Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00011-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2016-00011-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2016-00011-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2016-00011-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 15001-23-33-000-2016-00011-02 (1885-2019)1
15001-23-33-000-2016-00009-00 (Acumulado)
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y Israel Soler
Pedroza
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda dentro del proceso 15001-23-33-000-2016-00011-012.
1.1. 2. Pretensiones.
1
Expediente híbrido.
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Folios 2 a 10; subsanación de la demanda a folios 49 a 64, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
1. La señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco, por intermedio de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA,
en lo sucesivo), con el fin de obtener:
1.1. La nulidad del oficio DESTJ15-1059 del veintiocho (28) de abril
de dos mil quince (2015), mediante el cual la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Tunja negó el pago del 30 % del salario
dejado de percibir, la reliquidación de sus prestaciones sociales con
inclusión de ese porcentaje y de la prima especial de servicios
como factor salarial, y la sanción moratoria por la liquidación
incompleta de las cesantías.
1.2. La nulidad del acto ficto negativo derivado de la falta de decisión
del recurso de apelación interpuesto contra dicho acto
administrativo.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer y pagar la porción
del salario equivalente al 30 % que fue disminuida para el pago de la prima
especial de servicios, desde el «veintisiete (27) de julio de dos mil nueve
(2009)» hasta el nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015) y hacia el
futuro, mientras subsista el descuento; ii) reliquidar y pagar las prestaciones
sociales y cesantías con inclusión del 30 % del salario básico históricamente
disminuido y de la prima especial de servicios como factor salarial; iii)
reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 por la consignación incompleta de las cesantías; iv) indexar las sumas
adeudadas conforme a la variación del IPC hasta su pago efectivo; v) dar
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi)
condenar en costas a la demandada.
1.1.3 Hechos
3. La señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco señaló que se desempeñó
al servicio de la Rama Judicial en el cargo de Juez de la República desde el
«veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009)», hasta el treinta (30) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016).
4. Expuso que, durante el tiempo en que ejerció como juez, su salario mensual
fue disminuido en un 30%, porcentaje destinado al pago de la prima especial
de servicios sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Sostuvo que la prima especial de servicios implicó una disminución real de sus
ingresos, al reducir en un 30% el salario básico, afectar la liquidación de las
prestaciones sociales y cesantías, disminuir los aportes pensionales y excluir
dicha prima como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones, pese
a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
5. Indicó que, el siete (7) de abril de dos mil quince (2015), presentó una
solicitud ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para obtener el
reconocimiento y pago del 30% del salario básico, así como la reliquidación de
sus prestaciones sociales con inclusión de dicho porcentaje y de la prima
especial como factor salarial durante todo el tiempo que ha fungido como Juez
de la República. La entidad negó la petición mediante el oficio DESTJ15-1059
del veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015) y, al no resolverse el
recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, se configuró el acto
ficto negativo derivado del silencio administrativo frente al recurso.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
1.1.4 Concepto de violación.
6. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
6.1. Constitucionales: artículos 2º, 4º, 13, 25 y 53.
6.2. Legales y reglamentarias: artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 14 de la Ley
4ª de 1992; y los artículos 127, 128 y 132 del Código Sustantivo del
Trabajo.
7. Señaló que la administración desconoció el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
al interpretar que la prima especial de servicios debía pagarse con una porción
equivalente al 30 % del salario básico, en lugar de reconocerse como un
ingreso adicional, lo que redujo el salario y afectó la liquidación de las
prestaciones sociales y demás derechos laborales.
8. Resaltó que los actos administrativos demandados vulneraron los principios
de progresividad, favorabilidad, primacía de la realidad e in dubio pro operario,
así como, el precedente fijado por el Consejo de Estado, al mantener una
interpretación que disminuyó injustificadamente la remuneración y las
prestaciones sociales de la demandante.
1.1.5. Contestación de la demanda3.
9. La entidad demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda y
solicitó negar las declaraciones y condenas pretendidas. Sostuvo que la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 carece de carácter
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Folios 75 a 82, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
salarial, de conformidad con la Constitución, la ley, los decretos salariales
expedidos por el Gobierno Nacional y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por lo que no constituye factor para la liquidación de las
prestaciones sociales. Asimismo, afirmó que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial aplicó correctamente el régimen salarial vigente y
carecía de competencia para inaplicar las normas que regulaban dicha
prestación.
10. Afirmó que, las decisiones del Consejo de Estado invocadas por la
demandante correspondían a servidores de la Fiscalía General de la Nación y
no resultaban aplicables a los funcionarios de la Rama Judicial, quienes
cuentan con un régimen salarial propio. Agregó que los decretos salariales
expedidos anualmente para la Rama Judicial gozaban de presunción de
legalidad y, mientras permanecieran vigentes, debían ser aplicados, razón por
la cual no era procedente reliquidar las prestaciones sociales reclamadas.
11. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «cobro de lo no debido»;
e «innominada».
1.2 La demanda dentro del proceso 15001-23-33-000-2016-00009-004.
1.2.1 Pretensiones.
12. El señor Israel Soler Pedroza, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo),
con el fin de obtener:
4
Folios 2 a 11; subsanación de la demanda a folios 59 a 75, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
12.1. La nulidad del oficio DESTJ14-1286 del cinco (5) de junio de
dos mil catorce (2014)5, mediante el cual la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Tunja negó el pago del 30 % del salario
dejado de percibir, la reliquidación de sus prestaciones sociales con
inclusión de ese porcentaje y de la prima especial de servicios
como factor salarial, y la sanción moratoria por la liquidación
incompleta de las cesantías.
