República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2022-00279-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Fiscal delegado.
Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reajuste de las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones derivado del reconocimiento de la prima especial de
servicios. Improcedencia del término de prescripción previsto en el artículo 817 del
Estatuto Tributario. Subtema 2: principio de congruencia. No se configura un fallo
ultra petita. Subtema 3: deber de motivación de las decisiones judiciales. La
motivación debe cumplir con los estándares de claridad y suficiencia para satisfacer
las exigencias del artículo 187 del CPACA.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida el 26 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El demandante, quien se desempeñó como fiscal delegado de la Fiscalía General
de la Nación, acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, como un incremento
adicional del 30 % sobre la asignación básica. Como consecuencia, solicitó el pago
de las diferencias correspondientes, la reliquidación de las prestaciones y demás
emolumentos laborales, así como de las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social con inclusión de la prima especial.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, accedió
parcialmente a las pretensiones. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, ordenó reconocer y pagar la prima especial de
servicios durante el período no afectado por la prescripción y declaró
imprescriptibles los aportes al Sistema General de Pensiones.
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
La decisión fue apelada por la demandada. La Sala confirmará la sentencia en lo
que fue objeto de apelación, al concluir que el reajuste de las cotizaciones al
Sistema General de Pensiones no está sometido al término de prescripción previsto
en el artículo 817 del Estatuto Tributario y que la orden impartida por el Tribunal no
excedió las pretensiones formuladas en la demanda ni vulneró el principio de
congruencia.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El 12 de septiembre de 20181, el señor José Vicente Bolaños Zambrano, por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho2 contra la Nación, Fiscalía General de la
Nación (en adelante FGN), con las siguientes:
2.1.1. Pretensiones
(a) Declarar la nulidad del Oficio GSA-31060-20420-607 del 30 de
noviembre de 2017, mediante el cual la FGN negó el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios, así como de la Resolución 2-0989 del 9 de
abril de 2018, que confirmó esa decisión al resolver el recurso de apelación.
(b) A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la FGN a
reconocer y pagar la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992, equivalente al 30 % de la remuneración mensual, como un
incremento adicional a la asignación básica. Reclamó ese concepto desde el
1.º de enero de 1993 y mientras permaneciera vinculado en uno de los cargos
beneficiarios de la prestación.
(c) También solicitó la reliquidación y el pago de la prima de servicios, la
prima de navidad, la prima de vacaciones, las cesantías, la bonificación por
servicios prestados, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y las
demás «prestaciones y emolumentos de carácter laboral» que, a su juicio,
debían liquidarse con inclusión de la prima especial. Asimismo, pidió que
1
Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB, documento
«4_ALDESPACHOPORREPARTO_04DEMANDA», pág. 76.
2
La presente demanda, en principio, hizo parte del proceso identificado con el número 11001-03-25-000-2018-
01370-00 (4570-2018), el cual fue conocido por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. No obstante, considerando que el escrito contenía pretensiones de nulidad simple y otras de nulidad y
restablecimiento del derecho, por auto del 10 de diciembre de 2019 se dispuso la escisión del expediente, de
modo que, en radicado separado, se adelantaran las pretensiones particulares y concretas. En este orden, luego
de que se surtiera el trámite de la declaratoria de falta de competencia que propuso el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el 6 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda.
Por lo anterior, en la síntesis de la demanda que se realizará a continuación, no se hará referencia a los hechos,
pretensiones y concepto de violación que guarden relación con la nulidad simple que conoció la Sala de
Conjueces, sino que, se abordarán únicamente aquellos puntos relacionados con la nulidad y restablecimiento
del derecho. Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB.
2
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
dichos conceptos continuaran reconociéndose y pagándose de esa forma
mientras permaneciera vinculado a la entidad.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el apoderado de la parte
demandante, en síntesis, expuso lo siguiente:
3. El señor José Vicente Bolaños Zambrano se vinculó a la FGN y desempeñó
distintos cargos de fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, así
como los delegados ante jueces del circuito, en el periodo comprendido entre el «23
de mayo de 1994» hasta la fecha de presentación de la demanda.
4. Señaló que durante su vinculación la entidad no le reconoció la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 como un incremento
adicional a la asignación básica. Agregó que tampoco liquidó los demás
emolumentos laborales con inclusión adecuada de ese concepto.
5. Señaló que dichos decretos desconocieron el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992, pues incorporaron el 30 % correspondiente a la prima especial dentro de la
remuneración ordinaria o dejaron de regular ese reconocimiento a partir del año
2003, con lo cual, en su criterio, disminuyeron ilegalmente su salario y las
prestaciones sociales derivadas de este.
6. Indicó que presentó reclamación administrativa ante la FGN para obtener el
reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30 % de su remuneración
mensual como una adición al salario, junto con las demás sumas que, a su juicio,
debían liquidarse con fundamento en ese reconocimiento.
7. Expuso que el subdirector seccional de apoyo a la gestión de la Seccional
Cali negó la reclamación mediante el Oficio GSA-31060-20420-607 del 30 de
noviembre de 2017. Posteriormente, la FGN confirmó esa decisión mediante la
Resolución 2-0989 del 9 de abril de 2018, al resolver el recurso de apelación.
8. Sostuvo que la negativa de la entidad desconoció el alcance de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, modificada por
la Ley 332 de 1996 y aclarada por la Ley 476 de 1998, pues, en su criterio, ese
emolumento debía reconocerse como un incremento adicional a la asignación
básica.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se invocaron como vulnerados el preámbulo y los artículos 2,
4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150 (numeral 19, literales e y f), 189 (numeral
11), 209, 228 y 253 de la Constitución Política; el artículo 8 de la Declaración
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Universal de Derechos Humanos; el Convenio 95 de la Organización Internacional
del Trabajo; el artículo 4 del Protocolo de San Salvador; el numeral 7 del artículo
152 de la Ley 270 de 1996; los artículos 11, 13, 21, 127 y 128 del Código Sustantivo
del Trabajo, y la Ley 4.ª de 1992, modificada por la Ley 332 de 1996 y aclarada por
la Ley 476 de 1998.
