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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01495-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01495-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo y cuarto de la sentencia del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, los cuales quedarán así: SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de prescripción de lo reclamado con antelación al 19 de febrero de 2013, salvo los aportes a pensión, por las razones expuestas. TERCERO. A título de restablecimiento del derecho se condena a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a: • Reliquidar, reconocer y pagar a la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas desde el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Trece (2013), hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial y/o hasta la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, las diferencias prestacionales existentes, entre la liquidación que hasta ahora se ha realizado con un 70% del salario básico y el valor que resulte de reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, seguridad social en salud y pensión, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales, se puedan ver incididos, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque se ha computado un 30% como prima especial. ii) • Reconocer y pagar a la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas, la prima especial de servicios como adición al salario, equivalente a un 30% del 100% del salario, desde el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Trece (2013), hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, frente a la Rama Judicial y/o hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos 24 Interno: 0690-2023 Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas Demandada: Nación – Rama Judicial Mil Veinte (2020), fecha en la cual, en virtud del Decreto 272 de 2021 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01495-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (06) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 25000 23 42 000 2018 01495 02 (0690-2023)1.
Demandante Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992).
Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis, en
contra de la sentencia del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala
Transitoria que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda2.

1.1 Pretensiones3.

1. La señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas, por conducto de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de obtener la nulidad de
Resolución No. 2986 del Veintiuno (21) de abril de Dos Mil Dieciséis (2016), así como,
del acto ficto derivado de la falta de decisión del recurso de apelación. Igualmente, solicitó
inaplicar por inconstitucional los decretos que establecieron la prima especial de servicios
sin carácter salarial.

1
Expediente híbrido
2
Expediente físico - folios 276-283.
3
Expediente físico – folios 276 y reverso

2

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió se condene a la entidad demandada
a reliquidar y pagarle el 30% de la remuneración mensual faltante para un total del 100%
del salario, con las consecuencias prestacionales de este 30% del salario, incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías, y la prima especial de servicios contemplada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como, la prima especial de servicios contemplada en
el artículo 15 ibidem, correspondientes desde su vinculación como juez de la República
y mientras permanezca en el cargo.

3. Finalmente, solicitó el pago de la indexación de las sumas adeudadas, los ajustes
previstos en la Ley 1437 de 2011, así como, la condena en costas y perjuicios a cargo de
la entidad demandada.

1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

4. La señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas, desde el Siete (7) de septiembre de Dos
Mil Once (2011), desempeña en la Rama Judicial el cargo de juez administrativo del
circuito de Bogotá.

5. Manifestó que, en su condición de juez de la República, tenía derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992; sin embargo, la administración liquidó su asignación básica mensual y las
prestaciones sociales sobre el setenta por ciento (70 %) de la remuneración, al descontar
el treinta por ciento (30 %) correspondiente a dicha prima, lo que ocasionó la disminución
de sus ingresos salariales y prestacionales.

6. Solicitó a la accionada el reconocimiento, reliquidación y pago de la asignación básica
mensual con inclusión del 30% que presuntamente le fue descontado, y las consecuentes
diferencias prestacionales al ser liquidadas con el 100% del salario, así como, el
reconcomiendo del 30% por concepto de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

7. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, el Preámbulo y los artículos
1, 2°, 13, 25, 53, 121 de la Constitución Política; los artículos 2° y 14 de la Ley 4ª de 1992;

3

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

Decreto 10 de 1993, artículos 1, 2, 4, Código Sustantivo del Trabajo artículo 14, Ley 270
de 1996, numeral 7 artículo 152.

8. Como concepto de violación, sostuvo que, los actos administrativos demandados
desconocieron el régimen constitucional y legal aplicable a la remuneración de los jueces
de la República, al reducir indebidamente la asignación básica mensual mediante la
exclusión del Treinta por Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios
de la base salarial para liquidar las prestaciones sociales, en contravía de los artículos 2
y 14 de la Ley 4ª de 1992.

9. Señaló que, dicha interpretación implicó una desmejora de sus condiciones salariales
y prestacionales, vulneró los principios de igualdad, progresividad, favorabilidad y respeto
por los derechos adquiridos, así como, los convenios internacionales sobre protección
del salario y no discriminación laboral que integran el bloque de constitucionalidad.

10. Indicó que, la interpretación acogida por la entidad demandada desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual estableció que la prima especial de servicios
constituye un incremento de la remuneración y no un factor que disminuya el salario.

