Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00705-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00705-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00705-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de septiembre de 2026
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 68001233300020190070502 (3609-2025)1
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso promovido por la señora Angie
Lisseth Gómez Jaimes contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. La señora Angie Lisseth Gómez Jaimes, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de obtener la inaplicación, por vía
de excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad, de las disposiciones de los decretos
salariales expedidos por el Gobierno Nacional que establecieron el tratamiento del treinta
por ciento (30%) de la prima especial de servicios como concepto sin carácter salarial,
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Expediente digital
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Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 033, archivo 002 demanda.
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
para declarar la nulidad de la Resolución DESAJBUR17-3210 del cinco (05) de mayo de
dos mil diecisiete (2017), mediante la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial negó la reclamación administrativa encaminada a obtener la reliquidación de sus
prestaciones sociales y demás emolumentos, así como del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra aquella decisión.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar a favor de
la demandante el treinta por ciento (30%) de la prima especial de servicios dentro de la
base salarial, y el consecuente reconocimiento y pago de las diferencias que resultaran
de dicha reliquidación, (ii) la liquidación de las prestaciones sociales, así como el pago
de las diferencias salariales derivadas de su exclusión de la asignación básica, (iii)
reconocimiento de la indexación e intereses corrientes y/o moratorios, junto a la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y (iv) la condena en costas y
agencias en derecho.
1.2. Los hechos.
3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, dijo que, la demandante se ha
desempeñado como servidora judicial en el cargo de Juez de la República desde el
dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), y durante su vinculación ha sido
beneficiaria de la prima especial de servicios equivalente al treinta por ciento (30 %),
creada por el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
4. Indicó que, durante el tiempo de su vinculación, la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al liquidar y
cancelar los valores correspondientes a sus prestaciones sociales y demás
emolumentos, no tuvo en cuenta la prima especial de servicios del treinta por ciento (30
%) como factor salarial y prestacional.
5. Manifestó que, el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017) presentó ante la
entidad demandada derecho de petición, mediante el cual, solicitó la reliquidación de la
prima especial de servicios del treinta por ciento (30 %) como factor salarial, así como, la
reliquidación de las prestaciones y demás conceptos afectados por la deducción de dicho
porcentaje de su remuneración. Petición que, la administración resolvió negativamente
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
mediante la Resolución DESAJBUR17-3210, de cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete
(2017), notificada a la interesada el diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
6. Expuso que, inconforme con dicha decisión, interpuso y sustentó recurso de apelación
el veintitrés (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el cual fue recibido en esa misma
fecha. La entidad no resolvió el recurso dentro del término que la parte actora consideró
legalmente establecido. Por tal razón, sostuvo que se configuró el silencio administrativo
negativo el veintitrés (23) de julio de dos mil diecisiete (2017).
7. Sostuvo que, agotado el trámite administrativo correspondiente, acudió ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante la presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la nulidad de las
decisiones administrativas que negaron su reclamación y el consecuente reconocimiento
de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la forma en que fue liquidada
la prima especial de servicios.
1.3 Normas violadas y concepto de violación
8. La parte demandante invocó como normas vulneradas las siguientes:
9. La constitución Política: Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 93, 150, numeral 19, literal
e), 209 y 215, inciso 9°, de la Constitución Política. Artículos 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992;
numeral 7° del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; artículos 14 y 65 del Código Sustantivo
del Trabajo; así como los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 y 1157 de 2015, entre otros.
10. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que, la Administración desconoció el
alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 al reconocer la prima especial de servicios
del treinta por ciento (30%) como parte del salario básico, en lugar de adicionarla a éste,
lo que implicó una disminución injustificada de su remuneración.
11. Afirmó que, esta interpretación también afectó la liquidación de sus prestaciones
sociales y demás emolumentos cuya base salarial debía comprender el cien por ciento
(100%) de la asignación básica, más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la
prima especial.
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
12. En consecuencia, sostuvo que la prima especial debía reconocerse como un
incremento adicional del salario básico y ser incluida en la liquidación de las prestaciones
sociales, conforme a los pronunciamientos del Consejo de Estado que determinaron que
el treinta por ciento (30%) debía adicionarse a la remuneración y no descontarse de esta.
1.4. Impedimento de los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander3
13. La demanda fue presentada el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019) ante el Tribunal Administrativo de Santander y, conforme al acta individual de
reparto, correspondió su conocimiento al despacho de la magistrada Solange Blanco
Villamizar.
14. Mediante providencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil diecinueve (2019), los
magistrados Solange Blanco Villamizar, Rafael Gutiérrez Solano, Iván Mauricio Mendoza
Saavedra, Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Julio Edisson Ramos Salazar y Milciades
Rodríguez Quintero manifestaron conjuntamente su impedimento para conocer del
proceso, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código
General del Proceso, relativa a la existencia de interés directo o indirecto en el proceso.
15. Explicaron que la controversia estaba relacionada con el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios del treinta por ciento (30%) a favor de funcionarios de la Rama
Judicial y que, en su condición de magistrados de esa misma Rama, tenían una
expectativa similar a la de la demandante frente al reconocimiento de dicho concepto
salarial y prestacional. Por tal razón, consideraron configurada la causal de impedimento
y dispusieron la remisión del expediente al Consejo de Estado, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 131 del CPACA.
16. El asunto fue remitido al Consejo de Estado, cuya Sección Segunda, mediante
providencia de doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), estudió el
impedimento manifestado por la totalidad de los magistrados del Tribunal Administrativo
de Santander. La Corporación consideró que los magistrados del Tribunal efectivamente
tenían interés directo en el resultado del proceso, pues, la demandante pretendía la
reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la prima especial prevista en
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Sistema Samai, gestión otros despachos, índice 1, expediente digital.
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, disposición que establece para los magistrados de
tribunal, entre otros servidores públicos, una prima no inferior al treinta por ciento (30%)
ni superior al sesenta por ciento (60%) del salario básico y en consecuencia, estimó
configurada una situación de carácter subjetivo que comprometía la imparcialidad de los
funcionarios judiciales.
17. Por lo anterior, mediante la referida providencia, el Consejo de Estado declaró
fundado el impedimento, separó a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander del conocimiento del proceso y ordenó devolver el expediente a dicha
Corporación para que se realizara el correspondiente sorteo de conjueces, conforme al
numeral 5 del artículo 131 del CPACA.
18. El once (11) de mayo de dos mil veintiuno (2021) se llevó a cabo la audiencia pública
de sorteo para el proceso radicado 68001-23-33-000-2019-00705-00, promovido por
Angie Lisseth Gómez Jaimes contra la Rama Judicial, en donde resultó designada como
conjuez la doctora Silvia Juliana Jaimes Ochoa, quien asumiría el conocimiento del
asunto.
1.5. Nulidad planteada por la demandante4
19. Una vez designada la doctora Silvia Juliana Jaimes Ochoa como conjuez para asumir
el conocimiento del proceso, mediante auto de cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno
(2021) se inadmitió la demanda. En dicha providencia se consideró necesario que la parte
actora adecuara el trámite a las disposiciones procesales vigentes relacionadas con el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, adicionalmente, que
allegara el poder especial en los términos del artículo 74 del Código General del Proceso
y copia de la constancia de notificación de los actos administrativos demandados.
