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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01189-02

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01189-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia del Seis (06) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, únicamente en lo referido a los aportes al sistema de pensiones. SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto de los derechos a recibir la prima especial de servicios y la reliquidación de sus factores salariales y prestacionales teniendo en cuenta el 30% deducido de la asignación básica. TERCERO. DECLARAR la existencia del acto administrativo ficto o presunto, originado en el silencio administrativo respecto del recurso de apelación formulado contra la Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015, que fue radicado el 29 de 13 Número Interno: 0757-2021 Demandante: María Aydee Madrid Ríos Demandado: Nación – Rama Judicial diciembre de 2015. CUARTO. DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto o presunto relacionado en el ordinal anterior, y de la Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015, únicamente en cuanto negaron el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones en favor de la demandante. QUINTO. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DESAJ, a reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones correspondientes a la señora María Haydee Madrid Ríos, identificada con cédula de ciudadanía 32.519.953, así: (a) del 1° de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100% de remuneración básica mensual; y (b) desde la entrada en vigor de la referida norma hasta el 31 de octubre de 2008, con base en el 30% correspondiente a la prima especial de servicios. SEXTO. CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia Seis (06) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva. SÉPTIMO. Sin condena en costas, en esta instancia. OCTAVO. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01189-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01189-02 (0757-2021)
Demandante: María Haydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Seis (06) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala de
Conjueces de Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

1. La señora María Haydee Madrid Ríos, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

a) Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015, expedido por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia,
que negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios.

1
Expediente físico, folios 1-9.

2

Número Interno: 0757-2021
Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

b) Del acto administrativo ficto negativo, derivado de la falta de resolución del recurso
de apelación interpuesto, frente al acto administrativo inicial.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) Ordenar a la entidad demandada,
el reajuste de los salarios y prestaciones sociales y cesantías, incluyendo el treinta por
ciento (30 %), correspondiente a la prima especial de servicios, «[…] entre los años 1993 y
2007»; (ii) Disponer el pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de pagar

durante dicho período, debidamente indexadas.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

3. La señora María Haydee Madrid Ríos prestó sus servicios a la Rama Judicial «[…] entre
los años 1993 y 2007», en el cargo de «JUEZ PROMISCUO DE FAMILIA».

4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín – Antioquia no sufragó
la prima especial de servicios del 30% o la sustrajo de la asignación básica.

5. El Nueve (09) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015)2, radicó petición, solicitando el
pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de su salario y prestaciones
sociales, en aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

6. A través de Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín – Antioquia negó su petición.

7. La demandante interpuso recurso de apelación contra la resolución aludida, que, sin
embargo, no fue resuelto por la Administración.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

8. La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran:

8.1. Los artículos 1, 13, 25, 53, 58 y 150 de la Constitución Política;

8.2. Las Leyes 4ª de 1992: artículos 2, 3, 14 y 15; 153 de 1887: artículos 5 y 10; 270 de

1996: artículo 152.7; 1395 de 2010: artículo 115; y el Decreto 717 de 1878: artículo 12.

9. Adujo que, el Gobierno interpretó de manera errónea la Ley 4ª de 1992, al restar del

2
Folios 22-24.

3

Número Interno: 0757-2021
Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

salario, el 30 % por concepto de prima especial de servicios, lo que menoscabó los
derechos de los trabajadores.

10. Adujo que el Consejo de Estado sentó una línea jurisprudencial sobre la consideración

de incluir el valor de la Prima Especial de Servicios (30%) como “factor salarial”, de
quienes devengan esa prestación específica, para calcular los demás emolumentos
laborales, tomando el salario real y completo como base para su correspondiente
liquidación.

2. Contestación de la demanda3.

11. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al estimar que

el tema de la prima especial de servicios (30%) como factor salarial fue analizado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, en la que declaró exequible la
expresión «sin carácter salarial» del artículo 14 de la Ley 4° de 1992, para todos los
emolumentos salariales.

