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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05358-02

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05358-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el Treinta (30) de agosto de dos mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR parcialmente ordinal segundo y en su integralidad el ordinal cuarto de la sentencia proferida el Treinta (30) de agosto de dos mil 18 Número Interno: 1114-2020 Demandante: Heydi Pinedo Pérez Demandados: Nación – Rama Judicial Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así: «SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Nación- Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. DECLARAR probada, la excepción de prescripción, respecto de las acreencias derivadas de la bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de 1998, reclamadas por la señora HEYDI DEL CARMEN PINEDO PÉREZ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia por el periodo comprendido entre el periodo de 1 de octubre de 2003 al 14 de julio de 2004. TERCERO: ADICIONAR un inciso al ordinal tercero de la sentencia proferida el Treinta (30) de agosto de dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así: TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DESAJ13-JR-3530 del 10 de julio de 2013 y la Resolución No. 4327 del 22 de agosto de 2014 atribuible a la Nación - Rama Judicial, en cuanto se le negó a la señora HEYDI DEL CARMEN PINEDO PEREZ, (sic) el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiaria de la bonificación por compensación, conforme con lo expuesto en la parte motiva. CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de la señora HEYDI DEL CARMEN PINEDO PÉREZ, las cotizaciones o aportes hechos al sistema general de seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta el reajuste salarial y prestacional […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-05358-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2015-05358-02 (1114-2020)1
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Treinta (30) de agosto de dos mil Diecinueve (2019),
proferida por la Sala Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

1. La señora Heydi Pinedo Pérez, por intermedio de apoderado judicial, acudió

a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y solicitó lo
siguiente:

1
Expediente híbrido.
2
Índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_03DEMANDA(.pdf) NroActua 30»

2

Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

2. La nulidad del oficio No. DESAJ 13-JR-3530 expedido el Diez (10) de julio

de Dos Mil Trece (2013) y de la Resolución 4327 del Veintidós (22) de agosto
de Dos Mil Catorce (2014), ambos expedidos por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad

demandada a reconocer y pagar a su favor, las diferencias salariales y
prestacionales correspondientes al periodo comprendido entre el Primero (1)
de octubre de Dos Mil Tres (2003) y el Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro
(2004), aplicando íntegramente lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, esto
es el pago de la bonificación por compensación, que al sumarse con la prima
especial de servicios y demás ingresos percibidos por los magistrados de
tribunal, debe equivaler al 80% de los ingresos totales que, para los años en
cuestión, recibieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la
Judicatura.

4. Adicionalmente, solicitó se condene a la entidad demandada, a dar
cumplimiento a la sentencia, a actualizar las sumas antes relacionadas junto
con sus intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y, a pagar
a la demandante, las costas y agencias en derecho.

1.1.2 Hechos

5. La señora Heydi Pinedo Pérez, indicó que, prestó sus servicios en el Tribunal

Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, durante el periodo
comprendido entre el Primero (1) de octubre de Dos Mil Tres (2003) y el
Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004).

6. Señaló que, frente a la declaratoria de nulidad del Decreto No. 4040 de 2004,

presentó ante la entidad demandada el Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil
Trece (2013), la solicitud de pago de las diferencias salariales de la
bonificación por compensación.

3

Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

7. Expuso que mediante oficio DESAJ 13-JR-3350, expedido el Diez (10) de

julio de Dos Mil Trece (2013), la entidad demandada no accedió a la solicitud
de reconocimiento y pago de las diferencias salariales.

8. Indicó que, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación contra el

mencionado acto administrativo, recurso que fue resuelto por medio de la
Resolución No. 4327 del Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Catorce (2014),
aclarada en Resolución No. 4373 del Quince (15) de julio de Dos Mil Quince
(2015), mediante la cual, la entidad demandada confirmó en todas sus partes
el oficio DESAJ 13-JR-3530.

1.2. Concepto de violación.

9. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:

10. Constitución Política, artículos 2, 4, 13, 25 y 53

Ley 4 de 1992 y; Ley 270 de 1996.
Decreto 610 de 1998.

