Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00105-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-00105-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2015-00105-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2015-00105-02 (2954-2023)1
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis, contra
la sentencia del Trece (13) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)2, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Conjueces, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1. Pretensiones4.
1. El señor Wilmar De Jesús Cortes Restrepo, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), por medio del cual pretende:
-. Se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJMR13-5577 del ocho (8) de julio
de dos mil trece (2013), por medio de la cual, la Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Antioquia - Chocó, le negó la reliquidación de las prestaciones sociales y
1
Expediente digital
2
Notificada el Tres (3) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022)
3
Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 1-36
4
Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 1-2
2
Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
laborales, como el reconocimiento y pago de las diferencias salariales existentes
entre lo liquidado por la Administración con el 70% de su salario básico de juez y la
liquidación que resulte teniendo como base 100% de su salario básico, incluyendo
el 30% de este, que la misma Administración ha tomado para darle el título de prima
especial sin carácter salarial y el reconocimiento y pago de la prima especial sin
carácter salarial, como adición o agregado a la asignación básica, prevista en el
artículo 14 de la ley 4a de 1992.
-. Declarar la ocurrencia y existencia del acto administrativo ficto o presunto
negativo, fruto del silencio administrativo de la demandada por no resolver a la fecha
de presentación de la demanda, el recurso de apelación interpuesto contra la
anterior resolución, así como, su consecuente nulidad.
-. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reliquidar, reconocer y pagarle desde el primero (1) de
enero de dos mil ocho (2008), hasta la fecha de la sentencia y en adelante, el valor
de las diferencias salariales y todas sus prestaciones sociales, que puedan verse
afectadas y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la
liquidación el 100% de su remuneración básica mensual legal, esto es, con la
inclusión en la base de liquidación, con carácter salarial el 30% de esa asignación
básica mensual, excluido de la liquidación al ser considerado por la Administración
como prima especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la ley 4a de
1992.
-. De igual forma, se condene a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
• Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagarle
desde el primero (1) de enero de dos mil ocho (2008), hasta la fecha de la sentencia
y en adelante, la prima especial sin carácter salarial, equivalente al 30% de la
remuneración básica que hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado, como
agregado, adición, incremento o sobresueldo a su remuneración mensual.
-. Asimismo, se condene a la accionada a seguir liquidando y pagando todas sus
prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el
100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el
30% de la asignación básica.
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
-. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la demandada ajustar y
actualizar los valores reclamados de acuerdo con el índice de precios al consumidor,
con el reconocimiento de intereses, de conformidad con los artículos 187, 189 y 192
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
-. Lo anterior, luego de inaplicar por inconstitucionalidad, los decretos
reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en la Ley 4ª de
1992.
1.2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:
2. El señor Wilmar De Jesús Cortes Restrepo, desde el 2008 se ha desempeñado
como funcionario judicial en diferentes despachos de la Rama Judicial, y para la fecha de
presentación de la demanda, esto es, el quince (15) de diciembre de dos mil catorce
(2014), ejercía el cargo de Juez 2 de Familia de Itagüí, bajo el régimen de acogidos.
3. Aduce que, la Administración Judicial, desde el primero (1) de enero de dos mil
ocho (2008) ha liquidado sus prestaciones sociales y seguridad social con el 70% de su
remuneración básica y no con el 100% de esta, por haberse reglamentado en algunos
decretos del Gobierno la prima especial sin carácter salarial, razón por la cual, la
descontaba de la remuneración básica, en lugar de adicionarla, es decir, le restó a la
asignación básica el 30% por concepto de prima especial sin carácter salarial.
4. Resalta que, durante los años que ha laborado como servidor judicial, la accionada
tampoco le ha pagado la prima especial mensual sin carácter salarial, creada por medio
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como incremento al sueldo, equivalente al 30% de su
remuneración básica.
5. Alega que, la Administración Judicial, para pagarle su salario y prestaciones,
fracciona la remuneración básica en dos partes así: i) 70% le atribuye la connotación de
sueldo básico mensual, y ii) 30% le atribuye el carácter de prima especial de servicios sin
carácter salarial, en tal razón, no está pagando la prima, pues, este porcentaje
corresponde a la parte del sueldo básico que ha tomado para denominarlo prima.
