Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00769-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00769-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00769-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00769-02 (0826-2026)1
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Conjueces, en el sentido de conceder
parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. El señor Arley Méndez De La Rosa, por intermedio de apoderad judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar:
«PRIMERA: Que se declaren NULOS los actos administrativo Resolución No, 3909 de 10
de septiembre de 2014, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga y la Resolución 4757 de 6 de agosto de 2015, expedida por la
Directora Ejecutiva Nacional de Administración Judicial.
SEGUNDA: Que para este caso en particular, se INAPLIQUEN los Decretos: 658 del 4 de
marzo 2008; 723 del 6 de marzo 2009; 1388 del 26 de abril de 2010; 1039 del 4 de abril
de 2011, 0874 del 27 de abril de 2012, 1024 del 21 de marzo de 2013; 194 del 7 de febrero
de 2014 en su Artículo 8, 1105 de 2015 artículo 4, 1157 de 2015, 245 de 2016, 1013 de
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Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 011 demanda, páginas 2-3
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Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 8-36
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Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
2017, 337 de 2018 y los que en lo sucesivo y en ese mismo sentido se expidan por el
Gobierno Nacional, por Inconvencionales, Inconstitucionales e Ilegales, dado que en ellos
se reproducen los yerros que dieron lugar a la nulidad de las normas que en tal sentido les
precedieron y que a la fecha se encuentran declarados nulos en virtud de la sentencia del
29 de abril de 2014, por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado.
TERCERA: Que como RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito:
3.1. Se ordene a la entidad accionada realice todas las actuaciones de tipo presupuestal,
administrativo y financiero necesarias tendientes a la desafectación de la porción,
segmento o fracción del salario básico que percibe el actor, el cual fue disminuido, con
ocasión de la liquidación irregular de la prima especial de servicios, anormalidad que fue
establecida en las razones jurídicas expresadas en las sentencias del 29 de abril de 2014,
con ponencia de la Dra. María Carolina Rodríguez Ruíz y en la Sentencia de Unificación
del 2 de septiembre de 2019 proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado y, en consecuencia, en un término prudente, se emita
acto administrativo particular y concreto en el que se ordene a la División de Recursos
Humanos de la Dirección de Administración Judicial de Bucaramanga o a quien
corresponda, realice el pago efectivo de la Prima Especial de Servicios prevista en el
Artículo 14 de Ley 4a de 1992, como adicional a la Remuneración Mensual ordenada por
el Gobierno Nacional en el equivalente legal del 30% al 60%, conforme lo establecen las
mencionadas sentencias del Consejo de Estado, durante todo el tiempo en que se ha
desempeñado el actor en su calidad de Juez de la República.
3.2. Ordenar la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales al demandante, de
conformidad con lo lineamientos proporcionados por el H. Consejo de Estado en las
sentencias citadas supra, desde que el actor inició labores como Juez de la República, a
saber: Prima de Servicios; Cesantías; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de
Navidad, Bonificación por Actividad Judicial y demás emolumentos cancelados de forma
incompleta, incluyendo en la misma, la Remuneración Mensual prevista en los Decretos
por medio de los cuales el Gobierno Nacional estableció el salario de los Funcionarios de
la Rama Judicial, pero adicionando una porción entre el 30% y el 60% que corresponde a
la Prima Especial de Servicios para efectos de contabilizar el IBL.
3.3. Ordenar se incluya dentro de la reliquidación de las prestaciones sociales enumeradas
en el literal anterior, la porción entre el 30% y el 60% de la Prima Especial de Servicios
adicional al Ingreso Mensual decretado por el Gobierno Nacional, desde su vinculación
como Funcionario Judicial de la Rama Judicial, bajo el entendido que, conforme la
Jurisprudencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Segunda- Segunda Subsección B, dentro del proceso radicado con el No. 25000-23-25-
000-2005 – 01134 – 01 (0419-07), con ponencia de la doctora BERTHA LUCIA RAMÍREZ
DE PÁEZ, tiene carácter salarial, precedente ratificado por la Sala de Conjueces del
Consejo de Estado, Conjuez Ponente PEDRO SIMÓN VARGAS SÁENZ. Sentencia del 7
de Mayo de 2012. Radicación No. 410012331000200300551-01.
