Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00650-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00650-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00650-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00650-02 (0898-2020)1
Demandante: Sonia Patricia González Gómez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Tres (3) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
1. La señora Sonia Patricia González Gómez, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó lo siguiente:
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1
Expediente híbrido.
2
Folios 2 a 30.
2
Número Interno: 0898-2020
Demandante: Sonia Patricia González Gómez
Demandados: Nación – Rama Judicial
• Resolución No. DESAJMZ15-326 del Nueve (9) de marzo de Dos Mil
Quince (2015), por medio de la cual se negó la petición que presentó el
actor tendiente al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestaciones contabilizando la prima especial de servicios establecida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
• Resolución No. 4022 del Primero (1) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), a través del cual se resolvió el recurso de apelación confirmando
la anterior decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) liquidar en debida forma la
prima especial de servicios del 30% adicional a la asignación básica
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; contabilizándola como factor
salarial, para que la liquidación de sus prestaciones se realice con el 100% de
su remuneración mensual y no con el 70%; ii) el reconocimiento y pago a partir
del Trece (13) de octubre de Dos Mil Seis (2006) hasta la fecha de
presentación de la demanda, es decir, hasta el Treinta y Uno de agosto de Dos
Mil Dieciséis (2016), las diferencias salariales y prestacionales que resulten de
la reliquidación de las diferentes prestaciones existentes entre las sumas que
le fueron canceladas y las que legalmente le corresponden, contabilizando
como factor salarial la prima especial; iii) que los dineros que se paguen sean
debidamente indexados; iv) el pago de los intereses moratorios; v) el
cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por los artículos
192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y; vi) la condena en costas a la entidad
demandada y las agencias en derecho
1.1.2 Hechos
4. La señora Sonia Patricia González Gómez señaló que, prestó sus servicios
a la Rama Judicial en el cargo de juez, desde el Trece (13) de octubre de Dos
Mil Seis (2006), hasta la fecha de presentación de la demanda3, en continuidad
y en forma ininterrumpida ocupando en la actualidad el cargo de juez
promiscuo municipal de Supía, Caldas.
3
31 de agosto de 2016.
3
Número Interno: 0898-2020
Demandante: Sonia Patricia González Gómez
Demandados: Nación – Rama Judicial
5. Expuso que, la Ley 4 de 1992, en su artículo 14, estableció una prima
especial equivalente entre el 30% y el 60% del salario básico para jueces y
demás funcionarios de la Rama Judicial, precisando además que no podían
desmejorarse sus salarios ni prestaciones.
6. No obstante, señaló que el Gobierno Nacional y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial interpretaron de forma errónea los decretos salariales
expedidos desde 1993, pues, en lugar de adicionar el 30% al salario base para
efectos prestacionales, lo descontaron, fijando el salario en un 70%, con lo
cual afectaron los derechos salariales de dichos servidores.
7. Sostuvo que, el Consejo de Estado en decisiones proferidas entre 2002 y
2015, expuso que la prima especial tiene naturaleza salarial, por lo cual debe
incorporarse al salario para la liquidación de prestaciones y que son nulos los
decretos que desconocieron ese carácter.
8. Indicó que, solicitó el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015),
el reconocimiento del 30% como factor salarial desde el año 2006, junto con
la reliquidación de la totalidad de sus prestaciones, sin embargo, expuso que,
dicha solicitud fue rechazada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Manizales mediante la Resolución No. DESAJMZR15-326 del Nueve (9) de
marzo de Dos Mil Quince (2015).
9. Manifestó que, contra esa decisión se interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución No. 4022 del
Primero (1) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), que confirmó la negativa
inicial.
10. Finalmente, precisó que presentó solicitud de conciliación prejudicial y que
la audiencia correspondiente se llevó a cabo el Tres (3) de agosto de Dos Mil
Dieciséis (2016), la cual fue declarada fallida ante la falta de ánimo conciliatorio
por parte de la entidad.
1.2. Concepto de violación.
11. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
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Número Interno: 0898-2020
Demandante: Sonia Patricia González Gómez
Demandados: Nación – Rama Judicial
12. Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53 y 228.
Ley 4 de 1992, artículo 2, parágrafo del artículo 12 y artículo 14; Ley 270 de
1996, numeral 7 del artículo 152 y; Ley 1437 de 2011, artículos 10, 102, 137,
148 y 269.
