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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02129-02

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02129-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria de 26 Número Interno: 1108-2026 Demandante: Elizabeth Raad Lemus Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, los cuales quedarán así: TERCERO. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto a las sumas causadas antes del veintinueve (29) de noviembre de dos mil catorce (2014), salvo los aportes a pensión, dada su naturaleza irrenunciable e imprescriptible, de acuerdo con los motivos expuestos en esta providencia. QUINTO: ORDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a que los aportes a seguridad social en pensiones, con inclusión de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se realicen desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más la adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes operan respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo que debió pagarse con la inclusión del referido concepto. En adición, el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia, así como, a la aplicación del Decreto 272 de 2021, cuya entrada en vigor se tendrá en cuenta al momento de liquidar las sumas resultantes por concepto de prima especial de servicios. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02129-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-02129-02 (1108-2026)1
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferida
por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 3 previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad, por un lado, del Oficio Nº.
20175920015641 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017),

1
Expediente híbrido.
2
Folios 29-33 del expediente físico.
3
La demanda fue presentada el catorce (14) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). El acta que declaró fallida la
conciliación se expidió el diecisiete (17) de agosto del año en cita, mientras que la solicitud de conciliación extrajudicial fue
radicada el dieciocho (18) de mayo de la referida anualidad.

2

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

expedido por la subdirección regional de apoyo central de la Fiscalía General de la
Nación, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios de la que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como, la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre la base del 100% de la asignación básica
mensual, durante el tiempo en que la Fiscalía General de la Nación sustrajo el 30%
del salario, y, por el otro lado, de la Resolución Nº. 2-0923 del cuatro (4) de abril de
dos mil dieciocho (2018), expedida por la subdirección de talento humano de la
Fiscalía General de la Nación, que resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra el acto primigenio.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reliquidar, reconocer y pagar
las prestaciones sociales, desde la fecha de vinculación en el cargo de fiscal, y hasta
tanto se dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso, teniendo en
cuenta el 100% del salario básico mensual, incluyendo en la base de liquidación el
30% de la asignación que no se ha tenida en cuenta, “por cuanto se computó por la
administración como prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992”; (ii) reconocer y pagar las diferencias salariales, laborales y prestacionales

derivadas de la inclusión del 30% de la prima especial de servicios que fue sustraída
del 100% del ingreso mensual; (iii) pagar, durante el tiempo en que ostente el cargo
que genere el beneficio de la prima especial de servicios, dicho emolumento,
correspondiente al 30% de la asignación básica, entendida como una adición,
incremento o sobresueldo; y (iv) actualizar los valores reclamados de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA.

1.2. Los hechos4.

3. Narró que, la demandante se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, en el
cargo de fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos desde el dieciséis
(16) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), empleo que, para la fecha
de presentación de la demanda, seguía ostentando en la entidad.

4. Adujo que, la Fiscalía General de la Nación ha descontado el 30% del salario,
bajo la denominación de prima especial de servicios, para la liquidación de las
prestaciones sociales. Al respecto, señaló que la entidad ha sustentado la referida

4
Folios 29-33 del expediente físico.

3

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

sustracción de una porción del salario en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, cuando
el emolumento se ha entendido como un adicional o incremento del ingreso.

5. Recordó que, la Ley 4ª de 1992 facultó al Gobierno Nacional para crear una prima
especial de servicios no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los tribunales superiores de
distrito judicial y contencioso administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del tribunal superior militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993). Para el caso de los servidores de la Fiscalía
General de la Nación, se expidió el Decreto Nº. 53 de 1993.

6. Puso de presente que, la entidad demandada, durante el tiempo de vinculación
de la actora, le restó el 30% del salario para imputarlo como prima especial de
servicios, “por lo cual no le paga efectivamente su salario completo y le resta el 30% de la
liquidación de todas sus prestaciones sociales, y a partir del 2010, en adelante, dejó de incluir y
pagar el 30% adicional por concepto de lo que en derecho corresponde como prima especial”. En

esa línea, sostuvo que la Fiscalía ha fraccionado la remuneración básica de sus
empleados en dos (2) partes: por un lado, un 70% que imputa como sueldo básico
mensual; y, por el otro lado, un 30% por concepto de prima especial de servicios sin
carácter salarial, de lo que se sigue que no se está pagando en debida forma.

7. Señaló que, mediante petición del veintinueve (29) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), con Rad. BOG-GDPQR-Nº. 20171190163032, la señora Raad
Lemus le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico mensual, así como,
las diferencias resultantes de la inclusión del 30% de prima especial de servicios.
Dicha solicitud fue negada mediante el Oficio Nº. 20175920015641 del dieciocho
(18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), acto contra el cual se interpuso
recurso de apelación, que se resolvió a través de la Resolución Nº. 2-0923 del cuatro
(4) de abril de dos mil dieciocho (2018), en el sentido de confirmar la negativa inicial.

1.3. Concepto de la violación5.

5
Folios 29-33 del expediente físico.

4

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

8. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados infringieron
el preámbulo y los artículos 2º, 4º, 13, 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política
de Colombia; los artículos 2º, 10º y 14 de la Ley 4ª de 1992; la Ley 332 de 1996; el
numeral 7º del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.