3.4. Ordenar también los ajustes o reliquidaciones que se desprendan hacía todas sus
prestaciones sociales, como lo son: prima de servicios, cesantías, los intereses a las
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por actividad
judicial, aportes a seguridad social y demás emolumentos, 1. sean tasadas teniendo como
base de liquidación el 100% de la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno
Nacional –sin disminuirla en un 30%- y 2. teniendo en cuenta e incluyendo, en proporción
entre el 30% y el 60% , en cada uno de estos conceptos, la Prima Especial de Servicios
como factor salarial en un 30% al 60% adicional a la asignación básica. i. Las sumas del
saldo insoluto dejadas de pagar al actor, tanto por salario como prestaciones sociales -
por los errores puestos de presente con antelación- deberán ser actualizados conforme al
Índice de Precios al Consumidor IPC, año por año desde cuando debió surtirse el pago
efectivo de la obligación y hasta el pago efectivo de las mismas.
3.5. Se disponga la liquidación y pago de intereses sobre el valor de los ajustes o
reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron pagarse los conceptos
señalados hasta el día en que efectivamente sean cubiertos, en la forma y términos
contemplados por el Artículo 195 del CPACA -Ley 1437 de 2011.
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Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
CUARTO: Que luego de la sentencia definitiva y, en adelante, la entidad demandada
continúe liquidando al actor la Asignación Básica y sus Prestaciones Sociales, conforme
se dispuso en el fallo, además del reconocimiento y pago material de la Prima Especial de
Servicios.
QUINTO: Finalmente, solicito que la entidad demandada sea condenada en costas y
gastos de este proceso.»
2. Los hechos en que, se fundan las pretensiones son los siguientes:
3. El señor Arley Méndez De La Rosa, labora al servicio de la Rama Judicial en la
que desempeña el cargo de Juez Segundo Administrativo de Bucaramanga desde el
doce (12) de febrero de dos mil nueve (2009) de manera ininterrumpida.
4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga, le ha pagado
la prima especial de servicios, no como una adición a su asignación básica mensual, sino
como un porcentaje (30%) de ésta y, en consecuencia, liquida sus prestaciones sociales
sobre el 70% del salario.
5. El ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014), solicitó a la Dirección
Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, la reliquidación y pago de: (i) la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como una adición a la
asignación básica mensual; (ii) el 30% de la asignación básica que por concepto de prima
especial de servicios le había sido descontado y, (iii) la diferencia resultante de la
liquidación de prestaciones sociales, salariales y laborales sobre el 100% de la asignación
básica mensual y no sobre el 70% de ésta, como se había efectuado.
6. Señala que, el Consejo Superior de la Judicatura negó lo pedido, decisión contra
la que, interpuso recurso de apelación, el cual, fue resuelto a través de la Resolución
4757 de seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), expedida por la directora ejecutiva
Nacional de Administración Judicial, en el sentido de confirmar el acto administrativo
apelado.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran:
8. De la Constitución Política el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 29, 53 y 209.
De la Ley 4ª de 1992 los artículos 2, 10 y 14 parágrafo. De la Ley 270 de 1996 el artículo
152 numeral 7.
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Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
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9. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1, 2, 21
10. En el concepto de violación, sostiene que, para funcionarios Judiciales, la Ley 4ª
de 1992 artículo 14, creó la prima especial de servicios sin carácter salarial, la cual, oscila
entre el 30 y el 60% de la remuneración básica mensual, disposición que fue
reglamentada por el Gobierno Nacional, mediante decretos salariales anuales que fueron
expedidos desde 1993. No obstante, en estos decretos se dispuso que el 30% de la
asignación básica constituía la prima especial de servicios, es decir, que esta se debitaría
de la asignación básica mensual de cada funcionario judicial.
11. La Rama Judicial al considerar que el treinta por ciento (30%) del salario básico
constituye la prima especial sin carácter salarial y al liquidar las prestaciones sobre el
setenta por ciento (70%) restante, redujo indebidamente la remuneración de la
demandante.
12. En ese sentido se desconoció el carácter adicional de la prima prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que vulnera los principios de igualdad, favorabilidad y
progresividad laboral, infringe la garantía estatutaria de intangibilidad de la remuneración
judicial; apartándose injustificadamente del precedente consolidado del Consejo de
Estado.
1.3. Contestación de la demanda3
13. La entidad demandada actuando por medio de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues, considera que, los actos
demandados se ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.
14. Sostiene que la remuneración y prestaciones del señor Arley Méndez de la Rosa,
las ha cancelado conforme a la normatividad vigente para cada anualidad. La prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 carece de carácter salarial,
según lo ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, y su
reconocimiento como factor solo es procedente para efectos del sistema de pensión.
15. La administración judicial, como autoridad administrativa y garante del principio de
legalidad, está obligada a aplicar estrictamente los decretos salariales anuales expedidos
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Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 027contestación demanda.