Decreto 1042 de 1978, artículo 42; Decreto 717 de 1978, artículo 12.
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127.
13. Señaló que, los actos administrativos demandados vulneran diversos
artículos de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992 al desconocer el
carácter salarial de la prima especial prevista en su artículo 14, pues, la parte
demandada interpretó dicha prima como un concepto sin incidencia salarial y
redujo la base para liquidar prestaciones al 70% del salario, pese a que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que ese 30% constituye
factor salarial, desmejorando su salario y prestaciones, contrariando la
prohibición legal de disminuir la remuneración de los funcionarios judiciales.
14. Resaltó que, los actos acusados se fundamentan en interpretaciones
previamente declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa y desconocen
sentencias que anularon los decretos que restaban el 30% del salario.
Además, indicó que, la administración ignoró el deber de uniformidad
jurisprudencial previsto en el artículo 10 del CPACA, así como el precedente
judicial aplicable, lo que vulnera el principio de igualdad
2. Contestación de la demanda4.
15. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló
que, no es posible acceder a las pretensiones, pues los actos demandados se
ajustan a la normativa vigente y gozan de presunción de legalidad.
16. Afirmó que la sentencia de simple nulidad del Consejo de Estado tiene
efectos generales y hacia el futuro, por lo que, no permite reconocer pagos
retroactivos ni derechos particulares, y que la administración no puede
4
Folios 130 a 133.
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Número Interno: 0898-2020
Demandante: Sonia Patricia González Gómez
Demandados: Nación – Rama Judicial
inaplicar normas vigentes, ya que, el control de legalidad corresponde
exclusivamente a los jueces.
17. Sostuvo que, la prima especial del 30% no tiene carácter salarial, pues así
lo establecen la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios, disposición que
además fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Por ello, no puede
incluirse para la liquidación de prestaciones sociales.
18. Finalmente, propuso las excepciones que denominó «ausencia de causa
petendi»; «inexistencia del derecho reclamado»; «cobro de lo no debido»; «cosa juzgada
constitucional» y «prescripción trienal».
3. La sentencia de primera instancia5.
19. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
sentencia proferida el Tres (3) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
accedió a las pretensiones de la demanda, con condena en costas de la
siguiente manera:
PRIMERO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa
petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido. Cosa juzgada
constitucional y prescripción trienal laboral propuestas por la accionada, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. Declarase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta
sentencia, de la resolución DESAJMZRl5-326 de 9 de marzo de 2015 y de la
resolución 4022 de 1 de junio de 2016.
TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a
LA NACION (sic) -RAMA JUDICIAL – DIRECCION (sic) EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION (sic) JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima especial de servicios
equivalente al 30% del valor del salario de la demandante desde el 13 de octubre de
2006 y mientras ocupe el cargo de Juez de la República (sic) u otro de los mencionados
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; b). Debe reliquidar las prestaciones sociales
percibidas por la demandante durante el periodo reclamado con base en el 100% del
salario percibido por ella y teniendo en cuenta para esta reliquidación que la prima
especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30% del salario
devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquidado y la reliquidación
teniendo en cuenta esta prestación social, y en consecuencia se dispondrá la nulidad
de los actos administrativos; la resolución DESAJMZR15-326 de 9 de marzo de 2015
y la resolución n°4022 de 1 de junio de 2016; en tal virtud y al probarse que la
demandante viene ocupando el cargo de Juez de la República, de manera continua en
la Rama Judicial desde el 13 de octubre de 2006 y mientras ocupe el cargo de Juez
de la República (sic) u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4“ de
1992; c). Ordenar a la demandada, que como consecuencia de la reliquidación de las
prestaciones sociales, por la inclusión del de la prima de especial de servicios
equivalente al 30% del salario devengado por la demandante; realizar los aportes
5
Expediente físico, folios 190 a 202.
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Número Interno: 0898-2020
Demandante: Sonia Patricia González Gómez
Demandados: Nación – Rama Judicial
dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión
(SGSSSP) desde el 13 de octubre de 2006 y mientras ocupe el cargo de Juez de la
Republica u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
CUARTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá
efectuarse en los términos CPACA.
QUINTO. CONDENAR a la demandada ya favor de la demandante al pago COSTAS-,
i); GASTOS PROCESALES por valor DIEZ MIL TRECIENTOS (sic) SESENTA Y OCHO
PESOS ($10.368.oo) y de ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al
10% del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS VEITE (sic) MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON
OCHO CENTAVOS ($4’920.788.8), conforme se dijo en la parte considerativa de esta
demanda.
