Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00404-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00404-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00404-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
Demandantes: María Teresa Giraldo de Ilian
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Temas: Reconocimiento de prima especial. Imprescriptibilidad de
aportes a pensión y salud. REVOCA parcialmente, MODIFICA
Y CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el veintisiete (27)
de junio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Teresa Giraldo de Ilian instauró demanda2 contra la Fiscalía
General de la Nación (FGN) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del oficio DS-06-12-6-SAJ-0029 del 14 de julio de 2017
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».
2 Ver archivo digital denominado «1_ED_EXPEDIENTE_2022404MARIATERES(.rar) NroActua 3», PDF «1.
DEMANDA», págs. 32 a 63, visible a índice 3 de SAMAI del Tribunal.
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y de la Resolución 2-3112 del 18 de octubre de 2017, por medio de los cuales la
FGN negó el reconocimiento, reliquidación y pago de todas las prestaciones
sociales de la demandante teniendo como factor salarial la prima especial de
servicios equivalente al 30 % de su salario básico y confirmó dicha negativa,
respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer, liquidar y pagar a
favor de la actora, la prima especial equivalente al 30 % de su remuneración mensual
como adición al salario, desde el 1.º de enero de 1993 hasta la fecha en la que se
genere el incremento o hasta que se haga efectiva su cancelación. Además, que se
le cancelen las sumas de dinero que se generen con posteridad a la orden de pago.
4. Igualmente, que se condene a la entidad al pago de las prestaciones sociales que
tengan como base la prima especial para su liquidación, liquidándolas desde su
vinculación hasta el 31 de octubre de 2017. Adicionalmente, solicitó el pago de
dichas prestaciones para el periodo comprendido entre el 1.º de enero al 31 de
diciembre de 2002, más las sumas de dinero que se generen con posterioridad.
5. Que se actualicen los valores de conformidad con el IPC, se paguen intereses
moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 187 del
CPACA.
6. Que se declare y condene por todas las pretensiones que ultra y extrapetita,
resulten probadas en el proceso y que en caso de negarse estas pretensiones y por
tratarse de un asunto de derechos fundamentales, se declare competente a la Corte
Interamericana de Derecho Humanos para conocer del presente asunto.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que la señora María Teresa Giraldo de Ilian prestó sus servicios de manera
ininterrumpida a la Fiscalía General de la Nación desde el 15 de julio de 2002, es
decir, con posterioridad al Decreto 53 de 1993, hasta el 22 de julio de 2021, y el 10
de julio de 2017, solicitó a la demandada el reconocimiento y pago la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y la reliquidación de su
salario y prestaciones sociales con la inclusión de dicho emolumento, esto es, sobre
el 100 % de su salario básico.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera vulnerados: el preámbulo y los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93,
122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253 de la Constitución Política; 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 del Código Sustantivo del
Trabajo; Ley 4.ª de 1992; Ley 270 de 1996; Ley 54 de 1992; Convenio 95 relativo
a la protección del salario; Protocolo de San Salvador; principios de progresividad,
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favorabilidad y prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y
culturales.
9. Que los actos administrativos demandados fueron expedidos con
desconocimiento de la Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta
corporación porque el Gobierno nacional, solo podía mediante decretos expresar el
valor de las distintas remuneraciones de los servidores públicos, en garantía del
respeto por el marco jurídico constitucional y en cumplimiento de los fines del
estado. Sin embargo, afirma que al expedir los decretos anuales que entrarían a
regular lo dispuesto en la Ley 4.ª de 1992, se extralimitó en sus funciones al
modificar y suprimir la prima especial, vulnerando con ello los principios de
responsabilidad jurídica, progresividad, prohibición de regresividad, igualdad y
favorabilidad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 31 de mayo de 2022 fue admitida la demanda. La entidad3 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que las mismas no se ajustan a la sentencia del
15 de diciembre de 2020, en la que esta Corporación, abordó el reconocimiento de
la prima especial de servicios para los funcionarios de la FGN que estuvieran
acogidos al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado
con posterioridad.
