Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01025-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01025-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01025-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal.
Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reconocimiento y pago de la prima especial y a la
reliquidación de prestaciones con el 100% de la remuneración mensual. Subtema 2:
prevalencia de la garantía de las acreencias laborales frente a argumentos presupuestales.
Subtema 3: aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Irrenunciabilidad
e imprescriptibilidad de aportes.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 14 de junio de 2024 por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica se desempeñó como juez de la República,
solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico, así como
la correspondiente reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos
que devengó, producto del impago de manera completa y oportuna desde el 1 de enero
de 1993. La sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda
al considerar que la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la prima
especial de servicios desde el 26 de agosto de 2011 y hasta que permanezca en el
servicio, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales por el mismo
periodo; decisión que se confirmará al verificar que a la accionante se le dedujo el 30
% de su asignación básica por una interpretación errónea de la prima anteriormente
citada.
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica, mediante apoderada judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Rama Judicial, el 21 de abril de 20161, con las siguientes:
2.1.1. Pretensiones:
a) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMR14-4806 del 19 de septiembre
de 2014, mediante la cual se negó el pago efectivo de lo dejado de percibir por
concepto de prima especial de servicios como factor salarial para la liquidación
de todas las prestaciones, en virtud de la Ley 4 de 1992.
b) Declarar la nulidad de la Resolución 6740 del 1 de diciembre de 2015, que
resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión inicial.
c) Declarar que la señora Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica tiene derecho a
que la DEAJ2 reconozca los efectos salariales y prestacionales del 30 %
correspondiente a la prima especial de servicios, descontada entre 1993 y la
fecha de su retiro como juez de la República, por la interpretación errónea del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que redujo su asignación básica al 70 % en
lugar del 100 %.
d) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Seccional Antioquia a reliquidar y pagar a Yolanda de Jesús Velásquez
Zuluaica el 30 % descontado de su salario básico bajo el concepto de prima
especial de servicios, reajustando su remuneración al 100 % conforme al
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por el período comprendido entre 1993 y la
fecha de su retiro.
e) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Seccional Antioquia a reliquidar y pagar a la accionante todas las
prestaciones sociales derivadas de las diferencias ocasionadas por el 30 %
mensual no reconocido en su salario básico por concepto de prima especial de
servicios.
f) Se ordene el reajuste y pago del ingreso base de cotización –IBC- sobre los
aportes a seguridad social en pensiones.
1 Expediente físico, folio 73.
2 Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia
2
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
g) Condenar a la demandada a que todas las sumas liquidas de dinero que se
determinen en la sentencia sean reajustadas o actualizadas conforme al
incremento en el Índice de Precios al Consumidor.
h) Ordenar a la entidad accionada dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo, y a reconocer y pagar los intereses ordenados en
dicha norma.
i) Condenar a la entidad demandada al pago de las costas del proceso y agencias
en derecho.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente3:
a) Se encuentra vinculada a la Rama Judicial hasta la fecha de presentación de la
demanda, ejerciendo el cargo de juez en el municipio de Itagüí.
b) El 26 de agosto de 2014 solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Antioquia la liquidación y pago de los dineros dejados
de percibir por concepto del reconocimiento de la prima especial de servicios,
por considerar que ese concepto constituye factor salarial desde 1993 hasta
2007 y desde el 2011 hasta la fecha en que se cause.
c) Mediante la Resolución DESAJMR14-4806 del 19 de septiembre de 2014, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia negó la
solicitud.
d) Inconforme con la anterior decisión, la demandante el 2 de octubre de 2014
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto negativamente a través de
la Resolución 6740 del 01 de diciembre de 2015.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La accionante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículos 1, 13, 25, 53, 58, 150 (numeral 19) y 230; el Decreto 717 de 1978, artículo
12; la Ley 153 de 1887, artículos 5 y 10; la Ley 4 de 1992, artículos 2 (literal a), 3, 14
y 15; la Ley 270 de 1996, artículo 152 (numeral 7); el Decreto 1251 de 2009, artículo
2; la Ley 1395 de 2011, artículo 115; la Ley 1437 de 2011, artículos 10, 102, 123, 138,
189, 269, 270 y 271.
