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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00738-03

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2011-00738-03

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración judicial

Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 2: efectos de
la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004. Subtema 3: prescripción
extintiva. Subtema 4: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el 31 de julio de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante, en calidad de cónyuge supérstite del señor Edgar Ignacio Cadena
Corredor, servidor de la Rama Judicial que se desempeñó como abogado auxiliar
del Consejo de Estado, solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual
se le negó el reconocimiento y pago de la diferencia por concepto de bonificación
por compensación equivalente al 80 % de lo devengado por los magistrados de alta
corte. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al declarar probada la
prescripción extintiva de los derechos reclamados.

La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que no operaba
el anterior fenómeno jurídico, pues el término debía contarse desde la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, momento en que, al sentir del
apelante, el derecho a la bonificación por compensación se hizo exigible. Además,
sostuvo que la providencia de 2 de septiembre de 2019 no podía aplicarse como
sentencia de unificación, conforme al auto del 2 de mayo de 2025, proferido por esta
corporación, en el que se indicó que no revestía tal característica.

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En la presente decisión se modificará la sentencia de primera instancia en cuanto
serán reconocidos los aportes a seguridad social en pensiones dada su naturaleza
irrenunciable e imprescriptible.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora Sara Moreno García, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 22 de julio de 20111, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con las siguientes pretensiones:

2. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm.
3497 del 14 de junio de 2011, que negó el reajuste y pago de la diferencia causada
por no haberle reconocido la bonificación por compensación, en los términos del
Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta el porcentaje del 80 % de los ingresos
que por todo concepto perciben los magistrados de alta corte.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad a
pagar las diferencias que resulten de aplicar el Decreto 610 de 1998, es decir, entre
el salario pagado y el 80 % de lo que por todo concepto devenguen los magistrados
de las altas cortes, desde el 1 de enero de 2001 al «30-06-2009, fecha de su retiro»2.

4. Asimismo, pidió que las diferencias reconocidas fueran tenidas en cuenta para
efectos pensionales y que, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de la
mesada pensional y del ingreso base de liquidación.

5. Adicionalmente, solicitó que los valores adeudados sean actualizados, el pago
de intereses moratorios y se ordene dar cumplimiento a la decisión en los términos
de los artículos 176 y 177 del CCA.

6. Que se condene en costas a la entidad demandada.

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

8. El señor Édgar Ignacio Cadena Corredor prestó sus servicios en la Rama
Judicial en el cargo de abogado auxiliar ante Consejo de Estado, desde el 16 de
marzo de 1994 hasta el 28 de noviembre de 2004.

1 Expediente físico, folio 36.
2 Según las pruebas allegadas al proceso, el señor Edgar Ignacio Cadena Corredor, prestó sus servicios desde

el 1 de enero de 1993 hasta el 28 de noviembre de 2004.
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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

9. Indicó que mediante el Decreto 610 de 1998, el Gobierno nacional creó para los
magistrados de tribunal y cargos equivalentes una bonificación como incremento
progresivo de los ingresos laborales hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes; precisando que, si bien dicha disposición fue
derogada por el Decreto 2668 de 1998, este último fue anulado por el Consejo de
Estado en sentencia del 25 de septiembre de 2001.

10. Precisó que, mediante el Decreto 4040 de 2004, el Gobierno nacional creó la
denominada bonificación de gestión judicial equivalente al 70 % de los ingresos, y
condicionó su reconocimiento a que los funcionarios desistieran de las acciones
judiciales que hubieren promovido en relación con dicha prestación.

11. Advirtió que el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004 era abiertamente
inconstitucional, pues, pese a que el Estado tenía la obligación de reconocer el 80
% de los efectos salariales y prestacionales en los términos del Decreto 610 de 1998
—según lo habrían concluido distintos tribunales y el Consejo de Estado—,
únicamente reconoció el 70 %. A su juicio, ello redujo de manera arbitraria y
contraria a derecho el salario que legalmente debía percibir, en desconocimiento
del artículo 53 de la Constitución Política, que prohíbe menoscabar los derechos de
los trabajadores.

12. El 30 de mayo de 2011, la demandante, en calidad de cónyuge supérstite del
señor Édgar Ignacio Cadena Corredor, solicitó ante la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento «de los saldos» de
la bonificación por compensación equivalente al 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte. Dicha petición fue negada mediante la Resolución núm.
3497 del 14 de junio de 2011.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas: de la Constitución
Política, el preámbulo, los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53 y 56; Código Contencioso
Administrativo, artículos 2, 3, 36 y 66; Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Ley 270 de
1996, artículo 152; y el Decreto 610 de 1998.

14. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004, aunque formalmente creó una «bonificación de gestión judicial» para
magistrados de tribunal y otros funcionarios, materialmente habría modificado la
bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Señaló que esa
modificación tuvo como finalidad reducir los beneficios laborales de los servidores
destinatarios del decreto y que, además, impuso a quienes se acogieran al citado
Decreto 4040 de 2004, supuestas transacciones o conciliaciones ilegales e
inconstitucionales, bajo la obligación de renunciar a iniciar nuevas acciones.

15. Sostuvo que el Decreto 4040 de 2004 adolece de los mismos defectos por los
cuales fue anulado el Decreto 2668 de 1998. Indicó que creó una bonificación
3

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Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

inferior a la prevista en el Decreto 610 de 1998, pues reconoció el 70 % de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes, cuando, para la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004 los beneficiarios ya debían estar percibiendo
el 80 %. Igualmente, adujo que el Decreto 610 de 1998 había fijado una bonificación
con incidencia pensional para los funcionarios destinatarios de la norma.

