Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00949-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00949-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00949-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 25000234200020130094902 (0360-2020)1
Demandante : Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Bonificación por compensación (Decreto 610 de
Tema :
1998)
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala, decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Treinta (31) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Demanda2
1.1.1 Pretensiones
El señor Hugo Rodríguez Mantilla, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de
solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SG No. 4164
del Cinco (5) de Octubre de Dos Mil Doce (2012), por medio del cual se negó
la reliquidación y pago de la diferencia de la bonificación por compensación,
conforme el Decreto 610 de 1998.
1
Expediente híbrido.
2
Folios 15 a 26 del expediente físico.
2
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó ordenar a la Nación – Procuraduría General de la Nación, i) el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial resultante de la bonificación por
compensación en un porcentaje del 80% de la suma que resulte por la
nivelación de la prima especial de servicios de los magistrados de las actas
cortes, a partir del Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve (2009) y hacia
futuro; ii) el pago de las diferencias que por concepto de salarios y prestaciones
sociales resulten a su favor como consecuencia de la aplicación del Decreto
610 de 1998; y iii) se condene al pago de intereses moratorios y costas.
1.1.2 Hechos
El señor Hugo Rodríguez Mantilla, ingresó a la Procuraduría General de la
Nación, el Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve (2009), en calidad de
procurador judicial II, cargo que, al momento de presentación de la demanda,
seguía desempeñando.
El Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Doce (2012), por intermedio de su
apoderada judicial, solicitó de la entidad demandada, «reconocer y ordenar pagar
[…] a partir […] [del] 1° de octubre de 2009 y hacia futuro […] la diferencia salarial que resulte
de la bonificación por compensación en un porcentaje del ochenta por ciento (80%) de la suma
que resulte por la nivelación de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas
Cortes. Así mismo, a reliquidar las prestaciones sociales sobre los cuales tienen incidencia los
mencionados pagos, como consecuencia del reconocimiento de tales diferencias […]».
Por Oficio SG No. 4164 del Cinco (5) de Octubre de Dos Mil Doce (2012),
notificado el Diecisiete (17) de los mismos mes y año, la secretaria general de
la Procuraduría General de la Nación negó la reclamación administrativa.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:
Constitucionales: Artículos 13, 25, 53 y 280 de la Constitución Nacional.
3
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Legales: Leyes 270 de 1996 (artículo 152 numeral 7); Ley 4 de 1992 (artículos
2 literal a, 4 y 15; Decreto 4040 de 2004 (artículos 1 y 2).
Adujo que, el artículo 280 de la Constitución Política de Colombia dispone lo
siguiente: «[…] los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría,
remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante
quienes ejerzan el cargo», por lo que, claramente, con la negativa del
reconocimiento solicitado la entidad está transgrediendo los preceptos
constitucionales y legales aplicables a la materia.
En ese sentido, transcribió los artículos 2, 4 y 15 de la Ley 4 de 1992,
concluyendo que, de conformidad con esas disposiciones, y atendiendo a que
el Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por esta Corporación, es evidente
la procedencia del reconocimiento de la bonificación por compensación por un
valor equivalente del 80% de lo devengado por los magistrados de las Altas
Cortes, tal como lo indica el Decreto 1102 de 2012; además, sobre esa
diferencia salarial debe reconocerse también la suma que resulte por la
nivelación de la prima especial de servicios.
1.2. Contestación de la demanda3
La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderada judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda, asegurando que el acto acusado fue
expedido conforme a las normas aplicables a la materia, ello, teniendo en
cuenta que la entidad no ostenta la facultad legal o constitucional para definir
el régimen salarial de los funcionarios vinculados a su planta de personal.
Agregó que, la bonificación por compensación y la prima especial de servicios
establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, no constituyen factor salarial
para efectos de reliquidar prestaciones distintas a los aportes a seguridad social
en pensiones, por lo que, las pretensiones objeto del medio de control no están
llamadas a prosperar.
