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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00061-02

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00061-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO: MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales tercero a décimo de la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así: “[…] TERCERO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución No. DESAJMAR20-304, suscrita el día ocho (8) de julio de Dos Mil Veinte (2020), que negó la petición incoada por la señora Daniela Ríos Martínez y la Resolución No. RH – 3439 del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), por medio del cual la entidad demandada resolvió el recurso de apelación confirmando el anterior acto administrativo. 17 Interno: 2642-2025 Demandante: Daniela Ríos Martínez Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reliquidar y pagar a favor de DANIELA RÍOS MARTÍNEZ, identificada con cédula No. 1.088.266.885, la prima especial de servicios del 30% como un agregado a la asignación básica; así como, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales a que tenga derecho calculadas estas sobre el 100% de la asignación básica, a partir del veintisiete (27) de mayo de 2017, en atención a la prescripción trienal y, mientras permanezca la vinculación laboral con la demandada en un cargo que le otorgue ese derecho, sin que supere los topes determinados en los normas que regulan la materia. Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos estrictamente laborados, sin que en ningún caso al sumar los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional durante los periodos que ejerció como juez de la República. Dedúzcase de las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras acciones judiciales, conciliaciones o transacciones estén relacionadas con las pretensiones y haya […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00061-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 17001233300020210006102 (2642-2025)
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios.
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada, en contra la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda2.

1.1.1 Pretensiones.

La señora Daniela Ríos Martínez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 3,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), solicitando la anulación de los siguientes actos
administrativos:

i) Resolución Nro. DESAJMAR20-304, suscrita el Ocho (8) de julio de Dos Mil Veinte
(2020), “por medio del cual se resuelve un derecho de petición”.

1
Proceso que les fue remitido del Tribunal Administrativo de Caldas, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA24-12140 de 30
enero de 2024 expedido por el CSJ.
2
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – Actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 27.
3
Demanda presentada el 9 de marzo de 2021, Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – Actuaciones del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, índice 27 – archivo denominado: 1_ED_C01PRINCIP_01ACTAREPARTOTRIBUNA(.pdf)

2

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ii) Resolución Nro. DESAJMAR20-343, suscrita el día Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil
Veinte (2020), “Por medio del cual se concede un recurso de apelación”.

iii) Resolución Nro. RH-3439 del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), por
medio del cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución
Nro. DESAJMAR20-3044.

Asimismo, solicitó se inapliquen las siguientes normas:

Artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; ii) Artículo 4 del Decreto 722 de 2009; iii) Artículo
8 del Decreto 1388 de 2010; iv) Artículo 8 del Decreto 1039 de 2011; v) Artículo 8 del
Decreto 0874 de 2012; vi) Artículo 8 del Decreto 1024 de 2013; vii) Artículo 8 del Decreto
194 de 2014; viii) Artículo 4 del Decreto 1105 de 2015; ix) Artículo 4 del Decreto 234 del
2016; x) Artículo 4 del Decreto 1003 de 2017; xi) Artículo 4 del Decreto 338 de 2018; y
demás disposiciones que le sean contrarias.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se condene a la entidad demandada
a reconocer y pagar a su favor, debidamente indexada, el reajuste salarial del 30% por
prima especial de servicios consagrado en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; así como,
el reajuste prestacional teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin deducir
el 30% de la citada prima especial de servicios, desde el Tres (3) de octubre de Dos Mil
Dieciséis (2016) y en lo sucesivo hasta que ostente el cargo de juez.

1.1.2 Hechos

Indicó la demandante que, se vinculó a la Rama Judicial como oficial mayor desde el
Treinta (30) de agosto de Dos Mil Once (2011); posteriormente, el Tres (3) de octubre de
Dos Mil Dieciséis (2016), fue nombrada como como Juez Promiscuo de Familia del
Circuito de Salamina (Caldas), cargo que ejercía hasta la presentación de la demanda.

Expone que, desde su vinculación su salario y prestaciones le han sido pagadas sobre
una base del 70% de la asignación básica, sin tener en cuenta el 30% que la entidad
demandada ha considerado corresponde a la prima especial de servicios.

