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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00083-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00083-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 – servidores de
la Fiscalía General de la Nación. Subtema: irrenunciabilidad e imprescriptibilidad
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El demandante, fiscal delegado vinculado a la FGN desde el 15 de julio de 1994,
demandó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad le
negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como emolumento adicional a su salario, así como
la reliquidación de las prestaciones sociales que se vieron afectadas al considerar
que dicha prima, sin factor salarial, hacía parte de la remuneración básica.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
declaró la nulidad de los actos acusados, ordenó el pago de la prima especial desde
el 11 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2020 —luego de declarar probada
la excepción de prescripción de forma parcial— y dispuso la reliquidación de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, destacando que son
imprescriptibles.

La entidad demandada apeló exclusivamente el reconocimiento de los aportes
pensionales, por estimar que ese reconocimiento desconoce la prescripción trienal.
La Sala confirmará el reconocimiento de aquellos de manera imprescriptible.

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Julián Cardona Gaviria, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 2 de febrero de 2021, con las
siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(a) Declarar la nulidad del Oficio 20205920002071 GSA 30860 del 17 de
febrero de 2020 y de la Resolución 2-0544 del 15 de abril de 2020, mediante
los cuales la entidad accionada le negó a la parte demandante la reliquidación,
reajuste y pago de los factores salariales y prestacionales –sueldo, prima
especial, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios
prestados, primas de vacaciones, de servicios y de navidad– teniendo en
cuenta la prima especial.

(b) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
Nación, Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN), a reconocer y pagar
la prima especial de servicios equivalente al 30 % del salario básico legal,
como incremento o adición de la remuneración mensual básica. Asimismo, que
se ordene el pago de las diferencias en las prestaciones sociales a que haya
lugar, tomando como base el porcentaje correspondiente a dicha prestación.

(c) Reajustar los factores salariales y prestacionales hacia el futuro
mientras ocupe el cargo de fiscal delegado o alguno de los cargos enlistados
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 al servicio de la accionada, teniendo en
cuenta la asignación del 100 % más el 30 % de la prima especial mensual en
cuestión, con todos los efectos prestacionales.

(d) Condenar a la demandada al reconocimiento y pago de la incidencia
sobre la base de cotización al Sistema General de Pensiones que conlleva las
reliquidaciones, reajustes y pagos peticionados a favor del demandante, por el
tiempo que ha ocupado el cargo de fiscal delegado y hasta tanto se
desempeñe en el mismo o alguno de los empleos enlistados en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 en la FGN.

2.1.2. Hechos

2. El señor Julián Cardona Gaviria presta sus servicios a la Fiscalía General de
la Nación y, para el momento de la presentación de la demanda, se encontraba
ocupando el cargo de fiscal delegado ante los jueces penales.

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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

3. Indicó que entre julio de 1994 y diciembre de 2003 le fue cancelada la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (modificado por la Ley 332
de 1996 y aclarado por el artículo 1 de la Ley 476 de 1998), periodo durante el cual
le fueron reconocidos y pagados los factores salariales y prestacionales
(bonificación por servicios prestados, primas de servicios, de vacaciones y de
navidad, cesantías e intereses a cesantías), pero que se tomó una base (sueldo +
gastos de representación) disminuida, porque se le restó el 30 % a título de la prima
especial en comento, por tanto, tampoco se hizo el traslado completo del monto
porcentual que le correspondía por cotización al Sistema de Seguridad Social en
Pensión.

4. Explicó que desde el 1 de enero de 2004 la administración dejó de reconocerle
la asignación básica del 30 % por concepto de la prima especial, a pesar de
continuar ejerciendo el cargo de fiscal delegado antes los jueces penales.

5. Tal circunstancia conlleva que la base para cotización al Sistema de Seguridad
Social en Pensión del accionante, como fiscal delegado, se encuentre disminuida
durante toda su vida laboral con la FGN.