20. Dentro del término correspondiente, la apoderada de la parte demandante presentó,
el nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), solicitud de nulidad del auto
inadmisorio o, en su defecto, que este fuera dejado sin efectos. Sustentó su petición en
la presunta vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, al considerar que se
habían aplicado el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021 a una demanda
presentada en el año 2019, cuando tales disposiciones aún no se encontraban vigentes.
4 Sistema Samai, gestión otros despachos, índice 1, expediente digital.
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
21. En particular, señaló que en la demanda se habían suministrado las direcciones
físicas y correos electrónicos de los sujetos procesales, que el poder especial había sido
aportado desde la presentación inicial, asimismo, argumentó que la constancia de
notificación de la Resolución DESAJBUR17-3210 podía ser incorporada posteriormente
al expediente, particularmente con la contestación de la demanda, pues había solicitado
que la entidad demandada allegara el expediente administrativo. En ese sentido,
consideró que la inadmisión y eventual rechazo de la demanda desconocerían el derecho
de acceso a la administración de justicia, máxime cuando el proceso había permanecido
aproximadamente dos años desde su radicación hasta la designación de la conjuez.
22. Mediante Auto de veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022), la conjuez
estudió la solicitud de nulidad formulada, consideró que el régimen de nulidades
procesales es de carácter taxativo y que los argumentos planteados por la parte actora
no correspondían a ninguna de las causales previstas legalmente. También, advirtió que
la demandante no había interpuesto el recurso de reposición contra el auto inadmisorio,
por lo que, conforme a las reglas de saneamiento de las irregularidades procesales, los
argumentos formulados en la solicitud de nulidad se entendían superados o subsanados.
23. No obstante, el despacho examinó la alegada afectación del debido proceso y,
atendiendo a los principios de acceso a la administración de justicia y de
proporcionalidad, consideró que no resultaba procedente rechazar la demanda por la falta
de adecuación dentro del término inicialmente concedido. En consecuencia, aunque no
encontró configurada una causal de nulidad, decidió admitir la demanda, entre otras
razones, para evitar un exceso de ritual manifiesto.
1.6 Contestación de la demanda5
24. La parte demandada, actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que los salarios y prestaciones de la
demandante fueron reconocidos y pagados conforme al régimen salarial vigente y a los
decretos expedidos anualmente por el Gobierno Nacional. Sostuvo que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial carecía de competencia para modificar dicho
régimen, pues esta facultad corresponde al Gobierno Nacional.
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Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 035, archivo 012 contestación
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
25. Asimismo, señaló que la actuación administrativa cuestionada correspondía a la
aplicación de las normas salariales vigentes y que no existía obligación pendiente a favor
de la demandante. En relación con la prima especial de servicios, invocó la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019 y sostuvo que, en todo caso, las diferencias salariales y
prestacionales reclamadas estaban sometidas a la prescripción trienal. Como la
reclamación administrativa fue presentada el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete
(2017), consideró prescritas las sumas causadas con anterioridad al veintiocho (28) de
abril de dos mil catorce (2014).
26. Como excepciones, propuso, entre otras, «inexistencia del demandado, ineptitud de la
demanda, falta de legitimación en la causa por pasiva, indebida conformación del contradictorio,
prescripción trienal, caducidad del medio de control, cobro de lo no debido e innominada.» En particular,
alegó que debían vincularse al proceso la Nación – Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función
Pública, por ser el Gobierno Nacional quien tiene competencia para fijar el régimen
salarial.
27. Finalmente, la entidad manifestó que acceder a las pretensiones implicaría reconocer
valores no previstos en las apropiaciones presupuestales y alterar la escala salarial
establecida por el Gobierno Nacional, razón por la cual, solicitó negar las pretensiones
de la demanda y declarar probadas las excepciones propuestas.
1.7. Trámite de las excepciones6
28. En el nuevo sorteo de conjuez fijado por la Presidencia del Tribunal Administrativo de
Santander, el proceso fue asignado al conjuez Sergio Julián Santoyo Silva, quien asumió
su conocimiento.
29. Mediante auto de ocho (08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal adecuó
el trámite del proceso a la Ley 2080 de 2021 y resolvió las excepciones previas, declaró
como no probadas la inexistencia del demandado, al considerar que la Nación – Rama
Judicial comparecía al proceso a través de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, entidad cuya existencia jurídica no se encontraba en discusión; frente a la
ineptitud de la demanda señaló que los argumentos de la entidad no se relacionaban con
defectos formales de la demanda ni con una indebida acumulación de pretensiones, sino
6 Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 040, archivo 021 Auto resuelve excepciones
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
con la eventual responsabilidad de otras autoridades en la fijación del régimen salarial,
asunto propio de otros medios exceptivos.
30. De igual manera, declaró no probada la excepción de cobro de lo no debido ligado a
la falta de citación de otras personas, al advertir que se estaba haciendo una mezcla entre
una excepción de mérito y una excepción previa. Además, consideró que los actos
administrativos demandados habían sido expedidos por la entidad demandada, por lo
que era esta quien debía comparecer al proceso para responder por su legalidad.
31. En cuanto a la excepción relativa a la falta de integración de los litisconsortes
necesarios, concluyó que, por la naturaleza del medio de control, no era indispensable
vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni
al Departamento Administrativo de la Función Pública, pues, la controversia podía
resolverse respecto de los actos expedidos por la Rama Judicial sin la comparecencia de
dichas entidades.
32. Por su parte, el Tribunal difirió para la sentencia el estudio de las excepciones de
prescripción trienal y caducidad, al no corresponder a las excepciones previas que debían
resolverse en esa etapa procesal.
33. Contra esta decisión, la entidad demandada interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación y mediante Auto Interlocutorio n.° 561 de trece (13) de septiembre de
dos mil veinticuatro (2024), el Tribunal no repuso la decisión y rechazó por improcedente
el recurso de apelación.
34. Posteriormente, mediante Auto n.° 192 del diez (10) de abril de dos mil veinticinco
(2025), el Tribunal prescindió de la audiencia inicial, declaró saneado el proceso, fijó el
litigio y decretó las pruebas pertinentes. En esta providencia estableció como asuntos a
resolver la legalidad de los actos demandados, la procedencia de la reliquidación de las
prestaciones sociales con inclusión del treinta por ciento (30%) de la prima especial y la
eventual configuración de la prescripción.
35. Ante el incumplimiento de la entidad demandada en aportar la información requerida
para el recaudo probatorio, mediante Auto n.° 298 de cuatro (04) de junio de dos mil
veinticinco (2025) se reiteró el requerimiento y, posteriormente, mediante Auto n.° 402 de
veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025), se abrió incidente de desacato
contra el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.
Finalmente, la entidad allegó la información requerida, el dieciocho (18) de septiembre
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
de dos mil veinticinco (2025) se cerró el incidente, se incorporaron las pruebas y se corrió
traslado para alegar de conclusión.