6. El diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013), solicitó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial - Antioquia – Chocó, la reliquidación de todas sus prestaciones
para que se las liquidaran con el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
en la base de liquidación el 30% de la asignación básica que le ha descontado a esta
para estipularla como prima especial sin carácter salarial, aunado al reconocimiento y el
pago de la prima especial sin carácter salarial, como un valor agregado, o plus al salario,
con las indexaciones correspondientes.
7. La Administración Judicial, mediante la Resolución DESAJMR13-5577, del ocho
(8) de julio de dos mil trece (2013), negó la reliquidación solicitada y el pago de la prima
especial sin carácter salarial, como valor adicional al salario.
8. En contra de la anterior decisión, interpuso recurso de apelación; sin embargo, no
fue resuelto por la accionada.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:
10. La Constitución Política: artículos 1, 2, 5, 4, 13, 25, 53 y 209, Ley 4 de 1992,
artículos 2 y 14, numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.
11. En el concepto de violación, sostiene que, la Rama Judicial, al considerar que el
treinta por ciento (30%) del salario básico constituye la prima especial sin carácter salarial
y al liquidar las prestaciones sobre el setenta por ciento (70%) restante, redujo
indebidamente la remuneración del demandante.
12. En ese sentido se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración
judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.
1.4. Contestación de la demanda5
13. La entidad demandada actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, los actos
demandados se ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.
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Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 303-
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
14. Afirmó que, la sentencia de simple nulidad del Consejo de Estado tiene efectos
generales y hacia el futuro, por lo que, no permite reconocer pagos retroactivos ni
derechos particulares, y, la administración no puede inaplicar normas vigentes, en razón
a que, el control de legalidad corresponde exclusivamente a los jueces.
15. Sostuvo que, la prima especial del 30% no tiene carácter salarial, tal como, lo
establecen la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, disposición que además fue
declarada exequible por la Corte Constitucional. Por ello, no puede incluirse para la
liquidación de prestaciones sociales.
16. Alega que, como autoridad administrativa, está sometida al imperio de la ley y
obligada a aplicar el derecho vigente, dándole estricto cumplimiento, razón por la cual,
sostuvo que carecía de potestad para interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que
son los Jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias, los que tienen tal
facultad.
17. Formuló las excepciones de legalidad de los actos acusados y prescripción.
1.4. La sentencia de primera instancia6.
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Conjueces, por medio de la sentencia
adiada trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas de la siguiente manera:
«PRIMERO: Se declara la nulidad de la Resolución No. DESAJMR13-5577, del
8/7/2013, expedida por la RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA- SALA ADMINISTRATIVA-DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL-ANTIOQUIA-CHOCO.
SEGUNDO: Se declara la existencia del Acto Administrativo Ficto o Presunto
Negativo, fruto del silencio administrativo de la entidad demandada, por no resolver
el recurso de apelación interpuesto el día 8/7 de 2013, contra la Resolución que negó
la reliquidación y prima solicitada, apelación concedida mediante la Resolución
número DESAJMR13-5747, de fecha 17/7/2013, notificado el 16/10/2013.
TERCERO: Declara la nulidad del Acto Administrativo Ficto o Presunto Negativo,
fruto del silencio administrativo de la entidad demandada, por haber dejado de
Resolver el recurso de apelación interpuesto el día 9/7/2013, contra la Resolución
DESAJMR13-5577, del 8/7/2013.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN DE
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Expediente hibrido, Samai, gestión otros despachos, índice 002
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar, reconocer y pagar al señor WILMAR DE
JESUS CORTES RESTREPO, todas sus prestaciones sociales, con un salario
básico del 100 por ciento, incluyendo el 30 % de prima especial, desde el 19 de abril
de 2010, hasta la fecha de la sentencia y en adelante, sin sobrepasar los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional, y según jurisprudencia del Consejo de
Estado7.
QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reconocer y pagar al señor WILMAR DE JESUS
CORTES RESTREPO, la prima especial, sin carácter salarial, equivalente al 30% de
la asignación básica que hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado, desde el
19 de abril de 2010, hasta la fecha de la sentencia y en adelante, sin sobrepasar los
topes máximos fijados por el Gobierno Nacional, y según jurisprudencia del Consejo
de Estado.
SEXTO: Se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a seguir
liquidando y pagando al señor WILMAR DE JESUS CORTES RESTREPO, todas sus
prestaciones sociales y demás emolumentos sociales y prestacionales, con base en
el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo el 30% de la asignación
básica mensual que no le han reconocido, y según la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
SEPTIMO: Se declara la prescripción de los salarios y las prestaciones sociales
causadas con anterioridad al 19 de abril de 2010, según lo advertido por el Honorable
Consejo de Estado, en la jurisprudencia mencionada precedentemente.
OCTAVO: Se dará cumplimiento a la sentencia, según los términos de los artículos
187, 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.»
19. Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó que, a la luz de las normas que
gobiernan el tema, en concordancia con las premisas fácticas del sub examine, no tenía
duda que el Gobierno Nacional desbordó el poder otorgado por la Ley 4ª de 1992, al
reglamentar una prestación social denominada prima, utilizándola inadecuadamente,
como argumento e instrumento para desmejorar los salarios y prestaciones sociales
adquiridos de la actora, situación que riñe ostensiblemente con los principios y derechos
consagrados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales
ratificados por Colombia relacionados con el tema, y en el ordenamiento patrio, inclusive,
con la misma Ley 4ª de 1992, como quedó claramente demostrado en el examen
precedente.
20. Considera que a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, el concepto de prima corresponde a una adición para el trabajador, un
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, Consejero Ponente: Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez), sentencia del Dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). radicación número: 41001-23-
33-000-2016-00041-02(2204-18)Ce-Suj-016-S2-19, Actor: Joaquín Vega Pérez, Demandado: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
7
Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
plus o agregado, que lo que busca es mejorar sus condiciones salariales y prestacionales,
y por ende, proteger la dignidad de la persona, y esa fue la finalidad de la Ley 4ª de 1992
al consagrar este beneficio, no podía el Gobierno Nacional, utilizarlo para menguar
ostensiblemente los salarios y prestaciones sociales del actor en esa cuantía, sin que ello
constituya un fuerte agravio al ordenamiento jurídico.
21. Concluye que el actor cuenta con suficiente respaldo jurídico y fáctico para que se
decida a su favor, debido a que el Estado, a través del ordenamiento jurídico, decretó el
pago de una prima a su favor, que debía mejorar sus condiciones laborales, y el ejecutivo
retorció la norma, otorgándole una interpretación contraria a la ley, que desmejoraba
ostensiblemente los derechos laborales del demandante, por lo que debe ser condenado
a reliquidar y pagar los salarios y prestaciones sociales, al igual que la prima, como lo
ordena la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.
1.5. Del recurso de apelación8.
22. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, con el cual, pretende que la decisión de primera instancia sea revocada.
23. Sustenta que, a la luz de los supuestos fácticos demostrados en el sub lite, se
puede establecer claramente que la parte demandante pertenece al régimen aplicable al
personal acogido, habida consideración a que se vinculó con posterioridad a la entrada
en vigor del decreto 57 de 1993, conforme a lo señalado en las pretensiones de la
demanda y en las certificaciones laborales que reposan en la entidad.
24. Señala que, conforme a la sentencia de unificación de dos (2) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019), los jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y
pago de: i) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones
sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y, ii) el 30%
adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del
artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial.
25. No obstante, aun cuando considera que es inexistente el derecho reclamado por
el demandante, si en gracia de discusión se ordenara por vía judicial el reconocimiento
pretendido en torno a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
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Expediente híbrido, Samai, índice 05
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
carece de orden presupuestal para acceder al pago de lo pretendido.