12.2. La nulidad del acto ficto negativo derivado de la falta de
decisión del recurso de apelación interpuesto contra dicho acto
administrativo.
13. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer y pagar la
porción del salario equivalente al 30% que fue disminuida para el pago de la
prima especial de servicios, desde el «primero (1º) de febrero de mil
novecientos noventa y siete (1997)», hasta el primero (1º) de mayo de dos mil
uno (2001) y desde el primero (1º) de abril de dos mil cinco (2005) hasta la
fecha de presentación de la demanda6; ii) reliquidar y pagar las prestaciones
sociales y cesantías con inclusión del 30% del salario básico históricamente
disminuido y de la prima especial de servicios como factor salarial; iii)
reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en el artículo 2º de la Ley 244
de 1995 por la consignación incompleta de las cesantías; iv) indexar las sumas
adeudadas conforme a la variación del IPC hasta su pago efectivo; v) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y vi)
condenar en costas a la demandada.
5
La Sala advierte que la fecha señalada por la parte demandante no corresponde a la del acto administrativo referido,
pues el Oficio DESTJ14-1286 fue expedido el cinco (5) de junio de dos mil quince (2015).
6
14 de diciembre de 2015.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
1.2.2 Hechos
14. El señor Israel Soler Pedroza, señaló que se desempeñó al servicio de la
Rama Judicial en el cargo de Juez de la República desde el «primero (1º) de
febrero de mil novecientos noventa y siete (1997)», hasta el dieciséis (16) de
noviembre de dos mil quince (2015), y desde ese momento fungiendo como
magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá a la fecha de la presentación
de la demanda7.
15. Expuso que, desde mil novecientos noventa y tres (1993), la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial le reconoció y pagó una prima especial de
servicios equivalente al 30% de la asignación básica mensual, sin carácter
salarial. El demandante sostuvo que dicho porcentaje correspondía a una
disminución de su salario básico y que, además, la entidad liquidó sus
prestaciones sociales y cesantías sin incluir esa prima como factor salarial,
pese a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
16. Indicó que, el ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), presentó una
solicitud ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para obtener el
reconocimiento y pago del 30% del salario básico, así como la reliquidación de
sus prestaciones sociales con inclusión de dicho porcentaje y de la prima
especial como factor salarial, durante todo el tiempo que ha fungido como Juez
de la República. La entidad negó la petición mediante el oficio DESTJ14-1286
del cinco (5) de junio de dos mil quince (2015) y, al no resolverse el recurso de
apelación interpuesto contra dicha decisión, se configuró el acto ficto negativo
derivado del silencio administrativo frente al recurso.
7
Ibid.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
1.2.3 Concepto de violación.
17. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
17.1. Constitucionales: artículos 2º, 4º, 13, 25 y 53.
17.2. Legales y reglamentarias: artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 14 de la
Ley 4ª de 1992; y los artículos 127, 128 y 132 del Código Sustantivo
del Trabajo.
18. Expuso que la administración desconoció el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992 al interpretar que la prima especial de servicios debía pagarse con una
porción equivalente al 30 % del salario básico, en lugar de reconocerse como
un ingreso adicional, lo que redujo el salario y afectó la liquidación de las
prestaciones sociales y demás derechos laborales.
19. Sostuvo que los actos administrativos demandados vulneraron los
principios de progresividad, favorabilidad, primacía de la realidad e in dubio
pro operario, así como el precedente fijado por el Consejo de Estado, al
mantener una interpretación que disminuyó injustificadamente la
remuneración y las prestaciones sociales del demandante.
1.2.4. Contestación de la demanda8.
20. La parte demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda y
solicitó negar las declaraciones y condenas pretendidas. Expuso que la prima
8
Folios 89 a 94, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 carece de carácter
salarial, de conformidad con la Constitución, la ley, los decretos salariales
expedidos por el Gobierno Nacional y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por lo que no constituye factor para la liquidación de las
prestaciones sociales. Asimismo, sostuvo que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial aplicó correctamente el régimen salarial vigente y
carecía de competencia para inaplicar las normas que regulaban dicha
prestación.
21. Señaló que, las decisiones del Consejo de Estado invocadas por el
demandante correspondían a servidores de la Fiscalía General de la Nación y
no resultaban aplicables a los funcionarios de la Rama Judicial, quienes
cuentan con un régimen salarial propio. Agregó que los decretos salariales
expedidos anualmente para la Rama Judicial gozaban de presunción de
legalidad y, mientras permanecieran vigentes, debían ser aplicados, razón por
la cual no era procedente reliquidar las prestaciones sociales reclamadas.
22. Propuso las excepciones que denominó: «cobro de lo no debido»; e
«innominada».
2. La sentencia de primera instancia9.
23. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
sentencia proferida el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas frente a la parte vencida, de la siguiente manera:
PRIMERO: Declarar no probadas la(s) excepciones de “Cobro de no lo debido” y
la “Innominada” propuestas por la parte demandada.