1.8. La sentencia de primera instancia7.
36. El Tribunal Administrativo de Santander – Sala Conjueces, mediante sentencia
proferida el veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025), resolvió:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “caducidad” y “falta de legitimación
en la causa por pasiva”, formuladas por la parte demandada, de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES para el caso en concreto el artículo 8° de
los Decretos 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes, y en su lugar, se aplica el artículo 53 de la
Constitución Política.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR17-3210 del 5 de mayo de
2017; así como el acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo
originado ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reliquidar y pagar las
prestaciones sociales devengadas por ANGIE LISSET GÓMEZ JAIMES desde el 28 de abril de
2014 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga
derecho, sobre el 100% de su remuneración mensual, es decir, teniendo en cuenta para el efecto
el 30% que en su momento se había sustraído erróneamente del salario básico a título de prima
especial de servicios. Lo anterior salvo en lo que respecta a las cesantías, cuya reliquidación y
pago debe efectuarse desde el 19 de febrero de 2013, por tratarse de una prestación imprescriptible
mientras subsista la relación laboral conforme lo establecido en sentencia de unificación
jurisprudencial CE- SUJ004 de 2016.
QUINTO: DECLÁRASE la prescripción trienal de las sumas derivadas de la reliquidación ordenada,
causadas con anterioridad al 28 de abril de 2014, salvo en lo que respecta a las cesantías por
tratarse de una prestación imprescriptible mientras subsista la relación laboral, de conformidad con
lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas en esta
sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la fórmula señalada
en la parte motiva.
SÉPTIMO: Ordenar a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos que establece
el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.
OCTAVO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, EXPIDASE copias auténticas de la misma y/o constancia
para el cobro administrativo y ARCHIVESE las diligencias previas las anotaciones del caso.
DÉCIMO: Efectúese el registro de esta actuación en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI |
Proceso Judicial (consejodeestado.gov.co) por intermedio de la Oficial Mayor-Conjueces.
37. El Tribunal, declaró no probadas las excepciones de caducidad y falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por la entidad demandada. En relación con la
caducidad, consideró que, al haberse demandado también el acto ficto producido por el
silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación, resultaba aplicable el literal
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Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 070, archivo 049 Sentencia de primera instancia
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, conforme al cual la demanda puede
presentarse en cualquier tiempo frente a actos producto del silencio administrativo.
38. Al estudiar la controversia de fondo, el Tribunal precisó que el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 estableció para los jueces de la República una prima especial no inferior al treinta
por ciento (30 %) ni superior al sesenta por ciento (60 %) del salario básico. A partir de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente de la del dos (02) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), concluyó que dicha prima constituye un incremento del
salario básico y que, por tanto, no podía ser sustraída de este para conformar una
remuneración equivalente únicamente al setenta por ciento (70 %). En consecuencia, la
asignación básica debía reconocerse en un cien por ciento (100 %) y, sobre ella,
liquidarse las prestaciones sociales.
39. En este punto, señaló que, conforme al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prima
especial no tiene carácter salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales,
aunque sí constituye factor salarial para las cotizaciones al sistema pensional. Por ello,
el problema no consistía en convertir la prima en factor salarial para todos los efectos,
sino en establecer que el treinta por ciento (30 %) no podía utilizarse para reducir la
asignación básica que servía de base para la liquidación de los derechos laborales.
40. Para resolver el caso concreto, el tribunal tuvo como acreditado que la demandante
estuvo vinculada a la Rama Judicial desde el nueve (9) de mayo de dos mil once (2011)
y que se desempeñó como juez de la República desde el diecinueve (19) de febrero de
dos mil trece (2013) hasta el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Igualmente, encontró demostrado, a partir de las certificaciones de pagos, que durante el
período reclamado la entidad fraccionó la remuneración y destinó el treinta por ciento (30
%) a la denominada prima especial de servicios, circunstancia que afectó la base utilizada
para liquidar las prestaciones sociales.
41. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la entidad demandada había dado a la
prima especial un tratamiento contrario a la interpretación fijada por el Consejo de Estado,
al sustraer el treinta por ciento (30 %) de la asignación básica. En consecuencia, declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y dispuso el correspondiente
restablecimiento del derecho, consistente en la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el cien por ciento (100 %) de la remuneración mensual, incluyendo el treinta por
ciento (30 %) que había sido descontado a título de prima especial.
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
42. En cuanto a la prescripción, el Tribunal acogió la regla fijada en la sentencia SUJ-
016-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), según la cual para
determinar el período susceptible de reconocimiento debe atenderse a la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y reconocerse, como máximo, lo causado
durante los tres (3) años anteriores. Como la demandante presentó su reclamación el
veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), la Sala concluyó que se encontraban
prescritas las sumas causadas con anterioridad al veintiocho (28) de abril de dos mil
catorce (2014).
43. No obstante, efectuó una distinción respecto de las cesantías, pues consideró que, al
haberse presentado la reclamación administrativa mientras aún se encontraba vigente la
relación laboral, no operaba la prescripción frente a esta prestación, con fundamento en
la sentencia de unificación CE-SUJ004-2016 y en la sentencia radicación 17001-23-33-
000-2017-00391-02 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A8. Por esta razón, ordenó su reliquidación desde el diecinueve
(19) de febrero de dos mil trece (2013), mientras que las demás acreencias fueron
reconocidas únicamente desde el veintiocho (28) de abril de dos mil catorce (2014).
44. Finalmente, ordenó que las sumas reconocidas fueran indexadas conforme a la
fórmula utilizada por el Consejo de Estado, dispuso el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA y, se abstuvo de imponer condena en
costas.
1.9. Del recurso de apelación
1.9.1. Parte demandada9
45. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
intermedio de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida el veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025), específicamente
frente a los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva, relacionados con la
reliquidación de las cesantías y la excepción de prescripción.
46. La entidad recurrente sostuvo que la sentencia de primera instancia aplicó de manera
incorrecta la jurisprudencia sobre la prescripción, al considerar que las cesantías eran
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29 de mayo de 2025, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, Rad.
17001-23-33-000-2017-00391-02 (4501-2019).
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Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 073, archivo 053 Recurso de Apelación
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Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
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imprescriptibles mientras subsistiera la relación laboral. Señaló que la regla aplicable era
la establecida en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, conforme a la cual la
reclamación de la prima especial de servicios debe reconocerse únicamente respecto de
los tres (03) años anteriores a la reclamación administrativa.
47. Manifestó que, no se encontraba acreditada la falta de pago de las cesantías
anualizadas ni que la demandante hubiera recurrido los actos administrativos mediante
los cuales estas fueron reconocidas y agregó que la sentencia CE-SUJ004 de 2016,
invocada por el Tribunal, se refiere a la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías y no al supuesto debatido en este proceso.
48. Por lo anterior, solicitó revocar parcialmente la sentencia, en especial los numerales
cuarto y quinto, para que la reliquidación de las prestaciones sociales, incluidas las
cesantías, quedara sometida a la prescripción trienal.
49. Asimismo, la entidad demandada insistió en la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al sostener que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de
competencia para fijar o modificar el régimen salarial de los servidores de la Rama
Judicial, facultad que corresponde al Gobierno Nacional. En consecuencia, solicitó la
integración del contradictorio con la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por
considerar que dichas autoridades tienen competencia en la fijación del régimen salarial
y en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para atender una eventual
condena.
