Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03377-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-03377-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-03377-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019).
Demandante Jairo Francisco Leal Alvarado.
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992).
Decisión Sentencia de segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de
la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil diecinueve (2019), proferida por la
Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda1.
1.1. Pretensiones.
1. El señor Jairo Francisco Leal Alvarado, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad de los siguientes
actos administrativos:
i) Resolución No. 508 del Seis (6) de mayo de Dos Mil Quince (2015), expedida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha.
ii) Resolución No. 605 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Quince (2015), expedida
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha.
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Folios 1 a 25, expediente físico.
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
iii) Del acto administrativo ficto, por no decidirse los recursos de apelación interpuestos
el Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Quince (2015), contra las resoluciones anteriores.
iv) Resolución No. DESAJCLR15-1792 del Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Quince
(2015), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
v) Resolución No. DESAJCLR15-2051 del Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Quince
(2015), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
vi) Del acto administrativo ficto, por no decidirse los recursos de apelación interpuestos
el Tres (3) de junio de Dos Mil Quince (2015), contra las resoluciones expedidas por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
vii) Resolución No.4229 del Once (11) de junio de Dos Mil Quince (2015), expedida por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.
viii) Resolución No. 4925 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015), expedida
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá -
Cundinamarca.
ix) Del acto administrativo ficto, por no decidirse los recursos de apelación interpuestos
el Primero (1) de julio de Dos Mil Quince (2015) contra las resoluciones 4229 del Once
(11) de junio y 4925 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015), expedidas por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.
2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada a lo siguiente:
«TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y A TITULO DE
RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DESCONOCIDOS A MI PODERDANTE, SE
CONDENE a la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y/o la entidad que
haga sus veces, a RECONOCER, RELIQUIDAR y PAGAR desde el dos (2) de Octubre del
año 2002 en adelante al doctor JAIRO FRANCISO LEAL ALVARADO y dentro del i término
perentorio de diez (10) meses establecido por, el inciso segundo (2°) del artículo 192 de la
Ley 1437 del año 2011 todas las Diferencias Salariales y Prestacionales (Prima de
Navidad, Prima de Servicios, Vacaciones, Prima de Vacaciones Cesantías. Seguridad
Social en Salud y Pensión, Bonificación por Servicios Prestados, etc.). resultantes a su
favor, por las que se le pagaron valores inferiores a los que tiene derecho, en su desempeño
como Juez de la República y hasta su actual cargo de Juez Catorce (14) Civil del Circuito
de Bogotá, D. C. Según lo establecido por el artículo catorce (14) de la Ley 4ª de 1992, se
deben tomar como base de dichos incrementos, el ciento por ciento (100%) del Sueldo
Básico Mensual, más la Prima Especial de Servicios creada por dicha norma, equivalente
al treinta por ciento (30%) del Salario Básico Mensual. Prima que hasta el momento de
presentar esta demanda, no ha sido liquidada ni tenida en cuenta por la rama judicial, para
hacer los reajustes anuales a los funcionarios que tienen derecho al reconocimiento y pago
de la misma.» (sic)
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
3. Adicionalmente, requirió el pago de los intereses moratorios, por las diferencias
salariales y prestacionales, la indexación de los valores causados y el reintegro de las
costas y gastos del proceso.
1.2. Hechos.
4. El señor Jairo Francisco Leal Alvarado, se desempeñó como juez Primero Promiscuo
de Familia de Riohacha – Guajira, entre el Tres (3) de septiembre del Dos Mil Dos (2002)
y el Treinta (30) de septiembre del Dos Mil Tres (2003); juez Octavo Civil Municipal de
Cali (Valle), del Primero (1) de octubre del Dos Mil Tres (2003) al Veintiocho (28) de julio
del Dos Mil Cuatro (2004); juez Catorce Civil del Circuito de Bogotá, desde el Veintinueve
(29) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), el cual continuaba ejerciendo a la fecha de
presentación de la demanda. También fungió como magistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, en encargo y provisionalidad, del Diecinueve (19) de marzo
al Dieciocho (18) de mayo del Dos Mil Diez (2010).