6. Relató que le solicitó a la parte accionada el reconocimiento y pago, de un
lado, de la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30 % de su
remuneración mensual, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un
incremento o adición al salario, y de otro, de todas las sumas de dinero que deben
calcularse teniendo en cuenta dicha prestación.

7. Señaló que las anteriores peticiones fueron negadas a través de los actos
acusados.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

8. En la demanda se invocaron como desconocidas las siguientes normas:

➢ Constitución Política, el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83,
136 y 158 (numeral 19).
➢ Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14.
➢ Ley 270 de 1996, artículo 152, numeral 7.
➢ Ley 1437 de 2011, artículo 3, numerales 1, 2 y 3.
➢ Declaración Universal de Derechos Humanos.
➢ Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT.
➢ Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 4.
➢ Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127, 128 y 143.

9. En el concepto de violación sostuvo que la FGN vulneró las garantías
constitucionales relacionadas con la protección de los trabajadores y el régimen

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Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

salarial fijado por la Ley 4 de 1992 (modificado por la Ley 332 de 1996 y aclarado
por el artículo 1 de la Ley 476 de 1998), al desconocer que la prima especial de
servicios constituye un emolumento adicional al salario, más no parte de él.

10. Asimismo, reprochó que del año 2003 en adelante, teniendo en cuenta los
decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía,
se dejó de reconocer la prima especial de servicios, lo que resulta contrario a las
normas invocadas y a los principios de progresividad y no regresividad.

11. En ese orden de ideas, consideró que las decisiones acusadas deben
anularse, pues con la negativa de la petición elevada persisten los anteriores errores
en cuanto al debido reconocimiento y pago de la prima especial, como una
remuneración adicional al salario, en lugar de considerarla parte de él o dejar de
otorgarla, en perjuicio de sus derechos laborales.

2.2. Contestación de la demanda

12. La FGN, por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda1 mediante
escrito en el que se opuso a las pretensiones. Para ello, realizó algunas
consideraciones sobre las decisiones que se han dictado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sede de simple nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho2, las cuales han concluido que se incurrió en un error al considerar que la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 hace parte del salario,
aunque constituye una acreencia adicional a él, con la precisión de que solo
constituye factor salarial para efectos de los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensión.

13. A partir de lo anterior, precisó que no es procedente acceder a la reliquidación
de las prestaciones sociales del demandante con fundamento en la prima especial
de servicio, pues esta solo es factor salarial para efectos pensionales. Asimismo,
aclaró que los únicos funcionarios que tendrían derecho a reclamar la liquidación de
sus prestaciones sociales con la inclusión del porcentaje del 30 % del salario que le
fue excluido, en virtud del incorrecto entendimiento del alcance de la prima especial,
serían los que estuvieron cobijados por los decretos del Gobierno nacional que
reprodujeron el referido error, pero siempre y cuando respecto de las acreencias
reclamadas no haya operado el fenómeno de la prescripción.

14. Seguidamente, subrayó que a partir del año 2003, con ocasión al Decreto
3549 del 10 de diciembre de ese año, el Gobierno nacional, respecto al régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la FGN, dejó de considerar que
la prima especial del 30 % hacía parte del salario, motivo por el cual desde el 2003
los salarios y prestaciones sociales se han liquidado correctamente sobre una base

1 Samai Tribunal, índice 00017, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 17, 24_CONTESTACIONDEMANDA.
2 Hizo énfasis en la siguiente sentencia: «SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, Sala Plena de

Conjueces de la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado, C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba,
expediente No. 73001-23-33-000-2017-00568-01 -00, N.I. 5472-2018».
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del 100 %, por lo que sobre el particular carece de objeto la petición del accionante.

15. Agregó que desde el 1 de enero de 2021, con el Decreto 272 de 2021, la
prima especial equivalente al 30 % del salario básico, se reconoce por el Gobierno
nacional como una acreencia adicional a la asignación básica, que solo constituye
factor salarial para efectos del ingreso base de cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Pensión y Salud; «de manera que las pretensiones del
demandante no tienen vocación de prosperar, en los términos expuestos en la
demanda».

