Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01062-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-01062-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-01062-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial1
Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_______________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el 11 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Eliana Xiomara Figueroa Botero presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 20163171654881:MDN-CGFM-
1 En lo siguiente UAE de la JPMP
2 Expediente digital en la plataforma Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del
Consejo de Estado. La demanda fue presentada el 14 de julio de 2017 según acta de reparto en el
folio 103 del documento 10.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
COEJC-SECEJ.JEMGF-COPER.DIPER.I 10 del 2 de diciembre de 2016 proferido
por la Dirección de Personal del Ejército Nacional en el que se negó el
reconocimiento del 30% del salario básico dejado de pagar o pagado a título de
prima especial de servicios y la reliquidación de todas las prestaciones sociales a
las que tenía derecho por haberse desempeñado como juez penal militar.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago durante todo el tiempo en el que se desempeñó
como juez penal militar de: a) la prima especial de servicios en los términos
indicados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y en la sentencia del Consejo de
Estado del 29 de abril de 20144; b) la prima legal de servicios consignada en el
artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo; y c) la reliquidación de salarios y
todas las prestaciones sociales que se calcularon solo con el 70% del salario; ii) la
indexación de las sumas adeudadas; y iii) el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:
3.1. Eliana Xiomara Figueroa Botero fue designada como juez penal militar por medio
de la Resolución 680 del 3 de octubre de 2011 cargo que desempeñó hasta la fecha
de radicación de la demanda.
3.2. El 23 de noviembre de 2016 solicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional el
reconocimiento de la prima especial de servicios y de la prima legal de servicios de
que tratan los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 y 360 del CST en los términos
descritos en la norma y la jurisprudencia.
3.3. La Dirección de Personal del Ejército Nacional profirió el Oficio
20163171654881:MDN-CGFM-COEJC-SECEJ.JEMGF-COPER.DIPER.I10 del 2
de diciembre de 2016, por el que negó la anterior solicitud.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 29, 53, 83, 89, 121, 122,
123, 209, 217, 220, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; 13, 14, 21, 132, 306
y 340 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2, 3 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 1 de la
4 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
5 Documento 10.
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Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
Ley 332 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:
5.1. El legislador creó la prima especial de servicios por medio del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, la cual debía ser concedida en una cuantía no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico. Entre los servidores judiciales beneficiarios de
dicha prestación se encuentran taxativamente enlistados los jueces de instrucción
penal militar; sin embargo, el monto de esa prestación se dedujo del salario básico
en lugar de reconocerse como un emolumento adicional al salario, circunstancia que
desconoció los artículos 23 y 53 de la Constitución Política.
5.2. En sentencia del 29 de abril de 20147, el Consejo de Estado concluyó que el
salario de los funcionarios judiciales beneficiarios se fraccionó y debió reconocerse
el porcentaje del salario dejado de pagar y la reliquidación de las prestaciones
sociales.
5.3. La parte demandada no reconoció la prima legal de que trata el artículo 306 del
CST, lo cual generó un detrimento patrimonial considerable.
1.2. Contestaciones de la demanda
6. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda
por las razones que se expresan a continuación8:
6.1. El acto administrativo demandado fue expedido de conformidad con las normas
aplicables a la prima especial de servicios y al régimen salarial aplicable a la
demandante. La sentencia que anuló el artículo 7 del Decreto 618 de 2007 fue
proferida en ejercicio del medio de control de simple nulidad, por lo que sus efectos
son generales y no comportan el reconocimiento de derechos particulares ni
condenas por el período en que la norma estuvo vigente.
6.2. La prima especial de servicios de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial,
razón por la cual no puede ser incluida en la liquidación de prestaciones sociales,
de modo que los salarios y prestaciones fueron pagadas en los términos indicados
en la norma, pues la administración no tiene la facultad para interpretar o inaplicar
las previsiones normativas que contenían las condiciones en las que debía pagarse
la remuneración mensual.
6 Documento 10.
7 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
8 Documento 13.
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Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
7. Propuso como excepciones la de falta de legitimación en la causa e indebida
integración del contradictorio al considerar que la autoridad que debió ser llamada
al proceso era la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar que
entró en funcionamiento mediante el Decreto 312 de 20219; legalidad normativa del
acto acusado: carencia del derecho de la demandante; e inexistencia de la
obligación.