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Folios 208 a 223, cuaderno principal.
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Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
SEGUNDO: Inaplíquense por inconstitucionales e ilegales los artículos 8° de los
Decretos 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013, 9° del
Decreto 186 de 2014 y los Decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Declárase la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos
en los oficios DESTJ15-1059 del 28 de abril de 2015 y DESTJ14-1286 del 5 de
junio de 2014, proferidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, mediante los cuales se negaron los derechos laborales
reclamados a través de este medio de control a los actores MARTHA CECILIA
CAMPUZANO PACHECO e ISRAEL SOLER PEDROZA, respectivamente, así
como también de los actos fictos que se configuraron por el silencio que
guardaron las entidades demandadas ante los recursos de apelación
interpuestos contra los mencionados actos administrativos.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a liquidar y pagar a los
actores lo siguiente:
a) A la doctora MARTHA CECILIA CAMPUZANO PACHECO, la diferencia
insoluta del 30% de su salario básico establecido en el decreto aplicable para
cada año, en su desempeño como Jueza de la República durante el tiempo
comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 10 de octubre de 2016, y que le fue
cancelado a título de Prima Especial de Servicios instituida en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992. De igual manera la diferencia que resulte de la reliquidación de
sus prestaciones sociales teniendo en cuenta para el efecto ese 30% faltante de
su asignación básica durante el mencionado lapso de vinculación como
funcionaria de la Rama Judicial. Finalmente, la diferencia que resulte de la
reliquidación de los aportes a pensión durante el mismo lapso, teniendo en cuenta
la porción del 30% del salario que se le dejó de cancelar, la cual deberá
consignarse al fondo de pensiones donde se encontraba o se encuentre afiliada.
No obstante, se deberá descontar de la condena el aporte pensional
correspondiente a la actora.
b) Al doctor ISRAEL SOLER PEDROZA, la diferencia insoluta del 30% de su
salario básico establecido en el decreto aplicable para cada año, en su
desempeño como Juez de la República y Magistrado del Tribunal Administrativo
de Boyacá y que le fue cancelado a título de Prima Especial de Servicios instituida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes lapsos:
CARGO PERIODO
Juez Promiscuo Municipal de Sativanorte 01/07/1998 a 17/05/1999
Juez Promiscuo Municipal de La Uvita 18/05/1999 a 25/03/2001
Juez Promiscuo Municipal de Aquitania 26/03/2001 a 01/05/2001
Juez Penal Municipal de Guateque 01/04/2005 a 31/12/2005
Juez Segundo Promiscuo Municipal de
01/01/2006 a 10/02/2009
Guateque
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Número Interno: 1885-2019
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Demandados: Nación – Rama Judicial
CARGO PERIODO
Juez Tercero Administrativo del Circuito de
11/02/2009 a 15/07/2012
Tunja
Juez Tercero Administrativo del Circuito de
28/08/2013 a 27/11/2014
Tunja
Magistrado del Tribunal Administrativo de
28/11/2014 a 09/08/2015
Boyacá
Juez Tercero Administrativo del Circuito de
10/08/2015 a 16/11/2015
Tunja
De igual manera la diferencia que resulte de la reliquidación de sus prestaciones
sociales teniendo en cuenta para el efecto ese 30% faltante de su asignación
básica durante los mencionados lapsos de vinculación como funcionario de la
Rama Judicial. Finalmente, la diferencia que resulte de la reliquidación de los
aportes a pensión durante los mismos lapsos, teniendo en cuenta la porción del
30% del salario que se le dejó de cancelar, la cual deberá consignarse al fondo
de pensiones donde se encontraba o se encuentre afiliado. No obstante, se
deberá descontar de la condena el aporte pensional correspondiente al actor.
El valor resultante de la reliquidación de las condenas señaladas en los literales
anteriores, será reajustado de acuerdo con la fórmula explicada en la parte
motiva.
QUINTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.
(…)
24. El Tribunal sostuvo que la señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco, se
desempeñó como Juez Sexta (6ª) Administrativa del Circuito de Tunja entre el
«primero (1º) de enero de dos mil once (2011)» y el diez (10) de octubre de
dos mil dieciséis (2016), con fundamento en la aceptación del hecho relativo a
su vinculación laboral por parte de la entidad demandada y en la certificación
expedida por el Coordinador de Gestión y Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.
25. Asimismo, encontró acreditado que Israel Soler Pedroza estuvo vinculado
a la Rama Judicial, desempeñándose como juez municipal, en distintos
períodos, entre el primero (1.º) de julio de mil novecientos noventa y ocho
(1998) y el primero (1.º) de mayo de dos mil uno (2001), y entre el primero (1.º)
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Número Interno: 1885-2019
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Demandados: Nación – Rama Judicial
de abril de dos mil cinco (2005) y el diez (10) de febrero de dos mil nueve
(2009); como juez tercero administrativo del circuito de Tunja, del once (11) de
febrero de dos mil nueve (2009) al quince (15) de julio de dos mil doce (2012),
del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) al veintisiete (27) de
noviembre de dos mil catorce (2014) y del diez (10) de agosto al dieciséis (16)
de noviembre de dos mil quince (2015); y como magistrado del Tribunal
Administrativo de Boyacá, del veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce
(2014) al nueve (9) de agosto de dos mil quince (2015).