2.3. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, mediante sentencia dictada el 30 de agosto de 2024, resolvió3:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en las sentencias de Unificación Jurisprudencial del 2 de
septiembre de 2019 y del 15 de diciembre de 2020, por las razones expuestas en la
parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR probadas PARCIALMENTE las excepciones de carencia
de objeto respecto al factor salarial de la prima especial y prescripción de lo
reclamado por el demandante causado antes del 11 de febrero de 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD del Radicado No. 20205920002071 Oficio
No. GSA - 30860 del 17 de febrero de 2020 y parcialmente de la Resolución No. 2-
0544 del 15 de abril de 2020, en cuanto negaron al señor Julián Cardona Gaviria el
pago de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1993 (sic), conforme con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la Nación- Fiscalía General de la Nación a RECONOCER
y PAGAR en favor del señor Julián Cardona Gaviria la prima especial de servicios
calculada como un adicional del 30% sobre la base del 100% del salario básico del
11 de febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.

Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional
para cada anualidad, debiendo descontar lo pagado efectivamente por estos
mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: La Nación-Fiscalía General de la Nación ajustará los pagos de cotización
a la seguridad social en pensión del demandante derivadas del reconocimiento de
la prima especial de servicios, sin afectar dicha obligación por el fenómeno de la
prescripción, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEXTO: La Nación-Fiscalía General dará cumplimiento al presente fallo en el
término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones, por las razones expuestas en la parte
motiva.

3 Samai Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36, 65_SENTENCIA.

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OCTAVO: Sin condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva.

17. Señaló que, revisados los actos administrativos demandados, encontró que
el porcentaje para liquidar la prima especial de servicios se computó dentro del
salario básico hasta el año 2002, y del año 2003 en adelante se dejó de pagar la
mencionada prima especial de servicios, desatendiendo la jurisprudencia que para
la época existía y aplicando erróneamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

18. Seguidamente, indicó que en providencia del 15 de diciembre de 2020, la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado revisó la situación
de los servidores de la FGN después del año 2003 y el reconocimiento de la prima
especial de servicios, en los siguientes términos:

desde el año 2003 el Gobierno Nacional en los Decretos que fijan anualmente al
régimen salarial de la Fiscalía no reguló este emolumento, por lo que el interrogante
que se desprende es si las reclamaciones posteriores al año 2002 tienen vocación
de prosperidad, pues en palabras del juez de primera instancia no existe fundamento
normativo para que opere su reconocimiento.

La respuesta al anterior interrogante debe ser afirmativa por las siguientes tres
razones: 1. La ley 4.ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere
al Gobierno nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el
cual en todo caso no puede ser inferior al 30%. 2. La prima especial fue
reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía que se
acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que
debía pagarse el 30% del salario básico. 3. Ante la existencia de un imperativo legal
y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria que posteriormente es
suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y no regresividad
de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una relación
de derecho administrativo laboral.

19. Bajo ese entendido, dijo que el reconocimiento de la prima especial de
servicios resulta viable después del año 2003, a pesar no haber sido consagrada en
los decretos salariales y prestacionales dirigidos a la FGN.

20. Por otra parte, sostuvo que con la expedición del Decreto 272 de 2021, la
demandada se obligó a incluir en la nómina de los beneficiarios la prima especial de
servicios correctamente liquidada. Normativa que entró en vigor el 1 de enero de
2021. No obstante, ello no implicó el pago de la diferencia generada en los periodos
laborales anteriores. En consecuencia, consideró que había lugar a declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados, solo en lo relacionado con el
demandante, puesto que en ellos se resolvió la situación de varios peticionarios.

21. Seguidamente, también precisó en cuanto al fenómeno de la prescripción,
que como la parte demandante solicitó ante la entidad enjuiciada el reconocimiento
y pago de las diferencias prestacionales adeudadas, con ocasión al artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, el 11 de febrero de 2020, operó dicho fenómeno para las sumas
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causadas antes del 11 de febrero 2017. Por tanto, a título de restablecimiento del
derecho, solo se reconocería el pago de la prima especial de servicios calculada
como un adicional del 30% sobre la base del 100% del salario básico del 11 de
febrero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.