11. Resaltó que, al declararse nulo el Decreto 4040 de 2004, deja de hacer

parte del ordenamiento jurídico y es por ello que se debe aplicar el Decreto
610 de 1998, el cual reconocía, derechos económicos laborales para la
demandante, al ostentar el cargo de Magistrada de Tribunal. Por otra parte,
mencionó que, la remuneración anual de los magistrados de alta corte debe
corresponder a los ingresos totales anuales de los miembros del congreso, de
modo que la prima especial de servicios se calcula como la diferencia entre
dichos ingresos y los devengados por los magistrados de alta corte, con base
en ello, indicó que los magistrados de tribunal tienen derecho a percibir el 80%
de esos ingresos, incluyendo asignación básica, gastos de representación y la
prima especial prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

2. Contestación de la demanda.

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

12. La parte demandada,3 por medio de apoderado judicial, se opuso a las

pretensiones y expuso que, los efectos de la sentencia de nulidad del Consejo
de Estado, rigen hacia el futuro, con el objeto de generar certeza y seguridad
jurídica dentro del sistema normativo, toda vez que la sentencia con efectos
erga omnes, sólo tiene consecuencias posteriores, restableciendo el derecho
hacia futuro. Indicó, además que no es posible producir efectos retroactivos ya
que, no es de carácter particular.

13. Expresó que en cuanto a la prima especial, la entidad no puede equiparar

las cesantías de los congresistas con las de los magistrados de alta corte ni
ordenar su pago como parte de la prima especial de servicios, pues esta última
carece de carácter salarial y, por tanto, no integra las prestaciones sociales,
de modo que la remuneración de los magistrados de alta corte se compone
únicamente de la asignación básica y los gastos de representación,
manteniéndose la forma de liquidación vigente.

14. Precisó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
autoridad administrativa, no tiene la facultad de interpretar las leyes e
inaplicarlas, en razón a que son los jueces en sus respectivos fueros, a través
de sus sentencias los que tienen tal facultad, a diferencia de la autoridad
administrativa que únicamente está sometida a su imperio y debe darle estricto
cumplimiento.

15. Por último, indicó que operó la prescripción trienal de los derechos
reclamados por la demandante en el período comprendido entre el Primero (1)
de octubre de Dos Mil Tres (2003) y el Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro
(2004), pues el término para exigirlos vencía el Primero (1) de octubre de Dos
Mil Seis (2006); en consecuencia, no es posible reconocer la incidencia de
dicha prima, dado que la acción se encuentra prescrita.

16. Propuso las excepciones que denominó, «ausencia de causa petendi»; «cobro de
lo no debido»; «prescripción trienal de los derechos laborales» y; «la innominada»

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Índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_31CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 30»

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

3. La sentencia de primera instancia.

17. La Sala Transitoria, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el Treinta (30) de agosto de Dos
Mil Diecinueve (2019)4 accedió a las pretensiones, sin condena en costas.

«PRIMERO. - Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las
sentencias del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto 4040
del 3 diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo
de 2016 por la Sala de Conjueces, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Nación - Rama
Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
DESAJ13-JR-3530 del 10 de julio de 2013 y la Resolución No. 4327 del 22 de agosto
de 2014 atribuible a la Nación - Rama Judicial, en cuanto se le negó a la señora HEYDI
DEL CARMEN PINEDO PEREZ, (sic) el reconocimiento, liquidación y pago de las
diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiarla (sic) de la bonificación por
compensación, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO CONDENAR a la NACIÓN - NACIÓN- (sic) RAMA JUDICIAL a RECONOCER
y PAGAR en favor de la señora HEYDI DEL CARMEN PINEDO PEREZ, (sic)
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar
por concepto de bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de
1998, es decir, ordenándose pagar de acuerdo al año liquidado el porcentaje que
corresponda de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes, teniendo en cuenta
para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, del 01 de octubre de 2003 al 14 de julio
de 2004 mientras fungió como Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en Descongestión, debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos
mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: NO RECONOCER la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales al
actor por concepto de factor salarial de la prima especial de servicios y la bonificación
por compensación, en concordancia con los considerandos de esta providencia.

SEXTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva.

SEPTIMO: (sic) La Nación- Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en el
término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la
parte demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere
lugar, y al archivo del expediente.

18. Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas,

encontró acreditado que, la actora fungió como Magistrada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, según Certificado Laboral
DESAJ 14-5062 expedido el Veintiséis (26) de septiembre de Dos Mil Catorce

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índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_45FALLO(.pdf) NroActua 30»

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

(2014) por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, por lo que de acuerdo
con la normatividad aplicable, se infiere que es beneficiaria de la bonificación
por compensación equivalente al 80% de todo lo devengado por los
magistrados de las altas cortes.