9. En punto a la Ley 4ª de 1992, señaló que el artículo 2º estableció los criterios y
objetivos a tener en cuenta por parte del Gobierno Nacional al momento de fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. Resaltó que el precepto
en cita previó que, en ningún caso, se podrán desmejorar los salarios y prestaciones
sociales de los servidores públicos. Además, adujo que, según el artículo 10º, todo
régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la ley marco, o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en
desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

10. Sobre la naturaleza de la prima especial de servicios, trajo a colación la
sentencia del dos (2) de abril de dos mil nueve (2009), proferida por el Consejo de
Estado, para destacar que se trata de un agregado o incremento al ingreso laboral.
Asimismo, se refirió a la sentencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil diez
(2010), providencia en la que esta Corporación determinó que el ejecutivo desbordó
su poder al despojar del salario el 30% a título de prima especial de servicios,
emolumento que ha de concebirse como un incremento de la remuneración. Aludió,
además, a la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), a
efectos de insistir en la correcta interpretación sobre el carácter de la prima especial.

11. Con todo, aseveró que, los actos demandados adolecen de falsa motivación, en
cuanto se sustentan en decretos frente a los cuales se aduce que se expidieron con
sujeción a la Ley 4ª de 1992, “lo que no es cierto por cuanto lo que se hace en tales decretos
es decretar una sanción, un gravamen al salario ”. En ese sentido, reiteró que el 30% de la

prima especial de servicios no puede constituir una disminución del salario.

1.4. La contestación de la demanda6.

12. La entidad accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la

6
Folios 150-153 del expediente físico.

5

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

demanda, para lo cual sostuvo que, le ha venido pagando a la demandante todos
los salarios y prestaciones, con estricta observancia de los decretos expedidos por
el Gobierno Nacional, para cada vigencia, aplicables a los servidores de la Fiscalía.

13. Refirió a las conclusiones a las que llegó el Consejo de Estado en la sentencia
del quince (15) de abril de dos mil cuatro (2004), dentro del expediente 11001-03-
25-000-2001-00043-01, en la que se examinó la legalidad del artículo 8º del Decreto
2743 de 2000, resaltando que, en dicha oportunidad, se aclaró que los artículos que
desarrollaron la prima especial de servicios en los decretos salariales de 1993-2002,
fueron anulados porque los fiscales de la entidad no eran beneficiarios de dicha
prima por voluntad del legislador, encontrándose así que el Gobierno excedió su
potestad reglamentaria. Adicionalmente, indicó que, el Gobierno Nacional no incluyó
la prima especial en los decretos posteriores al año 2003, comoquiera que, el
legislador no previó dicho emolumento para los fiscales, ni demás funcionarios.

14. Finalmente, propuso la excepción de prescripción, al amparo de la regla acogida
en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del quince (15) de diciembre de dos mil veinte
(2020), en la que se dijo que, para la contabilización de la prescripción del derecho
a reclamar la prima especial de servicios, se tendría en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocería
hasta tres (3) años atrás -nunca más atrás-, de conformidad con el Decreto 3135 de
1968 y 1848 de 1969. Sobre esa base, concluyó que no había lugar al
reconocimiento de las sumas causadas con anterioridad al veintinueve (29) de
noviembre de dos mil catorce (2014), por prescripción trienal, habida cuenta que, la
petición se promovió el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

1.5. La sentencia de primera instancia7.

15. Mediante la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025), la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenó
el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, como una adición al salario básico. Al respecto, dispuso lo siguiente:

“PRIMERO. Estese a lo resuelto en la sentencia la sentencia de Unificación – SUJ - 023-CE-
S2-2020 proferida el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del Radicado: 73001-23-

7
Folios 164-173 del expediente físico.

6

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

33-000-2017-00568-01 (5472-2018) Demandante: Nayibe Lorena Pérez Castro
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación, Referencia: Nulidad y Restablecimiento
del Derecho - Conjuez ponente Jorge Iván Rincón Córdoba, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio
Nº20175920015641 de 18 de diciembre de 2017, expedido por la Subdirección Regional de
Apoyo Central de la fiscalía general de la Nación y la Resolución N° 2-0923 del 4 de abril de
2018, expedida por la Subdirección de Talento Humano de la fiscalía general de la Nación,
por medio de los cuales se negó a la demandante los derechos laborales reclamados.

TERCERO. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto a
las sumas causadas antes del 29 de noviembre de 2014 y sólo reconocerá el pago por
concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante, como un
emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario básico y/o asignación
básica y de la Bonificación Judicial a partir del 29 de noviembre de 2014 y hasta la fecha en
que funja o fungió en el cargo de Fiscal delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos
u otro cargo equivalente.

