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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01701-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01701-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR parcialmente la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, la cual, quedará así: «PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 4433 del Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), y del acto ficto presunto configurado el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 5678 del Veintinueve (29) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), y del acto ficto presunto configurado el Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinar SEGUNDO, de la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará así: 43 « Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024. 22 Número Interno: 1114-2022 Demandante: Teresa Castillo Casas Demandado: Nación – Rama Judicial «TERCERO: DECLARAR PROBADA LA PRESCRIPCIÓN TRIENAL TOTAL de los derechos laborales, esto es, pago de salarios y prestaciones sociales, salvo los aportes a la seguridad social, respecto de los cuales, no resulta procedente aplicar el fenómeno prescriptivo. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01701-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01701-02 (1114-20221)
Demandante: Teresa Castillo Casas
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que
declaró probada la prescripción trienal total y negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1 La señora Teresa Castillo Casas, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

1.1 Resolución No. 4433 del Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), expedida
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que negó la reliquidación del
salario y de las prestaciones laborales, al tenor de lo dispuesto en la Ley 4 de

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Expediente hibrido
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Número Interno: 1114-2022
Demandante: Teresa Castillo Casas
Demandado: Nación – Rama Judicial

1993, es su condición de abogada asistente de la Sala Penal de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia y como magistrada auxiliar del Consejo Superior
de la Judicatura. Contra esta decisión se interpuso el recurso de reposición el
Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), suscitándose acto ficto
presunto.
1.2 Resolución No. 5678 del Veintinueve (29) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016),
mediante la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, negó
la reliquidación del salario y las prestaciones laborales causadas desde la fecha
de vinculación como Juez de la República, como lo determina la Ley 4 de 1993.
Contra esta decisión se interpuso el recurso de apelación el Veintidós (22) de
agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), suscitándose acto ficto presunto

1.3 A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) Ordenar a la entidad demandada
el pago de los salarios y prestaciones sociales, incluyendo el treinta por ciento (30%)
correspondiente a la prima especial de servicios, que debía reconocerse como factor
salarial, correspondiente a los periodos desde su vinculación a la Rama Judicial; ii)
Ordenar que las sumas resultantes sean debidamente indexadas, en los términos del
artículo 192 CPACA.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

2 La señora Teresa Castillo Casas se vinculó a la Rama Judicial, ejerciendo el cargo de
juez de forma intermitente y magistrada, en el circuito judicial de Bogotá, durante los
siguientes períodos:

• Juez 2 Penal municipal de Usaquén desde el Dos (2) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta (1980) hasta el Quince (15) de octubre de Mil Novecientos Ochenta y Uno
(1981).
• Juez 10 Superior Auxiliar desde el Dieciséis (16) de octubre de Mil Novecientos
Ochenta y Uno (1981), hasta el Diez (10) de enero de Mil Novecientos Ochenta y
Dos (1982).
• Juez 36 Penal municipal desde el Dieciséis (16) de septiembre de Mil Novecientos
Ochenta y Tres (1983), hasta el Quince (15) de noviembre de Mil Novecientos
Ochenta y Cuatro (1984).

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Número Interno: 1114-2022
Demandante: Teresa Castillo Casas
Demandado: Nación – Rama Judicial

• Juez 42 de Instrucción Criminal desde el Dieciséis (16) de noviembre de Mil
Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), hasta el Cuatro (4) de febrero de Mil
Novecientos Ochenta y Cinco (1985).
• Juez 36 Penal municipal desde el Cinco (5) de febrero de Mil Novecientos Ochenta
y Cinco (1985) hasta el Treinta y Uno (31) de julio de Mil Novecientos Ochenta y
Cinco (1985).
• Juez 92 de Instrucción Criminal desde el Primero (1) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta y Cinco (1985) hasta el Treinta (30) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989)
• Juez 12 Penal del circuito desde el Treinta y Uno (31) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta y Nueve (1989) hasta el Treinta y Uno (31) de mayo de Mil Novecientos
Noventa (1990).
• Juez 92 de Instrucción Criminal desde el Primero (1) de junio de Mil Novecientos
Noventa (1990) hasta el Quince (15) de septiembre de Mil Novecientos Noventa
(1990)
• Juez 28 Penal del circuito transformado en Penal del circuito con función de
conocimiento, desde el Dieciséis (16) de septiembre de Mil Novecientos Noventa
(1990) hasta el Quince (15) de enero de Dos Mil Ocho (2008).
• Abogada asistente de la Sala de Casación Penal en provisionalidad desde el
Primero (1) de noviembre de Dos Mil (2000) hasta el Catorce (14) de marzo de
Dos Mil Uno (2001)
• Juez 2 Penal del circuito especializado de descongestión OIT desde el Dieciséis
(16) de enero de Dos Mil Ocho (2008) hasta el Catorce (14) de junio de Dos Mil
Ocho (2008).
• Juez 11 Penal del circuito especializado desde el Quince (15) de julio hasta el
nueve (9) de octubre de Dos Mil Ocho (2008)
• Magistrada auxiliar del despacho del Dr. José Ovidio Claros Polanco desde el Diez
(10) de octubre de Dos Mil Ocho (2008) hasta el Treinta y Uno (31) de enero de
Dos Mil Diez (2010)