26. En ese sentido, el Tribunal consideró que, al encontrarse acreditado que
los demandantes desempeñaron los referidos cargos durante los períodos
certificados, eran beneficiarios de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. Asimismo, señaló que dicha circunstancia se
encontraba corroborada con los reportes de nómina aportados por la entidad
demandada. Por lo tanto, concluyó que los demandantes tenían derecho al
pago del 30% de su salario básico mensual que, conforme a los decretos
salariales anuales, les fue reducido para reconocerlo como prima especial de
servicios. Explicó que ello obedecía a que, según la sentencia del Consejo de
Estado del 29 de abril de 2014, la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 debía corresponder, como mínimo, al 30 %
del salario básico y reconocerse de manera adicional a este, y no integrar el
100 % de la asignación básica, pues esa fue la interpretación errónea acogida
por las normas anuladas.
27. Asimismo, determinó que los demandantes tenían derecho al pago de la
diferencia que resultara de la reliquidación de sus prestaciones sociales,
debidamente actualizada, para lo cual debía tenerse en cuenta el 30% de la
asignación básica que les fue reconocido a título de prima especial de servicios
durante los períodos en que estuvieron vinculados como funcionarios de la
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Número Interno: 1885-2019
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Rama Judicial.
28. De otra parte, negó la pretensión dirigida a obtener la reliquidación y el
pago de las prestaciones sociales de los demandantes con inclusión de la
prima especial de servicios, equivalente al 30 % del salario básico, como factor
salarial. Lo anterior, por cuanto reiteró que, conforme al marco normativo y
jurisprudencial expuesto respecto de la prima especial de servicios creada por
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, esta únicamente tenía carácter salarial
para efectos pensionales.
29. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal consideró que, los demandantes
sí tenían derecho a la reliquidación de los aportes al sistema pensional
correspondientes al período en que estuvieron vinculados a la entidad
demandada, para lo cual debía tenerse en cuenta el 30% del salario que dejó
de serles reconocido como asignación básica y que fue pagado a título de
prima especial de servicios. Igualmente, señaló que la diferencia resultante
debía consignarse en el fondo de pensiones al que estuvieran o hubieran
estado afiliados los demandantes, previa deducción del aporte pensional que
les correspondía asumir.
30. Asimismo, negó la sanción moratoria, al considerar que las cesantías
fueron pagadas oportunamente y que la controversia se circunscribía a una
diferencia en su liquidación derivada de la falta de inclusión del 30 % del salario
básico reconocido a título de prima especial de servicios.
31. En conclusión, el Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos que negaron las reclamaciones de los demandantes y de los
actos fictos derivados del silencio frente a los recursos de apelación. Como
restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación – Rama Judicial – Dirección
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Ejecutiva de Administración Judicial reconocer a Martha Cecilia Campuzano
Pacheco la diferencia correspondiente al 30 % de la asignación básica que le
fue pagada como prima especial de servicios por su desempeño como jueza
de la República. Respecto de Israel Soler Pedroza, ordenó reconocer la
diferencia correspondiente al 30 % de la asignación básica que le fue pagada
como prima especial de servicios durante los períodos en que se desempeñó
como juez de la República, así como durante el período en que ejerció como
magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. Asimismo, ordenó la
reliquidación de las prestaciones sociales y de los aportes al sistema pensional
de ambos demandantes con fundamento en ese porcentaje, con el descuento
del aporte pensional a cargo de cada uno.
3. Los recursos de apelación
3.1 La parte demandante10
32. Los demandantes cuestionaron la decisión del Tribunal de negar la
reliquidación de las prestaciones sociales de ambos actores con inclusión de
la prima especial de servicios como factor salarial. Señalaron que dicha prima
constituía una remuneración derivada de la prestación del servicio y, por tanto,
debía integrar el salario para efectos prestacionales. En ese sentido,
solicitaron revocar ese aspecto de la sentencia y ordenar la reliquidación de
las prestaciones sociales de los demandantes con la inclusión de dicha prima.
33. De otra parte, la señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco controvirtió el
extremo temporal fijado por el Tribunal para el reconocimiento y pago de la
porción del salario equivalente al 30% de la que le fue disminuida para el
10
Folios 232 s 238, cuaderno principal.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
reconocimiento de la prima especial de servicios desde el treinta (30) de julio
de dos mil nueve (2009), así como, la reliquidación de sus prestaciones
sociales con inclusión de dicho porcentaje. Al respecto, sostuvo que el A-quo
fundamentó esa decisión en una certificación laboral que no reflejaba la
realidad, pues, la demandante sí se desempeñó como Jueza de la República
durante ese período, circunstancia que, en su criterio, se encontraba
acreditada con una certificación laboral expedida posteriormente por la propia
entidad demandada y con los comprobantes de nómina obrantes en el
expediente los cuales evidencian que desde agosto de 2009 la actora
devengaba la prima especial y demás emolumentos propios de un juez, lo que
contradice la certificación inicialmente valorada por el Tribunal.
3.2 La parte demandada11
34. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que,
el Tribunal omitió declarar la prescripción de los derechos laborales
reclamados con anterioridad al año dos mil once (2011). Sostuvo que,
conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto
3135 de 1968 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las acreencias
laborales prescriben en tres (3) años y que los demandantes solo
interrumpieron ese término con la reclamación administrativa, sin existir
prueba de solicitudes previas, por lo que los reajustes causados antes de dos
mil once (2011) no podían ser reconocidos.