3
Folios 60 a 67 del expediente físico.
4
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Finalmente, se abstuvo de presentar excepciones.
1.3 Sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, mediante sentencia del Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil
Diecinueve (2019), accedió a las pretensiones.
En tal sentido, declaró la nulidad del Oficio SG No. 4164 del Cinco (5) de
Octubre de Dos Mil Doce (2012), por medio del cual la Secretaría General de
la Procuraduría General de la Nación, negó el reconocimiento de los derechos
laborales reclamados por el actor. Como consecuencia de ello y, a título de
restablecimiento del derecho, dispuso que, la entidad demandada debía
reconocer y pagar al señor Hugo Rodríguez Mantilla, en su condición de
procurador judicial II, «desde el 1° de octubre de 2009 y hasta que el día en que funja o
fungió en el citado cargo», la diferencia salarial que resulte de la bonificación por
compensación, en un porcentaje del 80%, con inclusión de la prima especial
creada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
Además, determinó que «al haberse decantado así mismo por la jurisprudencia del
Consejo de Estado que las cesantías de los Congresistas forman parte de la Prima Especial
de los referidos Magistrados de las Altas Cortes, este rubro debe sumarse a la liquidación de
la referida bonificación por compensación, teniendo en cuenta para la liquidación ésta, los
porcentajes relacionados en el artículo 1° del Decreto 10 de 1993, esto es, el equivalente al
80% de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por
los Congresistas, que son: asignación básica, gastos de representación, prima de servicios,
prima de navidad y auxilio de cesantías, conceptos que deben liquidar durante el periodo en
que fungió como Procurador Judicial II, con los correspondiente ajustes, de lo cual se
descontará lo que se hubiese cancelado a la actora por concepto del Decreto 4040 de 2004.
Precisándose que “la prima especial de servicios – de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992 – debe ser computada dentro de la totalidad de los ingresos de los magistrados de Alta
Corte, de manera que ella no constituye un ítem adicional al 80% de la bonificación por
compensación. Dicho, en otros términos, el 80% es un porcentaje de una suma que ya incluye
la prima especial de servicios”, siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados
en esta sentencia. Haciéndose la salvedad que deben ser descontados a la demandante lo que
4
Folios 125 a 136 del expediente físico.
5
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
ya hubiese recibido por pago por concepto de bonificación por compensación.» [Sic en toda la
cita].
Como sustento de su decisión, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, acreditó la vinculación del señor Hugo Rodríguez Mantilla a la
Procuraduría General de la Nación, en calidad de procurador 55 Judicial II
Penal de Bogotá, código 3 PJ, grado EC, con funciones en el Grupo de
Aforados, desde el Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve (2009), al Nueve
(9) de Mayo de Dos Mil Diez (2010), y como procurador 141 Judicial II para
Asuntos del Trabajo, Código 3PJ, Grado EC, desde el Diez (10) de Mayo de
Dos Mil Diez (2010), el cual, al momento de presentar la demanda se
encontraba vigente.
Concluyó que, dada la condición de procurador del actor «tiene derecho a la
reliquidación y pago de la bonificación por compensación, incluyéndose el derecho adquirido a
recibir las diferencias adeudadas, con inclusión de la Prima Especial creada por el artículo 15
de la Ley 4 de 1992 […]».
En efecto, consideró que, como mediante sentencia del Catorce (14) de
Diciembre de Dos Mil Once (2011), la Sala de Conjueces de esta Corporación,
declaró nulo el Decreto 4040 de 2004, «vuelve a nacer idénticamente a la vida jurídica
el Decreto 610 de 1998. Siendo así, la “Bonificación por Compensación”, contenida [en esa
disposición normativa] se considera como un derecho vigente, adquirido y cierto para el actor
[…]».
Por último, estableció que, las diferencias porcentuales reconocidas, debían ser
indexadas aplicando la fórmula adoptada por esta jurisdicción.