CUARTO. Condenase a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagarle a la demandante
Elizabeth Raad Lemus el derecho que tiene al reconocimiento y pago de la prima especial,
a partir del 29 de noviembre de 2014 y hasta la fecha en que funja o fungió en el cargo de
Fiscal delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos u otro equivalente sobre la base
del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, "sin lugar a detraer de la misma el 30% de
la prima especial, por lo cual si ello ocurrió así, se debe proceder a su reajuste", durante el
periodo supra relacionado. Siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en
esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo que ocupó la demandante en el periodo supra relacionado.
Precisándose, además, que aquellos funcionarios beneficiarios de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, sometidos al régimen del decreto
610 de 1998, no podrá superar en ningún caso el límite del 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo
concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Con la advertencia de
que la prima especial de servicios de que trata la citada normatividad solo tiene carácter
salarial para la reliquidación de la pensión de jubilación durante toda la relación laboral así
para aportes a seguridad social en salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: La Nación - Fiscalía General de la Nación ajustará los pagos de cotización a la
seguridad social en pensión de la demandante derivadas del reconocimiento de la prima
especial de servicios, sin afectar dicha obligación por el fenómeno de la prescripción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

OCTAVO. Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en los artículos 192 y 195 ibidem, acatando la sentencia C-188 de 1999.

NOVENO. Expídase por secretaría y entréguese al demandante copia de esta sentencia con
la constancia de su notificación y ejecutoria.

DÉCIMO. Sin condena en costas en esta instancia”.

16. Para sustentar la decisión, el A-quo encontró acreditado que la señora Elizabeth
Raad Lemus se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde el dieciséis (16) de
junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en el cargo de fiscal delegada ante
los jueces municipales y promiscuos, el cual, seguía desempeñando para la fecha

7

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

en que se presentó la demanda. Así las cosas, concluyó que, a la parte actora le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios,
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, emolumento frente al cual la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, en sentencia del quince (15) de diciembre de
dos mil veinte (2020), aclaró que, pese a que desde el año dos mil tres (2003) el
Gobierno Nacional no reguló dicha prima especial en los decretos que fijan el
régimen salarial de la Fiscalía, ello no era óbice para su reconocimiento y pago.

17. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes razones: (i) la Ley 4ª de 1992
reconoce el derecho y lo que difiere al Gobierno es el porcentaje que se asigna a la
misma; (ii) la prima especial de servicios fue reglamentada hasta el año 2002 para
los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto
53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico; (iii) y
ante la inexistencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por
vía reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el
principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral.

18. En ese contexto, el Tribunal consideró que el reconocimiento de la prima
especial de servicios resultaba viable después del año dos mil tres (2003), a pesar
de no haber sido consagrada en los decretos salariales y prestacionales dirigidos a
la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los principios de progresividad y
no regresividad, y en atención a la prohibición orientada a no desmejorar las
condiciones laborales alcanzadas “con las normatividades previas que regularon la prima
especial de servicios, dentro de las cuales se contempla la Ley 4ª de 1992, la Ley 476 de 1998 y los
demás decretos salariales anuales emitidos por el Gobierno Nacional hasta el año 2002 ”.

19. Con ello, hizo hincapié en que la señora Raad Lemus tiene derecho al pago de
la prima especial de servicios como un adicional del 30% sobre la base del 100%
del salario básico, sin que, en ningún caso, se supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno nacional -para el respectivo cargo-. Puntualizó que la prima especial
no goza de carácter salarial, salvo para efectos pensionales, de manera que “ no
puede ser incluido para determinar la base sobre la cual se van a liquidar las prestaciones sociales
de la demandante”. Agregó que la demandante tiene derecho, por un lado, a la

reliquidación de las prestaciones sociales sobre la base de todo el salario básico,
sin lugar a detraer el 30% del mismo por concepto de prima especial de servicios

8

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

(durante el periodo que no fue afectado por el fenómeno prescriptivo), y, por el otro
lado, a que se efectúen las cotizaciones al sistema general de seguridad social en
pensiones durante todo el tiempo de vinculación en que haya sido beneficiaria del
derecho, dado el carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes a pensión.
Conviene anotar que, aunque en la parte motiva el A-quo aludió a la reliquidación
de las prestaciones sobre el 100% de lo devengado, sin sumar ni restar el 30% de
la prima especial de servicios, dicha consideración no se reprodujo en la parte
resolutiva, ni sobre ese aspecto la parte demandante formuló reparo alguno.

20. En lo atinente a la prescripción, declaró probada la excepción en comento
respecto a las sumas causadas con anterioridad al veintinueve (29) de noviembre
de dos mil catorce (2014), fecha que corresponde a los tres (3) años anteriores a la
de presentación de la reclamación administrativa, en los términos de los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

1.6. El recurso de apelación8.

21. Mediante memorial del cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), la
entidad interpuso recurso de apelación, con el que solicitó que se “revoque parcialmente
el numeral quinto de la sentencia de primera instancia, respecto al reconocimiento de los aportes a
pensión por fuera de la prescripción”. Para sustentarlo, expuso que, la sentencia SUJ-

023-CE-S2-2020 del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), proferida
por el Consejo de Estado, no estudió el tema de los aportes a pensión. Además,
explicó que, en la sentencia T-932 de 2008, la Corte Constitucional sostuvo que la
imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo,
pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que no han sido cobradas, “ las
cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias laborales de
tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social ”.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

