de los argumentos expuestos en el recurso interpuesto por
la demandada, se basan en una comprensión equivocada por parte de la entidad
de la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues la controversia no
recae sobre el reconocimiento pensional, ni sobre la prescripción de las mesadas,
sino sobre la carga de efectuar correctamente las cotizaciones al sistema general
de seguridad social, por lo que el estudio se hará atendiendo a esta última
obligación.

Resolución del caso concreto

44. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de
congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia del
superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro que en
esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo respecto de los
argumentos de reparo puntuales.

45. En ese orden, se observa que parte del sustento de la impugnación de la entidad
consistió en exponer su inconformidad frente a la supuesta orden de reliquidación
de las prestaciones sociales a favor de la demandante, precisando que a partir del
año 2003 se le vienen liquidando sus prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario, pues nunca se descontó el 30 % correspondiente a la prima especial de
servicios. Además, afirma que tampoco procede reconocimiento alguno a partir del
1.º de enero de 2021, pues con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, se
regularizó el pago del emolumento en mención. No obstante, la sentencia apelada
no condenó al pago de dichas prestaciones ni ordenó pago alguno con posterioridad
al 2021. Por tanto, aunque la Sala advierte que no existe correspondencia entre lo
fallado y lo formulado como inconformidad, se abstendrá de resolver lo
correspondiente al segundo argumento y se procederá con el análisis del primero,
teniendo en cuenta que el pago de las prestaciones salariales y sociales fue apelado
por la demandante.

46. El asunto bajo estudio deberá enfocarse entonces, en los motivos de disenso
expuestos, como se analizará a continuación.

47. Según lo explicado en el acapite normativo, precisa la subsección que, tal como
lo ha sostenido la jurisprudencia13, desde el año 2003 los decretos salariales que
rigen a la FGN no previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de
esta sí era procedente como una adición a la asignación básica. Por esa razón, a
partir del aludido año los salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin

13 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez

ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.

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realizar ningún descuento respecto de la asignación básica, es decir, en un 100%
del valor total fijado anualmente por el Gobierno Nacional.

48. Por lo expuesto, desde el año 2003 resultaría inadecuado ordenar la
reliquidación y pago de las diferencias de salarios y prestaciones sociales, incluidas
las cesantías y los intereses a estas, pues estos haberes se han calculado
correctamente al no efectuarse ninguna disminución en el monto de la remuneración
mensual, ya que la prima especial no es factor salarial para tales efectos, como se
ha precisado legal y jurisprudencialmente.

49. No obstante, lo que no podía desconocerse es que tal concepto previsto en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 era un derecho adquirido por la demandante en
calidad de fiscal, por lo que tampoco debió haberse dejado de regular lo propio en
los actos que fijaron la remuneración desde 2003, tanto así que el Ejecutivo tuvo
que enmendar esta situación con la expedición del Decreto 272 de 2021 cuando
ordenó el reconocimiento adecuando de dicho emolumento como una partida
adicional al salario.

50. En tal sentido, la Fiscalía General de la Nación debió reconocer el emolumento
bajo estudio a favor de la demandante, equivalente al 30 % del total de la asignación
básica fijada anualmente según cada caso, ello como un componente agregado al
salario y con sus respectivos efectos legales para el cálculo de los aportes a
pensión, desde el 2003 hasta la fecha de terminación del vínculo laboral de esta,
conforme se dijo en primera instancia.

51. Sin embargo, lo cierto es que, debido a que la señora Martha Lucía Murillo
García radicó su petición para exigir este derecho el 15 de diciembre de 2016, es
posible concluir que se encuentran prescritas las sumas adeudadas por concepto
de prima especial con anterioridad al 15 de diciembre de 2013, tal como lo estimó
el Tribunal, de manera que se ordenará reconocer los valores pendientes de pago
desde esta fecha, hasta el 3 de agosto de 2015, fecha en la que se retiró del
servicio14. Por tanto, se confirmará la sentencia apelada en este sentido.

52. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad demandada solo tendrá que cancelar
el haber laboral del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 mientras la accionante haya
desempeñado uno de los cargos titulares del derecho, y con la precisión de que no
se realizará abono alguno en los períodos en los que la entidad haya reconocido
adecuadamente la prima especial de conformidad con la actual condena o con la
mencionada norma.

53. Ahora bien, en relación con el estudio de esta excepción frente a los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se aclara que estos

14Según Constancia de Servicios prestados del 27 de febrero de 2017. Ver archivo digital denominado
«6ED_44001234000020170011(.zip) NroActua 2», Carperta «No asociado al cuardeno», archivo
«DEMANDA_2605201793025am_ef60caebc19a40ab91de0bb0e6679467.pdf.», Pág 7, visible a índice 2 de
SAMAI.