5. Con base en la sentencia de nulidad de Veintinueve (29) de abril de Dos mil Catorce
(2014), emanada del Consejo de Estado, el demandante presentó peticiones a las
direcciones ejecutivas de administración judicial de Riohacha – Guajira, Cali – Valle del
Cauca y Bogotá Cundinamarca, el 27 de abril y 27 de mayo de 2015, respectivamente, a
efectos de obtener la aplicación debida de su incremento salarial.
6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha – Guajira,
resolvió negativamente la petición, mediante Resolución No. 508 del Seis (6) de mayo de
Dos Mil Quince (2015). Interpuestos los recursos de reposición y apelación, el primero
fue resuelto en la Resolución No. 605 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Quince
(2015), mientras que el segundo no fue resuelto por la entidad.
7. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle
del Cauca, negó la petición, mediante Resolución No. DESAJCLR15-1792 del Diecinueve
(19) de mayo de Dos Mil Quince (2015), y la reposición fue resuelta en Resolución No.
DESAJCLR15-2051 del Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Quince (2015), mientras que
la apelación se encuentra pendiente de resolución.
8. La petición elevada ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Cundinamarca, fue negada en la Resolución No.4229 del Once (11) de junio de
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
Dos Mil Quince (2015) y la reposición absuelta mediante Resolución No. 4925 del
Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015), sin decidirse el recurso de apelación.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
9. La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:
• Constitución Política, artículos 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53 y 58;
10. Como concepto de violación, señaló que, la demandada desconoció la supremacía
de la Constitución Política de Colombia, dando prioridad a su interpretación errada e
ilegal, de los efectos de la sentencia de nulidad del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Catorce (2014), al negarse injustificadamente, a reliquidar, reajustar y pagar al
demandante, los salarios y prestaciones sociales, incluyendo la prima especial de
servicios, del 30 % del sueldo básico, en los cargos que ha desempeñado en la Rama
Judicial desde el año 2002.
11. Adujo que se quebrantó el derecho a la igualdad, frente a otros funcionarios
judiciales, a quienes se les ha pagado el incremento.
12. También, consideró comprometido el principio de favorabilidad y los derechos
laborales adquiridos, a que se reajusten sus haberes mensuales y las prestaciones
sociales, incluyendo la prima de servicios, creada por la Ley 4 de 1992.
2. Contestación de la demanda2.
13. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, argumentando que, la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial, además que la sentencia de Veintinueve
(29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), declaró la nulidad de los decretos salariales de
los servidores públicos de la Rama Judicial, entre los años 1993 a 2007, sin pronunciarse
respecto de las disposiciones posteriores, las cuales gozan de presunción de legalidad,
al no haber sido anuladas por el ente competente.
14. Señaló que, a partir del concepto emanado por el Departamento Administrativo de
la Función Pública, acceder a lo pretendido, implicaría desacatar el ordenamiento legal
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Folios 281 a 286, expediente físico.
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Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
vigente, porque el Gobierno nacional está expresamente facultado para expedir los
decretos salariales, teniendo la potestad de determinar que, el 30 % de la remuneración
mensual, sea considerada prima especial sin carácter salarial, aspecto que ya fue objeto
de análisis por la Corte Constitucional.
15. De otra parte, enfatizó en que, dado que la reclamación administrativa data del año
2015, aquellas pretensiones que pudieran emanar de la nulidad de los decretos entre el
1993 al 2007, están prescritas al haber transcurrido más de 3 años desde su exigibilidad.
16. Consideró que, no le es dable a ninguna seccional, efectuar equivalencias entre el
valor que se liquida por concepto de cesantías a los congresistas y el que se reconoce
por el mismo concepto a los magistrados de alta corte, reajustando la prima de aquellos,
para ajustar la remuneración del demandante, cuando el artículo 16 de la Ley 4 de 1992,
establece de manera tácita la diferencia.
17. Finalmente, propuso como excepciones: la ausencia de causa petendi, cobro de
lo no debido, prescripción trienal y la innominada.
3. Sentencia de primera instancia3.
18. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve
(2019), accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, y dispuso:
« PRIMERO.- Declárense no probadas las excepciones propuestas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la sentencia.