10. Como concepto de violación, sostuvo que el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
reconoció una prima especial de servicios en favor de determinados servidores de
la Rama Judicial y de la FGN. En su criterio, ese beneficio correspondía a un
incremento adicional a la remuneración mensual y no podía incorporarse dentro de
la asignación básica para disminuirla en un 30 %.
11. Señaló que los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional
desconocieron ese mandato al regular la prima especial como parte de la
remuneración ordinaria, en lugar de reconocerla como un valor adicional. Consideró
que esa forma de liquidación afectó su remuneración y los demás derechos
laborales derivados de ella.
12. Manifestó que la Ley 332 de 1996 y la Ley 476 de 1998 precisaron el alcance
del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 respecto de los fiscales que se acogieron al
régimen salarial establecido en el Decreto 53 de 1993 y de quienes se vincularon
con posterioridad. Por ello, afirmó que tenía derecho a percibir la prima especial
como un incremento del salario básico.
13. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que los actos administrativos
acusados desconocieron las disposiciones constitucionales y legales invocadas, al
negar el reconocimiento de la prima especial y las consecuencias económicas que,
en su criterio, se derivaban de ese derecho.
2.2. Contestación de la demanda
14. De conformidad con la constancia secretarial que reposa en el expediente, la
FGN no contestó la demanda dentro del término concedido para ello3.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del 26 de marzo de 2026, resolvió4:
PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del Oficio GSA-31060-20420-607 del 30 de
noviembre de 2017, expedido por el Subdirector Seccional de Apoyo Regional del
Pacifico y la nulidad parcial, únicamente en lo que se refiere al demandante, de la
3Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB, documento
«035Adespachoo_PASOADES_NotaDespachoparafija», pág. 1.
4
Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB, documento
«068Sentencia1ai_0820220279JoseVicent», pág. 1.
4
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Resolución No. 2- 0989 del 9 de abril de 2018, “Por medio de la cual se resuelven
unos recursos de apelación”, expedida por la Subdirectora de Talento Humano de
la Fiscalía General de la Nación.
SEGUNDO: DECLÁRASE probada parcialmente la excepción de prescripción
trienal respecto de las sumas causadas con anterioridad al 14 de septiembre de
2014.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la NACIÓN
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 a JOSÉ VICENTE
BOLAÑOS ZAMBRANO liquidándola como un incremento del 30% respecto del
100% del salario básico, a partir del 14 de septiembre de 2014 y hasta el 31 de
diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la
parte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso pueda superarse el tope
máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto
cumplimiento la entidad.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 14 de septiembre
de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte
demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de
2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser
pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, y
constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones en seguridad social.
Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima
especial de servicios haya recibido la parte demandante por vía administrativa o
judicial en virtud de transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o
ejecutivas, entre otras.
CUARTO: DECLÁRESE la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones en favor de la parte demandante, desde el 9 de
septiembre de 1998 y hasta el 14 de septiembre de 2014, teniendo en cuenta como
base de liquidación el 100% del salario básico mensual más el 30% correspondiente
a la prima especial.
Deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo
declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204
de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General
de Pensiones.
Las cotizaciones a seguridad social deberán hacerse tanto por el periodo declarado
imprescriptible como el lapso subsiguiente hasta el 31 de diciembre de 2020.
En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada y el
demandante deben realizar los aportes al sistema de seguridad social integral en
los porcentajes ordenados por la ley a cada uno; con dicha finalidad se faculta a la
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
demandada para efectuar los respectivos descuentos de ley a la demandante o en
caso de que no sea posible la deducción, reportarlos a la entidad administradora de
pensiones y salud correspondiente.
QUINTO: Las sumas reconocidas deberán ajustarse a la indexación conforme a la
fórmula señalada en la presente sentencia.
SEXTO: ORDÉNESE a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: NO SE CONDENA en costas en esta instancia.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
16. Como fundamento de su decisión, el Tribunal expuso la evolución normativa
y jurisprudencial de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
y destacó que la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 precisó que los servidores de la
FGN que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o se vincularon
con posterioridad tienen derecho a percibir ese emolumento como un incremento
de la asignación básica, sin superar el límite máximo de remuneración fijado por el
Gobierno nacional.
17. Al resolver el caso concreto, encontró acreditado que el demandante se
vinculó a la FGN el 23 de mayo de 1994 y ejerció diferentes cargos como fiscal
delegado. También constató que no percibió la prima especial como emolumento
adicional al salario y que, a partir de 2021, la entidad comenzó a reconocer ese
concepto. Con fundamento en esas circunstancias, concluyó que los actos
acusados desconocieron el derecho del actor a percibir la prima especial como una
adición equivalente al 30 % de la asignación básica.
18. Precisó que, a partir de la expedición de la Ley 332 de 1996, la prima especial
de servicios es factor salarial únicamente para efectos de pensión de jubilación. Por
esa razón, negó la reliquidación de prestaciones sociales diferentes de aquellas
respecto de las cuales la ley atribuyó incidencia a la prima especial5.
19. En cuanto a la prescripción, señaló que las diferencias económicas
derivadas de la prima especial estaban sometidas al término trienal. Como la
reclamación administrativa fue radicada el 14 de septiembre de 2017, concluyó que
las sumas causadas antes del 14 de septiembre de 2014 se encontraban prescritas
y limitó a partir de esa fecha el reconocimiento económico de la prestación.
5
En particular dijo: «Por ende, no tiene vocación de prosperidad la pretensión de reliquidación de
prestaciones sociales distintas a la pensión, pues la misma norma de creación desestimó el carácter
salarial del emolumento para esos fines».
