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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2023-00223-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2023-00223-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal «QUINTO», de la sentencia de Quince (15) de agosto de Dos Mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la señora Arladis Cedeño Ayala, el cual, quedará así: QUINTO: CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones en favor de la señora Arladis Cedeño Ayala, sobre la prima especial de servicios con base en el 100% de la asignación básica, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 27 de abril de 1998. El 30% adicional, sobre el 100% de la asignación básica, a título de prima especial de servicios para los periodos desde el 17 de noviembre de 1998 hasta el 8 de marzo de 2000, y desde el 14 de noviembre del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2024, sin prescripción trienal en atención al carácter especial de los citados aportes. También deberán efectuarse los aportes al sistema de seguridad social en salud, por el periodo en el que la demandante ejerció el cargo de fiscal delegada. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos. 27 Número Interno: 3578-2025 Demandante: Arladis Cedeño Ayala Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos que, posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos correspondientes, por lo efectivamente pagado, sin superar los topes establecidos por el Gobierno Nacional. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Quince (15) de agosto de Dos Mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la señora Arladis Cedeño Ayala, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2023-00223-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 76001-23-33-000-2023-00223-02 (3578-2025)1
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
en contra de la sentencia del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Arladis Cedeño Ayala, por intermedio de apoderado judicial,

acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y

1
Expediente híbrido.
2
Samai del tribunal de origen, índice 1; archivo 1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip); documento 01Demanda.pdf

2

Número Interno: 3578-2025
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, con
el fin de obtener la nulidad del oficio No. DS-06-12-6-SAJ-866 del Veintitrés
(23) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016) y de la Resolución No. 2-1112
expedida el Veintiuno (21) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio de
las cuales le negaron el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, pidió: (i) se condene a la parte demandada al
reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30% de la
remuneración mensual, como adicional a la asignación básica, desde el
Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y hasta su
pago efectivo; y la reliquidación de las prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales que deban calcularse con inclusión de la prima
especial; (ii) la actualización e indexación de las sumas reclamadas, (iii) el
reconocimiento de intereses moratorios, (iv) el reconocimiento de derechos
ciertos e irrenunciables que resulten probados y, subsidiariamente, (v) que se
declare competente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.1.2 Hechos

3. La señora Arladis Cedeño Ayala se vinculó a la Fiscalía General de la Nación

y desempeñó diversos cargos desde Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994)
y, alternando funciones como Técnico Judicial I y Fiscal ante Jueces
Municipales, Promiscuos y del Circuito, con periodos continuos de servicio
hasta la fecha de presentación de la demanda.

4. Expuso que, durante el tiempo de vinculación, la entidad demandada no le

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Número Interno: 3578-2025
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

reconoció ni canceló la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, ni incluyó dicho concepto en la base de liquidación de las prestaciones
correspondientes.

5. Indicó que, el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016)

solicitó formalmente a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la
prima especial equivalente al 30% de su remuneración mensual, así como la
reliquidación de todas las sumas derivadas de dicho concepto que no habían
sido reconocidas ni pagadas.

6. Finalmente mencionó que, la Fiscalía General de la Nación negó el
reconocimiento, reliquidación y pago de la prima especial y de las sumas
correspondientes a los emolumentos laborales que debían incluir dicho
concepto en su liquidación.

1.2. Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

7.1. Constitucionales: artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95,

122, 123, 150 numeral 19 literales e y f, 189 numeral 11, 209, 228
y 253.

7.2. Legales y reglamentarias: Ley 270 de 1996, artículo 152

numeral 7; Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 3, 4 y 10; Código Sustantivo
del Trabajo, artículos 11, 13, 21, 127 y 128.

8. Señaló que, la reglamentación anual expedida por el Gobierno Nacional en

materia de emolumentos y salario, conforme al Código Sustantivo del Trabajo,

4

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Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

redujo en un treinta por ciento (30%) los efectos salariales de las prestaciones
sociales, lo cual impactó negativamente tanto el ingreso mensual como las
prestaciones de los funcionarios, en especial del personal de fiscales. Indicó
que, la reglamentación de la prima especial en el año Dos Mil Tres (2003),
vulneró el estatuto del trabajo y normas superiores, al afectar la base de
liquidación de las prestaciones sociales.

