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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04160-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-04160-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 19 Número Interno: 1580-2020 Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego Demandados: Nación – Rama Judicial PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: SEGUNDO.- Declarar infundada la excepción de “Falta de Integración del Litisconsorcio Necesario” por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia. Declarar probada la excepción de prescripción, respecto de las acreencias derivadas de la bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de 1998, reclamadas por el señor Camilo Humberto Tarquino Gallego, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 30 de junio de 2004, salvo los aportes al Sistema General de Pensiones. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: TERCERO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 5176 de 3 de diciembre de 2014, emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio del cual se le negó al demandante el reconocimiento y pago de los derechos laborales reclamados, por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia. Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reliquidar y pagar a favor del señor Camilo Humberto Tarquino Gallego, las cotizaciones o aportes efectuados al sistema general de seguridad social en pensiones, durante los periodos comprendidos entre el 1º de enero de 2001 y el 30 de junio de 2004, sin aplicar el fenómeno de la prescripción. Se precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado previamente pagos o cotizaciones […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-04160-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2015-04160-02 (1580-2020)1
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. El señor Camilo Humberto Tarquino Gallego, por intermedio de apoderado

judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en
lo sucesivo), y solicitó la nulidad de la Resolución No. 5176 del tres (3) de
diciembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual, se negó el

1
Expediente híbrido.
2
Folios 15 a 26.

2

Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
adeudadas en equivalencia del 80% de lo que por todo concepto devengaron
los Magistrados de Altas Cortes.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer y pagar los

salarios causados a partir del primero (1º) de enero de dos mil uno (2001) y
hasta el treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004), en equivalencia al 80%
de lo que por todo concepto devengaron los Magistrados de Altas Cortes; ii)
reconocer y pagar las diferencias salariales y prestacionales resultantes del
reajuste del salario del 80% de lo que por todo concepto devengaron los
Magistrados de Altas Cortes, y los emolumentos pagados al actor mes a mes;
iii) ajustar e indexar los valores reclamados de conformidad con el índice de
precios al consumidor; y iv) la condena en costas a la demandada.

1.1.2 Hechos

3. El señor Camilo Humberto Tarquino Gallego señaló que, laboró en la Rama

Judicial, desempeñando el cargo de Magistrado Auxiliar de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, entre el primero (1º) de enero de dos mil uno
(2001) y el treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004).

4. Expuso que, el salario y las prestaciones que se le reconocieron en esa

época no corresponden a lo que la normatividad legal estipula, esto es, el
salario de ese periodo laboral no fue equivalente al 80% de lo devengado por
todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes.

5. Señaló que, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce (2014)

presentó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, una solicitud
encaminada al reconocimiento de las diferencias causadas a nivel salarial y
prestacional por la omisión de la Rama Judicial de equipararle su salario al
80% de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes.

6. Indicó que, mediante la Resolución No. 5176 del tres (3) de diciembre de

dos mil catorce (2014), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó

3

Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

la solicitud de reliquidación y pago de las diferencias.

1.2. Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:

7.1. Legales y reglamentarias: artículo 72 de la Ley 2 de 1984;

artículo 1º de la Ley 10 de 1987; parágrafo del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992; y artículo 1º del Decreto 610 de 1998.

8. Señaló que, con fundamento en el Decreto 610 de 1998 y en la Ley 4ª de

1992, tenía derecho a percibir, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004, una
asignación mensual equivalente al ochenta por ciento (80 %) de lo devengado
por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, razón por la cual,
solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
dejadas de percibir durante esos períodos.

9. Resaltó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó el

reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas con fundamento,
principalmente, en razones de índole presupuestal, pese a que el Consejo de
Estado había reconocido la vigencia de los Decretos 610 y 1239 de 1998 y, en
consecuencia, el derecho de los funcionarios beneficiarios a percibir la
bonificación por compensación en los términos allí previstos.