4. Trámite de segunda instancia
35. Con auto del once (11) de febrero de dos mil veinte (2020)12, el respectivo
11
Folios 225 a 230, cuaderno principal.
12
Folio 283, cuaderno principal.
16
Número Interno: 1885-2019
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Demandados: Nación – Rama Judicial
conjuez ponente, admitió los recursos de apelación contra la sentencia del
diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá. Posteriormente, a través
de auto del veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021)13, prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió a traslado a las partes para
alegar de conclusión, de conformidad con el artículo 247 del CPACA.
36. Mediante auto del diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)14,
el respectivo conjuez ponente remitió el proceso al presente despacho, habida
cuenta del cambio en la integración de la Sala, conforme al artículo 116 del
CPACA.
37. Por lo anterior, a través de auto del doce (12) de marzo de dos mil veintiséis
(2026)15, el consejero ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
38. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda
instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA.
2.2. Problema jurídico.
39. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
13
Folio 289, cuaderno principal.
14
Índice 00040 Samai
15
Índice 00046 Samai.
17
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39.1¿El Tribunal acertó al limitar el restablecimiento del derecho a favor de
la señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco, desde el primero (1º) de
enero de dos mil once (2011)?
39.2 ¿La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales?
39.3 ¿Se configuró el fenómeno de la prescripción conforme lo dispone el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de
1968?
2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios.
40. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.
41. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de
fondo en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fijó la Sala de
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019).
42. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, esta
Corporación explicó que, la mencionada prima, corresponde a un valor
18
Número Interno: 1885-2019
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adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún
caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos
del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los siguientes parámetros
de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría,
entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
43. Así mismo, la mencionada sentencia, precisó que, dicha prima solo tiene
carácter salarial, para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional,
pero no constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones
sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996; de igual
manera, la Sala de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción
19
Número Interno: 1885-2019
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de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes
términos16:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3)
años atrás, nunca más atrás».
44. En igual sentido, precisó que17:
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en
el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por
uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»
45. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009)18, el
Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicio,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe
computarse de manera retroactiva desde la fecha de interposición de la
reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968,
es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
46. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior19
como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de
marzo de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19
de febrero del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya
De Castellanos (Conjuez).
19
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
que establezca la Ley.
20
Número Interno: 1885-2019
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igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.
47. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.
48. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3)
años desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual
lapso, con la reclamación administrativa. En relación con la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado precisó
que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación,
tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del
Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes
pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al
derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de
irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no convalida su
incumplimiento20.
49. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se
procede a decidir el presente caso.
2.4 Hechos probados
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
21
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50. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las
siguientes:
50.1. Solicitud radicada el siete (7) de abril de dos mil quince (2015),
en la que la señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco pidió a la
entidad demandada, el pago del 30% del salario dejado de percibir,
la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de ese
porcentaje y de la prima especial de servicios como factor salarial,
y la sanción moratoria por la liquidación incompleta de las
cesantías, desde el «veintinueve (29) julio de dos mil nueve
(2009)»21.
50.2. Oficio DESTJ15-1059 del veintiocho (28) de abril de dos mil
quince (2015) 22, en virtud del cual, se negó la petición relacionada
anteriormente.
50.3. Recurso de apelación del doce (12) de mayo de dos mil quince
(2015)23, en contra de la anterior decisión.
50.4 El catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015) la
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual,
fue declarada fallida el diecisiete (17) de septiembre del mismo año,
por parte de la Procuraduría 121 Judicial II para asuntos
administrativos, delegada que expidió la constancia de agotamiento
del requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo24.
21
Folios 11 a 15, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
22
Folios 16 a 18, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
23
Folios 19 a 21, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
24
Folio 22, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
22
Número Interno: 1885-2019
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50.5. Certificación de tiempo de servicios del veinticinco (25) de abril
de dos mil dieciocho (2018),25 emitida por la Coordinadora de
Gestión Humana de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, en la que se registra vinculación a
la Rama Judicial desde el treinta (30) de julio de dos mil nueve
(2009).
50.6. Certificación de tiempo de servicios del dos (2) de mayo de dos
mil dieciocho (2018),26 expedida por la Coordinadora de Gestión
Humana de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, en la que se indica que la señora Martha Cecilia
Campuzano Pacheco laboró en la Rama Judicial desde el treinta
(30) de julio de dos mil nueve (2009) hasta el diez (10) de octubre
de dos mil dieciséis (2016), como Juez Sexto Administrativo del
Circuito de Tunja, en propiedad.
25
Folio 174, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
26
Folio 199, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
23
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50.7. Certificación de valores sufragados por la demandante, del
veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)27, expedida por
el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja.
50.8. Solicitud radicada el ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014),
en la que el señor Israel Soler Pedroza solicitó a la entidad
demandada, el pago del 30% del salario dejado de percibir, la
reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de ese
porcentaje y de la prima especial de servicios como factor salarial,
y la sanción moratoria por la liquidación incompleta de las
cesantías, desde el año 199728.