16. Expuso que el Decreto 4040 de 2004 desconoció la anterior normativa, al crear
distintos grupos de funcionarios para efectos pensionales: los vinculados a partir del
1.º de enero de 2004, para quienes la bonificación constituía factor salarial para
pensión; los vinculados entre el 1.º de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2003,
para quienes dicha suma no constituía salario, prestación social ni factor para
ningún efecto; y quienes no se acogieron al decreto, respecto de los cuales la
bonificación solo constituiría factor salarial para determinar la pensión. A su juicio,
esa diferenciación generó discriminación y desconoció el principio de igualdad, así
como la regla de «a trabajo igual, salario y prestaciones iguales». Por ello, solicitó
su inaplicación por inconstitucionalidad, porque vulneró los artículos 13, 25 y 53 de
la Constitución.

17. La parte demandante sostuvo que la nulidad del Decreto 2668 de 1998 produjo
efectos retroactivos y, por tanto, hizo que el Decreto 610 de 1998 recobrara plena
vigencia, con efectos fiscales desde el 1.º de enero de 1999, en los porcentajes del
60%, 70% y 80% previstos para los años 1999, 2000 y 2001, aplicables a los
empleos de la Rama Judicial allí señalados. En consecuencia, alegó que el acto
acusado vulneró dicho decreto al negar la petición presentada ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial; que normas posteriores, como el Decreto 664
de 1999, perdieron fuerza ejecutoria conforme al artículo 66 del CCA; y que existía
un precedente favorable a pretensiones similares.

2.2. Contestación de la demanda

18. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que el Decreto 610 de 1998 creó
la bonificación por compensación para determinados funcionarios de la Rama
Judicial, con el propósito de igualar progresivamente sus ingresos al 60%, 70% y
80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes. Indicó que, aunque el
Decreto 2668 de 1998 derogó esa regulación, este fue anulado por el Consejo de
Estado, por lo que el Decreto 610 de 1998 recobró sus efectos jurídicos.

19. Se refirió al Decreto 4040 de 2004, por medio del cual se creó la bonificación de
gestión judicial, y a la sentencia del 14 de diciembre de 2011, proferida por esta
Corporación, que declaró su nulidad. Con fundamento en esa decisión, sostuvo que
recobró vigencia el Decreto 610 de 1998 y que, a partir del Decreto 1102 de 2012,
la administración empezó a reconocer en nómina la bonificación por compensación
en el 80%, desde el 28 de enero de ese año. También citó las sentencias de
«unificación» del 18 de mayo 2016 y 2 de septiembre de 2019, en las que se fijaron
reglas sobre la exigibilidad y prescripción de dicha prestación.
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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20. Finalmente, propuso la excepción de prescripción. Precisó que la señora Sara
Moreno García, en calidad de cónyuge supérstite del señor Edgar Ignacio Cadena
Corredor, reclamó la reliquidación de la bonificación por compensación por el tiempo
en que aquel laboró en el Consejo de Estado. No obstante, como la reclamación
administrativa fue presentada el 30 de mayo de 2011, consideró prescritos los
periodos anteriores al 2 de diciembre de 2004, al no haberse interrumpido la
prescripción antes del 3 de diciembre de ese año3.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Conjueces, mediante
sentencia dictada el 31 de julio de 20254, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre
de 2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la prescripción extintiva de los derechos reclamados por la
señora Sara Moren[o] García, en calidad de cónyuge supérstite del señor Edgar
Ignacio Cadena Corredor de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente
fallo.

22. Como fundamento de la decisión, la Sala concluyó que, aunque la señora Sara
Moreno García, en calidad de cónyuge supérstite de Edgar Ignacio Cadena
Corredor, tenía en principio derecho a reclamar las diferencias derivadas de la
bonificación por compensación reconocida en los decretos 610 y 1239 de 1998, las
sumas pretendidas se encontraban prescritas. Por esa razón, declaró probada la
excepción de prescripción extintiva propuesta por la Nación – Rama Judicial y negó
las súplicas de la demanda.

23. Explicó que el Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo
año, creó dicha prestación para determinados funcionarios de la Rama Judicial,
entre ellos los abogados auxiliares del Consejo de Estado, con el propósito de
aproximar progresivamente sus ingresos al 80% de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes. También precisó que la nulidad del Decreto 2668
de 1998 produjo efectos retroactivos, lo que restableció la vigencia del Decreto 610
de 1998, y que la posterior nulidad del Decreto 4040 de 2004 reafirmó la exigibilidad

3 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, proceso 25000232500020110073801, índice 39,
actuación «RECIBE MEMORIALES», documento «
14RECIBEMEMORIALES_4201100738CONTESTACIONDEMANDABXCESCRITURAL(.PDF) NroActua 39».
4 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, proceso 25000232500020110073801, índice 59,

actuación «Sentencia».
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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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de la bonificación por compensación en los términos de la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

24. Así, el Tribunal tuvo por probado que Edgar Ignacio Cadena Corredor se vinculó
a la Nación – Rama Judicial como abogado de alta corporación en el Consejo de
Estado desde el 1.º de enero de 1993 hasta el 28 de noviembre de 2004, y que la
demandante acreditó su condición de cónyuge supérstite. También constató que la
administración negó la reclamación mediante la Resolución 3497 de 2011. A partir
de esas pruebas documentales, consideró que, por la calidad del cargo
desempeñado, el causante era beneficiario del régimen de bonificación por
compensación.

25. Ahora bien, al estudiar la prescripción, el a quo aplicó la regla fijada por la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019 dentro
del proceso 41001-23-33-000-2016-00041-02, según la cual, para los derechos
causados antes del 3 de diciembre de 2004, no existía dualidad normativa que
impidiera su exigibilidad, pues se encontraba vigente el Decreto 610 de 1998. Por
tanto, los beneficiarios tenían la carga de interrumpir oportunamente la prescripción
trienal prevista en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Así, como la
demandante reclamó derechos causados entre el 1.º de enero de 2001 y el 28 de
noviembre de 2004, pero solo presentó la solicitud administrativa el 30 de mayo de
2011, y no acreditó interrupción anterior al 3 de diciembre de 2004, por lo anterior,
el tribunal concluyó que las sumas reclamadas se encontraban prescritas.