12. Planteó que la sentencia del Consejo de Estado, con la que se anularon los Decretos

del Gobierno que regularon de 1993 a 2007 el asunto sobre la Prima Especial de
Servicios de los Funcionarios Judiciales, correspondió a una acción de Simple Nulidad,
contra un acto administrativo de carácter general, por ende la decisión tomada es de
aplicación «erga omnes», y las consecuencias que producen no son retroactivas en la
medida en que no se ordena la reparación concreta de algún daño causado a un
particular.

13. Finalmente, formuló como excepciones, las que denominó «[l]egalidad de los actos
administrativos acusados», «[a]usencia de causa petendi – inexistencia del derecho reclamado y cobro de

lo no debido» y «[p]rescripción trienal».

3. La sentencia de primera instancia4.

14. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de

Seis (06) de Octubre de Dos Mil Veinte (2020), negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas.

3
Folios 65-74.
4
Samai, actuaciones del tribunal de origen, archivo: 06102020 SENTENCIA.

4

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Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

15. Sobre el particular, encontró que a la demandante «[…] no se le ha pagado el 30% de la Prima

Especial de Servicios, así como tampoco fue tenido en cuenta el mayor valor generado para efectos del
reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, ni liquidación de cotizaciones de aportes para
pensión», sin embargo, determinó que se configuró el fenómeno de la prescripción.

16. Lo anterior, por cuanto, «[…] teniendo como referencia la última anualidad causada del derecho

percibido de la Prima Especial de Servicios (30%), que debió ser pagada al momento de su desvinculación
con la Rama Judicial, esto es, el 30 de octubre de 2008 (fl. 139), la prescripción trienal se completó el 30
de octubre de 2011, y no se tiene ninguna constancia de que la demandante hubiese presentado alguna
reclamación para interrumpir la prescripción por un término igual al inicial, antes de la fecha límite señalada,
operando en este asunto la figura de la prescripción para el reajuste de todas las prestaciones adeudadas».

17. Frente a los aportes al sistema de pensiones, estableció que «[…] el término de su
prescripción es mayor, acorde con el artículo 817 del Estatuto Tributario, su duración es de 5 años,
planteamiento que ha sido avalado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el Concepto N°10240-
2650328912, emitido el 30 de diciembre de 2011, y si adicionamos dos años más al anterior cálculo,
tenemos que la prescripción de la última mensualidad en la cotización y pago de aportes culminó el 30 de
octubre de 2013, y el derecho de petición contentivo de la reclamación, se elevó el 9 de noviembre de 2015
(fls. 22 a 24), operando igualmente en este tema la figura de la prescripción para el reajuste de los aportes
de pensión adeudados».

4. El recurso de apelación5

18. La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,

al considerar que la sentencia de 29 de abril de 2014 [Radicación No 11001-03-25-000-
2007-00087-0], «[…] que anuló todos los Decretos que le quitaban el carácter salarial a “la prima
especial de servicios” del 30% mensual (artículo 14° de la ley 4ª de 1992)», tiene efectos
constitutivos de derechos, y «[…] es allí desde la ejecutoria sentencia de nulidad simple que se hace
exigible el derecho y no antes».

19. Asimismo, refirió que «[…] cuando de fallos de nulidad simple se trata, son constitutivos de
derechos, en este caso referida a la nulidad de todos los Decretos que regulaban el carácter no salarial de
la prima especial de servicios contenida en el artículo 14° de la ley 4ª de 1992, hacía imposible que […]
demandara antes de la ejecutoria del fallo del 29 de abril de 2014 [Radicación No 11001-03-25-000-2007-
00087-00]».