50. Finalmente, alegó la caducidad del medio de control, al considerar que la parte actora
pretendía controvertir de manera indirecta los decretos salariales expedidos desde 1993,
pese a que estos no fueron demandados dentro de la oportunidad legal.
1.9.2. Trámite de segunda instancia.
51. Mediante auto del seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026), el despacho
sustanciador de la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el
veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo
de Santander – Sala de Conjueces, al considerar que este fue presentado oportunamente
y resultaba procedente conforme al artículo 247 del CPACA.
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52. Posteriormente, la Secretaría de la Sección Segunda informó que la providencia
correspondiente había sido notificada y ejecutoriada, y que se realizaron las
comunicaciones respectivas a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. En consecuencia, de conformidad con el numeral 5.º del
artículo 247 del CPACA, remitió el expediente al despacho del consejero ponente Jorge
Edison Portocarrero Banguera para proferir sentencia.
53. Finalmente, el veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026), el apoderado de
la parte demandante remitió al Consejo de Estado poder otorgado mediante mensaje de
datos para asumir la representación judicial de la señora Angie Lisseth Gómez Jaimes,
dentro del presente proceso.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
54. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA, la competencia del superior se encuentra delimitada por los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
55. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva y el litisconsorcio
necesario?
ii) ¿Se estableció el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad respecto de las
pretensiones formuladas por la señora Angie Lisseth Gómez Jaimes?
iii) ¿Resulta procedente someter o no las cesantías de la señora Angie Lisseth
Gómez Jaimes al fenómeno prescriptivo?
10
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
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56. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial, ii) hechos probados; iii) caso concreto; y
iv) conclusión.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.
57. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.
58. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
59. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
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correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
2.2.2. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes pensionales.
60. Sobre el tema en mención, la Sala ha precisado11 y reiterado12:
La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por
el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de
1969.»
En la sentencia del 2 de septiembre de 2009 13, el Consejo de Estado determinó que en
materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la
prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de interposición de la
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente No. 25000-23-42-000-2018-01701-
02 (1114-2022.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
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reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir,
teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador
que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 superior14 como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in
dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.
En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o la
superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el incumplimiento
del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues ello podría generar
inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
61. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (03) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la Ley
4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló
los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales,
por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.
62. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.
2.3. Hechos probados.
63. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que, rige la materia. En ese sentido, y con base
en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos
constatados, se destaca:
14
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
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a) La señora Angie Lisseth Gómez Jaimes estuvo vinculada a la Rama Judicial
desde el nueve (09) de mayo de dos mil once (2011) y se desempeñó como juez de
la República desde el diecinueve (19) de febrero de dos mil trece (2013) hasta el
veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fecha en la que finalizó su
vínculo con la entidad demandada.15
b) De acuerdo con la certificación de pagos obrante en el expediente, durante el
período objeto de reclamación la remuneración de la demandante se liquidó
conforme a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional, en los
cuales el treinta por ciento (30%) de la asignación básica era identificado como
prima especial de servicios sin carácter salarial.16
Año Mes Nombre Concepto Valor
2011 6 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2011 6 DIFERENCIA DE SUELDO $ 1.149.558,00
2011 7 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2011 8 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2011 9 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2011 10 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2011 11 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2011 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 1.037.795,00
2011 12 SUELDO BASICO $ 1.040.076,00
2011 12 PRIMA DE VACACIONES $ 518.897,00
2011 12 VACACIONES $ 1.304.656,00
2011 12 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD $ 821.112,00
2012 1 SUELDO BASICO $ 1.094.817,00
2012 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 82.111,00
2012 2 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2012 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 82.111,00
2012 3 DIFERENCIA DE SUELDO $ 82.111,00
2012 3 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2012 4 SUELDO BASICO $ 1.642.225,00
2012 4 DIFERENCIA DE SUELDO $ 82.111,00
2012 5 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 5 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 603.518,00
2012 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 887.315,00
2012 6 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 6 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD $ 862.168,00
2012 7 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 8 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 9 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 10 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 2.075.279,00
2012 11 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
2012 12 SUELDO BASICO $ 1.092.080,00
2012 12 PRIMA DE VACACIONES $ 996.134,00
2012 12 VACACIONES $ 1.460.996,00
2012 12 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD $ 862.168,00
2013 1 SUELDO BASICO $ 1.149.558,00
2013 1 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 263.461,00
2013 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 59.318,00
2013 2 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 158.077,00
2013 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 35.591,00
2013 2 SUELDO BASICO $ 1.724.337,00
15
Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 063, archivo 038 recibe memoriales.
16
Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 063, archivo 038 recibe memoriales.
18
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Año Mes Nombre Concepto Valor
2013 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 47.075,00
2013 2 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 14.122,00
2013 2 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 231.998,00
2013 3 SUELDO BASICO $ 3.421.148,00
2013 3 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.026.345,00
2013 3 DIFERENCIA DE SUELDO $ 1.089.262,00
2013 3 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 35.306,00
2013 3 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 3 DIFERENCIA DE SUELDO $ 117.688,00
2013 4 SUELDO BASICO $ 3.421.148,00
2013 4 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.026.345,00
2013 4 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 4 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 35.306,00
2013 4 DIFERENCIA DE SUELDO $ 117.688,00
2013 5 SUELDO BASICO $ 3.421.148,00
2013 5 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.197.402,00
2013 5 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.026.345,00
2013 5 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 5 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 35.306,00
2013 5 DIFERENCIA BONIFICACION SERVICIOS $ 41.191,00
2013 5 DIFERENCIA DE SUELDO $ 117.688,00
2013 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 5.525.877,00
2013 6 SUELDO BASICO $ 3.538.836,00
2013 6 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.061.651,00
2013 6 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 6 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD $ 237.821,00
2013 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.822.742,00
2013 7 SUELDO BASICO $ 3.538.836,00
2013 7 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.061.651,00
2013 7 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 8 SUELDO BASICO $ 3.538.836,00
2013 8 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.061.651,00
2013 8 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 9 SUELDO BASICO $ 3.538.836,00
2013 9 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.061.651,00
2013 9 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 10 SUELDO BASICO $ 3.538.836,00
2013 10 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.061.651,00
2013 10 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 11 SUELDO BASICO $ 3.538.836,00
2013 11 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.061.651,00
2013 11 BONIFICACION JUDICIAL $ 579.996,00
2013 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 3.972.673,00
2013 12 SUELDO BASICO $ 2.241.263,00
2013 12 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 672.379,00
2013 12 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS VACACIONES $ 778.544,00
2013 12 PRIMA DE VACACIONES $ 1.906.882,00
2013 12 VACACIONES $ 2.796.761,00
2013 12 BONIFICACION JUDICIAL $ 367.331,00
2013 12 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 425.330,00
2013 12 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 7.535.287,00
2014 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 104.042,00
2014 1 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 31.214,00
2014 1 SUELDO BASICO $ 2.359.224,00
2014 1 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 707.767,00
2014 1 BONIFICACION JUDICIAL $ 758.565,00