2. Contestación de la demanda4.

11. La entidad demandada, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó negarlas, al considerar que, los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Sostuvo que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, actuó con
estricta sujeción a la Ley 4ª de 1992, y a los decretos salariales expedidos por el Gobierno
nacional.

12. Expuso que, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, se trata de un emolumento sin carácter salarial y para su reconocimiento se deben
atender las reglas establecidas en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el H. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, dentro del expediente con radicado 2016-00041-02.

4
Expediente físico – folios 338-342

4

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

13. Finalmente, propuso las excepciones de «imposibilidad presupuestal de reconocer
los derechos reclamados por la actora al encontrarse en servicio activo, integración de
litis consorcio necesario, prescripción e innominada.»

3. Sentencia de primera instancia5.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria,
mediante sentencia del Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), resolvió:

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el día 02 de septiembre de
2019, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de prescripción
de lo reclamado con antelación al 19 de febrero de 2013, por las razones
expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 2986 del 21 de abril de
2016 y del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo
negativo, configurado por la no resolución expresa del recurso de apelación, en
cuanto negaron el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales
derivadas de su calidad de beneficiaria de la prima especial de servicios a la
señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y
PAGAR en favor de la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas las prestaciones
sociales liquidadas sobre el 100% del salario y la prima especial de servicios
que corresponde a un 30% adicional desde el pago de esta sentencia y hasta
tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial. Así como la diferencia existente entre
lo recibido y lo que debió percibir por concepto de ingresos mensuales
correspondientes al 30% de la base del salario básico que no fue tenido en cuenta
al momento de su liquidación, con la correspondiente afectación de las
prestaciones sociales desde el 19 de diciembre de 2013 y hasta tanto se pague
efectivamente esta providencia. Sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, debiendo descontar
lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos conforme lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones conforme con lo expuesto en la parte
motiva.

5
Expediente físico - folios 375-383

5

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

SEXTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: La Nación- RAMA JUDICIAL dará cumplimiento al presente fallo en el
término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]».

15. El Tribunal consideró que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente y en los
hechos que no fueron objeto de controversia, la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas,
estuvo vinculada a la Rama Judicial, durante los siguientes periodos: desde el Siete (7)
de septiembre de Dos Mil Once (2011) al Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Quince
(2015), como juez 20 administrativo de descongestión y del Primero (1) de diciembre de
Dos Mil Quince (2015) al Ocho (8) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), como Juez 60
administrativo del circuito de Bogotá en consecuencia, según la normatividad aplicable al
sub examine es beneficiaria de la prima especial de servicios consagrada en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992.

16. Al analizar el contenido de los actos administrativos acusados, concluyó que no fueron
correctamente liquidados los ingresos mensuales de la actora, toda vez que, la accionada
incurrió en una errada interpretación de la jurisprudencia y la ley que regula la prima
especial de servicios, razón por la cual, procedió a declarar su nulidad; sin embargo, con
relación a la pretensión referida a la liquidación de las prestaciones sociales teniendo en
cuenta todo lo percibido mensualmente por la demandante, precisó que el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, expresamente prohibió su carácter salarial, situación ratificada por la
Corte Constitucional al declarar exequible la expresión “sin carácter salarial”.

17. Establecido el derecho, pasó a analizar la prescripción trienal extintiva a la luz de lo
dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969,
en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la prima especial de
servicios, para precisar que, la demandante presentó derecho de petición el Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), ante la demandada, razón por la cual, había
operado el fenómeno de la prescripción de lo reclamado con antelación al Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Trece (2013).

6

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

4. De los recursos de apelación.

18. La parte demandante6, en contra de la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, por medio del cual, solicita revocar la declaratoria de prescripción que se aplicó
sobre los derechos reclamados con antelación al Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil
Trece (2013).

19. Lo anterior, por cuanto, el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala de conjueces, dentro del medio de control de
nulidad, identificado con el radicado 1100-03-25-000-2007-0087-00, profirió la sentencia
el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), por medio de la cual, declaró la
nulidad de los decretos salariales correspondiente a los años 1993 al 2007.

20. Considera que, con la expedición de la sentencia en mención, se retrotrajo las cosas
al estado en que se hallaban antes de ser expedidos los decretos anulados, razón por la
cual, no hay lugar a declarar prescripción alguna, pues, desde este momento nació el
derecho a que la accionada, le reconozca y pague la remuneración mensual, sin deducirle
el 30% por concepto de la prima especial, contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, con las consecuencias prestacionales.

21. Resalta que, con dicha sentencia, solo se declaró la nulidad de los decretos salariales
del año 1993 al 2007, de ahí en adelante se debe aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, luego entonces, menos puede decirse que hay prescripción de los
derechos.