9. Resaltó que, el ejecutivo usurpó funciones propias del legislador y
desconoció derechos laborales consagrados en la Ley 4 de 1992, la
Constitución Política, los convenios internacionales y el Código Sustantivo del
Trabajo. Como consecuencia, el personal de fiscales ha visto disminuidos sus
ingresos y derechos en comparación con otras autoridades, lo que configura
una vulneración de garantías laborales y constitucionales.

2. Contestación de la demanda3.

10. La entidad demandada guardó silencio en la oportunidad prevista para el

efecto.

3. La sentencia de primera instancia4.

11. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia proferida el Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena
en costas de la siguiente manera:

PRIMERO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio

3
Según como se indica en auto interlocutorio No. 154 del 1 de julio de 2025 a índice 34 de Samai del tribunal de
origen, la entidad demandada no contestó la demanda ni allegó antecedentes administrativos.
4
Samai del tribunal de origen, índice 48.

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Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

No. DS-06-12-6-SAJ-866 del 23 de noviembre de 2016, expedido por el
Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión Cali, “Asunto: Derecho de Petición
con Radicado No. 20160060958722 Prima Especial del 30%” (ii) Resolución No.
0114 de febrero 1 de 2017, expedido por el Subdirector Seccional de Apoyo a la
Gestión Cali, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se
concede recurso de apelación”, (iii) Resolución No. 2-1112 de 21 de abril de 2017,
expedido por el Subdirector de Talento Humano, “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de apelación” 5.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte
demandada a reconocer y pagar la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30%
respecto del 100% del salario básico, a partir del 18 de noviembre de 2013 y
hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio
prestados por la parte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso pueda
superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá
dar estricto cumplimiento la entidad. Periodo dentro del cual deberán hacerse los
respectivos aportes a seguridad social integral y para ello se autoriza al
empleador que efectúe los descuentos de ley.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 18 de
noviembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor
de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del
Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de
servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la
asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones
en seguridad social.

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima
especial de servicios haya recibido la beneficiaria por vía administrativa o judicial
en virtud de transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas,
entre otras.

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de los valores
reconocidos con anterioridad al 18 de noviembre de 2013, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Declarar la extinción del derecho al pago de la reliquidación de las
prestaciones salariales y sociales. De acuerdo con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

QUINTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social
en pensión que se deben realizar en favor del demandante así:

Periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 hasta el 17 de
noviembre de 2013. En virtud del reconocimiento del derecho a los funcionarios
de la Fiscalía para devengar la prima especial como una adición al salario básico

5 El A-quo señaló que la Resolución No. 0114 del Primero (1) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) se integró como
acto demandado, de conformidad con el artículo 163 del CPACA, al haber resuelto el recurso de reposición interpuesto
contra el Oficio No. DS-06-12-6-SAJ-866 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

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y la previsión legal de que aquella debe conformar la base de liquidación de las
cotizaciones en pensión y salud, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a
seguridad social integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial
de servicios.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud
por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo
1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la
contemplada en el Sistema General de Pensiones.

Las cotizaciones a seguridad social deberán hacerse tanto por el periodo
declarado imprescriptible como el lapso subsiguiente hasta el 31 de diciembre de
2020, pues a partir del año 2021 se normalizó el pago de la prima especial con la
expedición del Decreto 272 de 2021.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la
finalidad de que se realicen los mismos.

SEXTO: Las sumas reconocidas deberán ajustarse a la indexación conforme a
la fórmula señalada en la presente sentencia.

SÉPTIMO: Ordenar a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: Sin condena en costas en la instancia.
[...]

12. El Tribunal sostuvo que, «[...] en el presente pronunciamiento se está reconociendo
el derecho del demandante a recibir de forma adicional al salario básico el 30% por concepto
de prima especial de servicios ante la falta de su pago, sin embargo, esta orden, no le otorga
el carácter de factor salarial a la prima de servicios [...]» e indicó que carece de

fundamento la pretensión orientada a incluir la prima especial de servicios
como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales distintas de la
pensión, toda vez que la norma que le dio origen descartó expresamente su
carácter salarial para dichos efectos.