26. A tono con lo anterior, considera que reconocer las pretensiones que reclama la
parte actora sin la autorización presupuestal requerida, implicaría que el ordenador del
gasto estuviera inmerso en actuaciones de tipo disciplinario como las consagradas en la
Ley 734 de febrero 5 de 2002, que en sus artículos 22 y 23, frente a la función pública y
la falta disciplinaria.
27. Resulta inviable asumir obligaciones sin respaldo presupuestal y teniendo en
cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos
de presupuesto para cancelar los mayores valores que se generarían para conciliar la
prima especial del 30%, sin carácter salarial, derivados de la sentencia de unificación
mencionada y del Decreto 272 de 2021.
1.6. Trámite de segunda instancia
28. Por medio del auto adiado veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023), se declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en consecuencia, se les separó del conocimiento del
presente asunto9.
29. A través de auto del once (11) de marzo de dos mil veinticinco (2025)10, en razón
a la modificación de los integrantes de la Sala de la Sección Segunda, el conjuez de
conocimiento ordenó la devolución del expediente al despacho del magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves para lo de su cargo.
30. Por auto del veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)11, el magistrado
Luis Eduardo Mesa Nieves ordenó la devolución del expediente al despacho de origen a
cargo del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, para lo de su competencia.
31. Por auto del seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026) 12, el despacho
sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia, admitió el recurso de
apelación y ordenó que, una vez ejecutoriada dicha providencia, y, de no haberse
presentado más solicitudes probatorias, el expediente ingresará al despacho para fallo,
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Expediente digital, Samai, índice 010.
10
Expediente digital, Samai, índice 016.
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Expediente digital, Samai, índice 020
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Expediente digital, Samai, índice 032
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
de conformidad con el artículo 212 del CPACA.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
32. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problemas jurídicos
33. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿La liquidación y pago de la prima especial de servicios, contenida en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, efectuado a favor del actor, se encuentra
ajustada al marco normativo y jurisprudencial que la regula?
ii) ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado, o el cumplimiento de la condena?
34. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: i) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios y ii) caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios
35. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.
36. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la
Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
37. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
38. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
2.3.1. Del fenómeno de la prescripción de derechos laborales e imprescriptibilidad
de los aportes a la seguridad social.
39. Sobre el tema en mención, la Sala ha precisado13 y reiterado14:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento
en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede
interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el
trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»
En la sentencia del 2 de septiembre de 201915, el Consejo de Estado
determinó que en materia de la prima especial de servicio de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y
en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta
la fecha de exigibilidad del derecho.
Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior16
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.
En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.»
40. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), expediente No. 25000-23-42-000-2018-01701-
02 (1114-2022.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
16
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.
41. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.
2.4. Caso concreto.
42. De cara a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente al marco
normativo que, rige la materia, la Sala encuentra acreditado que el señor Wilmar De Jesús
Cortes Restrepo, durante el periodo reclamado en la demanda ha estado vinculado en
los períodos acreditados a la Rama Judicial, en la que desde el 2008, ha desempeñado
los cargos de juez en los siguientes periodos17:
Cargo Despacho Fecha de inicio Fecha final
Juez municipal Juzgado 002 civil 14/01/2008 13/03/2008
municipal Medellín
Juez municipal Juzgado 010 14/03/2008 18/06/2008
municipal Medellín
Juez municipal Juzgado 026 1/07/2008 13/07/2008
municipal Medellín
Juez circuito Juzgado 010 laboral 16/10/2008 19/12/2008
del circuito
descongestión
Juez municipal Juzgado 010 02/02/2009 05/02/2009
municipal Medellín