19. Asimismo, mencionó que no fue correctamente liquidada en sus ingresos

mensuales, por lo que se deberá reconocer, reliquidar y pagar los ingresos
recibidos por concepto de bonificación por compensación de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998.

20. Por otra parte, se indicó que, conforme a lo establecido por el Consejo de

Estado en sentencia de unificación del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016), la demandante presentó derecho de petición el Dieciséis (16)
de mayo de Dos Mil Trece (2013) solicitando el reconocimiento de la
bonificación por compensación; en consecuencia, no operó el fenómeno de la
prescripción.

21. Concluyó que, dado que a la demandante se le cancelaron sumas por

concepto de bonificación por compensación sin considerar que debían
equivaler al 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes,
incluyendo las cesantías como parte de la prima especial de servicios, se
dispone que dicha prestación sea tenida en cuenta al momento de la
liquidación, ordenándose el pago únicamente de la diferencia entre lo recibido
y lo dejado de percibir en los períodos reclamados.

4. El recurso de apelación5

22. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que,

la sentencia de primera instancia erró al reconocer diferencias salariales por
bonificación por compensación en periodos que, según la jurisprudencia, están
prescritos. Señaló que antes del Decreto 4040 de 2004 el derecho era exigible,
por lo que, al no haberse reclamado oportunamente, operó la prescripción

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índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_45FALLO(.pdf) NroActua 30»

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

trienal respecto de los periodos 2003–2004.

23. Sostuvo que el A-quo aplicó de forma incorrecta la regla jurisprudencial

sobre prescripción6, según la cual el derecho solo puede reconocerse desde
el Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) en adelante. Por ello, solicita
revocar la sentencia y negar las pretensiones o, subsidiariamente, modificarla
aplicando la prescripción trienal conforme al precedente del Consejo de
Estado.

5. Trámite de segunda instancia

24. Con auto del Veinticinco (25) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021) 7, el

conjuez ponente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Héctor Díaz
Moreno, admitió el recurso de apelación contra la sentencia del Treinta (30) de
agosto de Dos Mil Diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

25. Posteriormente, mediante auto del Siete (7) de marzo de Dos Mil
Veinticinco (2025)8, el conjuez ponente del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Clara Elisa Cifuentes Ortiz, remitió el proceso al presente despacho,
toda vez que en sesión del Veintitrés (23) de enero del año Dos Mil Veinticinco
(2025), la Sección Segunda del Consejo de Estado, dispuso la reconfiguración
de la lista de conjueces, que pasó de estar conformada por 24 integrantes a
12.

26. Con auto del Cinco (5) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) 9, el

consejero ponente avocó conocimiento de la presente controversia, en el
estado en el que se encuentra, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo
116 del CPACA.

27. La parte demandada, allegó los alegatos de conclusión en segunda

6
Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del Tres (3) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019).
7
índice 00016 Samai.
8
Índice 00040 Samai
9
Índice 00045 Samai.

8

Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

instancia10, donde solicitó se revoque la sentencia de primera instancia dado
que, de confirmarse, resultaría imposible su cumplimiento, pues, sobrepasaría
el tope del 80% establecido en el Decreto 610 de 1998.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

28. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia

este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.

29. De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32811 del

Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2 Problema jurídico

30. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada le corresponde a la Sala determinar si revoca la sentencia del
Treinta (30) de agosto de dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala
Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para el efecto deberá analizar
si, se debe aplicar la prescripción trienal a la bonificación por compensación
de la parte actora causada con anterioridad al Tres (3) de diciembre de Dos
Mil Cuatro (2004) fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, por tratarse
de un derecho que era plenamente exigible y respecto del cual no existía

10
Índice 00028 Samai.
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

incertidumbre normativa.

31. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas
recaudadas; y 2.5. Caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Bonificación por compensación

32. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de

1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 1998 , a través del cual
se creó la bonificación por compensación a favor de los magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema
de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a
los abogados auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad
ante el Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales
ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito.

33. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma

permanente y mensualmente a partir del 1 de enero de 1999, la cual tendría
carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la
prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para
el año 1999, al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin
embargo, se precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual,
así para el año 2000 correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año
2001 y sucesivos sería del ochenta por ciento (80%).

34. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668

de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos

10

Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales y otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de
1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado
por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a su vez derogado por el
Decreto 2726 del 17 de diciembre de 2001, este derogado por el Decreto 663
del 10 de abril de 2002, este derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre
de 2003, este a su vez derogado por el Decreto 4040 de 2004.

35. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad ante el

Consejo de Estado, y declarado nulo mediante sentencia proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de
septiembre de 2001, expediente Nº 395-99, con efectos ex tunc. Ante ello, el
Decreto 610 de 1998 recobró su vigencia y debe entenderse que las normas
posteriores al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables,
entre ellas el Decreto 664 de 1999 y los que se expidieron con posterioridad y
que regularon la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunales, partiendo de la base que el Decreto 610 de 1998 había
desaparecido del orden jurídico.

36. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la

bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la
bonificación creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos
laborales no podía superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las altas cortes; precisando que,
aquella sería incompatible con la bonificación por compensación; además, se
adujo que los citados funcionarios podían cobijarse por la bonificación de
gestión judicial siempre y cuando cumplieran con alguna de las siguientes
situaciones:

«a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código
de Procedimiento Civil;

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción
para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación ».

37. Quienes deberían, antes del 31 de diciembre de 2004, por escrito
manifestar dicha intención ante la entidad empleadora.

38. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado,

Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el
14 de diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01,
ejecutoriada el 27 de enero de 2012. En esa providencia la Sala de conjueces
precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes
vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80%
de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

39. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó

los derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.

40. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que

estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas,
las cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó
diversas acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada
prestación; así como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de
los derechos laborales que en virtud del Decreto 610 de 1998 surgían para sus
beneficiarios.

41. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en

sentencia del 18 de mayo de 2016 concluyó que, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción;
precisando que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004,
es decir, a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del
referido fallo-.

42. Luego, esta Corporación, mediante decisión proferida por la Sala de

Conjueces, el 2 de septiembre de 2019 , precisó otra regla de prescripción,
esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por
compensación; dicha providencia, fue aclarada mediante auto del Siete (07)
de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), en el cual se indicó que, la
prescripción de las acreencias derivadas de dicha bonificación opera respecto
del período comprendido entre el Cinco (5) de octubre de Dos Mil Uno (2001)
—fecha en la cual cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 2668 de 1998— y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004),
lapso durante el cual no existió dualidad normativa.

43. En consecuencia, para las acreencias causadas en ese período resulta

aplicable la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135
de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, salvo que el interesado demuestre
que antes del tres (3) de diciembre de dos mil cuatro (2004) interrumpió
oportunamente el término prescriptivo mediante reclamación administrativa o
judicial, caso en el cual la prescripción se retrotrae a la fecha de dicha
interrupción.

44. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el

Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 «Por la cual se modifica la
bonificación por compensación para los magistrados de tribunal y otros
funcionarios», el cual en su artículo 1 dispuso:

ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que
vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados
de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados
Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo
de Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la
Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración
Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y
Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que
actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la

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Número Interno: 1114-2020
Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor
salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y
del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la
Ley 797 de 2003.

45. Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado, se procede a decidir el presente caso.

2.4. Caso concreto.

46. En el caso concreto, está probado que la señora Heydi Pinedo Pérez ha

prestado sus servicios a la Rama Judicial, desde el Primero (01) de octubre de
Dos Mil Tres (2003) hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004),
en el cargo Magistrada de Tribunal12.

47. Asimismo, obra certificado expedido por la accionada, donde se reflejan los

conceptos salariales pagados a la actora desde el Primero (01) de enero de
Dos Mil Tres (2003) hasta el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Cuatro
(2004)13.

48. Esta acreditado que, la señora Heydi Pinedo Pérez, a través de apoderado,

presentó ante la demandada reclamación administrativa el Dieciséis (16) de
mayo de Dos Mil Trece (2013)14, mediante la cual solicitó el reconocimiento,
liquidación y pago de los porcentajes correspondientes a la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, desde el Primero (01)
de octubre de Dos Mil Tres (2003) hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil
Cuatro (2004); petición que fue resuelta de manera negativa a través de Oficio
DESAJ13-JR-3530 del Diez (10) de julio de Dos Mil Trece (2013)15.

