Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en
contra de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca2, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Victoria Eugenia Caicedo Santacruz presentó demanda3 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue radicada y tramitada por el Tribunal Administrativo del Cauca, razón por la que el
radicado asignado corresponde al código judicial de ese departamento. Sin embargo, la sentencia
fue proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cumplimiento del Acuerdo
PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 del Consejo Superior de la Judicatura. La consulta del
expediente digital de la primera instancia debe realizarse a través del portal Samai del Tribunal
Administrativo del Cauca con el radicado 19001-23-33-002-2017-00402-00.
3 Documento 6 del expediente digital de la primera instancia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo4, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio DESAJ15-000610 del 9 de febrero de
2015 y del acto ficto presunto negativo generado por la falta de pronunciamiento
frente al recurso de apelación propuesto contra aquel, por medio de los cuales se
negó el reconocimiento del 30% del salario básico pagado a título de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación
de todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho por haberse
desempeñado como juez primero penal municipal de Santander de Quilichao.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la inaplicación de la expresión «sin
carácter salarial» contenida en los decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010,
1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de
2016 relacionada con la prima especial de servicios.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se le concediera i) la
reliquidación y pago, entre el 15 de marzo y el 15 de octubre de 2015, del 18 de
mayo de 2012 al 16 de mayo de 2014 y desde el 19 de mayo de 2014 hasta el «30
de mayo de 2016»5, de los siguientes emolumentos: a) el 30% del salario básico que
no se le ha pagado por haber sido catalogado como la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y b) la reliquidación de todas las
prestaciones sociales y cesantías causadas de acuerdo con el porcentaje del salario
reliquidado más el 30% de la prima especial de servicios; y ii) la indexación mes a
mes sobre el valor de la condena.
1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Debido a que el acápite de hechos del escrito de la demanda no es del todo claro,
de la revisión del expediente la Sala logró extraer los siguientes6:
4.1. Laboró como juez primero penal municipal de Santander de Quilichao entre el
15 de marzo y el 15 de octubre de 2010, del 18 de mayo de 2012 al 16 de mayo de
2014 y desde el 19 de mayo de 2014 hasta el «5 de febrero de 2015»7.
4.2. El 24 de septiembre de 2014 solicitó ante la DEAJ el reconocimiento del 30%
del salario básico que le fue pagado como prima especial de servicios durante los
periodos en los que se desempeñó como juez de la República, la reliquidación de
todas las prestaciones sociales que se calculan con base en el valor de la asignación
4 En adelante CPACA.
5 Así se indicó en la demanda, pero las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de la prestación
del servicio hasta el 5 de febrero de 2015, por ser la fecha de expedición del certificado laboral.
6 Folios 4 al 6 del documento 6 del expediente digital de la primera instancia.
7 Fecha del certificado laboral que indicó que la demandante continuaba en ejercicio del cargo.
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Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
básica teniendo en cuenta la citada prima como factor de salario y la indexación del
monto resultante.
4.3. La DEAJ profirió el Oficio DESAJ15-000610 del 9 de febrero de 2015 en el que
no se emitió una respuesta clara ni de fondo sobre las pretensiones y aunque
presentó recurso de apelación no se dictó acto que resolviera la alzada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 90, 93 y 150 de la
Constitución Política; 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y 2
y 14 de la Ley 4ª de 1992; y el Convenio 100 de 1991 de la Organización
Internacional del Trabajo.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
6.1. El legislador creó la prima especial de servicios a través del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. El gobierno nacional reglamentó dicho emolumento por medio de los
decretos 51, 53 y 57 de 1993, en los que dispuso que el 30% de la asignación básica
salarial correspondía a la citada prima especial de servicios.
6.2. La anterior interpretación resultó ser desfavorable a los derechos de los
servidores judiciales, pues le restó el carácter salarial al 30% del salario básico, lo
cual disminuyó de manera automática el valor de las prestaciones sociales que se
calculan a partir de la base salarial.
6.3. Lo anterior fue establecido por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de
abril de 2014 dictada dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-
00087-00, en la que se determinó que la prima especial de servicios debe ser
reconocida de manera adicional, por lo que había lugar a la reliquidación del salario
básico y de las prestaciones sociales que se liquidan a partir de ese rubro.
1.2. Contestación de la demanda
7. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación8:
7.1. La prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional que en sentencia C-279
de 1996 declaró exequible la expresión «sin carácter salarial», razón por la que el
8 Documento 36 del documento 6 del expediente digital de la primera instancia.
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Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
porcentaje equivalente a dicho emolumento no podía hacer parte de la base de
liquidación de las prestaciones sociales reclamadas por la demandante, pues solo
podía hacer parte de la base para liquidar los aportes al sistema pensional de
acuerdo con lo establecido en la Ley 332 de 1996.
