RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2016-00379-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00379-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00379-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: SEGUNDO: Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada constitucional y; PROBADA la prescripción trienal laboral frente al periodo reclamado con ocasión de la ocupación del cargo de Juez de la República, propuestas por la accionada, salvo los aportes a pensión, en atención al carácter especial de los citados aportes, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las 27 Número Interno: 0940-2022 Demandante: Luis Mario Ospina Rincón Demandados: Nación – Rama Judicial pretensiones de la demanda, el cual quedará así: TERCERO: CONDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el reconocimiento y pago a favor del demandante del valor no pagado, por concepto de prima especial de servicios equivalente al 30% del total del sueldo básico, devengado por él, desde el día 6 de noviembre de 2012, por prescripción trienal, durante los períodos en que haya desempeñado un cargo que dé lugar al reconocimiento de dicha prima. De igual manera la diferencia que resulte de la reliquidación de sus prestaciones sociales liquidadas sobre el 100% del salario sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, correspondientes al mismo período objeto del reconocimiento de las diferencias salariales. Finalmente, la diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión desde el 30 de agosto al 4 de septiembre de 2010; desde el 1º de junio al 24 de junio de 2011; desde el 26 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2012; desde el 16 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00379-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00379-02 (0940-2022)1
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda y reforma2

1.1. Pretensiones.

1
Expediente electrónico.
2
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), páginas 2 a 19; documento
6ED_20160379PAGINAS51.PDF, páginas 59 a 64; documento: 7ED_20160379PAGINAS10.PDF, páginas 1 a 12.

2

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

1. El señor Luis Mario Ospina Rincón, por intermedio de apoderado judicial,

acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en
lo sucesivo), y solicitó lo siguiente:

1.1 Que se inapliquen por inconstitucionales los siguientes decretos:

• Decretos 1388 de 2010; 1039 de 2011; 874 de 2012; 1024 de 2013; 194
de 2014; 1105 y 1257 de 2015; 245 y 234 de 2016; y 1003 de 2017.

1.2 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resoluciones Nos. DESAJMZR 15-1456 del diecisiete (17) de
noviembre, DESAJMZR15-1607 del dieciséis (16) de diciembre, ambas
del dos mil quince (2015) y 3351 del diez (10) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), mediante las cuales, la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago de la prima especial y la reliquidación de los
emolumentos salariales y prestacionales devengados.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer, liquidar y pagar

la porción del salario equivalente al 30% que fue disminuida para el pago de
la prima especial de servicios, desde el momento en que inició su labor como
Juez de la República; ii) reconocer, liquidar y pagar la totalidad de las
prestaciones devengadas durante el mismo periodo, teniendo en cuenta que
el salario base debe ser incrementado en un 30% y, en adelante, teniendo en
cuenta dicha asignación mensual; iii) reconocer bajo los lineamientos
expuestos en la sentencia del Consejo de Estado del veinticuatro (24) de abril
de dos mil catorce (2014); iv) indexar las sumas reconocidas; y v) condenar

3

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

en costas a la demandada.

1.2 Hechos

3. El señor Luis Mario Ospina Rincón señaló que se ha desempeñado al

servicio de la Rama Judicial, como juez 3º Civil del Circuito de Manizales, entre
el treinta (30) de agosto y el cuatro (4) de septiembre de dos mil diez (2010),
entre el primero (1º) y el veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011) y
entre el veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) y el treinta (30) de
junio de dos mil doce (2012); como juez 3º Promiscuo Municipal de Chinchiná,
entre el dieciséis (16) de julio y el ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012);
como juez 1º Promiscuo Municipal de Aguadas, entre el ocho (8) y el
veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013) y entre el once (11) de junio y
el veintinueve (29) de septiembre de dos mil trece (2013); como juez 1º
Promiscuo Municipal de Marquetalia, entre el veintiocho (28) de octubre y el
dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013); y como juez 1º Promiscuo
Municipal de Belalcázar, desde el veinte (20) de noviembre de dos mil trece
(2013) hasta la fecha, en virtud de nombramientos sucesivos sin interrupción.