Juez municipal Juzgado 003 civil 21/10/2009 14/06/2012
municipal Itagüí
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Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 150-161
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Juez circuito Juzgado 002 familia 15/06/2012
del circuito Itagüí
Propiedad
Cuadro tiempo de servicios, No. 1
43. Asimismo, obra certificado salarial expedido el veintisiete (27) de agosto de dos mil
trece (2013), por la coordinadora del área de Talento Humano de la Dirección de
Administración Judicial Seccional de Medellín, en la cual, hizo constar entre otros, los
conceptos de sueldo básico y prima especial de servicios, percibidos mensualmente y los
que intervienen en los prestacionales así18:
Cargo Fecha de Fecha final Conceptos Total
inicio
Salario Prima Salario +
especial prima
de especial de
servicios servicio
Juez 14/01/2008 13/03/2008 2.822.291 846.687 3.668.978
municipal
Juez 14/03/2008 18/06/2008 2.822.291 846.687 3.668.978
municipal
Juez 1/07/2008 13/07/2008 2.822.291 846.687 3.668.978
municipal
Juez circuito 16/10/2008 19/12/2008 3.631.662 1.089.499 3.740.161
Juez 02/02/2009 05/02/2009 3.081.095 924.329 4.005.424
municipal
Juez 2010 2010 3.158.123 947.437 4.105.560
municipal
Juez 2011 2011 3.258.236 977.471 4.235.707
municipal
Juez 01-01-2012 14/06/2012 3.421.148 1.026.345 4.447.493
municipal
Juez circuito 15/06/2012 4.402.258 1.320.678 5.722.936
Propiedad
44. El señor Wilmar De Jesús Cortes Restrepo, aun cuando en los hechos de la demanda
aduce que el diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013), presentó reclamación
administrativa ante la accionada, lo cierto es que, dicha fecha de radicación no está
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Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 150-161
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
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demostrada; sin embargo, el contenido del acto administrativo sometido a control de
legalidad, da cuenta que ello acaeció fue el veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013),
en la que solicitó a la Dirección de Administración Judicial Seccional de Medellín, lo
siguiente19:
«Con base en lo anterior, tengo derecho a que se me pague la prima especial
sin carácter salarial, equivalente al 30% del salario básico; que se me adeuda
y la diferencia salarial y prestacional existente entre lo pagado hasta ahora por
la administración con el 70% de mi salario y lo que resulte de reliquidar todas
mis prestaciones, teniendo como base el 100% de mi remuneración básica,
incluyendo en la base de liquidación el 30% de esta, que la administración
judicial ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial.»
45. La accionada por medio de la Resolución No. DESAJMR13-5577 del ocho (8) de julio
de dos mil trece (2013), negó la reliquidación solicitada y el pago de la prima especial de
servicios como valor adicional a la remuneración básica20.
46. Contra la anterior decisión, el once (11) de julio de dos mil trece (2013), interpuso
recurso de apelación21, el cual, por medio de la Resolución No. DESAJMR13-5747 del
diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013), se concedió ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; sin embargo, la accionada guardó silencio, toda vez que, en el
expediente no reposa acto administrativo por medio del cual, se resolviera dicho recurso.
47. En este punto, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, Sala de Conjueces, definió el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y
precisó que, la prima especial de servicios constituye un incremento de la asignación
básica de los servidores beneficiarios y no una porción de esta.
48. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla que: «La prima especial
de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».
19
Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 41-46, la fecha de radicación se toma del
contenido del acto acusado visible a folios 49-53
20
Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 49-53
21
Expediente digital, Samai, índice 02, archivo ED_EXPEDIENTE (.zip) NroActa 2, folios 57-67
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49. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el treinta por
ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta. Sobre el
particular, la Sala Plena de Conjueces señaló expresamente que «en cumplimiento del
mandato legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe adicionar la prima
especial allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle
esa denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %».
Este entendimiento constituye hoy el precedente obligatorio para resolver controversias
como la que ocupa la atención de la Sala.
50. Bajo ese contexto, es claro que, la prima especial de servicios debe ser un adicional
al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este; asimismo, ha
quedado sentado que aquella «prima especial de servicios», sólo es factor salarial para
el pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para la liquidación
de prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la
prima especial de servicios.
51. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso.