2.4. Recurso de apelación

26. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 31
de julio de 2025, con el propósito de que fuera revocada totalmente y, en su lugar,
se accediera a las pretensiones de la demanda.

27. Señaló que el fallo declaró probada la excepción de prescripción y negó las
súplicas, pero no analizó la pretensión identificada como «1.2.5», mediante la cual
se pidió que lo reconocido por concepto de bonificación fuera tenido en cuenta para
efectos pensionales, con la consecuente reliquidación de la mesada y del ingreso
base de liquidación.

28. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal fundamentó indebidamente la decisión
en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, a la que atribuyó carácter de
unificación. Afirmó que esa providencia no estaba vigente para el momento en que
se presentó la demanda y que, además, no podía ser considerada una verdadera
sentencia de unificación, conforme lo habría indicado la Sección Segunda del
Consejo de Estado en auto del 2 de mayo de 2025, dentro de un trámite de
extensión de jurisprudencia.

29. Sobre este último particular, explicó que el Consejo de Estado, en dicha
decisión, habría concluido que la providencia del 2 de septiembre de 2019 no
6

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cumplía los requisitos de los artículos 269 y 270 del CPACA, porque fue expedida
por una Sala de Conjueces conformada irregularmente. Según el recurrente, los
conjueces que reemplazaban a los magistrados de la Subsección B debían actuar
dentro de la integración legal prevista para esa Subsección y no ampliar la Sala con
la totalidad de conjueces de la Sección Segunda. Por ello, consideró que esa
decisión no nació válidamente como sentencia de unificación y no podía servir de
soporte para declarar prescritos los derechos reclamados.

30. A partir de lo anterior, la parte actora defendió que el precedente aplicable
seguía siendo el fijado en la sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016, según
el cual, mientras coexistieron regímenes salariales distintos, no podía predicarse la
exigibilidad del derecho a reclamar la bonificación por compensación. En esa línea,
sostuvo que la exigibilidad solo podía contarse desde la ejecutoria del fallo, en enero
de 2012, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, pues fue en ese momento
cuando se definió con certeza la situación jurídica y surgió un derecho cierto e
irrenunciable.

31. Indicó que la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 produjo
efectos retroactivos. Agregó que incluso la entidad demandada, en otros procesos,
habría reconocido que la bonificación se hizo exigible a partir de enero de 2012, con
ocasión de la nulidad de dicho decreto.

32. Finalmente, afirmó que la demanda fue presentada dentro de los tres años
siguientes al momento en que el derecho se hizo exigible, por lo que la prescripción
no se configuró. Para reforzar su postura, sostuvo que la nulidad de una norma con
efectos ex tunc permite reclamar derechos que antes no podían exigirse con
certeza. Con fundamento en ello, solicitó revocar la decisión que declaró probada la
prescripción y acceder a todas las pretensiones de la demanda, incluidas las
relativas a los efectos pensionales de lo reconocido.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Asignado por reparto el proceso de la referencia, esta corporación dictó auto el
27 de febrero de 20265, en el que admitió el recurso de apelación de la demandante.

34. A través de auto del 19 de marzo de 20266, se concedió el término para que las
partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.

2.6. Alegatos de conclusión de segunda instancia

35. Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

5 Samai, índice 4.
6 Samai, índice 12.

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Demandante: Sara Moreno García
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2.6.1. Ministerio Público

36. La Procuraduría Segunda delegada ante esta corporación, a través de
concepto, estimó que debía mantenerse la decisión relativa a la prescripción de las
diferencias causadas. Sin embargo, consideró que el fenómeno prescriptivo no
cobijaba los aportes pensionales, por su naturaleza ligada al derecho a la seguridad
social. Por ello, solicitó modificar la sentencia para ordenar únicamente el
reconocimiento y pago de las diferencias en aportes a pensión derivadas de incluir
la bonificación causada hasta el retiro del causante7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 129 del CCA.

3.2. Problema jurídico

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, corresponde
a la Sala definir si:

39. ¿Operó la prescripción extintiva respecto de las diferencias causadas por
concepto de la bonificación por compensación y de los aportes al sistema pensional
derivados de su reconocimiento?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

40. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería
una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos
de los magistrados8 de segundo nivel —y otros cargos equivalentes— tomando
como referencia cierto porcentaje de lo percibido por los magistrados de alta corte.
Esto se realizó a través de un mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo
concepto, por los magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de
1992. Dicho contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-

7 Samai, índice 11.
8 Y autoridades equivalentes.

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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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244 de 20139, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el
Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces
para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional
de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30%
de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente
y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el
Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel
como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían
sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación
o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de
hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin
embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98
buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de
anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de
1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los
magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad
económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado
de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido,
por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%.
Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al
que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los
propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la
"prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación"
y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para
las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.

41.En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 10, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

9 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia

C-681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
10 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros

funcionarios. Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo,
este último fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de
septiembre de 2001, ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor:
Pablo Julio Cáceres Corrales.
9

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

42. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a
través del Decreto 1239 de 199811 dictado por el presidente de la República.

43. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:

a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos
términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

d) los beneficiarios son los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo
de Estado; a los fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y
los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.

44. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201612, dictada por la Sala de

11 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con

radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
10

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º
del Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y
siguientes, respectivamente».

45. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera
que «el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente
por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que
resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de
tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998».

46. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de
alta corte]».

47. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como
ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte
y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para
fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»13.

48. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201914, reiteró que la bonificación por compensación hace
parte de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó
la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia
también señaló que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de
sus destinatarios, a partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %)
de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
Ciertamente, resaltó que «el 80% de la bonificación por compensación para los
magistrados y cargos homologados es un límite que no puede ser superado con el

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso

con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de
octubre de 2019.
11

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

reconocimiento de la prima especial de servicios y de ningún otro beneficio
económico laboral».

49. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación15. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001),
2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).

50. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto
610 de 1998.

3.3.2. Bonificación de gestión judicial

51. El Decreto 4040 de 200416, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y
que el valor correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la
asignación básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los
funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa.

52. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral
del ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo
devengado.

53. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y
abogados auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de
Distrito, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos
seccionales de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, tenían derecho a ella quienes
ingresaron, con posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría
General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como
agentes del Ministerio Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el

15 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de

2001, 663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales,
por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717
(1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
16 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

12

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

presente artículo.

54. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento
y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren
en una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

55. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201117 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios
debían desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se
estimó que el Decreto 4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago
de la bonificación por compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no
pueden ser objeto de negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho
adquirido y porque se violó el principio de progresividad. Insistió entonces en que
constitucionalmente está prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar
sobre derechos ciertos e indiscutibles.

56. La Sala de Conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos,
coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación
mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras
que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un
trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

57. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

58. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201218, según el cual a partir del 28 de enero
de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los
beneficiarios19 equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de alta corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05),

M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
18 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

19 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior

Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia,
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
13

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General
de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

59. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1°
del presente decreto».

3.3.3. Sobre la prescripción

60. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos
laborales en la sentencia del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección Segunda 20,
en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se predica
de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción de
aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza
no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son
objeto de ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la
inactividad prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la
prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar;
y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro del
cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena de que se extinga».

61. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en
razón de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta
por el demandado o la declaratoria de oficio por el juez».

62. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director
del proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto
sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»21.

63. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula
la prescripción al indicar que:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33-

000-2013-00666-01 (0833-2016).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,

proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
14

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero
sólo por un lapso igual.

64. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

65. Sobre este aspecto, en el fallo del 18 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
analizó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que
para los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el
Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad
del derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse
de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria
del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012»,
cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 2011 22, que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004.

66. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201923, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por
compensación, para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla
respecto de la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación
de que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de
2004», por ello, consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen
vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y
el derecho era plenamente exigible».

67. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 2668 de 1998 [5 de octubre de 2001]24 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo
dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del
Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el
fallo estableció que por regla general operó la prescripción del derecho al pago de
la bonificación por compensación entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre
de 2004, salvo que la persona demuestre que reclamó antes de esta última fecha.

68. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05),

C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia

del 25 de septiembre de 2001.
15

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de
diciembre de 2004 y el «27» de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004-
porque durante dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia
de regímenes. Al salir de la vida jurídica, el «27» de enero de 2012 dicho decreto,
los destinatarios podían efectuar reclamaciones hasta el «27» de enero de 2015, sin
que los afectara la prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la
prescripción desde el 3 de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D.
4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes
hayan interrumpido la prescripción por haber presentado reclamación durante el
tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de
diciembre 2004.

69.En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:

a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;

b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era
exigible dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004,

c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.

3.4. Hechos probados relevantes

70. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

71. Se allegó certificación del 11 de mayo de 2021, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en la que consta que el señor Edgar Ignacio
Cadena Corredor prestó sus servicios como «abogado auxiliar» ante el Consejo de
Estado desde el 1 de enero de 1993 hasta el 26 de noviembre de 200425.

72.Asimismo, se aportó registro civil de matrimonio núm. 03360814, donde obran
como contrayentes los señores Edgar Ignacio Cadena Corredor y Sara Moreno
García26.

73.Igualmente, obra registro civil de defunción núm. 06737814 correspondiente al
señor Edgar Ignacio Cadena Corredor, donde se plasma como fecha de

25 Samai, expediente digital, gestión en otros despachos, proceso 25000232500020110073801, índice 39,
actuación «RECIBE MEMORIALES», documento
«13RECIBEMEMORIALES_3CERTIFICADOSARAMORENOEDGARIGNACIOCADENA(.PDF) NroActua 39».
26 Expediente físico, folio 10.

16

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fallecimiento el 16 de julio de 200927.

74. En escrito del 30 de mayo de 201128, la parte actora solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento de la bonificación por
compensación, por cuanto el señor Edgar Ignacio Cadena Corredor se desempeñó
en el cargo de abogado auxiliar ante el Consejo de Estado. Pidió la liquidación de
la diferencia salarial teniendo en cuenta el 80% del valor de lo percibido por un
magistrado de alta corte.

75. A través de la Resolución núm. 3497 del 14 de junio de 201129, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó la anterior petición. En síntesis, indicó que
la administración aplicó los decretos salariales expedidos anualmente por el
Gobierno nacional. Asimismo, adujo la falta de competencia para inaplicar por
inconstitucionalidad el Decreto 4040 de 2004.

76. Asimismo, en dicho acto administrativo se indicó:

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la información que obra en esta
entidad, se observa que al doctor Edgar Ignacio Cadena Corredor (Q.E.P.D), se le
ha cancelado la Bonificación por Gestión Judicial prevista en el Decreto 4040 de
2004, situación que impide reconocer a favor de la incoante la diferencia del 10%
para llegar al 80% de lo que devenga por todo concepto un Magistrado de Alta Corte,
siendo incompatible ésta con la Bonificación por Compensación de que trata el
Decreto 610 del 26 de marzo de 1998, que contempla el mismo derecho pero en un
80%, sin que ello implique la renunciar a unos derechos, sino el sometimiento a un
nuevo régimen salarial, razón por lo que la petición resulta a todas luces
improcedente y debe ser despachada desfavorablemente.
(…)
En ese orden de ideas, son las normas legales señaladas anteriormente las que no
permiten el reconocimiento y pago de la Bonificación por Compensación en los
términos del Decreto 610 de 1.998, motivo por el cual no es procedente acceder a
lo peticionado, de hacerlo, la Administración estaría desacatando lo señalado en el
ordenamiento jurídico vigente, pues ninguna autoridad podrá establecer o modificar
los preceptos constitucionales y legales estatuidos, y cualquier disposición en
contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

