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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05452-02

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05452-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintiuno (21) de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió a las pretensiones de la demanda formuladas por el señor Ricardo Zopo Méndez, conforme a lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales «PRIMERO» y «TERCERO» de la sentencia del Veintiuno (21) de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, los cuales quedarán así: «PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones denominadas "Ausencia de causa petendi", así como la de "cobro de lo no debido", y DECLARAR probada la excepción de prescripción, respecto de la bonificación por compensación causada antes del 3 de diciembre 14 Interno: 6500-2019 Demandante: Ricardo Zopo Méndez Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de 2004, conforme con lo expuesto en la parte motiva, y sin perjuicio del pago de aportes a pensión.» «TERCERO.- Condenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar al demandante Ricardo Zopo Méndez, en su condición de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), pagados con carácter permanente, en el equivalente al 80% de la totalidad de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes, con los respectivos reajustes legales anuales y debidamente indexados mes a mes, durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2004 al 1° de noviembre de 2008, por prescripción trienal. Ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, efectuar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, por la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por compensación desde el 1 de enero de 2001 hasta el 1° de noviembre de 2008, sin aplicar prescripción. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-02 (6500-20191)
Demandante Ricardo Zopo Méndez
Demandada Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998)
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra
la sentencia de Veintiuno (21) de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

1. El señor Ricardo Zopo Méndez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones
9941 de 6 de agosto de 2012 y 2415 de 19 de febrero de 2013, mediante las cuales se
negó el reconocimiento de una bonificación por compensación.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar al demandante la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998, desde el 1° de enero de 2001 hasta el 1° de

1 Expediente híbrido.
2 Folios 18-32.

2

Interno: 6500-2019
Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

noviembre de 2008, y se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.2. Hechos

3. El señor Ricardo Zopó Méndez, señaló que, desempeñó el cargo de Magistrado
en el Tribunal Superior de Bogotá, desde el catorce (14) de septiembre de mil novecientos
noventa (1990) hasta el primero (1°) de noviembre de dos mil ocho (2008).

4. Expuso que, se acogió a lo dispuesto en el Decreto 4040 de 2004, por lo que su
ingreso mensual y prestaciones sociales, les fueron pagadas con el 70% de los ingresos
de lo que por todo concepto perciben los magistrados de las altas cortes.

5. Añadió que, ante la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 y los
múltiples fallos de la jurisdicción contenciosa, referente a los factores que componen los
ingresos de los magistrados de altas cortes, acudió ante la entidad de demandada,
solicitando mediante petición del veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012), las
diferencias salariales y prestacionales que estimaba adeudadas, por concepto de
bonificación por compensación para completar el 80% que debió devengar, con la
inclusión de la prima especial de servicios que aquellos devengan.

6. Indicó que su solicitud fue resuelta de manera desfavorable, a través de los actos
administrativos demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

7. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes: De la
Constitución Nacional los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 53 y 250; de la Ley 4a de 1992, los
artículos 2 (literal a), 14 y 15; los decretos 610 de 1998 y 1239 de 1998; el artículo 27 del
Código Civil; el artículo 5 de la Ley 153 de 1887; el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010
y, el artículo 4 de la Ley 169 de 1986.

8. Afirma la parte actora que, la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, definió
los efectos de la anulación, negó la eficacia jurídica de los desistimientos, conciliaciones
o transacciones que se celebraron en desarrollo del artículo 2 del referido decreto.

3

Interno: 6500-2019
Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

9. Que como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad, los decretos 610 y
1239 de 1998 recobraron su vigencia, por lo que solicita su aplicación.

10. Considera que, los actos administrativos demandados, vulneran los derechos
mínimos de los trabajadores, pues, al aplicar el Decreto 4040 de 2004, se quebrantó el
derecho a la igualdad entre los servidores públicos que tienen el mismo régimen laboral
y que, además, para el cálculo de lo que por todo concepto devenga un magistrado de
alta corte, debe incorporar la prima especial de servicios, prevista para éstos, en el
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, comoquiera que esta equivale a las cesantías de los
congresistas y que corresponde a un ingreso permanente.