4
Acto administrativo que fue incorporado como demandado en la reforma de la demanda, Expediente digital – Samai – Gestión de
otros despachos – Actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 27

3

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Que, en virtud de dicho desajuste salarial y prestacional el Veintiocho (28) de mayo de
Dos Mil Veinte (2020), solicitó a la entidad demandada la reliquidación de las prestaciones
y factores salariales incluyendo el 30% de la denominada prima especial de servicios, la
cual, fue resuelta de manera desfavorable a través de los actos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:

De la Constitución Política, el preámbulo y los artículos 2, 13, 25, 48, 53, 215.9 y 256.7.
Ley 4 de 1992, artículo 2 literal a) y 14.
Decreto 303 de 1977, artículo 9; Decreto Ley 244 de 1981 artículo 8; Decreto 1726 de
1973, artículo 2 y Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 32; Decreto 658 de 2008, artículos
6 y 7; artículo 4 del Decreto 722 de 2009; artículo 8 del Decreto 1388 de 2010; artículo 8
del Decreto 1039 de 2011; artículo 8 del Decreto 0874 de 2012; artículo 8 del Decreto
1024 de 2013; artículo 8 del Decreto 194 de 2014.
Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano, así como los
convenios de la OIT identificados con los Nros. 87, 95, 98, 100, 111; el convenio de la
OIT Nro. 95 de 1949 relativo a la protección del salario fue ratificado mediante la Ley 54
de 1962.
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127.

Como concepto de violación expuso que, el Gobierno nacional ha dado una interpretación
errónea a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
comoquiera que, ha indicado que el 30% de la remuneración básica mensual
corresponde a dicho concepto, el cual no tiene carácter salarial, lo que ha conllevado a
menoscabar su remuneración, provocando un perjuicio en el monto de las prestaciones
sociales legalmente reconocidas y con ello ha desconocido las normas que regulan la
materia.

1.2. Contestación de la demanda5

5
Expediente digital – Samai – Gestión de otros despachos – Actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 27.

4

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La Rama Judicial aceptó el vínculo laboral que tiene la demandante con dicha entidad,
así como, la reclamación administrativa que aquella incoó, junto con la expedición de los
actos administrativos acusados; no obstante, se opuso a las pretensiones de la demanda.

Que en la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente radicado No. 2016-00041-02, se fijaron
las reglas sobre la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992, en virtud de las cuales los jueces de la República tienen derecho al
reconocimiento y pago de: i) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de
prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y,
ii) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima
especial del artículo 14 Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial.

Finalmente, formuló como excepciones las que denominó: «Imposibilidad presupuestal
de reconocer los derechos reclamados por el actor al encontrarse en servicio activo»,
«Integración de litis consorcio necesario», «Prescripción» e «innominada».

1.3. Sentencia de primera instancia6.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
dictada el Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió a las pretensiones
de la demanda, sin imponer condena en costas a la demandada; así:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional para el caso en concreto los artículos 8 del Decreto
1024 de 2013, 8 del Decreto 194 de 2014 y todos aquellos que le reproduzcan o modifiquen y en su
lugar, se aplica el artículo 53 de la Constitución Política, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
[…]
TERCERO: DECLARAR LA EXISTENCIA del acto ficto o presunto negativo derivado de la falta de
respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Recurso de apelación contra la
Resolución No. DESAJMAR 20-304 de 8 de Julio de 2020.

DECLARAR la NULIDAD de la Resolución nro. DESAJMAR20-304, suscrita el día 08 de julio de
2020, que negó la reclamación, Resolución nro. DESAJMAR20-343 del 24 de julio de 2020 que
resolvió un recurso de reposición y concedió el de apelación, Acto ficto o presunto negativo derivado
de la falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Recurso de apelación
contra la Resolución No. DESAJMAR 20- 304 de 8 de Julio de 2020.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, a reliquidar y pagar a DANIELA RÍOS MARTÍNEZ identificada con cédula No.
1.088.266.885 la prima especial de servicios entendiéndose que el 30% de la prima especial es un
agregado al salario, así como a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales a que tenga

6
Expediente digital – Samai – gestión de otros despachos - índice 46

5

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

derecho sobre el 100% de la remuneración básica mientras permanezca la vinculación laboral con
la demandada, sin que supere los topes determinados en los decretos que reglamentan.

Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos estrictamente
laborados, sin que en ningún caso al sumar los ingresos se supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional durante los periodos que ejerció como Juez de la República.

Dedúzcase de las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras acciones
judiciales, conciliaciones o transacciones estén relacionadas con las pretensiones y haya
recibido el actor.

SEXTO (sic): DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de prescripción trienal, por
lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Se reconocen los derechos frente a la prima especial
del 30% a partir del 27 de mayo de 2020 hasta la fecha en que se haya normalizado el pago al
tenor del decreto 272 de 2021.

Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está sujeta al
fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el pago de las diferencias que se
deban hacer por este concepto a partir del momento en que inició a desempeñarse como Juez de la
República. Estos aportes deberán pagarse en el porcentaje que corresponda tanto por parte de
demandante como por el demandado.

SÉPTIMO (sic): CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a pagar a la parte demandante los
aportes a pensión dejados de consignar, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la
administración judicial, teniéndose como base de liquidación el 100% de la remuneración mensual
legal, incluyendo el 30% por concepto de prima

NOVENO (sic): NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO (sic): NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva de la presente sentencia […]».

El a quo inició la fundamentación de su decisión precisando que, se acreditó que la
demandante ejerce como juez desde el Tres (3) de octubre Dos Mil Dieciséis (2016) y
hasta, por lo menos, el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veinticuatro, fecha en
que se expidió el certificado allegado; así como, que aquella reclamó el reajuste salarial
y prestacional aquí deprecado, mismo que fue negado por la entidad demandada
mediante Resolución No. DESAJMAR20-304 de 2020.

Expuso que, la llamada a juicio aplicó de manera indebida las disposiciones que regulan
el régimen laboral de la demandante, liquidando de forma errada la prima especial de
servicios, aduciendo que el salario correspondía a un 70% y el 30% restante a la citada
prima; cuando lo propio era tener el 100% como asignación básica y sobre ese monto
incrementar el 30% por la prima especial de servicios en mención.

Respecto del fenómeno jurídico de la prescripción, señaló que en la sentencia de
Unificación –SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019, se analizó la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios.
Que en dicha decisión se hizo referencia a precedentes que reconocían ese derecho,

6

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

considerándolo exigible a partir de la nulidad de las normas que le daban sustento. No
obstante, se precisó que “su exigibilidad se establece desde la entrada en vigor de la Ley
4 de 1992, que la creó, y con la expedición del decreto que inicialmente la reglamentó,
esto es, el Decreto 57 de 1993”, y no desde la mencionada sentencia de unificación de
2014.

Así las cosas, como la reclamación administrativa fue presentada el día 27 de mayo de
2020, declaró probada la excepción de prescripción de los derechos causados con
anterioridad al 27 de mayo de 2019 (sic).

1.4. Recurso de apelación.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7
presentó recurso de apelación señalando que, no es posible acceder a lo pretendido dado
que, al hacerlo se podría superar el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009.

Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado8, la prima especial de
servicios solo constituye factor salarial para liquidar los aportes a pensión.

Añadió que, a pesar de la declaratoria de nulidad de los decretos salariales de los años
1993 a 2007 mediante sentencia del 29 de abril de 20149, no resulta procedente proponer
fórmula conciliatoria por el tiempo laborado hasta el 31 de diciembre de 2007, por cuanto
ha operado el fenómeno de la prescripción. Aunado a lo anterior, el referido fallo no anuló
los decretos salariales del año 2008 y siguientes, por lo cual estos conservan plena
validez y presunción de legalidad y, por tanto, no es posible efectuar reconocimiento
alguno sobre lo pretendido; comoquiera que la entidad ha liquidado de forma correcta la
prima especial de servicios, conforme las normas expedidas por el Gobierno nacional.