2. Contestación de la demanda.

10. La parte demandada3, por medio de apoderada judicial, se opuso a las

pretensiones de la demanda, al sostener que, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial carecía de competencia para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial, por tratarse de una facultad
atribuida al Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992. Asimismo,
expuso la evolución normativa de la bonificación por compensación, desde la
expedición del Decreto 610 de 1998 hasta la creación de la bonificación de

3
Folios 70 a 74.

4

Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

gestión judicial mediante el Decreto 4040 de 2004, así como, las decisiones
judiciales relacionadas con dichas disposiciones.

11. Señaló que la entidad se encontraba en imposibilidad material y
presupuestal de reconocer las diferencias salariales reclamadas, toda vez que,
carecía de apropiación presupuestal para asumir tales erogaciones y que
acceder a las pretensiones implicaría desconocer las normas orgánicas del
presupuesto, además de generar eventuales responsabilidades disciplinarias,
fiscales y penales para los ordenadores del gasto.

12. Propuso la excepción que denominó, «integración de litis consorcio necesario», al

considerar que debían vincularse la Nación – Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de
la Función Pública, por ser las entidades competentes en la definición del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y por el eventual
interés que tendrían en la decisión del proceso.

3. La sentencia de primera instancia.

13. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Segunda, mediante sentencia proferida el treinta (30) de agosto de dos mil
diecinueve (2019)4, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas, de la siguiente manera:

PRIMERO.- Estese a lo resuelto por el Consejo de Estado en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 diciembre de
2004.

SEGUNDO.- Declarar infundada la excepción de “Falta de Integración del Litisconsorcio
Necesario” por las razones anotadas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No.
5176 de 3 de diciembre de 2014, emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por medio del cual se le negó al demandante el reconocimiento y pago de los
derechos laborales reclamados, por las razones anotadas en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO.- Condenar a la Nación - Rama Judicial a reconocerle y pagarle al
demandante Camilo Humberto Tarquino Pacheco, (sic) identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.283.729 expedida en Bogotá., en su condición de Ex Magistrado
Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, el derecho adquirido a recibir las diferencias

4
Folios 112 a 123.

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Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

adeudadas por concepto de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de
1998), pagados con carácter permanente, en el equivalente al 80% de lo devengado
por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, incluyendo la prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las
diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta
para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios,
prima de navidad y cesantías, esto es, el equivalente al diez por ciento (10%) de los
salarios, con los respectivos reajustes legales anuales y debidamente indexados mes a
mes, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2001 y hasta el 30 de junio
de 2004. Precisándose que “la prima especial de servicios – de que trata el artículo 15
de la ley 4ª de 1992 - debe ser computada dentro de la totalidad de los ingresos antes
relacionados, de manera que ella no constituye un ítem adicional al de la bonificación
por compensación., siguiéndose para su liquidación y pago los parámetros fijados en
esta sentencia. Haciéndose la salvedad, que en el hipotético caso que al demandante
se le hubiese efectuado algún pago por concepto del derecho contenido en el extinto
Decreto 4040 de 2004, deberá ser descontado de la suma que le corresponda por la
condena impuesta en esta sentencia.

QUINTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del CPACA, tomando como base la variación porcentual de los índices de
precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
(…)

14. Como sustento de su decisión, luego de valorar las pruebas allegadas al

proceso, encontró acreditado que el señor Camilo Humberto Tarquino Gallego
se desempeñó como Magistrado Auxiliar de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia durante el período comprendido entre el primero (1º) de
enero de dos mil uno (2001) y el treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004).
Asimismo, que mediante la Resolución 5176 del tres (3) de diciembre de dos
mil catorce (2014), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó la
petición de reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones equivalentes
al ochenta por ciento (80 %) de los ingresos laborales que por todo concepto
devengaban los magistrados de las Altas Cortes, en los términos del Decreto
610 de 1998.