3.5. Caso concreto

77. En el asunto bajo análisis, la accionante en calidad de cónyuge supérstite del
señor Edgar Ignacio Cadena Corredor solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación en cuantía equivalente al 80 % de lo devengado por
los magistrados de las altas cortes. El Tribunal concluyó que, aunque en principio
tenía derecho a reclamar las diferencias derivadas de dicha prestación, las sumas
pretendidas se encontraban prescritas. Por esa razón, declaró probada la

27 Expediente físico, folio 11.
28 Expediente físico, folio 56.
29 Expediente físico, folio 2.

17

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prescripción extintiva respecto de las diferencias reclamadas y negó las
pretensiones de la demanda.

78. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación,
dado que el Tribunal declaró probada la prescripción y negó las pretensiones sin
pronunciarse sobre los efectos pensionales de la bonificación reclamada.
Adicionalmente, cuestionó que la decisión se hubiera fundado en la sentencia del 2
de septiembre de 2019, pues, a su juicio, esa providencia no tenía carácter de
unificación ni podía desplazar decisiones anteriores, según las cuales el derecho
solo fue exigible cuando se definió con certeza la situación jurídica derivada de la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, en los términos de la sentencia del 18 de mayo
de 2016.

79. En ese sentido, afirmó que dicha nulidad produjo efectos retroactivos,
restableció la vigencia del Decreto 610 de 1998 y permitió reclamar la bonificación
dentro del término trienal, desde enero de 2012.

80. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el
proceso se acreditó que el señor Edgar Ignacio Cadena Corredor se desempeñó
como abogado auxiliar del Consejo de Estado desde el 1 de enero de 1993 hasta el
26 de noviembre de 2004; por otro lado, que el 30 de mayo de 2011 presentó la
reclamación administrativa, para obtener la diferencia con ocasión al
reconocimiento de la bonificación por compensación en el porcentaje previsto en el
Decreto 610 de 1998; petición que fue negada por la entidad en el acto demandado,
previamente referenciado.

81.En este orden de ideas, en primer lugar, la Subsección precisa que el
demandante, quien ejerció el cargo de abogado auxiliar del Consejo de Estado es
beneficiario de la bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de
1998, como lo concluyó el a quo.

82. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

83. Ahora bien, la Sala advierte que el recurso de apelación se contrae a tres
reparos esenciales: (a) la indebida aplicación de la prescripción, por haberse
fundado, según la apelante, en una providencia que no tenía carácter de unificación;
(b) la exigibilidad del derecho a la bonificación por compensación surgió de la
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 —28 de
enero de 2012—, y por ello no se predica el fenómeno prescriptivo para el periodo
en el que no existió dualidad normativa; y (c) la presunta omisión de la sentencia de
primera instancia de pronunciarse sobre los efectos pensionales de la bonificación
reclamada.

18

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

84. Frente al primer planteamiento del recurso de apelación, según el cual la
decisión de primera instancia aplicó indebidamente la prescripción al apoyarse en
una providencia que no tenía carácter de unificación, esto es, la sentencia del 2 de
septiembre de 2019, SUJ-016-CE-S2-2019, proferida dentro del proceso 41001-23-
33-000-2016-00041-02 (2204-2018), la Sala destaca lo siguiente:

85. En primer término debe precisarse que la aludida sentencia del 2 de septiembre
de 2019, además de definir una postura en cuanto a la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció criterios interpretativos en la forma
en que operaba el fenómeno jurídico de la prescripción en cuanto a la bonificación
por compensación, dado que la última decisión de «unificación» que estudió el
aludido emolumento, es decir la del 18 de mayo de 201630, no fijó regla alguna en
cuanto a dicho fenómeno prescriptivo, en lo que respecta al periodo antes de la
expedición del Decreto 4040 de 2004, esto es, en el que no hubo dualidad
normativa. Por ello, en ese pronunciamiento de consideró lo siguiente:

La sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016 no fijó ninguna regla respecto
de la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que
trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004, es
decir, antes de la coexistencia de las dos normas, que no permitía que el derecho
fuera exigible porque "no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes
era el aplicable”. En efecto, la prescripción trienal del derecho se computa a partir
de la vigencia del Decreto 4040 de 2004, toda vez que antes de la expedición de
éste el único régimen vigente respecto de la bonificación por compensación era el
Decreto 610 de 1998 y el derecho era plenamente exigible, por lo que quien
consideraba tenía derecho a percibirla tenía la carga de solicitarla antes de que
operara el fenómeno de la prescripción trienal de que tratan los Decretos 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a
través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día «27» de enero de 2012 se hizo
exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que
contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se
aplicaría la prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido entre
la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante este lapso no
hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2°
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla.

En consecuencia, procede la prescripción de la bonificación por compensación
entre el 5 de [octubre]31 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la
regla general. Esta regla tiene una excepción, que consiste en que, si la persona
logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con

radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso

con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de
octubre de 2019.
19

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese
caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta
la fecha de presentación de esa interrupción, fecha entonces que debe ser posterior
al 25 de septiembre de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción y
como toda excepción, es de aplicación restrictiva.

Y para las reclamaciones posteriores al «27» de enero de 2012 la prescripción trienal
aplica ya sin excepciones. (Negrillas del texto original)

86. Precisado el criterio expuesto en la providencia citada, y al analizar el
argumento de la apelación, se advierte que la parte demandante sostuvo que dicha
sentencia no resultaba aplicable, por no tener carácter de unificación. Para ello,
invocó el auto del 2 de mayo de 2025, proferido dentro del proceso 11001-03-25-
000-2020-00726-00 (2134-2020), en el que se habría llegado a esa conclusión
debido a falencias formales en la designación de los conjueces. Según indicó, estos
integraron la Sala sin atender el número de miembros previsto en la ley y, en
consecuencia, no se conformó la mayoría necesaria para deliberar.