1.4 Recurso de apelación5
La parte demandada, presentó recurso de apelación, contra de la sentencia de
primera instancia, recalcando la falta de competencia de la Procuraduría
General de la Nación, para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos; la cual corresponde al Gobierno Nacional, en cabeza del
5
Folios 140 a 142 del expediente físico.
6
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y al
director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Afirmó que, el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, es reproducido en los decretos
anuales que fijan el régimen prestacional y salarial de los servidores de la
Procuraduría General de la Nación, por lo que, resulta imposible para cualquier
otra autoridad administrativa, efectuar reconocimientos laborales distintos o con
montos diferentes a los establecidos por los competentes o cambiar los
emolumentos reconocidos en la ley, que tiene el carácter de orden público.
1.5 Trámite del recurso
1.5.1 Por medio de auto del Veinticinco (25) de Octubre de Dos Mil Veintiuno
(2021)6, el conjuez ponente John Jairo Morales Alzate, admitió el recurso de
apelación presentado por la entidad demandada, conforme a lo previsto en el
artículo 247 del CPACA.
1.5.2 Luego, mediante auto del Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Veintidós
(2022)7, el mismo conjuez, ordenó correr traslado a las partes, por el término
común de diez días, para presentar sus alegatos de conclusión, así como al
Ministerio Público a fin de emitir concepto.
1.5.2.1 La Nación – Procuraduría General de la Nación8, presentó escrito de
alegatos de conclusión en tiempo, oportunidad en la que reiteró los
fundamentos del recurso de apelación, principalmente la falta de competencia
para fijar salarios de los servidores públicos; además, insistió en que, en los
términos del Decreto 610 de 1998, la bonificación por compensación, no tiene
efectos para reliquidar prestaciones distintas a los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones.
1.5.2.2 El demandante9, a través de su apoderada judicial, reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y, advirtió que, la decisión adoptada por
6
Folio 168 del expediente físico.
7
Folio 180 del expediente físico.
8
Expediente digital, índice 00036.
9
Expediente digital, índice 00037.
7
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se profirió en aplicación a las
normas legales y a los presupuestos fijados por esta Corporación en las
sentencias de unificación que rigen la materia.
1.5.3 Finalmente, luego de la renuncia del conjuez que admitió el recurso, y los
impedimentos que se presentaron por sus sucesores, esta Subsección,
mediante auto del Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025)10,
declaró fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Juan
Enrique Bedoya Escobar, para conocer del medio de control de la referencia,
toda vez que, «[…] la apoderada judicial de la parte demandante en el proceso de la
referencia es [su] cónyuge, por lo que [le] asiste un interés indirecto, cierto y actual en las
resultas del presente proceso»; y, en consecuencia, fue separado del conocimiento
del proceso.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 11, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, debe
determinarse, si la falta de competencia de la Procuraduría General de la
Nación, para fijar el régimen salarial y prestacional, impide la reliquidación de
10 Expediente digital, índice 00065.
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
8
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
la bonificación por compensación del demandante, en los términos dispuestos
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, en la sentencia de primera instancia.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial - Bonificación por
compensación, 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso concreto y 2.5. Condena en
costas.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación
El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 199812, a través del cual, se
creó la bonificación por compensación a favor de los magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional
y Superior Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados
auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito13.
La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensualmente a partir del Primero (1) de Enero de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), la cual, tendría carácter salarial solo para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios
de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se dispuso que aquella,
sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales
actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de
los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
12
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
13
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
9
Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó que, el citado porcentaje
tendría un incremento gradual, así para el año 2000, correspondería al setenta
por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos sería del ochenta por ciento
(80%).
El referido Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668 de
1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que
regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y
otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de 1999,
derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado por el
Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a su vez derogado por el Decreto
2726 del 17 de diciembre de 2001, este derogado por el Decreto 663 del 10 de
abril de 2002, este derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003,
el cual a su vez, se derogó por el Decreto 4040 de 2004.