13. Señaló que, «[...] desde el año 1993 hasta el 31 de diciembre de 2002, la asignación
básica de los Fiscales acogidos se fragmentaba y al 30% se le daba el calificativo de prima

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especial por lo que sus prestaciones sociales se liquidaron sobre el 70% de la asignación
básica y (ii) entre el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2020 se cancelaron la
totalidad de las prestaciones salariales y sociales con el 100% de la asignación básica, por
tanto, solo habría lugar al pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% como
un adicional del salario a la asignación básica, según sea el caso».

14. Precisó que, la demandante al haber ejercido distintos cargos como Fiscal

ante Jueces Municipales, Promiscuos y de Circuito entre Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996) y Dos Mil Dos (2002), consolidó un tiempo de servicio
que le otorga derecho a la reliquidación de sus prestaciones salariales y
sociales en el período comprendido entre el Nueve (9) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de
Dos Mil Dos (2002), incluyendo el (30%) del salario base denominado prima
especial de servicios, todo ello conforme al tiempo efectivamente laborado y
sujeto al análisis de la prescripción correspondiente.

15. En ese sentido, manifestó que la entidad demandada deberá reconocer y

pagar a favor de la demandante la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidada como un incremento del (30%) sobre
el salario básico, desde el Nueve (9) de septiembre de Mil Novecientos
Noventa y Ocho (1998) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Veinte (2020), atendiendo los tiempos de servicio prestados y sin superar el
tope máximo fijado por el gobierno nacional, todo ello sujeto al análisis de la
prescripción.

16. Asimismo, el Tribunal ordenó la reliquidación de las prestaciones salariales

y sociales entre el Nueve (9) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dos (2002),
incluyendo dicho 30% del salario base, con la obligación de deducir las sumas
ya recibidas por la demandante en vía administrativa o judicial. Por otra parte,

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señaló que, la entidad deberá indexar las diferencias que resulten de la
liquidación, aplicando la fórmula correspondiente, en cumplimiento de lo
dispuesto por la normativa vigente y las decisiones judiciales relacionadas.

17. Con relación a la prescripción de la prima especial de servicios como

adicional del salario, acreditó que la demandante presentó reclamación
administrativa el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016). Por
lo tanto, conforme a la regla de prescripción trienal, declaró extinguidos los
derechos salariales respecto de las sumas causadas con anterioridad al
Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Trece (2013). No obstante, precisó
que, la demanda fue radicada ante el Consejo de Estado el Seis (6) de
diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017), dentro del término de tres años
contados desde la presentación de la reclamación administrativa, por lo cual
mantuvo vigente el derecho respecto de las acreencias posteriores a dicha
fecha.

18. En cuanto a la prescripción de la reliquidación de prestaciones sociales

indicó que, «[...] el derecho del demandante (sic) se extinguió, pues, los periodos
reconocidos (9 de septiembre de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2002), no se encuentran
incluidos dentro del lapso de interrupción de la prescripción que abarcó la reclamación
administrativa radicada el 18 de noviembre de 2016, esto es, la protección de todas la
prestaciones originadas con posterioridad al 18 de noviembre de 2013, lo cual implica que las
sumas generadas con anterioridad a esta fecha, no puedan ser efectivamente canceladas,
como sucede específicamente con esta pretensión [...]». Por lo anterior, declaró probada

la excepción de prescripción la cual no se extenderá a los aportes de seguridad
social.

19. Finalmente precisó que, los aportes al sistema de seguridad social en

pensión son imprescriptibles, razón por la cual deberán reconocerse a favor
de la demandante desde el Nueve (9) de septiembre de Mil Novecientos

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Noventa y Ocho (1998) hasta el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Trece
(2013). Resaltó además que, la prima especial de servicios devengada por los
funcionarios de la Fiscalía debe incluirse en la base de liquidación de las
cotizaciones en pensión y salud, conforme al artículo 204 de la Ley 100 de
1993, que equipara ambas bases de cotización. En consecuencia, concluyó
que, la entidad demandada estaba obligada a efectuar los aportes
correspondientes y realizar los descuentos de ley, garantizando que las
cotizaciones se liquiden correctamente con inclusión de la prima especial,
asegurando así la protección integral de los derechos de seguridad social de
la demandante.

4. El recurso de apelación6

20. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de

primera instancia, en cuanto declaró la imprescriptibilidad de los aportes a
pensión y salud, al considerar que, se tomó una decisión contraria a lo
preceptuado en el artículo 187 del CPACA, toda vez que, se omitió el estudio
sobre la materia.