1.2. Contestación de la demanda3.

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda, al estimarlas carentes de fundamento jurídico. Efectuó un
recuento de las normas que regulan la bonificación por compensación y añadió que, con
la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, produjo efectos hacia el futuro, con
el fin de generar seguridad jurídica en el sistema normativo, sin que sea posible producir
efectos retroactivos, al no ser de carácter particular.

12. Por ello, considera que la entidad demandada ha realizado los pagos de
conformidad con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que
al demandante no le asiste el derecho al pago retroactivo del 80% de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de Altas Cortes.

13. Finalmente, formuló las excepciones de «ausencia de causa petendi»,
«prescripción trienal de los derechos laborales» y «cobro de lo no debido».

1.3. Sentencia de primera instancia4.

14. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de sentencia del Veintiuno (21) de Junio de Dos Mil Diecinueve
(2019), accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas,
en los siguientes términos:

3 Folios 114 a 121.
4 Folios 148-152.

4

Interno: 6500-2019
Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

PRIMERO: DECLARAR improbada la excepción denominada "Ausencia de causa petendi", así como
la de "cobro de lo no debido", y la de "prescripción trienal de los derechos laborales" formuladas por
la Nación -Rama Judicial, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No. 9941 de 6 de agosto de 2012 y No. 2415 del 19 de febrero de 2013, proferidas por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme con lo expuesto en la parte motiva

TERCERO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR de manera retroactiva en
favor del señor RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ por haber ostentado el cargo de Magistrado del Tribunal
Superior de Bogotá desde el 1 de enero de 2001 hasta el 1° de noviembre de 2008 la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió recibir por concepto de ingresos mensuales en aplicación
a la Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, ordenándose
pagar el 80% de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes.

15. Explicó que, estaba demostrado que el accionante se desempeñó como
Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, entre el 14 de septiembre
de 1990 y el 1° de noviembre de 2008, razón por la cual reclamó el derecho a la
bonificación por compensación, que le fue negado por la entidad demandada, en los actos
administrativos cuya nulidad pretende.

16. El A-quo expuso que, el Consejo de Estado mediante la sentencia del año 2011
anuló el Decreto 4040 de 2004, por contener una medida regresiva respecto del Decreto
610 de 1998, que vulneraba el artículo 53 de la Constitución Política y demás normas del
bloque de constitucionalidad, con lo cual se afectaban derechos irrenunciables, y que
generó una desigualdad entre los empleados del mismo nivel, entre ellos, la demandante.

17. En ese sentido, señaló que, el precedente horizontal de ese Tribunal, confirmado
por el Consejo de Estado, apuntaba a la inaplicación de un Decreto abiertamente
inconstitucional desde su creación, pues desmejoraba las condiciones de los
trabajadores, al disminuir la base salarial del 80 al 70%. Por lo tanto, indicó que, entre el
1 de enero de 2001 y la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, éste no podía producir efecto alguno.

18. En suma, concluyó que la demandante tenía derecho al reconocimiento a la
bonificación por compensación, teniendo en cuenta el 80% de todos los ingresos
laborales de carácter permanente devengados por los congresistas, a partir del 1° de
enero de 2001.

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Interno: 6500-2019
Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1.4. Recurso de apelación5.

19. La apoderada de Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que se encuentra
en imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de la demanda,
pues aquellos no integran el presupuesto de la entidad y desbordan su capacidad
financiera.

20. Por otra parte, adujo que, en el evento de accederse a las pretensiones de la
demanda, la remuneración del servidor sobrepasaría el 80% de lo que por todo concepto
recibe un magistrado de Alta Corte, superando el tope legal.

1.5. Trámite en segunda instancia

21. Mediante autos de Nueve (9) de Abril6 y Cuatro (4) de Julio7 de Dos Mil Veinticuatro
(2024), el respectivo conjuez ponente de la Sección Segunda, admitió el recurso de
apelación y corrió traslado para alegar de conclusión. Posteriormente, el despacho
sustanciador avocó el conocimiento del proceso, mediante auto del dos (2) de diciembre
de dos mil veinticinco (2025)8.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2.2. Problema jurídico

23. En el presente asunto, el problema jurídico se contrae a establecer si la
imposibilidad presupuestal de la entidad demandada configura óbice para ordenar el

5 Folios 155-159.
6 Folio 198.
7 Folio 200.
8 Índice 65 de Samai.

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Demandante: Ricardo Zopo Méndez
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pago de la bonificación por compensación pretendida por el accionante y si, dicho
reconocimiento excede los topes legales.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación

24. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 19989, a través del cual se creó la
bonificación por compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el
Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a
los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior
Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante
Tribunal de Distrito10.

25. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del 1° de enero de 1999, y tendría carácter salarial
solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios
de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que aquella,
sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía
corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales
que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se
precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del
ochenta por ciento (80%).

26. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la
bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios,
entre ellos, los Decretos 664 de 13 de abril de 1999, 2738 de 27 de diciembre de 2000,
1476 de 19 de julio de 2001, 2726 de 17 de diciembre de 2001, 663 de 10 de abril de
2002, 3570 de 11 de diciembre de 2003, último de los cuales fue derogado por el Decreto

9 Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
10 Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios Generales de la Corte Suprema de

Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

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Interno: 6500-2019
Demandante: Ricardo Zopo Méndez
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4040 de 2004.

27. El mencionado Decreto 2668 de 1998 fue anulado mediante sentencia proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de
septiembre de 200111, con efectos ex tunc; por consiguiente, el Decreto 610 de 1998
recobró su vigencia y las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza
ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron
con posterioridad respecto de la bonificación por compensación.

28. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, a través del cual
creó la bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación. Dicho emolumento, sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales no podía superar el setenta por ciento
(70%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes y era
incompatible con la bonificación por compensación.

29. Además, previó que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación
de gestión judicial siempre y cuando manifestaran dicha intención antes del 31 de
diciembre de 2004, y cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:

a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad
de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;

b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.

30. Más adelante, el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14
de diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el
27 de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de
1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados
de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo

11 Expediente 395-99.

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Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

cual se materializó un trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de
condiciones.

31. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 trasgredió los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos
ciertos e indiscutibles.

32. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que estuvo
aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a
la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que en virtud del Decreto
610 de 1998 surgían para sus beneficiarios.

33. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 18 de mayo de 201612 concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales
diferentes no era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 en materia de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por
el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido
fallo-.

34. Luego, la misma corporación, también a través de decisión proferida por la Sala
de Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre de 201913, precisó otra regla de
prescripción, esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por
compensación pero causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de
2004, indicando que durante este tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, aquí si
operó el fenómeno de la prescripción conforme las disposiciones de los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969; salvo que la persona logre demostrar en el expediente, con
pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la
prescripción conforme a la ley.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente 250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña

Arrieta.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P.

Carmen Anava De Castellanos.

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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

35. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
nacional expidió el Decreto 1102 de 201214, a través del cual, regló la bonificación por
compensación, en los términos señalados en su artículo 115.

2.4. Hechos probados

36. De los hechos narrados en la demanda16, el contenido de la Resolución 2415 de
19 de febrero de 201317 y lo aceptado por la Rama Judicial en la contestación de la
demanda18, se tiene que el señor Ricardo Zopo Méndez se desempeñó como «Magistrado
del Tribunal Superior de Bogotá, del 14 de septiembre de 1990 al 1 de noviembre de 2008»19.

37. A través de petición de 22 de junio de 201220, el accionante solicitó el
reconocimiento de la bonificación por compensación entre el 1° de enero de 2001 y el 1°
de noviembre de 2008.

38. A través de Resolución 9941 de 6 de agosto de 2012 21, la entidad demandada
negó la solicitud.

39. Mediante Resolución 2415 de 19 de febrero de 201322, la demandada resolvió
negativamente un recurso de apelación formulado por el actor, oportunidad en la que
aludió a las diferencias entre lo pagado por concepto de bonificación de gestión judicial y
bonificación por compensación, y adujo que «[…] la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
como ordenadora del gasto de la Rama Judicial, al no contar con la apropiación presupuestal, mal podría
ordenar, administrativamente el reconocimiento y pago de las diferencias reclamadas a título de
bonificación por compensación a favor del recurrente a partir del 1 de enero de 2001 y hasta el 1 de
noviembre de 2008, sin contar con la debida apropiación presupuestal que respalde ese gasto».