52. En ese orden, se observa del análisis del certificado de pagos expedido el veintisiete
(27) de agosto de dos mil trece (2013), por la coordinadora del área de Talento Humano
de la Dirección de Administración Judicial Seccional de Medellín que al actor le han
pagado mensualmente los factores denominados: sueldo básico y prima especial de
servicios; sin embargo, al sumar estos dos factores, arroja como resultado la totalidad de
la asignación básica que el Gobierno nacional estableció para aquellos servidores de la
Rama Judicial que optaron o son regidos por el Decreto 57 de 1993; a manera de ejemplo
se trae a colación algunas de las anualidades reportadas en la citada prueba, así:
Vigencia Sueldo Prima Total Remuneración Decreto fijó
mensual especial sueldo + Gobierno remuneración
prima nacional mensual
especial acogidos
2011 $3.258.236 $977.471 $4.235.707 $4.235.707 Decreto 1039
Juez de 2011
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Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
municipal
2012 $4.402.258 $1.320.678 $5.722.936 $ 5.722.936 Decreto 874 de
Juez 2012
circuito
53. En consecuencia, le resultan aplicable al actor, las reglas establecidas en la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el Dos (2) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (22042018).
54. No obstante, nótese que, la entidad demandada a través de la Resolución No.
DESAJMR13-5577 del ocho (8) de julio de dos mil trece (2013), y al guardar silencio en
la resolución del recurso de apelación que el actor interpuso en contra de la resolución
en mención, negó la petición al considerar:
«Como se puede observar, en los cargos taxativamente señalados por el artículo
7°, declarado Nulo por el Consejo de Estado, no se encuentra contemplado el de
Juez de la República, razón más que suficiente para afirmar, que dicha sentencia
no afecta la remuneración ni prestaciones de quienes desempeñan dicho cargo.
Por todo lo anterior, no es viable incluir la Prima Especial de Servicios sin carácter
salarial en la liquidación y pago de las prestaciones sociales de los Jueces de la
República, pues hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal.
La Ley 4° de 1992 es la Ley Marco por la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, y es en ella en la que se señala
el carácter no salarial de la Prima Especial, por lo anterior se deduce claramente
que el artículo 6 del Decreto 618 de 2007, ahora artículo 8 del Decreto 1388 de
2010, que es el que rige para el peticionario, está vigente porque no ha sido
declarado nulo por la autoridad competente. Por lo tanto, la Prima Especial sigue
conservando el carácter no salarial.»
55. Los anteriores argumentos, no son de recibo, pues, con ellos se desconoce que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como
un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
56. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho, por medio
de los actos administrativos objetos de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el A quo, en tanto y por cuanto, acogen una
interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
2.4.1. De las limitaciones presupuestales
57. Frente al argumento por medio del cual, sustenta la accionada no tener disponibilidad
presupuestal para asumir las obligaciones reclamadas por el demandante, lo que, a su
sentir, le impide dar cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, precisa la Sala que,
tal reparo tampoco tiene vocación de prosperidad; por cuanto y en tanto que, la tesis
jurisprudencial de esta Sección es pacífica en indicar que, la falta de recursos no justifica
el desconocimiento de derechos salariales y prestacionales que integran el derecho
fundamental al trabajo y al mínimo vital, los cuales conllevan inmerso la obligación de
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y que deben ser garantizados
por el Estado respetivamente.
58. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores22. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales23.
59. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley24.
60. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 25:
«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida
presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
22
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
23
Cfr. Sentencia T-716/00
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-20191).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección b, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
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Número Interno: 2954-2023
Demandante: Wilmar De Jesús Cortes Restrepo
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fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».
61. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera que las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales. Por lo tanto, el cargo de la apelación no tiene vocación de
prosperidad.
62. En todo caso, para la Sala es oportuno recordar que, en virtud del cumplimiento de
las reglas que se fijaron en la sentencia proferida por la Sala de Conjueces, Sección
Segunda, de esta corporación sobre la prima especial de servicios, la remuneración total
del funcionario no puede exceder los topes máximos fijados anualmente por el Gobierno
Nacional para cada empleo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 4.ª de 1992 y los
principios de seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.