2.1 Aduce que, durante el tiempo en que desempeñó los cargos citados fue acogida al
nuevo régimen salarial, recibiendo como contraprestación el pago de salario y
prestaciones sociales, los cuales fueron liquidados sobre el 70% del sueldo básico y no
sobre el 100%, porque se consideró erróneamente que, el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios, no era factor salarial y no era base de liquidación para las
prestaciones sociales.

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Demandante: Teresa Castillo Casas
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2.2 Como consecuencia de lo anterior, el Quince (15) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016),
radicó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cundinamarca,
petición administrativa, solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, regulada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de sus
prestaciones sociales, desde el primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y
Tres (1993).

2.3 La solicitud fue resuelta de manera desfavorable, mediante la Resolución No.4433 del
Veinte (20) de febrero de Dos Mil Doce (2012), por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, entidad que negó el reconocimiento solicitado, respecto de
los cargos de abogada asistente de la Sala de Casación Penal en provisionalidad y
magistrada auxiliar, al señalar que carecía de facultad para inaplicar el ordenamiento
jurídico vigente. Asimismo, indicó que los tiempos de servicio desempeñados como
Juez de la República, debían ser reclamados ante la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.

2.4 Contra el referido acto administrativo, la demandante interpuso recurso de
reposición, el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016); no obstante, la
administración guardó silencio, configurándose el acto ficto o presunto.

2.5 El Veintidós (22) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), radicó ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, petición administrativa,
solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, regulada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de sus prestaciones sociales, durante
el tiempo en que ejerció como juez de la República, esto es, desde el Primero (1) de
enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993). Pues, la segunda petición la formuló
porque la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cundinamarca, manifestó que
no era competente para atender las suplicas en punto a los cargos de juez.

2.6 La solicitud fue resuelta mediante la Resolución No.5678 del Veintinueve (29) de
junio de Dos Mil Diecinueve (2019), por la citada entidad, quien negó el reconocimiento
solicitado.

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Demandante: Teresa Castillo Casas
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2.7 Contra el referido acto administrativo, la demandante interpuso recurso de
reposición, el Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016); no obstante, la
administración guardó silencio, configurándose el acto ficto o presunto.

2.8 La demanda fue presentada el Primero (1) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018)3.

1.3 Concepto de violación.

3. La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados, vulneran los
artículos 13, 53 y 118 de la Carta Política; así como, la Ley 4ª de 1992; decretos 053 de
1993; 108 de 1994 y 049 de 1995.

4. Aduce que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, se estableció un
nuevo régimen de remuneración para los servidores de la Rama Judicial, dentro del cual,
se desconoció el nivel salarial y prestacional que venía aplicándose a los magistrados de
los tribunales.

5. Argumenta que, tratándose de jueces y magistrados, debe respetarse el régimen
prestacional especial de la Rama Judicial, aun en los casos de servidores acogidos al
nuevo régimen. En esa medida, debe reconocerse el treinta por ciento (30 %) adicional
al salario básico asignado mediante decreto anual, correspondiente a la prima especial
de servicios. Esta prima se calcula sobre la base salarial de referencia y, aunque carece
de naturaleza salarial, no puede deducirse del salario básico previamente establecido,
salvo disposición expresa en contrario, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992.

2. Contestación de la demanda4.

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando
que la prima especial de servicios, constituye un emolumento que no tiene naturaleza
salarial. En consecuencia, sostuvo que, no procede efectuar reliquidaciones, ajustes, ni

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Pag 86 Sello de recibido de la oficina de reparto
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pagos adicionales, derivados de presuntas diferencias salariales con fundamento en
dicho concepto, por cuanto, ello contradiría la normativa vigente.