20. Adicionalmente, adujo que «[…] es válido que se aplique para este caso […] y en virtud del principio

de igualdad que a manera de ilustración recalca el honorable Consejo de Estado, las consecuencias
jurídicas ante la nulidad del Decreto 4040 de 2004 en fallo del 11 de diciembre de 2011, varios funcionarios

5
Samai, tribunal de origen, índice 36.

5

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Demandado: Nación – Rama Judicial

acudieron ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, para reclamar los pagos de las prestaciones derivadas de los Decretos 610
y 1239 de 1998 referidas a la “Bonificación por Compensación”».

21. Finalmente, frente a los aportes al sistema de pensiones, expresó que «[…] el carácter

imprescriptible del derecho a la pensión surge de principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para la especial
protección que el Estado debe a las personas que por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna
fuente de sustento, tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el mantenimiento de
unas condiciones de vida digna».

5. Trámite de segunda instancia

22. Mediante auto del Primero (1°) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022)6, el
respectivo conjuez ponente de la Sección Segunda de esta Corporación, admitió el
recurso de apelación.

23. Posteriormente, el despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso,
mediante auto de Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de

conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento y

pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
al reajuste de sus demás factores salariales, prestacionales y aportes al sistema de
pensiones, o si, por el contrario, sobre dichos derechos operó el fenómeno de la
prescripción.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios

6
Samai, índice 23.
7
Samai, índice 46.

6

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Demandado: Nación – Rama Judicial

26. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un

incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

27. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el

sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el 2 de septiembre de 2019.

28. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y

alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

29. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación

básica de los servidores públicos beneficiarios de esta y, en consecuencia, sus
beneficiarios tienen derecho, al reconocimiento y pago de las diferencias que por
concepto de la prima resulten a su favor, resaltando que, sólo constituye factor salarial
para efectos de la pensión de jubilación.

30. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14

de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre
otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

31. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el

artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido
a título de prima especial.

7

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Demandado: Nación – Rama Judicial

32. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a

límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.

33. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de

servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

2.3.1. La imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social

34. Respecto de la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social, esta Subsección

ha precisado que8:

La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral
se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho
reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de
la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a
través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

9
35. En la sentencia del 2 de septiembre de 2009 , el Consejo de Estado determinó que,

en materia de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135
de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

36. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes

pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior10 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la
sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

37. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia del 19 de febrero del 2026; radicado 19001-23-33-000-2017-00402-
02 (5187-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda; radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18); conjuez ponente: Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
10
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

8

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Demandado: Nación – Rama Judicial

la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

38. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde

su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.

39. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a decidir

el presente caso.

2.4. Pruebas recaudadas

40. En el expediente fueron decretadas y practicadas, las siguientes pruebas:

11, a través del cual, la accionante
40.1. Derecho de petición de 9 de noviembre de 2015

solicitó el pago de la prima especial de servicios, y la reliquidación de sus demás factores
salariales, prestacionales y aportes al sistema pensional.

40.2. Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 201512, expedido por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín - Antioquia, que
negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios.

40.3. Recurso de apelación de 29 de diciembre de 2015, formulado contra la anterior
resolución13.

11
Folios 22-24.
12
Folios 13-15.
13
Folios 25-27.

9

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40.4. Certificación de valores sufragados a la demandante entre 1993 y 2008, expedida el

29 de enero de 201614.

40.5. Certificación de tiempo de servicios de la demandante y de valores sufragados a la

demandante15.

2.5. Caso concreto

2.5.1. Acto administrativo ficto o presunto.

41. Del material probatorio aportado se advierte que, la demandante presentó recurso de

apelación contra la Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015, que fue
radicado el 29 de diciembre de 2015.

42. Dicho medio de impugnación no fue atendido por la Administración, razón por la cual,

en este caso resulta necesario declarar la existencia del acto administrativo ficto respecto
originado en el silencio administrativo respecto del aludido recurso de apelación,
conforme lo prevé el artículo 86 del CPACA.