3 Cuaderno físico, folios 1 a 9.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
4. En el concepto de violación argumentó que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
establece una prima equivalente al 30% del salario básico, con carácter salarial y
regulada por el Gobierno nacional mediante decretos reglamentarios, la cual no se
pagó desde 1993 hasta la fecha. La sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, declaró la nulidad de los artículos de los
decretos sobre el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial (1993-2007) que
fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración
mensual, aunque corresponde al 30 % adicional a esta. Esta sentencia es constitutiva
de derechos, por lo que la prescripción extintiva se cuenta desde su ejecutoria (9 de
julio de 2014) y no desde 1993.
5. Consideró que la prima especial de servicios del 30 %, descontada a la
demandante, constituye un componente de la remuneración mensual cuyos efectos
salariales y prestacionales fueron omitidos desde 1993. Aunque fue establecida por el
Gobierno nacional conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, no se pagó en forma
adecuada hasta la presentación de la demanda. Además, afirmó que dicho porcentaje
no se incluyó como factor salarial para liquidar prestaciones sociales, tales como
primas de servicio y navidad, vacaciones y el auxilio de cesantías.
2.2. Contestación de la demanda
6. La apoderada de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones
formuladas y propuso las excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del
derecho reclamado y cobro de lo no debido; legalidad de los actos
acusados, y prescripción trienal4. Argumentó que con la expedición de la Ley 4 de
1992, en cumplimiento del artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política, la facultad para fijar las remuneraciones de los servidores públicos radica
única y exclusivamente en el Congreso de la República.
7. Señaló que los efectos de la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado, ejecutoriada el 22 de julio del mismo año,
son hacia el futuro o ex – nunc, por tanto, no es posible que esta produzca efectos
retroactivos porque no es de carácter particular.
8. Manifestó que la administración ha pagado a la demandante las prestaciones
sociales conforme a lo establecido en la Ley 4 de 1992, por tanto, no hay razón para
que se acceda a las pretensiones de la demanda, pues su actuación ha estado
ajustada al mandato expreso de la legislación.
9. Finalmente, indicó que la autoridad administrativa está sometida al imperio de
la ley y debe aplicar el derecho vigente con estricto cumplimiento, sin potestad para
4 Cuaderno físico, folios 138 a 147.
4
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Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
interpretar o inaplicar normas, ya que dicha facultad corresponde exclusivamente a los
jueces mediante sus sentencias.
2.3. Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia
dictada el 14 de junio de 20245, dispuso:
PRIMERO. – –Declarar no probadas las excepciones de legalidad de los actos
acusados, ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de
lo no debido, propuestas por la demandada.
SEGUNDO. - DECLARAR parcialmente probada la EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN propuesta por la NACIÓN – RAMA JUDICIAL- CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL frente a las sumas adeudadas y causadas con anterioridad al 26 de agosto
de 2011, tal como se expuso en esta decisión.
TERCERO. - INAPLICAR para el caso concreto, los decretos que regularon el régimen
salarial de la Rama Judicial, concretamente el artículo 8 de los decretos 874 de 2012,
1024 de 2013, 194 de 2014 y en adelante, en los que se reproduzca que el 30% del
salario básico constituye la prima especial, y mientras se continúe desempeñando
como Juez, conforme lo señalado en la sentencia.
CUARTO. - DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJMR 14-4806 del 19
de septiembre de 2014 mediante la cual se negó la petición interpuesta por la parte
actora, así como de la Resolución No. 6740 del 01 de diciembre de 2015, por medio
de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No.
DESAJMR 14-4806 del 19 de septiembre de 2014, tal como se motivó.
QUINTO. - A modo de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL:
A) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales a la señora YOLANDA DE JESÚS
VELÁSQUEZ ZULUAICA, identificada con cédula de ciudadanía Nº 32.320.321
desde el 26 de agosto de 2011, y hasta que permanezca en el servicio devengando
la denominada prima especial, teniendo en cuenta como factor salarial el 30%
descontado por este concepto.
B) Reliquidar y pagar a la señora YOLANDA DE JESÚS VELÁSQUEZ ZULUAICA
la prima especial de servicios como adición al salario, desde el 26 de agosto de
2011, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
5 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal índice 56, expediente digital
5
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Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
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C) Realizar los descuentos de ley para la seguridad social en pensiones en las
proporciones correspondientes, respecto de las diferencias no cotizadas.