7. Precisó que, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, determinó que, el Gobierno Nacional
establecería una prima, no inferior al treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual
asignada a ciertos servidores de la Rama Judicial, sin carácter salarial, razón por la
cual, no puede ser tenida en cuenta como factor de liquidación de prestaciones sociales.

8. Manifestó que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969 y la
sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 analizaron y fijaron las pautas en materia
de prescripción. En consecuencia, sostuvo que, para el reconocimiento de la reliquidación
de prestaciones sociales y de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, debía aplicarse la prescripción trienal, tomando como fecha de
exigibilidad del derecho, aquella correspondiente a la vinculación al cargo de juez, término
que se interrumpe con la presentación de la reclamación administrativa.

9. Con fundamento en lo anterior, afirmó que en el caso concreto operó el fenómeno
jurídico de la prescripción extintiva, sin que hubiera lugar al reconocimiento de suma
alguna.

10. Finalmente, formuló como excepciones, las que denominó: «prescripción trienal de
derechos laborales e innominada».

3. La sentencia de primera instancia.

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintiuno
(2021)5, declaró probada la prescripción trienal total y denegó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.

11.1. El A quo manifestó que, la demandante acreditó su vinculación a la Rama Judicial
como Juez de la República, desde el Dieciséis (16) de septiembre de Mil Novecientos
Noventa (1990), desempeñando posteriormente diversos cargos, entre ellos los de

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abogada asistente y magistrada auxiliar. En consecuencia, concluyó que es beneficiaria
de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

11.2. No obstante, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
y en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el artículo 102 del Decreto
Nacional 1848 de 1969, disposición que impone tomar como punto de partida el momento
en que la obligación se hace exigible, determinó que el derecho se tornó exigible desde
el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), esto es, con la entrada
en vigencia del Decreto 53 de esa anualidad.

11.3. En ese orden, estableció que la demandante presentó derechos de petición el
Quince (15) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016) ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Bogotá; y el Veintitrés (23) de agosto de la misma anualidad
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, razón por la
cual las sumas causadas con anterioridad al Quince (15) de abril y al Veintitrés (23) de
agosto de Dos Mil Trece (2013), según el caso, se encuentran prescritas.

11.4. En consecuencia, como el período reclamado por la parte actora comprendía desde
el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), hasta el Treinta y Uno
(31) de enero de Dos Mil Diez (2010), fecha de su retiro, concluyó que había mérito para
declarar probada la excepción de prescripción trienal, propuesta por la entidad
demandada, en los términos previamente señalados.

11.5 En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre de
2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal total de las sumas
reclamadas por la señora TERESA CASTILLO CASAS conforme con lo expuesto en la parte
motiva.

TERCERO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.»

4. El recurso de apelación

12. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia, en punto a los siguientes
argumentos6:

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12.1 Sostuvo que el Tribunal incurrió en error en su análisis, pues el derecho a reclamar
el pago de la prima especial de servicios, surgió a partir de la nulidad de las disposiciones
anuladas mediante sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014). En
ese sentido, afirmó que la prescripción no puede correr mientras las normas que
sustentan el derecho han sido eliminadas del ordenamiento jurídico, razón por la cual, no
era exigible que la demandante hubiera presentado reclamación administrativa, desde el
Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

12.2. Precisó, además, que no puede desconocerse la obligación de aplicar la
interpretación más favorable al trabajador, de conformidad con el artículo 53 de la
Constitución Política, que consagra los principios mínimos fundamentales en materia
laboral. En tal virtud, y con apoyo en la sentencia del Dos (2) de octubre de dos mil ocho
(2008), con ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 7, así como en el
artículo 164 del CPACA, sostuvo que las prestaciones periódicas pueden reclamarse en
cualquier tiempo.

12.3. Agregó que, tratándose de prestaciones sociales, estas son irrenunciables e
imprescriptibles como ocurre, con las cesantías de los servidores públicos, de manera
que no existe límite temporal o formal para su reclamación, por lo tanto, el interesado
puede presentar múltiples solicitudes ante la administración.

12.4. Finalmente afirmó que, los actos administrativos demandados están viciados de
nulidad por violar las normas superiores, en particular los artículos 23, 25 y 53 de la
Constitución Política, el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 2º del Decreto 057
de 1993.