2014 1 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 185.951,00
2014 2 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 2 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 2 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 3 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 3 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 3 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 4 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 4 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 4 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 5 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 5 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.275.007,00
2014 5 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 5 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.874.564,00
2014 6 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 6 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 6 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 7.756.825,00
2014 7 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 7 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 7 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 8 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 8 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
19
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Año Mes Nombre Concepto Valor
2014 8 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 9 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 9 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 9 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 10 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 10 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 10 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 11 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2014 11 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2014 11 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.137.848,00
2014 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 4.068.065,00
2014 12 SUELDO BASICO $ 2.307.156,00
2014 12 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 692.147,00
2014 12 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS VACACIONES $ 801.434,00
2014 12 PRIMA DE VACACIONES $ 1.952.671,00
2014 12 VACACIONES $ 2.863.918,00
2014 12 BONIFICACION JUDICIAL $ 720.637,00
2014 12 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 834.422,00
2014 12 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 7.756.825,00
2015 1 SUELDO BASICO $ 2.428.585,00
2015 1 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 728.576,00
2015 1 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.130.466,00
2015 1 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 185.950,00
2015 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 169.759,00
2015 1 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 50.927,00
2015 1 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 27.597,00
2015 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 169.758,00
2015 2 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 50.927,00
2015 2 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 27.597,00
2015 2 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2015 2 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2015 2 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.695.699,00
2015 3 DIFERENCIA DE SUELDO $ 169.758,00
2015 3 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 50.927,00
2015 3 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 27.597,00
2015 3 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2015 3 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2015 3 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.695.699,00
2015 4 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2015 4 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2015 4 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.695.699,00
2015 4 DIFERENCIA DE SUELDO $ 169.758,00
2015 4 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 50.927,00
2015 4 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 27.597,00
2015 5 SUELDO BASICO $ 3.278.590,00
2015 5 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.275.007,00
2015 5 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.032.149,00
2015 5 SUELDO BASICO ENFERMEDAD 2 PRIMERO DIAS $ 161.906,00
2015 5 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.526.129,00
2015 5 SUELDO BASICO ENFERMEDAD 2 PRIMERO DIAS $ 8.095,00
2015 5 DIFERENCIA DE SUELDO $ 152.782,00
2015 5 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 73.516,00
2015 5 DIFERENCIA BONIFICACION SERVICIOS $ 59.416,00
2015 5 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 27.597,00
2015 5 RECON. 2 PRIMEROS DIAS BONIF JUDICIAL $ 75.364,00
2015 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.874.564,00
2015 6 DIFERENCIA DE SUELDO $ 135.806,00
2015 6 DIFERENCIA PRIMA DE SERVICIO $ 80.074,00
2015 6 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 40.741,00
2015 6 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 22.077,00
2015 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 349.419,00
2015 6 REINTEGRO DE PRIMA DE SERVICIOS $ 156.213,00
2015 6 REINTEGRO BONF.ACTIVIDAD JUDICIAL $ 258.560,00
2015 6 SUELDO BASICO $ 3.642.878,00
2015 6 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.092.864,00
2015 6 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.695.699,00
2015 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 7.756.825,00
2015 8 SUELDO BASICO $ 635.439,00
2015 8 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 190.632,00
2015 8 BONIFICACION JUDICIAL $ 287.216,00
2015 8 REINTEGRO BONIFICACION JUDICIAL $ 339.140,00
2015 9 SUELDO BASICO $ 3.812.636,00
2015 9 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.143.791,00
2015 9 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.723.296,00
2015 9 REINTEGRO DE SUELDOS $ 947.148,00
2015 10 SUELDO BASICO $ 3.812.636,00
2015 10 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.143.791,00
2015 10 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.723.296,00
2015 10 REINTEGRO DE SUELDOS $ 947.148,00
2015 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 3.182.177,00
20
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Año Mes Nombre Concepto Valor
2015 11 SUELDO BASICO $ 3.812.636,00
2015 11 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.143.791,00
2015 11 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.723.296,00
2015 11 DIFERENCIA DE SUELDO $ 947.148,00
2015 12 SUELDO BASICO $ 2.414.669,00
2015 12 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 724.401,00
2015 12 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS VACACIONES $ 838.780,00
2015 12 PRIMA DE VACACIONES $ 1.522.758,00
2015 12 VACACIONES $ 2.977.838,00
2015 12 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.091.421,00
2015 12 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 1.263.750,00
2015 12 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 8.118.294,00
2016 1 SUELDO BASICO $ 2.541.757,00
2016 1 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 762.527,00
2016 1 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.502.367,00
2016 1 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 176.752,00
2016 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 296.243,00
2016 1 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 88.874,00
2016 1 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 105.388,00
2016 2 SUELDO BASICO $ 3.812.636,00
2016 2 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.143.791,00
2016 2 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.253.551,00
2016 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 296.242,00
2016 2 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 88.873,00
2016 2 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 105.387,00
2016 3 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 3 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 3 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 4 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 4 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 4 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 5 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 5 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 5 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 6 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 6 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 6 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 2.056.915,00
2016 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 8.749.086,00
2016 7 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 7 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.438.107,00
2016 7 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 7 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 7 REINTEGRO DE PRIMA DE SERVICIOS $ 342.010,00
2016 8 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 8 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 8 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 9 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 9 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 9 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 10 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 10 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 10 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 11 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2016 11 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2016 11 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.358.938,00
2016 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 4.525.279,00
2016 12 SUELDO BASICO $ 2.602.289,00
2016 12 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 780.687,00
2016 12 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS VACACIONES $ 903.954,00
2016 12 PRIMA DE VACACIONES $ 2.171.564,00
2016 12 VACACIONES $ 3.184.961,00
2016 12 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.493.994,00
2016 12 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 1.729.888,00
2016 12 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 8.749.086,00
2017 1 SUELDO BASICO $ 2.739.252,00
2017 1 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 821.776,00
2017 1 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.874.268,00
2017 1 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 150.821,00
2017 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 277.349,00
2017 1 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 83.205,00
2017 1 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 103.361,00
2017 2 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2017 2 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2017 2 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.811.402,00
2017 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 277.349,00
2017 2 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 83.205,00