7.2. A pesar de que el Consejo de Estado decretó la nulidad de los decretos anuales
de los años 1993 a 2007, no ocurrió lo mismo respecto de los decretos de los años
2008 en adelante, que corresponden a los años reclamados por la demandante, por
lo que siguen siendo de obligatorio cumplimiento, de modo que no es posible
adoptar decisiones distintas de las establecidas por el gobierno nacional.
7.3. Son procedentes las excepciones de «integración de litis consorcio necesario»9,
ausencia de causa petendi y prescripción trienal.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 30 de
mayo de 202410, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La parte
resolutiva es del siguiente tenor:
«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionales los artículos 8 del Decreto 1039 de 2011,
8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto de 2013, 8º del Decreto 194 de 2014. En su
lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política, conforme
con lo explicado en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción denominada “Ausencia de causa
petendi” formulada por la parte demandada.
DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción trienal, según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) acto
presunto derivado del silencio negativo respecto de la petición del 24 de septiembre de
2014; (ii) acto presunto producto del silencio de la administración frente al recurso de
apelación interpuesto contra el acto administrativo ficto atrás citado.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, la parte demandada debe reconocer
y pagar en favor de la señora Victoria Eugenia Caicedo Santacruz identificada con C.C.
No. 34.596.968, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico,
a partir del 18 de mayo de 2012 y hasta el 19 de mayo de 2016, y mientras ocupe el
cargo de Juez de la República hasta el 31 de diciembre de 2020, sin que supere el tope
fijado anualmente por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que constituye factor de
9 En el sentido de indicar que debía vincularse a la Presidencia de la República y al Ministerio de
Hacienda.
10 Documento 52 del expediente digital de la primera instancia.
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salario solo para efectos de las cotizaciones al sistema de seguridad social.
La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados) de la parte demandante, a partir del 18
de mayo de 2012 hasta el 19 de mayo de 2016, y mientras ocupe el cargo de Juez de la
República hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta para tal efecto una base
de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30%
descontado erróneamente a título de prima especial.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto
que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa
que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma
adicional a la asignación básica.
QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización: […]
La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base
en el 100% del salario básico por el tiempo reconocido en la presente providencia,
además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.
SEXTO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia.
[…] (sic)».
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
9.1. La demandante se desempeñó como juez municipal en los siguientes periodos:
«15 de marzo a 10 de octubre de 2010; 18 de mayo de 2012 a 16 de mayo de 2014; 19 de
mayo a 31 de diciembre de 2014; y 1 de enero a 19 de mayo de 2016».
9.2. De acuerdo con la interpretación realizada por el Consejo de Estado en
sentencia del 2 de septiembre de 201911 la prima especial de servicios de que trata
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe pagarse como un emolumento adicional al
salario básico y no como parte de él, pues de lo contrario implicaría una desmejora
de la asignación básica y desconocería los principios de remuneración mínima vital
y móvil, equidad, favorabilidad, progresividad y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad del trabajo.
9.3. Debido a que la administración ha aplicado de manera estricta la expresión « se
considerará como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento del salario básico
mensual» contenida en los decretos salariales anuales de los años 2011 a 2014, es
evidente que ha disminuido en un 30% el salario básico que le correspondía
11 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
devengar a la demandante para pagarlo como si se tratara de la prima especial de
servicio.
9.4. Por lo anterior, Victoria Eugenia Caicedo Santacruz tenía derecho al pago del
30% del salario dejado de pagar y de la reliquidación de las prestaciones sociales
percibidas de acuerdo con ese porcentaje. El pago debía corresponder, por
prescripción trienal, al periodo comprendido entre el «18 de mayo de 2012 y el 19 de
mayo de 2016» y en adelante mientras haya ocupado el cargo de juez de la República
hasta la fecha de vigencia del Decreto 272 de 2021, momento a partir del cual se
empezó a pagar la prima especial de servicios del modo correcto, siempre y cuando
no se superaran los topes establecidos por el gobierno nacional y que no se
incurriera en pagos dobles por el mismo concepto. Reliquidarse los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones de acuerdo con la citada prima que es
factor de salario solo para efectos de calcular las contribuciones al sistema de
seguridad social en pensiones.
9.5. Condenó en costas a la parte demandada que deberá pagar el 1% de la
estimación razonada de la cuantía en consideración de la labor adelantada por el
apoderado de la demandante.
1.4. El recurso de apelación
10. La DEAJ presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos12:
10.1. De acuerdo con la sentencia «de unificación» del Consejo de Estado del 2 de
septiembre de 201913 los jueces de la República tienen derecho al reconocimiento
de las diferencias causadas por la reliquidación de las prestaciones sociales de
conformidad con el 100% del salario decretado por el gobierno nacional más el pago
del 30% del salario como un monto adicional y correspondiente a la prima especial
de servicios que no tiene carácter salarial.