SEXTO. Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición
de parte interesada, emitir COPIAS AUTENTICAS. (sic) Por SECRETARIA (sic) hacer
las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.
SEPTIMO. (sic) Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este
ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHIVESE (sic) las diligencias.
20. Sostuvo el Tribunal que, la demandante se desempeña como juez desde
el Trece (13) de octubre de Dos Mil Seis (2006) de manera continua en la
Rama Judicial. Advirtió que durante ese tiempo su salario fue liquidado
incorrectamente, pues la administración descontó el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios y solo tomó el 70% como base salarial, lo que
afectó de forma reiterada la liquidación de sus prestaciones sociales.
21. Analizó el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y concluyó que dicha prima sí
tiene carácter salarial, por tratarse de una retribución habitual y permanente,
criterio respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Señaló que,
excluirla del salario desconoce los principios de progresividad y favorabilidad
laboral, por lo que la prima debe sumarse al 100% del salario básico para
efectos salariales y prestacionales.
22. Frente a la prescripción trienal, consideró que no operaba, ya que, el
derecho a reclamar surgió con la ejecutoria de la sentencia del Consejo de
Estado del Veintidós (22) de julio de Dos Mil Catorce (2014) que anuló los
decretos salariales que permitían descontar el 30%, por cuanto, la reclamación
administrativa se presentó el Veintidós (22) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), se hizo dentro del término legal.
23. En consecuencia, concluyó que la actuación administrativa vulneró los
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Número Interno: 0898-2020
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derechos salariales y prestacionales de la demandante, por lo que, declaró la
nulidad de las resoluciones demandadas y ordenó reconocer la prima especial
del 30% como factor salarial, junto con la reliquidación de todas las
prestaciones desde el Trece (13) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2006) y
mientras continúe en el cargo, así como realizar los aportes omitidos al
Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión.
4. El recurso de apelación6
24. La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, a
partir del Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), en
la Rama Judicial coexisten dos regímenes salariales y prestacionales: el
régimen ordinario o de no acogidos y el régimen especial o de acogidos, cada
uno con reglas propias sobre la composición de la remuneración y el
reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992. En ese sentido, la situación de la demandante debe analizarse conforme
al régimen al cual se encuentra vinculada, pues, la regulación aplicable y la
forma de liquidar la prima especial difieren según el caso.
25. Sostuvo que, la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 carece de carácter salarial, por expresa disposición legal, por lo
que no puede ser tomada como factor para la reliquidación de prestaciones
sociales. Además, dicha norma fue declarada exequible por la Corte
Constitucional, lo que reafirma su validez y la imposibilidad de reconocerla
como factor salarial para efectos prestacionales.
26. Indicó que, la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril
de Dos Mil Catorce (2014) únicamente declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007, sin ordenar el
reconocimiento de derechos a favor de personas determinadas ni anular los
decretos posteriores. En consecuencia, los decretos salariales expedidos
desde 2008 continúan vigentes y amparados por la presunción de legalidad,
por lo que la prima especial desde esa fecha ha sido liquidada conforme a la
normativa aplicable.
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Folios 205 a 214.
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Demandante: Sonia Patricia González Gómez
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27. Finalmente, alegó que, las eventuales reclamaciones se encuentran
afectadas por la prescripción trienal, de conformidad con el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, por haber presentado la reclamación el Diecinueve (19)
de febrero de Dos Mil Quince (2015) y acceder a lo pretendido implicaría
además superar los límites de remuneración establecidos para los jueces por
el Decreto 1251 de 2009 y generar efectos presupuestales no previstos,
razones por las cuales solicita desestimar las pretensiones de la demanda y
se elimine la condena en costas.
5. Trámite de segunda instancia
28. Con auto del Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021) 7, el
respectivo conjuez ponente, ordenó emplazar, toda vez que, mediante escrito
el apoderado de la parte demandante8, solicitó de manera especial, se tenga
como sucesoras procesales de la señora Sonia Patricia González Gómez a
Natalia Vargas González y Karen Johana Pinzón González, hijas de la
accionante, debido a que la actora falleció el Veintiséis (26) de julio de Dos Mil
Veinte (2020)9 tal y como consta en el registro civil de defunción aportado. En
consecuencia, fueron reconocidas como sucesoras procesales de la parte
actora en los términos del artículo 68 del CGP. Por otra parte, ante la falta de
pruebas sobre la legitimación exclusiva de las hijas, se ordenó emplazar al
compañero permanente, herederos, albacea o curador de la herencia yacente
para que comparecieran al proceso y acreditaran su derecho, conforme al
artículo 160 del CGP.