D) Todas las sumas resultantes de esta condena serán ajustadas en su valor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando para el efecto,
la fórmula matemática financiera indicada en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO. - Dar cumplimiento a la sentencia en términos del artículo 192 y 195 del
CPACA.
SÉPTIMO. - Sin costas en esta instancia procesal, tal como se expuso.
[…]
11. Sostuvo que se acreditó que la accionante tiene derecho al reconocimiento de
la prima especial de servicios como incremento del salario básico, sin exceder el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, según el tiempo que ejerció como
juez municipal y del «circuito», es decir, desde el año 1993 hasta el 31 de julio de 2017.
Al revisar los conceptos devengados y liquidados, se evidencia que no se pagó dicha
prima como adición al salario. Por tanto, la entidad no aplicó la interpretación correcta
establecida por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de septiembre de 20196.
12. A modo de restablecimiento del derecho, ordenó reliquidar y pagar las
prestaciones sociales de la parte actora, desde el 26 de agosto de 2011, y hasta que
permanezca en el servicio devengando la denominada prima especial, teniendo en
cuenta como factor salarial el 30% descontado por concepto de prima especial;
asimismo ordenó reconocer y pagar la prima especial de servicios como adición al
salario, desde el mismo período, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
13. Finalmente, se ordenó ajustar los valores de las liquidaciones, declarar la
prescripción de lo causado antes del 26 de agosto de 2011 —dado que la reclamación
administrativa se presentó el 26 de agosto de 2014— y no imponer condena en costas.
2.4. Recurso de apelación
14. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia
presentó recurso de alzada7, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia. Señaló que según la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar el régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno
nacional, en ese sentido, la DEAJ liquidó y canceló el salario y las prestaciones durante
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces.
Sentencia del 2 de septiembre de 2019, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Sentencia SUJ-CE-S2-
2019. M.P. Carmen Anaya de Castellanos.
7 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal índice 59, expediente digital.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el tiempo que la demandante tuvo el derecho en forma legal y ajustada a la normativa
vigente.
15. Sostuvo que la administración judicial está impedida para generar o disponer
reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales sin contar con la
respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos
necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley
o las sentencias judiciales. Agregó que si así lo hiciera estaría desacatando el
ordenamiento legal vigente, con las consecuencias disciplinarias, fiscales y penales de
una decisión en ese sentido.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
16. Esta corporación dictó auto el 7 de abril de 20258 en el que admitió el recurso
de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con
el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar a
aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del
artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
18. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y
teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
19. ¿La demandante tiene derecho a la reliquidación del salario y las prestaciones
sociales devengadas durante el ejercicio del cargo de juez con la inclusión del 30%
que presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima
especial de servicios, a pesar de que la Rama Judicial adujo que actuó de conformidad
con los decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional?
20. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un
argumento válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias
8 Samai, expediente digital de segunda instancia, índice 5, archivo «4Autoqueadmite_53202024Autoadmiteap(.pdf)
NroActua 5».
7
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual
al 70 %, aun cuando la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición
del sueldo?
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
21. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior
al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
22. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…]
23. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (a) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (b) se aplicaría, con las
9 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
8
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
«mismas limitaciones»10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las
altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados
del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los
procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.
24. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de
los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
30 % de la «remuneración mensual».
25. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias
jurídicas»11.
26. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»12.
27. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
10 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,
exp. 11001-03-25-000-2003-00057-00(121-03).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009,
exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
28. En una tercera ocasión, la Sala de Conjueces, por medio de sentencia del 29
de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»13 . La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 14.
29. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»15.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-
00087-00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los
siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del
Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996;
6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997;
6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto
2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13
del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730
de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del
Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de
2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto
935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007;
y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,
rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009,
exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).
10
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
30. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se
descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
31. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»16. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 2009 17.
32. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al
considerar que, «a partir de la expedición de los decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014,
exp. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva
de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del
Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994;
10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996;
10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del
Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de
1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del
Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720
de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del
Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto
3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004;
6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del
Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del
Decreto 3048 de 2007».
17 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30 % de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70 % de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30 %, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese
porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
11
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»18.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
33. Por último, en sentencia del 9 de abril de 2024, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto
658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de
2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722
de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
12
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
34. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumentos específicos para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.4. Hechos probados
35. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:
(a) La señora Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica estuvo vinculada a la Rama
Judicial en el cargo de juez municipal desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de julio
de 2017, sometida al régimen salarial de acogidos19.