50.9. Oficio DESTJ14-1286 del cinco (5) de junio de dos mil quince
(2015)29, en virtud del cual, se negó la petición relacionada
anteriormente.
50.10. Recurso de apelación del veintidós (22) de junio de dos mil
quince (2015)30, contra de la anterior decisión.
27
Folios 146 a 147, 175 a 190, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
28
Folios 11 a 15, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
29
Folios 16 a 18, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
30
Folios 19 a 21, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
24
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50.11. Resolución No. 2245 del ocho (8) de julio de dos mil quince
(2015) por medio de la cual se concedió el recurso de apelación
contra el acto administrativo No. DESTJ14-1286 del cinco (5) de
junio de dos mil quince (2015).31
50.12. El catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015) el
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual,
fue declarada fallida el veintiuno (21) de septiembre del mismo año,
por parte de la Procuraduría 46 Judicial II para asuntos
administrativos, quien expidió la constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo32.
50.13. Certificación de tiempo de servicios del dos (2) de mayo de
dos mil dieciocho (2018),33 emitida por la Coordinadora de Gestión
Humana de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, del señor Israel Soler Pedroza, con los siguientes
tiempos:
50.14. Certificación de valores sufragados por el demandante, del
31
Folios 112 a 113, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
32
Folio 22, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00009-00.
33
Folio 173, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
25
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veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)34, expedido por
el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja.
2.5 Caso concreto
51. En primer término, la Sala analizará, el reparo formulado por la señora
Martha Cecilia Campuzano Pacheco en calidad de demandante, según el cual,
el Tribunal negó el pago del porcentaje del salario equivalente al treinta por
ciento (30%) de la asignación básica mensual, «entre el 30 de julio de 2009 y el 30
de diciembre de 2010», así como, la reliquidación de sus prestaciones sociales
con inclusión de dicho porcentaje, «so pretexto de que en dicho interregno no fungió
como Juez de la República sino como Profesional Universitario DEAJ Grado 13 del Juzgado
6° Administrativo de Tunja». Al respecto, sostuvo que, el A-quo le ordenó el
reconocimiento desde el «1 de enero de 2011» y fundamentó esa decisión en una
certificación laboral que no reflejaba la realidad, pues, en su criterio, se
encontraba acreditada con una certificación laboral expedida posteriormente
por la propia entidad demandada y con los comprobantes de nómina obrantes
en el expediente, los cuales evidencian que, desde agosto de dos mil nueve
(2009), la actora devengaba la prima especial y demás emolumentos propios
de un juez, lo que contradice la certificación inicialmente valorada por el
Tribunal.
52. Al respecto, la Sala evidencia que, si bien el Tribunal fundamentó su
decisión en una certificación laboral del veinticinco (25) de abril de dos mil
dieciocho (2018)35, según la cual la demandante se desempeñó como
Profesional Universitario desde el treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009),
en el expediente obra una certificación posterior expedida el dos (2) de mayo
34
Folios 140 a 145, 148 a 163, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
35
Folio 174, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
26
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de dos mil dieciocho (2018)36, por la Coordinadora de Gestión Humana de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, en la que
se hace constar que la actora laboró en la Rama Judicial desde el treinta (30)
de julio de dos mil nueve (2009) hasta el diez (10) de octubre de dos mil
dieciséis (2016), desempeñándose como Juez Sexto Administrativo del
Circuito de Tunja, en propiedad. Asimismo, los reportes de nómina
correspondientes a los años dos mil nueve (2009)37 y dos mil diez (2010)38
acreditan que, desde agosto de dos mil nueve (2009), percibía la prima
especial de servicios y los demás emolumentos propios del cargo de juez.
36
Folio 199, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
37
Folio 146, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
38
Folios 147 y 175, cuaderno 15001-23-33-000-2016-00011-01.
27
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53. Lo anterior demuestra que, la certificación inicialmente valorada por el A
quo no refleja de manera íntegra la situación laboral de la demandante. Por el
contrario, la certificación posterior, expedida por la misma entidad, encuentra
respaldo en los comprobantes de pago obrantes en el expediente, razón por
la cual, reviste de mayor fuerza persuasiva al valorarse en conjunto con los
demás elementos de juicio que reposan en el plenario. En consecuencia, la
Sala concluye que, el reparo formulado por la parte demandante tiene
vocación, en ese sentido, el extremo inicial del reconocimiento del derecho al
que se accedió es desde el treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009), fecha
en la que la actora ejerció el cargo de Juez de la República.
54. Ahora bien, frente a la inconformidad conjunta de los demandantes,
consistente en que la prima especial de servicios es factor salarial para liquidar
las prestaciones sociales, debe reiterarse que, tanto la norma que la creó, esto
es, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como la Ley 332 de 1996, como los
decretos que anualmente ha expedido el Gobierno Nacional y que han fijado
el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial; así
28
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como la jurisprudencia de esta Corporación han sido enfáticas en precisar el
carácter no salarial de la prima especial de servicios, aunado que, la expresión
«sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fue
declarada exequible por la Corte Constitucional39, lo cual, conlleva a que no
pueda servir de base en la liquidación de prestaciones sociales y solo tenga
este carácter para efectos pensionales40. No obstante, tales prestaciones
sociales deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación
básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la prima especial de servicios.