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Demandante: Arley Méndez De La Rosa
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por el Gobierno Nacional, los cuales gozan de presunción de legalidad, en tal razón,
carece de competencia para modificar el régimen salarial o para aplicar de manera
oficiosa fallos de simple nulidad que no constituyen títulos constitutivos de gasto ni
reconocen derechos subjetivos automáticos al peticionario.
16. No es viable acceder a la reliquidación pretendida, toda vez que, no cuenta con
recursos presupuestales situados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tal
fin, razón por la cual, disponer pagos sin el respectivo respaldo financiero vulneraría las
normas de ordenación del gasto contenidas en la Constitución Política y el Estatuto
Orgánico del Presupuesto, lo que generaría responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria
para los funcionarios encargados.
17. Los fallos citados por el demandante no constituyen sentencias de unificación
jurisprudencial en los términos de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, considera que
no es posible extender sus efectos de manera administrativa.
18. Solicita confirmar la validez de los actos administrativos impugnados y negar las
pretensiones de la demanda, al haber actuado la administración bajo el imperio de la ley
y dentro del ámbito de sus competencias.
19. Finalmente, propuso las excepciones de falta legitimación en la causa por pasiva
y prescripción.
1.4. La sentencia de primera instancia4.
20. El Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Conjueces, por medio de la
sentencia adiada veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas de la siguiente
manera:
«PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la COSA JUZGADA respecto de la pretensión de
la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante teniendo como base de
liquidación el 100% de la remuneración mensual. Lo anterior de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No 3909 del 10 septiembre de 2014,
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, y
Resolución 4757 del 06 de agosto de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
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Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 064
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Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar
a favor de ARLEY MENDEZ DE LA ROSA, causadas desde el 16 de julio de 2017 -en virtud
del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30%
de la asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y/o
asignación básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación.
CUARTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación
ordenada, causadas con anterioridad al 16 de julio de 2017, de conformidad con lo expuesto
en las consideraciones de esta sentencia.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas en esta
sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la fórmula
señalada en la parte motiva.
SEXTO: Ordenar a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos que
establece el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva.
(…)»
21. Como sustento de su decisión, el Tribunal luego de analizar los antecedentes del
caso concreto y el material probatorio, pasó a dilucidar el fenómeno jurídico de la cosa
juzgada, en relación con las pretensiones y fundamentos de la demanda presentada por
el señor Arley Méndez De La Rosa en contra de la Nación - Rama Judicial en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 680013331008-
2011-00271-00.
22. A tono con lo anterior, concluyó que aun cuando en el presente proceso se
incorporan pretensiones como el reconocimiento y pago efectivo de la prima especial
como un componente adicional, advirtió que únicamente frente a la pretensión
relacionada con la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% de la
remuneración mensual se presenta identidad de causa, objeto y partes, razón por la cual,
declaró probada la excepción de cosa juzgada material en relación con dicha pretensión
especifica, por haber sido objeto de decisión judicial definitiva en proceso anterior.
23. De cara a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago efectivo de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un
componente adicional de la asignación básica mensual, sustentó con fundamento en el
marco normativo jurisprudencial que la regula, que el tratamiento administrativo otorgado
a dicho 30 % como una prima sin carácter salarial dio lugar a la expedición de los actos
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Demandante: Arley Méndez De La Rosa
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administrativos demandados, los cuales negaron, en sede administrativa, su
reconocimiento como componente estructural del salario básico, actuación contraria a la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y constituye una aplicación errónea del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lo que vicia parcialmente los actos de contenido
particular, razón por el cual, declaró su nulidad.
24. Establecido lo anterior, pasó a dilucidar la excepción de prescripción, sobre la cual,
sostuvo que, el derecho al reconocimiento de la referida prima especial se hizo exigible
para el demandante a partir del 11/02/2009, la reclamación en sede administrativa fue
presentada el 08/09/2014, y la demanda fue radicada el 16/07/2020, por lo tanto, se
configuró dicha excepción a partir del 16/07/2017, es decir, tres años atrás al momento
de presentación de la demanda.
25. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada si aún no lo ha
hecho, reconocer y pagar a favor del demandante a partir del dieciséis (16) de julio de
dos mil diecisiete (2017) -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que
por razón del cargo tenga derecho, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida
como un incremento del salario básico y/o asignación básica. Con la advertencia que
dicha prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1.5. Del recurso de apelación5.
26. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, por medio del cual, solicita se declare probada la excepción de caducidad,
pues, considera que el medio de control de la referencia fue instaurado luego estar
vencido el termino legal para su presentación.