21. Sostuvo que, «[...] la acción de cobro de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se
hicieron legalmente exigibles al tenor del artículo 817 del Estatuto Tributario».

22. Por otra parte, señaló que, «[...] los aportes a pensión son prestaciones periódicas a
lo que se le deba realizar análisis de prescripción, toda vez que lo que es imprescriptible es el
derecho a la pensión y este caso, aunque desde el año que inició a ejercer como Fiscal y
hasta el 2002, se reconocieron los aportes a pensión sobre el 70% del salario decretado, esto
no afecta el derecho a la pensión, el cual tiene dos requisitos ampliamente conocidos».

6
Samai del tribunal de origen, índice 51.

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5. Trámite de segunda instancia

23. Mediante auto del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026) 7, el

consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo dispuesto en
el artículo 247 del CPACA. Ejecutoriado dicho auto, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.

24. Las partes guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia. Por

su parte, el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

25. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2 Problema jurídico.

26. El problema jurídico que ocupa el sub examine, se contrae a establecer:

26.1 ¿Debe mantenerse la orden de pago de aportes al sistema de
seguridad social en pensión y salud correspondientes a los periodos
laborados, bajo el entendimiento que tales aportes son imprescriptibles, o,
por el contrario, se encuentran sometidos al fenómeno de la prescripción?

7
Samai, índice 4.

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2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y
generalidades

27. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución

Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio
de ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
Pública».

28. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992,

cuyo artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…]
no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los
Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la
escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1°
de enero de 1993.»

29. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y
prestacionales de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se
encontraba disperso en distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y
1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a
este.

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Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

30. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima

especial de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras
que la Ley 476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, «[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron
a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida
prima, que tiene carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación.

31. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio

por esta Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de
2005, la Sección Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de
1993, al estimar que «[…] no le era dable al Gobierno Nacional, invocando como
sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992], otorgar, por medio de la
norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del salario básico
mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

32. Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-

CE-S2 de 15 de diciembre de 2020, en la cual estableció los parámetros que
consideró adecuados frente al cómputo de la comentada prima especial de
servicios y su reconocimiento a los fiscales a quienes se aplica el Decreto 53
de 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó las siguientes reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o

asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el

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ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados

públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado
en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen

salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la
entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación
de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la

prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

33. Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 2022, la Sala de Conjueces

se pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales
expedidos por el Gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y
prestacional de la Fiscalía General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto
a desentrañar la naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

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34. En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico
mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de
servicios», pues «[…] no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada,
adicionada a éste», y, al declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del
hecho de desaparecer del mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de
servicios allí contenida haya también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los
términos establecidos de esa sentencia», y reiteró que «[…] la prima de servicios no puede
ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

35. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que

ha construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y
distinción, no solo frente a la asignación básica prevista para los fiscales en
sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y
prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.

2.2.2 Reliquidación de factores salariales y prestacionales sobre el 100 %
de la asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial.

36. En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «[l] Los empleados
públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial» ;

no obstante, dicha elaboración dejó de incluir los factores de salario cuya base
de liquidación incluye la asignación básica del respectivo empleo (tales como
la bonificación por servicios prestados o la prima de servicios) y que,
naturalmente, no tienen la naturaleza de prestación social.

15

Número Interno: 3578-2025
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

37. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone

diferencias marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de
determinada asignación, en la medida que, los primeros, se orientan a
remunerar directamente el servicio prestado, mientras que los segundos tienen
por objeto cubrir contingencias o riesgos a los que pueda verse expuesto el
trabajador, por efecto directo o indirecto de la actividad laboral.

38. Al respecto, cabe destacar que los fiscales, en sus distintos órdenes y

niveles, perciben las siguientes asignaciones:

Otros
emolumentos
Otros emolumentos
Factores que no integran
Prestaciones sociales que integran el IBC
salariales el IBC de
de aportes al SGSS
aportes al
SGSS
Otros servicios
Bonificación Prima de vacaciones autorizados por
por servicios Prima especial 30% la ley
prestados Prima de navidad
Bonificación por Bonificación por
Prima de Cesantías compensación actividad judicial
servicios

39. En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores

de salario en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los
derechos y principios previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al
menos, en los siguientes sentidos:

(i) Se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia de la
asignación básica, piedra angular, primer y principal instrumento
liquidatario de todos los factores salariales y prestacionales.