8. La UAE de la JPMP solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por
las siguientes razones:
8.1. La entidad fue creada por medio del artículo 44 de la Ley 1765 de 2015 y solo
asumió el pago de la nómina de los servidores judiciales a partir del año 2023 por
expresa disposición del artículo 7 del Decreto 314 de 2021, pues antes de esa fecha
la liquidación y pago estaba a cargo de la fuerza respectiva en la que desempeñaran
sus funciones que para este caso era el Ejército Nacional.
8.2. La pretensión de reliquidación salarial propuesta por la parte demandante era
improcedente, pues implicaría otorgarle efectos prestacionales a la prima especial
de servicios, circunstancia que el legislador negó expresamente en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992. Además, todos los haberes salariales y prestacionales de la
demandante fueron pagados con estricto apego a las normas salariales vigentes en
cada anualidad.
8.3. La sentencia de nulidad invocada por la parte demandante 10 solo podía surtir
efectos retroactivos respecto de aquellas situaciones jurídicas no consolidadas o
que se encontraran en curso para el momento de su expedición. Sin embargo, en
caso de que hubiera lugar al reconocimiento de las prestaciones reclamadas, el
monto concedido debía estar sujeto al fenómeno de la prescripción trienal.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 11 de abril
de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y no impuso
condena en costas. La parte resolutiva es del siguiente tenor11:
«PRIMERO: Declarar probada la excepción de prescripción de los valores reconocidos
9 En auto del 20 de marzo de 2025, por el cual se adoptaron medidas para proferir sentencia
anticipada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró infundada la excepción, luego de
considerar que ambas entidades (el Ejército y la UAE de la JPMP) pertenecían al ministerio.
10 Sentencia del 29 de abril de 2014, radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
11 Folios 296 al 306.
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Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
con anterioridad al 23 de noviembre de 2013, de acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio radicado No. 2016317654881 del 2 de
diciembre de 2016.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada
a reconocer y pagar en favor de la señora Eliana Xiomara Figueroa Botero identificado
con la C.C. No. 38.565.226, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del
salario básico, a partir del 11 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, de
continuar ejerciendo el cargo y, en todo caso según los tiempos de servicio prestados
por la parte demandante como Juez de Instrucción Penal Militar, sin que en ningún caso
sumados todos los conceptos, superase el tope máximo señalado durante la vigencia
del Decreto 1251 de 2009 y demás normas dictadas anualmente por el Gobierno
Nacional. Lo anterior, con efectos fiscales a partir del 23 de noviembre de 2013,
conforme con la prescripción decretada.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2011 y el 31 de
diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que
a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que
la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional
a la asignación básica.
CUARTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones que se deben realizar en favor de la parte demandante, entre el 11
de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2020; y en todo caso atendiendo los periodos
en que se ha desempeñado en el cargo de Juez.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 352
de 1997. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la
finalidad de que se realice los aportes al sistema de seguridad social del respectivo
régimen.
QUINTO: De la liquidación de esta condena por parte de la Entidad demandada se deben
deducir las sumas que por concepto del derecho reclamado haya recibido la parte
demandante debido a la relación laboral y las causadas con origen en reclamaciones por
vía administrativa o judicial en virtud de transacciones, conciliaciones, sentencias
ordinarias o ejecutivas, entre otras, por razón del ejercicio del cargo de Juez.
[…]
OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO: Sin condena en costas de primera instancia.
[…] [sic]»
10. Las citadas decisiones obedecieron a las siguientes consideraciones:
10.1. La prima especial de servicios correspondió al 30% del salario básico y, de
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Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019 12,
debió pagarse como un incremento del salario básico y no como parte de él, razón
por la que la demandante tenía derecho al reconocimiento de la citada prestación
como una adición a su asignación básica, así como a la reliquidación de los aportes
al sistema de seguridad social integral.
10.2. A partir de la vigencia del Decreto 272 de 2021 se empezó a pagar la prima
especial de servicios como un emolumento adicional al salario y que su pago no
podía superar los topes establecidos por el gobierno nacional. Además, operó la
prescripción de los emolumentos causados antes del 23 de noviembre de 2013, en
atención a la fecha de la reclamación administrativa que fue radicada el 23 de
noviembre de 2016, con excepción de los aportes pensionales que son
imprescriptibles.
10.3. No era procedente reconocer la prima legal prevista en el artículo 306 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues la Corte Constitucional, mediante la sentencia
C-055 de 1999, avaló la existencia de regímenes laborales diferenciados para
trabajadores particulares y servidores públicos y precisó que corresponde al
legislador establecerlos. Lo contrario desconocería el principio de inescindibilidad
normativa, conforme con el cual no pueden seleccionarse los aspectos más
favorables de distintos regímenes para conformar un régimen mixto no previsto
legalmente.