6
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
20. No obstante, consideró que la prescripción no afectaba la obligación de
efectuar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Explicó que se trataba de aportes vinculados con un derecho irrenunciable e
imprescriptible y que la Ley 476 de 1998 dispuso que la prima especial debía
integrar la base para determinar las cotizaciones pensionales. En consecuencia,
ordenó efectuar los aportes desde el 9 de septiembre de 1998, fecha de entrada en
vigor de esa ley, porque para entonces el demandante ya se encontraba vinculado
a la FGN.
21. Respecto de las cotizaciones en salud, señaló que el parágrafo 1.º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993 estableció que su base debía corresponder a la
prevista para el Sistema General de Pensiones. Por ello, extendió el reajuste a esos
aportes y dispuso que tanto la entidad como el demandante asumieran los
porcentajes que legalmente les correspondían.
22. Por último, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas por cuanto no
advirtió una actuación temeraria o de mala fe.
2.4. Recurso de apelación
23. La FGN interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y solicitó revocarla en los aspectos cuestionados. Los reparos se dirigieron
específicamente contra la orden relacionada con la imprescriptibilidad de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social.
24. En primer lugar, sostuvo que la sentencia no expuso una motivación
suficiente para declarar imprescriptibles los aportes pensionales. Afirmó que la parte
resolutiva debía guardar correspondencia con las razones desarrolladas en la
providencia y que, en su criterio, el Tribunal impartió esa orden6 sin efectuar el
análisis exigido por el artículo 187 del CPACA.
25. Agregó que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020, no estudió la
prescripción de los aportes al Sistema General de Pensiones. Por ello, consideró
que ese precedente no podía sustentar la conclusión adoptada por el Tribunal sobre
su imprescriptibilidad.
26. Agregó que debía aplicarse el término de prescripción de cinco años previsto
en el artículo 817 del Estatuto Tributario. Para sustentar ese planteamiento, invocó
el artículo 54 de la Ley 383 de 1997 y la sentencia del 30 de julio de 2004, radicación
13392, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según la cual, a juicio de la
6
Si bien, la sustentación de este reparo hace referencia al ordinal quinto de la sentencia, de la lectura integral
del escrito de alzada se extrae que lo cuestionado es la orden de declarar imprescriptibles los aportes, razón
por la cual, se entenderá que este reparo hace referencia al ordinal cuarto.
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
recurrente, la acción de cobro de los aportes al Sistema de Seguridad Social
prescribe en cinco años contados desde que la obligación se hace exigible.
27. Finalmente, sostuvo que la orden sobre los aportes desconoció el principio
de congruencia y configuró un fallo ultra petita7. Indicó que el demandante no
formuló una pretensión encaminada a obtener la declaración de imprescriptibilidad
de las cotizaciones pensionales y, por ello, consideró que el Tribunal concedió más
de lo pedido.
2.5. Trámite procesal
28. Mediante auto del 26 de junio del 20268, la magistrada ponente admitió el
recurso de apelación y dispuso que, una vez notificada esa providencia, el
expediente ingresara al despacho para dictar sentencia, salvo que las partes
solicitaran pruebas dentro del término de su ejecutoria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212 del CPACA.
29. En esta instancia, el Ministerio Público y las partes guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto
en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
31. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y con el alcance de la competencia del juez de
segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:
32. ¿Acertó el Tribunal de primera instancia al disponer que el reajuste de las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones derivado del reconocimiento de la
prima especial de servicios no se encontraba afectado por el fenómeno de la
prescripción, o, por el contrario, resultaba aplicable el término previsto en el artículo
817 del Estatuto Tributario, por remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997?
33. ¿La orden contenida en el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia, relacionada con el reajuste de los aportes al Sistema General de
7
«Incongruencia por exceso». Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial. (s. f.). Diccionario
panhispánico del español jurídico. https://dpej.rae.es/. [Definición 1].
8
Samai, índice 4, expediente digital, documento «4Autoqueadmite_09242026AUTOADMITEL2(.pdf) NroActua
4».
8
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Pensiones frente a las acreencias reclamadas, careció de motivación y excedió las
pretensiones de la demanda, con lo cual vulneró el principio de congruencia?
34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se abordarán los siguientes
aspectos: (a) prima especial de servicios; (b) hechos probados y (c) análisis
sustancial del caso concreto.
3.3. Marco jurídico - Prima especial de servicios –reiteración jurisprudencial–
35. La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron los objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una
prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial,
para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces,
incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra
y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.
36. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la
competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la FGN, por medio del cual previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 tenían la posibilidad de optar por el
régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto o mantener el que regía
con anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de
salarios de la Fiscalía General».
37. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar
que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la FGN, con la excepción allí
establecida, solo constituye factor salarial para calcular el ingreso base de las
cotizaciones para pensión de jubilación.
38. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 6.° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o
lo adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario
base de liquidación de la pensión de jubilación».
39. El Gobierno nacional, al dictar los decretos anuales para fijar las normas del
régimen salarial y prestacional de los servidores de la FGN, reiteró que la prima
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo orden, de los
directores nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina, de división
y de Unidad de Policía Judicial.
40. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la FGN, esta
Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad del
artículo 7 del Decreto 38 de 1999, por «su discordancia con las disposiciones
legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen salarial de
los servidores públicos a que se contrae la Ley 4 de 1992, más exactamente por
desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30 % del salario básico
el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo siguiente9:
En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional
está facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores
que allí se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de
salarios establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1.º
de enero de 1993 (…)
No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario
fijado en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la
posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más
exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo
mensual de los empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se
advirtiera que parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la
de remuneración por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de
prima de servicios.
Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó
al 30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial
de servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste,
se fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión
acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la
connotación de prima especial de servicios.
41. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 13 de septiembre de
2007, «unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que
fijaban el régimen salarial de los servidores de la FGN, en el sentido de señalar que
la declaración de nulidad de los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto
2729 de 2001, implica que los servidores públicos de esa entidad, enlistados en las
normas citadas, «que habían optado por el régimen de salarios de la Fiscalía
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-
00(197-99).
Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de
2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de
la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al
decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se
reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en
que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el
mandato del artículo 14 de la ley 4 de 1992.
10
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1.º) de enero de 1993,
para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran
los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial, y que no se les
reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales normas no habían
establecido un “sobresueldo”»10.
42. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta
corporación rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos
anuales, esto es, que los servidores de la FGN enlistados en los decretos demandados
«no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial» prevista
en la Ley 4 de 1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un contrasentido lógico,
extraño al derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su
carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los
servidores públicos. Es consecuencia evidente de lo considerado concluir, que el
artículo 7.° del Decreto nro. 618 de 2007, al tomar un 30 % de la remuneración del
funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial,
materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores
establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del
ordenamiento jurídico»11.
43. De acuerdo con este marco jurisprudencial, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda, mediante sentencia del 15 de diciembre de 202012, fijó las reglas
frente al reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial
del Decreto 53 de 1993, y a quienes se vincularon con posterioridad, en los
siguientes términos13:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-
0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las
providencias del 15 de julio de 2004 (exp. nro. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005
(exp. nro. 11001-03-25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración,
los servidores públicos enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen de salarios de la
Fiscalía General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de
liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial
sin carácter salarial» (sic).
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
01 (1831-01).
12
Expediente SUJ-023-CE-S2.
13
Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Se transcribe incluso con los errores del texto.
11
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
44. La sentencia citada, que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico,
sustentó las reglas señaladas, en las siguientes razones:
La Ley 4.ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al Gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo
caso no puede ser inferior al 30 %;
La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30 % del salario básico;
Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo
las leyes 4.ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue
previsto por el Gobierno nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad
resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido,
aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución
sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
45. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21
de septiembre de 202214, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN, dictados
en los años 2003 a 2017, con el argumento de que el 30 % del salario básico
mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como prima
especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede ser
imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste». Así
se precisó:
14
Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,
52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004,
943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017. Se transcribe incluso con los errores
del texto.
12
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán
(sic) parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la
ley (…).
Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que,
expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una
persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una
parte del mismo, como se anotó.
También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias
citadas, en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores
en el tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica
de manera sobreviniente.
3.4. Hechos probados
46. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:
47. Obra en el expediente la constancia de servicios prestados15, expedida por
la FGN, de la cual se desprende que José Vicente Bolaños Zambrano ingresó a la
entidad el 28 de julio de 1994. La certificación registra como último cargo el de fiscal
delegado ante jueces del circuito, adscrito a la Dirección Seccional del Cauca, así
como los factores que integraban su remuneración en el periodo comprendido entre
1999 y 2018.
48. El 14 de septiembre de 201716, José Vicente Bolaños Zambrano solicitó ante
la FGN que se le reconociera y pagara la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.° de 1992 como un incremento de su salario, a partir del
momento de su vinculación; así como la reliquidación de sus prestaciones sociales,
teniendo en cuenta la prima especial como factor salarial17.
49. Mediante el oficio GSA-31060-20420-607 del 30 de noviembre de 201718,
suscrito por Rodrigo Bravo Acosta, profesional de gestión III de la Oficina de Talento
Humano Popayán-Cauca, Subdirección de Apoyo Región del Pacífico de la Fiscalía
15
Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB, documento
«4_ALDESPACHOPORREPARTO_04DEMANDA», pág. 13-22.
16
Samai, Tribunal, índice 10, expediente digital, documento «18_ED_1EXPEDIENTE(.pdf) NroActua 10», pág.
18-28.
17
Si bien no se tiene copia de la reclamación administrativa, de la Resolución 2-0989 del 9 de abril de 2018 se
puede extraer la fecha de su radicación y una síntesis de su contenido, en la medida que esta información fue
narrada en el acápite de antecedentes de la decisión. Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB,
documento «4_ALDESPACHOPORREPARTO_04DEMANDA», pág. 23-28.
18
Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB, documento
«4_ALDESPACHOPORREPARTO_04DEMANDA», pág. 9-11.
13
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
General de la Nación, se dio respuesta a la petición presentada por José Vicente
Bolaños Zambrano, relacionada con el reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios y otras prestaciones laborales.
50. En el documento se informó que la Subdirección de Apoyo no tenía
competencia para reconocer y pagar la prima especial de servicios como factor
salarial ni para ordenar la reliquidación y pago de prestaciones sociales. Asimismo,
se indicó que, al haber sido reconocida dicha prima como parte del salario, se
procedió a liquidar las prestaciones con ese nuevo valor. Respecto del
reconocimiento de valores indexados y de la prescripción de los derechos
reclamados, se señaló que tales asuntos no eran de competencia de esa
dependencia.
51. Contra la anterior decisión, José Vicente Bolaños Zambrano y otros, el 16 de
enero de 2018 interpusieron recurso de apelación19, que fue resuelto de manera
desfavorable a través de la Resolución 2-0989 del 9 de abril de 2018.
3.5. Caso concreto
3.5.1. Resolución del primer problema jurídico
52. En el presente asunto, el Tribunal ordenó a la FGN reajustar las cotizaciones
al Sistema General de Pensiones derivadas del reconocimiento de la prima especial
de servicios y precisó que dicha obligación no se encontraba afectada por el
fenómeno de la prescripción, por tratarse de un derecho irrenunciable e
imprescriptible.
53. La entidad demandada controvirtió esa decisión. Sostuvo, en primer lugar,
que la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 no se pronunció sobre la imprescriptibilidad
de los aportes al Sistema General de Pensiones y, por tanto, no constituía
fundamento para ordenar el reajuste de las cotizaciones sin aplicar la prescripción.
En su criterio, ante la ausencia de una regla específica en esa sentencia, debía
acudirse al término previsto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, aplicable por
remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997, conforme a la interpretación
adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia del 30 de
julio de 2004 [radicado 13392].