(ii) El sistema de remuneraciones previsto para la Fiscalía General de la
Nación conforma un universo de pautas y asignaciones que genera
relaciones de causalidad y consecuencia liquidatoria entre estas, pues,

16

Número Interno: 3578-2025
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Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

algunas de ellas, integren la base de liquidación de otras asignaciones.
Verbigracia: la bonificación por servicios prestados (factor salarial) se
calcula en un porcentaje de la totalidad del sueldo básico; esta, a su
vez, sumada a la asignación básica, conforma la base de liquidación de
la prima de servicios (factor salarial). A su turno, la prima de vacaciones
(prestación social), se liquida con base en el salario básico, la
bonificación por servicios prestados y la prima de servicios8.

40. Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con

sustento en el 30% de asignación básica sustraído, finalmente, terminaría por
afectar la cuantía de las prestaciones que, con la regla adoptada en la
mencionada sentencia, se pretenden restablecer.

2.3. Pruebas recaudadas.

41. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

• Reclamación administrativa radicada el Dieciocho (18) de noviembre de
Dos Mil Dieciséis (2016), a través de la cual la demandante solicita la
reliquidación de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el
equivalente al 30% que trata el inciso primero del artículo 14 de la Ley 4 de
19929.

8
Ver Decreto 1045 de 1978.
9
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
AND453~1.PDF, folios 1 al 5.

17

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• Oficio No. DS-06-12-6-SAJ-866 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), mediante el cual la entidad dio respuesta negativa a la
anterior petición10.

• Recurso de reposición y en subsidio apelación presentado el Quince (15)
de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016) en contra del oficio No. DS-06-
12-6-SAJ-866 del Veintitrés (23) de noviembre de Dos Mil Dieciséis
(2016)11.

• Resolución No. 0114 del Primero (1) de febrero de Dos Mil Diecisiete
(2017), a través del cual se resuelve un recurso de reposición confirmando
la negativa y concede un recurso de apelación12.

• Resolución No. 2-1112 del Veintiuno (21) de abril de Dos Mil Diecisiete
(2017), por medio del cual se resuelve un recurso de apelación y confirma
la decisión adoptada en el oficio No. DS-06-12-6-SAJ-866 del Veintitrés
(23) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016)13.

• Constancias de servicios prestados expedidas por la Fiscalía General de
la Nación donde se registran los cargos desempeñados por la
demandante14,así:

Cargo Desde Hasta

10
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
AND453~1.PDF, folios 7 al 9.
11
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
AND453~1.PDF, folios 10 al 12.
12
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
AND453~1.PDF, folios 13 al 16.
13
Samai del tribunal de origen, índice 1; carpeta 02ExpedienteDigitalConsejoDeEstado; documento
20_110010325000201700924001AUTOQUERESUELDEMANDA20230310094840_TCDescargaTotalItem13325893
8327724511, folios 3 al 25.
14
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA CERTIFICACION.PDF; Samai del tribunal de origen, índice 3; archivo:
01PrimeraInstancia, 02ExpedienteDigitalConsejoDeEstado.

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Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Técnico Judicial I 1 de junio de 1994 29 de julio de 1996
Fiscal delegado ante
jueces municipales y 30 de julio de 1996 27 de abril de 1998
promiscuos
Técnico Judicial II 28 de abril de 1998 16 de noviembre de 1998
Fiscal delegado ante
17 de noviembre de 1998 8 de marzo de 2000
jueces del circuito
Técnico Judicial II 9 de marzo de 2000 13 de noviembre de 2000
Fiscal delegado ante
14 de noviembre de 2000 31 de octubre de 2002
jueces del circuito
Fiscal delegado ante
jueces municipales y 1 de noviembre de 2002 4 de julio de 2003
promiscuos
Fiscal delegado ante
jueces municipales y 24 de maro de 2004 4 de julio de 2005
promiscuos
Fiscal delegado ante
5 de julio de 2005 29 de julio de 2005
jueces del circuito
Fiscal delegado ante
jueces municipales y 30 de julio de 2005 6 de diciembre de 2007
promiscuos
Fiscal delegado ante
7 de diciembre de 2007 24 de marzo de 2008
jueces del circuito
Fiscal delegado ante
jueces municipales y 25 de marzo de 2008 20 de septiembre de 2009
promiscuos
Fiscal delegado ante
21 de septiembre de 2009 31 de diciembre de 2013
jueces del circuito
Fiscal delegado ante
1 de enero de 2014 31 de enero de 2014
jueces municipales
Fiscal delegado ante
1 de febrero de 2014 28 de febrero de 2014
jueces del circuito
Fiscal delegado ante
31 de marzo de 2014 30 de abril de 2014
jueces municipales
Fiscal delegado ante
1 de mayo de 2014 20 de junio de 2014
jueces del circuito
Fiscal delegado ante 31 de diciembre de 2024
22 de julio de 2014
jueces municipales (fecha de retiro)