15. Sostuvo que, el demandante, en su condición de destinatario del Decreto

610 de 1998, tenía derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales por concepto de bonificación por compensación, equivalente al
ochenta por ciento (80%) de lo devengado por todo concepto por los
magistrados de las Altas Cortes durante el período comprendido entre el
primero (1º) de enero de dos mil uno (2001) y el treinta (30) de junio de dos mil
cuatro (2004). Indicó que, para su liquidación debían incluirse la prima de
servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la bonificación por

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Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

servicios y las diferencias por concepto de prima especial de servicios,
calculada con base en la totalidad de los ingresos laborales permanentes
devengados por los congresistas, incluidos el sueldo básico, los gastos de
representación, las primas de localización y vivienda, de salud, de servicios y
de navidad, así como, las cesantías, esto es, el equivalente al diez (10%) de
los salarios.

16. En ese sentido, concluyó que, el demandante tenía derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998, equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo percibido
por todo concepto por un magistrado de Alta Corte durante el período
comprendido entre el primero (1º) de enero de dos mil uno (2001) y el treinta
(30) de junio de dos mil cuatro (2004) y, en consecuencia, al pago de la
diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir por dicho
concepto, con los reajustes legales e indexación correspondientes. Precisó
además que, la prima especial de servicios que trata el artículo 15 de la Ley
4.ª de 1992 debía computarse dentro de la totalidad de los ingresos de los
magistrados de las Altas Cortes para efectos de determinar la bonificación por
compensación, de manera que no constituía un concepto adicional al ochenta
por ciento (80%).

17. Finalmente, se presentó una aclaración de voto, en la que se consideró

que, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación debían
reconocerse como factores salariales para la liquidación de las prestaciones
sociales. En dicha aclaración se sostuvo que, la Sala debió declarar la
excepción de convencionalidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y el
Decreto 610 de 1998, por estimar que desconocían los principios de
progresividad y no regresividad de los derechos laborales y los compromisos
internacionales asumidos por el Estado.

4. El recurso de apelación

18. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que,

la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carecía de competencia para

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Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

inaplicar las normas que regulan el régimen salarial de los servidores de la
Rama Judicial y reconocer derechos distintos de los previstos en el
ordenamiento jurídico, por lo que su actuación se ajustó a las funciones
atribuidas por la Ley 270 de 1996. En ese sentido, señaló que, a partir del
veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), la bonificación por
compensación se reconoce por nómina en un equivalente al ochenta por ciento
(80 %) para todos sus beneficiarios, conforme al Decreto 1102 de 2012, razón
por la cual, solicitó que, de accederse a las pretensiones, se tuviera como
fecha límite para el reconocimiento el veintiséis (26) de enero de dos mil doce
(2012).

19. Por otra parte, con relación al fenómeno de la prescripción, señaló que, «la
providencia impugnada dispuso que teniendo en cuenta que en el caso sub lite, la providencia
que inaplica por inconstitucionalidad es constitutiva de derecho, por lo cual, con la misma es
que nace a la vida jurídica la prerrogativa laboral reclamada, por lo que en estos casos el
fenómeno extintivo de la prescripción no podría operar con antelación a la decisión judicial. Al
respecto, vale resaltar que en el presente caso no se trata de la inconstitucionalidad general
de una norma, sino de una con efectos inter partes y de la nulidad de un acto en concreto
expedido sobre el asunto particular, por lo que no varía la forma en calcular la prescripción».

20. En ese contexto, sostuvo que, de conformidad con el artículo 102 del

Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, debía
aplicarse la prescripción trienal prevista para los derechos laborales de los
servidores públicos y que, en caso de reconocerse el derecho reclamado,
únicamente podrían pagarse las diferencias causadas dentro de dicho término,
esto es, desde el «tres (3) de diciembre de dos mil once (2011)» hacia atrás.