22. Mediante el auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)9, el
magistrado ponente de la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada. Luego, por medio del auto del

8
Folios 179-181 del expediente físico.
9
Folio 183 del expediente físico.

9

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

veinticuatro (24) de agosto de la referida anualidad10, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación, en los términos del artículo 247 ejusdem, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Con posterioridad, el proceso ingresó al
despacho para fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público, ni de las partes11.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

23. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 12 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

24. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en un error, al determinar que los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones son imprescriptibles, pese a que dicho aspecto no fue
examinado en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del quince (15) de
diciembre de dos mil veinte (2020), proferida por esta Colegiatura?
(ii) En caso afirmativo, ¿debe revocarse la orden proferida por el juez de
primer grado en ese sentido?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

10
Índice 00004 del Samai.
11
Índice 00009 del Samai.
12
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

10

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

25. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral
19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes

marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la
determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como, su aplicación concreta -vía decreto-13.

26. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 14 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador15. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”16.

27. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo17. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se

13
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
14
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
16
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.

11

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entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia18.

28. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo19.

29. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199220, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

30. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
20
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

12

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31. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional21.

32. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

33. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

34. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

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contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

35. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores

de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

36. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992. Sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

37. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a “[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación”, mientras que la Ley 476
de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
“[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto”, por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima

especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

14

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38. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)22, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en decretos
que fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en punto a la
naturaleza de la prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo con los
criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues
como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna
manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos
demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son
contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

39. A su turno, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación,
mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima especial de
servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para efectos de la
pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a percibirla como
un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.

40. Posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Colegiatura, profirió la sentencia SUJ-023-CE-S2 del quince (15) de diciembre de
dos mil veinte (2020)23, en la que se establecieron los siguientes parámetros:

(i) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29
de abril de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
23
Expediente SUJ-023-CE-S2.

15

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pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

(ii) La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

(iii) A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

(iv) Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.

(v) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial,
se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

41. Finalmente, en virtud de la providencia del veintiuno (21) de septiembre del dos
mil veintidós (2022)24, la Sala de Conjueces se pronunció sobre la legalidad del
Decreto 53 de 1993, y los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional,
modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación
para el período comprendido entre los años 1994 y 2017, en punto a desentrañar la
naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992. En esa ocasión, la Corporación expuso que “(…) el 30% del salario básico
mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de
servicios”, pues, “no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada,

adicionada a éste”, y, al declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que “del
hecho de desaparecer del mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de
servicios allí contenida haya también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los términos
establecidos de esa sentencia”. Asimismo, reiteró que, “la prima de servicios no puede ser

inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste ”.

2.3.3. Sobre la reliquidación de factores salariales y prestacionales

42. En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que “los empleados públicos

24
Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997,
50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006,
625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de
2015, 219 de 2016 y 989 de 2017. Se transcribe incluso con los errores del texto.

16

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de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan
vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial ”. No obstante, dicha

elaboración dejó de incluir los factores de salario cuya base de liquidación
contempla la asignación básica del respectivo empleo (tales como la bonificación
por servicios prestados o la prima de servicios) y que, naturalmente, no tienen la
naturaleza de prestación social.

43. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone
diferencias marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada
asignación, en la medida que, los primeros se orientan a remunerar directamente el
servicio prestado, mientras que, los segundos, tienen por objeto cubrir
contingencias o riesgos a los que pueda verse expuesto el trabajador, por efecto
directo o indirecto de la actividad laboral. Al respecto, cabe destacar que los fiscales,
en sus distintos órdenes y niveles, perciben las siguientes asignaciones:

Otros
emolumentos
Otros emolumentos
Factores que no integran
Prestaciones sociales que integran el IBC
salariales el IBC de
de aportes al SGSS
aportes al
SGSS

Otros servicios
Prima de vacaciones autorizados por
Bonificación la ley
por servicios Prima especial 30%
prestados Prima de navidad
Bonificación por
Bonificación por actividad judicial
Prima de Cesantías compensación
servicios

44. En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores de
salario en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los derechos y
principios previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al menos, en los
siguientes sentidos: (i) se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia
de la asignación básica, piedra angular, primer y principal instrumento liquidatario
de todos los factores salariales y prestacionales; y (ii) el sistema de remuneraciones
previsto para la Fiscalía General de la Nación conforma un universo de pautas y
asignaciones que genera relaciones de causalidad y consecuencia liquidatoria entre
éstas, pues, algunas de ellas, integren la base de liquidación de otras asignaciones.

17

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45. Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con sustento
en el 30% de asignación básica sustraído, terminaría por afectar la cuantía de las
prestaciones que, con la regla adoptada en la sentencia, se pretenden restablecer.