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constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable15 y, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199316 son obligatorios, no solo por su
naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema17. En ese contexto, surge
el deber de la entidad demandada de efectuar la respectiva reliquidación con el fin
de determinar el monto de los aportes adeudados por el lapso bajo estudio.

54. En ese orden de ideas, se modificará el numeral cuarto del fallo impugnado para
para precisar la condena impuesta a la parte accionada de reajustar y pagar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones
adeudados por concepto de mayor valor de las cotizaciones a pensión de la
demandante, ante el fondo o administradora en la que se encuentre afiliada.

55. Para el efecto se utilizará como ingreso base de cotización el 100% de la
remuneración mensual, calculada sobre el total de la asignación fijada anualmente
por el Gobierno nacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70%, más el 30% que le
había sido descontado a título de prima especial, con inclusión adicional de este
último emolumento debidamente reajustado, el cual solo es factor para efectos
pensionales, esto durante el período comprendido entre el 2 de agosto de 2010 y el
3 de agosto de 2015. Lo anterior de conformidad con la ley.

56. Igual conclusión surge respecto de las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Salud,18 que tienen la misma connotación, y deben efectuarse
aun cuando las normas de un régimen salarial no las contemple, o al margen de la
disponibilidad del servicio a título de contraprestación. En efecto, la Corte
Constitucional, en sentencias C-179 de 1997, y específicamente en la SU-480 del
25 de septiembre de 1997,19 precisó que tales contribuciones derivan del poder

15 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
16 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
17 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4

de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023). Providencia en la que se
precisó que los mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos. Ver
también el pronunciamiento del 14 de mayo de 2026. Radicado: 76001-23-33-000-2022-00760-02 (1530-2025).
Demandante: Gustavo Adolfo Guevara Álvarez.
19 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación

del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad

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impositivo del estado, sin que se pueda predicar correlativamente un beneficio
directo para el sujeto pasivo de dicha carga.

57. En ese contexto, corresponde a la FGN realizar la respectiva reliquidación con
el fin de determinar el monto de los aportes a pensión y salud adeudados por el
interregno objeto de condena, así hayan prescrito las demás sumas relacionadas
con la prima especial porque tal haber laboral hace parte del IBC para cotizar al
SGSS.

58. De otro lado, en cuanto al argumento de la entidad respecto de que el fallo
apelado resulta incongruente porque en la parte motiva el Tribunal fundamenta su
decisión de conformidad con la sentencia del 15 de diciembre de 2020 y en la parte
resolutiva se atiene a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, que
se refiere solo a los funcionarios de la Rama Judicial; la Sala concluye que el mismo
no tiene vocación de prosperidad, pues si bien en la parte resolutiva no se hizo
referencia al régimen aplicable al caso, el Tribunal sustenta su decisión sobre un
marco legal aplicable a los funcionarios de la FGN, en el cual se incluye la sentencia
SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 proferida por esta Corporación,
que se adecua a la situación jurídica de este tipo de servidores, presentándose
entonces total congruencia entre la parte considerativa y lo resuelto.

59. Por otra parte, se dispondrá estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de
septiembre de 2022 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado20,
mediante la cual se declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales
anuales, expedidos entre 1993 y 2017, que establecieron la prima especial creada
por el artículo 14 de la Ley 4.a de 1992 como una parte del salario y no como un
pago adicional equivalente al 30% de aquel y concluyó que «la prima de servicios
no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una
adición a éste».

De la condena en costas en segunda instancia

y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
20 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).

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60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
ninguna de las peticiones de los recursos de apelación está siendo concedida, por
lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 de
la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida en el proceso 11001 03 25
000 2018 01101 00 (3974-2018).

Segundo. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del quince (15) de agosto
de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el cual quedará así:

«DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones que se debieron realizar en favor de la demandante, en virtud del
reconocimiento de la prima especial del 30 % establecida en la Ley 4.ª de 1992.

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Radicado: 44001-23-40-000-2017-00118-02 (0051-2026)

En consecuencia, CONDENAR a la entidad demandada a efectuar y pagar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social, en materia de
pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100 % de su
remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada
anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Fiscalía General
de la Nación, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %,
más el 30 % que debía reconocerse a título de prima especial, desde el 2 de
agosto de 2010 hasta el 3 de agosto de 2015, con inclusión del valor de este
último emolumento, de conformidad con la ley.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud
por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo
1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la
contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con
la finalidad de que se realicen los mismos.»

Tercero. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del quince (15) de agosto de dos
mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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