11. Señaló que, a partir del año 2003, se suprimió el artículo que hacía referencia a
la prima especial de servicios del 30 % de los decretos expedidos por el Gobierno
nacional, por lo que los salarios y prestaciones sociales se liquidaron con base en
el 100 % del salario, constituyéndose así la carencia de objeto en el presente asunto
respecto de tales pretensiones. Que tampoco procede reconocimiento alguno a
partir del 1.º de enero de 2021, pues con la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, se regularizó el pago de dicho emolumento a los funcionarios de la FGN.
12. Que la prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación y, en consecuencia, no hay lugar a
que se le reconozca tal carácter para efectos de liquidar prestaciones sociales
diferentes a esta.
13. Indicó, además, que no es posible superar el límite fijado por el ordenamiento
jurídico para las remuneraciones al momento de reconocer la prima especial, como
en el caso en el que los fiscales son destinatarios de la bonificación por
compensación, ya que no se podrá sobrepasar el 80 % de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de alta corte.
3 Ver archivo digital denominado « 10_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_RV__REMITO_CONTESTAC(.zip)
NroActua 12», PDF «CONTESTACION 30% MARÍA TERESA GIRALDO DE ILIAM-1» visible a índice 12 de
SAMAI del Tribunal.
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14. En cuanto a la prescripción, afirmó que la reclamación administrativa fue
presentada en este caso el 10 de julio de 2017, por lo que las diferencias anteriores
al 10 de julio de 2014 estarían prescritas.
15. Propuso como excepciones las denominadas prescripción; carencia de objeto;
inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación e improcedencia de sobrepasar el límite previsto en el artículo
4.º de la Ley 4.ª de 1992.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, en sentencia del
veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)4, declaró la nulidad de los actos
demandados, bajo el argumento de que la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución
de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella.
17. Bajo este entendido, condenó a la demandada a reconocer y pagar en forma
retroactiva a la demandante, el reajuste salarial que corresponda al 30 % del salario
básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación con el
mismo porcentaje, desde el 10 de julio de 2014 hasta el 22 de julio de 2021, fecha
de su retiro del servicio, computando para ello el 100 % correspondiente a la
asignación mensual y el pago de la prima especial, la cual solo se considerará factor
salarial para efectos de reliquidar la pensión de jubilación y para efectuar los aportes
a salud, durante todo el vínculo laboral de la actora.
18. Además, condenó al pago de los intereses moratorios, condicionado al
cumplimiento de los supuestos de hecho y de derecho establecidos en el artículo
195 del CPACA.
19. Tuvo por no probadas las excepciones de carencia de objeto, inaplicabilidad
como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación e improcedencia de sobrepasar el límite previsto en el artículo 4.º de la
Ley 4.ª de 1992.
20. Finalmente, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 15 de diciembre de 2020
proferida por esta Corporación y declaró la prescripción de las sumas causadas con
anterioridad al 10 de julio de 2014.
RECURSO DE APELACIÓN
21. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
en la providencia recurrida se ordenó la reliquidación de prestaciones sociales, lo
4 Ver archivo digital denominado «22Sentenciaquea_SENTENCIA1AINSTANCIA(.pdf) NroActua 25» visible a
índice 25 de SAMAI del Tribunal.
5 Ver archivo digital denominado «24_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONMA(.pdf) NroActua 29»
visible a índice 29 del SAMAI del Tribunal.
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cual va en contravía de la sentencia del 15 de diciembre de 2020 proferida por esta
Corporación, en la cual, se precisó que a los servidores de la Fiscalía General de la
Nación beneficiarios de la prima especial, desde el año 2003 se les vienen
liquidando sus prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario. Que, por tanto,
como a esos funcionarios no se les pagó ese 30 %, sus prestaciones sociales se
liquidaron sobre el total de su salario.
22. Que tampoco procede reconocimiento alguno a partir del 1.º de enero de 2021,
pues con la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021, se regularizó el pago de
dicho emolumento a los funcionarios de la FGN, por lo que, de confirmarse la
condena, la misma tendrá que ordenar el restablecimiento hasta el 31 de diciembre
de 2020.
23. Que el fallo resulta incongruente si se tiene en cuenta que en la parte motiva el
Tribunal fundamenta su decisión atendiendo a lo señalado por esta Corporación en
la sentencia del 15 de diciembre de 2020, sin embargo, termina aplicando a los
funcionarios de la FGN, la normativa aplicable a la Rama Judicial, esto es, la
sentencia del 2 de septiembre de 2019, desconociendo que cada entidad tiene su
propio régimen salarial.