La parte demandante10 solicitó la revocatoria parcial de la sentencia de primera
instancia, al considerar que el término prescriptivo debe contabilizarse tres (3) años hacia
atrás, contados desde la reclamación administrativa, atendiendo lo dispuesto en el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y los

7
Samai, índice 0053, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
8
Sentencia de 18 de julio de 2018 radicado No. 2017-2015.
9
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Radicado No. 11001032500020070008700 (1686-07), Conjuez
ponente: MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ
10
Samai, índice 0051, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

7

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

lineamientos previstos en la sentencia de 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que prevé la prescripción
trienal.

En virtud de lo anterior, lo aquí reclamado debió concederse a partir del Veintisiete (27)
de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), al haberse presentado la reclamación
administrativa el Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veinte (2020), y no desde esta última
fecha como se indicó en el fallo de primera instancia.

1.5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

Con auto del Diez (10) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)11, el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3°
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. No se corrió traslado para alegar, ni se allegaron
pronunciamientos por parte del Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación;
sin embargo, considerando que ambas partes interpusieron el recurso de alzada, se
resolverá sin limitaciones como dispone el inciso segundo de la norma en cita.

2.2. Problema jurídico

11
Expediente digital – Samai. – índice 4
12
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

8

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Corresponde a la Sala determinar si: i) el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en los términos ordenados
por el A-quo, supera el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009 y por ello deben negarse
el derecho reclamado, ii) si el Tribunal cometió algún yerro al momento de establecer el
fenómeno de la prescripción del derecho salarial y prestacional reconocido a la
demandante.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial, 2.2.2 Pruebas relevantes, 2.2.3 Caso concreto
y 2.2.4. Condena en costas.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.

La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.

La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el sub
lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de
septiembre de 2019.

La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los
servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en
los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión
de jubilación.

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Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho
a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin
que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica,
es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%,
en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se
tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir
de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en
ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta
Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de
cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a decidir
el presente caso.

2.2.2 Pruebas relevantes.

Revisados los medios probatorios resultan relevantes para decidir:

a. Resolución No DESAJMAR20-304 del Ocho (8) de julio de Veinte (2020)13, por medio
de la cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales -
Caldas, resolvió de manera negativa la solicitud de reliquidación de salarios y
prestaciones sociales, por concepto de la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.

b. Resolución No. DESAJMAR20-343 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Veinte
(2020)14, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, a
través de la cual se concedió el recurso de apelación formulado por la actora contra la
anterior resolución.

13
Visible en el expediente digital que obra en Samai – gestión en otros despachos – actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca – índice 00027.
14
Visible en el expediente digital que obra en Samai – gestión en otros despachos – actuaciones del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca – índice 00027.

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Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

c. Resolución No. RH-3439 del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022),
proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación formulado en contra del acto administrativo de fecha
Ocho (8) de julio de Dos Mil Veinte (2020), confirmando la decisión.

d. Constancia expedida por el Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de fecha Tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)15, en la
cual, se certifican los diversos cargos desempeñados en la Rama Judicial por la señora
Daniela Ríos Martínez desde el Treinta (30) de agosto de Dos Mil Once (2011), el cual
refleja la siguiente información:

e. Constancia expedida por el Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Manizales, fechada del Treinta y Uno (31) de octubre de Dos
Mil Veinticuatro (2024)16, mediante la cual, al igual se certifican los cargos
desempeñados en la Rama Judicial por la señora Daniela Ríos Martínez; así como, los
pagos efectuados mes a mes durante ese mismo periodo.

2.2.3 Caso en concreto

15
Ibidem.
16
Ibidem.

11

Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Acreditado está que, la señora Daniela Ríos Martínez se vinculó a la Rama Judicial desde
el Treinta (30) de agosto de Dos Mil Once (2011), como oficial mayor, habiendo
desempeñado otros cargos, entre ellos, el de juez, el cual ejerce desde el Tres (3) de
octubre de Dos Mil Dieciséis (2016) y por lo menos hasta el Treinta y Uno (31) de octubre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), en que se expidió la certificación salarial.