54. Para resolver la controversia, la Sala considera necesario precisar el alcance
del antecedente jurisprudencial invocado por la recurrente, así como el contexto
normativo en el que resultan aplicables los artículos 54 de la Ley 383 de 1997 y 817
del Estatuto Tributario. Lo anterior, a fin de establecer si la regla invocada por la
FGN es trasladable al presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
19
Samai, índice 2, expediente digital, archivo 40452 KB, documento
«4_ALDESPACHOPORREPARTO_04DEMANDA», pág. 23-28.
14
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
55. De conformidad con los artículos 17, 22 y 24 de la Ley 100 de 1993,
corresponde al empleador efectuar los aportes al Sistema General de Pensiones,
tanto los propios como aquellos a cargo de sus trabajadores. Cuando incumple esa
obligación, la entidad administradora del Sistema está facultada para exigir su pago
mediante el procedimiento administrativo de cobro previsto en el ordenamiento
jurídico.
56. Para ese efecto, el artículo 54 de la Ley 383 de 199720 dispuso que las
normas de procedimiento, determinación, discusión, sanción y cobro contenidas en
el Libro Quinto del Estatuto Tributario son aplicables a la administración y control de
las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, entre ellos los previstos en la
Ley 100 de 1993.
57. En ese contexto, el artículo 817 del Estatuto Tributario21 regula la prescripción
de la acción de cobro y establece que esta prescribe en el término de cinco años,
contados, según el caso, desde la fecha de vencimiento para declarar, la
presentación de la declaración, la declaración de corrección o desde la ejecutoria
del acto administrativo de determinación o discusión.
58. A su vez, el artículo 818 ibidem prevé que dicho término se interrumpe, entre
otros eventos, con la notificación del mandamiento de pago. En ese caso, la
interrupción produce el efecto de reiniciar el cómputo del término de prescripción a
partir del día siguiente en que se dio a conocer dicho acto administrativo.
59. Ese es precisamente el contexto en el que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado ha aplicado los artículos 54 de la Ley 383 de 1997 y 817 del Estatuto
Tributario.
60. Así ocurrió en sentencia del 30 de julio de 200422 [antecedente jurisprudencial
invocado por la recurrente] a través de la cual se examinó la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales el Instituto de Seguros Sociales resolvió las
excepciones formuladas contra un mandamiento de pago expedido dentro de un
procedimiento de cobro coactivo de aportes patrono-laborales.
20
«Remisión de normas de administración y control. Las normas de procedimiento, sanciones, determinación,
discusión y cobro contenidas en el Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a la
administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como
del sector público, establecidas en las Leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993».
21
«La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir
de:
1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones
presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos
o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración
en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte».
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de julio de 2004, exp. 25000-23-27-000-2001-01454-
01 (13392), M.P. Ligia López Díaz.
15
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
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61. En esa oportunidad, la Sección Cuarta explicó que la aplicación del artículo
817 del Estatuto Tributario presupone la existencia de una obligación clara, expresa
y exigible contenida en un título ejecutivo. Precisó que el acto administrativo de
determinación de aportes debía identificar el obligado, el origen de la obligación y la
cuantificación de las contribuciones, pues solo en esas condiciones era posible
adelantar la ejecución forzada de la deuda23.
62. Ese mismo entendimiento fue reiterado en sentencia del 13 de junio de
202424, en la que la Sección Cuarta volvió a estudiar la prescripción de la acción de
cobro respecto de recursos parafiscales. En esa providencia explicó que el
procedimiento de cobro adelantado por el entonces Instituto de Seguros Sociales
se regía por el Estatuto Tributario, razón por la cual la interrupción de la prescripción
debía analizarse conforme al artículo 818 de ese estatuto.
63. Con fundamento en esa disposición concluyó que, una vez notificado el
mandamiento de pago, el término de cinco años vuelve a contarse desde el día
siguiente a dicha notificación y que, al no lograrse el pago efectivo dentro de ese
nuevo término, la administración pierde competencia temporal para continuar el
cobro.
64. Como puede advertirse, tanto en la sentencia de 2004 como en la de 2024 la
Sección Cuarta aplicó el artículo 817 del Estatuto Tributario en el marco de
procedimientos administrativos de cobro coactivo, en los que existía una obligación
previamente determinada mediante un acto administrativo que prestaba mérito
ejecutivo. En ambos casos la controversia giró alrededor de la oportunidad con la
que la administración ejerció la acción de cobro y de su facultad para exigir
coactivamente el pago de aportes parafiscales.
65. Ese supuesto difiere del que ahora ocupa la atención de la Sala, pues en este
proceso no se controvierte un procedimiento de cobro coactivo, ni la legalidad de un
mandamiento de pago, ni la oportunidad para ejercer la acción de cobro de aportes
al Sistema General de Pensiones.
66. Se recuerda que la controversia surgió en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, mediante el cual el demandante solicitó la
nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prima
especial de servicios y, como consecuencia de ello, el restablecimiento de su
derecho, que comprende las diferencias prestacionales y el correspondiente
reajuste de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones.
23
«Estos mismos requisitos deben cumplirse en el acto de determinación de los aportes parafiscales, por la
remisión expresa del artículo 54 de la Ley 383 de 1997 y porque corresponden a aquellas circunstancias que
permiten determinar el origen de la obligación, el deudor y la cuantificación de las contribuciones. Si no se
identifica al obligado, no se cuantifica el monto debido o no se indica el origen del tributo no es posible ejecutar
la deuda, porque no es clara ni expresa.»
24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 13 de junio de 2024, exp. 68001-23-33-000-2019-00762-
02 (28444), M.P. Milton Chavez García.
16
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
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67. En consecuencia, en este proceso no existe una obligación previamente
determinada, clara, expresa y exigible susceptible de ejecución coactiva.