SEGUNDO.- Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida por
el Consejo de Estado dentro del expediente N°2007-0087-00. CP. María Carolina
Rodríguez Ruíz, en cuanto declaró la nulidad por inconstitucionalidad de algunos artículos
de los decretos reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 e inaplicar por
inconstitucional todos los decretos que dieron un entendimiento diferente en el sentido de
disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento sino una
disminución, por las razones expuestas.
TERCERO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, así:
a) De la Resolución n° 508 de 6 de mayo de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Riohacha.
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Folios 340 a 347, expediente físico.
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
b) De la Resolución n° 605 de 29 de julio de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Riohacha.
c) De los actos administrativos presuntos, productos de la configuración de los silencios
administrativos negativos por no decidirse los recursos de apelación interpuestos el 16 de
junio de 2015, contra las resoluciones 508 de 6 de mayo y 605 de 29 de julio de 2015,
expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha.
d) De la Resolución n° DESAJCLR15-1792 de 19 de mayo de 2015, expedida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
e) De la Resolución n° DESAJCLR15-2051 de 16 de junio de 2015, expedida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
f) De los actos administrativos presuntos, productos de la configuración de los silencios
administrativos negativos por no decidirse los recursos de apelación interpuestos el día 3
de junio de 2015, contra las resoluciones DESAJCLR15-1792 de 19 de mayo y
DESAJCLR15-2051 de 16 de junio de 2015, expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali.
g) De la Resolución n° 4229 de 11 de junio de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.
h) De la Resolución n° 4925 de 16 de julio de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.
i) De los actos administrativos presuntos, productos de la configuración de los silencios
administrativos negativos por no decidirse los recursos de apelación interpuestos el día 1
de julio de 2015 contra las resoluciones 4229 de 11 de junio y 4925 de 16 de julio de 2015,
expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá -
Cundinamarca.
CUARTO.- Condénase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar FRANCISCO
LEAL ALVARADO, retroactivamente el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del
salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación de la
prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías,
seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., porcentaje
que le fue deducido, desde el 2 de octubre de 2002 en adelante, en su calidad de
funcionario judicial, así: Juez I Promiscuo de Familia de Cali, desde ele septiembre de 2002
al 30 de septiembre de 2003; Juez 8 Civil Municipal de Cali, desde el 1 de octubre de 2003
al 28 de julio de 2004; Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en
encargo y provisionalidad desde 19 de marzo al 18 de mayo de 2010; Juez 14 Civil del
Circuito de Bogotá, desde el 29 de julio de 2004, hasta la fecha, y mientras siga fungiendo
en dicho cargo o uno de aquellos de los que son destinatarios del artículo 14 de la Ley 4
de 1992, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica
mensual devengada correspondiente para cada cargo, luego del pago de la prima
consagrada en esa norma, ya cancelada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente sentencia.
QUINTO.- En consecuencia, la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, debe reconocer y pagar con
carácter permanente a la demandante el pago integral del salario incluyendo el 30%
adeudado, luego del pago de la prima consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
ya cancelada, con los correspondientes reajustes prestacionales.
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
SEXTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉPTIMO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
dan los supuestos de hecho y de derecho del artículo 195 del C.P.A.C.A.
(…)» (sic)
19. El A-quo efectuó un recuento normativo y jurisprudencial de la prima especial de
servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, para concluir que, constituye un
30 % adicional al 100%; enfatizó que, la prima especial de servicios, debe constituir un
plus del salario y no un recorte o decrecimiento de la remuneración, y, por lo tanto, al ser
un derecho adquirido, no podía el Gobierno suprimirlo mediante decretos posteriores.
20. En relación con la excepción de prescripción trienal, propuesta por la entidad
demandada, el Tribunal concluyó que, no se configuraba, pues el término debía contarse
desde el momento en que el derecho se hizo exigible, lo cual ocurrió con la ejecutoria de
la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
(2014), que declaró la nulidad de las disposiciones reglamentarias que habían
interpretado erróneamente el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; en ese contexto, como la
reclamación administrativa fue presentada en abril de 2015, esto es, dentro de los tres
años siguientes a dicho pronunciamiento, el tribunal concluyó que la acción se ejerció
oportunamente.