24. Señaló que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, no de las mesadas que él implica y que no han sido
cobradas, las cuales están sujetas a la prescripción trienal. Afirmó que, el que los
aportes se hayan hecho sobre el 70 %, no afecta en nada la pensión cuyos
requisitos son únicamente cumplir con 1300 semanas cotizadas y la edad requerida
en función del género. Que, además, solo se deben ordenar los descuentos a
pensión sobre las diferencias no cotizadas equivalentes al 30 % de la prima
especial.
25. Adicionalmente, señaló que no había lugar al reconocimiento de aportes al
Sistema de Seguridad Integral, ni a reliquidar cotizaciones en salud, si se tiene en
cuenta que la sentencia del 15 de diciembre de 2020 es clara en afirmar que la
prima especial constituye factor salarial solo para calcular el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
26. Por todo lo anterior, solicitó sea revocado el fallo apelado.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
27. El 22 de octubre de 2025 se admitió el recurso6 y las partes y el Ministerio
Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
6 Ver archivo digital denominado «4Autoqueadmite_28492025Admite(.pdf) NroActua 4» visible a índice 4 de
SAMAI.
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CONSIDERACIONES
28. Deberá determinar la subsección si como se dispuso en primera instancia, podía
ordenarse la reliquidación del salario y las prestaciones sociales de la demandante
con base en el 100 % de la asignación sin descontar el 30 % a título de prima
especial a partir del 2003; si procede el reconocimiento de la prima especial del 1.º
de enero de 2021 en adelante, con base en el Decreto 272 de 2021; si existe
incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del fallo, respecto a la normatividad
aplicable al caso; si hay lugar a efectuar aportes a pensión y salud y de ser el caso,
si operó la prescripción frente a esta última obligación.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
29. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
30. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
31. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
19927 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
32. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
19968 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
7 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
8 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».
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este derecho.
33. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
34. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado9 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
35. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.
36. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
37. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202010, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó11 que:
9 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
11 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».
38. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye que,
si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.
39. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.
40. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho
sería efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió
su situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.
41. Finalmente, además de dichas precisiones jurisprudenciales es que esta
corporación mediante sentencia del 21 de septiembre de 202213, declaró la nulidad
de algunos artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y
2017, en la cual señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede
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ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a
éste».
Cuestión Previa
42. Se tiene que parte de los argumentos expuestos en el recurso interpuesto por
la demandada, se basan en una comprensión equivocada por parte de la entidad
de la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues la controversia no
recae sobre el reconocimiento pensional, ni sobre la prescripción de las mesadas,
sino sobre la carga de efectuar correctamente las cotizaciones al sistema general
de seguridad social, por lo que el estudio se hará atendiendo a esta última
obligación.
Resolución del caso concreto
43. Según lo expuesto, en los decretos salariales que fijaron el régimen salarial de
la Fiscalía General de la Nación entre 1993 y 2002, sí se estableció la prima
especial, pero equivalente a un 30% de la propia asignación básica, lo cual generó
que se disminuyeran los ingresos mensuales de los beneficiarios de esta.
44. Por tal razón, durante ese periodo sí habría sido procedente ordenar el reajuste
salarial, prestacional y de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones
tomando como base el 100% de la asignación básica, es decir, incluyendo el 30%
del salario que había sido descontado erradamente por concepto de prima especial.
45. Por lo mismo, como la señora María Teresa Giraldo de Ilian se vinculó a la
entidad demandada como fiscal el 15 de julio de 200212, para la sala es claro que
habría podido consolidar el derecho a reclamar el pago de las diferencias salariales
y de la reliquidación de sus prestaciones con el reajuste del 100 % de su asignación
básica, sin descontar el 30 % a título de prima especial por el período comprendido
entre el 15 de julio y el 31 de diciembre (en virtud de la Ley 476 de 1998 por haberse
vinculado con posterioridad a 1993) del 2002.