4. Expuso que, durante el tiempo en que ejerció como juez, su salario mensual

fue disminuido en un treinta por ciento (30%), porcentaje destinado al pago de
la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Sostuvo que, dicha disminución incidió en la liquidación de las prestaciones
sociales y cesantías causadas durante los años 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017, al tomarse como base un salario reducido, en contravía de la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

5. Indicó que, el seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), presentó una

solicitud ante la entidad demandada para obtener el reconocimiento,

4

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

liquidación y pago de la prima especial, equivalente al treinta por ciento (30%)
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como, la reliquidación de
sus prestaciones sociales. Señaló que, la entidad negó la petición mediante la
Resolución DESAJMZR15-1456 del diecisiete (17) de noviembre de dos mil
quince (2015), decisión contra la cual, interpuso los recursos de reposición y
apelación, el cuatro (4) de diciembre del mismo año.

6. Expuso que, el recurso de reposición fue resuelto de manera desfavorable,

mediante la Resolución DESAJMZR15-1607 del dieciséis (16) de diciembre de
dos mil quince (2015). Agregó que, la apelación fue decidida mediante la
Resolución 3351 del diez (10) de marzo de dos mil diecisiete (2017), notificada
el dieciocho (18) de abril del mismo año, la cual, confirmó la negativa de la
entidad.

1.3 Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

7.1. Constitucionales: artículos 2º, 13, 25, 48, 53, 150, numeral 9

del artículo 215 y numeral 7 del artículo 256 de la Constitución
Política.

7.2. Legales y reglamentarias: artículos 1º, 2º y 14 de la Ley 4ª de

1992; numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; artículos
24, 32 y 35 del Decreto Ley 546 de 1971; artículo 9º del Decreto
603 de 1977; artículo 8º del Decreto Ley 244 de 1981; artículo 2º
del Decreto 1726 de 1973; artículos 17, 32 y 33 del Decreto Ley
1045 de 1978; artículo 109 del Decreto 1660 de 1978; artículo 4º
del Decreto 2916 de 1978; artículo 45 del Decreto 1042 de 1978;

5

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

Decreto 247 de 1997; y artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo.

8. Señaló que, el Gobierno Nacional interpretó erróneamente el artículo 14 de

la Ley 4ª de 1992, al dividir la remuneración de los jueces en un setenta por
ciento (70 %) como salario y un treinta por ciento (30 %) como prima especial
sin carácter salarial, en lugar de reconocer esta última como un ingreso
adicional. Afirmó que, ello redujo injustificadamente el salario base y afectó la
liquidación de las prestaciones sociales y demás derechos laborales.

9. Resaltó que, los actos demandados desconocieron los criterios previstos en

la Ley 4ª de 1992, en especial la prohibición de desmejorar los salarios y las
prestaciones sociales de los servidores públicos, al disminuir la remuneración
mensual de los jueces y liquidar sus prestaciones sobre una base equivalente
al setenta por ciento (70 %) del salario, con lo cual vulneraron la Constitución
y la ley.

2. Contestación de la demanda3.

10. La entidad demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda,

al sostener que, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, fue establecida por el legislador sin carácter salarial y que
dicha disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, razón
por la cual, no procedía reconocer el treinta por ciento (30%) de la
remuneración como factor salarial, ni incluirlo para la liquidación de las
prestaciones sociales. Agregó que, la declaratoria de nulidad de algunos
decretos salariales, no modificaba la situación jurídica del demandante.

3
Índice 0002, documento: 7ED_20160379PAGINAS10.PDF, páginas 35 a 42; 57.

6

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

11. Afirmó que, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

carecía de competencia para inaplicar las normas que regulaban el régimen
salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, pues, esa facultad
correspondía exclusivamente a los jueces de la República. Añadió que, la
entidad estaba obligada a aplicar las normas y los decretos salariales vigentes,
amparados por la presunción de legalidad, por lo que, no era procedente
acceder a las pretensiones de la demanda.

12. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «ausencia de causa
petendi»; «inexistencia del derecho reclamado»; «cobro de lo no debido»; «excepción de cosa
juzgada constitucional»; e «prescripción trienal».