12 índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 30» páginas 1 a 4.
13
Expediente físico folios 23 a 24.
14 Información extraída del Oficio DESAJ13-JR-3530 del 10 de julio de 2013, donde se menciona que la demandante
presentó una petición con radicado 95858 de fecha 16 de mayo de 2013 por medio del cual solicita se proceda a dar
cumplimiento a la declaratoria de nulidad que dispusiera el Consejo de Estado sobre el Decreto 4040 de 2004 y se
ordene el reconocimiento de liquidación y pago de los porcentajes correspondientes a la Bonificación por
Compensación y pago de los porcentajes correspondientes a la Bonificación por Compensación establecida en el
Decreto 610 de 1998.
15 índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 30» páginas 5 y 6.

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Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

49. Por medio de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la anterior

decisión, siendo despachado desfavorablemente mediante la Resolución No.
4327 del Veintidós (22) de agosto de Dos Mil Catorce (2014)16, aclarada por la
Resolución No. 4373 del Quince (15) de julio de Dos Mil Quince (2015)17, al
confirmar el contenido del Oficio DESAJ13-JR-3530 del Diez (10) de julio de
Dos Mil Trece (2013).

50. En ese sentido, se pasa a resolver el punto de inconformidad formulado por

la entidad demandada respecto al presunto yerro cometido en la sentencia
recurrida al momento de establecer la prescripción, al respecto debe indicarse
que:

51. En primer lugar, las reglas jurisprudenciales que esta Corporación ha fijado

en relación con la bonificación por compensación creada mediante el Decreto
610 de 1998, prestación concebida como un mecanismo destinado a
garantizar un nivel remuneratorio para determinados servidores judiciales,
entre ellos los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de
manera que la suma de la bonificación por compensación, la prima especial
de servicios y los demás ingresos laborales alcanzara progresivamente un
porcentaje equivalente al ochenta por ciento (80%) de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes.

52. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en

sentencia del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), señaló que,
respecto de los períodos en los cuales, coexistieron los regímenes previstos
en los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, no era posible aplicar de manera
estricta la prescripción trienal prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, razón por la cual la exigibilidad del
derecho debía entenderse consolidada a partir de la ejecutoria de la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el Veintiocho
(28) de enero de Dos Mil Doce (2012); no obstante, posteriormente esta
Corporación, mediante decisión del Dos (2) de septiembre de Dos Mil

16 índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 30» páginas 13 a 24.
17
índice 00030 Samai, archivo «ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) NroActua 30» página 27..

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Diecinueve (2019), precisó que dicha regla no resulta aplicable respecto de las
acreencias causadas entre el Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Uno (2001)
y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), período en el cual, no
existía simultaneidad normativa, por lo que en tales eventos opera la
prescripción trienal ordinaria prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

53. Precisado lo anterior, al descender al caso concreto, la Sala observa que,

la demandante prestó sus servicios en el cargo Magistrada de Tribunal hasta
el Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004); en consecuencia, aun si se
toma como referencia dicha fecha como punto final de causación de las
acreencias reclamadas, el término de prescripción trienal se extendía, a más
tardar, hasta el Catorce (14) de julio de Dos Mil Siete (2007).

54. No obstante, la señora Heydi Pinedo Pérez, únicamente presentó
reclamación administrativa el Dieciséis (16) de mayo de Dos Mil Trece
(2013)18, esto es, cuando el término de prescripción había transcurrido
ampliamente, sin que en el expediente obre prueba de actuación alguna
dirigida a interrumpirlo dentro del término legal.

55. En ese orden de ideas, la Sala concluye que, si bien es cierto, la
demandante, tenía derecho, en términos sustanciales, al reconocimiento de
las diferencias salariales derivadas de la bonificación por compensación,
prevista en el Decreto 610 de 1998, tampoco es menos cierto que, para la
fecha en que presentó la reclamación administrativa, el Dieciséis (16) de mayo
de Dos Mil Trece (2013), ya había operado el fenómeno de la prescripción
respecto de las acreencias salariales y prestacionales reclamadas, sin que
obre prueba en el expediente, de actuación alguna dirigida a interrumpir dicho
término dentro del plazo legal, motivo por el cual, se revocará parcialmente el
ordinal segundo de la sentencia de primera instancia en tal sentido, de declarar

18 Información extraída del Oficio DESAJ13-JR-3530 del 10 de julio de 2013, donde se menciona que la demandante
presentó una petición con radicado 95858 de fecha 16 de mayo de 2013 por medio del cual solicita se proceda a dar
cumplimiento a la declaratoria de nulidad que dispusiera el Consejo de Estado sobre el Decreto 4040 de 2004 y se
ordene el reconocimiento de liquidación y pago de los porcentajes correspondientes a la Bonificación por
Compensación y pago de los porcentajes correspondientes a la Bonificación por Compensación establecida en el
Decreto 610 de 1998.