2017 2 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 103.361,00
2017 3 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2017 3 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
21
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Año Mes Nombre Concepto Valor
2017 3 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.811.402,00
2017 3 DIFERENCIA DE SUELDO $ 277.349,00
2017 3 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 83.205,00
2017 3 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 103.361,00
2017 4 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2017 4 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2017 4 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.811.402,00
2017 4 DIFERENCIA DE SUELDO $ 277.349,00
2017 4 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 83.205,00
2017 4 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 103.361,00
2017 5 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2017 5 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2017 5 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.811.402,00
2017 5 DIFERENCIA DE SUELDO $ 277.349,00
2017 5 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 83.205,00
2017 5 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 103.361,00
2017 6 SUELDO BASICO $ 4.108.878,00
2017 6 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.232.664,00
2017 6 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.811.402,00
2017 6 DIFERENCIA DE SUELDO $ 277.349,00
2017 6 DIFERENCIA PRIMA DE SERVICIO $ 138.675,00
2017 6 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 83.205,00
2017 6 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 103.361,00
2017 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 2.114.360,00
2017 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 8.749.086,00
2017 7 SUELDO BASICO $ 4.386.227,00
2017 7 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.535.179,00
2017 7 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.315.869,00
2017 7 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.914.763,00
2017 8 SUELDO BASICO $ 4.386.227,00
2017 8 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.315.869,00
2017 8 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.914.763,00
2017 9 SUELDO BASICO $ 4.386.227,00
2017 9 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.315.869,00
2017 9 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.914.763,00
2017 10 SUELDO BASICO $ 4.386.227,00
2017 10 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.315.869,00
2017 10 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.914.763,00
2017 11 SUELDO BASICO $ 4.386.227,00
2017 11 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.315.869,00
2017 11 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.914.763,00
2017 11 PRIMA DE NAVIDAD $ 4.897.824,00
2017 12 SUELDO BASICO $ 2.777.944,00
2017 12 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 833.384,00
2017 12 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS VACACIONES $ 964.971,00
2017 12 PRIMA DE VACACIONES $ 2.350.955,00
2017 12 VACACIONES $ 3.448.068,00
2017 12 BONIFICACION JUDICIAL $ 1.846.017,00
2017 12 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 2.137.493,00
2017 12 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 9.339.650,00
2018 1 SUELDO BASICO $ 2.924.151,00
2018 1 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 877.246,00
2018 1 BONIFICACION JUDICIAL $ 2.246.169,00
2018 1 VACACIONES BONIFICACION JUDICIAL $ 151.497,00
2018 1 DIFERENCIA DE SUELDO $ 223.260,00
2018 1 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 66.978,00
2018 1 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 69.037,00
2018 2 SUELDO BASICO $ 4.386.227,00
2018 2 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.315.869,00
2018 2 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.369.253,00
2018 2 DIFERENCIA DE SUELDO $ 223.259,00
2018 2 DIFERENCIA PRIMA ESPECIAL DE SERV (2) $ 66.978,00
2018 2 DIFERENCIA BONIFICACION JUDICIAL $ 69.037,00
2018 3 SUELDO BASICO $ 4.609.486,00
2018 3 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.382.847,00
2018 3 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.438.290,00
2018 4 SUELDO BASICO $ 4.609.486,00
2018 4 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.382.847,00
2018 4 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.438.290,00
2018 5 SUELDO BASICO $ 4.609.486,00
2018 5 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.382.847,00
2018 5 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.438.290,00
2018 6 BONIFICACION ACTIVIDAD JUDICIAL $ 9.815.039,00
2018 6 SUELDO BASICO $ 4.609.486,00
2018 6 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.382.847,00
2018 6 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.438.290,00
2018 6 PRIMA DE SERVICIOS $ 2.368.709,00
2018 7 SUELDO BASICO $ 4.609.486,00
2018 7 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.613.320,00
2018 7 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.382.847,00
22
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Año Mes Nombre Concepto Valor
2018 7 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.438.290,00
2018 8 SUELDO BASICO $ 4.609.486,00
2018 8 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 228.554,00
2018 8 PRIMA ESPECIAL SERVICIOS(2) $ 1.382.847,00
2018 8 PRIMA DE VACACIONES $ 1.646.842,00
2018 8 BONIFICACION JUDICIAL $ 3.438.290,00
2018 8 PRIMA DE NAVIDAD $ 3.024.655,00
2018 8 REINTEGRO DE SUELDOS $ 153.649,00
2018 8 REINTEGRO PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS $ 46.094,00
2018 8 REINTEGRO BONIFICACION JUDICIAL $ 114.609,00
c) El veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), la demandante presentó
reclamación administrativa ante la Rama Judicial, mediante la cual solicitó la
reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el cien por ciento (100%) de la
remuneración mensual, desde su vinculación como juez de la República.17
d) A través de la Resolución n.° DESAJBUR17-3210 del cinco (05) de mayo de dos
mil diecisiete (2017), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
negó la solicitud formulada por la demandante.18
e) En contra de la anterior decisión, la demandante por intermedio de apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación el veintitrés (23) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), el cual no fue resuelto, configurándose el correspondiente acto
ficto producto del silencio administrativo negativo.19
2.4. Caso concreto.
64. La valoración probatoria permite tener por acreditado que la señora Angie Lisseth
Gómez Jaimes ha sido empleada en la Rama Judicial desde el nueve (09) de mayo de
dos mil once (2011) hasta el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y se
desempeñó como juez de la República desde el diecinueve (19) de febrero de dos mil
trece (2013) hasta el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), fecha en la
que finalizó su vínculo con la entidad demandada.
65. De las pretensiones de la demanda, en concordancia con las pruebas documentales
que reposan en el expediente, el periodo en el cual, se reclama la prima especial de
servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, está comprendido entre el
diecinueve (19) de febrero de dos mil trece (2013) hasta el veintinueve (29) de agosto de
17 Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 033, archivo 002 demanda.
18
Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 033, archivo 002 demanda.
19 Samai, cuaderno Tribunal Administrativo de Santander, índice 033, archivo 002 demanda.
23
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
dos mil dieciocho (2018). Acreditada esa condición, la Sala resolverá los reparos
formulados por el apelante.
2.4.1. De la legitimación en la causa por pasiva y el litisconsorcio necesario.
66. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirma que, carece de competencia
para fijar el régimen salarial y que, por tal razón, la condena debería dirigirse contra las
autoridades que expidieron los decretos anuales. El reparo no prospera, toda vez que la
controversia se originó en la aplicación concreta de esas disposiciones a la nómina del
demandante y en el acto ficto configurado ante la falta de respuesta a su reclamación.
67. La sentencia cuestionada tuvo como objeto precisar el alcance del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 y corregir la interpretación que convirtió la prima en una fracción de la
remuneración; no creó entonces una prestación nueva ni modificó el régimen salarial. Le
corresponde a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
como empleadora y pagadora, aplicar las reglas jurisprudenciales y asumir las
consecuencias económicas derivadas de la liquidación errónea efectuada durante los
periodos reclamados.
68. En materia de legitimación, la calidad de sujeto pasivo se determina por la relación
sustancial discutida y por la aptitud de la entidad para soportar los efectos del
restablecimiento. La circunstancia de que el Gobierno nacional fije el régimen salarial no
desplaza a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cuando esta administró la nómina, aplicó las disposiciones salariales y produjo, mediante
su silencio, la decisión individual acusada.
69. De otra parte, el litisconsorcio necesario, previsto en el artículo 61 del CGP, surge
cuando la decisión debe adoptarse de manera uniforme respecto de varias personas o
cuando la relación jurídica sustancial impide resolver sin su comparecencia. Ese
supuesto no se configura si el litigio puede decidirse a partir del acto individual y la
condena se dirige a la entidad empleadora y pagadora, sin anular los decretos generales
ni imponer obligaciones directas a las autoridades que los expidieron. Sobre esta
excepción el a quo se pronunció y la denegó, bajo el argumento que no es necesario
vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni
al Departamento Administrativo de la Función Pública, puesto que, la decisión puede
adoptarse uniformemente respecto de la entidad demandada. En consecuencia, no hay
24
Número Interno: 3609-2025
Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
lugar a un nuevo pronunciamiento y la entidad demandada deberá estarse a lo resuelto
en el auto de ocho (08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
2.4.2. De la caducidad.
70. De acuerdo con el literal d), del numeral 1, del artículo 164 del CPACA, la demanda
puede presentarse en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o
nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o cuando se dirija contra actos
producto del silencio administrativo que se refiere al acto individual ficto y conserva su
aplicación aunque, para decidir su legalidad, el juez deba inaplicar una disposición
general incompatible con normas superiores. La excepción de ilegalidad o de
inconstitucionalidad produce efectos relativos al proceso y difiere del control directo
orientado a retirar el acto general del ordenamiento jurídico.