22. Sostuvo que dado que la prima especial de servicios se considera un factor
salarial para los aportes a la seguridad social en pensión y la FGN no realizó estos
pagos, se ordenaba ajustar las cotizaciones de la parte demandante desde que se
generó el derecho. Esto sin afectar la obligación por el fenómeno de la prescripción,
pues el derecho a la pensión es irrenunciable e imprescriptible, según lo reconoció
la Corte Constitucional en la sentencia SU-567 de 2015.

23. Finalmente, frente a la pretensión de reconocimiento salarial a la prima
especial de servicios para liquidar las prestaciones sociales, precisó que el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 expresamente lo prohibió. Limitación que, dijo, fue ratificada
por la Corte Constitucional al declarar exequible la expresión «sin carácter salarial».
Por tanto, este emolumento no podía ser incluido para determinar la base sobre la
cual se van a liquidar las prestaciones sociales del demandante, de ahí que resulte
probada parcialmente la excepción de carencia de objeto.

2.4. Recurso de apelación

24. La entidad demandada presentó recurso de apelación4, en el que únicamente
controvirtió que se hubiere ordenado la reliquidación de los aportes a pensión, con
inclusión de la prima especial, en la medida que dicha orden, a su juicio, no está en
consonancia con la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del Consejo de Estado, que no
estudió el tema de la prescripción de los aportes a pensión, ni con el criterio
establecido en la sentencia T-932 de 2008 de la Corte Constitucional, que indicó lo
siguiente:

En conclusión, la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él
implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla
general de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

25. En ese orden de ideas, argumentó que existe prescripción sobre la prestación
de la cual se deriva el aporte a pensión.

2.5. Trámite procesal

26. Mediante auto del 28 de enero de 20265, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

4 Samai Tribunal, índice 00039, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 39, 66_ MEMORIALWEB _RECURSO.
5 Samai índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 04, 5_AUTOQUEADMITE.

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Demandante: Julián Cardona Gaviria
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3. Consideraciones
3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto
en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación6
interpuesto por la FGN, la Sala procede a resolver el siguiente problema jurídico:

29. ¿Resultaba procedente ordenar, en favor del demandante, la reliquidación y
pago de los aportes a seguridad en pensión, bajo la consideración de que frente a
aquellos no operó el fenómeno de la prescripción?

30. Antes de resolver el interrogante planteado, la Sala realizará algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, en el caso de los fiscales de la FGN, por ser la acreencia alrededor
de la cual se desarrolló la controversia.

3.3. Prima especial de servicios –reiteración jurisprudencial–

31. La Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron los objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una
prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial,
para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces,
incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra
y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

32. El Decreto 53 de 1993, expedido por el Gobierno nacional en virtud de la
competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la FGN, por medio del cual previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 tenían la posibilidad de optar por el
régimen salarial y prestacional establecido en dicho decreto o mantener el que regía
con anterioridad, con la excepción establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
que excluía del beneficio de la prima especial a quienes optaran «por la escala de
salarios de la Fiscalía General».

33. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar

6 Artículo 320 del CGP.
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que la prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la FGN, con la excepción allí
establecida, solo constituye factor salarial para calcular el ingreso base de las
cotizaciones para pensión de jubilación.

34. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 6.° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o
lo adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario
base de liquidación de la pensión de jubilación».

35. El Gobierno nacional, al dictar los decretos anuales para fijar las normas del
régimen salarial y prestacional de los servidores de la FGN, reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual» de los fiscales delegados de todo orden, de los
directores nacionales, regionales y seccionales, y de los jefes de oficina, de división
y de Unidad de Policía Judicial.

36. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las
normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la FGN, esta
Sección, mediante sentencia del 14 de febrero de 2002, declaró la nulidad del
artículo 7 del Decreto 38 de 1999, por «su discordancia con las disposiciones
legales que debía acatar el Gobierno nacional al establecer el régimen salarial de
los servidores públicos a que se contrae la Ley 4 de 1992, más exactamente por
desconocer lo previsto en el Artículo 14 ibidem», al otorgar al 30 % del salario básico
el carácter de prima especial. En ese orden, la Sección precisó lo siguiente 7:

En virtud de lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 el Gobierno nacional
está facultado para establecer la prima a que ella se contrae a favor de los servidores
que allí se enlistan, mas no respecto de los funcionarios que opten por la escala de
salarios establecida para la Fiscalía General de la Nación con efectos a partir del 1.º
de enero de 1993 (…)

No obstante lo anterior, ha de precisarse que tal decisión no implica que el salario
fijado en el Artículo 4° del Decreto 38 de 1999 para los funcionarios sustraídos de la
posibilidad de establecer a su favor la prima de servicios, sufra alteración alguna, más
exactamente deterioro o disminución, ya que en dicho artículo se estableció el sueldo
mensual de los empleos de esa entidad, entre los que ellos se encuentran, sin que se

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-

00(197-99).
Mediante sentencia del 15 de abril de 2004, la Sección declaró la nulidad del artículo 8 del Decreto 2743 de
2000, con iguales consideraciones. Sin embargo, estableció lo siguiente: «con el propósito de rectificar parte de
la jurisprudencia contenida en el fallo de fecha 14 de febrero de 2002, del expediente 197 de 1.999, que al
decretarse la nulidad deprecada por el actor respecto de la referida prima especial sin carácter salarial (…), se
reduce el ingreso mensual de los funcionarios a que esta norma se refiere en un 30%, pues este porcentaje en
que consiste la prima establecida constituye un sobresueldo que contraviene, como ya quedó explicado, el
mandato del artículo 14 de la ley 4 de 1.992
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

advirtiera que parte alguna de tales salarios tenía una condición jurídica diferente a la
de remuneración por los servicios prestados, o más exactamente, la naturaleza de
prima de servicios.

Al desaparecer del concierto jurídico el Artículo 7º del Decreto 38 de 1999 que otorgó
al 30% del salario básico mensual de esos funcionarios el carácter de prima especial
de servicios, sólo subsiste el Artículo 4º del citado decreto mediante el cual, se insiste,
se fijó la escala salarial de los citados servidores públicos, sin que se hiciera precisión
acerca de que determinado porcentaje de dicha remuneración ostentara la
connotación de prima especial de servicios.

37. En una segunda etapa, la Sección, en sentencia del 17 de septiembre de
2007, «unificó el criterio» frente al estudio de legalidad de los decretos anuales que
fijaban el régimen salarial de los servidores de la FGN, en el sentido de señalar que
la declaración de nulidad de los artículos 7 del Decreto 50 de 1998 y 8 del Decreto
2729 de 2001, implica que los servidores públicos de esa entidad, enlistados en las
normas citadas, «que habían optado por el régimen de salarios de la Fiscalía
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1.º) de enero de 1993,
para efectos de liquidación de las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran
los destinatarios de la referida prima especial sin carácter salarial, y que no se les
reducen sus ingresos mensuales, en razón a que tales normas no habían
establecido un “sobresueldo”»8.

38. Mediante sentencia del 2 de abril de 2009, la Sección Segunda de esta
corporación rectificó la tesis que sustentaba la declaración de nulidad de los decretos
anuales, esto es, que los servidores de la Fiscalía enlistados en los decretos
demandados «no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial» prevista en la Ley 4 de 1992. En su lugar, la sentencia señaló que es «un
contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las primas por más exentas
que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la
remuneración mensual de los servidores públicos. Es consecuencia evidente de lo
considerado concluir, que el artículo 7.° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a
los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá
necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico»9.