46. Sin embargo, tal como lo consideró el Tribunal, en atención a que la actora
radicó su reclamación administrativa el 10 de julio de 201713, se concluye al tenor
de los lineamientos jurisprudenciales expuestos en el marco normativo, que se
encuentran prescitos por extinción los valores adeudados por tales conceptos
causados con anterioridad a los 3 años previos a la presentación de la solicitud, es
decir, al 10 de julio de 2014, lo que implica que se deba confirmar la negativa en
relación con las pretensiones sobre la totalidad de lo que hubiese sido materia de
condena entre el 15 de julio y el 31 de diciembre de 2002, teniendo en cuenta la
fecha de vinculación de la actora.
12 Ver archivo digital denominado «8_RECIBEMEMORIALES_MEMORIAL_RV__SOLICITUD_ANTECE(.zip)
NroActua 11», PDF «EXTRACTO HL KACTUS MARIA TERESA GIRALDO», visible a índice 11 de SAMAI del
Tribunal.
13 Ver archivo digital denominado «1_ED_EXPEDIENTE_2022404MARIATERES(.rar) NroActua 3», PDF «1.
DEMANDA», págs. 21 a 23, visible a índice 3 de SAMAI del Tribunal.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
47. Aun así, en relación con el estudio de esta excepción frente a los aportes
destinados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se aclara que estos
constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable14 y, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199315 son obligatorios, no solo por su
naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema16. En ese contexto, surge
el deber de la entidad demandada de efectuar la respectiva reliquidación con el fin
de determinar el monto de los aportes adeudados por el lapso bajo estudio.
48. En ese orden de ideas, se modificará el numeral cuarto del fallo impugnado para
para precisar la condena impuesta a la parte accionada de reajustar y pagar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones
adeudados por concepto de mayor valor de las cotizaciones a pensión de la
demandante, ante el fondo o administradora en la que se encuentre afiliada.
49. Para el efecto se utilizará como ingreso base de cotización el 100% de la
remuneración mensual, calculada sobre el total de la asignación fijada anualmente
por el Gobierno nacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70%, más el 30% que le
había sido descontado a título de prima especial, con inclusión adicional de este
último emolumento debidamente reajustado, el cual solo es factor para efectos
pensionales, esto durante el período comprendido entre el 15 de julio y el 31 de
diciembre del 2002. Lo anterior de conformidad con la ley.
50. De otra parte, la subsección debe precisar que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia17, desde el año 2003 los decretos salariales que rigen a la FGN no
previeron la prima especial, a pesar de que el reconocimiento de esta sí era
procedente como una adición a la asignación básica. Por esa razón, a partir del
aludido año los salarios y prestaciones sociales se han liquidado sin realizar ningún
descuento respecto de la asignación básica, es decir, en un 100% del valor total
fijado anualmente por el Gobierno Nacional.
51. Por lo expuesto, desde el año 2003 resultaría inadecuado ordenar la
reliquidación y pago de las diferencias de salarios y prestaciones sociales, pues
estos haberes se han calculado correctamente al no efectuarse ninguna disminución
en el monto de la remuneración mensual, ya que la prima especial no es factor
14 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
15 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
16 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
17 Sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001 23 33 000 2017 00568 01 (5472-2018) conjuez
ponente, Jorge Iván Rincón Córdoba.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
salarial para tales efectos, como se ha precisado legal y jurisprudencialmente.
52. No obstante, lo que no podía desconocerse es que tal concepto previsto en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 era un derecho adquirido por la demandante en
calidad de fiscal, por lo que tampoco debió haberse dejado de regular lo propio en
los actos que fijaron la remuneración desde 2003, tanto así que el Ejecutivo tuvo
que enmendar esta situación con la expedición del Decreto 272 de 2021 cuando
ordenó el reconocimiento adecuando de dicho emolumento como una partida
adicional al salario.
53. En tal sentido, la Fiscalía General de la Nación debió reconocer el emolumento
bajo estudio a favor de la demandante, equivalente al 30% del total de la asignación
básica fijada anualmente según cada caso, ello como un componente agregado al
salario y con sus respectivos efectos legales para el cálculo de los aportes a
pensión, desde el 2003 hasta la fecha de terminación del vínculo laboral de esta,
conforme se dijo en primera instancia.