5. Trámite de segunda instancia

13. Mediante auto del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023)8, se admitió el
recurso de apelación.

14. Posteriormente, el despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso,
mediante auto Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)9.

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No citó el radicado de la providencia
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Samai, índice 26
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Samai, índice 43

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

15. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)10, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problemas jurídicos.

16. Corresponde a la Sala establecer, si revoca la sentencia del Treinta y Uno (31) de
agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala transitoria, que declaró la prescripción y negó
pretensiones de la demanda. Para el efecto se plantean los siguientes cuestionamientos:

16.1 Determinar si operó la prescripción de los derechos reclamados por la señora Teresa
Castillo Casas, en los términos establecidos por el A-quo; y, en caso afirmativo,
establecer si dicha prescripción se extiende igualmente a los aportes al sistema de
seguridad social derivados de tales acreencias.

17. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicio e
imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso
concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios

18. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

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“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá
hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

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Demandante: Teresa Castillo Casas
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19. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el 2 de septiembre de 2019.

20.La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no

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Demandante: Teresa Castillo Casas
Demandado: Nación – Rama Judicial

podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.2.2 La imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social

21. Respecto de la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social, esta
Subsección ha precisado que:11

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho
reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la
reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»

En la sentencia del 2 de septiembre de 200912, el Consejo de Estado determinó que en
materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la
prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de interposición de la
reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir,
teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior 13 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la
sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o la
superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.»

22. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la Ley
4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló

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Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del 2026, Consejero
Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
13
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

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Demandado: Nación – Rama Judicial

los decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales,
por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.

23. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.

2.3 Hechos probados.

24. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados
por esta Subsección, se destaca:

a) Resolución No 4433 del Veinte (20) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016)14, por
virtud de la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, resolvió de
manera negativa la solicitud de reliquidación de salarios y prestaciones sociales,
por concepto de la prima especial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
por el cargo ejercido como abogada asistente de la Sala Penal de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia y como magistrada auxiliar del Consejo Superior
de la Judicatura. En este acto administrativo, se indicó que la demandante
pertenecía al régimen especial de los acogidos15.
b) Recurso de reposición radicado contra la citada resolución el Veintitrés (23) de
agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)16.
c) Resolución No 5678 del Veintinueve (29) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016),
mediante la cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Cundinamarca, resolvió de manera negativa la solicitud de reliquidación
de salarios y prestaciones sociales, por concepto de la prima especial, prevista en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por el cargo ejercido como Juez de la
República.17

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d) Recurso de reposición radicado contra la citada resolución el Veintidós (22) de
agosto de Dos Mil Dieciséis (2016)18
e) Certificado expedido el Diecisiete (17) octubre de Dos Mil Trece (2013), por el
secretario general del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el cual,
precisa los diversos cargos de juez desempeñados por la señora Teresa Castillo
Casas, desde 1980 a 200819.
f) Certificado expedido el Cuatro (4) mayo de Dos Mil Nueve (2009), por el secretario
general de la Corte Suprema de Justicia, en el cual, precisa que la demandante
desempeñó el cargo de abogada asistente de la Sala de Casación Penal de la
Corporación en provisionalidad, desde el Primero (1) de noviembre de Dos Mil
(2000) hasta el Catorce (14) de marzo de Dos Mil Uno (2001)20.
g) La secretaria judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, certificó que la doctora Castillo Casas ejerció el cargo de
magistrada auxiliar adscrita al despacho del doctor José Ovidio Claros Polanco,
desde el Diez (10) de octubre de Dos Mil Ocho (2008) hasta el Treinta y Uno (31)
de enero de Dos Mil Diez (2010)21.
h) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, certificó el
Trece (13) de marzo de Dos Mil Nueve (2009)22, el histórico de conceptos
devengados entre los años 1994 hasta el 2008, en el que consta que la
demandante percibió salario básico, prima especial, prima de servicio, prima de
navidad, prima vacaciones.
i) Decreto No. 004 del Catorce (14) de enero de Dos Mil Diez (2010), la Sala de
Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aceptó la renuncia
de la doctora Teresa Castillo Casas, al cargo de magistrada auxiliar, a partir del
Primero (1) de febrero de Dos Mil Diez (2010), inclusive.23
j) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, certificó el
Ocho (8) de junio de Dos Mil Nueve (2009)24, el histórico de conceptos devengados
entre los años 2000 hasta el 2009, en el que consta que la demandante percibió
salario básico, prima especial, prima de servicio, prima de navidad, prima
vacaciones.
k) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, certificó el Dieciocho
(18) de febrero de Dos Mil Diez (2010), el histórico de conceptos devengados entre