71. En este caso, la demanda se dirigió expresamente contra el acto que negó la solicitud
de la prima especial y el acto ficto negativo derivado del silencio frente a la apelación que
no se resolvió; la nulidad de esa decisión individual, y no la expulsión de los decretos
salariales del ordenamiento, constituye el objeto principal del proceso.
72. Por ello, resulta aplicable los literales c) y d) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA,
según el cual los actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas producto del silencio administrativo pueden demandarse en cualquier tiempo.
La excepción de caducidad carece de fundamento y el cargo de apelación será
desestimado.
2.4.3. De la imprescriptibilidad de las cesantías.
73. La demandada pretende que, se aplique la prescripción trienal a las cesantías porque
en la sentencia de primera instancia se aplicó de manera incorrecta la jurisprudencia
sobre la prescripción, al considerar que las cesantías eran imprescriptibles mientras
subsistiera la relación laboral. Señaló que, la regla aplicable era la establecida en la
sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019, conforme a la cual la reclamación de la
prima especial de servicios debe reconocerse únicamente respecto de los tres (03) años
anteriores a la reclamación administrativa.
74. Previo a resolver el motivo de inconformidad que antecede, la Sala recuerda que el
auxilio de cesantía es una prestación patronal común que deviene en una obligación de
25
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pago por parte del empleador. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-027
de 2024, recordó que el auxilio de cesantía tiene como razón de ser «cubrir el riesgo común
que tiene el trabajador con ocasión de su relación laboral de dependencia y las contingencias que pueden
afectar su vida y la de su familia», de ahí que, represente un respaldo económico por la pérdida
del empleo que busca garantizar la calidad de vida del trabajador y la de su familia, así
como garantías de estirpe superior.
75. En la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del veinticinco (25) de agosto de dos
mil dieciséis (2016)20, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Colegiatura explicó
que, las cesantías fueron consagradas en el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945
como un derecho de carácter prestacional a favor de los trabajadores oficiales, que debía
ser reconocido por el patrono a razón de un mes de salario por cada año de trabajo y
proporcionalmente por las fracciones de año. Dicho derecho prestacional fue extendido
a todos los asalariados de carácter permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de
las ramas del poder público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 65 de
1946, y se constituyó en una obligación a cargo del Estado en beneficio de sus
empleados.
76. En la citada providencia, la Sección precisó que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996,
están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los
vinculados con anterioridad, pero que se hubieran acogido al régimen anualizado y, para
efecto de la liquidación y pago de esa prestación, se rigen por lo que en esa materia
consagra la Ley 50 de 1990 y demás normas concordantes, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.
77. Asimismo, señaló que se han planteado diferentes tesis relacionadas con la extinción
de las cesantías, así: (i) la primera21, según la cual, mientras la relación laboral se
encuentre vigente, no se produce la extinción de las mismas, sino que el término
prescriptivo empieza a correr a partir de la ruptura del vínculo laboral; (ii) la segunda22,
que señala que se aplica la prescripción extintiva del derecho al transcurrir tres (3) años
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016,
Rad. 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
21
Sentencia de 9 de mayo de 2013, Expediente 1219-12, actor: Bertilda Vanesa Bernal Higuita, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tesis
que igualmente fue planteada, entre otras, en sentencia proferida el 29 de julio de 2010, por la Subsección A, Rad.: 681-23-15-000-
2000-03326-01, número interno: 1065-07, Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón y tenida en cuenta recientemente por la
Subsección B, en sentencia del 22 de enero de 2015, Radicación: 080012331000201200388 01, número interno: 4346-13, Consejera
Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 6 de diciembre 6 de 2012, Sección Segunda - Subsección
B, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, Exp. 080012331000201000802 01(1093-2012).
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sin hacer la reclamación, sin distingo de la terminación de la relación laboral; y (iii) la
tercera23, que apunta a que se trata de un derecho imprescriptible. Sobre el particular, la
Sala Plena de la Sección sostuvo que:
(…) Los distintos enfoques sobre la materia, hacen necesaria la definición de una postura unificada,
previo el siguiente análisis:
Las dos primeras tesis, aludidas previamente, suponen la aplicación del término de prescripción de
3 años, previsto en diferentes disposiciones legales de carácter laboral, no obstante, ninguna de
esas normas consagra el derecho a las cesantías como prestación a favor del trabajador. El
derecho a las cesantías fue creado por el legislador del 46, como un beneficio sujeto al despido o
desvinculación laboral del trabajador y aunque su causación en principio se condicionó a periodos
de 3 años, los parámetros para su reconocimiento siempre estuvieron directamente relacionados
con el retiro del servicio.
La justificación de esa sujeción, está orientada por dos razones fundamentales, la primera de ellas,
porque como su nombre lo indica, tiene relación con el estado “cesante” del empleado, pues su
reconocimiento y pago tiene como finalidad subvencionarlo en el momento en que se extinga su
relación laboral y la segunda de ellas, porque su reconocimiento se consagró con el régimen de
retroactividad, dentro del cual la liquidación se realizaba con base en el último salario recibido por
el trabajador al momento de finiquitar su vínculo laboral. Y aunque procedían los pagos parciales,
la liquidación que se realizaba para ese efecto no era definitiva, pues solo adquiría este carácter
cuando terminaba la relación laboral, es decir, cuando el empleado quedaba cesante, momento en
el cual se efectuaba la liquidación definitiva y el pago de la totalidad de la prestación.
Una vez reconocido y pagado ese derecho, ingresaba al patrimonio del empleado y por ende, se
trataba de un derecho “imprescriptible”, pues seguía reputándose como titular del mismo
indefinidamente, sin que se pudiera alegar su extinción. Al respecto, valga precisar que las
cesantías constituyen un “ahorro” del trabajador, a ser reclamado al terminar su relación
laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al tener esa naturaleza
de ahorro, producto de un emolumento -prestación- causado a su favor durante ese vínculo,
no se puede predicar la prescripción respecto de las sumas que la componen, así ocurría
respecto de las cesantías bajo la modalidad de liquidación con retroactividad y así ha de
predicarse respecto de las mismas, bajo el régimen de liquidación anualizado” (Negrilla y
subrayado fuera del texto original).