54. Sin embargo, lo cierto es que, nuevamente, debido a que la señora María
Teresa Giraldo de Ilian radicó su petición para exigir este derecho el 10 de julio de
2017, es posible concluir que se encuentran prescritas las sumas adeudadas por
concepto de prima especial con anterioridad al 10 de julio de 2014, tal como lo
estimó el Tribunal, de manera que se ordenará reconocer los valores pendientes de
pago desde esta fecha, hasta el 22 de julio de 2021, fecha en la que se retiró del
servicio. Por tanto, se modificará el numeral cuarto de la sentencia apelada para
confirmar la condena impuesta a la entidad únicamente respecto del pago del 30 %
adicional equivalente a la prima especial de servicios y se revocará el numeral
quinto en cuanto determinó el pago de salarios y prestaciones sociales para ese
mismo extremo temporal.
55. A este respecto y frente al argumento de impugnación relacionado con la
imposición de una fecha límite para el reconocimiento de la prima especial,
particularmente hasta el 31 de diciembre de 2020 en el entendido de que desde el
año 2021 la FGN ha cancelado correctamente dicho emolumento en virtud del
Decreto 272 de 2021, se advierte que, como no obra prueba en el expediente que
demuestre el pago efectivo a partir de ese año en adelante, resulta improcedente
limitar el reconocimiento en esta oportunidad, por lo que se confirmará la sentencia
apelada, en cuanto a que se condenó a la entidad hasta la fecha de terminación del
vínculo.
56. Lo anterior sin perjuicio de que la entidad demandada solo tendrá que cancelar
el haber laboral del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 mientras la accionante haya
desempeñado uno de los cargos titulares del derecho, y con la precisión de que no
se realizará abono alguno en los períodos en los que la entidad haya reconocido
adecuadamente la prima especial de conformidad con la actual condena o con la
mencionada norma.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
57. Ahora, frente a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, esta sala destaca que tal punto fue abordado para un caso similar al presente
en sentencia del 4 de septiembre de 202518, en la que se recordó que los
mencionados giros constituyen contribuciones parafiscales que, entendidos como
tributos según la Sección Cuarta del Consejo de Estado19 tienen una naturaleza de
imprescriptibilidad y de obligatoriedad de recaudo basado en los principios de
universalidad y solidaridad, lo cual convalida la carga de reconocerlos y pagarlos
sobre el cálculo de un IBC, incluso sin importar que las normas de un régimen
salarial los contemple o no, o al margen también de la disponibilidad del servicio a
título de contraprestación.
58. Lo expuesto también encuentra respaldado en las sentencias C-179 de 1997, y
específicamente en la SU-480 del 25 de septiembre de 199720, a partir de las cuales
la Corte Constitucional ratificó que los aportes al sistema de salud, al igual que los
demás tributos, a excepción de las tasas, tienen una naturaleza jurídica impositiva
derivada del poder estatal de recaudo, sin que se pueda predicar correlativamente
un beneficio directo para el sujeto pasivo de dicha carga.
59. Es decir, la contribución parafiscal como la cotización bajo estudio se paga
porque es una obligación de todo afiliado para financiar el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, al margen de que acceda o no al mismo por factores
internos o externos a su voluntad, tanto así que tales recursos no son de propiedad
del cotizante, tampoco hacen parte del patrimonio de las EPS o de las diferentes
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023)
19 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099.
20 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación
del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto, no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos
que tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia, las Entidades
nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con
los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos
recursos parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
administradoras especiales, y mucho menos constituyen partidas del presupuesto
nacional.
60. En realidad, estos son giros de dinero que se efectúan con el fin de que sean
compensados21 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a
las distintas EPS o EOC, luego de realizar los respectivos abonos a las subcuentas
respectivas del sistema, sin que este concepto se encuentre condicionado a la
prestación o no de un servicio específico respecto de cada usuario cotizante, ya que
lo que se busca es cubrir todas las tecnologías en salud previstas en el plan de
beneficios y que hayan sido facturadas en determinados períodos, indistintamente
de la que haya recibido una u otra persona, pues en cada caso podrá ser mayor o
menor el costo generado por la atención, lo cual hace que el valor de la cotización
individual no se vea necesariamente reflejado en lo suministrado al paciente.