21. Finalmente, la decisión contó con dos aclaraciones de voto, en la primera, el
magistrado precisó que, si bien compartía la decisión de reconocer el reajuste salarial
equivalente al treinta por ciento (30%), consideraba que la prima especial de servicios
carece de carácter salarial, por lo que no debía incidir en la liquidación de prestaciones
sociales, las cuales debían calcularse únicamente sobre el salario básico, en la segunda
aclaración, se reiteró que, la prima especial constituye un beneficio adicional equivalente
al treinta por ciento (30%) del salario básico, que debe sumarse al ingreso mensual del
servidor; sin embargo, se indicó igualmente que, al no tener naturaleza salarial, dicho
porcentaje no puede incluirse como factor para la liquidación de prestaciones sociales,
las cuales deben determinarse con base en el cien por ciento (100%) del salario básico
mensual.
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
4. Recurso de apelación4.
22. La apoderada de la Nación – Rama Judicial, interpuso recurso de apelación, contra
la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), al considerar
que, el Tribunal incurrió en una interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
y de los decretos salariales que regulan la remuneración de los jueces de la República.
23. Sostuvo que, la prima especial prevista en dicha norma, constituye un emolumento
sin carácter salarial, conforme lo establece expresamente el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 y lo reconocido por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-279 de
1996 y C-447 de 1997; en ese sentido, afirmó que, dicho porcentaje no puede ser
considerado factor salarial, para efectos de reliquidar prestaciones sociales, salvo para
la determinación del ingreso base de cotización al sistema pensional, según lo dispuesto
en la Ley 332 de 1996.
24. Indicó además que, acceder al reconocimiento del treinta por ciento (30%)
adicional, ordenado en la sentencia, implicaría superar los topes de remuneración,
establecidos para los jueces de la República en el Decreto 1251 de 2009, el cual, fija la
remuneración anual de estos funcionarios, en un porcentaje determinado, respecto de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes; en consecuencia, sostuvo que, el
pago adicional ordenado por el Tribunal generaría un incremento que excedería los
límites legales de remuneración.
25. De igual manera, señaló que, respecto de los decretos salariales expedidos a partir
del año 2008, no existe pronunciamiento judicial, que haya desvirtuado su presunción de
legalidad, razón por la cual, la administración ha aplicado correctamente dichas
disposiciones al liquidar la remuneración del demandante.
26. Finalmente, reiteró la procedencia de la excepción de prescripción trienal, respecto
de las acreencias laborales reclamadas, y cuestionó la validez de la decisión adoptada
por el Tribunal, al señalar que, dos de los magistrados formularon aclaración de voto, lo
cual —a su juicio— evidenciaba una discrepancia mayoritaria frente a los fundamentos
del fallo; con base en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
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Folios 358 a 362, expediente físico.
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.
27. Con auto del Veintiocho (28) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023)5, el conjuez
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada;
posteriormente, mediante auto del Once (11) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023) 6, y en
virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.
28. Mediante auto del Diez (10) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el conjuez
ponente dispuso remitir el expediente al despacho del consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera, para que asumiera el conocimiento del proceso, en atención a la
modificación en la integración de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
29. Posteriormente, mediante auto del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025)8, el consejero ponente, avocó conocimiento del proceso en el estado en que se
encontraba, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y ordenó que, una vez ejecutoriada la
providencia, el expediente regresara al despacho para proferir la decisión
correspondiente.
6. Concepto del Ministerio Público.
30. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
31. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.2. Problema jurídico.
5
Índice 00040 expediente digital – Samai.
6
Índice 00046 expediente digital – Samai.
7
Índice 00059 expediente digital – Samai.
8
Índice 00065 expediente digital – Samai.