87. En efecto, constatado el sistema público de consulta de jurisprudencia del
aplicativo Samai, se advierte que los datos del expediente son coincidentes con los
del auto proferido el 2 de mayo de 2025, con ponencia del magistrado Jorge Iván
Duque Gutiérrez de la Subsección A de la presente Sección, en el que se decidió
rechazar la solicitud de extensión de la jurisprudencia para el reconocimiento de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

88. Así, tal y como lo sostiene la demandante, en ese proveído se concluyó que la
sentencia del 2 de septiembre de 2019, invocada por el solicitante para obtener los
efectos de la regla sobre la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, no
podía tenerse como providencia de unificación, porque fue proferida por una Sala
de Conjueces integrada sin sujeción a la composición legal de la Sección Segunda:
los conjueces designados ampliaron la Sala a la totalidad de conjueces de la
Sección y finalmente decidieron con 7 de 8, pese a que la ley fija la integración de
cada subsección en tres magistrados, con las mayorías correspondientes. Por ello,
estimó que la decisión invocada no cumplía el requisito de ser sentencia de
unificación.

89. Conforme con lo expuesto, conviene precisar que el auto del 2 de mayo de 2025
al que alude la parte demandante no fue proferido dentro de un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, ni fijó o modificó una postura unificada en
materia de prescripción de la bonificación por compensación. Por el contrario, la
providencia invocada se dictó en sede del mecanismo de extensión de
jurisprudencia previsto en los artículos 102 y 270 del CPACA.

90. Es decir, la providencia referenciada por la parte demandante en el recurso de
apelación, en modo alguno le resta valor como criterio interpretativo, o como
precedente judicial vinculante de la sentencia del 2 de septiembre de 2019, en
materia de prescripción de la bonificación por compensación. Lo que señaló dicha
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decisión fue que el fallo SUJ-016-CE-S2-2019 no reunía los elementos formales
para ser considerado sentencia de unificación para efectos del mecanismo de
extensión de la jurisprudencia.

91. Así, que la sentencia del 2 de septiembre de 2019, SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida dentro del proceso 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), no
reúna las exigencias formales para ser considerada sentencia de unificación —
criterio que también ha acogido esta Subsección32— no significa que carezca de
valor como precedente judicial ni que deba descartarse como criterio interpretativo.
Por el contrario, su ratio decidendi conserva relevancia para resolver asuntos en los
que se discute la prescripción de la bonificación por compensación, en especial
cuando sus fundamentos han sido reiterados o acogidos por las providencias de la
Sección en la materia33.

92. Igualmente, y en concordancia con el anterior argumento, la demandante indicó
que al no ser aplicable la sentencia del 2 de septiembre de 2019 significaría «que
[en] términos de la sentencia apelada, el precedente de unificación a aplicar es el
que citó al numeral 7.1», esto es, la providencia del 18 de mayo de 2016 proferida
dentro del proceso 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), para ello destacó lo
dispuesto en esa decisión, en materia de prescripción, así:

El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que
ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de
exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los
derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación
por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que
reconocía la Bonificación por Gestión Judicial.

Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable,
ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho. En este
sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a
partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es
decir el 28 de enero de 2012.

93. Ahora bien, aunque en la sentencia del 18 de mayo de 2016 se sostuvo que la
exigibilidad de la bonificación por compensación debía analizarse a partir de la
ejecutoria de la providencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, dicho

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso 11001-03-25-000-2020-00925-00 (2778-2020),

auto 23 de octubre de 2025, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Así se indicó en la aludida decisión: Teniendo en
cuenta lo anterior, debe concluirse que la sentencia SUJ-016- CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 no es
de unificación. Al revisar su parte motiva, se advierte que la «Sala Plena de Conjueces» manifestó su intención
de proferir una decisión de unificación, por considerar que el asunto revestía de importancia jurídica y
trascendencia económica, y que además existía la necesidad de unificar jurisprudencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 271 del CPACA. Sin embargo, pese a invocar dicha disposición jurídica como
fundamento, se incumplió el criterio orgánico previsto en ese mismo artículo. En efecto, dicha providencia judicial
fue adoptada por una Sala integrada por ocho conjueces, de los cuales siete participaron en esa decisión,
número que excede el máximo de miembros que, conforme a la integración legal de esta Sección, pueden
deliberar válidamente en una sentencia de unificación jurisprudencial».
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020),

sentencia 19 de febrero de 2026. Asimismo, fallo del 23 de abril de 2026, proceso 08001-23-33-000-2018-
01024-02 (2926-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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criterio se formuló respecto del periodo en el que coexistieron regímenes
normativos, esto es, entre el 3 de diciembre de 2004 y el 28 de enero de 2012. En
cambio, la sentencia del 2 de septiembre de 2019 precisó el análisis frente a los
periodos en los que no existió dualidad normativa, particularmente el comprendido
entre el 5 de octubre de 2001 —fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el 2 de diciembre de 2004 —día
anterior a la vigencia del Decreto 4040 de 2004.

94. Es decir, en esta última decisión —2 de septiembre de 2019— se efectuó un
estudio específico sobre la exigibilidad de la prestación en aquellos periodos en los
que no existió simultaneidad normativa (del 5 de octubre de 2001, fecha en la que
cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998 y el
2 de diciembre de 2004, antes de la vigencia del Decreto 4040), y se precisó que
los derechos causados bajo la vigencia del Decreto 610 de 1998, para dicho lapso
de tiempo, podían reclamarse con las reglas de la prescripción trienal.