29. Con auto del Once (11) de abril de Dos Mil Veintitrés (2023)10, el respectivo
conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la sentencia del Tres
(3) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
30. Posteriormente, mediante auto del Ocho (8) de agosto de Dos Mil Veintitrés
7
Folio 240
8
Folio 220 a 231.
9
Folio 225.
10
Índice 00032 Samai
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Demandados: Nación – Rama Judicial
(2023)11, el respectivo conjuez ponente prescinde de audiencia de alegaciones
y juzgamientos y corre traslado para alegar de conclusión de conformidad con
la Ley 1437 de 2011.
31. La parte demandante, mediante escrito del Tres (3) de octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023)12 presentó los alegatos de conclusión, solicitando confirmar
la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos de la demanda.
Por otro lado, la parte demandada, mediante escrito del Diez (10) de octubre
de Dos Mil Veintitrés (2023)13, formuló los alegatos de conclusión en los que
solicitó que se declaren probadas las excepciones planteadas y que se le
absuelva de todos los cargos formulados en la demanda, al considerar
configurado el fenómeno de la prescripción.
32. Mediante auto del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) 14,
el respectivo conjuez ponente remitió el proceso al presente despacho, toda
vez que, en sesión del Veintitrés (23) de enero del año Dos Mil Veinticinco
(2025), la Sección Segunda del Consejo de Estado, dispuso la reconfiguración
de la lista de conjueces, que pasó de estar conformada por 24 integrantes a
12.
33. Por medio de auto del Dos (2) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)15,
el consejero ponente avocó conocimiento de la presente controversia, en el
estado en el que se encuentra, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo
116 del CPACA.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
34. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
11
Índice 00038 Samai
12
Índice 00043 Samai.
13
Índice 00044 Samai.
14
Índice 00060 Samai
15
Índice 00067 Samai.
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Demandados: Nación – Rama Judicial
y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 32816 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problemas jurídicos.
35. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, le corresponde a la Sala, establecer si, se revoca la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
36. Para tal efecto, se analizará:
¿Establecer si el régimen de la demandante para el reconocimiento de la prima
especial de servicios corresponde al de los acogidos?
¿Determinar, si se configuró el fenómeno de la prescripción conforme lo
dispone el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968?
¿Precisar si la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
es factor salarial base para liquidar prestaciones?
¿Decidir si el reconocimiento y pago de dicha prima en los términos ordenados
por el Tribunal supera el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009?
37. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo; y 2.4. Caso concreto.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.
16
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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38. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.
39. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de
fondo en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena
de Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019.
40. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó
que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo
laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de
deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la
sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría,
entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
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magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
41. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se
procede a decidir el presente caso.
2.4. Caso concreto
42. En el caso concreto, está probado que la señora Sonia Patricia González
Gómez ha prestado sus servicios a la Rama Judicial, desde el Veintiuno (21)
de mayo de Mil Novecientos Noventa (1990), en el cargo de citador, desde el
Dieciocho (18) de septiembre de (2006) hasta el Primero (1) de noviembre del
mismo año, desde el Primero (1) de diciembre de Dos Mil Seis (2006) hasta el
Seis de Febrero de (2008), desde el primero (1) de abril de (2008) hasta el 17
de agosto de (2009), desde el Siete de mayo de (2010) hasta el Veinticuatro
(24) de septiembre de Dos Mil Doce (2012), como juez municipal, desde el
Veinticinco (25) de septiembre siguiente hasta el Veintitrés (23) de septiembre
de Dos Mil Catorce (2014), en el cargo de juez circuito y; desde el Veinticuatro
(24) de septiembre del mismo año hasta la expedición de la certificación -15 de
mayo de 2018- como juez municipal17.
43. Asimismo, obra certificado expedido por la accionada, donde se reflejan los
conceptos salariales pagados a la actora desde el primero (1) de junio de Dos
Mil Dieciséis (2016) hasta el Treinta (30) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)18.