El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en acción de nulidad ante el Consejo
de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre
de 2001, expediente Nº 395-99, con efectos “ex tunc”. Ante ello, el Decreto 610
de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las normas posteriores al
acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el
Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron con posterioridad y que regularon
la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales, partiendo
de la base que el Decreto 610 de 1998, había desaparecido del orden jurídico.
Luego, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica, y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
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Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:
a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del
Código de Procedimiento Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.
Quienes deberían, antes del Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Cuatro
(2004), por escrito, manifestar dicha intención ante la entidad empleadora.
Luego, el Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14
de diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01,
ejecutoriada el 27 de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces
precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes
vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80%
de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
En este orden de ideas, se estableció que, el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de los
derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus
beneficiarios.
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Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 18 de mayo de 201614 concluyó que, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción; precisando
que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a
partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir,
a partir del 28 de enero de 2012 (día siguiente a la ejecutoria del referido fallo).
Luego, la misma corporación, también a través de decisión proferida por la Sala
de Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre de 201915, estableció sobre
el fenómeno jurídico de la prescripción, esta vez para los casos de las
reclamaciones de la bonificación por compensación causadas entre el 5 de
septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, indicando que durante este
tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, aquí si operó el fenómeno de la
prescripción conforme las disposiciones de los decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969; salvo que se demuestre en el expediente que, antes del 3 de
diciembre de 2004, había interrumpido la prescripción conforme a la ley.
Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 «[p]or la cual se modifica la
bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios», el cual,
en su artículo 1, dispuso:
«ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por
Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los
Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y
Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas
Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la
Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de
Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la
Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del
Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-
23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS.
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Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que
por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye
factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General
de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003.»
Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, se procede a decidir el presente caso.
2.3. Hechos probados
De las pruebas allegadas al plenario, se tiene por acreditado que:
El señor Hugo Rodríguez Mantilla, se vinculó a la Procuraduría Judicial de la
Nación, desde el Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve (2009)16,
inicialmente en el cargo de procurador 55 Judicial II Penal de Bogotá, Código
3PJ, Grado EC, con funciones en el grupo de Aforados, hasta el Nueve (9) de
Mayo de Dos Mil Diez (2010); y, posteriormente, en calidad de procurador 141
Judicial II para Asuntos del Trabajo, Código 3PJ, Grado EC, del Diez (10) de
Mayo de Dos Mil Diez (2010), «a la fecha»17.
El Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Doce (2012)18, el demandante,
solicitó ante la Procuraduría General de la Nación, el reconocimiento y pago de
la bonificación por compensación y la reliquidación de la remuneración
percibida.
La petición, fue resuelta en forma desfavorable, a través del Oficio SG No. 4164
del Cinco (5) de Octubre de Dos Mil Doce (2012), suscrito por la secretaria
general de la Procuraduría General de la Nación19. Tal decisión, se notificó
personalmente a la apoderada del actor, el Diecisiete (17) de los referidos mes
y año20.
16
Folio 69 del expediente físico.
17
Entiéndase a la fecha de expedición de la certificación, esto es, 5 de agosto de 2014.
18
Folios 6 a 10 del expediente físico.
19
Folios 4 a 5 del expediente físico.
20
Folio 3 del expediente físico.
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Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Durante su vinculación laboral, el señor Hugo Rodríguez Mantilla, ha percibido
los siguientes salarios y prestaciones21:
2.4. Caso concreto
De acuerdo con el problema jurídico formulado, la Sala procederá a resolver la
inconformidad presentada por la entidad apelante en contra de la sentencia del
Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
A efectos de resolver el planteamiento, lo primero que debe señalar la Sala, es
que, en el sublite no existe discusión respecto de la vinculación del señor Hugo
Rodríguez Mantilla, a la Procuraduría General de la Nación, en calidad de
Procurador Judicial II, desde el Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve
(2009); como tampoco frente al derecho que le asiste a percibir la bonificación
por compensación.