22. Cita las sentencias de fechas: i) Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Nueve (2009),
dentro del expediente No. 15001233100020030192501 (2445-2007), ii) Veintisiete (27)
de octubre de Dos Mil Once (2011), expediente 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-
08), iii) Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Nueve (2009), expediente radicado interno
(2005-3074), iv) Quince (15) de marzo de Dos Mil Siete (2007), radicado No. 05001-23-
31-002-2003-02713-01 (9475-05), para señalar que existe una línea jurisprudencial sobre
las sentencias que ha denominado como constitutivas, las cuales se basan en que, con
ellas se da certeza y sería la convicción de la existencia de un derecho, razón por la cual,
no es posible aplicar la prescripción en fecha anterior a la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad de los decretos salariales, toda vez que, de hacerlo se estaría

6
Expediente físico – folios 391-393

7

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

sancionando a la actora y premiando al Gobierno nacional que ha pretendido
desconocerle sus derechos.

23. La entidad demandada7, Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación, en el cual, sustenta que, conforme con los criterios fijados en la sentencia
proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)8, por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, constituía un emolumento adicional al salario básico mensual y
únicamente tenía carácter salarial para efectos de la liquidación de los aportes al Sistema
General de Pensiones.

24. Afirma que, en cumplimiento de la referida sentencia y del Decreto 272 de 2021, había
extendido sus efectos mediante el reconocimiento y pago de las diferencias causadas
por la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico
mensual y del 30 % adicional por concepto de prima especial de servicios, sin carácter
salarial. No obstante, no tenía disponibilidad presupuestal para asumir obligaciones
causadas con anterioridad al Primero (1) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), de
conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, debido a que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no había asignado los recursos necesarios para atender
dichas acreencias.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

25. Mediante auto del Trece (13) de abril de Dos Mil Veintitrés (2023)9, los magistrados
de la sección segunda, Subsección B, se declararon impedidos para conocer del medio
de control de la referencia en razón a que, les asistía interés directo en el resultado del
proceso.

26. Por auto del Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, declaró fundado el
impedimento de los magistrados de la Subsección B y, a la vez, estos también se
declararon impedidos10.

7
Expediente físico – folios 395-396
8
Proferida dentro del expediente identificado con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204 2018)
9
Expediente físico – folio 421
10
Expediente físico – folios 423-424

8

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

27. El expediente se remitió a los conjueces, quienes por medio de auto del Cinco (5) de
Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), declararon fundado el impedimento manifestado
por los magistrados de la Sección Segunda, Subsección A11.

28. Por auto del Siete (7) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), el conjuez admitió los
recursos de apelación interpuestos por los extremos de la litis en contra de la sentencia
del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)12.

29. Posteriormente, por auto del Once (11) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)13, el
conjuez ponente ordenó remitir el expediente al despacho del consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera, para que determinara si operaba el desplazamiento de los
conjueces, conforme a lo previsto en el artículo 116 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en atención a la modificación de la
integración de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

30. A través de auto adiado veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025), el
consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera, no avocó el conocimiento del asunto de
la referencia, pues, consideró que ello correspondía a la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación14, motivo por el cual, remitió el expediente al despacho del
Magistrado Luis Antonio Mesa Nieves, quien por auto de fecha Treinta y Uno (31) de
octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), ordenó a devolución del expediente al despacho
que correspondió inicialmente su reparto15.

31. Finalmente, por auto del seis (6) de febrero de dos mil veintiséis (2026), en amplia
garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva
de acuerdo con el principio de celeridad y con el fin de procurar la mayor economía
procesal, el Despacho sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y
dispuso continuar con el trámite para proferir la decisión correspondiente16.

6. Concepto del Ministerio Público.

32. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

11
Expediente físico – folio 426
12
Expediente físico – folio 428
13
Expediente híbrido - índice 029 Samai
14
Expediente hibrido – índice 036
15
Expediente físico – folio 432
16
Expediente híbrido – índice 48 Samai

9

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.

33. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)17, el juez de segunda instancia, cuando
ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, este se resolverá sin limitaciones.

2.2. Problema jurídico.

34. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i. ¿El A quo, le otorgó a la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, efectos salariales, más allá de los
aportes a pensión?
ii. ¿Las limitaciones presupuestales por parte de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(DEAJ) pueden condicionar el reconocimiento del derecho reclamado
o el cumplimiento de la condena?
iii. ¿Los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional posterior
al 2007, se encuentran vigentes y por ello no le es posible aplicar
prescripción sobre los derechos reclamados por la actora durante
dicho periodo?

35. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción especial de
revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

17
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

10

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

36. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.

37. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

38. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la

11

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.3.1. De la prescripción

39. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)18, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicio, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que19:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

40. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior20, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

41. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social,
pues, ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del
trabajador.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

12

Interno: 0690-2023
Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

42. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.

43. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

2.3. Hechos probados.

44. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que, rige la materia. En ese sentido, y con base
en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos
constatados, se destaca:

-. La señora Diana Alejandra Álvarez Duenas, por medio del certificado laboral
expedido el Siete (7) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), por el área de Talento
Humano de la Dirección de Administración Judicial Seccional de Bogotá, acreditó
haber desempeñado el cargo de juez administrativo del circuito de Bogotá así21:

Cargo Inicio Fin
Juez 7-09-2011 30-04-2013
Juzgado 20
administrativo de
descongestión
Juez 01-05-2013 31-07-2014
Juzgado 20
administrativo de
descongestión
Juez 12-08-2014 31-10-2015
Juzgado 20
administrativo de
descongestión
Juez 04-11-2015 30-11-2015
Juzgado 20

21
Expediente físico, - folios 294

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

administrativo de
descongestión
Juez 01-12-2015 08-02-2016
Juzgado 60
administrativo del
circuito de Bogotá

-. El Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), la señora Diana
Alejandra Álvarez, solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Cundinamarca, el reconocimiento y pago del 30% como remuneración mensual,
para un total del 100% del salario con las consecuencias prestacionales, incluidas
las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial de servicios contemplada
en los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, como plus o componente adicional del
salario22.

-. Por medio de la Resolución No. 2986 del Veintiuno (21) de abril de Dos Mil
Dieciséis (2016), la accionada resolvió la anterior petición, en el sentido de negar lo
pretendido, al concluir que, cumple con la normatividad vigente en la materia, por lo
tanto, no podía actuar de ninguna otra manera, pues, de hacerlo estaría
contrariando la ley23.

-. En contra de la anterior decisión, la demandante por intermedio de apoderado
judicial interpuso recurso de apelación el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Dieciséis (2016)24, el cual, fue concedido en efecto suspensivo por medio de la
Resolución No. 4367 del Cinco (5) de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sin que obre en el expediente
decisión que lo resolviera, razón por la cual, se configuró el silencio administrativo
negativo25.

45. Establecido lo anterior, pasa la Sala a resolver los puntos de inconformidad
formulados por los extremos de la litis.

2.5. Caso concreto

46. Como punto de partida, se recuerda que el A quo, ordenó a la accionada pagar a la
señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas las prestaciones sociales liquidadas sobre el

22
Expediente físico – folios 284-287
23
Expediente físico – folios 189-291
24
Expediente físico – folios 295-297
25
Expediente físico – folio reverso 297

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
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100% del salario y la prima especial de servicios que corresponde a un 30% adicional
desde el pago de esta sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los
cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial. Así
como la diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de
ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico que no fue
tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la correspondiente afectación de las
prestaciones sociales desde el Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Trece (2013) y
hasta tanto se pague efectivamente esta providencia.

47. La inconformidad de las partes en contra de la anterior decisión, radica en punto a
que, para la actora no operó el fenómeno de la prescripción, pues, considera que el
derecho reclamado nació a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por el H.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de
conjueces, el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), dentro del medio de
control de nulidad, identificado con el radicado 1100-03-25-000-2007-0087-00. A su turno,
la accionada, sostiene que la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, solo tiene carácter salarial para aportes a pensión y aduce no tener
disponibilidad presupuestal para asumir obligaciones causadas con anterioridad al
Primero (1) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), de conformidad con el artículo 71 del
Decreto 111 de 1996, debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no había
asignado los recursos necesarios para atender dichas acreencias.

48. Establecido lo anterior, procede la Sala a dilucidar el primer problema jurídico, en
el sentido de indicar que el A quo, no le otorgó a la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y reconocida a la actora, efectos salariales, más allá
de lo correspondiente a los aportes a pensión, lo cual está conforme con el ordenamiento
jurídico que regula dicho emolumento.

49. Ello, por cuanto resalta la Sala que, la prima especial de servicios del 30% prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye un emolumento adicional al salario
básico mensual, que solo tiene carácter salarial para efectos pensionales. Así, lo
definió expresamente la Ley 332 de 1996, al disponer que esta prestación solo integra el
ingreso base de liquidación para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier
incidencia en otras prestaciones sociales.