55. En ese sentido, el planteamiento expuesto por la parte demandante no tiene
vocación de prosperidad, toda vez que, conforme se desprende de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios
fue creada como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la
asignación básica, sin carácter salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996,
dispuso que aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes a
pensionales. En virtud de ello, la citada prima no puede servir de base en la
liquidación de prestaciones41.
56. Finalmente, la Sala pasa a analizar el argumento de inconformidad de la
entidad demandada formulado en el recurso de apelación, según el cual, el
Tribunal omitió declarar la prescripción de los derechos laborales reclamados
con anterioridad al año dos mil once (2011). Sostuvo que, de conformidad con
el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de
1968, y con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las acreencias laborales
prescriben en el término de tres (3) años. Agregó que los demandantes
39
C-279/1996, conjuez ponente Hugo Palacios Mejia.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2026; expediente 05001-23-33-
000-2015-01662-02 (3739-2023), consejero ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 31 de julio de 2025; expediente 25000-23-42-000-2014-02189-02
(1565-2020, consejero ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de marzo de 2026; expediente 17001-23-33-
000-2016-00650-02 (0898-2020), consejero ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera.
29
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únicamente interrumpieron dicho término con la presentación de la
reclamación administrativa y que no obra prueba de solicitudes previas, razón
por la cual los reajustes causados antes de dos mil once (2011) no podían ser
reconocidos.
57. Al respecto, la Sala precisa que, la prescripción es un fenómeno jurídico en
virtud del cual, quien, a pesar de ser titular de un derecho, lo pierde por su
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en
estos casos que la demanda y/o reclamación se haya interpuesto dentro de los
términos legales. En estos asuntos el legislador estableció un plazo para
reclamar los derechos laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno,
esto es, el término trienal consagrado en el artículo 4142 del Decreto Ley 3135
de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
58. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse
retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación
administrativa, conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, y según lo establecido en la quinta regla de la sentencia de la
Sala de Conjueces de esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en
cuenta que en ella se aclaró la manera en que debe aplicarse la figura de la
prescripción, siendo un precedente vinculante y vigente para el momento en
que se resuelve la litis, en los siguientes términos:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más
atrás».
42
Decreto 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
30
Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
59. Conforme a lo probado, la señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco, se
desempeñó en la Rama Judicial como Juez de la República desde el treinta
(30) de julio de dos mil nueve (2009); elevó la correspondiente reclamación
administrativa el siete (7) de abril de dos mil quince (2015), y radicó la
demanda el nueve (9) de diciembre siguiente, razón por la cual, es dable
concluir que se configuró la prescripción sobre el reajuste deprecado que se
causó con anterioridad al siete (7) de abril de dos mil doce (2012).
60. Con relación al señor Israel Soler Pedroza, se encuentra acreditado que,
se desempeñó en la Rama Judicial como Juez de la República desde el
primero (1º) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998); elevó la
correspondiente reclamación administrativa el ocho (8) de julio de dos mil
catorce (2014), y radicó la demanda el catorce (14) de diciembre de dos mil
quince (2015), razón por la cual, es dable concluir que se configuró la
prescripción sobre el reajuste deprecado que se causó con anterioridad al
ocho (8) de julio de dos mil once (2011).
61. En tal sentido, la Sala modificará el ordinal primero de la sentencia de
primer grado, con el fin de declarar probada de oficio la excepción de
prescripción de las sumas reclamadas por la señora Martha Cecilia
Campuzano Pacheco anteriores al siete (7) de abril de dos mil doce (2012) y
por el señor Israel Soler Pedroza, anteriores al ocho (8) de julio de dos mil
once (2011), con excepción de los aportes al sistema de pensiones. Asimismo,
habrá de modificarse el ordinal cuarto, con el fin de precisar los extremos
temporales de la condena, en atención a la prescripción trienal y que la
reliquidación de las prestaciones sociales se debe realizar sobre la base del
100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle el 30% de la prima
especial de servicios.
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Número Interno: 1885-2019
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62. En virtud de lo anterior, la entidad demandada debe reliquidar los aportes
pensionales de la actora, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica
más el 30% de la prima especial de servicios, si no lo ha hecho, sin prescripción
trienal, en atención al carácter especial de los citados aportes, respecto de la
señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco, desde el treinta (30) de julio de
dos mil nueve (2009) y hasta la fecha en que la demandante ocupe un cargo
que dé lugar al pago de la prima especial.
63. En relación con el señor Israel Soler Pedroza, desde el primero (1º) de julio
de mil novecientos noventa y ocho (1998) y hasta la fecha en que el
demandante ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prima especial.
64. Sumado a lo anterior, se precisará que, el cumplimiento de la presente
sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado
otro pago a la parte demandante, por los mismos conceptos aquí, que
posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto
272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos
correspondientes, por lo efectivamente pagado; asimismo, deberá verificar la
entidad demandada que no se supere los topes salariales fijados por el
Gobierno Nacional.
65. Finalmente, comoquiera que se observa que, en el ordinal tercero de la
parte resolutiva el A quo incurrió en un error al indicar que el Oficio DESTJ14-
1286 fue expedido el cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014), cuando en
realidad fue el cinco (5) de junio de dos mil quince (2015), la Sala corregirá de
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oficio43 el año del referido acto administrativo, en los términos de la parte
resolutiva de esta providencia.