2.4. Hechos probados.

46. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante petición del veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017)25, tramitada con el Rad. BOG-GDPQR-Nº. 20171190163032, la señora Raad
Lemus, a través de apoderada, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico
mensual, así como las diferencias salariales y prestacionales que se deriven de la
inclusión del 30% de prima especial de servicios, durante el tiempo en que ha
fungido como fiscal (delegada ante jueces municipales y promiscuos), y “hasta la
fecha”. Adicionalmente, solicitó la indexación de los valores conforme al IPC.

b) Por medio del Oficio del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017)26, con Rad. 20175920015641, la subdirectora regional de apoyo central de
la Fiscalía General de la Nación negó las solicitudes de la peticionaria, así:

“(…) Ahora bien, los decretos salariales posteriores al Decreto 685 de 2002, no se consagró
la prima especial de servicios sin carácter salarial, mientras que los decretos salariales de
ese 2002 y los anteriores, fueron objeto de revisión por parte de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que declaró nulas las disposiciones que la establecían, con lo cual los
sacó del ordenamiento jurídico. A pesar de ello, en el momento en que las mencionadas
disposiciones rigieron, la Fiscalía General de la Nación liquidó los salarios correspondientes
a los servidores a quienes se aplicaban los decretos citados, las prestaciones sociales con
exclusión del 30% conforme lo ordena el Gobierno Nacional, en atención a que dichos
decretos eran entonces de obligatorio cumplimiento, conforme lo dictado por el artículo 10º
de la Ley 4ª de 1992.

(…) Conforme con lo anterior, no resulta jurídica ni presupuestalmente válido reconocerle a
su poderdante la denominada prima especial, toda vez que, como se anotó, a partir del 2003
no fueron expedidos los decretos del Gobierno Nacional que la consagraban. Por otra parte,
se verifican configurados (sic) los fenómenos jurídicos de la caducidad y la prescripción ”.

c) A través del oficio del dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018)27, con
Rad. SRACE-SAJGA-20181190005982, la apoderada de la parte actora interpuso

25
Folios 3-5 del expediente físico.
26
Folios 6-16 del expediente físico.
27
Folios 17-21 del expediente físico.

18

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recurso de apelación contra el acto administrativo antes relacionado. Dicho medio
de impugnación fue resuelto mediante la Resolución Nº. 2-0923 del cuatro (4) de
abril de dos mil dieciocho (2018)28, con arreglo al cual la subdirección de talento
humano de la Fiscalía General de la Nación confirmó en todas sus partes el oficio
del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), Rad. 20175920015641,
oportunidad en la que la entidad demandada alegó que:

“Para resolver el recurso de apelación presentado por la doctora KARENT DAYHAN
RAMÍREZ BERNAL, actuando como apoderada de la servidora ELIZABETH RAAD LEMUS,
en cuanto al reconocimiento y pago en favor de su poderdante de los valores adeudados por
concepto de diferencia por Prima Especial de Servicios. Consultado el Sistema de
Información Administrativa y Financiera (SIAF) de la Entidad, se establece que la servidora
ELIZABETH RAAD LEMUS, se desempeña como Fiscal Delegada ante los Jueces
Municipales y Promiscuos desde el año 1994 -06-16.

Es importante precisar en primer término que para el año 2003 el Decreto 3549 de 2003 que
fijó el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación
NO contempló la mencionada prima especial de servicios. Es decir, a partir del año 2003, los
salarios y prestaciones sociales se liquidaron en el caso concreto con base en el 100% del
salario, por la cual carece absolutamente de objeto la petición de reliquidación de
prestaciones sociales desde el año 2003. Ahora bien, para las vigencias correspondientes a
los años 1993 a 2002, encontramos que el Gobierno Nacional expidió los Decretos N° 53 de
1993, N° 108 de 1994, N° 49 de 1995, N° 108 de 1996, N° 52 de 1997, N° 50 de 1998, N°
038 de 1999, N° 2743 de 2000, N° 2729 de 2001 y N° 685 de 2002, en los cuales se
estableció taxativamente que el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual se debía
considerar como prima especial de servicios sin carácter salarial, con relación a los cargos
Fiscal Delegado en todos sus niveles.

Lo anterior significa que por mandato legal la Fiscalía General de la Nación debía liquidar las
prestaciones de los servidores señalados anteriormente, sin tener en cuenta el 30% de prima
especial de servicios, pues una conducta contraria comprometería la responsabilidad del
ordenador del gasto, por extralimitación de sus funciones. De hecho los decretos salariales
que expide el Gobierno Nacional, proscriben la modificación del régimen salarial en estos
dispuestos, cualquier modificación carecerá de efecto alguno y no creara derechos
adquiridos. Por otra parte, siendo claro que los actos administrativos o las decisiones de la
administración consistentes en la liquidación y pago de las prestaciones sociales de
conformidad con la normativa vigente, se ajustaron plenamente al principio de legalidad en
el gasto público, es necesario referirse a las declaratorias de nulidad de los artículos de los
decretos mencionados, a través de los cuales se consideró el treinta por ciento (30%) del
salario básico mensual como parte integral del salario.