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

50. Tesis que, se torna pacífica en la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado26, por medio de la cual, se ha indicado que la prima especial
de servicios, únicamente puede considerarse como factor salarial para efectos
pensionales, de manera que, su reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer
el marco legal y exceder la voluntad del legislador.

51. Criterio que se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial»27 que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios señalada en dicha norma. Al respecto la Corte precisó que «[e]l considerar que
los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho
al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

52. Así las cosas, encuentra la Sala que, tanto la norma que la creó, esto es, el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, como los decretos que anualmente ha expedido el Gobierno
nacional y que han fijado el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial que se
acogieron a las disposiciones del Decreto 57 de 1993, entre ellos los decretos 1024 de
2013 y 194 de 2014; así como, la jurisprudencia de las Altas Cortes en mención han sido
enfáticas en precisar el carácter no salarial de la prima especial de servicios, lo cual,
conlleva a que, no pueda servir de base en la liquidación de prestaciones sociales y solo
tenga este carácter para efectos pensionales; no obstante, tales prestaciones sociales
deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni
restarle el 30% de la prima especial de servicios.

53. En ese orden, colige la Sala que el presente cargo de apelación no tiene vocación de
prosperidad.

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera sentencia del Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), expediente radicado 17001-23-33-000-2016-
00650-02 (0898-2020)
27
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-279 de 1996 declara la EXEQUIBILIDAD de la frase "sin caracter salarial”

16

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54. Como segundo argumento de la alzada, sustenta la accionada que, no tiene
disponibilidad presupuestal para asumir obligaciones causadas con anterioridad al
Primero (1) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), lo que, a su sentir, le impide dar
cumplimiento a la sentencia objeto de análisis, por lo tanto, se procederá a resolver en
dichos términos el problema jurídico planteado.

55. Frente a ello, la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de prosperidad; por
cuanto y en tanto que, la tesis jurisprudencial de esta sección es pacífica en indicar que, la
falta de recursos no justifica el desconocimiento de derechos salariales y prestacionales
que integran el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital, los cuales conllevan
inmerso la obligación de realizar los aportes al sistema de seguridad social integral y
que deben ser garantizados por el Estado respetivamente.

56. De tiempo atrás, la Corte Constitucional también, ha sostenido que la situación
económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el deber legal
y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo prestado por sus
trabajadores29. En igual sentido, ha reiterado que el desorden administrativo, las falencias
presupuestales o las dificultades económicas no exoneran al empleador público del
cumplimiento de sus obligaciones laborales28.

57. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse, indicando que la imposibilidad presupuestal no puede conllevar a la
negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad demandada tiene el deber de
gestionar los recursos necesarios para cumplir la obligación impuesta en la ley29.

58. Bajo esta línea, nótese que, en sentencia reciente, la Sala sostuvo 30:

«En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo previsto en
el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede invocar la
sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los derechos
fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte Constitucional, esta
situación no es una justificación que valide el incumplimiento de las obligaciones laborales
y prestacionales por parte de las entidades públicas, de tal manera que carece de sustento
legal y jurisprudencial para afectar el derecho reclamado; por lo tanto, le corresponde a
la administración reconocer y pagar los derechos causados a pesar de las dificultades
financieras que se pudieran presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida

28
Cfr. Sentencia T-716/00
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B Consejero ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, sentencia del Veintisiete (27) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado 25000-23-42-000-2013-05452-
02 (6500-20191).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección b, Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar, sentencia del tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026), referencia: nulidad y restablecimiento del derecho,
radicación: 05001-23-33-000-2015-01461-02 (0565-2023), demandante: María Consuelo Álvarez Álvarez, demandado: Nación. Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

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Interno: 0690-2023
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presupuestal, si no existiere, o […] reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los
fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan
de prelación constitucional».

59. Siendo así las cosas, la Sala colige en grado de certeza que, la alegada imposibilidad
económica y presupuestal de la entidad no constituye una razón válida para justificar la
negativa del derecho reconocido al demandante, pues, se reitera las limitaciones
financieras no exoneran a la administración del cumplimiento de sus obligaciones
laborales y prestacionales. Por lo tanto, el cargo de la apelación no tiene vocación de
prosperidad.