27. Lo anterior, por cuanto la Dirección Seccional resolvió la petición de la parte
demandante a través de la Resolución No. 3909 de diez (10) de septiembre de dos mil
catorce (2014), en el sentido de negar las pretensiones del solicitante, razón por la cual,
interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, mediante la Resolución 4757 de seis (6) de agosto de dos mil
quince (2015), en el sentido de confirmar la decisión de primer grado.
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Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 251-255
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Demandante: Arley Méndez De La Rosa
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28. Dicho acto administrativo se encuentra en firme desde agosto de 2015, conforme
lo dispone el CPACA en su artículo 87, numeral 3.
29. De igual forma, señala que el actor debía agotar el requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial dispuesto en el numeral 1 del artículo 161 CPACA con la
presentación de la solicitud de conciliación para suspender el término de prescripción y
caducidad. No obstante, dejó pasar el tiempo sin acudir a la Procuraduría General de la
Nación, pues, conforme a la documental incorporada, sólo radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial el doce (12) de mayo de dos mil veinte (2020), es decir, más de
04 años después de haber fenecido los 4 meses de la oportunidad para suspender el
término de la caducidad.
30. Aduce que, el A quo considera que por ser una prestación periódica el derecho
reclamado no opera el fenómeno de la caducidad, no obstante, resalta que si bien la
prestación es periódica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1437
de 2011, también es cierto que, la misma se le reconoce al accionante en su nómina
desde el primero (1) de enero de dos mil veintiuno (2021), por lo que la misma dejó de
ser una controversia en dicha fecha, entonces si aplica el término de caducidad y su
consecuencia es dar por terminado el proceso.
31. Por otra parte, alega que la reclamada prima especial, se ha liquidado y pagado
correctamente y sobre todo en consonancia con la reglamentación que sobre el tema ha
dictado el Gobierno Nacional, el cual hasta la fecha no ha efectuado ninguna
manifestación al respecto y, en caso tal que llegase a considerarse la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, deberá tenerse en cuenta que aquellos decretos salariales
vigentes no fueron atacados por la parte demandante en su momento.
32. Considera que, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1996, se ha cancelado en debida forma al actor por la Rama Judicial, comoquiera que
la entidad reconoce los salarios y prestaciones de los servidores judiciales conforme a
los Decretos salariales que expide el Gobierno Nacional para cada vigencia.
33. Indica que se encuentra ante una imposibilidad presupuestal de reconocer los
derechos reclamados por la parte actora, pues, frente a los Jueces de la República no se
han asignado por parte del Ministerio Hacienda los recursos que permitan cubrir el
reconocimiento de dichas acreencias laborales adicionales a todos los funcionarios
judiciales de manera inmediata, causadas con anterioridad al primero (1) de enero de dos
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Número Interno: 0826-2026
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mil veintiuno (2021), que fue la fecha de entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021,
expedido por el Gobierno Nacional.
34. Finalmente, solicita no imponer condena en costas a cargo de la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
1.5. Trámite de segunda instancia
35. Por auto del seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)6, el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la
litis, de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
36. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.
37. El Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
38. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:
i) ¿Operó la excepción de caducidad respecto a la pretensión de reconocimiento
y pago de la prima especial de servicios, incluido los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones?
ii) De no haber operado la anterior excepción ¿resulta procedente el análisis de
fondo relativo a las pretensiones de reconocimiento de la prima especial del
30% como emolumento adicional al salario?
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Expediente digital – Sistema Samai, documento 004
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Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
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iii) ¿La falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
para interpretar las leyes e inaplicarlas, se instituye como fundamento para
negar las pretensiones de la demanda?
iv) ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado, o el cumplimiento de la condena?
v) ¿Se configuró el fenómeno jurídico procesal de la prescripción de los derechos
reclamados por el señor Arley Méndez De La Rosa?
40. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán los
siguientes aspectos i) caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, ii) prima especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, iii)
el caso concreto, y iv) la condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.
41. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.
42. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
43. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
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Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
2.3.1. De la prescripción
44. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)7, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicio, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
12
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que8:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»
45. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior9, como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la
sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
46. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.
47. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.
48. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del 2026,
Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
9
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
13
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
49. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.
2.4. Caso concreto.
50. Como argumento central del recurso de apelación, la parte accionada aduce que,
al momento de ser presentado el medio de control de la referencia, había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad, en razón a que, entre la expedición del acto
administrativo y la presentación de la demanda, trascurrieron más de los cuatro meses
que establece el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA.