19

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Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

• Certificados de devengados y deducidos de los años Dos Mil Doce
(2012)15, Dos Mil Trece (2013)16, Dos Mil Catorce (2014)17, Dos Mil Quince
(2015)18, Dos Mil Dieciséis (2016)19 y Dos Mil Diecisiete (2017) a Dos Mil
Veinticinco (2025)20, donde ha percibido de manera continua sueldo,
gastos de representación, primas, bonificaciones, vacaciones y diferencias
salariales por encargos, así como el reconocimiento de la prima especial
de servicios desde el año Dos Mil Veintiuno (2021).

2.4 Caso concreto.

42. En el presente caso, la señora Arladis Cedeño Ayala, solicitó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios equivalente al treinta
por ciento (30%) de su remuneración mensual, como un incremento o adición
salarial, junto con la reliquidación de las prestaciones sociales y demás
emolumentos laborales que tengan como base de liquidación dicho concepto,
desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) hasta
el momento en que se comience a reconocer el incremento salarial o se haga
efectivo su pago, así como la indexación de las sumas adeudadas y el
reconocimiento de los intereses moratorios a que haya lugar.

43. El Tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones

de la demanda, declarando la nulidad de los actos administrativos acusados y

15
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA DEVENGADOS Y DEDUCIDOS 2012.PDF.
16
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA DEVENGADOS Y DEDUCIDOS 2013.PDF.
17
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA DEVENGADOS Y DEDUCIDOS 2014.PDF.
18
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA DEVENGADOS Y DEDUCIDOS 2015.PDF.
19
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA DEVENGADOS Y DEDUCIDOS 2016.PDF.
20
Samai del tribunal de origen, índice 38; archivo 25Recibeantecede_RV_ANTECEDENTESADMIN(.zip); documento
ARLADIS CEDEÑO AYALA DEVENGADOS Y DEDUCIDOS 2017 A 2025.PDF, folios 6 y 7.

20

Número Interno: 3578-2025
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ordenando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, liquidada como un incremento
equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico, respecto del período
comprendido entre el Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Trece (2013) y
el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), junto con los
respectivos aportes al sistema de seguridad social integral.

44. Asimismo, declaró probada la excepción de prescripción frente a los valores

causados con anterioridad al Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Trece
(2013), asimismo, la extinción del derecho al pago de la reliquidación de
prestaciones salariales y sociales, la imprescriptibilidad de los aportes al
sistema de seguridad social en pensión y salud, tanto por el periodo declarado
imprescriptible como el lapso subsiguiente hasta el Treinta y Uno (31) de
diciembre de Dos Mil Veinte (2020), al considerar que, a partir del año Dos Mil
Veintiuno (2021) se normalizó el pago de la prima especial con la expedición
del Decreto 272 de 2021; finalmente, ordenó la indexación de las sumas
reconocidas y negó las demás pretensiones de la demanda.

45. Inconforme con dicha determinación, la entidad demandada interpuso

recurso de apelación contra la orden de reconocer y pagar los ajustes a
cotización correspondientes al sistema de seguridad social en pensión y salud,
respecto del tiempo laborado por la demandante como Fiscal, al considerar
que, la sentencia omitió el estudio respectivo sobre la materia de conformidad
con el artículo 187 del CPACA, y adoptó una decisión contraria a lo señalado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual, la acción de cobro
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral prescribe en el término de
Cinco (5) años, conforme al Estatuto Tributario.

46. En este orden de ideas, el reproche concierne únicamente a la orden del

21

Número Interno: 3578-2025
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Tribunal sobre el pago de aportes a pensión y salud.