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Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
32. Corresponde a la Sala determinar, si se debe revocar la sentencia del Treinta y
Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las
pretensiones de la demanda, y ordenó reconocer al demandante, el reajuste salarial
equivalente al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias prestacionales,
debiendo verificarse lo siguiente:
i) Si la interpretación realizada por el Tribunal, sobre el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 —según la cual la prima especial de servicios corresponde a un
incremento adicional del 30% sobre el salario básico— resulta ajustada al
ordenamiento jurídico, o si, como lo sostiene la entidad demandada, dicha
prima constituye un emolumento sin carácter salarial que no puede generar
efectos prestacionales;
ii) Si el reconocimiento del 30% adicional, ordenado por el A quo, desconoce el
régimen salarial aplicable a los jueces de la República, y los límites de
remuneración previstos en el Decreto 1251 de 2009, frente a los topes de
ingresos, respecto de lo devengado por los magistrados de las altas cortes;
iii) Si se configuró o no la prescripción trienal, de las acreencias laborales
reclamadas, teniendo en cuenta, la fecha de la reclamación administrativa,
presentada por el demandante y el momento a partir del cual se entiende
exigible el derecho, particularmente frente a los efectos de la sentencia de esta
Corporación del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014);
iv) Si la formulación de dos aclaraciones de voto, por parte de los magistrados que
integraron la Sala del Tribunal, afecta la validez de la decisión adoptada en
primera instancia o evidencia una discrepancia mayoritaria frente a los
fundamentos del fallo, como lo sostiene la entidad demandada en el recurso
de apelación.
33. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial- Prima Especial de Servicios prevista en
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Interno: 6248-2019
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Demandada: Nación – Rama Judicial
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, prerrogativas y generalidades; 2.4. Hechos probados;
2.5. Caso concreto; y 2.6. Condena en costas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.
34. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30%, calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial solo para el pago de aportes pensionales.
35. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en
el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2
de septiembre de 2019.
36. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza
y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada
prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en
ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del
trabajador. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
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Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.
37. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a
decidir el presente caso.
2.4. Hechos probados.
38. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento, frente al marco normativo que regula la materia. En ese sentido, de acuerdo
con el material probatorio allegado al expediente y con los hechos constatados en el
proceso, se destacan los siguientes documentos:
39. Obra certificación expedida el Veintinueve (29) de mayo de Dos Mil Quince (2015)9,
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, mediante la cual, se hace constar que el señor Jairo Francisco Leal
Alvarado, ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en distintos cargos, entre ellos,
juez primero promiscuo de familia de Riohacha, juez octavo civil municipal de Cali y juez
catorce civil del circuito de Bogotá.
40. Se encuentra derecho de petición presentado el Veintisiete (27) de abril de Dos Mil
Quince (2015)10, por el apoderado del demandante, ante la Dirección Ejecutiva Seccional
9
Folio 28 expediente físico.
10
Folio 29 a 31 expediente físico
13
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Demandada: Nación – Rama Judicial
de Administración Judicial de Riohacha, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la correcta aplicación del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, particularmente el reconocimiento de la prima especial
de servicios equivalente al 30% del salario básico mensual y su incidencia en la
liquidación de prestaciones sociales.
41. Mediante Resolución No. 508 del Seis (6) de mayo de Dos Mil Quince (2015)11, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha, resolvió la solicitud
presentada por el actor, negando el reconocimiento de las diferencias salariales
reclamadas, al considerar que la prima especial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, carece de carácter salarial y que la entidad debía aplicar los decretos salariales
vigentes expedidos por el Gobierno nacional.
42. Contra la decisión anterior, el apoderado del demandante, interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, mediante escrito radicado el Once (11) de junio de
Dos Mil Quince (2015)12, insistiendo en el reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de la prima especial de servicios.
43. Mediante Resolución No. 605 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Quince
(2015)13, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha resolvió
el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión contenida en la Resolución
No. 508 de 2015 y concediendo el recurso de apelación.
44. Se encuentra derecho de petición presentado por el demandante ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali14, mediante el cual solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
45. Mediante Resolución No. DESAJCLR15-1792 del Diecinueve (19) de mayo de Dos
Mil Quince (2015)15, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
resolvió la solicitud formulada por el actor, negando el reconocimiento pretendido.
46. Contra dicha decisión, el apoderado del demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación16, reiterando las pretensiones relacionadas con el
11
Folio 33 a 37 expediente físico
12
Folio 38 a 43 expediente físico
13
Folio 45 a 53 expediente físico
14
Folio 54 a 56 expediente físico
15
Folio 57 a 58 expediente físico
16
Folio 59 a 63 expediente físico
14
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reconocimiento de la prima especial de servicios como incremento adicional al salario
básico.