Si bien el Honorable Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos que disponían la
naturaleza no salarial de la prima especial en la totalidad de los Decretos expedidos en las
vigencias de 1993 a 2002, lo cierto es que tal declaratoria de nulidad no tiene la facultad de
modificar reconocimientos de derechos realizados en vigencia de la normatividad anulada,
en la medida que dichas declaratorias tienen efectos ex tunc, y los reconocimientos
realizados en vigencia de la mismas quedan cobijados con el principio de legalidad que
envuelven los actos administrativos. De conformidad con los criterios jurisprudenciales antes
esbozados, resulta válido concluir que las decisiones de la administración, o bien, los actos
administrativos a través de los cuales se liquidaron las prestaciones sociales de la servidora
ELIZABETH RAAD LEMUS, no ven afectada su validez ya que fueron expedidos o
exteriorizados en vigencia de los Decretos Nacionales N° 108 de 1994, N° 49 de 1995, N°
108 de 1996, N° 52 de 1997, N° 50 de 1998, N° 038 de 1999, N° 2743 de 2000, N° 2729 de
2001 y N° 685 de 2002, que consagraban que el treinta por ciento del salario debía ser
considerado prima especial de servicios sin carácter salarial y en ningún momento
consagraron una especie de sobresueldo o excedente del salario.

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación no está en la obligación de reconocer o

28
Folios 22-26 del expediente físico.

19

Número Interno: 1108-2026
Demandante: Elizabeth Raad Lemus
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

reliquidar derechos ya consolidados en vigencia de las normas declaradas nulas, por cuanto
las mismas gozaron de plena validez y presunción de legalidad hasta el momento en que se
produjo su retiro del ordenamiento jurídico, y las erogaciones hechas con base en tal
normatividad se ajustaron plenamente al principio de legalidad en el gasto público y al
carácter vinculante de las normas vigentes al momento de producirse la respectiva actuación
administrativa y, en tal virtud, no puede entenderse restablecido derecho alguno a favor de
la servidora ELIZABETH RAAD LEMUS y mucho menos otorgarle un carácter resarcitorio a
dichas sentencias a favor de la misma, toda vez que no fue parte en ninguna de las acciones
interpuestas (…)”.

d) Con el escrito de contestación de la demanda29, la entidad allegó las “constancias
Kardex de devengados y deducidos”, para los años 2017-2024, correspondientes al cargo

de fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos de la dirección seccional
de Bogotá. De igual manera, se aportaron las constancias expedidas por el grupo
de tesorería y cuentas de la Fiscalía General de la Nación, en las cuales se
relacionan los devengados y deducciones para el período comprendido entre enero
de dos mil trece (2013) y diciembre de dos mil dieciséis (2016). En ambas
documentales se aprecia que, durante el periodo comprendido entre el 2013-2020,la
parte actora devengó los siguientes conceptos: sueldo, gastos de representación,
prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación judicial,
bonificación por actividad judicial y bonificación por servicios. Por su parte, entre el
2021-2024 se observa que se incluyó la prima especial de servicios.

2.5. Análisis del caso concreto.

47. En el asunto sub examine, la señora Elizabeth Raad Lemus pretende la nulidad
de los actos contenidos, por un lado, en el Oficio Nº. 20175920015641 del dieciocho
(18) de dos mil diecisiete (2017), expedido por la subdirección regional de apoyo
central de la Fiscalía General de la Nación, y, por el otro lado, de la Resolución Nº.
2-0923 del cuatro (4) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por la
subdirección de talento humano de la entidad demandada, mediante las cuales, se
negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una adición o incremento del salario básico,
durante el tiempo de vinculación en el citado ente, es decir, desde el dieciséis (16)
de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y hasta cuando desempeñe un
cargo que la haga beneficiaria del referido emolumento.

48. Con base en las pruebas que fueron allegadas al plenario, el Tribunal declaró la
nulidad de los actos enjuiciados y, como consecuencia de lo anterior, condenó a la

29
Folios 103 y siguientes del expediente físico.

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Demandante: Elizabeth Raad Lemus
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Fiscalía General de la Nación al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios del 30%, como una adición al salario básico, desde el veintinueve (29) de
noviembre de dos mil catorce (2014), por prescripción trienal, y mientras ostente el
cargo que la haga beneficiaria del emolumento, sin que, en ningún caso, se superen
los topes máximos fijados, año a año, por el Gobierno Nacional. Aunado a ello, dado
el carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes a pensión, ordenó a la
entidad a efectuar los pagos al respectivo fondo de pensiones, durante todo el
tiempo de vinculación de la demandante a la entidad.

49. Inconforme con la decisión de primera instancia, la demandada interpuso
recurso de apelación, con arreglo al cual, solicitó revocar parcialmente el ordinal
quinto de la parte resolutiva del fallo impugnado. Para sustentar la alzada, expuso
que, la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del quince (15) de diciembre de dos mil
veinte (2020), proferida por el Consejo de Estado, no estudió el tema de los aportes
a pensión, por lo que, los mismos quedaban sometidos a la prescripción trienal.
Valga anotar que, en los demás aspectos abordados -y decididos- por el juez de
primer grado, la entidad demandada no esgrimió reparo adicional alguno.