51. Al respecto, considera la Sala que, aún bajo la norma invocada por el apelante,
según la cual, la caducidad opera superado el término de 4 meses contados a partir del
día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, este supuesto de hecho no fue acreditado, lo cual, resulta de gran
importancia, porque la caducidad no se contabiliza desde la fecha de expedición del acto
acusado como lo pretende el demandante.
52. En todo caso, resalta la Sala que, la prima especial para el caso concreto es una
prestación periódica, en razón a la vinculación laboral vigente del actor con la accionada,
por lo tanto, no se encuentra limitada por el fenómeno de caducidad conforme lo
establecido en el artículo 164 numeral 1, literal c.
53. En ese orden de ideas, es pertinente traer a colación lo ya dispuesto por esta
Subsección10, en el sentido de advertir que, una prestación periódica es un pago
recurrente y habitual que recibe un trabajador derivado de una relación laboral o con
ocasión de ella, dicha regularidad puede ser mensual, trimestral, entre otros periodos;
estos pagos pueden ser de prestaciones salariales como de prestaciones sociales, y
tendrán tal característica «ser periódicos» mientras el vínculo laboral esté vigente.
Cuando la relación laboral termina, estas prestaciones dejan de ser periódicas, ya que,
deben ser reconocidas en un acto definitivo de liquidación y pago (por ejemplo, la
liquidación final de prestaciones sociales.
54. Establecido lo anterior, se procede a dilucidar los restantes argumentos de la
apelación, no sin antes precisar que, en primera instancia se declaró probada la cosa
juzgada de manera parcial, exclusivamente respecto de la pretensión que busca la
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Segunda; Subsección B; radicado 25000-23-42-000-2013
00188-02 (5872-2019); Sentencia de Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026); C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
14
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% de la remuneración
mensual, por haber sido objeto de decisión judicial definitiva dentro de la demanda
presentada por el señor Arley Méndez De La Rosa en contra de la Nación - Rama Judicial
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
680013331008-2011-00271-00.
55. En efecto, reposa en el expediente, copia de la sentencia proferida el nueve (9) de
julio de dos mil quince (2015), por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de
Conjueces dentro del expediente antes mencionado, en la que se resolvió11:
«Primero: CONFÍRMESE PARCIALMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA proferida por
el Juzgado Único Ad-Hoc del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, de fecha cuatro (4) de
abril de dos mil catorce (2014) y MODIFÍQUESE EL NUMERAL TERCERO y en su lugar se dispone:
“CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor del demandante, DR.
ARLEY MENDEZ DE LA ROSA, la diferencia que resulte a su favor por concepto de reliquidación de
las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones,
licencias y demás emolumentos) causadas desde el doce (12) de febrero de dos mil nueve (2009)
hasta la fecha de presentación de la demanda y en adelante hasta cuando se produzca el pago
completo de los Derechos solicitados. La suma que resulte de la reliquidación ordenada a título de
restablecimiento del derecho se reajustará en los términos del artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, dando aplicación a la siguiente formula»
56. En tal razón, en el sub examine, el A quo limitó el análisis de la litis sobre las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago efectivo de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un componente adicional
de la asignación básica mensual.
57. De cara a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento frente al
marco normativo que rige la materia, la Sala encuentra acreditado por medio del
certificado DESAJBUCER25-2318 expedido el veintisiete (27) de octubre de dos mil
veinticinco (2025), por el Coordinador del Área Talento Humano, el señor Arley Méndez
De La Rosa, desde el once (11) de febrero de dos mil nueve (2009), desempeña el cargo
de juez 002 del circuito de Bucaramanga con estado actual activo y pertenece al régimen
acogidos12.
58. En el certificado en mención, también se hacen constar los valores efectivamente
pagados al demandante por concepto de salario y prestaciones sociales desde su
vinculación a la Rama Judicial en el cargo de juez del circuito, entre otros, se observan:
el sueldo básico y prima especial de servicios, percibidos mensualmente, de los cuales
11 Expediente digital, sistema Samai, gestión otros despachos, archivo 32
12
Expediente híbrido, Samai, documento 050
15
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
se resaltan las siguientes anualidades13:
Año Conceptos
2011 Sueldo básico $4.192.627
Prima especial de servicios $1.257.788
2012 Sueldo básico $4.402.258
Prima especial de servicios $1.320.678
2013 Sueldo básico $4.553.396
Prima especial de servicios $1.366.109
2014 Sueldo básico $4.687.575
Prima especial de servicios $1.406.273
2015 Sueldo básico $4.687.575
Prima especial de servicios $1.406.273
2016 Sueldo básico $4.108.878
Prima especial de servicios $1.232.664
59. Está acreditado que, el señor Arley Méndez De La Rosa, el ocho (8) de septiembre
de dos mil catorce (2014), solicitó a la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración
Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga,
la reliquidación y pago de: (i) la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como una adición a la asignación básica mensual; (ii) el 30% de la
asignación básica que por concepto de prima especial de servicios le había sido
descontado y, (iii) la diferencia resultante de la liquidación de prestaciones sociales,
salariales y laborales sobre el 100% de la asignación básica mensual y no sobre el 70%
de ésta, como se había efectuado.»