61. Como se observa, el aporte en salud de cada obligado es fundamental para que
se puedan financiar todos los tratamientos, medicamentos, dispositivos, consultas
y demás componentes de la atención en salubridad de cada uno de los usuarios del
sistema, y no solo de quien realiza la contribución, ello precisamente en
cumplimiento de los principios esenciales aludidos anteriormente.22
62. Como fundamento de lo anterior, basta con precisar que los artículos 157 de la
Ley 100 de 199323 y 2.1.4.1. del Decreto 780 de 201624 prevén que todo colombiano
participará en el servicio de salud, dentro de los cuales algunos actúan como
afiliados cotizantes obligatorios, entre estos, los trabajadores privados o servidores
21 Decreto 780 de 2016 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social). ARTÍCULO 2.6.1.1.2.1. Definición del proceso de Compensación. Se entiende por
compensación, el proceso mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e
identificadas de manera plena por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a
Compensar (EOC), para cada periodo al que pertenece el pago de la cotización; los recursos destinados a
financiar la subcuenta de Promoción de la Salud del Fosyga, los de solidaridad del Régimen de Subsidios en
Salud que financian la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los recursos que el Sistema reconoce a las EPS
y a las EOC por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC).
22 Tanto es así que, si se presenta mora en el pago de las cotizaciones de los pensionados, las administradoras
no pueden compensar sino hasta que se reporte dicho abono, tal como lo prevé el artículo 2.1.9.7 del
mencionado Decreto 780 de 2016, lo cual afecta gravemente la sostenibilidad del sistema y la prestación
efectiva de los servicios.
23 «[…] ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de
la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad
de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata
el capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).
24 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO
2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
1. Como cotizantes:
[…] 1.3. Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes, sustitutos o pensión gracia tanto del
sector público como del sector privado.
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
públicos sin distinción de su calidad o régimen aplicables, quienes junto con sus
respectivos empleadores tienen a cargo en sus correspondientes proporciones la
totalidad del aporte según los artículos 160, 161, 202 y 204 de la primera norma.
63. Además, el aporte al SGSSS es obligatorio, calculado sobre el ingreso base de
cotización que, según el parágrafo 1.º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,25 debe
ser exactamente igual al que se tenga en cuenta para el sistema pensional.
64. Lo anterior corrobora la premisa relativa a que, si la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 es factor salarial para la liquidación de la
pensión de jubilación, al punto de que se realizan aportes sobre tal emolumento,
necesariamente debe seguirse la misma interpretación para entender que dicho
haber laboral también hace parte del IBC para cotizar a salud.
65. Esto hace que, ante su reconocimiento en vía judicial, tiene que ordenarse el
reconocimiento de estos pagos, aun a pesar de que lo propio no se haya previsto
expresamente en las normas reglamentarias de la ley en mención o que no hubiese
sido materia de pronunciamiento explícito en sentencias como la del 15 de
diciembre de 2020 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado.
66. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que el Sistema de Seguridad Social
Integral tiene precisamente esa denominación porque integra o congloba unos
subsistemas que buscan gestionar los riesgos derivados de la actividad laboral a
través de un modelo de aseguramiento que se sustenta en la prestación de servicios
públicos esenciales asociados a derechos fundamentales por medio de una
estructura de financiación parafiscal derivada del pago de cotizaciones obligatorias,
imprescriptibles e irrenunciables.
67. Es decir, bajo el símil de una prima de seguro, lo que se busca es cubrir las
contingencias propias del sistema, pero con la diferencia de que el pago de cada
cotizante no se ve reflejado en una contraprestación directa y proporcional al abono,
sino en la fuente de garantía de cobertura generalizada para toda la población
protegida en virtud del principio de solidaridad.
68. A manera de ejemplo, el artículo 2.1.8.4 del Decreto 780 de 2016
(Reglamentario Único del sector Salud), consagró expresamente en su inciso 2.º lo
siguiente: «[…] Reconocida la pensión de vejez, la entidad administradora o pagadora de
pensiones, del valor de las mesadas pensionales retroactivas descontará el valor de las
cotizaciones en salud y las girará al Fosyga o quien haga sus veces, sin que la EPS tenga
derecho a compensar por estas. […]». Lo expuesto denota cómo incluso cuando un
pensionado no ha recibido su mesada, por concepto de retroactivo también deben
realizarse pagos a título de cotización en salud, pues como se observa, ese dinero
no hará parte de las EPS, sino que entrará a financiar el sistema a través de la actual
25 «[…] La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada
en el Sistema General de Pensiones […]»
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
administradora (ADRES).