44. Esta acreditado que, la señora Sonia Patricia González Gómez, a través de
apoderada, presentó ante la demandada reclamación administrativa el
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015)19, mediante la cual
solicitó reliquidar y pagar todas sus prestaciones sociales con el 100% de su
remuneración mensual, incluyendo el 30% de la remuneración básica que se
ha estipulado como prima especial y el reconocimiento de la prima especial sin
carácter salarial; petición que fue resuelta de manera negativa a través de la
Resolución No. DESAJMZR15-326 del Nueve (09) de marzo de Dos Mil
Quince (2015)20.
17
Cuaderno de pruebas, folios 1 a 4.
18
Ibidem.
19
Cuaderno principal, folios 44 a 47.
20
Cuaderno principal, folios 31 a 32.
13
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45. En este punto la Sala recuerda que, conforme se desprende de lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios fue creada
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996, dispuso que,
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales; en
virtud de ello, la citada prima no puede servir de base en la liquidación de
prestaciones; asimismo, se recuerda que, son beneficiarios de la citada prima,
entre otros, quienes desempeñen cargos de Juez.
46. Aclarado lo anterior, se pasa a resolver los puntos de inconformidad
formulados por la entidad demandada.
47. En primer lugar, con relación al régimen salarial aplicable a la demandante,
la Sala precisa que, el Gobierno nacional, en uso de la facultad otorgada por
la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 57 de 199321, a través del cual creó un
nuevo régimen salarial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar. Dicha normativa en su artículo 2 precisó que «Los
servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por
una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional
establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí
establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la
fecha».
48. En ese orden de ideas, en la Resolución No. 4022 del Primero (01) de junio
de Dos Mil Dieciséis (2016)22, proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a través de la cual se resolvió un recurso de apelación
en contra de la Resolución No. DESAJMZR15-326 del Nueve (09) de marzo
de Dos Mil Quince (2015), se reconoce que la demandante pertenece al
régimen salarial de los acogidos, así quedó expuesto cuando dijo:
“En este estado del debate es necesario reiterar igualmente, que mediante la sentencia
del 29 de abril del 2014 el Consejo de Estado decretó únicamente la nulidad de los
artículos que en los decretos de salarios de la Rama Judicial de los años 1993 a
2007 establecieron que se considera como Prima sin carácter salarial el 30% de
la asignación básica de los cargos allí enlistados, sin efectuar pronunciamiento
alguno sobre disposiciones idénticas de los años posteriores, reunidas para los
servidores del régimen de los ACOGIDOS, al cual pertenece la peticionaria, en los
21
Publicado en el Diario Oficial No. 40.711 de enero 7 de 1993, momento a partir del cual empezó a regir.
22
Cuaderno principal, folios 143 a 151.
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Decretos de salarios Nos: 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874
de 2012 y 1024 de 2013”.
49. Adicionalmente, del análisis del certificado de pagos obrante en el plenario,
expedido el Quince (15) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)23, se logra tener
certeza que el régimen salarial que gobierna el caso de la accionante es el de
los acogidos.
50. En dicha prueba se establece que, la entidad demandada le ha pagado
mensualmente los factores denominados: sueldo básico y prima especial de
servicios; la suma de estos dos factores arroja la totalidad de la asignación
básica que el Gobierno nacional estableció para aquellos servidores de la Rama
Judicial que optaron o son regidos por el Decreto 57 de 1993; a manera de
ejemplo se trae a colación algunas de las anualidades reportadas en la citada
prueba, así:
Total
Remuneración Decreto fijó
Sueldo Prima sueldo +
Vigencia Gobierno remuneración
mensual especial prima
nacional mensual ACOGIDOS
especial
Decreto 1039 de
2011 $3,258,236 $977,471 $4,235,707 $4,235,707
2011
Decreto 1024 de
2013 $4,553,696 $1,366.109 $5,919,805 $5,919,805
2013
2014 $3,642,878 $1,092,864 $4,735,742 $4,735,742 Decreto 194 de 2014
51. Así las cosas, las pruebas allegadas al plenario dan certeza que, la
demandante pertenece al régimen salarial de los acogidos, en consecuencia,
le resultan aplicables las reglas establecidas en la sentencia proferida por la
Sala de Conjueces del Consejo de Estado el Dos (2) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-
2018).
52. En ese sentido, no es de recibo el argumento de la entidad demandada
según el cual la sentencia del (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014)
únicamente declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales
expedidos entre 1993 y 2007, sin reconocer derechos individuales ni afectar
los decretos posteriores, por lo que estos, a partir de 2008, continúan vigentes
y la prima especial se ha liquidado conforme a la normativa aplicable.