60. Finalmente, de cara a dilucidar el tercer problema jurídico, se tiene que la parte
demandante, cuestiona la aplicación del fenómeno extintivo de la prescripción, por
considerar su inexistencia en el caso concreto. Bajo su interpretación, la exigibilidad del
derecho debía contarse desde la ejecutoria de la sentencia del Veintinueve (29) de abril
de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

61. En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta sección ha sido pacífica en
señalar que, en materia de acciones laborales rige la prescripción trienal, prevista en el
artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969, los cuales señalan lo siguiente:

i) El término de prescripción es de tres (3) años, contados desde que la
respectiva obligación se hace exigible.
ii) El simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
iii) A su vez, y como lo ha precisado la jurisprudencia, dentro del anterior plazo,
contado desde la presentación de la reclamación administrativa, en procura del
reconocimiento del derecho, so pena que opere el fenómeno prescriptivo.

62. En armonía con las citadas disposiciones, la Sección Segunda del Consejo de Estado
– Sala de Conjueces, por medio de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), reafirmó la aplicación del fenómeno
prescriptivo en materia laboral, precisando que, el hecho constitutivo del derecho a la
prima especial de servicios, se hizo exigible desde la entrada en vigor del decreto
reglamentario de la Ley 4ª de 1992, esto es, a partir del Siete (7) de enero de Mil

18

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Novecientos Noventa y Tres (1993)31.

63. La Sala resalta lo decidido en otros pronunciamientos, sobre la exigibilidad del
derecho el cual, surgió con su consagración normativa, siendo así, la regla de
prescripción no se modifica y, opera respecto de todas las acreencias causadas dentro
de los 3 años anteriores a la radicación de la reclamación administrativa32.

64. En el caso bajo examen, el estudio del fenómeno jurídico de la prescripción se realiza
en función de la siguiente información33:

Cargo Fecha de Exigibilidad Fecha de Fecha de
vinculación del derecho reclamación presentación
de cara al de la
periodo demanda
reclamado
Juez del 7 de 7 de enero de 19 de febrero 3 de julio de
circuito septiembre de 199334 de 2016 201836
2011 al 8 de (2016)35.
febrero de Para el caso
2016. concreto
desde la fecha
de su
vinculación al
cargo de juez 7
de septiembre
de 2011.

65. De la anterior información, desde el Siete (7) de septiembre de Dos Mil Once (2011),
la actora contaba con el derecho de exigir el reajuste salarial y prestacional, no obstante,
ello solo ocurrió el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), cuando solicitó
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cundinamarca, el
reconocimiento y pago del 30% de prima especial, establecida en el art. 14 de la Ley 4º

31
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.
32
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de los
eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. […]Ello implica que
al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley
y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con
las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación. Consejo de Estado. Sala Plena
de Conjueces. Sentencia CE-SUJ-016-S2-19 del 2 de septiembre de 2019. Expediente: 41001-23-33 000-2016-00041-02(2204-18).
33
El cuadro se elabora con el propósito de evidenciar la fecha en que el derecho se hizo exigible y las distintas etapas que deben
considerarse para el cómputo de la prescripción. En el caso concreto, para la demandante el derecho fue exigible desde el 7 de enero
de 1993. Sin embargo, cuando radicó las reclamaciones administrativas, la prescripción ya había operado.
34
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40711 el
7 de enero de 1993.
35
Expediente físico - folios 284-287
36
Expediente físico - folios 189 y auto del 29 de mayo de 2020 visible en los folios 270-271.

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de 1992, superando el término trienal de prescripción, por lo que, le asiste razón al A quo,
al declarar probado el fenómeno jurídico de la prescripción de las acreencias reclamadas
por la parte actora anteriores al Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Trece (2013).

66. La Sala no comparte los argumentos del extremo activo de la litis, según los cuales,
la exigibilidad del derecho debía contarse desde la ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014)37, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado – sala de conjueces. Si bien, en esa decisión se declaró la nulidad
parcial de varios decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 «por haber interpretado
erróneamente la Ley 4ª de 1992 y afectar los derechos salariales de los servidores
públicos», la aludida providencia no fue constitutiva del derecho, sino meramente
declarativa de su alcance.

67. En efecto, la cuestión relativa a la prescripción fue objeto de análisis específico en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, plenamente aplicable a las decisiones posteriores a su
expedición. Apartarse de esta posición, conduciría al equívoco de considerar que el
derecho surgió, a partir de las sentencias de nulidad, lo cual, no resulta jurídicamente
admisible.

68. Así, no le asiste razón a la parte actora, cuando solicita aplicar al caso concreto,
precedentes sentados sobre asuntos (contrato realidad, asignación de retiro), que no
guardan similitud fáctica y jurídica al sub examine, que de paso sea, se reitera cuenta
con sentencia de unificación que contiene reglas claras para dilucidar el fenómeno
jurídico procesal de la prescripción, por lo tanto, son estas las que debe la Sala atender
en casos de prima especial de servicios reclamada por la accionante.