47. Posteriormente, mediante Resolución No. DESAJCLR15-2051 del Dieciséis (16)
de junio de Dos Mil Quince (2015)17, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la negativa
inicial y concediendo el recurso de apelación.
48. De igual manera, obra derecho de petición, presentado ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca18, mediante el cual el
demandante solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992.
49. Mediante Resolución No. 4229 del Once (11) de junio de Dos Mil Quince (2015)19,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca,
resolvió la solicitud presentada, negando el reconocimiento pretendido.
50. Contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación por parte del apoderado del actor20, insistiendo en la procedencia del
reconocimiento de las diferencias salariales derivadas de la prima especial de servicios.
51. Mediante Resolución No. 4925 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince
(2015)21, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión
contenida en la Resolución No. 4229 de 2015 y concediendo el recurso de apelación.
52. Finalmente, se encuentra impresión de mensaje electrónico remitido por el
apoderado del demandante a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante
el cual, solicitó la acumulación de los expedientes administrativos relacionados con las
peticiones presentadas ante las distintas direcciones seccionales22.
53. También obra certificación expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, en la cual se relacionan los salarios
17
Folio 64 y 65 expediente físico
18
Folio 66 a 68 expediente físico
19
Folio 71 a 73 expediente físico
20
Folio 74 a 79 expediente físico
21
Folio 81 y 83 expediente físico
22
Folio 85 a 86 expediente físico
15
Interno: 6248-2019
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devengados por el demandante durante el período comprendido entre los años 2004 y
201023, con discriminación de los distintos conceptos salariales y prestacionales.
54. Igualmente, se allegaron comprobantes de pago de salarios correspondientes al
demandante, durante el período comprendido desde el Primero (1°) de enero de Dos Mil
Catorce (2014) hasta el Treinta (30) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016)24.
2.5. Caso concreto
55. Para resolver la controversia, la Sala parte de las reglas fijadas por la Sala Plena
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de SUJ-
016-CE-S2-2019, del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), en la cual, se
precisó la naturaleza jurídica de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, así como las reglas aplicables en materia de prescripción de las
acreencias derivadas de dicha prestación.
56. En dicha providencia, se indicó que, la prima especial de servicios no constituye una
porción del salario, sino un incremento adicional a la asignación básica de los funcionarios
beneficiarios. En palabras de esta Corporación:
«La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica
de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten
a su favor».
57. Así mismo, la mencionada sentencia, precisó que, dicha prima solo tiene carácter
salarial, para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no constituye
factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 332 de 1996; de igual manera, la Sala Plena de Conjueces, fijó una
regla clara respecto de la prescripción de las acreencias derivadas de la prima especial
de servicios, en los siguientes términos:
«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás».
23
Folio 91 a 107 expediente físico
24
Folio 108 a 142 expediente físico
16
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58. Con fundamento en estos criterios jurisprudenciales, procede la Sala a analizar las
particularidades del caso concreto; en el expediente se encuentra acreditado que, el señor
Jairo Francisco Leal Alvarado se ha desempeñado en la Rama Judicial en distintos cargos,
entre ellos, como juez Primero Promiscuo de Familia de Riohacha, desde el Tres (3) de
septiembre de Dos Mil Dos (2002) hasta el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Tres
(2003); juez Octavo Civil Municipal de Cali, desde el Primero (1°) de octubre de Dos Mil Tres
(2003) hasta el Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cuatro (2004); y juez Catorce Civil del
Circuito de Bogotá, desde el Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), cargo que
ejercía al momento de formular la reclamación administrativa.
59. También se encuentra demostrado que, el actor presentó solicitudes
administrativas dirigidas a las direcciones ejecutivas seccionales de administración
judicial de Riohacha, Cali y Bogotá, entre los meses de abril y mayo del año 2015,
mediante las cuales, solicitó el reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de la correcta aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
60. Dichas solicitudes, fueron negadas mediante las Resoluciones No. 508 del Seis
(6) de mayo de Dos Mil Quince (2015) y No. 605 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil
Quince (2015), expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Riohacha; las Resoluciones No. DESAJCLR15-1792 del Diecinueve (19) de mayo de
Dos Mil Quince (2015) y No. DESAJCLR15-2051 del Dieciséis (16) de junio de Dos Mil
Quince (2015), expedidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali; y las Resoluciones No. 4229 del Once (11) de junio de Dos Mil Quince (2015) y
No. 4925 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Quince (2015), proferidas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca.