39. De acuerdo con este marco jurisprudencial, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda, mediante sentencia del 15 de diciembre de 202010, fijó las reglas

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2007, exp. 11001-03-25-000-2003-

0113-01. En cuanto a las demás normas demandadas, la sentencia dispuso estarse a lo resuelto en las
providencias del 15 de julio de 2004 (exp. No. 11001-03-25-000 2002-0178-01 (3531-02) y 3 de marzo de 2005
(exp. No. 11001-03-25-000-1997 17021-01 (17021), «advirtiendo que, como consecuencia de tal declaración, los
servidores públicos enlistados en tales disposiciones que habían optado por el régimen de salarios de la Fiscalía
General de la Nación con efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 1993, para efectos de liquidación de
las prestaciones sociales a que haya lugar, no eran los destinatarios de la referida prima especial sin carácter
salarial» (sic).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-

01 (1831-01).
10 Expediente SUJ-023-CE-S2.

10

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Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

frente al reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial
del Decreto 53 de 1993, y a quienes se vincularon con posterioridad, en los
siguientes términos11:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 (sic) y 1848 de 1969.

40. La sentencia citada, que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico,
sustentó las reglas señaladas, en las siguientes razones:

La Ley 4.ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al Gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo
caso no puede ser inferior al 30 %;

La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30 % del salario básico;

Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo
las leyes 4.ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue
previsto por el Gobierno nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad
resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido,
aspecto que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución
sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

11 Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Se transcribe incluso con los errores del texto.

11

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Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

41. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21
de septiembre de 202212, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la FGN, dictados
en los años 2003 a 2017, con el argumento de que el 30 % del salario básico
mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como prima
especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede ser
imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste». Así
se precisó:

Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo
reconocida la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán
(sic) parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión
de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la
ley (…).

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que,
expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una
persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una
parte del mismo, como se anotó.

También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias
citadas, en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores
en el tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica
de manera sobreviniente.

3.4. Hechos probados

42. La Subsección tendrá por acreditado el siguiente hecho:

43. Según la constancia de servicios prestados de la FGN del 9 de marzo de
202013,aportada con la demanda, el señor Julián Cardona Gaviria se ha
desempeñado como fiscal delegado desde el 15 de julio de 1994, sin reportar
novedad de retiro para la fecha de expedición del documento.

3.5. Caso concreto

44. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.

12 Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,

52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004,
943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012,
1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017. Se transcribe incluso con los errores
del texto.
13 Samai Tribunal, índice 00002, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, 2_ANEXOS_DEMANDA.

12

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Demandante: Julián Cardona Gaviria
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45. Antes de proceder a la resolución del problema jurídico planteado, conviene
precisar que el fallo de primera instancia estableció, con sustento en las pruebas
obrantes en el expediente y en el marco jurisprudencial aplicable, cuatro hechos
que no fueron objeto de impugnación por las partes y que, por tanto, no es pertinente
volver sobre ellos en esta instancia:

(1) Que el porcentaje para liquidar la prima especial de servicios se
computó dentro del salario básico hasta el año 2002, y del año 2003 en
adelante se dejó de pagar la mencionada prima especial de servicios,
desatendiendo la jurisprudencia que para la época existía y aplicando
erróneamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

(2) Que desde el 1 de enero de 2021, en virtud del Decreto 272 de ese
año, el Gobierno nacional restableció el reconocimiento de la prima especial
como suma adicional a la asignación básica, por lo que desde esa fecha se
debería haber pagado regularmente; no obstante, tal hecho no implicó el pago
de la diferencia generada en los periodos laborales anteriores, por lo que había
lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

(3) En cuanto a la prescripción trienal, que como la parte demandante
solicitó el reconocimiento de las diferencias prestacionales adeudadas, con
ocasión al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el 11 de febrero de 2020, era
procedente el reconocimiento y pago de la prima especial calculada como un
adicional del 30 % sobre la base del 100% del salario básico, desde el 11 de
febrero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020 (antes de los efectos del
Decreto 272 de 2021).