2.6 Condena en costas
66. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.
2.7 Conclusiones
67. La Sala modificará los ordinales primero y cuarto y, aunado a ello, corregirá
de oficio el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, para: (i)
declarar probada de oficio la excepción de prescripción, con excepción de los
aportes al sistema de pensiones; (ii) precisar los extremos temporales de la
condena y la reliquidación de las prestaciones sociales; (iii) disponer
expresamente el reajuste de los aportes al sistema general de pensiones,
respecto de los cuales no opera el fenómeno de la prescripción; (iv) puntualizar
que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la
entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante, por
los mismos conceptos aquí reconocidos, sin que puedan superarse los topes
salariales fijados por el Gobierno Nacional, y en atención a la aplicación del
Decreto 272 de 2021; y (v) corregir de oficio el ordinal tercero de la sentencia
de primera instancia. En lo demás, la providencia apelada será confirmada.
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Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error
puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte,
mediante auto.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de
estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.
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Número Interno: 1885-2019
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «PRIMERO» de la sentencia del diecinueve
(19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la cual quedará así:
PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de prescripción trienal
de las sumas reclamadas por la señora Martha Cecilia Campuzano Pacheco
anteriores al 7 de abril de 2012; asimismo, del señor Israel Soler Pedroza,
anteriores al 8 de julio de 2011, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia, salvo los aportes a pensión, en atención al carácter especial de
los citados aportes.
Declarar no probadas las excepciones de “Cobro de no lo debido” y la
“Innominada” propuestas por la parte demandada.
SEGUNDO. CORREGIR el ordinal «TERCERO» de la sentencia del diecinueve
(19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Boyacá, así:
TERCERO: Declárase la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos
en los oficios DESTJ15-1059 del 28 de abril de 2015 y DESTJ14-1286 del 5 de
junio de 2015, proferidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja, mediante los cuales se negaron los derechos laborales
reclamados a través de este medio de control a los actores MARTHA CECILIA
CAMPUZANO PACHECO e ISRAEL SOLER PEDROZA, respectivamente, así
como también de los actos fictos que se configuraron por el silencio que
guardaron las entidades demandadas ante los recursos de apelación
interpuestos contra los mencionados actos administrativos.
TERCERO. MODIFICAR el ordinal «CUARTO», de la sentencia del diecinueve
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(19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la cual quedará así:
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a liquidar y pagar a los
actores lo siguiente:
a) A la doctora MARTHA CECILIA CAMPUZANO PACHECO, la diferencia
insoluta del 30% de su salario básico establecido en el decreto aplicable para
cada año, en su desempeño como Jueza de la República durante el tiempo
comprendido entre el 7 de abril de 2012 y hasta la fecha en que la demandante
ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prima especial, en atención a la
prescripción trienal, correspondiente al porcentaje que le fue cancelado a título
de Prima Especial de Servicios instituida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
De igual manera la diferencia que resulte de la reliquidación de sus prestaciones
sociales liquidadas sobre el 100% del salario sin sumarle ni restarle el 30% de la
citada prima especial de servicios, correspondientes al mismo período objeto del
reconocimiento de las diferencias salariales. Finalmente, la diferencia que resulte
de la reliquidación de los aportes a pensión desde el 30 de julio de 2009 y hasta
la fecha en que la demandante ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prima
especial, sin prescripción trienal, en atención al carácter especial de los citados
aportes, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica más el 30% de la
prima especial de servicios, la cual deberá consignarse al fondo de pensiones
donde se encontraba o se encuentre afiliada. No obstante, se deberá descontar
de la condena el aporte pensional correspondiente a la actora.
b) Al doctor ISRAEL SOLER PEDROZA, la diferencia insoluta del 30% de su
salario básico establecido en el decreto aplicable para cada año, en su
desempeño como Juez de la República y Magistrado del Tribunal Administrativo
de Boyacá y que le fue cancelado a título de Prima Especial de Servicios instituida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 a partir del 8 de julio de 2011 y hasta la
fecha en que el demandante ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prima
especial, en atención a la prescripción trienal. De igual manera la diferencia que
resulte de la reliquidación de sus prestaciones sociales liquidadas sobre el 100%
del salario sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios,
correspondientes al mismo período objeto del reconocimiento de las diferencias
salariales. Finalmente, la diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes
a pensión desde el 1º de julio de 1998 y hasta la fecha en que el demandante
ocupe un cargo que dé lugar al pago de la prima especial, sin prescripción trienal,
en atención al carácter especial de los citados aportes, teniendo en cuenta el
100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial de servicios, la
cual deberá consignarse al fondo de pensiones donde se encontraba o se
encuentre afiliado. No obstante, se deberá descontar de la condena el aporte
pensional correspondiente al actor.
El valor resultante de la reliquidación de las condenas señaladas en los literales
anteriores, será reajustado de acuerdo con la fórmula explicada en la parte
motiva.
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Número Interno: 1885-2019
Demandantes: Martha Cecilia Campuzano Pacheco y otro
Demandados: Nación – Rama Judicial
Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos, con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que
reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos correspondientes;
sin que, en ningún caso, puedan superarse los topes salariales fijados por el
Gobierno Nacional.
CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá el diecinueve (19) de octubre
de dos mil dieciocho (2018), de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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