60. La accionada por medio de la Resolución No. 3909 del diez (10) de septiembre de
dos mil catorce (2014), negó la reliquidación solicitada y el pago de la prima especial de
servicios como valor adicional a la remuneración básica14.
61. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación15, el cual,
fue resuelto por medio de la Resolución No. 4757 del seis (6) de agosto de dos mil quince
(2015)16, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.
62. En este punto, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida
el dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, definió el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, y precisó que, la prima especial de servicios constituye un incremento de la
asignación básica de los servidores beneficiarios y no una porción de esta.
13
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 67-76
14
Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 011 demanda, páginas 55-57
15
Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 011 demanda, páginas 19-41
16
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 42-59
16
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
63. En esa oportunidad, la Corporación estableció como regla que: «La prima especial
de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación».
64. Así mismo, la referida sentencia reiteró que la indebida aplicación de los decretos
salariales condujo a que, durante varios años, la administración tratara el treinta por
ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, como si hiciera parte de la asignación
básica, cuando en realidad debía reconocerse como un valor adicional a esta. Sobre el
particular, la Sala de Conjueces señaló expresamente que «en cumplimiento del mandato
legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe adicionar la prima especial
allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle esa
denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %». Este
entendimiento constituye hoy el precedente obligatorio para resolver controversias como
la que ocupa la atención de la Sala.
65. Bajo ese contexto, es claro que, la prima especial de servicios debe ser un
adicional al 100% del salario básico y/o asignación básica, y no una parte de este;
asimismo, ha quedado sentado que aquella «prima especial de servicios», sólo es factor
salarial para el pago de aportes pensionales y, en consecuencia, no sirve de base para
la liquidación de prestaciones sociales. No obstante, las prestaciones sociales deben ser
liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el
30% de la prima especial de servicios.
66. A su vez, se reitera que son beneficiarios de la prima especial de servicios, los
funcionarios de la Rama Judicial vinculados como jueces o magistrados, como ocurre en
el presente caso.
67. En ese orden, se observa del análisis del certificado DESAJBUCER25-2318
expedido el veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025), que a la actora le
han pagado mensualmente los factores denominados: sueldo básico y prima especial de
servicios; sin embargo, al sumar estos dos factores, arroja como resultado la totalidad de
la asignación básica que el Gobierno Nacional estableció para aquellos servidores de la
Rama Judicial que optaron o son regidos por el Decreto 57 de 1993; a manera de ejemplo
se trae a colación algunas de las anualidades reportadas en la citada prueba, así:
17
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
Vigencia Sueldo Prima Total sueldo + Remuneración Decreto fijó
mensual especial prima Gobierno remuneración
especial nacional mensual
acogidos
2011 $4.192.627 $1.257.788 $5.450.415 $5.450.415 Decreto 1039
de 2011
2012 $4.402.258 $1.320.678 $5.722.936 $5.722.936 Decreto 874 de
2012
2013 $4.553.396 $1.366.109 5.920.078 $5.919.505 Decreto 1024
de 2013
68. En consecuencia, le resultan aplicable al actor, las reglas establecidas en la
sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02
(22042018).
69. Resolución No. 3909 del diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), negó
la reliquidación solicitada y el pago de la prima especial de servicios como valor adicional
a la remuneración básica17.
70. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación18, el cual,
fue resuelto por medio de la Resolución No. 4757 del seis (6) de agosto de dos mil quince
(2015)19, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.