(4) Negó la reliquidación de las prestaciones sociales solicitada,
argumentando que no es procedente efectuarla con base en la prima especial
de servicios, toda vez que esta solo es factor salarial para efectos pensionales.

46. Sobre ninguno de estos aspectos recayó la inconformidad en el recurso de
apelación, por lo que no es procedente pronunciarse sobre ellos. El único punto
sometido al conocimiento de esta Sala es el relativo a la orden de reliquidar los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones derivado del
reconocimiento de la prima especial de servicios, en la medida que la FGN sostuvo
que esa orden desconoce:

(a) la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 de la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo Estado.

(b) el fallo T-932 del 19 de septiembre de 2008 de la Corte Constitucional, que
indicó que la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho
considerado en sí mismo, mas no de las prestaciones periódicas o mesadas
que no han sido cobradas, puesto que se encuentran sometidas a la regla
general de prescripción de las acreencias laborales de 3 años, prevista en el
13

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

47. Hecha la anterior precisión, en lo que respecta a la prescripción, es necesario
aclarar que si bien es cierto la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre
de 2020 fijó la regla según la cual el reconocimiento de las acreencias derivadas de
la prima especial de servicios se contabiliza desde la fecha de presentación de la
reclamación administrativa hacia atrás, por un período de tres años, «nunca más
atrás», también lo es que dicha providencia no ahondó en el régimen específico de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, que requieren
tratamiento especial, dada su naturaleza irrenunciable14 e imprescriptible15, aspecto
que ha sido precisado en decisiones posteriores de esta Subsección 16.

48. En efecto, en sentencia del 19 de febrero de 2026 de esta Sala17, se precisó
que los aportes pensionales constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador
que se relaciona de manera directa con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, así como con los principios
laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario18, igualdad, progresividad y no
regresividad. En ese orden, se consideró inadmisible que el paso del tiempo o la
superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del
trabajador.

49. Asimismo, en la anterior providencia, con apoyo en la sentencia CE-SUJ2-
005-16 de esta Sección19, se reiteró que «no aplica el fenómeno prescriptivo frente
a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales», dado que los aportes
pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del empleador de cumplir
con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

14 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los

principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
16 Ver, por ejemplo: sentencia del 29 de enero de 2026, exp. 05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024),

M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 52001-23-33-000-2016-00474-01
(5203-2019), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de febrero de 2026, exp. 76001-23-33-000-
2016-01302-02 (6589-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Sentencia del 26 de noviembre de 2025, exp.
52001-23-33-000-2017-00609-03 (4094-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 18 de julio
de 2025, exp. 05001-23-33-000-2017-02262-02 (5558-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 19001-23-33-000-2017-

00402-02 (5187-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
18 Que significa, «ante la duda, a favor del trabajador».
19 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.
14

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

50. En consecuencia, se estima que resulta acertado que el Tribunal haya
considerado que la prescripción trienal declarada respecto de las acreencias
laborales causadas con anterioridad al 11 de febrero de 2017, no se extiende a los
aportes adeudados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, los
cuales son exigibles desde el momento en que se causó la obligación de cotizar.

51. Lo anterior, aunado a que la sentencia T-932 del 19 de septiembre de 2008
no constituye un precedente jurisprudencial aplicable al caso de la referencia.

52. Al respecto, debe decirse que el precedente jurisprudencial «es el conjunto
de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia
para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por la
autoridad a quien le competa para la resolución de su caso concreto»20.

53. La manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la
solución del caso es si: (a) la ratio decidendi21 de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver; (b) se
trata de un problema jurídico semejante y (c) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son similares o plantean un punto de derecho de igual
característica al que se debe resolver posteriormente22. De esta forma, el
precedente utilizado debe guardar semejanza entre los hechos, el problema jurídico
planteado y la normativa utilizada para resolver los casos.

54. Bajo los parámetros indicados, no toda decisión judicial anterior a la solución
de un proceso constituye un precedente judicial, pues este se configura cuando la
sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y
fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y hechos similares. A
estos efectos, se impone al interesado la carga de identificar el problema jurídico
que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el resuelto por el
precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el
derecho.