Precisamente, el objeto del proceso consiste en establecer si los actos
administrativos demandados se ajustan al ordenamiento jurídico y, de no ser así,
declarar el derecho reclamado y condenar a la entidad demandada a adoptar las
medidas necesarias para restablecerlo. Esta comparación se sintetiza de la
siguiente forma:
Aspecto Acción de cobro Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho
Finalidad Obtener el pago de aportes Ejercer control de legalidad respecto de un
previamente determinados y exigibles acto administrativo que genera efectos
que no fueron cancelados individuales y concretos, y ordenar, si a ello
oportunamente. hay lugar, el restablecimiento del derecho
Naturaleza Administrativa de cobro coactivo Proceso judicial adelantado ante la
adelantada por la entidad Jurisdicción de lo Contencioso-
administradora del sistema. Administrativo.
Objeto Exigir el pago de una obligación Declarar la legalidad o ilegalidad de los
previamente determinada, clara, actos demandados, y como consecuencia
expresa y exigible. de ello, restablecer la situación jurídica
afectada, lo que puede traducirse en el
reconocimiento de un derecho, el pago de
una prestación o la reparación de los
perjuicios causados por la actuación
administrativa.
Estudio de la La acción de cobro prevista en el El derecho del trabajador a reclamar el pago
prescripción artículo 24 de la Ley 100 de 1993, cuyo de los aportes al Sistema General de
propósito es el pago de contribuciones Pensiones, es de naturaleza irrenunciable e
parafiscales, prescribe en los términos imprescriptible.
previstos en los artículos 817 y 818 del
Estatuto Tributario.
Tabla 1. Diferencias entre la acción de cobro y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para exigir el pago de aportes al Sistema General de Pensiones
68. En ese orden, la Sala concluye que el precedente invocado por la entidad
demandada no resulta trasladable al presente asunto. Esto, pues tanto la sentencia
del 30 de julio de 2004 como la del 13 de junio de 2024 fueron proferidas en el marco
de procedimientos administrativos de cobro coactivo de aportes parafiscales, en los
que existía una obligación previamente determinada, clara, expresa y exigible, lo
que la hacía susceptible de ejecución. Por esa razón, la Sección Cuarta analizó la
prescripción de la acción de cobro regulada en los artículos 817 y 818 del Estatuto
Tributario.
69. Contrario a ello, en el presente caso la controversia no versa sobre la facultad
de la administración para exigir coactivamente el pago de aportes al Sistema
General de Pensiones, sino sobre la legalidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la prima especial de servicios y sobre las
consecuencias que, a título de restablecimiento del derecho, se derivan de la
declaratoria de su nulidad. En consecuencia, los presupuestos que justifican la
aplicación del artículo 817 del Estatuto Tributario no concurren en este proceso.
17
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
70. De otro lado, es necesario aclarar que aunque es cierto que la sentencia SUJ-
023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 de la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la regla según la cual el reconocimiento
de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios se contabiliza desde
la fecha de presentación de la reclamación administrativa hacia atrás, por un
período de tres años, «nunca más atrás», también lo es que dicha sentencia no
ahondó en el régimen específico de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, que requieren tratamiento especial, dada su naturaleza
irrenunciable25 e imprescriptible26, aspecto que ha sido precisado en decisiones
posteriores de esta Subsección27.
71. En efecto, en sentencia del 19 de febrero de 2026 de esta Sala28, se precisó
que los aportes pensionales constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador
que se relaciona de manera directa con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, así como con los principios
laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario29, igualdad, progresividad y no
regresividad. En ese orden, se consideró inadmisible que el paso del tiempo o la
superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del
trabajador.
72. Asimismo, en la anterior providencia, con apoyo en la sentencia CE-SUJ2-
005 16 de esta Sección30, se reiteró que «no aplica el fenómeno prescriptivo frente
a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales», dado que los aportes
pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del empleador de cumplir
con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
25
Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales»
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar
en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
27
Ver, por ejemplo: sentencia del 29 de enero de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024),
M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 52001-23-33-000-2016-00474-01
(5203-2019), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 76001-23-33-000-
2016-01302-02 (6589-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp.
52001-23-33-000-2017 00609-03 (4094-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 18 de julio
de 2025, exp. 05001-23-33 000-2017-02262-02 (5558-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 19001-23-33-000-2017-
00402- 02 (5187-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
29
«Principio general del derecho de naturaleza exegética derivado del carácter tuitivo del derecho laboral.
Ordena interpretar la ley en beneficio del trabajador en los casos de duda o conflicto normativo». Real Academia
Española y Consejo General del Poder Judicial. (s. f.). Diccionario panhispánico del español jurídico.
https://dpej.rae.es/. [Definición 1].
30
Sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
73. En consecuencia, se estima acertado que el Tribunal haya determinado que
la prescripción trienal declarada respecto de las acreencias reclamadas, no se
extiende a la obligación de ajustar las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones, que comparten la misma base de cotización para los aportes al Sistema
General de Salud, como lo señala el Decreto 272 de 2021, en su parte considerativa,
así:
Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, constituye factor salarial
para cotizar al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de
1993, consagra que la base de cotización al Sistema General de Salud es la misma
que la del Sistema general de Pensiones, razón por la cual la prima especial que se
crea en el presente Decreto constituirá factor salarial para cotizar a ambos sistemas.
74. En consonancia con lo anterior, el inciso 2 del artículo 1 del anterior decreto
también indica:
La prima especial que se establece en el presente artículo será adicional a la
asignación básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y
únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del
Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud
en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
75. En consecuencia, por ser la seguridad social un derecho irrenunciable e
imprescriptible, y en aras de dar claridad a las órdenes emitidas, la Sala considera
que el Tribunal acertó al ordenar el reajuste de las cotizaciones al Sistema General
de Pensiones derivadas del reconocimiento de la prima especial de servicios, sin
afectar esa obligación por el fenómeno de la prescripción.