47. Planteado el objeto y alcance del recurso de alzada, procede la Sala a

efectuar el análisis crítico que corresponde, para lo cual, empieza por señalar
que, aun cuando en el presente asunto, se concluyó que las acreencias
salariales y prestacionales reclamadas se encuentran afectadas por el
fenómeno de la prescripción con anterioridad al Dieciocho (18) de noviembre
de Dos Mil Trece (2013), dicha conclusión no puede extenderse
automáticamente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones dada la característica de irrenunciables e imprescriptibles de
aquellos, tal y como lo tiene decantado esta Corporación21, habida cuenta que,
estos tienen una naturaleza distinta, asociada a la financiación del sistema y a
la garantía del derecho irrenunciable a la seguridad social.

48. En ese sentido, esta Corporación, ha reconocido que, los aportes al sistema

pensional, en cuanto constituyen obligaciones de carácter legal destinadas a
la protección del derecho fundamental a la seguridad social, no se encuentran
sometidos al fenómeno de la prescripción en los mismos términos aplicables
a las acreencias salariales o prestacionales.

49. Lo anterior se ordena en atención al carácter irrenunciable e imprescriptible

del derecho a la seguridad social, y con el fin de garantizar la correcta
financiación del sistema pensional.

50. Aclarado lo anterior, se pasa a analizar la inconformidad de la parte pasiva

21
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental
de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis
ha sido desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
En consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en
cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025.
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

22

Número Interno: 3578-2025
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

respecto al pago de aportes a la seguridad social en salud.

51. Frente a ello, debe advertirse que, esta Sección, ha explicado que, «los
recursos del sistema de la Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en
virtud de esa naturaleza parafiscal, estos aportes son de obligatorio pago y recaudo para
un fin específico y no constituyen un crédito en favor del interesado»22.

52. En este punto debe recordarse que, el pago de aportes a la pensión es

obligatorio conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993;
normativa según la cual, durante la vigencia de la relación laboral deben
efectuarse cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social en salud y
pensión por parte de los afiliados, empleadores y contratistas, con base en el
salario o ingresos que devenguen. Asimismo, el parágrafo 1 del artículo 204
ibidem consagró que, la base de cotización de las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sería la misma contemplada
en el sistema general de pensiones de dicha ley.

53. Por su parte, la Ley 1393 de 2010, en su artículo 33, consagró que, las

cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse
sobre la misma base de las cotizaciones a los riesgos profesionales y
pensiones.

54. En ese orden de ideas, con miras a garantizar la sostenibilidad del sistema

de seguridad social, esto es, la capacidad para que aquel pueda mantenerse
financieramente viable y operativo a largo plazo, garantizando con ello, la
protección y cobertura a toda la población frente a los riesgos que este ampara;

22
C.P, Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de septiembre de
2021, Rad. No. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

23

Número Interno: 3578-2025
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es necesario que, las cotizaciones al sistema de seguridad social integral se
hagan sobre la base de todo el salario o ingresos que perciba el trabajador,
cotizaciones que deben realizarse sobre la misma base salarial, tanto para los
aportes pensionales como para los aportes a salud23.

55. Estos aportes, además, ayudan a garantizar el principio de solidaridad en

el sistema de seguridad social, según el cual, los recursos y esfuerzos se
comparten de manera que se proteja a los grupos más vulnerables y se
distribuya la carga económica de manera equitativa. Esto implica que, quienes
tienen mayor capacidad contributiva aportan más, y esos recursos financian la
protección social de quienes tienen menor capacidad o están en situación de
riesgo.

56. Por tanto, se considera que, sobre el reajuste salarial y prestacional que se

deriva de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
esto es, la prima especial de servicios, se debe pagar no solo los aportes
pensionales, sino también los aportes al sistema de seguridad social en salud;
en aras de garantizar los citados principios de solidaridad y sostenibilidad del
sistema24. Así las cosas, el argumento formulado en el recurso de alzada no
tiene ánimo de prosperidad.

57. Finalmente, frente al argumento de la apelación consistente en señalar que,

la acción de cobro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que
se hicieron legalmente exigibles al tenor del artículo 817 del Estatuto

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 27 de marzo de 2026; expediente 25000-23-
42-000-2023-00224-01 (3112-2025); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 23 de octubre de 2025; expediente 17001-23-
33-000-2021-00191-02 (1826-2025); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.