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el Diez (10) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), hasta el Treinta y uno (31) de
enero de Dos Mil Diez (2010), en el que consta que la demandante percibió salario
básico, bonificación por gestión mensual, prima especial de servicios mensual,
prima de vacaciones y prima de navidad, entre otras.25

2.4 Caso concreto.

25. Según lo acreditado en el plenario, la señora Teresa Castillo Casas, se desempeñó en
el cargo de Juez de la República, a partir del Dos (2) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta (1980), de manera intermitente,26 mediante nombramientos en provisionalidad y
en propiedad, y como magistrada durante los siguientes períodos:

Cargo Fecha inicio Fecha fin
Juez 2 Penal municipal de Usaquén 2/08/1980 15/10/1981
Juez 10 Superior Auxiliar 16/10/1981 10/01/1982
Juez 36 Penal municipal 16/09/1983 15/11/1984
Juez 42 de Instrucción Criminal 16/11/1984 04/02/1985
Juez 36 Penal municipal 5/02/1985 31/07/1985
Juez 92 de Instrucción Criminal 01/08/1985 30/08/1989
Juez 12 Penal del circuito 31/08/1989 31/05/1990
Juez 92 de Instrucción Criminal 01/06/1990 15/09/1990
Juez 28 Penal del circuito transformado en Penal del circuito con función de 16/09/1990 15/01/2008
conocimiento
Abogada asistente de la Sala de Casación Penal 01/11/2000 14/03/2001
Juez 2 Penal del circuito especializado de descongestión OIT 16/01/2008 14/07/2008
Juez 11 Penal del circuito especializado 15/07/2008 09/10/2008
Magistrada auxiliar en el despacho 004 del Consejo Superior de la Judicatura Sala 10/10/2008 31/01/2010- fecha
Disciplinaria en la cual, se aceptó
la renuncia al cargo

26. Asimismo, está probado que, la demandante presentó las reclamaciones
administrativas el Quince (15) de abril y Veintidós (22) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), ante la Dirección Ejecutiva y Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, solicitando la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales, con la
inclusión de la prima especial de servicios, establecida en la Ley 4 de 1992. No obstante,
la entidad demandada mediante resoluciones No. 4433 del Veinte (20) de junio27 y No.

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5678 del Veintinueve (29) junio de Dos Mil Dieciséis (2016)28; negó las peticiones, actos
administrativos contra los cuales, se interpuso recurso de reposición29 suscitándose los
actos fictos presuntos.

27. Del certificado salarial obrante en el plenario, al igual que, del histórico devengado por
la señora Teresa Castillo Casas30, se logra tener certeza que, desde el año 1994 la entidad
demandada le ha pagado mensualmente el factor denominado: prima especial de
servicios entre otros. Del análisis de dicha certificación se logra advertir en efecto, que la
entidad demandada pagó a la accionante la asignación básica o sueldo mensual, en un
70% de lo ordenado por el Gobierno nacional y, la prima especial de servicios, en un 30%,
como parte del salario y no como un adicional.

28. En este punto, la Sala reitera que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
enfática en señalar que, la prima especial de servicios debe ser un adicional al 100% del
salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha quedado
sentado que aquella «prima especial de servicios», sólo es factor salarial para el pago de
aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación de
prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la
prima especial de servicios.

29. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso. Además, la Sala precisa que, el cargo de «abogada asistente de la Sala de
Casación Penal», desempeñado por la demandante desde el Primero (1) de noviembre De

Dos Mil (2000), hasta el Catorce (14) de marzo de Dos Mil Uno (2001), era equiparable al
de magistrado auxiliar de conformidad con el artículo primero del Acuerdo 16 de 199731 y
por lo tanto, se encuentra cobijado por dicha prestación.

30. Aclarado lo anterior, se pasa a resolver el punto de inconformidad formulado por la
parte demandante:

28
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29
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30
Samai, índice 62 pag 6-18, 30
31 Artículo primero: los cargos de abogado asistente y profesional asistente del Consejo Superior de la judicatura, de abogado asistente de la Corte
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, así como los de Abogado Auxiliar del Consejo de Estado, son equivalentes
para todos los efectos legales, incluido el régimen salarial y prestacional, a los de Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional.