(b) Durante las vigencias fiscales correspondientes al 1 de enero de 1993 y el 31 de
julio de 2017, devengó, de forma mensual, los emolumentos de sueldo básico, prima
especial de servicios, entre otros. A modo de ejemplo se relacionan algunos años20:
Juez de la República
Remuneración mensual
Año Asignación básica Prima especial Total pagado21
fijada por el Gobierno
$937.500
nacional
1993 $721.154 216.346 $937.500
Decreto 57 de 1993
$1.134.375
1994 $872.596 $261.779 $1.134.375
Decreto 106 de 1994
$1.539.348
1996 $1.184.114 $355.234 $1.539.348
Decreto 36 de 1996
$2.332.088
1999 $1.793.914 $538.174 $2.332.088
Decreto 44 de 1999
$2.632.422
2001 $2.024.940 $607.482 $2.632.422
Decreto 1475 de 2001
$2.998.837
2004 $2.306.798 $692.039 $2.998.837
Decreto 4172 de 2004
$4.105.560
2010 $3.158.123 $947.437 $4.105.560
Decreto 1388 de 2010
2013 $3.538.836 $1.061.651 $4.600.487 $4.600.487
Decreto 1024 de 2013
19 Certificación del 22 de agosto de 2019, expedida por la coordinadora de asuntos laborales de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Antioquia, visible en el cuaderno físico, folio 204.
20 Constancias de tiempos de servicios del 20 de febrero de 2008, 3 de octubre de 2014 y 22 de agosto de 2019,
expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia, visible en el cuaderno físico, folios
47 y 48, 49 a 58 y 204.
21 La Sala obtuvo este resultado al realizar la suma de los factores relacionados, devengados por la demandante
en cada periodo.
13
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
$4.735.742
2014 $3.642.878 $1.092.864 $4.735.742
Decreto 194 de 2014
$4.956.427
(remuneración mensual
2015 $3.812.636 $1.143.791 $4.956.427 anterior $4.735.742 más
4.66%)
Decreto 1257 de 2015
(c) Mediante petición radicada el 26 de agosto de 201422, la señora Yolanda de Jesús
Velásquez Zuluaica solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Antioquia lo siguiente:
✓ El reconocimiento de los efectos salariales y prestacionales del 30% que a título
de prima especial de servicios se le venía descontando, razón por la cual
consideró que debía ordenarse la reliquidación y pago de sus prestaciones
sociales sobre el 100% de su remuneración básica mensual, con inclusión del
30% que se canceló a título de prima especial.
✓ El pago de la prima especial de servicios, como concepto adicional al salario.
(d) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia, expidió
la Resolución DESAJMR14-4806 del 19 de septiembre de 2014, en la que negó la
solicitud de la demandante, bajo el argumento de que acceder a sus pretensiones
implicaría contrariar el ordenamiento jurídico. Inconforme con esta decisión, la
accionante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución
6740 del 01 de diciembre de 2015 que confirmó la decisión anterior.
3.5. Análisis del caso concreto
36. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
3.5.1. Del derecho a la reliquidación del salario y las prestaciones sociales a favor
de la demandante
37. En el recurso de apelación la Rama Judicial se opuso al restablecimiento del
derecho y a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que canceló las
acreencias laborales de la peticionaria en observancia de los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional, y en virtud de ello, manifestó que se debían negar
las súplicas, ante la inexistencia del derecho reclamado.
22 Según se puede evidenciar en la petición correspondiente, visible a folios 65-71 del expediente físico.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
38. Frente a lo anterior, las pruebas aportadas al expediente dan cuenta de que,
durante su vinculación como juez de la República, la señora Yolanda de Jesús
Velásquez Zuluaica recibió una remuneración mensual inferior a la que legalmente le
correspondía, en atención a que el 30% de esta fue descontada a título de prima
especial.
39. Al respecto, la Sala destaca que esta situación es similar a la que dio origen a
la sentencia SUJ-016-S2-19, proferida el 2 de septiembre de 2019 por esta
corporación. En aquella decisión, se precisó que la prima especial es un incremento
del salario básico, y que los beneficiarios de dicho concepto «tienen derecho a la
reliquidación de las prestaciones sobre el 100 % de [la asignación básica], es decir,
con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial»23.