24

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Tributario, no se acompasa con la naturaleza imprescriptible e irrenunciable
de los derechos pensionales.

58. En ese sentido, en sentencia de Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil

Veinticinco (2025)25, esta Subsección sostuvo que «[...] la pensión constituye un
derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el
artículo 48 de la Constitución Política», tesis desarrollada de manera pacífica y

reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
Luego entonces, de acuerdo con el contenido y alcance de los artículos 48 y
53 de la Constitución Política, no resulta adecuado computar término alguno
de prescripción sobre los aportes al Sistema General de Pensiones, habida
cuenta del «[...] carácter irrenunciable e imprescriptible»26 del derecho allí concernido.

59. Por lo tanto, cabe resaltar que el artículo 817 del Estatuto Tributario,

alegado por la entidad recurrente, no resulta aplicable al presente caso, en la
medida que solo comporta el término de prescripción para la « [l]a acción de cobro
de las obligaciones fiscales», asunto distinto y no asimilable con la situación bajo

estudio27.

60. Siendo así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada que accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda, tal como será dispuesto ut
infra.

61. No obstante, considera la Sala que, la orden efectuada por el Tribunal

respecto de los aportes a pensión y salud es confusa; por tanto, se modificará

25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 24 de julio de 2025; Radicado interno: 5561-
2024; consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 29 de enero de 2026; expediente 05001-23-33-
000-2016-01025-02 (5320-2024); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 12 de marzo de 2026; expediente 05001-23-
33-000-2017-01189-02 (0757-2021); consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

25

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el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, para ordenar a la entidad
demandada que reconozca los aportes al sistema general de seguridad social
en pensiones, sobre la prima especial de servicios con base en el 100% de la
asignación básica, sin deducción, desde el 30 de julio de 1996 hasta el 27 de
abril de 1998, teniendo en cuenta que, con la entrada en vigor de la Ley 476
de 1998, (7 de septiembre de 1998) la prima especial adquirió carácter salarial
para efectos de la liquidación pensional.

62. El 30% adicional, sobre el 100% de la asignación básica, a título de prima

especial de servicios desde el 17 de noviembre de 1998 hasta el 8 de marzo
de 2000, y desde el 14 de noviembre del 2000 hasta el 31 de diciembre de
2024, sin prescripción trienal en atención al carácter especial de los citados
aportes. También deberán efectuarse los aportes al sistema de seguridad
social en salud, por los periodos en el que la demandante ejerció el cargo de
fiscal delegada.

63. Sumado a lo anterior, la Subsección precisará que, para el cumplimiento

de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos que, posiblemente
haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021,
que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos
correspondientes, por lo efectivamente pagado, sin superar los topes
establecidos por el Gobierno Nacional.

2.5 Condena en costas.

64. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, razón por la cual, no se impondrá condena en costas.

26

Número Interno: 3578-2025
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal «QUINTO», de la sentencia de Quince (15)
de agosto de Dos Mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas por la señora Arladis Cedeño Ayala, el cual, quedará
así:

QUINTO: CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones en favor de la señora Arladis Cedeño Ayala, sobre la prima
especial de servicios con base en el 100% de la asignación básica, desde el
30 de julio de 1996 hasta el 27 de abril de 1998.

El 30% adicional, sobre el 100% de la asignación básica, a título de prima
especial de servicios para los periodos desde el 17 de noviembre de 1998
hasta el 8 de marzo de 2000, y desde el 14 de noviembre del 2000 hasta el
31 de diciembre de 2024, sin prescripción trienal en atención al carácter
especial de los citados aportes. También deberán efectuarse los aportes al
sistema de seguridad social en salud, por el periodo en el que la demandante
ejerció el cargo de fiscal delegada.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además,
queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la
demandante con la finalidad de que se realicen los mismos.

27

Número Interno: 3578-2025
Demandante: Arladis Cedeño Ayala
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación

Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos
que, posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, y hacer los
descuentos correspondientes, por lo efectivamente pagado, sin superar los
topes establecidos por el Gobierno Nacional.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Quince (15) de
agosto de Dos Mil veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas por la señora Arladis Cedeño Ayala, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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