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I. Revisar si aplicó en debida forma la prescripción trienal, en los términos de
la sentencia de unificación del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019).

31. La parte demandante cuestiona la aplicación del fenómeno extintivo de la
prescripción, por considerar que no operó en el caso concreto. Bajo su interpretación, la
exigibilidad del derecho debía contarse desde la ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, por ser prestaciones
periódicas y con incidencia directa en la liquidación de las prestaciones sociales, puede
reclamarse en cualquier tiempo, de conformidad con lo previsto en el artículo 164,
numeral 1, literal c), del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

32. En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en
señalar que, en materia de acciones laborales rige la prescripción trienal, prevista en el
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, los cuales señalan lo siguiente:

I) El término de prescripción es de tres (3) años, contados desde que la respectiva
obligación se hace exigible.
II) El simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente, interrumpe
la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
III) A su vez, y como lo ha precisado la jurisprudencia, dentro del anterior plazo,
contado desde la presentación de la reclamación administrativa, en procura del
reconocimiento del derecho, so pena que opere nuevamente el fenómeno
prescriptivo.

33. En armonía con las citadas disposiciones, la Sala Plena de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos
(2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), reafirmó la aplicación del fenómeno
prescriptivo en materia laboral, precisando que, el hecho constitutivo del derecho a la
prima especial de servicios, se hizo exigible desde la entrada en vigor del decreto

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reglamentario de la Ley 4ª de 1992, esto es, a partir del Siete (7) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993)32.

34. La Sala resalta lo decidido en otros pronunciamientos, sobre la exigibilidad del
derecho el cual, surgió con su consagración normativa, siendo así, la regla de
prescripción no se modifica y, opera respecto de todas las acreencias causadas dentro de
los 3 años anteriores a la radicación de la reclamación administrativa33.

35. Así las cosas, en el caso bajo examen, el estudio del fenómeno jurídico de la
prescripción se realiza en función de la siguiente información34:

Cargo Fechas de Exigibilidad Primera Fecha Segunda fecha Fecha de Prescripción
vinculación del derecho reclamación de reclamación presentación
de la demanda
Juez y 02/08/1980- 7 de enero de 15 de abril de 22 de junio de 1 agosto del 1 de agosto
199335
magistrada hasta el 201636 201637 201838 2015
31/01/2010- *ya había *ya había Con
fecha de prescripción prescripción anterioridad a
retiro. esta fecha

36. De conformidad con el acervo probatorio, se encuentra acreditado que, la demandante
ocupó el cargo de Juez de la República, entre el Dos (2) de agosto de Mil Novecientos
Ochenta (1980) y nueve (9) de octubre de Dos Mil Ocho (2008), de forma intermitente.

37. A su vez, el cargo de abogada asistente de la Sala de Casación Penal39 lo ejerció entre
el Primero (1) de noviembre de Dos Mil (2000) hasta el Catorce (14) de marzo de Dos Mil
Uno (2001). Posteriormente se volvió a desempeñar como magistrada entre el Diez (10) de
octubre de Dos Mil Ocho (2008) hasta el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diez

32
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el 7 de enero de 1993.
33
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente
señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del
decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. […]Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de
orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse
alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada
de su aplicación. Consejo de Estado. Sala Plena de Conjueces. Sentencia CE-SUJ-016-S2-19 del 2 de septiembre de 2019. Expediente: 41001-23-33-
000-2016-00041-02(2204-18).
34
El cuadro se elabora con el propósito de evidenciar la fecha en que el derecho se hizo exigible y las distintas etapas que deben considerarse para el
cómputo de la prescripción. En el caso concreto, para la demandante el derecho fue exigible desde el 7 de enero de 1993. Sin embargo, cuando radicó
las reclamaciones administrativas, la prescripción ya había operado. Aun así, se presentó la demanda, y el conteo que se expone con posterioridad tiene
carácter meramente enunciativo, con el fin de ilustrar que, incluso si no hubiese operado la prescripción desde las reclamaciones administrativas, esta
igualmente se configuraría al aplicar el término de tres años previsto en la ley.
35
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el 7 de enero de
1993.
36
respecto de la primera reclamación, la sala advierte que solo se tendrá en cuenta la petición respecto del tiempo ejercido como magistrada auxiliar
comprendido entre el (10/10/2008-31/01/2010). Teniendo en cuenta que el cargo ejercido como abogada asistente de alta corporación no tiene el derecho
a percibir de la prima especial de servicio
37
respecto de la primera reclamación se solicito la reliquidación respecto de todo el tiempo en que ejerció como juez
38
Fecha del sello de presentación de la demanda ante la oficina de reparto, pag 36
39 Se reitera que este cargo era equiparable al de magistrado auxiliar

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(2010), fecha en la cual, se produjo su retiro del servicio, según la certificación obrante en
el expediente.