3. La sentencia de primera instancia4.

13. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante

sentencia proferida el veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020),
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente
manera:

PRIMERO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de
esta sentencia, de los actos administrativos; Resolución DESAJMZR15-1456
del 17 de noviembre de 2015 "por medio de la cual se resuelve un derecho de
petición"; Resolución DESAJMZR15-1607 del 16 de diciembre de 2015, "por
medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se concedió el de
apelación"; Resolución No. 3351 del 10 de marzo de 2017, "por medio de la
cual se resuelve un recurso de apelación", emitidos por las Direcciones Ejecutivas
de Administración Judicial de la Rama Judicial Seccional Manizales y Nivel
Central.

SEGUNDO: Declárese (a). Como NO PROBADAS las excepciones Ausencia
de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no
debido, cosa juzgada constitucional y; PROBADA la prescripción trienal
laboral frente al periodo reclamado con ocasión de la ocupación del cargo de

4
Índice 0002, documento: 7ED_20160379PAGINAS15.PDF, páginas 1 a 30; documento:
7ED_20160379PAGINAS18.PDF, páginas 1 a 6.

7

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

Juez de la República, propuestas por la accionada, por las razones expuestas en
la parte motiva de este proveído.

TERCERO: CONDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el
reconocimiento y pago a favor de la demandante del valor no pagado, por
concepto de prima especial de servicios equivalente al 30% del total del sueldo
básico, devengado por él, desde el día 6 de noviembre de 2012, por prescripción
trienal.

CUARTO. DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, no
constituye factor salarial y en consecuencia se NIEGA las pretensiones, que
reclamaban su reconocimiento y la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la prima, desde el día 6 de noviembre de 2012.

QUINTO. CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago
COSTAS; i). GASTOS PROCESALES para un total de DIEZ MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($10.368,00 M/C) y; NO
CONDENAR a la demandada al pago de ii). AGENCIAS EN DERECHO,
conforme se dijo en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia
deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del
CPACA.
(…) (sic)

14. Como sustento de su decisión, luego de valorar las pruebas allegadas al

proceso, encontró acreditado que, el señor Luis Mario Ospina Rincón laboró
al servicio de la Rama Judicial en el cargo de juez de la República, desde el
treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010) hasta la fecha de presentación de
la demanda.

15. En ese sentido, consideró que, al demandante le fue aplicado el régimen

salarial previsto para los jueces de la República, mediante el cual, se descontó
el treinta por ciento (30 %) de su salario básico, para reconocerlo como prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó el reconocimiento y pago de la diferencia correspondiente a la prima
especial de servicios, durante el período reclamado. Asimismo, negó la
pretensión encaminada a obtener la reliquidación de las prestaciones sociales

8

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

con inclusión de la prima especial de servicios, al considerar que, esta carecía
de carácter salarial.

16. De otra parte, con relación al fenómeno de la prescripción, concluyó que,

como la reclamación administrativa fue presentada el seis (6) de noviembre de
dos mil quince (2015), la prescripción operaba respecto de las acreencias
causadas con anterioridad al seis (6) de noviembre de dos mil doce (2012),
por lo que, el reconocimiento únicamente procedía respecto de las causadas
a partir de esta última fecha.

17. Finalmente, declaró imprósperas las excepciones de ausencia de causa

petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido.
Asimismo, declaró probadas las excepciones de prescripción trienal y de cosa
juzgada constitucional, esta última, por cuanto la prima especial de servicios
carecía de factor salarial. En consecuencia, condenó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial a reconocer y pagar al demandante, la diferencia
correspondiente a la prima especial de servicios, equivalente al treinta por
ciento (30%) del sueldo básico, causada desde el seis (6) de noviembre de
dos mil doce (2012), negó la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de dicha prima, condenó a la entidad al pago de los gastos
procesales, sin imponer agencias en derecho, y ordenó el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA.

4. Los recursos de apelación

4.1 La parte demandante5

5
Índice 0002, documento: 7ED_20160379PAGINAS15.PDF, páginas 9 a 13.

9

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

18. El demandante cuestionó la decisión del Tribunal al considerar que, omitió

pronunciarse sobre la reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas
sobre el setenta por ciento (70%) del salario básico, pese a haber concluido
que el treinta por ciento (30%) de este fue descontado para reconocer la prima
especial de servicios. En consecuencia, solicitó adicionar la sentencia para
ordenar la reliquidación de dichas prestaciones, con fundamento en el cien por
ciento (100 %) del salario básico.