61. Frente a estas decisiones administrativas, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, consideró que, la interpretación correcta del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, implicaba reconocer la prima especial de servicios, como un incremento adicional
al salario básico, razón por la cual declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el
reconocimiento del reajuste salarial del 30 % con efectos prestacionales.
62. Sin embargo, la Sala advierte que, la orden impartida por el Tribunal, no se ajusta
plenamente a las reglas fijadas por la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, particularmente,
en lo que respecta al alcance prestacional de la prima especial de servicios. En efecto,
como se explicó en el marco jurisprudencial, la prima especial de servicios constituye un
17
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incremento adicional a la asignación básica, pero no tiene carácter salarial para efectos
de la liquidación de prestaciones sociales, salvo para el cálculo de los aportes al sistema
pensional.
63. En consecuencia, la Sala considera que, la orden impartida en primera instancia,
en cuanto dispuso la reliquidación de todas las prestaciones sociales, con inclusión del
30 %, correspondiente a la prima especial de servicios, desconoce el alcance que el
legislador y la jurisprudencia han reconocido a dicha prestación.
64. De otro lado, la entidad demandada alegó que, acceder a las pretensiones
implicaría desconocer los límites salariales previstos para los jueces de la República,
particularmente los derivados del Decreto 1251 de 2009. No obstante, este argumento
tampoco tiene vocación de prosperidad; lo anterior, porque la jurisprudencia de esta
Corporación, ha señalado que, el reconocimiento de la prima especial de servicios, como
incremento del salario básico, no implica superar los topes remuneratorios fijados por el
Gobierno nacional, siempre que, su reconocimiento se realice dentro de los parámetros
establecidos en los decretos salariales aplicables a cada vigencia.
65. Ahora bien, en relación con la excepción de prescripción trienal propuesta por la
entidad demandada, la Sala observa que, el demandante presentó reclamaciones
administrativas, durante el año Dos Mil Quince (2015); en consecuencia, conforme a la
regla fijada por la sentencia antes citada, únicamente es posible reconocer diferencias
salariales causadas dentro de los tres (3) años anteriores a la reclamación administrativa.
66. Encuentra la Sala que, en el expediente está acreditado que, la primera
reclamación administrativa, presentada por el actor, corresponde a la solicitud radicada
ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Riohacha, el
Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Quince (2015), mediante la cual, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de la correcta aplicación
del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; en consecuencia, conforme a la regla jurisprudencial
fijada por la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, el término de prescripción debe
contabilizarse hacia atrás tres (3) años desde el Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Quince
(2015), razón por la cual únicamente pueden reclamarse acreencias causadas a partir
del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Doce (2012).
67. Bajo este entendido, todas las diferencias salariales que eventualmente se
hubieren causado con anterioridad al Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Doce (2012), se
18
Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción extintiva, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969.
68. En el presente caso, el actor solicitó el reconocimiento de diferencias salariales
desde el Dos (2) de octubre de Dos Mil Dos (2002), fecha a partir de la cual, consideró
que la administración había aplicado de manera incorrecta la prima especial de servicios;
no obstante, dado que, la primera reclamación administrativa fue presentada el
Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Quince (2015), la Sala concluye que, las acreencias
causadas entre el Dos (2) de octubre de Dos Mil Dos (2002) y el Veintiséis (26) de abril
de Dos Mil Doce (2012), se encuentran prescritas.
69. En consecuencia, únicamente pueden ser objeto de reconocimiento, las
diferencias salariales causadas a partir del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Doce
(2012), fecha desde la cual, no se encuentra configurado el fenómeno de la prescripción,
y mientras el actor permanezca vinculado a la Rama Judicial en cargos que lo hagan
beneficiario de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, o hasta el momento de su eventual desvinculación.