23
Cuaderno de pruebas, folios 1 a 4.
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53. Lo anterior, por cuanto esta Sala24 ha precisado que, «a partir de dicha situación,
se dio una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por
cuanto consideraron que el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la
asignación básica. […] En consecuencia, el hecho de que la Rama Judicial considerara que
actuó conforme a derecho al proceder en cumplimiento de los decretos salariales expedidos
por el Gobierno nacional, lo cierto es que actuó bajo una interpretación errónea, contraria a
las normas superiores que pretenden desarrollar aquellos, que debe ser corregida para
garantizar los principios […], particularmente, en escenarios en los que está demostrado que
se fraccionó la remuneración mensual, al haberse pagado el 30 % de esta a título de prima
especial, y liquidado las prestaciones sociales sobre el 70 % restante».
54. En ese mismo sentido, tampoco resulta atendible el argumento de la
entidad demandada según el cual los decretos salariales expedidos a partir del
año 2008 se mantuvieron vigentes y permitían continuar liquidando la prima
especial bajo ese mismo esquema, toda vez que, posteriormente, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda de esta corporación, mediante sentencia
del Nueve (09) de abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)25, declaró la nulidad de
las disposiciones contenidas, entre otros, en los artículos 6º del Decreto 658
de 2008, 8º de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874
de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del decreto 657 de 2008, 4 de los
Decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de
2013, 204 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de
2018, por reproducir la misma regulación que fraccionaba la remuneración
mensual.
55. Ahora bien, en el presente asunto la parte demandada alegó que, las
eventuales reclamaciones se encuentran afectadas por la prescripción trienal,
de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por haber
presentado la reclamación el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince
(2015), en ese sentido, lo primero que indica la Sala es que, la prescripción es
un fenómeno jurídico en virtud del cual quien, a pesar de ser titular de un
derecho, lo pierde por su inactividad para reclamarlo dentro del término legal,
debiéndose verificar en estos casos que la reclamación y/o demanda se haya
interpuesto dentro de los términos legales.
24 C.P. Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026), radicado
05001-23-33-000-2016-01025-02 (5320-2024).
25 Sentencia del nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024), radicado 11001-03-25-000-2019-00609-00.
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56. En estos asuntos el legislador estableció un plazo para reclamar los
derechos laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno, esto es, el
término trienal consagrado en el artículo 4126 del Decreto Ley 3135 de 1968, en
concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
57. A juicio de la Sala, contrario a lo resuelto por el A-quo, en casos como el
que nos ocupa, la contabilización del término de la prescripción, fue definido
expresamente por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda en la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, en la que se precisó:
«Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992
que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es,
el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993-, se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto
que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia.
Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus
beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su
reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido,
contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad
administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se
hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley
4 de 1992, es decir, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993[43]. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el
derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.»
58. En ese orden de ideas, fue clara la sentencia en cita en establecer que,
desde la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 y a su vez del Decreto 57 de
1993, los interesados podrían reclamar los derechos que por prima especial de
servicios consideraban les resultaba aplicable a cada caso.
59. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación
26
Dec. 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
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administrativa, conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, y según lo establecido en la quinta regla de la sentencia de la
Sala Plena de Conjueces de esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo
en cuenta que en ella se aclaró la manera en que debe aplicarse la figura de la
prescripción, siendo un precedente vinculante y vigente para el momento en
que se resuelve la litis.
60. Conforme lo probado la actora radicó reclamación administrativa el
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Quince (2015)27; por tanto, operó el
fenómeno de la prescripción sobre el reajuste deprecado que se causó con
anterioridad al Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Doce (2012), asimismo,
debe precisarse que, la demanda se interpuso el Treinta y Uno de agosto de
Dos Mil Dieciséis (2016), esto es, antes de que volviera a operar el fenómeno
de la prescripción, de tal suerte que, el cómputo de la prescripción realizada
en la sentencia de primer grado, no está acorde con las previsiones normativas
aplicables, motivo por el cual, se revocara parcialmente el ordinal primero y se
adicionará uno nuevo de la sentencia de primera instancia en tal sentido, para
declarar probada la excepción de prescripción propuesta por el extremo
demandado.