1.4. El recurso de apelación
11. El Ministerio de Defensa Nacional presentó recurso de apelación en el que
solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia de acuerdo con las
siguientes razones13:
11.1. La sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 invocada por la
parte demandante fue proferida en un proceso de simple nulidad, de modo que no
puede incidir en situaciones individuales.
11.2. La prima especial de servicios no tiene carácter salarial, razón por la que no
puede ser computada para efectos de liquidar las prestaciones sociales.
11.3. En caso de resolver favorablemente las pretensiones de la demanda debe
ordenarse el descuento a la demandante de los aportes a seguridad social que le
12 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18)
13 Documento 116.
6
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
correspondían en los porcentajes ordenados por la ley.
11.4. No se evidenciaron comportamientos ajenos a la lealtad procesal que
permitieran la procedencia de la condena en costas.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
12. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar14. Sin embargo, la parte
demandada allegó memorial de alegatos en el que insistió en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación15.
1.6. El Ministerio Público
13. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad16.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscriben a
establecer ¿si la sentencia del Consejo de Estado dictada el 29 de abril de 201418
dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 podía
incidir en la solución del presente caso particular?, ¿si la prima especial de servicios
tiene carácter salarial?, ¿si debía ordenarse el descuento a la demandante por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral en el porcentaje que le
14 Auto en el índice 10 de Samai.
15 Índice 14 de Samai.
16 Constancia en el índice 15 de Samai.
17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
18 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
correspondía por ley sobre los valores reconocidos? Y ¿si era procedente imponer
condena en costas de segunda instancia a la demandada?
2.2. Marco Normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.
16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial19 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
19 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
8
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».
20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200720, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar21».
21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
20 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
21 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
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Radicado: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201922, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
10
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01062-02 (2021-2025)
Demandante: Eliana Xiomara Figueroa Botero
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201923.
25. Asimismo, el Consejo de Estado24 declaró la nulidad de algunas normas que
reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
24 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
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y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].
26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 25 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
corresponde a un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
28. En la sentencia del 2 de septiembre de 200926, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
25 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
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la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior27 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0528 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
34. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».
35. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la
27 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
28 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
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igualdad:
«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
asignación en el monto señalado en la ley.
Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».
36. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes
por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
37.1. Eliana Xiomara Figueroa Botero se desempeñó como juez de instrucción penal
militar desde el 11 de octubre de 201129, cargo en el que fue nombrada por medio
de la Resolución 680 del 3 de octubre de ese año30 y que ejerció hasta, por lo
menos, el 25 de febrero de 2023, fecha del certificado laboral aportado31.
37.2. El 23 de noviembre de 2016 solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y Jefatura de Desarrollo Humano, el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios y la prima legal, en los términos dispuestos en los artículos 14
de la Ley 4ª de 1992 y 306 del CST, desde la fecha en que se desempeñó como
juez de instrucción penal militar y hasta cuando ostentara dicha calidad, con la
respectiva indexación de los valores reconocidos32.
29 Según acta de posesión de la fecha
30 Acto de nombramiento en el folio 51 del documento 10.
31 Certificado en el documento 81.
32 Folios 45 y 46 del documento 10.
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37.3. La Dirección de Personal del Ejército Nacional profirió el Oficio
20163171654881: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 2
de diciembre de 2016, en el que resolvió negativamente la anterior petición y señaló
que la retribución mensual del personal de la justicia penal militar estaba
conformado por el «sueldo básico y la prima especial sin carácter salarial (no inferior al
30% del salario básico mensual)» de acuerdo con los parámetros establecidos en el
Sistema de Captura de Nómina de la directiva ministerial permanente 16 de 2008,
por lo que tampoco era procedente el pago de la prima legal33.
2.4. Análisis sustancial
38. A efectos de abordar el problema jurídico planteado se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto administrativo
cuestionado, ordenó el pago de la prima especial de servicios como un emolumento
adicional al salario y en cuantía del 30% del salario básico, declaró la prescripción
de las sumas causadas antes del 11 de octubre de 2011, limitó el restablecimiento
del derecho hasta el 31 de diciembre de 2020 (en atención a la entrada en vigencia
del Decreto 272 de 2021), ordenó el pago de los aportes a seguridad social integral
(salud y pensión), autorizó a la demandada a descontar del monto de la condena
los valores que a la demandante le correspondería pagar por las citadas
cotizaciones y no impuso condena en costas.