3.5.2. Resolución del segundo problema jurídico
76. Resta por determinar si la orden mediante la cual el Tribunal declaró la
imprescriptibilidad de los aportes al Sistema General de Pensiones y dispuso su
reajuste careció de motivación y excedió las pretensiones formuladas en la
demanda, como lo sostuvo la FGN. Para resolver este reparo, la Sala analizará, en
primer lugar, el deber de motivación y, posteriormente, la alegada vulneración del
principio de congruencia.
77. Previamente, se precisa que, aunque la recurrente solicitó revocar el
«numeral quinto» de la sentencia, la orden objeto de cuestionamiento se encuentra
contenida en el ordinal cuarto, mediante el cual el Tribunal declaró la
imprescriptibilidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones y dispuso su reajuste. En consecuencia, el reparo se entenderá dirigido
contra este último ordinal.
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
A. Sobre el deber de motivación
78. La FGN sostuvo que la decisión careció de motivación, pues, en su criterio,
el Tribunal declaró la imprescriptibilidad de los aportes pensionales sin exponer las
razones jurídicas que sustentaban esa determinación. Por ello, afirmó que la
sentencia desconoció el deber previsto en el artículo 187 del CPACA.
79. La Sala se permite recordar que el deber de motivación exige que las
decisiones judiciales expresen las razones fácticas y jurídicas que las sustentan, de
manera que permitan comprender el fundamento de lo decidido y posibiliten su
control. Para satisfacer ese deber, la argumentación debe cumplir, entre otros, dos
criterios materiales: claridad y suficiencia.
80. La claridad supone que las razones de la decisión sean expuestas de manera
comprensible, coherente y apta para que sus destinatarios puedan entender el
razonamiento del juez, sin que el lenguaje empleado o la forma de exposición
impidan conocer el fundamento de la providencia31. Por su parte, la suficiencia exige
que la decisión contenga las razones concretas que expliquen el proceso lógico y
jurídico que condujo a la conclusión adoptada, de manera que no se limite a
enunciar afirmaciones genéricas o fórmulas aplicables indistintamente a cualquier
caso32.
81. Ese estándar se satisface en el presente asunto, pues, al estudiar los efectos
del reconocimiento de la prima especial de servicios, el Tribunal explicó que la
prescripción no operaba respecto de la obligación de efectuar las cotizaciones al
Sistema General de Pensiones, por tratarse de aportes relacionados con un derecho
cierto, irrenunciable e imprescriptible. Para sustentar esa conclusión, acudió a la
jurisprudencia de la Sección Segunda sobre la materia33 y precisó que ese criterio
resultaba aplicable a los servidores de la FGN por la incidencia que la prima especial
tiene en materia pensional.
82. Asimismo, señaló que los artículos 1.º de las Leyes 332 de 1996 y 476 de
1998 dispusieron que la prima especial constituye factor para determinar la base de
liquidación pensional. A partir de esas disposiciones concluyó que la FGN debía
efectuar las cotizaciones correspondientes con inclusión de dicho concepto.
31
Corte Constitucional, sentencia T-311 del 30 de julio de 2024, MP. Natalia Ángel Cabo. «Aquí se debe indagar
por elementos que afectan la claridad de la comunicación como son: (i) la falta de coherencia argumentativa;
(ii) el exceso de lenguaje técnico o la falta de explicación a lenguaje común de esos conceptos especializados;
(iii) el uso excesivo y sin explicación de latinismos; (iv) el uso de fórmulas rituales sin su explicación; (v) el uso
de términos excesivamente técnicos para referirse a los actores de los procesos, entre otros. Es necesario
precisar que esta no es una indicación de un ideal de escritura o de una refinación del lenguaje con el que deban
escribir las autoridades. Por el contrario, se trata de apreciar el grado en el que el uso de las diversas formas
de escribir o expresarse oralmente terminan por facilitar o dificultar la comprensión (…)»
32
García de Enterría (Como se citó en Corte Constitucional, sentencia SU 250 del 26 de mayo de 1998, exp. T-
134192, M.P: Alejandro Caballero Martínez).
33
Citó las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación del 25 de
agosto de 2016, Radicación No. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 06 de febrero de 2024, Conjuez Ponente: Miguel
Arcángel Villalobos Chavarro, Exp. No. 170012333000201700738-02, No. Interno 5600-2019.
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
También explicó que el reconocimiento procedía desde el 9 de septiembre de 1998,
fecha de entrada en vigor de la Ley 476 de ese año, pues para ese momento el
demandante ya se encontraba vinculado a la entidad.
83. De igual manera, el Tribunal justificó la extensión de esa orden a las
cotizaciones en salud. Para ello, tuvo en cuenta que la base de cotización de dicho
sistema corresponde a la prevista para el Sistema General de Pensiones y, por esa
razón, dispuso efectuar los aportes a ambos subsistemas en los porcentajes
legalmente asignados al empleador y al trabajador.
84. En esas condiciones, la motivación del Tribunal permitió identificar con
claridad: (1) la naturaleza irrenunciable e imprescriptible que atribuyó a los aportes
pensionales; (2) las disposiciones legales que reconocen incidencia pensional a la
prima especial; y (3) la razón por la cual fijó el 9 de septiembre de 1998 como
extremo inicial de la obligación. Por tanto, la fundamentación sobre este aspecto fue
suficiente para comprender el razonamiento que condujo a la orden impartida.
85. Una cuestión distinta es que la FGN no comparta esa interpretación y
considere aplicable el término de prescripción previsto en el artículo 817 del Estatuto
Tributario. Sin embargo, esa discrepancia jurídica no supone ausencia de
motivación, ya que, como se explicó al resolver el primer problema jurídico, el
Tribunal acertó al considerar que la prescripción declarada respecto de las
acreencias económicas no se extendía a la obligación de efectuar los aportes
pensionales.
86. Por consiguiente, la Sala concluye que la orden cuestionada sí estuvo
debidamente motivada y, en consecuencia, este reparo no está llamado a prosperar.