La disyuntiva con el fallo de primera instancia, radica en la imposibilidad de la
demandada en fijar el régimen salarial y prestacional del personal de la
Procuraduría General de la Nación, lo que impide la reliquidación de la
bonificación por compensación, en los términos dispuestos por la primera
21
Folio 11 del expediente físico. Vale la pena precisar que, el certificado que da cuenta de esta información, fue
expedido por el jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, el 26 de septiembre
de 2012.
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Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
instancia, toda vez que, debe ceñirse a los montos expresamente definidos por
el ejecutivo.
En el presente asunto, la discusión no radica en la creación de un nuevo
emolumento ni en la fijación de un beneficio no previsto por el legislador o el
Gobierno, sino en la correcta liquidación de la bonificación por compensación
dispuesta en el Decreto 610 de 1998; la cual es la normativa vigente para el
periodo reconocido, es decir, desde el Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve
(2009), «y hasta el día en que funja o fungió» en el cargo de Procurador Judicial II,
teniendo como base la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
Así, la competencia otorgada al Gobierno para la fijación del régimen salarial y
prestacional, alegada por la Procuraduría General de la Nación, no elimina el
deber de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de verificar que dichos
actos se ajusten a la Constitución y a la ley; como tampoco la facultad de
inaplicar o anular aquellos que resulten contrarios al ordenamiento Superior, tal
como lo dispone el artículo 4 de la Carta, y lo ha reiterado el Consejo de Estado.
En consecuencia, la orden judicial de reliquidar la bonificación por
compensación en favor del demandante, emanada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, se
circunscribe al marco definido por la jurisprudencia, no constituye
extralimitación de competencias, ni creación de un régimen salarial distinto,
sino el restablecimiento del derecho frente a la negativa de la entidad de
reconocer y pagar la diferencia a que tiene derecho el actor.
Vistas, así las cosas, para la Sala es claro que, el cargo formulado no tiene
vocación de prosperidad.
Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que, la bonificación por
compensación es base para la liquidación de aportes pensionales, razón por la
cual, no obstante este aspecto no fue parte de los reproches al fallo, esta
instancia debe pronunciarse dada la característica de irrenunciables e
imprescriptibles de aquellos.
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Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
En este orden, dada la calidad de apelante único de la entidad demandada, en
virtud de la non reformatio in pejus, aunque en primera instancia no se valoró
el fenómeno jurídico de la prescripción, es factible en esta instancia
pronunciarse sobre la contabilización de aquel. Así las cosas, sin perjuicio de
lo dispuesto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia del 18 de mayo de 201622, se evidencia que, entre el
Primero (1) de Octubre de Dos Mil Nueve (2009), fecha de ingreso del
demandante a la Procuraduría General de la Nación, en calidad de Procurador
Judicial II y, el Veintiséis (26) de Septiembre de Dos Mil Doce (2012), cuando
elevó la reclamación administrativa en procura de obtener el ajuste de la
bonificación por compensación, no transcurrieron los tres años dispuestos para
efectos prescriptivos, por lo que, en el asunto de la referencia no se configuró
tal fenómeno.
En igual sentido, debe indicarse que, en la sentencia objeto de apelación nada
se dijo respecto a los aportes pensionales; a pesar de dicha omisión, y se
insiste, de la condición de apelante único de la entidad, teniendo en cuenta que
estos hacen parte del derecho a la pensión, el cual es imprescriptible e
irrenunciable, la Sala ordenará la reliquidación de aquellos, desde el momento
en que el demandante se vinculó al cargo de Procurador Judicial II y, hasta que
la demandada haya dado cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1102
de 2012.
En ese orden de ideas, se adicionará un inciso al ordinal tercero de la sentencia
de primera instancia, para ordenar a la Nación - Procuraduría General, que
reliquide los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones del
demandante, teniendo en cuenta que, la bonificación por compensación
constituye factor salarial para aquellos; lo anterior, desde el momento en que
aquel empezó a prestar el servicio como procurador judicial II y, en
consecuencia, era beneficiario de dicha bonificación en el porcentaje
establecido en el Decreto 610 de 1998; lo anterior, hasta que el señor
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
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Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
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Rodríguez Mantilla haya desempeñado el cargo, o se haya dado cumplimiento
a lo consagrado en el Decreto 1102 de 2012.