19. Asimismo, solicitó revocar la decisión que negó las agencias en derecho,

al considerar que, la condena en costas obedece a un criterio objetivo y que la
actuación de la entidad demandada, hizo necesaria la intervención de un
apoderado para obtener el reconocimiento de los derechos reclamados.

4.2 La parte demandada6

20. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que,

la sentencia de primera instancia desconoció que, la potestad para fijar los
derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y
exclusivamente en el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992,
de manera que, solo dicha autoridad, con fundamento en la Constitución y la
ley, puede determinar las asignaciones salariales y prestacionales de los
empleados públicos.

21. Sostuvo que, para el reconocimiento de la reliquidación de las prestaciones

y de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, debe
aplicarse la prescripción trienal, establecida en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968, y que la exigibilidad del derecho, a su juicio, corresponde a la fecha

6
Índice 0002, documento: 7ED_20160379PAGINAS15.PDF, páginas 14 a 17.

10

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

de vinculación al cargo de juez. Agregó que dicha prescripción se interrumpe
con la reclamación presentada ante la administración, por lo que, hay lugar a
reconocer los últimos tres (3) años anteriores a la petición.

22. De otra parte, sostuvo que, no cuenta con disponibilidad presupuestal para

el pago de la condena; además, manifestó que, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial había adelantado las gestiones necesarias ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en aras de obtener los recursos para
cumplir con lo ordenado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Consejo de Estado,
encontrándose a la espera que dicha cartera efectuara la correspondiente
apropiación. Finalmente, solicitó la revocatoria de la condena por gastos
procesales.

5. Trámite de segunda instancia

23. Con auto del tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023)7, el respectivo

conjuez ponente, admitió los recursos de apelación contra la sentencia del
veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas. Posteriormente, a través de
auto del seis (6) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)8, prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió a traslado a las partes para
alegar de conclusión, de conformidad con el artículo 247 del CPACA.

24. La parte demandada allegó los alegatos de conclusión en segunda
instancia9, donde reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación

7
Índice 00024 Samai.
8
Índice 00031 Samai.
9
Índice 00035 Samai.

11

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

y solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

25. A través de auto del trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)10, el

respectivo conjuez ponente, remitió el proceso al presente despacho, habida
cuenta del cambio en la integración de la Sala, conforme al artículo 116 del
CPACA.

26. Mediante escrito, el apoderado de la parte demandante, coadyuvado por el

señor Luis Mario Ospina Rincón11, manifestó su renuncia a las costas del
proceso, con fundamento en el numeral 9 del artículo 365 del Código General
del Proceso, que permite su renuncia una vez decretadas.

27. Con auto del dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) 12, el

expediente fue remitido al consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo,
quien, mediante providencia de siete (7) de noviembre del mismo año 13, lo
devolvió al considerar que, el reparto original correspondía al entonces
magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

28. Por lo anterior, a través de auto del veintidós (22) de julio de dos mil

veintiséis (2026)14, el consejero ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

10
Índice 00040 Samai
11
Índice 00045 Samai
12
Índice 00046 Samai.
13
Índice 00053 Samai.
14
Índice 00058 Samai.

12

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

29. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda

instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP)15, el Juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

30. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

30.1 ¿Hay lugar a reliquidar las prestaciones sociales del demandante,

sobre el cien por ciento (100%) de la asignación básica, sin descontar el
treinta por ciento (30%) que fue excluido a título de prima especial de
servicios?

30.2 ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, carece de
competencia para reconocer derechos salariales y prestacionales
reclamados por el demandante, por cuanto, la potestad para fijarlos
corresponde única y exclusivamente al Gobierno Nacional?

30.3 ¿Resulta jurídicamente admisible, el argumento de la falta de
disponibilidad presupuestal por parte de la entidad accionada, como
fundamento para controvertir el reajuste salarial y prestacional reconocido

15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

13

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

en primera instancia?

30.4 ¿Se configuró la prescripción trienal respecto de las sumas
reconocidas en la sentencia de primera instancia, por ser exigible el
derecho desde la vinculación del demandante al cargo de juez, como lo
sostiene la entidad demandada?

30.5 ¿Hay lugar a revocar la condena en costas por gastos procesales,

impuesta a la entidad demandada en primera instancia?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios.

31. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios

como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

32. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de

fondo en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fijó la Sala de
Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019).

33. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la

naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, esta
Corporación explicó que, la mencionada prima, corresponde a un valor
adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en la
remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún

14

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos
del trabajador. En dicha sentencia, se determinaron los siguientes parámetros
de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría,
entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había
sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

34. Así mismo, la mencionada sentencia, precisó que, dicha prima solo tiene

carácter salarial, para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional,
pero no constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones
sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996; de igual
manera, la Sala de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción

15

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

de las acreencias derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes
términos16:

«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3)
años atrás, nunca más atrás».

35. En igual sentido, precisó que17:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en
el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por
uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada
disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»

36. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)18,

el Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de
servicio, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción
debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de interposición de la
reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968,
es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

37. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los

aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el
derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior19

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de
marzo de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19
de febrero del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya
De Castellanos (Conjuez).
19
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
que establezca la Ley.

16

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario,
igualdad, progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del
sistema de seguridad social en pensiones.

38. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del

tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de
la seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.

39. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3)

años desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual
lapso, con la reclamación administrativa. En relación con la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado precisó
que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación,
tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del
Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes
pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al
derecho fundamental a la seguridad social y a los principios de
irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no convalida su
incumplimiento20.

40. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se

procede a decidir el presente caso.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

17

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

2.4 Hechos probados

41. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

41.1. Solicitud radicada el seis (6) de noviembre de dos mil quince

(2015), en la que, el señor Luis Mario Ospina Rincón pidió a la
entidad demandada, el reconocimiento, liquidación y pago de la
prima especial de servicios, equivalente al treinta por ciento (30%),
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como la
reliquidación de sus prestaciones sociales21.

41.2. Resolución DESAJMZR15-1456 del diecisiete (17) de
noviembre de dos mil quince (2015)22, en virtud del cual, se negó
la petición relacionada anteriormente.

41.3. Recurso de reposición y en subsidio apelación, del cuatro (4)

de diciembre de dos mil quince (2015)23, contra la anterior decisión.

41.4. Resolución DESAJMZR15-1607 del dieciséis (16) de diciembre

de dos mil quince (2015)24, por medio de la cual, se resolvió de
manera desfavorable el recurso de reposición y se concedió el de
apelación.

41.5. Certificación de tiempo de servicios y de valores devengados

por el demandante, del doce (12) de noviembre de dos mil quince

21
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), páginas 22 a 29.
22
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), páginas 30 a 32.
23
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), páginas 33 a 41.
24
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), páginas 42 a 44.

18

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

(2015),25 emitida por la jefe de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, con
los siguientes tiempos:

41.6. El doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016), el demandante

presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual, fue declarada
fallida el diez (10) de mayo del mismo año, por parte de la
Procuraduría 29 Judicial II para asuntos administrativos, quien
expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo26.

41.7. Resolución No. 3351 del diez (10) de marzo de dos mil
diecisiete (2017)27, la cual resolvió el recurso de apelación y
confirmó la negativa de la entidad.

2.5 Caso concreto

25
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), páginas 47 a 66
26
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS1(.PDF), página 1.
27
Índice 0002, documento: ED_20160379PAGINAS10(.PDF), páginas 14 a 35.

19

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

42. En primer término, la Sala analizará, el argumento formulado por la parte

demandante, consistente en que, el Tribunal omitió pronunciarse sobre la
reliquidación de las prestaciones sociales, liquidadas sobre el setenta por
ciento (70%) del salario básico, pese a haber concluido que, el treinta por
ciento (30%) de este fue descontado para reconocer la prima especial de
servicios. En consecuencia, solicitó adicionar la sentencia para ordenar la
reliquidación de dichas prestaciones, con fundamento en el cien por ciento
(100%) del salario básico.

43. En este punto, la Sala recuerda que, conforme se desprende de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios
fue creada como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la
asignación básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de
1996, dispuso que aquella sería factor salarial, solo para el pago de
aportes pensionales; en virtud de ello, la citada prima no puede servir de base
en la liquidación de prestaciones; no obstante, tales prestaciones sociales
deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin
sumarle ni restarle el 30% de la prima especial de servicios.