40. Asimismo, en la mencionada decisión se hizo referencia a la sentencia del 29
de abril de 201424, en la que se declaró la nulidad parcial de los decretos emitidos por
el Gobierno nacional entre 1993 y 2007, que establecieron que el 30 %
correspondiente a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hacía
parte del salario. Sobre el particular, se explicó que, a partir de dicha situación, se dio
una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por
cuanto consideraron que el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 % restante
a la asignación básica. En ese orden, indicó que la forma de liquidación que se
ajustaba a los principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no
regresividad era la de reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario,
es decir, como una adición de la asignación básica mensual.
41. En consecuencia, el hecho de que la Rama Judicial considerara que actuó
conforme a derecho al proceder en cumplimiento de los decretos salariales expedidos
por el Gobierno nacional, lo cierto es que actuó bajo una interpretación errónea,
contraria a las normas superiores que pretenden desarrollar aquellos, que debe ser
corregida para garantizar los principios mencionados, particularmente, en escenarios
en los que está demostrado que se fraccionó la remuneración mensual, al haberse
pagado el 30 % de esta a título de prima especial, y liquidado las prestaciones sociales
sobre el 70 % restante.
42. En esa medida, tal y como lo indicó el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Transitoria en primera instancia, le asiste el derecho a la demandante a que su
asignación básica se calcule sobre el 100 % de la remuneración determinada por el
Gobierno nacional y a que las prestaciones sociales se liquiden sobre dicho porcentaje,
sin sustraer el 30 % que corresponde a la prima especial, emolumento que debe
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014,
rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00.
15
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reconocer de manera adicional. Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico
es positiva.
43. Ahora bien, la Sala precisa que lo anterior no significa que se modifique el
régimen salarial, puesto que la demandante pretendió obtener el reconocimiento de un
derecho legalmente previsto como es la inclusión del 30 %, que fue incorrectamente
sustraído, como parte del ingreso base de liquidación. Por lo tanto, esta solicitud no
implica una modificación normativa, sino la corrección de una interpretación errónea,
que excluyó indebidamente dicho porcentaje de la remuneración básica mensual, al
asignarle la denominación de prima especial de servicios.
3.5.2. De la procedencia del restablecimiento del derecho a favor de la
demandante, ante la imposibilidad presupuestal manifestada por la Rama
Judicial
44. En el recurso de apelación, la Rama Judicial argumentó que no había lugar a
conceder el restablecimiento del derecho porque era presupuestalmente inviable
acceder a lo pretendido por la accionante, en la medida que no contaba con la
apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
cubrir el reconocimiento de acreencias laborales y, en particular, de la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la consecuente reliquidación.
45. Frente a lo anterior, la Sala precisa que la jurisprudencia constitucional ha
indicado que «la situación económica del empleador, sea este público o privado, [así
como] los argumentos económicos, presupuestales o financieros, no justifican el
incumplimiento del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios
de los trabajadores», ni que se omita el deber de adoptar las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la medida en que este tipo
de conductas desconocen los derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias25.
46. Aunado a lo expuesto, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 previó, de manera
clara, la obligación de que se efectúe el reconocimiento y pago de la prima especial, y
posteriormente, el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 estableció que aquella haría parte
del ingreso base, únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación.
47. En este orden de ideas, la Sala no encuentra de recibo los argumentos
planteados por la Rama Judicial en el recurso de apelación, pues, como se indicó, las
limitaciones presupuestales no constituyen una causal válida para que la entidad
justifique que no puede asumir el restablecimiento del derecho. Además, si la entidad
accionada considera que no tiene el presupuesto suficiente para asumir el pago de sus
25 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
acreencias laborales, debe adelantar las gestiones pertinentes para recaudar los
recursos necesarios para cumplir las obligaciones que le fueron impuestas en la ley.
48. Así las cosas, la «imposibilidad» de asumir el restablecimiento del derecho en
el caso concreto por falta de presupuesto, además de vulnerar el derecho establecido
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, supone la afectación en el pago de los aportes
que, por mandato legal, se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por su carácter irrenunciable e imprescriptible.
49. En consecuencia, la Subsección desestima el reparo bajo análisis, y concluye
que la respuesta al problema jurídico es positiva.