55. No habrá, entonces, desconocimiento del precedente, si la sentencia
analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados. Tampoco podrá invocarse
si la sentencia cuestionada fundamenta su decisión de manera razonable y
suficiente, justificando su postura para apartarse del precedente, pues ello está
dentro de la independencia y autonomía funcional del juez.

56. En el recurso de alzada, la parte demandada manifestó que el a quo23
desconoció el precedente judicial, pues, según ella, existen pronunciamientos sobre
la prescripción de los aportes a pensión, para el efecto, trajo a colación la sentencia
T-932 del 19 de septiembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional, en la cual

20 Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 2012.

21 Esto es, la razón de la decisión.
22 Ibidem.

23 Juez de primera instancia.

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Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

se dijo lo siguiente:

la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo,
pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido
cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de
las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo
y la Seguridad Social.

57. Evocaciones a temas como el indicado, consignado en el fallo mencionado,
no atienden la carga argumentativa o el deber de exponer las razones por las cuales
se considera que existe un precedente jurisprudencial en la dimensión explicada,
pues la cita aislada del contenido de una sentencia, como ocurrió en este asunto,
no satisface los presupuestos para establecer el desconocimiento de un precedente
jurisprudencial24.

58. Ahora, aparte de que la accionada no cumplió con la carga argumentativa
suficiente o con el deber de exponer las razones por las cuales considera que existe
un precedente jurisprudencial que fijó una regla que debía invocarse en el presente
asunto, también se advierte que el fallo supuestamente desconocido por el Tribunal,
se trata de un asunto tutela –T-932 del 19 de septiembre de 2008– que, revisado en
su totalidad, resolvió un caso particular sobre una sustitución pensional, en el que
no se planteó problema jurídico semejante al propuesto en el trámite de la
referencia, ni mucho menos los hechos del caso o las normas juzgadas en esa
providencia fueron similares a los que ocupa la atención de la Sala, atinente a la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a los servidores
de la FGN y la imprescriptibilidad de los aportes adeudados al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.

59. A partir de lo anterior, la Sala estima acertado que el tribunal de primera
instancia haya considerado que la prescripción trienal declarada respecto de las
acreencias laborales causadas con anterioridad al 11 de febrero de 2017, no se
extiende a los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, los cuales son exigibles desde el momento en que se causó la obligación
de cotizar, pues esa decisión es legalmente válida y definida en los diferentes
pronunciamientos de esta corporación –como se vio–, es decir, que en modo alguno
se aparta de un precedente jurisprudencial en los que se ha llegado a una
conclusión diferente. Por consiguiente, es procedente confirmar la sentencia
recurrida.

60. Añádase a lo expuesto, que el fragmento del referido fallo de tutela que trae
a colación la entidad demandada, lo único que está señalando es que las mesadas
pensionales prescriben, más no el derecho pensional, sin que de él se desprenda

24 Recuérdese que el precedente judicial es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de: (a) patrones fácticos, (b) problemas jurídicos
y (c) en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia (ver, como criterio
orientativo, la sentencia T-360 de 2014 de la Corte Constitucional).
16

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

que los aportes al Sistema de Seguridad en Pensión, que fueron los reconocidos en
el fallo impugnado, también pueden verse afectados por el fenómeno de la
prescripción, conclusión, que se reitera, no se ajusta al ordenamiento jurídico
colombiano como se expuso con anterioridad.

Conclusión

61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que le asiste razón al
Tribunal en cuanto reconoció el carácter imprescriptible de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones derivados del reconocimiento de la
prima especial de servicios como factor salarial pensional, en la medida en que tales
cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que no puede
verse extinguido por el simple transcurso del tiempo.

3.6. De la condena en costas

62. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió
a las pretensiones de la demanda.

25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de
abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

17

Radicación: 25000-23-42-000-2021-00083-02 (3028-2025)
Demandante: Julián Cardona Gaviria
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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