5. Trámite de segunda instancia

21. Con auto del diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021),5 el

respectivo conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda. Posteriormente, a través de auto del veintitrés (23) de agosto de dos

5
Folio 167.

8

Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

mil veintidós (2022)6, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamientos
y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, de conformidad con el
artículo 247 del CPACA.

22. La parte demandante allegó los alegatos de conclusión en segunda
instancia7, donde solicitó confirmar la sentencia de primer grado, al considerar
que se encontraba acreditado su derecho al reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998 y de
la jurisprudencia de esta corporación. A su turno, la entidad demandada8 pidió
revocar el fallo de primer grado, al estimar que su confirmación implicaría
desconocer el límite del 80% establecido en el Decreto 610 de 1998.

23. El Ministerio Público, no emitió concepto.

24. Mediante auto del siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025) 9, el

respectivo conjuez ponente remitió el proceso al presente despacho, habida
cuenta del cambio en la integración de la Sala, conforme al artículo 116 del
CPACA. Por lo anterior, a través de auto del dos (2) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025)10, el consejero ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

25. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda

instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP)11, el Juez de segunda instancia debe pronunciarse

6
Folio 171.
7
Índice 00034 Samai.
8
Índice 00035 Samai.
9
Índice 00053 Samai.
10
Índice 00059 Samai.
11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,

9

Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

26.1 ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de
competencia para inaplicar las normas que regulan el régimen salarial de
los servidores de la Rama Judicial y reconocer derechos distintos de los
previstos en el ordenamiento jurídico?

26.2 ¿Se configuró el fenómeno de la prescripción conforme lo dispone el

artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de
1968?

26.3 ¿Debe establecerse como límite temporal para el reconocimiento de

los derechos reclamados el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012),
de conformidad con el Decreto 1102 de 2012?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por
compensación12

27. El veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), en

uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió
el Decreto 610 de 199813, a través del cual se creó la bonificación por
compensación a favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados

el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 4 de
junio de 2026, radicado 50001-23-33-000-2018-00061-02 (3509-2025), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
13
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.

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Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito14.

28. La norma estableció que, la citada bonificación se debía pagar de forma

permanente y mensualmente a partir del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y nueve (1999), la cual, tendría carácter salarial solo para
efectos pensionales, en los mismos términos de la prima especial de servicios
de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente, se estableció que
aquella, sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al sesenta por ciento
(60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó
que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año 2000
correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos
sería del ochenta por ciento (80%).

29. El citado Decreto 610 de 1998, fue derogado por medio del Decreto 2668

de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del trece (13) de
abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), derogado por el Decreto 2738
del veintisiete (27) de diciembre de dos mil (2000), derogado por el Decreto
1476 del diecinueve (19) de julio de dos mil uno (2001), este a su vez derogado
por el Decreto 2726 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil uno (2001),
derogado por el Decreto 663 del diez (10) de abril de dos mil dos (2002),
derogado por el Decreto 3570 del once (11) de diciembre de dos mil tres
(2003), a su vez, derogado por el Decreto 4040 de 2004.

14
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

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Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

30. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en acción de nulidad ante el

Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el veinticinco (25)
de septiembre de dos mil uno (2001), expediente Nº 395-99, con efectos ex
tunc. Ante ello, el Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe entenderse
que las normas posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y
son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron
con posterioridad y que regularon la bonificación por compensación de los
magistrados de tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de 1998
había desaparecido del orden jurídico.

31. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la

bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:

«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos
de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
Bonificación por Compensación».

32. Quienes debían antes del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cuatro

(2004), por escrito manifestar dicha intención ante la entidad empleadora.

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Número Interno: 1580-2020
Demandante: Camilo Humberto Tarquino Gallego
Demandados: Nación – Rama Judicial

33. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado,

Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), expediente No. 11001-03-
25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el veintisiete (27) de enero de dos mil
doce (2012). En esa providencia la Sala de conjueces precisó que, para una
misma categoría de servidores judiciales, con idénticas funciones, horarios,
responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto
610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80% de lo devengado por
los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto 4040 de 2004 la
establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

34. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó

los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.

35. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que

estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de
los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus
beneficiarios.

36. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en

sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil dos mil dieciséis (2016)15
concluyó que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes no
era posible dar plena aplicación a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968
en materia de prescripción; precisando que la exigibilidad del derecho
otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del veintiocho (28) de
enero de dos mil doce (2012) -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta.

13

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37. Luego, esta Corporación, también a través de decisión proferida por la Sala

de Conjueces, esta vez de fecha dos(02) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019)10, precisó otra regla de prescripción, esta vez para los casos de las
reclamaciones de la bonificación por compensación; dicha providencia, fue
aclarada mediante auto del siete (07) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
en el cual se indicó que, la prescripción de las acreencias derivadas de dicha
bonificación opera respecto del período comprendido entre el cinco (5) de
octubre de dos mil uno (2001) —fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el dos (2) de diciembre
de dos mil cuatro (2004), lapso durante el cual no existió dualidad normativa.

38. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período resulta

aplicable la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre
que antes del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004) interrumpió
oportunamente el término prescriptivo mediante reclamación administrativa o
judicial, caso en el cual la prescripción se retrotrae a la fecha de dicha
interrupción.

39. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el

Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 201216, retomó el derrotero de
la bonificación por compensación en los términos señalados en su artículo 1°17.

40. Con fundamento en lo antes expuesto, procede la Sala a decidir el presente

caso.

16
«Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los magistrados de tribunal y otros funcionarios».
17
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen percibiendo con
carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del
Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente
como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que
sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para efecto del ingreso
base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003.

14

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2.4. Hechos probados.

41. Solicitud radicada el diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce

(2014)18, mediante la cual, el demandante pidió la reliquidación y pago de las
diferencias salariales y prestacionales adeudadas en equivalencia del 80% de
lo que por todo concepto devengaron los Magistrados de Altas Cortes.

42. Resolución No. 5176 del tres (3) de diciembre de dos mil catorce (2014)19,

por medio de la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la
solicitud presentada el diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce
(2014).

43. Notificación por aviso de la Resolución No. 5176 del tres (3) de diciembre

de dos mil catorce (2014), por medio de la cual, se negó la solicitud presentada
por el demandante, la cual se surtió el veintisiete (27) de febrero de dos mil
quince (2015)20.

44. El seis (6) de junio de dos mil quince (2015), el demandante presentó

solicitud de conciliación extrajudicial, la cual, fue declarada fallida el cinco (5)
de agosto del mismo año, por parte de la Procuraduría 50 Judicial II para
asuntos administrativos, quien expidió la constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo21.

2.5. Caso concreto.

45. En primer término, la Sala analizará, el reparo formulado por la entidad

demandada, consistente en que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial carecía de competencia para inaplicar las normas que regulan el
régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial o reconocer derechos

18
Folio 19, según los antecedentes de la Resolución No. 5176 del 3 de diciembre de 2014, por medio de la cual la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resuelve el derecho de petición.
19
Folios 19 a 26.
20
Folio 18.
21
Folio 13.

15

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distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, por lo que su actuación
se ajustó a las funciones atribuidas por la Ley 270 de 1996.

46. En ese sentido, esta Sala22 ha reiterado que, la atribución conferida al

Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, «no elimina el deber de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de verificar que
dichos actos se ajusten a la Constitución y a la ley; como tampoco la facultad de inaplicar o
anular aquellos que resulten contrarios al ordenamiento Superior, tal como lo dispone el artículo
4 de la Carta, y lo ha reiterado el Consejo de Estado».