B. Sobre la congruencia de la orden dictada por el Tribunal
87. La recurrente también sostuvo que la orden desconoció el principio de
congruencia, porque, a su juicio, el demandante no solicitó el reconocimiento de
aportes pensionales imprescriptibles. En consecuencia, afirmó que el Tribunal
concedió más de lo pedido y profirió un fallo ultra petita.
88. Sobre este punto, la Sala advierte que el señor José Vicente Bolaños
Zambrano solicitó la nulidad de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la FGN a reconocer y
pagar ese emolumento como un incremento equivalente al 30 % de su
remuneración mensual.
89. Además, y a diferencia de lo afirmado por la recurrente, el demandante
solicitó expresamente la reliquidación y pago de las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social, junto con las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, las
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
cesantías, la bonificación por servicios prestados y los demás emolumentos
laborales que debían calcularse con inclusión de la prima especial. Asimismo, pidió
que esos conceptos continuaran reconociéndose mientras permaneciera vinculado
a la entidad.
90. En correspondencia con esas pretensiones, el Tribunal declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados y condenó a la FGN a reconocer y pagar la
prima especial de servicios como un incremento equivalente al 30 % sobre el 100
% del salario básico desde el 14 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre
de 2020. Asimismo, declaró imprescriptibles los aportes al Sistema General de
Pensiones causados desde el 9 de septiembre de 1998 y ordenó efectuar las
respectivas cotizaciones con inclusión de la prima especial en la base
correspondiente.
91. La Sala considera que esa decisión no excedió el marco fijado por la
demanda ya que el actor no se limitó a solicitar el reconocimiento de la prima
especial, sino que reclamó expresamente las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social que debían liquidarse con inclusión de ese concepto. Por ello, la orden
impartida por el Tribunal guarda correspondencia directa con el restablecimiento
solicitado.
92. Además, el reajuste de los aportes constituye una consecuencia jurídica del
reconocimiento de la prima especial, pues como se explicó al resolver el primer
problema jurídico, la Ley 332 de 1996 atribuyó a dicho emolumento incidencia para
efectos pensionales y la Ley 476 de 1998 extendió ese régimen a los servidores de
la FGN que se acogieron al Decreto 53 de 1993 o se vincularon posteriormente. De
ahí que el reconocimiento de la prima especial incida necesariamente en el ingreso
base sobre el cual debieron efectuarse las respectivas cotizaciones.
93. En ese sentido, el pronunciamiento sobre los aportes no introdujo al proceso
una materia ajena al litigio. Por el contrario, correspondió a uno de los efectos
jurídicos reclamados por el demandante y se encontraba estrechamente
relacionado con la discusión sobre la correcta liquidación de la prima especial de
servicios.
94. Tampoco altera esa conclusión que la demanda no hubiera formulado una
pretensión independiente encaminada a que se declarara expresamente la
«imprescriptibilidad» de los aportes, pues, lo solicitado fue su reconocimiento y
reliquidación con inclusión de la prima especial y la determinación del régimen de
prescripción aplicable a esa obligación constituía una cuestión jurídica que el juez
debía resolver para establecer el alcance temporal del restablecimiento del derecho.
95. Así, es necesario precisar que en caso de que el demandante, dicho silencio
no anula la posibilidad de que el juez se pronuncie sobre un derecho que la ley y la
Constitución reconocen como indisponible y que, además, fue objeto de debate en
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
el proceso. Por ello, la Sala tiene el deber de resolver sobre este aspecto, aun
cuando no haya sido solicitado de forma taxativa. Esta postura además se
acompasa con la facultad que tienen los jueces en materia laboral y de seguridad
social de adoptar decisiones que busquen la protección de derechos de índole
constitucional —como la seguridad social—34.
96. En esas condiciones, se concluye que el demandante también tiene derecho
al reajuste de los aportes al Sistema General de Seguridad Social derivados del
reconocimiento de la prima especial de servicios, sin que respecto de ellos opere la
prescripción, como acertadamente lo indicó el juez de primera instancia.
97. Así las cosas, no prosperan los reparos formulados por la FGN sobre la falta
de motivación y la supuesta incongruencia de la sentencia. En consecuencia, se
confirmará el ordinal cuarto en cuanto declaró la imprescriptibilidad de los aportes
al Sistema General de Pensiones y dispuso su reajuste desde el 9 de septiembre
de 1998, en los términos señalados por el Tribunal.
3.7. De la condena en costas
98. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario35 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
3.8. Conclusión
99. La Sala concluye que el Tribunal acertó al disponer que el reajuste de las
34
Al respecto, el artículo 50 del Decreto 2158 de 1948 y el artículo 6 de la Ley 2452 de 2025, facultaron al juez
laboral para impartir órdenes más allá de lo pedido, siempre que del debate procesal se desprenda su necesidad
para la plena protección del trabajador; desde luego, sin perder de vista la garantía del debido proceso de las
partes, lo que conlleva, por ejemplo, que frente a las acreencias involucradas se haya adelantado el debate
correspondiente de manera amplia y suficiente.
35
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 19001-23-33-000-2022-00279-02 (1218-2026)
Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
cotizaciones al Sistema General de Pensiones derivado del reconocimiento de la
prima especial de servicios no se encontraba afectado por el fenómeno de la
prescripción, pues las reglas invocadas por la entidad demandada regulan
supuestos jurídicos distintos al debatido en este proceso y, por ello, no constituyen
fundamento para concluir que los aportes al Sistema General de Pensiones estén
sujetos a dicho fenómeno.
100. De otra parte, tampoco prosperan los reparos relacionados con la falta de
motivación y la vulneración del principio de congruencia, pues la sentencia expuso
las razones fácticas y jurídicas que sustentaron el reajuste de los aportes y, además,
el demandante solicitó expresamente la reliquidación de las cotizaciones al Sistema
de Seguridad Social con inclusión de la prima especial. Por tanto, la orden
cuestionada estuvo debidamente motivada y no excedió las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Transitoria, el 26 de marzo de 2026, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Demandante: José Vicente Bolaños Zambrano
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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