Ante ello, teniendo en cuenta la fecha de vinculación de la demandante con la entidad
demandada se logra concluir que su régimen salarial y prestacional es el contenido en el
Decreto 57 de 1993 y las normas que lo han complementado o modificado.

Al comparar los valores indicados en el certificado de salarios que obra en el plenario y
confrontarlos con las normas que ha expedido anualmente el Gobierno nacional
regulando los salarios de los servidores de la Rama Judicial se logra evidenciar que, la
prima especial de servicios ha sido pagada como parte de la asignación básica, así:

Vigencia Sueldo Prima Total sueldo Remuneración Decreto fijó remuneración
mensual especial + prima Gobierno mensual
especial nacional
2016 $ 5.287.213 $ 1.586.164 $ 6.873.377 $6.873.377 Remuneración mensual anterior
($6.377.820) más 7.77%
Decreto 245 de 2016
2017 $5.644.100 $1.693.230 $7.337.330 $7.337.330 Remuneración mensual anterior
($6.873.377) más 6.75%
Decreto 1003 de 2017
2018 Remuneración mensual anterior
($7.337.330) más 5.09%
$7.710.800
$5.931.385 $1.779.415 $7.710.800 Decreto 338 de 2018
2019 $6.198.297 $1.859.489 $8.057.786 $8.057.786 Remuneración mensual anterior
($7.710.800) más 4.5%
Decreto 997 de 2019
2020 $6.515.650 $1.954.695 $8.470.345 $8.470.345 Remuneración mensual anterior
($8.057.786) más 5.12%
Decreto 301 de 2020

Así las cosas, se logra evidenciar que le asiste razón al demandante en su reclamo; lo
anterior, teniendo en cuenta que, conforme se desprende de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios fue creada como un incremento
salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, mas no como parte de
esta última, como lo realizó la entidad demandada, quien dispuso que el 70% del monto

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fijado por el Gobierno correspondía a la asignación básica y el otro 30% a la prima en
mención. Adicionalmente, tal y como lo concluyó el A-quo dicha prima no tiene carácter
salarial; no obstante, debe tenerse en cuenta que la Ley 332 de 199617 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

En ese orden de ideas, la demandante desde el Tres (3) de octubre de Dos Mil Dieciséis
(2016) en que viene ejerciendo el cargo de juez de la República, tenía derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como un incremento a su salario,
consistente en el 30% adicional calculado sobre el 100% de la asignación básica; más la
reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la citada
asignación básica.

En consecuencia, la Sala no se evidencia yerro alguno en la decisión tomada por el
Tribunal, quien, ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la prima especial de servicios; así
como, el reajuste salarial teniendo en cuenta el 30% adicional como prima especial de
servicios calculado sobre la base del 100% de la asignación básica.

La entidad demandada sostuvo que, el reconocimiento de la prima especial de servicios
implicaba superar los topes de remuneración previstos en el Decreto 1251 de 2009.

Al respecto, precisa la Sala que, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de esta
Corporación y lo indicó el Tribunal en el fallo recurrido, el pago del reajuste salarial y
prestacional debe realizarse garantizando que, no sea superados los topes salariales
establecidos por el Gobierno nacional; así las cosas, no le asiste razón al recurrente en
su reparo.

Por otra parte, se cuestiona la aplicación del fenómeno jurídico procesal de la prescripción,
al considerar que, el tribunal incurrió en un yerro al declararla probada a partir de la fecha
en que se presentó la reclamación administrativa.

En este sentido, lo primero es indicar que, la prescripción es un fenómeno jurídico en virtud
del cual quien, a pesar de ser titular de un derecho, lo pierde por su inactividad para

17
Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia, según su artículo
3.

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reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos casos que la demanda
y/o reclamación se haya interpuesto dentro de los términos legales.

En estos asuntos el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos laborales,
so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal consagrado en el
artículo 4118 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.