38. No obstante, durante el lapso en que ejerció la función judicial, no presentó
reclamación administrativa alguna, relacionada con las diferencias derivadas del pago de
la prima especial de servicios, cuando en ese período tenía la posibilidad de interrumpir
el término de prescripción, teniendo en cuenta que el derecho se hizo exigible desde el
Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).

39. Por el contrario, la solicitud de reajuste salarial y prestacional, fue radicada el Quince
(15) de abril y Veintidós (22) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), cuando ya no se
encontraba ejerciendo ningún cargo como operador judicial, momento para el cual, el
término trienal de prescripción, respecto de las acreencias causadas durante su
vinculación, había transcurrido en su integridad.

40. Bajo estos parámetros, la Sala no comparte los argumentos de la apelante según los
cuales, la exigibilidad del derecho debía contarse desde la ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014)40, proferida por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Si bien, en esa decisión se
declaró la nulidad parcial de varios decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 «por
haber interpretado erróneamente la Ley 4ª de 1992 y afectar los derechos salariales de los servidores
públicos», la aludida providencia no fue constitutiva del derecho, sino meramente
declarativa de su alcance.

41. En efecto, la cuestión relativa a la prescripción fue objeto de análisis específico en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, plenamente aplicable a las decisiones posteriores a su
expedición. Apartarse de esta posición, conduciría al equívoco de considerar que el
derecho surgió, a partir de las sentencias de nulidad, lo cual, no resulta jurídicamente
admisible.

42. Así las cosas, la Sala concluye que no es procedente computar el término prescriptivo
a partir de la ejecutoria de la sentencia del veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
(2014), pues en este caso, el fenómeno extintivo se cuenta retroactivamente desde la
fecha de presentación de la reclamación administrativa, conforme se dispuso en la quinta
regla jurisprudencial de la citada sentencia:

40
Expediente No. 11001032500020070008700 (1686-07), conjuez ponente Maria Carolina Rodríguez Ruiz

19

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«5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.»

43. De conformidad con lo expuesto, la normativa aplicable ha sido clara en señalar que,
el intervalo de tres (3) años, debe contabilizarse desde la exigibilidad del derecho, esto
es, desde la consagración legal de la prima especial de servicios, momento en el cual,
surgió el derecho, o bien desde la presentación de la reclamación ante la administración,
según el caso. En consecuencia, no se puede modificar la regla general de prescripción.

44. En este punto, se reitera, los principios de confianza legítima, progresividad y no
regresividad laboral, junto con el principio general del derecho que enseña que «nadie puede
alegar en su favor su propia culpa», no determinan una forma diferente de contabilizar el

fenómeno de la prescripción en este caso, mucho menos modifican la fecha en que la
obligación discutida se hizo exigible.

45. Por lo tanto, la prescripción extintiva del derecho constituye una sanción a la inactividad
prolongada e injustificada del titular para ejercer oportunamente su reclamación. En este
asunto, se observa que la demandante devengó la prima especial de servicios entre los
años 199341, hasta 2010, y únicamente al finalizar su vinculación en la Rama Judicial,
promovió la reclamación de su indebida liquidación y pago.

46. Así las cosas, la Sala resalta que, para los efectos de este tipo de reclamación, la
caducidad comporta la pérdida de la acción, por no ejercerse dentro del término
legalmente previsto, aspecto que en el presente asunto no es objeto de debate, pues,
tratándose de prestaciones periódicas, la acción puede ejercerse en cualquier tiempo.
Por su parte, la prescripción implica la extinción del derecho sustancial, como
consecuencia de la inactividad de su titular, durante el término establecido por la ley.

47. De conformidad con lo expuesto, en el asunto sub litem, lo que operó fue la
prescripción de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas, sin que ello
comporte vulneración del artículo 53 de la Constitución Política, como lo sostiene la
apelante.