95. En segundo lugar, en cuanto al argumento expuesto en la apelación, relativo a
que se debe tener en cuenta la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004 para determinar el término prescriptivo, la Sala considera lo
siguiente:

96. Se destaca que el artículo 41 del Decreto 3135 de 196834, reglamentado por el
artículo 102 del Decreto 1848 de 196935, establece que las acciones que emanan
de los derechos previstos en esa normativa prescriben «en tres años contados
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible» y que la prescripción se
interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente del reconocimiento del derecho.

97. Sobre el particular, una vez precisado que la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019
del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de esta
Corporación, constituye un criterio interpretativo pertinente, debe señalarse que en
ella se estudió la prescripción del derecho a percibir la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, respecto del periodo anterior a
la expedición del Decreto 4040 de 2004, supuesto que coincide con el asunto bajo
examen. En esa oportunidad se estableció que, para los lapsos en los que no existió
dualidad normativa, el término prescriptivo debía contabilizarse desde la exigibilidad
de la prestación y podía interrumpirse mediante reclamación administrativa
oportuna; aspecto que, como se indicó, no fue abordado en la providencia del 18 de
mayo de 2016.

98. Así, para efectos explicativos se reitera lo considerado en esa decisión:

Esta Sala de igual manera ha reconocido al resolver casos análogos que si bien a
través de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia que

34 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el

régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
35 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.

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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 el día «27» de enero de 2012 se hizo
exigible el derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que
contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón no se
aplicaría la prescripción trienal, lo cierto es que entre el período comprendido entre
la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de
expedición del Decreto 4040 de 2004, procede decretarla. Durante este lapso no
hubo dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2°
del Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla.

99. En aplicación del precedente expuesto y de conformidad con los decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969, la Sala considera que respecto del lapso comprendido
entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 2668 de 1998 y el día
anterior a la expedición del Decreto 4040 de 2004, esto es, del 5 de octubre de 2001
al 2 de diciembre de 2004, donde no coexistían regímenes que impidieran reclamar
la bonificación en los términos del Decreto 610 de 1998, era necesario presentar la
respectiva reclamación administrativa, dentro de los tres años siguientes a la fecha
en que la obligación se hizo exigible.

100.Por tanto, los beneficiarios de dicha prestación tenían la posibilidad de
interrumpir oportunamente la prescripción mediante la respectiva reclamación
administrativa respecto de los periodos anteriores a la expedición del Decreto 4040
de 2004.

101.Precisados los efectos del Decreto 4040 de 2004 en materia del fenómeno
prescriptivo, además resulta pertinente destacar los criterios interpretativos sobre
esta materia. Así, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el numeral
«3.3.3». de esta sentencia, en cuanto a la prescripción de la bonificación por
compensación deben tenerse en cuenta tres escenarios: el primero, durante el que
estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes de que entrara en vigor el Decreto
4040 del 3 de diciembre de 2004; el segundo, cuando las anteriores normas rigieron
simultáneamente; y el tercero, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el 28 de enero de 2012, instante a
partir del cual se retornó al monto del 80% de la referida bonificación, como lo señala
el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto 1102 de 2012.

102.Así, la Sala considera respecto a la prescripción que la regla general es que
operó entre el 5 de octubre de 2001 —fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y el 2 de diciembre de 2004
(antes de la vigencia del Decreto 4040), salvo que la parte acredite que presentó
una petición.

103. Ahora bien, como se destacó de manera precedente, la sentencia de primera
instancia declaró la excepción de prescripción extintiva respecto a las diferencias
solicitadas en la demanda, esto es, del 1 de enero de 2001 hasta el 28 de noviembre
de 2004.

104. Así, respecto de las diferencias causadas entre el 1.º de enero de 2001 —fecha
23

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

inicial pretendida en la demanda— y el 28 de noviembre de 2004 —fecha de retiro
del servicio—, no se advierte la presentación de una petición que hubiera
interrumpido la prescripción dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad. Por
el contrario, la reclamación administrativa fue radicada solo hasta el 30 de mayo de
2011.

105.Además, no se pretende el reconocimiento de las diferencias correspondientes
al periodo de dualidad normativa comprendido entre el 3 de diciembre de 2004 y el
28 de enero de 2012, pues el señor Edgar Ignacio Cadena Corredor prestó sus
servicios únicamente hasta el 28 de noviembre de 2004. En consecuencia, frente a
las acreencias reclamadas con anterioridad al 28 de noviembre de 2004, debe
declararse probada la prescripción.

106. Finalmente, se observa que en la apelación se alude a otras decisiones de
tribunales administrativos que no reflejan la postura jurisprudencial vigente de esta
corporación en relación con la bonificación por compensación en materia de
prescripción, de cara a desvirtuar la posición del fallo SUJ-016-CE-S2-2019. Sin
embargo, la Sala precisa que el criterio adoptado en esta última decisión ha sido
reiterado de manera uniforme y pacífica por esta Sección36. Entre ellos, la sentencia
del 12 de marzo de 202637 emitida por la presente Subsección, en la que se indicó:

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), señaló que, respecto de los
períodos en los cuales, coexistieron los regímenes previstos en los Decretos 610 de
1998 y 4040 de 2004, no era posible aplicar de manera estricta la prescripción trienal
prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969, razón por la cual la exigibilidad del derecho debía entenderse consolidada a
partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, esto es, desde el Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Doce (2012); no
obstante, posteriormente esta Corporación, mediante decisión del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), precisó que dicha regla no resulta
aplicable respecto de las acreencias causadas entre el Cinco (5) de septiembre de
Dos Mil Uno (2001) y el Dos (2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), período en
el cual, no existía simultaneidad normativa, por lo que en tales eventos opera la
prescripción trienal ordinaria prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968
y 102 del Decreto 1848 de 1969.