78. Con base en lo expuesto, se concluyó que: (i) frente a las cesantías anualizadas, en
el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, puesto que, la
obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho, en
virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término perentorio para
realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el empleado, de manera
que, la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la afectación de
los derechos del empleado; y (ii) cuando se trata de la consignación de las cesantías
definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa
atribuible al empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, «pues en tal caso, la omisión de
este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir
un beneficio a su favor»24.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de junio de 2013, Sección Segunda – Subsección A,
Radicación 13001 23 31 000 2002 01405-02, número interno: 0132-10, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016,
Rad. 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Cesantías anualizadas Cesantías definitivas
No están sometidas el fenómeno prescriptivo Sí están sujetas a la prescripción
79. Las consideraciones expuestas, relacionadas con la imprescriptibilidad de las
cesantías anualizadas -mientras el vínculo permanezca vigente-, y la correlativa sujeción
de las cesantías definitivas al fenómeno en comento, ha sido reiterada por la Subsección
“A” de la Sección Segunda en sentencia del dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis
(2026),25 en la que, analizarse el alcance del restablecimiento del derecho al discutirse
una prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aseveró que: «se
debe mencionar que el derecho a estas (las cesantías) no prescribe mientras la relación laboral se
encuentre vigente, conforme a lo señalado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-004-2016 (…)». No
pasa inadvertido que la tesis bajo estudio ha sido igualmente prohijada por la Corte
Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia SL5291-2018 del veintiuno (21) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018), en la cual se aseveró que: «(…) de acuerdo con las
cesantías, es preciso indicar que de acuerdo con la doctrina de esta Corporación, durante la vigencia del
contrato no opera tal fenómeno extintito de la obligación, toda vez que dicha prestación se hace exigible a
la terminación del vínculo laboral».
80. Fuerza decir que, en reciente sentencia del seis (06) de agosto de dos mil veintiséis
(2026)26, esta Sala de Subsección acogió la tesis antes señalada, al punto de destacar,
frente al precedente de unificación referido supra, que dicho pronunciamiento no se limitó
a acoger, sin más, una de las tres tesis existentes, sino que, tras analizarlas, construyó
una regla propia y más precisa: distinguir según el tipo de cesantía efectivamente en
juego, precisando que las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno
prescriptivo, siempre que el vínculo permanezca vigente, mientras que las definitivas sí
están sujetas al fenómeno en comento.
81. Descendiendo al caso de autos, la Sala observa que, en la sentencia del dos (02) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019) que invoca la entidad, únicamente se hizo
referencia a la inclusión del auxilio de cesantías en el universo de conceptos que
devengan los congresistas y los magistrados de altas cortes, a efectos de determinar el
techo remuneratorio de los magistrados y demás cargos equivalentes, pero nada se dijo
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 16 de abril de 2026,
Rad. No. 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de agosto de 2026,
Rad. No. 17001-23-33-000-2017-00515-02 (2258-2020), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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sobre la imprescriptibilidad de las cesantías, por lo que, dicho pronunciamiento no
desplazó el precedente unificado de esta Sección, proferido el veinticinco (25) de agosto
de dos mil dieciséis (2016)27. Además, contrario a lo sostenido por la recurrente, el
precedente de unificación no redujo el análisis a la sanción mora, sino que también se
ocupó del auxilio de cesantías per se.
82. Ahora bien, comoquiera que, para la fecha en que se reclamó el derecho, es decir,
el veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017) la demandante estaba vinculada a
la Rama Judicial en el cargo de juez primero promiscuo municipal de Charta, no era dable
que las cesantías quedaran sometidas al fenómeno prescriptivo, máxime, si se demandó
en el año dos mil diecinueve (2019). En ese sentido, el Tribunal acertó al exceptuar del
cómputo de la prescripción a las cesantías, comoquiera que, como se dijo supra, no
prescriben mientras el vínculo permanezca vigente, razón por la cual se desestimará el
reparo de la entidad.
2.4.4. Precisiones finales sobre el alcance del restablecimiento del derecho.
83. Con el propósito de adecuar el alcance de las órdenes impartidas por el A-quo, con
los lineamientos decantados por esta Sala de Subsección, se modificará el ordinal quinto
de la parte resolutiva del fallo apelado, en aras de precisar, por un lado, que los pagos
por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún caso, los topes
remuneratorios fijados por el Gobierno Nacional y, por el otro lado, que el cumplimiento
de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado pagos por los
mismos conceptos reconocidos en esta oportunidad. Además, se dispondrá que, para los
efectos de esta sentencia, la entidad tendrá en cuenta la aplicación del Decreto 272 de
2021, mediante el cual se reguló la prima especial de servicios como un adicional a la
asignación básica mensual.
84. De igual manera, se modificará el ordinal quinto del resuelve, a efectos de precisar
que, dada la naturaleza irrenunciable e imprescriptible de los aportes pensionales, la
prescripción trienal no cobija tal concepto. En ese sentido, se ordenará a la entidad
demandada a que los aportes a seguridad social en pensiones se realicen desde la fecha
de vinculación al cargo de juez, esto es, desde el diecinueve (19) de febrero de dos mil
trece (2013) y hasta cuando se demuestre la subsistencia del vínculo que le otorgue el
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016,
Rad. 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
derecho, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico
mensual, más la adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos
aportes serán respecto de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo
que debió pagarse.
85. Como corolario de lo anterior, la Sala modificará un ordinal de la parte resolutiva de
la sentencia apelada y, en lo demás, confirmará el fallo.
2.5. Conclusión.
86. La demandante, en su calidad de juez durante el tiempo reclamado, tenía derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. No obstante, operó la prescripción respecto de las acreencias laborales
excepto las cesantías, y de los aportes a pensión, frente a los cuales, la entidad
demandada deberá efectuar el pago de los respectivos aportes al sistema pensional a
favor de la demandante, dada su naturaleza irrenunciable e imprescriptible.
2.6. Condena en costas.
87. El artículo 188 del CPACA dispone que la sentencia decidirá sobre la condena en
costas. La jurisprudencia de esta Sección atiende a un criterio subjetivo, que exige valorar
la conducta procesal de las partes, la efectiva causación de los gastos y la eventual
presencia de temeridad o mala fe.
88. La actuación de la demandada correspondió al legítimo ejercicio de los derechos de
acción, defensa y contradicción, sin que se advierta una conducta contraria a la lealtad
procesal. En consecuencia, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
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Demandante: Angie Lisseth Gómez Jaimes
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
PRIMERO: MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal quinto de la sentencia del veinticuatro
(24) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander – Sala Conjueces, los cuales quedarán así:
QUINTO: DECLÁRASE la prescripción trienal de las sumas derivadas de la reliquidación ordenada,
causadas con anterioridad al 28 de abril de 2014, salvo en lo que respecta a las cesantías por
tratarse de una prestación imprescriptible mientras subsista la relación laboral y las diferencias en
las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
Se ordenará a la entidad demandada a que los aportes a seguridad social en pensiones se realicen
desde la fecha de vinculación al cargo de juez, esto es, desde el diecinueve (19) de febrero de dos
mil trece (2013) y hasta cuando se demuestre la subsistencia del vínculo que le otorgue el derecho,
teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más la
adición del 30% correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes serán respecto
de las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo que debió pagarse.
Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya realizado otro pago
a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos, así como, los pagos que
posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que
reguló la prima especial de servicios.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del veinticuatro (24) de octubre de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo
de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En
consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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