10.2. A partir del Decreto 272 de 2021 se empezó a pagar la prima especial de
servicios como un emolumento adicional al salario, pero no hay la disponibilidad
presupuestal necesaria para asumir el pago de las obligaciones causadas por ese
concepto antes del año 2021.
12 Documento en la carpeta 55 del documento 6 del expediente digital de la primera instancia.
13 Radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
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1.5. Alegatos en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar14.
1.6. El Ministerio Público
12. El Ministerio Público no profirió concepto en esta oportunidad15.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia16, se circunscribe a establecer
¿si la disponibilidad presupuestal de la entidad demandada puede condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
14 Como se indicó en el auto admisorio del 30 de octubre de 2024. Documento 5 del expediente
digital de la segunda instancia.
15 Según constancia en el índice 8 de Samai
16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial17 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».
19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200718, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar19».
20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
18 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
19 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
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Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
como prima.
22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201920, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
10
Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
septiembre de 201921.
24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201422 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 23 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
22 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
23 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
11
Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 200924, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior25 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
25 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0526 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. Victoria
Eugenia Caicedo Santacruz laboró como juez penal municipal de
Santander de Quilichao en los siguientes periodos27:
Del 1 al 4 de septiembre de 2005.
Del 2 al 7 de enero de 2008.
Del 15 de marzo al 15 de octubre de 2010.
Del 18 de mayo de 2012 al 16 de mayo de 2014.
Del 19 de mayo de 2014 al 5 de febrero de 2015 (fecha del certificado).
33.2. El 24 de septiembre de 201428, solicitó a la DEAJ el pago del 30% del salario
básico que le fue deducido y pagado a título de prima especial de servicios
devengada durante los periodos en los que se desempeñó como juez de la
República y la reliquidación de las prestaciones sociales tales como vacaciones,
cesantías y «demás emolumentos devengados»29.
33.3. La Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial de Popayán30 profirió
el Oficio DESAJ15-000610 del 9 de febrero de 2015 en el que le indicó a la
demandante que por medio del Oficio DEAJRH14-8004 del 1 de octubre de 2014
envió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un estudio, proyección de costos
26 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
27 Folios 21 al 23 del documento 10 del expediente digital de la primera instancia.
28 La copia de la reclamación administrativa fue remitida de la DEAJ a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Cauca el 15 de diciembre de 2014.
29 Folios 1 al 6 del cuaderno digital de la primera instancia.
30 En lo siguiente DESAJ.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
y solicitud de asignación de recursos e instrucciones en relación con la declaratoria
de nulidad de los decretos salariales anuales de los años 1993 a 2013 en relación
con la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 199231.
33.4. El 10 de abril de 2015 la demandante presentó recurso de apelación en el que
insistió en el derecho que le asiste al reconocimiento y pago de los haberes
reclamados y a la falta de pronunciamiento de fondo sobre su solicitud32. La DESAJ
Popayán concedió la alzada por medio de la Resolución 534 del 7 de abril de 201633,
pero no fue resuelta.
2.4. Análisis sustantivo
34. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de «los» actos fictos presuntos
negativos generados por la falta de pronunciamiento de fondo frente a la
reclamación administrativa presentada por la demandante en relación con el
reconocimiento del 30% del salario dejado de pagar o pagado a título de prima
especial de servicios y la reliquidación de sus prestaciones sociales y de los aportes
al sistema de seguridad social en pensiones.
35. La DEAJ presentó recurso de apelación en el que manifestó no contar con la
disponibilidad presupuestal para asumir el pago de los emolumentos causados
antes del año 2021, momento a partir del cual, según afirmó, ha pagado la prima
especial de servicios como un emolumento adicional al salario básico fijado por el
gobierno nacional y no como parte de él.
36. Pues bien, antes de abordar la resolución del problema jurídico planteado vale la
pena destacar que no se ha discutido el derecho que le asistió a Victoria Eugenia
Caicedo Santacruz a percibir la prima especial de servicio dispuesta en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 durante el tiempo en el que se desempeñó como juez penal
municipal de Santander de Quilichao (Cauca), lo que implica que el estudio en esta
oportunidad partirá de dicho presupuesto.