70. Ahora bien, la entidad demandada sostuvo en el recurso de apelación que, la
sentencia de primera instancia, carecía de validez porque dos de los magistrados que
integraron la Sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, formularon aclaración de
voto, circunstancia que —a su juicio— evidenciaría una discrepancia mayoritaria frente a
los fundamentos de la decisión; para esta Corporación, este argumento tampoco tiene
vocación de prosperidad, toda vez que, la aclaración de voto constituye una figura
procesal, que permite a los integrantes de una corporación judicial, expresar su
desacuerdo con algunos de los fundamentos de la providencia adoptada por la mayoría,
sin que ello afecte la existencia, validez o fuerza vinculante de la decisión.
71. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente, efectuar una precisión
adicional, respecto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social,
particularmente, en lo relativo a las cotizaciones que debieron efectuarse sobre la base
salarial correspondiente.
72. Esta Corporación ha señalado de manera reiterada que, las cotizaciones al
sistema de seguridad social, tienen una naturaleza jurídica distinta a las acreencias
salariales o prestacionales, en tanto constituyen recursos de carácter parafiscal
19
Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
destinados a garantizar la financiación del sistema y la efectividad del derecho
fundamental a la seguridad social. En ese sentido, se ha indicado que:
«Las cotizaciones al sistema de seguridad social constituyen recursos de naturaleza
parafiscal destinados a la protección del derecho fundamental a la seguridad social, razón
por la cual su exigibilidad no puede verse limitada por la prescripción aplicable a las
acreencias laborales».
73. En consecuencia, aun cuando en el presente caso, la Sala concluye que, las
diferencias salariales reclamadas por el demandante, se encuentran afectadas
parcialmente por el fenómeno de la prescripción —en los términos antes señalados—,
dicha conclusión no puede extenderse automáticamente a los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones, que debieron realizarse sobre la base de la
remuneración correspondiente.
74. Por lo tanto, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial deberá verificar y, de ser del caso, liquidar, efectuar y trasladar al fondo de
pensiones correspondiente los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones, que resulten procedentes respecto del período no prescrito, tomando como
base de cotización la remuneración que legalmente correspondía al demandante,
incluyendo el 30 % correspondiente, a la prima especial de servicios, siempre que, tales
cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente.
75. Lo anterior, se ordena en atención al carácter irrenunciable e imprescriptible del
derecho a la seguridad social, con el propósito de garantizar la correcta financiación del
sistema y la adecuada protección de los derechos pensionales del servidor judicial; en
consecuencia, la Sala modificará parcialmente la sentencia apelada, en el sentido de
precisar que, el reconocimiento de las diferencias salariales derivadas de la prima
especial de servicios, solo procede respecto de las sumas causadas a partir del
Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Doce (2012), y mientras el actor permanezca vinculado
a la Rama Judicial, en cargos que generen el derecho a dicha prestación, sin perjuicio de
la verificación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones en
los términos antes señalados.
2.6 Condena en costas.
20
Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
76. De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
77. En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en el
proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, por
lo que no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
«CUARTO.- Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar al señor JAIRO FRANCISCO LEAL
ALVARADO las diferencias salariales derivadas de la correcta aplicación de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, equivalente al treinta
por ciento (30%) de la asignación básica mensual, computando para este ejercicio el cien
por ciento (100%) de la asignación básica mensual devengada en su calidad de juez de la
República, luego del pago de la prima consagrada en dicha norma, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
El reconocimiento de las diferencias salariales solo procederá respecto de las sumas
causadas a partir del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Doce (2012), y en adelante mientras
el demandante permanezca vinculado a la Rama Judicial en cargos que generen el derecho
a la prima especial de servicios, o hasta su eventual desvinculación.
Declarar configurada la excepción de prescripción respecto de las acreencias causadas con
anterioridad al Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Doce (2012).
21
Interno: 6248-2019
Demandante: Jairo Francisco Leal Alvarado
Demandada: Nación – Rama Judicial
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad demandada deberá verificar, liquidar y efectuar las
cotizaciones correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones sobre
la base salarial que legalmente correspondía al actor, incluyendo el treinta por ciento (30%)
de la prima especial de servicios, siempre que tales aportes no hubieren sido efectuados
previamente.
Las sumas reconocidas en la presente sentencia estarán condicionadas a que la entidad
demandada no haya realizado previamente pagos por los mismos conceptos.»
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia del Treinta y Uno (31) de julio
de Dos Mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO.-Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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