50. Pues bien, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra
acreditado que la señora Raad Lemus se vinculó a la Fiscalía General de la Nación,
en el cargo de fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos, desde el
dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), cargo que, para
la fecha de presentación de la demanda, seguía ostentando en la entidad. También
se probó que, de conformidad con las “constancias Kardex de devengados y deducidos”,
para los años 2017-2024, correspondientes al cargo de fiscal delegado ante jueces
municipales y promiscuos de la dirección seccional de Bogotá, y las constancias
expedidas por el grupo de tesorería y cuentas de la Fiscalía General de la Nación,
en las cuales, se relacionan los devengados y deducciones para el período
comprendido entre 2013-2016, a partir del año dos mil veintiuno (2021), la
demandante percibió pagos por concepto de prima especial de servicios.

51. En este estadio, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2)
de septiembre de dos mil diecinueve (2019)30, proferida por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios se erige

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 2 de
septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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como un sobresueldo o incremento del salario básico y/o asignación básica de los
servidores públicos beneficiarios de aquella. La naturaleza de este emolumento
también fue reiterada en la sentencia SUJ-023-CE-S2 del quince (15) de diciembre
de dos mil veinte (2020)31, proferida por la Sala de Conjueces de la citada Sección
Segunda, en la que se precisó que prima especial de servicios es un incremento del
salario básico y que, en consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de tales providencias, al reconocimiento y pago de las diferencias que por
concepto de la prima resulten a su favor. En la misma oportunidad, se reafirmó que:
la prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación; y que, a partir de la entrada en vigor de la
Ley 476 de 1998, los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen
salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado a la entidad
con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico, sin que, en ningún caso, se supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

52. Además, se aclaró que, los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron
al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993, o que se hayan vinculado
a la entidad con posterioridad, tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es
decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

53. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,
de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual, se declaró exequible la expresión “sin que constituya factor salarial” contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: “ el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución ”, por lo

que, “(…) el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no
lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del

31
Expediente SUJ-023-CE-S2.

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especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo,
ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional ”.

54. En el sub-judice, es dable sostener que, durante el período de vinculación de la
demandante a la Fiscalía General de la Nación, en uno de los cargos que generan
el mentado beneficio, y hasta tanto subsista la misma, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago del incremento pretendido, esto es, a que se le pagara un
valor adicional a su salario básico mensual, equivalente al 30% por concepto de
prima especial de servicios, como en efecto lo dispuso la sentencia de primera
instancia, sin que dicho aspecto fuera rebatido por la entidad demandada.

55. Ahora, la apelante única, en el recurso de alzada, se limitó a controvertir la
imprescriptibilidad de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, habida
consideración que, a su juicio, en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del quince (15)
de diciembre de dos mil veinte (2020), no se acogió una regla frente a este aspecto.

56. Sobre el particular, debe advertirse que, si bien la sentencia SUJ-023-CE-S2-
2020 del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó la regla según la cual,
el reconocimiento de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios se
contabiliza desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa hacia
atrás, por un período de tres (3) años, “nunca más atrás”, no es menos cierto que,
dicha sentencia no ahondó en el régimen específico de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, que requieren tratamiento especial, dada
su naturaleza irrenunciable32 e imprescriptible33, asunto que ha sido precisado, de
manera consistente, en decisiones posteriores de esta Sala de Subsección3435.

32
Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios mínimos
fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales»
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp.
23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable
aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener
el carácter de emolumentos económicos temporales».
34
Ver, por ejemplo: sentencia del 29 de enero de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024), M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo. Sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 52001-23-33-000-2016-00474-01 (5203-2019), M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp. 52001-23-33-000-2017 00609-03 (4094-2024), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 18 de julio de 2025, exp. 05001-23-33 000-2017-02262-02 (5558-2023), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 10 de
septiembre de 2026, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 19001-23-33-000-2022-00279- 02 (1218-2026).

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57. En efecto, en la sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis
(2026) de esta Sala36, se precisó que los aportes pensionales constituyen un deber
de tracto sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Constitución
Política, así como, con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro
operario 37 , igualdad, progresividad y no regresividad. En ese orden, se estimó
inadmisible que el paso del tiempo, o la superación del plazo establecido para que
opere la prescripción, convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes
parafiscales de la seguridad social, pues, ello podría generar inseguridad sobre la
cobertura del riesgo de vejez del trabajador. Esta tesis fue posteriormente reiterada
por la Sala en la reciente sentencia del diez (10) de septiembre del presente año38.

58. En esa línea, esta Sala ha sostenido, con apoyo en la sentencia CE-SUJ2-005-
16 del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sección
Segunda de esta Colegiatura39, que “no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales ”, toda

vez que, los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal. En la
providencia de unificación referenciada, se sostuvo lo siguiente:

“(…) la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar
en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por
una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de
emolumentos económicos temporales. La interpretación precedente obedece a los
siguientes mandatos superiores:

(i) El derecho a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales (entre estos, el
derecho a la pensión), que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas
que rigen la relación entre empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos
últimos, por cuanto tienen relación directa con el mejoramiento constante del nivel de vida y
la dignidad humana.