2.5.2. Análisis de mérito

43. En el presente asunto, de acuerdo con las certificaciones de tiempos de servicio
recaudadas, resulta probado que la señora María Aydee Madrid Ríos, prestó sus servicios
a la Rama Judicial, bajo el régimen de acogidos, en los cargos y lapsos siguientes:

Empleo Despacho Desde Hasta
Juez municipal Juzgado 2 Promiscuo Municipal de El Santuario 1/01/1993 6/04/1995
Juez circuito Juzgado 1 Laboral del Circuito de Envigado 7/04/1995 4/05/1995
Juez municipal Juzgado 2 Promiscuo Municipal de El Santuario 5/05/1995 18/07/1996
Juez circuito Juzgado 2 Laboral del Circuito de Itagüí 19/07/1996 13/08/1996
Juez municipal Juzgado 2 Promiscuo Municipal de El Santuario 14/08/1996 31/10/2002
Juez municipal Juzgado 2 Civil Municipal de Río Negro 1/11/2002 28/02/2006
Juez circuito Juzgado 1 Promiscuo de Familia del Circuito de El Bagre 1/03/2006 31/10/2008
• Origen: elaboración propia

44. Asimismo, de las constancias de pagos efectuados durante los períodos de vinculación

mencionados, tal como lo concluyó el Tribunal de primera instancia, es claro que la Rama
Judicial pagó la prima especial de servicios como parte integrante de la asignación
básica, razón por la cual, prima facie, a la actora le asiste derecho a devengar el 100 %

14
Folios 17-21.
15
Folios 84-103.

10

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Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

de la asignación básica, y el adicional, del 30 % de la prima especial de servicios sin
carácter salarial, con fundamento en la Ley 4ª de 1992.

45. No obstante, conforme al análisis normativo realizado en precedencia, es claro que el

fenómeno de la prescripción cobró sus efectos en el presente caso, aunque de manera
parcial.

46. En efecto, como fue explicado antes, en relación con la prima especial de servicios del

artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se
cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada
en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la
sentencia que anuló los decretos salariales. Sin embargo, la prescripción no aplica a los
aportes pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho
fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo
que el paso del tiempo no convalida su incumplimiento.

47. Descendiendo al sub examine, se tiene que la accionante prestó sus servicios a la Rama

Judicial hasta el 31 de octubre de 2008, y radicó la correspondiente reclamación
administrativa, solo hasta el 9 de noviembre de 2015, razón por la cual, es evidente que
pasaron más de 3 años, configurándose así, la prescripción extintiva de los derechos a
recibir la prima especial de servicios y la reliquidación de sus factores salariales y
prestacionales teniendo en cuenta el 30% deducido de la asignación básica.

48. Al respecto, la Sala considera que no resulta de recibo el argumento del extremo

apelante en torno a la aplicación de la suspensión del término de prescripción reconocido
por la jurisprudencia de esta Corporación, en los casos en que se discute el
reconocimiento de las diferencias entre la bonificación por gestión judicial preceptuada
por el Decreto 4040 de 2004 y la bonificación por compensación prevista en el Decreto
610 de 1998.

49. Lo anterior, habida cuenta que, los supuestos fácticos de ese tipo de controversias no

resultan asimilables a los litigios que versan sobre el reconocimiento de la prima especial
de servicios establecida por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, porque, de acuerdo con
la sentencia proferida el 18 de mayo de 201616 por la Sala de Conjueces de esta
Corporación, la mencionada suspensión del término de prescripción se justifica en la
existencia simultánea de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, razón por la cual,

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces; sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000 23-25-000-2010-00246-
02(0845-15).

11

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Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

«[...] el término de prescripción se cuenta desde que el derecho se hace exigible, que para el caso
específico se reputa sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012».

50. El estado de cosas descrito no se configuró respecto de la prima especial de servicios,

que fue prevista por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y solo ha sido objeto de
reglamentación posterior. Por ende, la Subsección estará a la regla contenida en la
sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 201917, en virtud de la cual, «[p]ara
la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en
cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y-a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848
de 1969».