47. En este contexto, la sentencia de primera instancia no exigió a la
demandada inaplicar las normas que regulan el régimen salarial de los
servidores de la Rama Judicial ni reconocer derechos al margen del
ordenamiento jurídico. La orden judicial de reliquidar la bonificación por
compensación a favor del demandante, emanada por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, se circunscribe
al marco definido por la jurisprudencia, no constituye extralimitación de
competencias, ni la creación de un régimen salarial distinto, sino el
restablecimiento del derecho frente a la negativa de la entidad a reconocer y
pagar la diferencia a que tiene derecho el actor, por lo que, para la Sala, el
reparo formulado no tiene vocación de prosperidad.

48. Por otra parte, la Sala pasa a resolver el reparo de la entidad demandada

relacionado con la prescripción. Al respecto, resulta pertinente precisar que, si
bien es cierto, los argumentos expuestos por la parte apelante no se
acompasan con las consideraciones de la sentencia de primera instancia, por
cuanto esta no efectuó pronunciamiento alguno sobre dicho fenómeno,
tampoco es menos cierto que, la prescripción fue planteada como argumento
en el recurso de apelación. En consecuencia, la Sala procederá a analizar su
configuración en el presente asunto.

49. Al respecto, la Sala precisa que, mediante la sentencia de dos (2) de

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 29 de
enero de 2026, radicado25000234200020130094902 (0360-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

16

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septiembre de dos mil diecinueve (2019)23, el Consejo de Estado precisó que
la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la prescripción del derecho a
percibir la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la
expedición del Decreto 4040 de 2004».

50. En esa misma providencia, también se explicó que el «período comprendido
entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición
del Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo
dualidad de normas y, por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610
de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla» y se estableció como regla de
prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación, que las
reclamaciones realizadas respecto de lapsos transcurridos entre el cinco (5)
de octubre de dos mil uno (2001) y el dos (2) de diciembre de dos mil cuatro
(2004), se consideraban prescritas, salvo que, el interesado, demostrara que
agotó la reclamación antes de esta última fecha.

51. También se estableció que, entre el tres (3) de diciembre de dos mil cuatro

(2004) y el veintiocho (28) de enero de dos mil doce (2012), no operó la
prescripción, por cuanto, el derecho no era exigible dada la dualidad de los
Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 y que, a partir del veintiocho (28) de
enero de dos mil doce (2012), cuando quedó ejecutoriada la sentencia, iniciaba
el cómputo del término de prescripción trienal, sin excepciones24.

52. Ante ello, para el pago del desajuste, deben tenerse en cuenta dos

momentos: (i) los periodos en los que no hubo duplicidad de normas, frente a
los cuales, aplica la prescripción trienal; y (ii) durante el lapso de coexistencia
del Decreto 4040 de 2004 y el Decreto 610 de 1998, en el que la prescripción
opera solo desde la sentencia que declaró la nulidad del primero de estos, es
decir, el veintiocho (28) de enero de dos mil doce (2012), fecha a partir de la
cual, empieza la contabilización de los tres (3) años, para solicitar el reajuste25.

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-
23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. Carmen Anava De Castellanos.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2016-03572-02 (1136-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2012-02022-02 (0414-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

17

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53. En virtud de lo anterior, se advierte que, el señor Camilo Humberto Tarquino

Gallego, presentó la reclamación administrativa ante la entidad demandada el
diecinueve (19) de noviembre de dos mil catorce (2014), operando así la
prescripción de la totalidad del tiempo reclamado entre el primero (1º) de enero
de dos mil uno (2001) y el treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004), toda
vez que, en este periodo no había duplicidad de normas y, por tanto, contaba
con tres (3) años para la reclamación de su derecho e interrumpir el fenómeno
prescriptivo, lo cual, solo ocurrió en el año 2014 como antes se indicó, motivo
por el cual, se modificará el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia en tal sentido, para declarar probada la excepción de prescripción y
se revocará en su totalidad el ordinal cuarto que había reconocido el derecho
al demandante de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la
bonificación por compensación.