39. La UAE de la JPMP presentó recurso de apelación a partir de 4 argumentos
centrales: i) la improcedencia de acudir a la sentencia del Consejo de Estado del 29
de abril de 2014 para resolver el presente asunto; ii) el carácter salarial de la prima
especial de servicios; iii) la procedencia de ordenar el descuento a la demandante
de lo que le correspondería por aportes al sistema de seguridad social integral; y
iv) la improcedencia de imponerle la condena en costas.
40. En cuanto al primer problema jurídico debe decirse que de acuerdo con el artículo
189 del CPACA, las sentencias que declaran la nulidad de actos administrativos
proferidas con ocasión del medio de control previsto en el artículo 137 ibidem tienen
efectos de cosa juzgada erga omnes, circunstancia ampliamente aceptada por esta
Corporación34.
41. Lo anterior implica que la decisión judicial no se limita a las partes del proceso,
33 Folios 47 y 48 del documento 10.
34 Al respecto ver, por ejemplo, sentencia del 10 de agosto de 2023, radicado
11001-03-24-000-2016-00164-00.
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sino que se impone frente a todos los destinatarios o usuarios administrativos.
Asimismo, se ha indicado que la declaratoria de nulidad produce efectos generales
sin consideración a la causa petendi invocada, en la medida en que el control de
legalidad tiene por objeto la depuración objetiva del ordenamiento jurídico y no la
solución de un conflicto subjetivo particular.
42. En tal sentido, la sentencia aludida por el apelante del 29 de abril de 2014
proferida dentro del expediente 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07)
efectivamente constituye un pronunciamiento de nulidad con efectos erga omnes,
en tanto declaró la ilegalidad de algunos apartes de los decretos proferidos por el
gobierno nacional entre los años 1993 y 2007, en los que se estableció la
remuneración de algunos servidores de la Rama Judicial, particularmente en lo
relacionado con la forma de reconocer y pagar la prima especial de servicios.
43. En consecuencia, dicha decisión retiró del ordenamiento jurídico la lectura
normativa según la cual el 30% de la prima debía entenderse como parte integrante
del salario y, en su lugar, reafirmó que la prima especial constituye un incremento
adicional de la remuneración. No obstante, los efectos generales de esa decisión
no implican que la referida sentencia produzca consecuencias automáticas en casos
particulares.
44. Por el contrario, los efectos de la nulidad recaen sobre la validez abstracta de las
normas que fueron expulsadas del ordenamiento y sobre la interpretación jurídica
fijada por el juez contencioso, pero no sustituyen el análisis de las situaciones
jurídicas concretas ni determinan por sí mismos el reconocimiento de derechos
prestacionales en casos individuales.
45. En ese orden de ideas, si bien la sentencia del 29 de abril de 2014 constituye un
precedente relevante y vinculante en cuanto a la interpretación de la prima especial
de servicios y la ilegalidad de los decretos que la desnaturalizaron, su incidencia en
el presente caso no es automática ni directa, sino mediada por su aplicación como
criterio jurisprudencial. Por tanto, su relevancia radica en que es un parámetro
jurisprudencial sobre la interpretación que debe hacerse en torno al correcto
reconocimiento de la prima especial de servicios, pero no en que sea una fuente
autónoma de reconocimiento de derechos a algún particular.
46. Así las cosas, el citado antecedente fue tenido en cuenta para la solución del
presente caso en la medida en que sus efectos generales incidieron en la
interpretación de la prima especial de servicios y el alcance normativo del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, particularmente en cuanto a que dicha prestación no
constituye una disminución del salario básico sino un incremento de la remuneración
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de los servidores beneficiarios. Por tal razón, el primer argumento de la apelación
no está llamado a prosperar.
47. En relación con el segundo problema jurídico, se advierte que la sentencia de
primera instancia no otorgó a la prima especial de servicios el carácter de factor
salarial en los términos planteados por la parte apelante. Por el contrario, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca acogió la línea jurisprudencial actualmente
vigente del Consejo de Estado, según la cual dicha prima no es factor de salario y
no puede ser tenida en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, con
excepción de los aportes a pensión.
48. Ahora bien, al revisar la parte resolutiva de la sentencia se observa que el a quo
solo ordenó la reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social integral
(salud y pensión), es decir que no emitió orden alguna relacionada con la
reliquidación de las demás prestaciones sociales. Aunque ello fue solicitado en la
demanda y a la actora podría asistirle tal derecho con ocasión del fraccionamiento
del salario, lo cierto es que Eliana Xiomara Figueroa Botero no apeló esa decisión,
por lo que el ámbito de competencia del juez de segunda instancia quedó limitado
a los estrictos términos del recurso presentado por la parte demandada.