14 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios»
15 ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal,

Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y
Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y
demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor
salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos
de la Ley 797 de 2003.
16 Ver folio 19, hecho «1.».
17 Folio 77.
18 Ver folio 114: «Al hecho primero es cierto».
19 Folio 3 a 10 del expediente físico.
20 Folios 100-109.
21 Folios 96-99.
22 Folio 77.

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Interno: 6500-2019
Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.5. Caso concreto

40. En el sub examine, no se encuentra en discusión que, el señor Ricardo Zopó
Méndez fungió como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá entre el 14 de
septiembre de 1990 y el 1° de noviembre de 2008, y, en los términos de los actos
administrativos acusados, le fue sufragada la bonificación de gestión judicial prevista por
el Decreto 4040 de 2004.

41. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por esta Corporación, le asiste pleno
derecho al pago de la bonificación por compensación preceptuada por el Decreto 610 de
1998, motivo por el cual, prima facie, el análisis efectuado por el Tribunal resulta conforme
a derecho.

42. Aclarado lo anterior, la Sala pasa a analizar el argumento de inconformidad de la
entidad demandada formulado en el recurso de apelación, esto es, la
alegada imposibilidad presupuestal para cumplir con el reajuste salarial y prestacional
reconocido por el Tribunal.

43. Frente a ello, la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de prosperidad; lo
anterior, por cuanto la falta de recursos no justifica el desconocimiento de derechos
salariales y prestacionales que integran el derecho fundamental al trabajo y al mínimo
vital, los cuales deben ser garantizados por el Estado.

44. De tiempo atrás, la Corte Constitucional ha sostenido que la situación económica
del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal y
constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales.

45. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley24.

46. Por otra parte, en cuanto a la posible superación de los topes legales previstos en

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Demandante: Ricardo Zopo Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

la ley para el cargo de magistrado de tribunal, ha de recordarse que el Decreto 610 de
1998 previó que, esta bonificación sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales, debía igualar inicialmente al 60% de los ingresos laborales
que por todo concepto percibían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura y que
incrementó posteriormente al 70% (para el año 2000) y el 80% (a partir de 2001).

47. Por lo anterior, la Sala concluye que, la bonificación por compensación comporta
la vigencia misma de los límites legales establecidos por el Gobierno Nacional, por
cuanto, es claro, debe liquidarse en cuantía exacta del 80% de lo que por todo concepto
percibe un magistrado de Alta Corte, configurando una garantía de remuneración
porcentual y el techo de la asignación prevista para todos aquellos que la devengan.

48. Con todo, en salvaguarda del erario, resulta viable adicionar la decisión de primera
instancia, en el sentido de precisar que, el cumplimiento de la orden judicial estará
condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- no haya realizado otro pago a la parte demandante, por los
mismos conceptos aquí reconocidos y, en ningún evento, el pago de la bonificación por
compensación puede superar los topes legales.

49. Finalmente, la Sala advierte que el Tribunal erró en el cómputo de la prescripción,
razón por la cual es necesario efectuar el estudio respectivo.

50. En ese sentido, conforme a lo previsto en la sentencia proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 18 de mayo de 2016, la
exigibilidad de la bonificación por compensación surgió a partir de la fecha de ejecutoria
de la providencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, el 28 de
enero de 2012. De allí que, el término prescriptivo opera conforme a lo previsto en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1818 de 1969.

51. Posteriormente, la Sala de Conjueces de esta misma corporación, en providencia
del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)23, precisó otra regla de
prescripción, esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por
compensación pero causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P.

Carmen Anava De Castellanos.

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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2004, indicando que durante este tiempo no hubo dualidad de normas; de allí que, en
este lapso, si operó el fenómeno de la prescripción, conforme las disposiciones de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; salvo que la persona logre demostrar en el
expediente, con pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley.

52. Ante ello, para el pago del desajuste, deben tenerse en cuenta dos momentos: i)
los periodos en los que no hubo duplicidad de normas, frente a los cuales, aplica la
prescripción trienal y, ii) durante el lapso de coexistencia del Decreto 4040 de 2004 y el
Decreto 610 de 1998, en el que la prescripción opera solo desde la sentencia que declaró
la nulidad del primero de estos, es decir, del 28 de enero de 2012. Fecha a partir de la
cual, empieza la contabilización de los 3 años, para solicitar el reajuste.