54. Bajo esta perspectiva, aun cuando en el presente asunto se concluyó que,

la totalidad de las acreencias reclamadas se encuentran afectadas por el
fenómeno de la prescripción, dicha conclusión no puede extenderse
automáticamente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, teniendo en cuenta que, éstos hacen parte del derecho a la
pensión, el cual es imprescriptible e irrenunciable26. En ese sentido la Sala
ordenará a la entidad demandada que reliquide los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, sobre el ingreso que debía corresponder
al demandante conforme al régimen previsto en el Decreto 610 de 1998, sin
aplicar el fenómeno de la prescripción27, razón por la cual, se adicionará un
inciso al ordinal tercero de la sentencia de primer grado.

55. Igualmente, se precisa que, el cumplimiento de la sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado previamente
pagos o cotizaciones por los mismos conceptos aquí reconocidos. Asimismo,
deberá verificar la entidad demandada que no se supere los topes salariales
fijados por el Gobierno Nacional.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
febrero de 2026, radicación: 54001-23-33-000-2014-00254-02, acumulado 54001-23-33-000-2014-00252-00 (2653-
2020), C.P Elizabeth Becerra Cornejo.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2015-05358-02 (1114-2020) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

18

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56. Finalmente, frente al límite temporal de la condena solicitado con
fundamento en el Decreto 1102 de 2012, la Sala advierte que, este no tiene
incidencia, toda vez que, el período objeto de la reliquidación de aportes
pensionales corresponde al comprendido entre el primero (1.º) de enero de
dos mil uno (2001) y el treinta (30) de junio de dos mil cuatro (2004).

2.6 Condena en costas

57. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

2.7 Conclusiones

58. La Sala modificará los ordinales segundo y tercero de la sentencia de
primera instancia, y revocará en su totalidad el ordinal cuarto, en orden a: (i)
declarar probada la excepción de prescripción y revocar el ordinal cuarto que
había reconocido las diferencias por concepto de bonificación por
compensación; (ii) precisar que, la prescripción de las acreencias salariales y
prestacionales reclamadas no se extiende a los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones; (iii) puntualizar que, el cumplimiento de la
sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado
previamente pagos o cotizaciones por los mismos conceptos aquí
reconocidos; y (iv) asimismo, que los pagos a realizar no superen los topes
salariales establecidos por el Gobierno Nacional. En lo demás, la providencia
apelada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

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PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «SEGUNDO» de la sentencia del treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

SEGUNDO.- Declarar infundada la excepción de “Falta de Integración del
Litisconsorcio Necesario” por las razones anotadas en la parte motiva de esta
sentencia.

Declarar probada la excepción de prescripción, respecto de las acreencias
derivadas de la bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de
1998, reclamadas por el señor Camilo Humberto Tarquino Gallego, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia por el periodo comprendido
entre el 1º de enero de 2001 y el 30 de junio de 2004, salvo los aportes al Sistema
General de Pensiones.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia del treinta (30)
de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

TERCERO.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 5176 de 3 de diciembre de 2014, emanada de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por medio del cual se le negó al demandante
el reconocimiento y pago de los derechos laborales reclamados, por las razones
anotadas en la parte motiva de esta sentencia.

Condénese a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a reliquidar y pagar a favor del señor Camilo Humberto Tarquino Gallego,
las cotizaciones o aportes efectuados al sistema general de seguridad social en
pensiones, durante los periodos comprendidos entre el 1º de enero de 2001 y el
30 de junio de 2004, sin aplicar el fenómeno de la prescripción.

Se precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a
que la entidad demandada no haya realizado previamente pagos o cotizaciones
por los mismos conceptos aquí reconocidos. Asimismo, deberá verificar la
entidad demandada que no se supere los topes salariales fijados por el Gobierno
Nacional.

TERCERO. REVOCAR en su integridad el ordinal «CUARTO», de la sentencia
del treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda el

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Demandados: Nación – Rama Judicial

treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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