107. Por estas razones, la Sala confirmará este aspecto de la sentencia de primera

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020),

sentencia 19 de febrero de 2026. Asimismo, fallo del 23 de abril de 2026, proceso 08001-23-33-000-2018-
01024-02 (2926-2025), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo; y decisión del 12 de marzo de 2026, proceso 25000-
23-42-000-2013-02258-02 (0432-2017), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Así: «[…]la misma
corporación, también a través de decisión proferida por la Sala de Conjueces, esta vez de fecha 2 de septiembre
de 2019, precisó otra regla de prescripción, esta vez para los casos de las reclamaciones de la bonificación por
compensación pero causadas entre el 5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, indicando que
durante este tiempo no hubo dualidad de normas; por tanto, aquí si operó el fenómeno de la prescripción
conforme las disposiciones de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; salvo que la persona logre demostrar
en el expediente, con pruebas documentales, que antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la
prescripción conforme a la ley».
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso 25000-23-42-000-2015-05358-02 (1114-2020),

sentencia 12 de marzo de 2026. M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24

Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

instancia.

• Sobre los aportes a seguridad social en pensiones

108.Ahora, cuestión distinta ocurre con los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, pues estos tienen carácter irrenunciable e imprescriptible; por tal
razón, la Sala efectuará un pronunciamiento específico sobre el particular, en
atención con los argumentos expuestos en la apelación, como pasará a exponerse.

109.En lo que respecta al tercero de los reparos de la apelación, la Sala reitera, por
un lado, que la bonificación por compensación reclamada constituye un factor a
tener en cuenta para liquidar la pensión; por otro, que los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables38 e imprescriptibles39.

110.Sobre este aspecto, se advierte que el juez de primera instancia declaró la
prescripción extintiva de las diferencias causadas por concepto de la bonificación
por compensación, sin hacer distinción a los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.

111.Sobre este punto, se aclara que la prescripción extintiva de los derechos no
impacta el derecho al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por tratarse de una prestación irrenunciable e imprescriptible que tiene
el propósito de asegurar un ingreso económico cuando se materializa el riesgo de
vejez cubierto por las respectivas cotizaciones.

112.Lo anterior resulta relevante, en la medida en que la prescripción no se extiende
al derecho de los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, por concepto de las diferencias de la bonificación por compensación, a
que tenía derecho el señor Edgar Ignacio Cadena Corredor.

113.En virtud de estas razones, se adicionará la decisión impugnada para ordenar
únicamente el pago de las diferencias en los aportes en seguridad social en
pensiones, para lo cual se deberá efectuar el pago al respectivo fondo de pensiones
al que estaba afiliado el señor Edgar Ignacio Cadena Corredor.

114.Se precisa que las diferencias en los aportes en seguridad social en pensiones
a reconocer comprenden el periodo del 5 de octubre de 2001 —fecha en la que
cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998— y

38 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los

principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
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el 28 de noviembre de 2004 —fecha de retiro del servicio—. En todo caso, se aclara
que lo anterior será procedente siempre y cuando los aportes no se hayan pagado
por la entidad previamente y que en ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional. Por lo
que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.

3.7. Conclusión de la decisión

115.Frente al problema jurídico, se concluye que, si bien el señor Edgar Ignacio
Cadena Corredor, en su calidad de abogado auxiliar del Consejo de Estado, tendría
derecho al reconocimiento de las diferencias derivadas de la aplicación del Decreto
610 de 1998; sin embargo, se advierte que operó el fenómeno jurídico de la
prescripción, dado que el periodo reclamado corrió entre 1.º de enero de 2001 y el
28 de noviembre de 2004 y la petición administrativa fue radicada el 30 de mayo de
2011.

116. No obstante, se adicionará la sentencia para ordenar que la demandada pague
las diferencias en los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
en atención a su naturaleza irrenunciable e imprescriptible respecto a la bonificación
por compensación.

4. Costas

117. El Decreto 01 de 1984, «Código Contencioso Administrativo», señalaba en su
artículo 171 que «en todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los
electorales, habrá condena en costas para el litigante vencido en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento
Civil». Artículo que fue declarado exequible por la Sala de Asuntos Constitucionales
de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de agosto de 1984.

118.El artículo 171 del CCA fue modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998,
de la siguiente manera: «[e]n todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá
condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos
del Código de Procedimiento Civil».

119. Por ello, debe entenderse que esta disposición define un carácter subjetivo de
la responsabilidad por el pago de dichas costas, es decir una responsabilidad que
sólo opera cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida. En
efecto, su lectura lleva a concluir que tal condena no se producirá necesariamente,
sino que podrá darse o no dependiendo de si ha mediado o no una conducta
reprochable en la parte vencida, durante el trámite del proceso. Por lo que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.

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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

120.Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la parte actora haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 31
de julio de 2025, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva, los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLARAR la prescripción extintiva de los derechos reclamados por la
señora Sara Moren García, en calidad de cónyuge supérstite del señor Edgar Ignacio
Cadena Corredor, salvo en lo relativo a las diferencias en los aportes en
seguridad social en pensión, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

ORDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, el pago de las diferencias en las cotizaciones o
aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en favor del
señor Edgar Ignacio Cadena Corredor con ocasión de las diferencias surgidas a
causa del reajuste ordenado a título de bonificación por compensación del 5 de
octubre de 2001 al 28 de noviembre de 2004, sumas que serían destinadas al fondo
de pensión al que estaba afiliado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.

En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional.

Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia, será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar, que fueron reconocidas en esta providencia, no se hayan
cancelado por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta hacer la
verificación correspondiente.

TERCERO: NEGAR las demás súplicas de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Tercero. Confirmar en todo lo demás el fallo apelado.

Cuarto. No condenar en costas en segunda instancia.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
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Radicación: 25000-23-25-000-2011-00738-03 (0520-2026)
Demandante: Sara Moreno García
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme con lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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