(ii) El principio in dubio pro operario, conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer
la interpretación normativa más favorable a los intereses del trabajador, premisa contenida
tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como en el 21 del Código Sustantivo del
Trabajo.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de febrero
de 2026, exp. 19001-23-33-000-2017-00402- 02 (5187-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
37
«Principio general del derecho de naturaleza exegética derivado del carácter tuitivo del derecho laboral. Ordena interpretar
la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto normativo». Real Academia Española y Consejo General
del Poder Judicial. (s. f.). Diccionario panhispánico del español jurídico. https://dpej.rae.es/. [Definición 1].
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 10 de
septiembre de 2026, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 19001-23-33-000-2022-00279- 02 (1218-2026).
39
Sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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(iii) El derecho constitucional fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de
la Constitución Política, en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario
para todos aquellos que prestan (o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera
relación laboral, cualquiera que sea su denominación (servidor público o contratista), a
quienes habrá de protegerse especialmente la posibilidad de acceder a un derecho
pensional.

(iv) El principio de no regresividad, que implica el avance o desarrollo en el nivel de
protección de los trabajadores, en armonía con el mandato de progresividad, que se
encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque
de constitucionalidad” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera acertada la decisión del
Tribunal, encaminada a advertir que la prescripción trienal declarada respecto de
las acreencias pretendidas, no se extiende a la obligación de ajustar las cotizaciones
al sistema general de pensiones -durante todo el tiempo de vinculación-, por lo que,
la inconformidad esgrimida por la entidad no tiene vocación de prosperidad.

60. Sin perjuicio de lo anterior, se modificarán los ordinales tercero y quinto de la
parte resolutiva del fallo apelado, a efectos de precisar: (i) por un lado, que la
prescripción extintiva opera frente a las sumas causadas antes del veintinueve (29)
de noviembre de dos mil catorce (2014), salvo los aportes a pensión, dada su
naturaleza irrenunciable e imprescriptible; y (ii) por el otro lado, se dará alcance a
la orden contemplada en el ordinal quinto, con miras a señalar que, los aportes a
seguridad social en pensiones, con inclusión de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se realizarán -por parte de la entidad- desde la
entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, teniendo en cuenta como ingreso base de
liquidación el 100% del salario básico mensual, más la adición del 30%. Dichos
aportes operan respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado
y lo que debió pagarse con la inclusión del referido emolumento.

60.1. Aunado a lo anterior, la modificación del ordinal tercero cobijará la supresión
de la expresión “(…) y de la bonificación judicial a partir del 29 de noviembre de 2014 y hasta la
fecha en que funja o fungió en el cargo de Fiscal delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos
u otro cargo equivalente”, al referirse al periodo afectado por el fenómeno prescriptivo,

teniendo en cuenta que, la discusión sobre la bonificación judicial, creada mediante
el Decreto 382 de 2013 para los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
excede el objeto litigioso del presente asunto y, en esa medida, su inclusión
desconoce el principio de congruencia en el que debe sustentarse la providencia.

25

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61. Además, se adicionará un inciso al ordinal quinto, con miras a señalar que el
cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado
pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia, así como, a la
aplicación del Decreto 272 de 2021, cuya entrada en vigor se tendrá en cuenta al
momento de liquidar las sumas por concepto de prima especial de servicios, máxime
si, para la fecha en que empezó a regir, la demandante continuaba vinculada al
cargo que la hace beneficiaria de la prima especial de servicios.

62. Siendo así las cosas, la Sala modificará los ordinales tercero y quinto del fallo
recurrido y, en lo demás, confirmará la sentencia de primera instancia.

2.6. Conclusiones

63. Con fundamento en las pruebas que fueron valoradas, y al amparo del marco
normativo y jurisprudencial desarrollado, la Sala encuentra que el reparo expuesto
por la entidad apelante no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que,
aunque la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del quince (15) de diciembre de dos mil
veinte (2020) no fijó una regla sobre la imprescriptibilidad de los aportes
pensionales, esta Sección, de manera consistente y reiterada, ha sostenido que los
mismos tienen un carácter irrenunciable e imprescriptible. Sin perjuicio de lo
anterior, se modificarán los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva del fallo
y, en lo demás, se confirmará la sentencia, sin condena en costas en esta instancia.

2.7. Condena en costas.

64. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la sentencia del treinta
(30) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria de

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la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual,
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído, los cuales quedarán así:

TERCERO. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal respecto a
las sumas causadas antes del veintinueve (29) de noviembre de dos mil catorce (2014),
salvo los aportes a pensión, dada su naturaleza irrenunciable e imprescriptible, de acuerdo
con los motivos expuestos en esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a que los aportes a
seguridad social en pensiones, con inclusión de la prima especial de servicios del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, se realicen desde la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, teniendo
en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más la
adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes operan
respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo que debió
pagarse con la inclusión del referido concepto.

En adición, el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan
efectuado pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia, así como, a la
aplicación del Decreto 272 de 2021, cuya entrada en vigor se tendrá en cuenta al momento
de liquidar las sumas resultantes por concepto de prima especial de servicios.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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