41
Si bien es cierto, la demandante ejerció el cargo de Juez de la República desde el 2 de agosto 1980, el derecho se hizo exigible desde el 7 de enero
de 1993, cuando entró en vigencia el decreto reglamentario de Ley 4 de 1992.

20

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48. En este sentido, la Sala concluye que, si bien operó la prescripción en los términos
señalados por el A quo, omitió considerar que a partir de la entrada en vigor de la Ley
332 de 199642, la prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos de los
aportes al sistema pensional, respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma
forma que frente a las acreencias laborales periódicas.

49. En consecuencia, se advierte que en la sentencia de primera instancia no se ordenó
el pago de los correspondientes aportes, pese a que estos debían reconocerse por todo
el tiempo durante el cual, la demandante prestó sus servicios y devengó la prima especial,
sin que resultara procedente aplicar el fenómeno prescriptivo sobre dichas cotizaciones.

50. En virtud de lo anterior, se modificará parcialmente la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, en
cuanto negaron la reliquidación y el pago de la prima especial de servicios y de las
prestaciones sociales derivadas de esta.

51. No obstante, comoquiera que operó la prescripción respecto de las acreencias
laborales reclamadas, la entidad demandada únicamente deberá efectuar el pago de los
aportes al sistema pensional a favor de la doctora Teresa Castillo Casas, respecto de los
cuales, no resulta procedente aplicar el fenómeno prescriptivo.

52. En consecuencia, dichos aportes deberán liquidarse por todo el período durante el
cual la actora ejerció los cargos de juez y magistrada y tuvo derecho a percibir la prima
especial de servicios, así: desde el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, el Diecinueve (19) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), la base de cotización corresponderá
al cien por ciento (100%) de la asignación básica; y, a partir de esta última fecha y hasta
el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diez (2010), momento en que se acreditó su
retiro, la base de liquidación estará conformada por el cien por ciento (100%) de la
asignación básica más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de
servicios.

53. Lo anterior, por cuanto el pago de aportes pensionales está ligado al derecho
pensional, el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene

42
Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia, según su artículo 3

21

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decantado esta Subsección43.

54. Finalmente, se precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro pago a
la parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos. Además, la liquidación
no puede superar los topes establecidos por el Gobierno nacional y, en ese sentido se
modificará la decisión de primera instancia.

2.5 Condena en costas.

55. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

56. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de
Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, la cual, quedará así:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 4433 del Veinte (20) de junio de Dos
Mil Dieciséis (2016), y del acto ficto presunto configurado el Veintitrés (23) de agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 5678 del Veintinueve (29) de junio de
Dos Mil Dieciséis (2016), y del acto ficto presunto configurado el Veintidós (22) de agosto
de Dos Mil Dieciséis (2016), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinar SEGUNDO, de la sentencia del Treinta y Uno (31)
de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el cual quedará así:

43
« Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter irrenunciable e
imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por
la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste
de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

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Número Interno: 1114-2022
Demandante: Teresa Castillo Casas
Demandado: Nación – Rama Judicial

«TERCERO: DECLARAR PROBADA LA PRESCRIPCIÓN TRIENAL TOTAL de los
derechos laborales, esto es, pago de salarios y prestaciones sociales, salvo los aportes a la
seguridad social, respecto de los cuales, no resulta procedente aplicar el fenómeno
prescriptivo.

Los aportes deberán ser liquidados por todo el período durante el cual, la señora Teresa
Castillo Casas ejerció los cargos de juez y magistrada y tuvo derecho a percibir la prima
especial de servicios, así: desde el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres
(1993) hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, el Diecinueve (19) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), la base de cotización corresponderá
al cien por ciento (100%) de la asignación básica; y, a partir de esta última fecha y hasta el
Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Diez (2010), momento en que se acreditó su retiro,
la base de liquidación estará conformada por el cien por ciento (100%) de la asignación
básica más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios.

Lo ordenado en la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no
haya realizado otro pago por concepto de aportes a la seguridad social. Además, la liquidación
no puede superar los topes establecidos por el Gobierno nacional».

TERCERO: CONFIRMAR los demás ordinales de la sentencia Treinta y Uno (31) de
agosto de Dos Mil Veintiuno (2021), emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, por las razones expuestas en la parte
motiva.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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