69. Por lo expuesto, no es procedente computar el término prescriptivo a partir de la
ejecutoria de la sentencia del veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), pues,
en este caso, el fenómeno extintivo se cuenta retroactivamente desde la fecha de
presentación de la reclamación administrativa, conforme se dispuso en la quinta regla
jurisprudencial de la citada sentencia:

«5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.»
(sic)

70. De conformidad con lo expuesto, la normativa aplicable ha sido clara en señalar que,
el intervalo de tres (3) años, debe contabilizarse desde la exigibilidad del derecho, esto

37
Expediente No. 11001032500020070008700 (1686-07), conjuez ponente Maria Carolina Rodríguez Ruiz

20

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es, desde la consagración legal de la prima especial de servicios, momento en el cual,
surgió el derecho, o bien desde la presentación de la reclamación ante la administración,
según el caso. En consecuencia, no se puede modificar la regla general de prescripción.

71. En este punto, se reitera, los principios de confianza legítima, progresividad y no
regresividad laboral, junto con el principio general del derecho que enseña «nadie puede
alegar en su favor su propia culpa», no determinan una forma diferente de contabilizar el
fenómeno de la prescripción en este caso, mucho menos modifican la fecha a partir de la
cual, se hizo exigible la obligación discutida.

72. Por lo tanto, la prescripción extintiva del derecho constituye una sanción a la
inactividad prolongada e injustificada del titular para ejercer oportunamente su
reclamación.

73. De conformidad con lo expuesto, en el sub examine, operó la prescripción de las
diferencias salariales y prestacionales reclamadas parcialmente, sin que ello comporte
vulneración alguna de derechos laborales de la actora.

74. En este sentido, advierte la Sala la configuración del fenómeno jurídico de la
prescripción en los términos señalados por el A quo, no obstante, omitió considerar la
vigencia de la Ley 332 de 1996, pues, dicha norma señala que, la prima especial de
servicios constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema pensional,
respecto de los cuales, no opera la prescripción en la misma forma de las acreencias
laborales periódicas.

75. En consecuencia, la sentencia de primera instancia no ordenó el pago de los
correspondientes aportes, pese a que estos debían reconocerse por todo el tiempo
durante el cual, la demandante prestó sus servicios y devengó la prima especial.

76. Siendo así las cosas, se adicionará la sentencia de primera instancia para ordenar a
la entidad demandada efectuar el pago de los aportes al sistema pensional a favor de la
demandante, respecto de los cuales, no resulta procedente aplicar el fenómeno
prescriptivo.

77. Los aportes deberán ser liquidados por todo el período durante el cual, la señora
Diana Alejandra Àlvarez Dueñas ejerció el cargo de juez de circuito y tuvo derecho a
percibir la prima especial de servicios, así: desde el Diecinueve (19) de febrero de Dos
Mil Trece (2013), hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial y/o hasta el Treinta y Uno
(31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), pues, en virtud del Decreto 272 de 2021, se

21

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inició a pagar la prima especial como una adición al salario, además, la base de
liquidación estará conformada por el cien por ciento (100%) de la asignación básica, más
el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios.

78. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado de
manera pacífica esta Subsección38.

79. Finalmente, el argumento de la demandante, según el cual, se mantuvieron vigentes
los decretos salariales desde el 2008 y por ello, lo que se hace es inaplicarlos, razón por
la cual, considera que no es posible la configuración de la prescripción, tampoco tiene
vocación de prosperidad, pues insiste la Sala, que en relación con la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, esta Corporación ha precisado que, la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto de
partida la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde
la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales 1993 a 2007, suerte que
también corren los posteriores desde el 2008, que aun cuando fueron anulados con
posterioridad, incurrían en los mismos yerros de los anulados, luego entonces, no se
puede pretender variar la regla bajo la cual se debe dilucidar el fenómeno de la
prescripción.

80. Así, nótese que, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación,
posteriormente, a través de la sentencia del Nueve (09) de abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024)39, declaró la nulidad de las disposiciones contenidas, entre otros, en los artículos
6º del Decreto 658 de 2008, 8º de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de
2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del decreto 657 de 2008, 4 de los
Decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de 2013, 204 de
2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de 2018, por reproducir la
misma regulación que fraccionaba la remuneración mensual.

81. Así, queda claro que, las sentencias por medio de las cuales esta corporación ha
declarado la nulidad de los decretos salariales, no tienen el carácter de constitutivas, sino
meramente declarativa de su alcance.