71. No obstante, nótese que, la entidad demandada a través de la Resolución No.
4757 del seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante en contra de la Resolución No. 3909 del diez (10) de
septiembre de dos mil catorce (2014), en el sentido de negar el reconocimiento y pago
de la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, adicional a la
asignación básica, al considerar que «Ahora bien, para la Administración Judicial es
incuestionable que la Prima especial establecida por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
y consagrada en los decretos anuales de salarios que ha expedido el Ejecutivo para fijar
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial
constituye un ingreso mensual, pero no por ello puede desconocer que esas mismas
disposiciones son las que limitan el carácter salarial de dicho concepto, de donde es dable
concluir que no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones
sociales y demás factores de salario, por lo que mal podría la entidad al amparo de la
actual normativa reliquidar todas las prestaciones sociales causadas como lo depreca el
17
Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 011 demanda, páginas 19 la información se
toma del contenido de la Resolución 4757 del 6 de agosto de 2015,
18
Expediente digital, Samai, gestión otros despachos, cuaderno principal, documento 011 demanda, páginas 19-41
19
Expediente híbrido, Samai, índice 019, folios 42-59
18
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
interesado, teniendo en cuenta el 100% de su remuneración cuando la norma vigente a
la fecha y en el caso del recurrente, los decretos de los años 2009-2015 disponían que
el 30% del salario básico devengado por los beneficiarios del cargo, como prima especial,
no tienen este carácter de factor, salvo para cotizar aportes en pensiones»
72. Los anteriores argumentos, no son de recibo, pues, con ellos se desconoce que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, corresponde a
un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como
un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
73. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho, por medio
de los actos administrativos objetos de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el A quo, en tanto y por cuanto, acogen una
interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.
74. Establecido lo anterior, continúa la Sala con la resolución de los siguientes
aspectos del recurso de apelación.
2.4.1. De la falta de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
75. El otro punto de censura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial frente a
la decisión de primera instancia, radica en la falta de competencia para interpretar las
leyes e inaplicarlas, lo cual, corresponde al juez de lo contencioso administrativo.
76. La Sala señala que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, justamente condensó la
correcta interpretación y aplicación de la prima especial de servicios, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, la sujeción de la entidad a los decretos
salariales, y la ausencia de competencia alegada, no pueden tener como efecto enervar
las pretensiones de la demanda, cuando está debidamente decantado el derecho que le
corresponde al demandante en su calidad de juez de la República, por lo que, no es
posible trasladarle a este extremo procesal, las consecuencias de la aludida
interpretación del demandado, razón suficiente para no avalar el argumento de apelación.
19
Número Interno: 0826-2026
Demandante: Arley Méndez De La Rosa
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
2.5.2. De las limitaciones presupuestales
77. Frente al argumento por medio del cual, sustenta la accionada no tener disponibilidad
presupuestal para asumir las obligaciones reclamadas por la demandante, lo que, a su
sentir, le impide dar cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, precisa la Sala que,
tal reparo tampoco tiene vocación de prosperidad; por cuanto y en tanto que, la tesis
jurisprudencial de esta Sección es pacífica en indicar que, la falta de recursos no justifica
el desconocimiento de derechos salariales y prestacionales que integran el derecho
fundamental al trabajo y al mínimo vital, los cuales conllevan inmerso la obligación de
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y que deben ser garantizados
por el Estado respetivamente.
78. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores20. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales21.
79. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley22.
80. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 23:
«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a la
administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida
presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
20
Cfr: sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998
21
Cfr. Sentencia T-716/00
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-20191).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección b, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
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fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».
81. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales. Por lo tanto, el cargo de la apelación no tiene vocación de
prosperidad.
82. En todo caso, para la Sala es oportuno recordar que, en virtud del cumplimiento de
las reglas que se fijaron en la sentencia proferida por la Sala de Conjueces, Sección
Segunda, de esta corporación sobre la prima especial de servicios, la remuneración total
del funcionario no puede exceder los topes máximos fijados anualmente por el Gobierno
Nacional para cada empleo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 4.ª de 1992 y los
principios de seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal.
83. En ese orden, la jurisprudencia de esta Corporación24 ha sido enfática al precisar que,
el pago de las diferencias salariales y prestacionales que surjan con ocasión a la debida
aplicación de la prima especial de servicios como un incremento a la asignación básica
con carácter no salarial, debe realizarse garantizando por la entidad nominadora que no
sean superados los topes salariales establecidos por el Gobierno Nacional; así las cosas,
se adicionará el ordinal segundo de la sentencia recurrida con el fin de hacer tal precisión
y con ello garantizar que se respeten tales límites salariales. Además, se indicará que,
el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos
aquí reconocidos.
2.5.4. De la prescripción
84. La parte demandada alegó que, las eventuales reclamaciones se encuentran
afectadas por la prescripción trienal, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968.
24
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), radicado
17001233300020210006102 (2642-2025).
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85. Al respecto, lo primero que indica la Sala es que, la prescripción es un fenómeno
jurídico procesal en virtud del cual, a pesar de ser titular de un derecho, se pierde por
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en estos casos
que la reclamación y/o demanda se haya interpuesto dentro de los términos legales.
86. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para reclamar los derechos
laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el término trienal
consagrado en el artículo 4125 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
87. En casos como el que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción,
fue definido expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se
actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un
nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia.
Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de
su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su
contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante
la autoridad administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de
1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado
en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»
88. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que, desde la
entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de 1993, los interesados
25
Dec. 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la
autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.
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podrían reclamar los derechos que por prima especial de servicios consideraban les
resultaba aplicable a cada caso.
89. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación administrativa,
conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y según lo
establecido en la quinta regla de la sentencia de la Sala de Conjueces de esta
Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en cuenta que en ella se aclaró la manera
en que debe aplicarse la figura de la prescripción, siendo un precedente vinculante y
vigente para el momento en que se resuelve la litis.
90. En el caso bajo examen, el estudio del fenómeno jurídico de la prescripción se realiza
en función de la siguiente información:
Cargo Fecha de Exigibilidad Fecha de Fecha de
vinculación del derecho reclamación presentación
de cara al de la
periodo demanda
reclamado
Juez del 11 de febrero 7 de enero de 8 de 16 de julio de
circuito 2009. 199326 septiembre de 2020.
2014.
Para el caso
concreto
desde la fecha
de su
vinculación al
cargo de juez
11 de febrero
de 2009.
91. De la anterior información, desde el once (11) de febrero de dos mil nueve (2009), el
actor contaba con el derecho de exigir el reconocimiento y pago del 30% de prima
especial, establecida en el art. 14 de la Ley 4º de 1992, no obstante, ello solo ocurrió el
ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014) y la demanda fue presentada el
dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), superando el término trienal de
prescripción, por lo que, le asiste razón al A quo, al declarar probado el fenómeno jurídico
de la prescripción de las acreencias reclamadas por la parte actora anteriores al dieciséis
(16) de julio de dos mil diecisiete (2017).
92. Si bien operó la prescripción en los términos señalados se debe considerar la vigencia
de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma dispone que la prima especial de servicios
26
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.
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constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema pensional, respecto de
los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de las acreencias laborales
periódicas.
93. En consecuencia, se resalta que la base de liquidación estará conformada por el cien
por ciento (100%) de la asignación básica más el treinta por ciento (30%) correspondiente
a la prima especial de servicios desde el once (11) de febrero de dos mil nueve (2009).
94. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado esta
Subsección27.
95. El pago de la prima especial de servicios aquí ordenado, junto con la reliquidación de
los aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad llamada a
juicio, de aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel momento el
demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedora de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.
96. Finalmente, resalta la Sala que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.
2.5. Condena en costas.
97. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
27
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
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98. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
99. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
100. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma28.
101. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
102. Revisada la conducta de la parte demandada, no se evidencia temeridad o mala fe,
ni se advierte conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, por
lo tanto, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, luego entonces, no es dable imponer condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión.
103. La demandante en su calidad de juez, desde el once (11) de febrero de dos mil
nueve (2009), le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. En todo caso, la Sala
modificará y adicionará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia para ordenar el pago de los aportes a pensión y el tope salarial. Por otra parte,
se confirmará en lo demás la sentencia objeto del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
28
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre
de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014)
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Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal tercero (3) de la sentencia proferida el
veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026), por el Tribunal Administrativo de
Santander – Sala de Conjueces que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas, el cual quedará de la siguiente manera:
«TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer
y pagar la prima especial de servicios a favor de ARLEY MENDEZ DE LA ROSA, causadas
desde el dieciséis (16) de julio de dos mil diecisiete (2017) -en virtud del fenómeno
prescriptivo- y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los mencionados
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto
en el Decreto 272 de 2021, siempre que, para ese momento el demandante continúe
prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto,
hasta su desvinculación.
Liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, a partir del once (11) de
febrero de dos mil nueve (2009), y hasta el momento de la entrada en vigencia del Decreto
272 de 2021, si el demandante siguiere vinculado en su calidad de juez de la
República, teniendo en cuenta que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996,
el ingreso base de cotización será el cien por ciento (100%) de la asignación básica
mensual más el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios,
en los términos previstos en dicha normativa, siempre que tales cotizaciones no hubieren
sido efectuadas previamente.»
Es de señalar que las diferencias a pagar por concepto de prima especial de servicios
deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin que en ningún caso al sumar la
totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional
para el cargo de juez de la República.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás, la sentencia proferida el veintisiete (27) de
febrero de dos mil veintiséis (2026), por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala
de Conjueces que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena
en costas.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia por las razones expuestas en la
parte motiva.
CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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