69. Por lo mismo, ante un reconocimiento judicial de un retroactivo por concepto de
un pago laboral susceptible de ser un componente del IBC para seguridad social,
tal como lo es la prima especial concedida a favor de la demandante, resulta
consecuente que la entidad demandada tenga que reconocer no solo los aportes a
pensión, sino también los de salud, tal como lo ordenó el juez de origen.
70. Bajo este contexto se concluye que, sí surgía para la parte accionada el deber
de efectuar el respectivo cálculo con el fin de determinar el monto de los aportes a
pensión y salud adeudados por el interregno objeto de condena, así hayan prescrito
las demás sumas relacionadas con la prima especial, porque, en todo caso, tal
haber laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al SGSS, ya que se trata
de una obligación legal y no judicial.
71. En consecuencia, como el Tribunal ordenó el reconocimiento de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social «durante toda la relación laboral», se
confirmará la sentencia en este sentido, no sin antes precisar dentro de la
modificación al numeral cuarto, que tales aportes deberán efectuarse desde la fecha
de vinculación de la demandante al cargo de fiscal, esto es, a partir del 15 de julio
de 2002 hasta el 22 de julio de 2021, fecha de su retiro definitivo del servicio.
72. De otro lado, en cuanto al argumento de la entidad respecto de que el fallo
apelado resulta incongruente porque en la parte motiva el Tribunal fundamenta su
decisión de conformidad con la sentencia del 15 de diciembre de 2020 y en la parte
resolutiva se atiene a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, que
se refiere solo a los funcionarios de la Rama Judicial; la Sala concluye que el mismo
no tiene vocación de prosperidad, pues en el ordinal primero de la sentencia atacada
el Tribunal se estuvo a lo resuelto en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-
2020 del 15 de diciembre de 2020 proferida por esta Corporación, aplicable a los
fiscales, presentándose entonces total congruencia entre la parte considerativa y lo
resuelto.
73. Por otra parte, se revocará el numeral primero del fallo apelado para en su lugar,
estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022 proferida por la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado26, mediante la cual se declaró la nulidad
de algunos artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y
2017, que establecieron la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4.a de
1992 como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30%
de aquel y concluyó que «la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
74. Ahora, en atención a la renuncia del poder arrimada por la abogada Pilar
Amparo Romero Guarnizo, registrada en el índice 00009 del aplicativo SAMAI,
respecto al mandato otorgado por la entidad demandada, se entenderá terminada
26 Radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
su gestión en los términos del artículo 76 del CGP.
De la condena en costas en segunda instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando
lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa
autorizada en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
78. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, porque
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial,
por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el numeral primero de la sentencia del veintisiete (27) de junio
de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del
21 de septiembre de 2022 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, emitida
en el proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018).
Segundo. MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del veintisiete (27) de
junio de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de
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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:
«CONDENAR a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de la señora
María Teresa Giraldo de Ilian, en su calidad de fiscal delegado ante jueces del
circuito especializado, la prima especial de servicios sin carácter salarial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, liquidándola en un 30 % adicional al
salarió básico mensual, desde el 10 de julio de 2014 hasta el 22 de julio de
2021, fecha de su retiro definitivo del servicio.
Igualmente, a efectuar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General
de Seguridad Social, en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de
cotización el 100 % de su remuneración, calculado sobre el total de la
asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Fiscalía General de la Nación, esto es, el salario básico pagado
en su momento sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima
especial, desde el 15 de julio de 2002 hasta el 22 de julio de 2021, con
inclusión del valor de este último emolumento, de conformidad con la ley.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud
por el mencionado periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto
en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone
que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser
igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones.
En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con
la finalidad de que se realicen los mismos.»
Tercero. REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del veintisiete (27) de junio
de dos mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Cuarto. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos
mil veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria.
Quinto. ENTENDER terminada la gestión de la abogada Pilar Amparo Romero
Guarnizo, en los términos del artículo 76 del CGP.
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 25000-23-42-000-2022-00404-01 (2849-2025)
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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