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«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
39
Sentencia del nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024), radicado 11001-03-25-000-2019-00609-00.

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

82. Establecido lo anterior, la Sala en todo caso de oficio modificará la sentencia, en
aras de garantizar la congruencia entre el derecho reclamado y el ordenamiento jurídico
que lo regula, pues, se advierte que, el A quo ordenó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales liquidadas sobre el 100% del salario y la prima especial de
servicios que corresponde a un 30% adicional desde el pago de esta sentencia y hasta
tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992 frente a la Rama Judicial. Así como la diferencia existente entre lo recibido
y lo que debió percibir por concepto de ingresos mensuales correspondientes al
30% de la base del salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su
liquidación, con la correspondiente afectación de las prestaciones sociales desde
el 19 de diciembre de 2013 y hasta tanto se pague efectivamente esta providencia.

83. Todo lo anterior, origina una incongruencia, la cual debe ser dilucidada en
esta oportunidad, en torno a dar claridad a las órdenes judiciales, toda vez que, uno de
los porcentajes del 30 % corresponde al salario (con incidencia prestacional) y el otro,
a la prima especial adicional al salario, luego entonces, bajo estos términos se deben
conceder las pretensiones a título de restablecimiento del derecho.

84. Se aclara que, el reajuste salarial y prestacional aquí ordenado, junto con la
reliquidación de los aportes pensionales se deberá llevar a cabo, hasta cuando la entidad
llamada a juicio, de aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, si para aquel
momento la demandante continuaba prestando el servicio a la entidad, en cargos que le
hicieran acreedor de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, o en su defecto hasta su desvinculación.

2.6. Condena en costas.

85. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

2.7. Conclusiones.

86. La demandante en su calidad de juez, le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en
los términos dispuesto por el A quo. En todo caso, la Sala modificará y adicionará la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia para precisar la orden del restablecimiento

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

del derecho, ordenar el pago de los aportes a pensión y el límite del derecho reclamado
a la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR los ordinales segundo y cuarto de la sentencia del Veintinueve
(29) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE la excepción de prescripción
de lo reclamado con antelación al 19 de febrero de 2013, salvo los aportes a
pensión, por las razones expuestas.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho se condena a la NACIÓN -
RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL a:

• Reliquidar, reconocer y pagar a la señora Diana Alejandra Álvarez
Dueñas desde el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Trece
(2013), hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos
enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama
Judicial y/o hasta la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, las
diferencias prestacionales existentes, entre la liquidación que
hasta ahora se ha realizado con un 70% del salario básico y el valor
que resulte de reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales,
prima de navidad, prima de servicios, seguridad social en salud y
pensión, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación
por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y
derechos laborales, se puedan ver incididos, teniendo como base
para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, que
no se ha tenido en cuenta, porque se ha computado un 30% como
prima especial. ii)

• Reconocer y pagar a la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas, la
prima especial de servicios como adición al salario, equivalente a un
30% del 100% del salario, desde el Diecinueve (19) de febrero de
Dos Mil Trece (2013), hasta tanto funja o haya fungido en alguno de
los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, frente a
la Rama Judicial y/o hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
Demandada: Nación – Rama Judicial

Mil Veinte (2020), fecha en la cual, en virtud del Decreto 272 de 2021
se inició a pagar la prima especial como una adición al salario.

SEGUNDO. ADICIONAR ordinal décimo a la sentencia del Veintinueve (29) de octubre
de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala Transitoria que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, el cual quedará así:

DÉCIMO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial efectuar el pago de los
aportes al sistema pensional respecto de las diferencias ordenadas y no
cotizadas, a favor de la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas, sobre lo
cual, no resulta procedente aplicar el fenómeno prescriptivo.

Los aportes deberán ser liquidados por el período pretendido durante el
cual, la señora Diana Alejandra Álvarez Dueñas ejerció el cargo de juez y
tuvo derecho a percibir la prima especial de servicios de que trata el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, así: desde el Siete (7) de septiembre de Dos Mil
Once (2011) hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos
enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Rama Judicial
y/o hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), fecha
en la cual, en virtud del Decreto 272 de 2021 se inició a pagar la prima
especial como una adición al salario, la base de liquidación estará
conformada por el cien por ciento (100%) de la asignación básica más el
treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de servicios,
siempre que tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Veintinueve (29) de octubre de
Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala Transitoria, por medio de la cual, se concedieron parcialmente
las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandante: Diana Alejandra Álvarez Dueñas
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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