44. En el caso concreto, aunque el Tribunal negó la reliquidación de las

prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios, dicha
decisión debe entenderse conforme a que la prima especial no constituye
factor salarial. No obstante, le asiste razón a la parte demandante, en cuanto
la sentencia no precisó que, las prestaciones sociales debían reliquidarse
sobre el cien por ciento (100%) de la asignación básica, sin descontar el treinta
por ciento (30%) que había sido excluido a título de prima especial de servicios,
cuya reliquidación fue solicitada tanto en sede administrativa como judicial. En
consecuencia, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia apelada
para adicionar esa precisión.

20

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

45. Ahora bien, corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos
formulados por la entidad demandada. En primer lugar, analizará la
inconformidad, consistente en que la potestad para fijar los derechos salariales
y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en
el Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, de manera que, solo
dicha autoridad, con fundamento en la Constitución Política y la ley, está
facultada para determinar las asignaciones salariales y prestacionales de los
empleados públicos.

46. En ese sentido, esta Sala28 ha reiterado que, la atribución conferida al

Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, «no elimina el deber de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de verificar que
dichos actos se ajusten a la Constitución y a la ley; como tampoco la facultad de inaplicar o
anular aquellos que resulten contrarios al ordenamiento Superior, tal como lo dispone el artículo
4 de la Carta, y lo ha reiterado el Consejo de Estado».

47. En este contexto, la orden judicial de reconocer y pagar al demandante, la

diferencia correspondiente a la prima especial de servicios, equivalente al
treinta por ciento (30 %) del sueldo básico, emanada por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Caldas, se circunscribe al marco definido por la
jurisprudencia, no constituye extralimitación de competencias, ni la creación
de un régimen salarial distinto, sino el restablecimiento del derecho, que le
asiste al actor, aun cuando la entidad hubiere dado aplicación a los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional, por lo que, para la Sala, el reparo
formulado no tiene vocación de prosperidad.

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 29 de
enero de 2026, radicado 25000234200020130094902 (0360-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

21

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

48. Por otra parte, con relación a la alegada imposibilidad presupuestal para

dar cumplimiento al reajuste salarial y prestacional reconocido por el Tribunal
la Sala precisa que, tal reparo no tiene vocación de prosperidad. Lo anterior,
toda vez que, la falta de recursos no justifica el desconocimiento de derechos
salariales y prestacionales que integran el derecho fundamental al trabajo y al
mínimo vital, los cuales deben ser garantizados por el Estado.

49. De tiempo atrás, la Corte Constitucional ha sostenido29 que, la situación

económica del empleador no constituye justificación válida para incumplir el
deber legal y constitucional de retribuir adecuada y oportunamente el trabajo
prestado por sus trabajadores. En igual sentido, ha reiterado que, el desorden
administrativo, las falencias presupuestales o las dificultades económicas, no
exoneran al empleador público del cumplimiento de sus obligaciones
laborales30.

50. En esta línea, frente a este argumento, la Subsección ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse, indicando que, la imposibilidad presupuestal no
puede conllevar a la negativa del derecho salarial, puesto que, la entidad
demandada tiene el deber de gestionar los recursos necesarios para cumplir la
obligación impuesta en la ley31.

51. De otra parte, la Sala abordará el argumento según el cual, la reliquidación

de las prestaciones y de la prima especial de servicios, prevista en el artículo

29
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión; sentencia T- 140 de 28 de febrero de 2002; magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencias del 20 de
noviembre de 2025, radicados 25000-23-42-000-2017-01433-02 (6316-2022); 23001233300020200043902 (2616-
2025) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
31
C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025), radicación:76001-23-
33-004-2016-01696-02 (3631-2024) C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (24) de julio
de dos mil veinticinco (2025), radicado 05001233300020140153802 (4365-2024).

22

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

14 de la Ley 4ª de 1992, está sometida a la prescripción trienal del artículo 41
del Decreto 3135 de 1968, y que, la exigibilidad del derecho, a su juicio,
corresponde a la fecha de vinculación al cargo de juez, por lo que, solo procede
el reconocimiento de las acreencias causadas durante los tres (3) años
anteriores a la reclamación administrativa.