63. En ese orden, la jurisprudencia de esta Corporación26 ha sido enfática al precisar que,
el pago de las diferencias salariales y prestacionales que surjan con ocasión a la debida
aplicación de la prima especial de servicios como un incremento a la asignación básica
con carácter no salarial, debe realizarse garantizando por la entidad nominadora que no
sean superados los topes salariales establecidos por el Gobierno Nacional.
64. Por otra parte, se advierte que en sub lite, si bien el A quo declaró probada la
prescripción de los derechos causados con anterioridad al diecinueve (19) de abril de dos
mil diez (2010), esto es, al tomar como fecha de presentación de la reclamación
administrativa el diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013), cuando ello realmente
ocurrió el veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013), según se explicó en el párrafo
44, dicha decisión no será objeto de modificación en razón a que, la prescripción no es
objeto de los argumentos de la alzada.
65. En todo caso, en el sub-lite, se debe considerar la vigencia de la Ley 332 de 1996,
pues, dicha norma dispone que la prima especial de servicios constituye factor salarial
para efectos de los aportes al sistema pensional, respecto de los cuales, no opera la
prescripción en la misma forma de las acreencias laborales periódicas.
26
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), radicado
17001233300020210006102 (2642-2025).
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66. En consecuencia, se resalta que la base de liquidación estará conformada por el cien
por ciento (100%) de la asignación básica más el treinta por ciento (30%) correspondiente
a la prima especial de servicios desde el primero (1) de enero de dos mil ocho (2008).
67. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado esta
Subsección27.
68. Por otra parte, encuentra la Sala que la sentencia de primera instancia es confusa,
en lo que atañe al restablecimiento del derecho, comoquiera que reitera la orden de
reliquidación prestacional en los ordinales cuarto y sexto, lo que puede generar dificultad
al momento de su ejecución, razón por la cual, se suprimirá el sexto.
69. El pago de la prima especial de servicios aquí ordenado, junto con la reliquidación de
los aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad llamada a
juicio, de aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel momento el
demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedor de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.
70. Finalmente, resalta la Sala que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.
2.5. Condena en costas.
71. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo
tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia.
2.6. Conclusión.
27
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
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El demandante, en su calidad de juez, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de
la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En todo
caso, la Sala para dar claridad y precisión a la orden judicial, modificará los ordinales
cuarto y quinto, suprimirá el sexto y confirmará en los demás la sentencia de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales cuarto y quinto, y suprimir el sexto, de la sentencia
proferida el trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala de Conjueces. En su lugar se dispone:
«CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA
a LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, a reliquidar, reconocer y pagar al señor WILMAR DE JESUS CORTES
RESTREPO todas las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 100% de la
asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de
servicios, a partir del diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010), en razón de la
prescripción, hasta cuando la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272
de 2021.
Asimismo, la entidad deberá liquidar y trasladar al fondo de pensiones
correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones
que resulten procedentes, los cuales son de carácter imprescriptible, a partir catorce
(14) de enero de dos mil ocho (2008) y en atención a los periodos descritos en el
cuadro de tiempo de servicios No. 1, y hasta el momento de la entrada en vigencia
del Decreto 272 de 2021, si el demandante siguiere vinculado en su calidad de
juez, teniendo en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996,
el ingreso base de cotización será el cien por ciento (100%) de la asignación básica
mensual más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de
servicios, en los términos previstos en dicha normativa, siempre que tales
cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente
QUINTO: .A título de restablecimiento del derecho, se condena a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reconocer y pagar al señor WILMAR DE JESUS
CORTES RESTREPO, la prima especial, sin carácter salarial, equivalente al 30% de
la asignación básica que hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado, desde el
diecinueve (19) de abril de dos mil diez (2010), en atención a la prescripción trienal,
y hasta cuando la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si
para aquel momento el demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en
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cargos que le hicieran acreedor de la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.
Es de señalar que las diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente
señalados, sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de juez de la
República. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la
entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
mismos conceptos aquí reconocidos.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el trece (13) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de
Conjueces que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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