3.6. Consideraciones adicionales
50. La Sala reitera, por un lado, que la prima especial reclamada constituye un
factor a tener en cuenta para liquidar la pensión; por otro, que los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables26 e imprescriptibles27. Por esta
razón, si bien el a quo se pronunció sobre el particular en la sentencia de primera
instancia, se estima pertinente adicionar el fallo apelado, en el sentido de ordenar que
la entidad demandada deberá realizar los respectivos aportes a seguridad social en
pensiones, derivados de (a) la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, y (b) la diferencia salarial del 30 % de la asignación básica, a que tendría derecho
la actora, como consecuencia de haberse acreditado que dicho concepto no fue
cancelado y que el salario se liquidó sobre el 70 % y no sobre el 100 % como
correspondía, en el periodo comprendido entre el 7 de enero de 1993 – en la medida
que fue a partir del Decreto 57 de la referida fecha que se materializó el reconocimiento
de la prima, y a partir del cual incorrectamente se interpretó que hacía parte del salario
y no constituía una acreencia adicional – hasta que ocupe el cargo que le permite
percibir los emolumentos reclamados.
51. En ese orden, los aportes se deberán efectuar de la siguiente manera:
(a) Los correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de enero 1993 y la fecha
de entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, sobre el 100 % del salario, en la medida
en que se debe incluir el 30 % que se canceló a título de prima especial.
26Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(b) Respecto de las cotizaciones derivadas de la prima especial, desde la entrada en
vigor de la Ley 332 de 1996, por cuanto, a partir de esta, se consideró que dicha
prestación es factor de cotización únicamente para pensión. Estos aportes se deberán
realizar hasta la permanencia en los cargos que dieran lugar a su reconocimiento,
siempre que la entidad no los hubiere realizado.
Los aportes por efectuar corresponden a los causados, en los términos antes
señalados, desde el 7 de enero de 1993 y durante el tiempo en que la peticionaria
desempeñó el cargo que le permite percibir las acreencias aquí reconocidas.
52. En suma, para la liquidación de los aportes a seguridad social en pensión, (a)
del 7 de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, se deben
efectuar teniendo como base el 100 % de remuneración básica mensual; (b) y desde
la entrada en vigor de la referida norma hasta que ocupe el cargo que le otorga el
derecho, con base en la anterior asignación más el 30 % correspondiente a la prima
especial.
53. Asimismo, se adicionará la sentencia para disponer que los reconocimientos
serán procedentes siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las
reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente (por
ejemplo, con ocasión del Decreto 272 de 2021, a partir del cual de manera acertada
se precisó que la prima especial es un factor adicional al salario), motivo por el cual la
parte demandada deberá efectuar la revisión correspondiente.
3.7. Conclusión
54. La Sala concluye, por un lado, que la señora Yolanda de Jesús Velásquez
Zuluaica tiene derecho al reajuste salarial correspondiente al 30 % de su asignación
básica mensual, así como a la reliquidación de sus prestaciones sociales en los
términos expuestos. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia,
pero se adicionará a efectos de precisar los términos en que se debe efectuar el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en atención a su
naturaleza irrenunciable e imprescriptible, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. Asimismo, se efectuarán algunas precisiones en aras de
que se verifique que las sumas de dinero reconocidas no se hayan cancelado con
anterioridad.
55. Por otra parte, se reitera que la Rama Judicial no se encuentra exonerada de
asumir el cumplimiento del restablecimiento del derecho ordenado en primera
instancia, ante la falta de presupuesto para ello.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.8. Costas
56. En lo atinente a las costas, la presente providencia, por razones de seguridad
jurídica e igualdad, acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la Subsección
sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
57. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Transitoria, el 14 de junio de 2024, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Adicionar al ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada lo
siguiente:
La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial deberá
reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones en favor de la señora Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica, así: (a) del 7 de
enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el
28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024)
Demandante: Yolanda de Jesús Velásquez Zuluaica
Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
100 % de remuneración básica mensual; (b) y desde la entrada en vigor de la referida
norma hasta que ocupe el cargo que le otorga el derecho, con base en la anterior
asignación más el 30 % correspondiente a la prima especial, siempre que la entidad no
los hubiera realizado.
Lo reconocido en esta providencia será procedente siempre y cuando las sumas a pagar
por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la
entidad previamente, por lo que corresponde a esta hacer la verificación
correspondiente.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
anotaciones en Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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