37. En cuanto a las dificultades de la entidad demandada para asumir el pago de la
condena impuesta en la sentencia de primera instancia por falta de disponibilidad
presupuestal, la Sala destaca que esta situación no es una justificación que valide
el incumplimiento de las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las
entidades públicas. En consecuencia, no existe sustento legal o jurisprudencial para
31 Folios 16 y 17 del cuaderno digital de la primera instancia.
32 Folios 24 al 27 del cuaderno digital de la primera instancia.
33 Folios 32 y 33 del cuaderno digital de la primera instancia.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
afectar los derechos de la demandante por una supuesta deficiencia económica del
empleador.
38. De ese modo, el incumplimiento de las órdenes de restablecimiento del derecho
no solo desconocería los derechos laborales de la demandante 34, sino también los
mandatos legales previstos en las leyes 4ª de 1992 y 332 de 1996 que son claros y
expresos.
39. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que «la situación
económica del empleador, sea este público o privado, [así como] los argumentos
económicos, presupuestales o financieros, no justifican el incumplimiento del deber
legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores»35 [se
resalta].
40. En este orden, esta Subsección ha señalado que «si la entidad accionada considera
que no tiene el presupuesto suficiente para asumir el pago de sus acreencias laborales,
debe adelantar las gestiones pertinentes para recaudar los recursos necesarios para
cumplir las obligaciones que le fueron impuestas en la ley»36; de manera que la
«imposibilidad» alegada además de vulnerar el derecho establecido en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, supone la afectación de un derecho de carácter irrenunciable,
desconoce los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias, y vulnera
un mandato legal, por lo que se constituye en una conducta que no se puede avalar.
41. Por lo tanto, a pesar de las dificultades financieras manifestadas, a la entidad le
corresponde reconocer y pagar los derechos causados a favor de Victoria Eugenia
Caicedo Santacruz para lo cual deberá adoptar las medidas que considere
necesarias para cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales que le
impone la ley y que gozan de prelación en los términos explicados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
42. Ahora, la Sala advierte que en la sentencia de primera instancia se ordenó
reliquidar los aportes a seguridad social de la demandante de acuerdo con el 100%
del salario, cuando lo que en realidad corresponde es que dicha reliquidación
obedezca al 100% del salario [en caso de no haberse realizado tales aportes] más
el 30% equivalente a la prima especial de servicios que solo es factor de salario
para efectos pensionales desde la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996.
34 Al respecto, pueden consultarse: Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de
2008.
35 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de
1999, T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
36 Al respecto puede consultarse, entre otras, la sentencia del 20 de noviembre de 2025, radicado
17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024), MP. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
43. De acuerdo con lo anterior, se corregirá de oficio la sentencia de primera
instancia en ese sentido y para indicar que los aportes a seguridad social en pensión
son imprescriptibles, razón por la que sobre ellos no puede predicarse la
configuración de la citada excepción. Por tal razón se ordenará el pago de los
mencionados aportes por todo el periodo reclamado por la demandante.
2.5. Costas
44. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
45. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
46. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.37
47. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
48. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará oficiosamente la condena en costas impuesta
en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta.
37En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024)
Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
3. Conclusión
49. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las dificultades
económicas y la falta de apropiación presupuestal no son óbice para que la entidad
demandada se sustraiga del deber de pagar la condena de carácter salarial y
prestacional que le fue impuesta. Se corregirá y adicionará el fallo apelado para
indicar que la reliquidación de los aportes a seguridad social en pensiones debe
obedecer en realidad al 100% del salario básico decretado [en caso de no haberse
realizado tales aportes] más la prima especial de servicios equivalente al 30% de la
asignación básica, la cual es factor de salario solo para efectos pensionales, y que
sobre tales aportes no se configura la excepción de prescripción, razón por la que
deben ser pagados por todo el periodo reclamado. Finalmente, se revocará el
ordinal sexto de la sentencia de primera instancia que condenó en costas a la parte
demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Corregir y adicionar el ordinal quinto de la sentencia apelada para indicar
que la reliquidación de los aportes a seguridad social en pensiones debe obedecer
en realidad al 100% del salario básico más la prima especial de servicios en cuantía
del 30% y que sobre tales aportes no se configura la excepción de prescripción. El
ordinal quedará de la siguiente manera:
QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula
de actualización:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
La entidad demandada debe reliquidar los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones de acuerdo con el 100% del salario básico [en caso de no haberse
realizado tales aportes] más el 30% equivalente a la prima especial de servicios que
es factor de salario solo para efectos pensionales y por todo el periodo reclamado
por la demandante en el que haya tenido derecho a percibir la prima especial de
servicios, en atención a la imprescriptibilidad de dichas cotizaciones. Además, queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.
Segundo. Revocar el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia del 30 de
mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
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Demandante: Victoria Eugenia Caicedo Santacruz
condenó en costas a la parte demandada para, en su lugar, no condenar en costas
a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
primera instancia.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 30 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Cuarto. No condenar en costas de segunda instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC
18
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