En el sub lite está probado que, la demandante presentó la reclamación administrativa el
Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veinte (2020)19, solicitando la reliquidación de sus
salarios y prestaciones sociales desde el Tres (3) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016),
con la inclusión de la prima especial establecida en la Ley 4 de 1992 como factor salarial.
Dicha solicitud fue negada por la entidad demandada mediante los actos administrativos
acusados (Resolución No. DESAJMAR20-304 del Ocho (8) de julio de Dos Mil Veinte
(2020) y la Resolución No. RH-3439 del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Veintidós
(2022)).

En casos como el que nos ocupa, el momento a partir del cual debe ser contabilizado el
término de la prescripción, fue definido expresamente por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:

«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho
ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica
desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del
decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.

Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores públicos
cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se actualiza anualmente, de
manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes
y escalas salariales que regirán durante su vigencia.

Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios
tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que,
de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas
jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible
con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992, es decir, es
decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En
consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la

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Dec. 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
19
Ante ello, se considera que la demanda se interpuso oportunamente, como quiera que aquella se incoó el 9 de marzo de 2021, esto
es, no habían transcurrido los tres años para que operara nuevamente el fenómeno de la prescripción.

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prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de
abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa .»

De manera que, fue clara la sentencia en cita en establecer que, desde la entrada en vigor
de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados podrían reclamar
los derechos que por prima especial de servicios consideraban les resultaba aplicable a
cada caso; así como, que tal fenómeno se interrumpía con la reclamación administrativa.

Así las cosas y en el caso concreto, el estudio del fenómeno prescriptivo se realiza en
atención a la siguiente información.

Cargo Fecha Fecha Fecha de presentación de Prescripción
Desde la cual reclamación la demanda
ejerce el cargo
que le otorga
el derecho
reclamado
Juez 3 de octubre de 27 de mayo de 2020 9 de marzo de 2021 Con anterioridad al 27
Circuito 2016 de mayo de 2017

Entonces, como la solicitud de reajuste salarial y prestacional fue
radicada el Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veinte (2020); tal y como quedó expuesto
en el cuadro anterior, se encuentran prescritas las diferencias salariales y prestacionales
causados con anterioridad al Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017).

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que en la sentencia de primera instancia se incurrió
en yerro tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, toda vez que, si bien indicó
que el fenómeno de la prescripción se debía aplicar conforme la sentencia de unificación
del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), en las consideraciones del fallo
precisó que dicho fenómeno jurídico procesal había operado respecto de los derechos
causados con anterioridad al Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), y en
la resolutiva dejó expuesto que se declaraba la prescripción a partir del Veintisiete (27) de
mayo de Dos Mil Veinte (2020), siendo esta la fecha en la cual la demandante presentó la
reclamación administrativa.

En virtud de lo anterior, habrá de modificarse el fallo recurrido para establecer que el
fenómeno de la prescripción ocurrió sobre los reajustes salariales y prestacionales
causados con anterioridad al Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017).

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Por otra parte, la Sala considera necesario precisar que, el reconocimiento y pago de la
prima especial ordenado en la sentencia de primera instancia es procedente por el tiempo
en que la demandante permanezca en el cargo que le dan derecho a devengarla de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Lo anterior, sin perjuicio que la entidad verifique los
pagos realizados con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio
del cual se establece la prima especial que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En ese
sentido, se adicionará el fallo recurrido.

Finalmente, resulta necesario precisar que, el A-quo declaró la existencia del acto ficto o
presunto negativo originado ante la falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial al recurso de apelación incoado en contra de la Resolución No.
DESAJMAR 20-304 de 8 de julio de 2020. No obstante, advierte la Sala que, dentro del
trámite de primera instancia la parte demandante presentó reforma de la demanda20, a fin
de integrar al proceso como acto acusado la Resolución No. RH – 3439 del Veintitrés (23)
de marzo de Dos Mil Veintidós (2022) “Por medio del cual se resuelven Recursos de
Apelación”, acto administrativo que fue notificado por el correo electrónico el Cuatro (4) de
abril de Dos Mil Veintidós (2022).