51. No sucede lo mismo con los aportes a pensiones, que, como se dijo, no se ven
afectados por el fenómeno de la prescripción, razón por la cual, a la accionante le asiste
derecho a la práctica de dichos aportes, durante todos los períodos laborados.

52. Sobre el particular, la Sala advierte que la posición del A quo, en cuanto aplicó el

término de prescripción de 5 años establecido en el Estatuto Tributario a los aportes al
Sistema General de Pensiones, no se acompasa con la naturaleza imprescriptible e
irrenunciable de los derechos pensionales.

53. En ese sentido, en sentencia de 24 de julio de 202518, esta Subsección sostuvo que

«[...] la pensión constituye un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo
establece el artículo 48 de la Constitución Política», tesis desarrollada de manera pacífica y

reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. Luego
entonces, de acuerdo con el contenido y alcance de los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, no resulta adecuado computar término alguno de prescripción sobre
los aportes al Sistema General de Pensiones, habida cuenta del «[...] carácter irrenunciable e
imprescriptible»19 del derecho allí concernido.

54. Finalmente, también cabe resaltar que el artículo 817 del Estatuto Tributario, con
sustento en el cual el tribunal de primera instancia declaró la prescripción de los aportes
al sistema de pensiones, no resulta aplicable al presente caso, en la medida que solo

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018); conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 24 de julio de 2025; Radicado interno: 5561-2024; consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 29 de enero de 2026; expediente 05001-23-33-000-2016-01025-
02 (5320-2024); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.

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Número Interno: 0757-2021
Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

comporta el término de prescripción para la «[l]a acción de cobro de las obligaciones fiscales»,
asunto distinto y no asimilable con la situación bajo estudio.

55. En tal virtud, el Despacho revocará parcialmente la sentencia de primera instancia,

para en su lugar: (i) declarar la existencia del acto administrativo ficto originado en el
silencio administrativo respecto del aludido recurso de apelación; (ii) declarar la nulidad
parcial de los actos demandados; (iii) declarar probada la excepción de prescripción,
respecto de los derechos a recibir la prima especial de servicios y la reliquidación de sus
factores salariales y prestacionales teniendo en cuenta el 30% deducido de la asignación
básica; y (iv) ordenar se realicen los aportes al sistema de pensiones sobre la prima
especial de servicios del 30%.

2.5 .3. Condena en costas.

56. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad

o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, en esta instancia.

57. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia del Seis (06) de Octubre de Dos Mil
Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, únicamente en lo referido a los
aportes al sistema de pensiones.

SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto de los
derechos a recibir la prima especial de servicios y la reliquidación de sus factores salariales
y prestacionales teniendo en cuenta el 30% deducido de la asignación básica.

TERCERO. DECLARAR la existencia del acto administrativo ficto o presunto, originado
en el silencio administrativo respecto del recurso de apelación formulado contra la
Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015, que fue radicado el 29 de

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Número Interno: 0757-2021
Demandante: María Aydee Madrid Ríos
Demandado: Nación – Rama Judicial

diciembre de 2015.

CUARTO. DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto o presunto relacionado en el
ordinal anterior, y de la Resolución DESAJMR15-5744 de 2 de diciembre de 2015,
únicamente en cuanto negaron el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones
en favor de la demandante.

QUINTO. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DESAJ, a reconocer y pagar
los aportes al Sistema General de Pensiones correspondientes a la señora María Haydee
Madrid Ríos, identificada con cédula de ciudadanía 32.519.953, así: (a) del 1° de enero
de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100%
de remuneración básica mensual; y (b) desde la entrada en vigor de la referida norma
hasta el 31 de octubre de 2008, con base en el 30% correspondiente a la prima especial
de servicios.

SEXTO. CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia Seis (06) de Octubre de Dos Mil
Veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva.

SÉPTIMO. Sin condena en costas, en esta instancia.

OCTAVO. Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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