Así mismo, se debe adicionar la sentencia, para reiterar que, en ningún evento,
el pago de la bonificación por compensación puede superar los topes legales.
Finalmente, la Sala reconocerá personería al profesional del derecho a quien
la Nación – Procuraduría General, otorgó poder23 para representar sus
intereses.
De manera respetuosa se advierte que lo relativo a los topes se advirtió en el
párrafo anterior, y lo que corresponde a los pagos dobles, ya había sido
advertido por el A-quo.
2.5 Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Treinta y Uno (31)
de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria.
SEGUNDO: ADICIONAR un inciso al ordinal TERCERO de la sentencia del
Treinta y Uno (31) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el
23
Expediente digital de Samai, índice 00068.
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Interno: 0360-2020
Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el cual, quedará así:
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL a
reconocer y pagar al demandante Hugo Rodríguez Mantilla, en su condición de
Procurador Judicial II, desde el 1° de octubre de 2009 y hasta el día que haya
desempeñado el cargo, o se haya dado cumplimiento a lo consagrado en el
Decreto 1102 de 2012, a que se le reconozca y pague la diferencia salarial que
resulte de la Bonificación por Compensación, en un porcentaje del 80%, con
inclusión de la Prima Especial creada por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y,
de otra parte, al haberse decantado así mismo por la jurisprudencia del Consejo
de Estado que las cesantías de los Congresistas forman parte de la Prima
Especial de los referidos Magistrados de las Altas Cortes, este rubro debe
sumarse a la liquidación de la referida bonificación por compensación, teniendo
en cuenta para la liquidación es ésta, los porcentajes relacionados en el artículo
1° del Decreto 10 de 1993, esto es, el equivalente al 80% de todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
Congresistas, que son: asignación básica, gastos de representación, prima de
servicios, prima de navidad y auxilio de cesantías, conceptos que deben liquidar
durante el periodo en que fungió como Procurador Judicial II, con los
correspondiente ajustes, de lo cual se descontará lo que se hubiese cancelado
al actor por concepto del Decreto 4040 de 2004. Precisándose que “la prima
especial de servicios – de que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 – debe
ser computada dentro de la totalidad de los ingresos de los magistrados de Alta
Corte, de manera que ella no constituye un ítem adicional al 80% de la
bonificación por compensación. Dicho, en otros términos, el 80% es un
porcentaje de una suma que ya incluye la prima especial de servicios”,
siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en esta sentencia.
Haciéndose la salvedad que deben ser descontados a la demandante lo que ya
hubiese recibido por pago por concepto de bonificación por compensación.
Igualmente, CONDENAR a la demandada a reliquidar y pagar a favor del señor
Hugo Rodríguez Mantilla, las cotizaciones o aportes hechos al sistema general
de seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta el reajuste salarial y
prestacional aquí ordenado, desde el 1° de octubre de 2009 y hasta el día haya
desempeñado el cargo de procurador judicial II, o se haya dado cumplimiento a
lo consagrado en el Decreto 1102 de 2012, sin superar los topes establecidos
por el Gobierno Nacional.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: RECONOCER personería jurídica para actuar, al abogado Luís
Fernando Pinzón Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía 79.399.935
y, portador de la tarjeta profesional 72.169 del Consejo Superior de la
Judicatura, en representación de los intereses de la Nación – Procuraduría
General de la Nación, conforme a los términos del poder otorgado por la jefe
de la Oficina Jurídica de la entidad.
QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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Demandante: Hugo Rodríguez Mantilla
Demandada: Nación- Procuraduría General de la Nación
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con impedimento Con Aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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