La reforma a la demanda fue admitida por el Tribunal de primera instancia a través del
auto del Veintiuno (21) de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022)21 y, a su vez, la entidad
demandada presentó contestación a la reforma22. Por esta razón, no resulta procedente
declarar la existencia de un acto ficto cuando, de conformidad a lo aportado en el proceso,
la entidad demandada sí emitió respuesta de fondo frente al recurso de apelación
presentado por la demandante; como tampoco ordenar la nulidad de dicho acto ficto. Ante
ello, se modificará la sentencia, revocando el ordinal que dispuso la existencia del citado
acto ficto y modificará lo referente a la nulidad ordenada respecto de aquel, precisando
que se ordena aquella, pero respecto de los dos actos expresos.

Adicionalmente, se tiene que en el fallo del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticinco
(2025), la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró la
nulidad de la Resolución No. DESAJMAR20-343 del 24 de julio de 2020, por medio del

20
Samai, gestión en otros despachos – actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Índice 00027. Documento
denominado 028_ED_C01PRINCIP_28REFORMADEMANDA.
21
Samai, gestión en otros despachos – actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Índice 00027 . Documento
denominado 030_ED_C01PRINCIP_30ADMITEREFORMADEMAN
22
Samai, gestión en otros despachos – actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Índice 00027 – Documento
denominado 032_ED_C01PRINCIP_32CONTESTACIONREFORM.

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cual la entidad demandada concedió el recurso de apelación formulado en contra de la
Resolución nro. DESAJMAR20-304 de 2020. Sin embargo, aquel, al ser un acto
administrativo de trámite, no es susceptible de control judicial, por tanto, no es procedente
pronunciarse frente a su legalidad.

En ese sentido, también se modificará la sentencia recurrida; así como, se hará un ajuste
en la orden de pago de los aportes pensionales, con miras a precisar que, aquellos deben
hacerse sobre la base del 100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial
de servicios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996, sin tener en cuenta
el fenómeno de la prescripción.

2.2.4 Condena en costas

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o male fe, sino, simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales tercero a décimo de la sentencia
del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los cuales quedarán así:

“[…]
TERCERO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución No. DESAJMAR20-304, suscrita el día ocho
(8) de julio de Dos Mil Veinte (2020), que negó la petición incoada por la señora Daniela Ríos
Martínez y la Resolución No. RH – 3439 del Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022),
por medio del cual la entidad demandada resolvió el recurso de apelación confirmando el anterior
acto administrativo.

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CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, a reliquidar y pagar a favor de DANIELA RÍOS MARTÍNEZ, identificada con cédula No.
1.088.266.885, la prima especial de servicios del 30% como un agregado a la asignación básica; así
como, a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales a que tenga derecho calculadas estas
sobre el 100% de la asignación básica, a partir del veintisiete (27) de mayo de 2017, en atención a
la prescripción trienal y, mientras permanezca la vinculación laboral con la demandada en un cargo
que le otorgue ese derecho, sin que supere los topes determinados en los normas que regulan la
materia.

Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos estrictamente
laborados, sin que en ningún caso al sumar los ingresos se supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional durante los periodos que ejerció como juez de la República.

Dedúzcase de las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras acciones
judiciales, conciliaciones o transacciones estén relacionadas con las pretensiones y haya
recibido la actora.

QUINTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de los
emolumentos causados con anterioridad al Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está sujeta al
fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el pago de las diferencias que se
deban hacer por este concepto a partir del momento en que la demandante inició a desempeñarse
como juez de la República. Estos aportes deberán pagarse en el porcentaje que corresponda tanto
por parte de demandante como por el demandado.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a la parte demandante los aportes
a pensión dejados de consignar, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la administración
judicial, teniéndose como base de liquidación el 100% de la asignación básica más el 30% de la
prima especial de servicios, sin tener en cuenta la prescripción.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad
con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el
efecto la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta providencia.

NOVENO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva de la presente sentencia.

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, sino fuere apelada, archívese el expediente […]».

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos
Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Interno: 2642-2025
Demandante: Daniela Ríos Martínez
Demandada: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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