52. Al respecto, la Sala precisa que, la prescripción es un fenómeno jurídico en

virtud del cual, quien a pesar de ser titular de un derecho, lo pierde por su
inactividad para reclamarlo dentro del término legal, debiéndose verificar en
estos casos que, la demanda y/o reclamación se haya interpuesto dentro de los
términos legales. En estos asuntos, el legislador estableció un plazo para
reclamar los derechos laborales, so pena que se configurara dicho fenómeno,
esto es, el término trienal consagrado en el artículo 4132 del Decreto Ley 3135
de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

53. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en

sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), reafirmó la aplicación del fenómeno prescriptivo en materia
laboral, precisando que, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, el
hecho constitutivo del derecho a la prima especial de servicios, se hizo exigible
desde la entrada en vigor del decreto reglamentario de la Ley 4ª de 1992
(Decreto 57 de 1993),33 esto es, a partir del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993)34.

32
Decreto 3135 de 1968. Art. 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de
agosto de 2026, radicado 17001-23-33-000-2017-00898-02 (3946-2022), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
34
La fecha referida se toma en cuenta, dado que, el Decreto 57 de 1993 fue publicado en el Diario Oficial. Año
CXXVIII. N. 40711 el 7 de enero de 1993.

23

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

54. La Sala resalta que, en estos eventos, el término prescriptivo debe contarse

retroactivamente desde la fecha en que se presentó la reclamación
administrativa, conforme justamente lo disponen los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969, y según lo establecido en la quinta regla de la sentencia de la
Sala de Conjueces de esta Corporación SUJ-016-CE-S2-2019; teniendo en
cuenta que, en ella se aclaró la manera en que debe aplicarse la figura de la
prescripción, siendo un precedente vinculante y vigente para el momento en
que se resuelve la litis, en los siguientes términos:

«Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más
atrás».

55. Conforme a lo probado, el señor Luis Mario Ospina Rincón, se desempeñó

en la Rama Judicial como juez de la República, desde el treinta (30) de agosto
de dos mil diez (2010); elevó la correspondiente reclamación administrativa el
seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), y radicó la demanda el nueve
(9) de junio de dos mil dieciséis (2016), razón por la cual, es dable concluir
que, se configuró la prescripción sobre el reajuste deprecado que se causó
con anterioridad al seis (6) de noviembre de dos mil doce (2012), tal como lo
concluyó el A quo.

56. Asimismo, considera la Sala que, el A-quo omitió pronunciarse sobre los

aportes pensionales, los cuales se erigen como un derecho irrenunciable e
imprescriptible. Por tanto, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia
de primer grado, con el fin de precisar que, el fenómeno prescriptivo no opera
respecto de los aportes a pensión. En ese sentido, se modificará el ordinal
tercero, para ordenar el reajuste de los citados aportes pensionales, teniendo
en cuenta el incremento del 30% por prima especial de servicios sobre la

24

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

asignación básica que aquí se ordena.

57. En virtud de lo anterior, la entidad demandada debe reliquidar los aportes

pensionales del actor, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica más
el 30% de la prima especial de servicios, de conformidad con la Ley 332 de
1996, si no lo ha hecho, desde el treinta (30) de agosto al cuatro (4) de
septiembre de dos mil diez (2010); desde el primero (1º) de junio al veinticuatro
(24) de junio de dos mil once (2011); desde el veintiséis (26) de agosto de dos
mil once (2011) al treinta (30) de junio de dos mil doce (2012); desde el dieciséis
(16) de julio al ocho (8) de agosto siguiente, desde el ocho (8) de abril al
veintinueve (29) de septiembre de dos mil trece (2013), desde el veintiocho (28)
de octubre al dieciocho (18) de noviembre siguiente, desde el veinte (20) de
noviembre de dos mil trece (2013) y hasta la fecha en que el demandante ocupe
un cargo que dé lugar al pago de la prima especial de servicios, sin prescripción
trienal, en atención al carácter especial de los citados aportes.

58. Sumado a lo anterior, se precisará que, para el cumplimiento de esta

sentencia, la entidad deberá verificar que no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos, así como, los
pagos que posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del
Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, sin que, en
ningún caso, puedan superarse los topes salariales fijados por el Gobierno
Nacional.