61. Respecto el argumento de inconformidad según el cual la prima especial
de servicios no es base para liquidar prestaciones sociales, debe reiterarse
que, tanto la norma que la creó, esto es, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como los decretos que anualmente ha expedido el Gobierno nacional y que
han fijado el régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial que se
acogieron a las disposiciones del Decreto 57 de 1993, entre ellos los decretos
1024 de 2013 y 194 de 2014, citados en el recurso; así como la jurisprudencia
de esta Corporación han sido enfáticas en precisar el carácter no salarial de la
prima especial de servicios, lo cual, conlleva a que no pueda servir de base en
la liquidación de prestaciones sociales y solo tenga este carácter para efectos
pensionales; no obstante, tales prestaciones sociales deben ser liquidadas
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el
30% de la prima especial de servicios.
27
Debe aclararse que, no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que dicha reclamación administrativa fue
presentada el Doce (12) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), pues de ello no hay evidencia; además, en la
demanda se señala que dicha petición fue el Ocho (8) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), como aquí se acreditó.
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62. Cuando se revisa la orden dada por el Tribunal en tal sentido en el ordinal
tercero literales a) y b) de la sentencia, se observa que, la redacción de aquel
puede llevar a confusiones, motivo por el cual, habrá de modificarse los citados
ordinales para dejar clara la fecha a partir del cual se computa la prescripción
trienal, igualmente, el literal b) precisando que, con relación a que la
reliquidación de prestaciones sociales se debe realizar sobre la base del 100%
de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la prima especial de
servicios.
63. De otra parte, la entidad demandada sostuvo que, el reconocimiento de la
prima especial de servicios implicaba superar los topes de remuneración
previstos en el Decreto 1251 de 2009.
64. Al respecto, debe indicarse que, la jurisprudencia de esta Corporación28 ha
sido enfática al precisar que, el pago de las diferencias salariales y
prestacionales que surjan con ocasión a la debida aplicación de la prima
especial de servicios como un incremento a la asignación básica con carácter
no salarial, debe realizarse garantizando por la entidad nominadora que no
sean superados los topes salariales establecidos por el Gobierno nacional; así
las cosas, se adicionará el literal b) del ordinal tercero la sentencia recurrida
con el fin de hacer tal precisión y con ello garantizar que se respeten tales
límites salariales. Además, se adicionará en dicho ordinal que, el cumplimiento
de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no
haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos
aquí reconocidos y en ese sentido se adicionará la decisión de primera
instancia.
65. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada que
accedió a las pretensiones de la demanda.
2.5 Condena en costas
28
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco
(2025), radicado 17001233300020210006102 (2642-2025).
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66. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, por tanto, se revocará la condena en costas que se impuso a la
entidad demandada en primera instancia y no se impondrá condena en costas.
67. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Tres (3) de septiembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda,
conforme a lo expuesto en el presente proveído.
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el ordinal primero y en su totalidad el
ordinal quinto, de la sentencia del Tres (3) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Caldas, los cuales quedarán, así:
PRIMERO. DECLÁRESE como NO PROBADAS las excepciones ausencia de causa
petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa
juzgada constitucional propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por el extremo
demandado, respecto de las sumas a que hubiera lugar por el reajuste salarial por el
incremento del 30% derivado del reconocimiento de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; así como del reajuste prestacional con
base en el 100% de la asignación básica, que se causó con anterioridad al Diecinueve
(19) de febrero de Dos Mil Doce (2012), por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
QUINTO: Sin condena en costas.
TERCERO: MODIFICAR los literales a y b del ordinal tercero de la sentencia
del Tres (3) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas; los cuales quedarán así:
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TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a
LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del
valor del salario de la demandante desde el Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Doce
(2012) en atención a la prescripción trienal y mientras ocupe el cargo de Juez de la
República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; b). Debe
reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica,
sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Doce (2012), en atención a la prescripción trienal
y hasta que ejerció como juez. Es de señalar que las diferencias a cancelar deben
atender a los periodos estrictamente laborados, sin que en ningún caso al sumar
la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional para el cargo de juez de la República. El cumplimiento de la presente
sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos. c).
Ordenar a la demandada, que como consecuencia de la reliquidación de las
prestaciones sociales, por la inclusión del de la prima de especial de servicios
equivalente al 30% del salario devengado por la demandante; realizar los aportes
dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión
(SGSSSP) desde el 13 de octubre de 2006 y mientras ocupe el cargo de Juez de la
República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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