49. En consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiera implicar la modificación
de ese aspecto en perjuicio de la parte apelante o la extensión de los efectos de la
decisión más allá de lo debatido en el recurso vulneraría el principio de non
reformatio in pejus.
50. Por lo tanto, se desestimará el argumento del recurrente porque la postura
planteada en la sentencia apelada se ajusta a la línea jurisprudencial vigente y,
aunque no se ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales, ello no
procedería con ocasión del pago de la prima especial de servicios, que fue la orden
emitida en el fallo de primer nivel, sino por la devolución del carácter salarial al
porcentaje del salario que fue fraccionado, circunstancia que no fue objeto de
reproche en esta oportunidad.
51. El tercer asunto también se resolverá negativamente. Lo anterior obedece a que
el juez de primera instancia ya dispuso expresamente que la demandada debía
realizar los descuentos que legalmente correspondían a la demandante por los
aportes al sistema de seguridad social integral sobre los valores reconocidos, con
el fin de garantizar el pago de los aportes deficitarios.
52. Así, no hay lugar a emitir una nueva orden en sede de segunda instancia sobre
el mismo aspecto, en tanto la sentencia apelada ya incorporó la habilitación
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necesaria para efectuar los descuentos pertinentes. En consecuencia, la pretensión
del recurrente en este punto carece de objeto.
53. Al margen de lo anterior, la Sala considera oportuno corregir la fecha inicial del
periodo de restablecimiento del derecho contenido en el inciso segundo del ordinal
3 de la sentencia apelada, toda vez que la fecha allí dispuesta coincide con el
momento en el que la demandante tomó posesión del empleo de juez penal militar,
cuando lo que en realidad correspondía era indicar la fecha a partir de la cual se
declaró la prescripción trienal, tal como se indicó en la parte final del inciso primero.
Lo anterior no implica una modificación sustancial de las consideraciones del fallo,
sino una corrección que busca evitar errores o dificultades en la interpretación y
cumplimiento de la orden.
54. Finalmente, las consideraciones sobre el cuarto problema jurídico se abordarán
en el siguiente acápite.
2.5. Costas
55. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.35
35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
60. Con fundamento en lo expuesto la Sala encuentra que la sentencia del Consejo
de Estado del 29 de abril de 2014 comporta un precedente de interpretación sobre
la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. La prima especial
de servicios no tiene carácter salarial, postura correctamente asumida por el a quo
en la sentencia de primera instancia. No había lugar a emitir una nueva orden de
descuentos relacionados con los aportes al sistema de seguridad social integral
porque ello ya fue dispuesto en el fallo de primera instancia. Tampoco corresponde
imponer condena en costas de segunda instancia porque no se evidenció que la
parte vencida actuase con temeridad o mala fe.
61. Sin embargo, se corregirá la fecha de inicio del restablecimiento del derecho
indicada en el inciso 2 del ordinal 3 de la parte resolutiva del fallo, en el sentido de
indicar que la fecha inicial correcta es el 23 de noviembre de 2013, de modo que
coincida con la fecha a partir de la cual se declaró la prescripción de los derechos
reclamados. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Corregir el inciso segundo del ordinal tercero de la parte resolutiva del
fallo de primera instancia apelada, en el sentido de indicar que la fecha inicial del
restablecimiento del derecho es en realidad el 23 de noviembre de 2013 y no el 11
de octubre de 2011. La orden quedará del siguiente modo:
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional y Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (hoy
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y de Policía) a reconocer y
pagar en favor de Eliana Xiomara Figueroa Botero identificada con la CC 38.565.226, la
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prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la cual debe
ser liquidada como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir
del 11 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, de continuar ejerciendo el
cargo y, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante
como juez de instrucción penal militar, sin que en ningún caso sumados todos los
conceptos, pueda superarse el tope máximo señalado por el gobierno nacional. Sin
embargo, el restablecimiento del derecho solo tendrá efectos fiscales a partir del 23 de
noviembre de 2013, conforme con la prescripción trienal decretada.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo no prescrito, comprendido entre el 23 de noviembre de
2013 y el 31 de diciembre de 2020, arroje valores en favor de la parte demandante, sin
pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de
manera expresa que la prima especial de servicios debía ser pagada mensualmente
como una suma adicional a la asignación básica.
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 11 de abril de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERA BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC
20
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