53. En virtud de lo anterior, se advierte que el accionante presentó la reclamación
administrativa ante la entidad demandada el 22 de junio de 2012, operando así la
prescripción de los derechos causados entre el primero (1) de enero de dos mil uno
(2001) y el dos (2) de diciembre de dos mil cuatro (2004), toda vez que, en este periodo
no había duplicidad de normas y, por tanto, contaba con tres (3) años para la reclamación
de su derecho e interrumpir el fenómeno prescriptivo, lo cual, solo ocurrió en el año 2012
como antes se indicó.

54. Contrario ocurre con los lapsos pretendidos del tres (3) de diciembre de dos mil
cuatro (2004) al primero (1°) de diciembre de dos mil ocho (2008), en los cuales, al
coexistir los dos precitados decretos, el término de prescripción se contabilizaba a partir
del 28 de enero de 2012, según se explicó en precedencia.

55. Vistas así las cosas, la Sala modificará la decisión de primera instancia, pues,
como se advirtió en precedencia, ordenó el pago de la bonificación por compensación,
durante una fracción de tiempo en que operó el fenómeno jurídico de la prescripción;
razón por la cual, se precisará que, los periodos en los que el señor Zopo Méndez tiene
derecho al reconocimiento del ajuste salarial en aplicación del Decreto 610 de 1998,
corresponden únicamente del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004) al primero
(1°) de diciembre de dos mil ocho (2008), fecha en la que dejó de desempeñarse como
magistrado de tribunal.

56. Finalmente, debe indicarse que, en la sentencia objeto de apelación nada se dijo

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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

respecto a los aportes pensionales; a pesar de dicha omisión, teniendo en cuenta que
estos hacen parte del derecho a la pensión el cual es imprescriptible e irrenunciable, la
Sala ordenará la reliquidación de aquellos, desde el momento en el demandante ejerció
el cargo que le dio derecho a percibir la bonificación por compensación, sin tener en
cuenta el fenómeno prescriptivo.

57. En ese orden de ideas, se adicionará la sentencia para ordenar a la Nación -
Fiscalía General de la Nación que reliquide los aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones, teniendo en cuenta que, la bonificación por compensación constituye
factor salarial para aquellos; lo anterior, desde el 1° de enero de 2001.

2.6. Condena en costas.

58. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintiuno (21) de Junio de Dos
Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió a las pretensiones de la demanda
formuladas por el señor Ricardo Zopo Méndez, conforme a lo expuesto en el presente
proveído.

SEGUNDO. MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales «PRIMERO» y «TERCERO» de la
sentencia del Veintiuno (21) de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, los cuales
quedarán así:

«PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones denominadas "Ausencia de causa
petendi", así como la de "cobro de lo no debido", y DECLARAR probada la excepción de
prescripción, respecto de la bonificación por compensación causada antes del 3 de diciembre

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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de 2004, conforme con lo expuesto en la parte motiva, y sin perjuicio del pago de aportes a
pensión.»

«TERCERO.- Condenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reconocer y pagar al demandante Ricardo Zopo Méndez, en su
condición de Magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el derecho
adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de BONIFICACIÓN POR
COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), pagados con carácter permanente, en el
equivalente al 80% de la totalidad de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes,
con los respectivos reajustes legales anuales y debidamente indexados mes a mes, durante
el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 2004 al 1° de noviembre de 2008, por
prescripción trienal.

Ordenar a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
efectuar el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, por la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación
por compensación desde el 1 de enero de 2001 hasta el 1° de noviembre de 2008, sin aplicar
prescripción.

Aclárese que, en el hipotético caso que la demandante hubiese recibido algún pago por
concepto del derecho contenido en el extinto Decreto 4040 de 2004, deberá ser descontado
de la suma que le corresponda por la condena impuesta en esta sentencia. El cumplimiento
de la orden judicial, estará condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- no haya realizado otro pago a la parte
demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en ningún evento, el pago de la
bonificación por compensación puede superar los topes legales.»

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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