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probada la excepción de prescripción propuesta por el extremo demandado y
se revocará en su totalidad el ordinal cuarto (4) que había reconocido el
derecho a la demandante de la reliquidación de la bonificación por
compensación.

56. Por otra parte, la Sala considera necesario, realizar una precisión adicional

relacionada con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones derivados de la bonificación por compensación; en efecto, esta
Corporación ha señalado que, la bonificación por compensación, si bien
constituye un factor salarial con incidencia limitada en materia prestacional, sí
tiene carácter salarial para efectos pensionales, razón por la cual integra la
base de cotización al sistema de seguridad social en pensiones.

57. Bajo esta perspectiva, aun cuando en el presente asunto, se concluyó que

las acreencias salariales y prestacionales reclamadas se encuentran
afectadas por el fenómeno de la prescripción, dicha conclusión no puede
extenderse automáticamente a los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, habida cuenta que, estos tienen una naturaleza distinta,
asociada a la financiación del sistema y a la garantía del derecho irrenunciable
a la seguridad social.

58. En ese sentido, la esta Corporación, ha reconocido que, los aportes al

sistema pensional, en cuanto constituyen obligaciones de carácter legal
destinadas a la protección del derecho fundamental a la seguridad social, no
se encuentran sometidos al fenómeno de la prescripción en los mismos
términos aplicables a las acreencias salariales o prestacionales.

59. En consecuencia, si bien en el presente caso, no es posible ordenar el pago

de las diferencias salariales reclamadas por la demandante debido a la
configuración de la prescripción, sí resulta procedente disponer que la entidad
demandada reliquide los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, sobre el ingreso que debía corresponder a la demandante
conforme al régimen previsto en el Decreto 610 de 1998, sin aplicar el

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fenómeno de la prescripción y respetando los topes establecidos por el
Gobierno Nacional.

60. Lo anterior se ordena en atención al carácter irrenunciable e imprescriptible

del derecho a la seguridad social y con el fin de garantizar la correcta
financiación del sistema pensional, el cumplimiento de la presente orden
estará condicionado a que la entidad demandada no haya efectuado
previamente pagos o cotizaciones por los mismos conceptos aquí analizados,
razón por la cual se adicionará un inciso al ordinal tercero de la sentencia en
tal sentido.

61. Siendo así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada

que accedió a las pretensiones de la demanda.

2.5 Condena en costas

62. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la

Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el Treinta (30) de
agosto de dos mil Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente ordinal segundo y en su integralidad el
ordinal cuarto de la sentencia proferida el Treinta (30) de agosto de dos mil

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Diecinueve (2019), por la Sala Transitoria, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la cual quedará así:

«SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la Nación- Rama
Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

DECLARAR probada, la excepción de prescripción, respecto de las acreencias derivadas
de la bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610 de 1998, reclamadas
por la señora HEYDI DEL CARMEN PINEDO PÉREZ, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia por el periodo comprendido entre el periodo de 1 de octubre
de 2003 al 14 de julio de 2004.

TERCERO: ADICIONAR un inciso al ordinal tercero de la sentencia proferida
el Treinta (30) de agosto de dos mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala
Transitoria, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
DESAJ13-JR-3530 del 10 de julio de 2013 y la Resolución No. 4327 del 22 de agosto de
2014 atribuible a la Nación - Rama Judicial, en cuanto se le negó a la señora HEYDI DEL
CARMEN PINEDO PEREZ, (sic) el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias
salariales derivadas de su calidad de beneficiaria de la bonificación por compensación,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.

CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de la señora HEYDI DEL
CARMEN PINEDO PÉREZ, las cotizaciones o aportes hechos al sistema general de
seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta el reajuste salarial y prestacional
aquí ordenado, durante los periodos comprendidos entre el Primero (01) de octubre de
Dos Mil Tres (2003) y el Catorce (14) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), tiempo que, la
demandante ejerció el cargo de Magistrada, sin aplicar el fenómeno de la prescripción.
Se precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la
entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos».

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandante: Heydi Pinedo Pérez
Demandados: Nación – Rama Judicial

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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