59. Finalmente, frente a la solicitud de revocar la condena por gastos procesales

formulada por la entidad demandada, la Sala advierte que, con posterioridad a
la interposición de los recursos de apelación, la parte demandante renunció
expresamente a las costas del proceso, con fundamento en el numeral 9 del
artículo 365 del Código General del Proceso. Esta circunstancia también resulta

25

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

relevante frente al recurso de apelación formulado por la parte demandante,
mediante el cual, solicitó revocar la decisión que negó la condena en agencias
en derecho, pues, dicha renuncia impide acceder a su reconocimiento.
Adicionalmente, el criterio mayoritario de esta Subsección ha sostenido que, la
imposición de costas exige verificar la conducta procesal asumida por la parte
vencida, con el fin de establecer si actuó con temeridad o mala fe35.

60. En el caso concreto, al efectuar el análisis de la conducta procesal de las

partes, la Sala no evidencia que la entidad demandada hubiera actuado con
temeridad o mala fe, ni que hubiese desplegado actuaciones dilatorias dirigidas
a entorpecer el normal desarrollo del proceso. En consecuencia, y teniendo en
cuenta además, la renuncia expresa a las costas presentada por la parte
demandante, se revocará el ordinal quinto de la sentencia apelada.

2.6 Condena en costas

61. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, para imponer condena en costas en esta instancia.

2.7 Conclusiones

62. La Sala modificará los ordinales segundo y tercero y, aunado a ello,
revocará el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, para: (i)
precisar que la excepción de prescripción, no opera respecto a los aportes al
sistema de pensiones; (ii) ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales;

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 10 de
julio de 2025, radicado 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

26

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

(iii) disponer expresamente el reajuste de los aportes al sistema general de
pensiones, respecto de los cuales, no opera el fenómeno de la prescripción;
(iv) puntualizar que, el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la
parte demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos, sin que
puedan superarse los topes salariales fijados por el Gobierno Nacional, y en
atención a la aplicación del Decreto 272 de 2021; y (v) revocará la condena en
costas de la sentencia de primera instancia. En lo demás, la providencia
apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del veintinueve
(29) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

SEGUNDO: Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de
causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido,
cosa juzgada constitucional y; PROBADA la prescripción trienal laboral
frente al periodo reclamado con ocasión de la ocupación del cargo de Juez de la
República, propuestas por la accionada, salvo los aportes a pensión, en atención
al carácter especial de los citados aportes, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del veintinueve
(29) de octubre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las

27

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

TERCERO: CONDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el
reconocimiento y pago a favor del demandante del valor no pagado, por concepto
de prima especial de servicios equivalente al 30% del total del sueldo básico,
devengado por él, desde el día 6 de noviembre de 2012, por prescripción trienal,
durante los períodos en que haya desempeñado un cargo que dé lugar al
reconocimiento de dicha prima. De igual manera la diferencia que resulte de la
reliquidación de sus prestaciones sociales liquidadas sobre el 100% del salario
sin sumarle ni restarle el 30% de la citada prima especial de servicios,
correspondientes al mismo período objeto del reconocimiento de las diferencias
salariales.

Finalmente, la diferencia que resulte de la reliquidación de los aportes a pensión
desde el 30 de agosto al 4 de septiembre de 2010; desde el 1º de junio al 24 de
junio de 2011; desde el 26 de agosto de 2011 al 30 de junio de 2012; desde el 16
de julio al 8 de agosto siguiente, desde el 8 de abril al 29 de septiembre de 2013,
desde el 28 de octubre al 18 de noviembre siguiente, desde el 20 de noviembre
de 2013 y hasta la fecha en que el demandante ocupe un cargo que dé lugar al
pago de la prima especial, sin prescripción trienal, en atención al carácter
especial de los citados aportes, teniendo en cuenta el 100% de la asignación
básica más el 30% de la prima especial de servicios.

Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar que no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos, así como los pagos que posiblemente haya realizado con ocasión
de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de
servicios; sin que, en ningún caso, puedan superarse los topes salariales fijados
por el Gobierno Nacional.

TERCERO. REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia del veintinueve (29) de
octubre de dos mil veinte (2020), proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Caldas, que condenó en costas a la demandada,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintinueve (29)
de octubre de dos mil veinte (2020), por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Caldas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

QUINTO. Sin condena en costas en ambas instancias.

28

Número Interno: 0940-2022
Demandante: Luis Mario Ospina Rincón
Demandados: Nación – Rama Judicial

SEXTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.