República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01194-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema 1: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1.1:
bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Tema 2: prima especial de
servicios, artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Subtema 2.1: reconocimiento prima especial de
servicios, incidencia de las cesantías. Subtema 2.2: prescripción.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el 28 de junio de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Stella Conto Díaz del Castillo, quien se desempeñó como magistrada
auxiliar de alta corte y posteriormente como magistrada del Consejo de Estado,
presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el propósito de obtener la nulidad del acto
administrativo que le negó el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación, equivalente al 80 % de lo devengado por los magistrados de las
altas corporaciones; así como de la prima especial de servicios teniendo en cuenta
todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del
28 de junio de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones. Esta Subsección
confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto está demostrado que a la
parte actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas de las acreencias laborales reclamadas.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Stella Conto Díaz del Castillo, mediante apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 2 de abril de 20131, con las
siguientes:
2.1.1. Pretensiones
(a) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 3960 del 31 de agosto de
2012, proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante
la cual le negó a la actora la bonificación por compensación y la prima especial
de servicios teniendo en cuenta todos los ingresos laborales anuales de
carácter permanente devengados por los congresistas.
(b) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional
de Administración Judicial, a reconocer y pagar a la señora Stella Conto Díaz
del Castillo, en calidad de consejera de Estado, la diferencia salarial que
resulte por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta todos
los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por
los congresistas, desde el 20 de septiembre de 2010 y «hacia futuro».
(c) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial, a reconocer y
pagar a la señora Stella Conto Díaz del Castillo, las diferencias salariales y
prestacionales que resulten de aplicar el Decreto 610 de 1998, es decir, entre
la bonificación por gestión judicial y la bonificación por compensación, en su
condición de magistrada auxiliar de alta corporación equivalente al 80%2 de lo
que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes, desde
el «1 de enero de 2001» hasta el «10 de agosto de 2010».
(d) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial, a reconocer y
pagar las diferencias salariales y prestacionales que resulten en favor de la
demandante, como consecuencia de las sumas antes mencionadas.
(e) Que se ordene a la entidad demandada a actualizar las sumas
1 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 52.
2 «[…]que sumada a la prima especial de servicios y demás ingresos laborales equivalgan al ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto devengue los Magistrados de las Altas Cortes […]».
2
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
adeudadas de acuerdo con el IPC, en la forma señalada en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante CPACA); pagar los intereses moratorios a que haya lugar; dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 192
del mismo estatuto, y que se le condene en costas.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda3, así:
3. La señora Stella Conto Díaz del Castillo prestó sus servicios como
magistrada auxiliar de alta corporación y magistrada del Consejo de Estado, en los
siguientes periodos4:
Cargo Inicio Final
Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y del 19/01/2000 10/08/2009
Consejo de Estado
Magistrada del Consejo de Estado 20/09/2010 A la fecha de
presentación de
la demanda [2
de abril de 2013]
Tabla 1. Relación de experiencia magistrada auxiliar y titular
4. Indicó que el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 creó para los magistrados de
altas cortes, la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos
laborales, iguale a los percibidos por los miembros del Congreso, sin que en ningún
caso los supere.
5. Asimismo, destacó que el Decreto 10 de 1993 —reglamentario de la prima
especial de servicios— dispuso en sus artículos 1 y 2 que dicha prestación
corresponde a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales recibidos
por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios con derecho
a ella, entendiéndose que esos «ingresos laborales totales anuales» son de carácter
permanente e incluyen la prima de navidad.
6. En virtud de las normas citadas, sostuvo que los magistrados de alta corte
tienen derecho a la prima especial de servicios, la cual debe liquidarse tomando
como base todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente percibidos
por los congresistas, sin excluir ningún factor. Adujo que la ley ordenó considerar
«todos los ingresos», independientemente de su denominación, con el fin de evitar
discriminaciones y asegurar igualdad salarial entre estos altos funcionarios. Por
tanto, excluir factores como las cesantías —como ha ocurrido en estos asuntos—
desconoce el mandato legal.
3 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 35.
4 La Sala organiza los tiempos indicados en la demanda en el siguiente cuadro.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
7. Afirmó que, en el caso de la demandante, para calcular su remuneración
como magistrada auxiliar y posteriormente consejera de Estado, no se incluyeron
los valores correspondientes a las cesantías de los congresistas. Tal omisión generó
un cálculo reducido de la prima especial de servicios y, en consecuencia, una
diferencia salarial en perjuicio de la parte actora, vulnerando las disposiciones que
exigen equiparación con los ingresos totales anuales de los senadores y
representantes a la Cámara.
8. De otro lado, advirtió que el Consejo de Estado, a través de sentencia del 14
de diciembre de 2011, declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, decisión que
recobró los efectos jurídicos del Decreto 610 de 1998. Esto implicó que la
remuneración de los magistrados auxiliares debía corresponder al 80 % de lo que
por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes, incluido el valor
de la prima especial de servicios. Por estas razones indicó que dicha decisión tiene
efectos erga omnes y por tanto la diferencia salarial debe reconocerse desde el
momento en que la demandante asumió el cargo de magistrada auxiliar y durante
su ejercicio.
9. Con fundamento en lo anterior, el 12 de junio de 2012, la demandante solicitó
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales que resulten por concepto de la prima especial de
servicios, teniendo en cuenta los ingresos laborales anuales de carácter
permanente percibidos por los congresistas; así como las derivadas del
reconocimiento de la bonificación por compensación que sumada a la prima
especial de servicios y demás ingresos laborales equivalgan al ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las altas cortes.
10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó su reclamación
mediante la Resolución núm. 3960 del 31 de agosto de 2012.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se invocan las siguientes normas:
De la Constitución Política, los artículos 13, 25, 53, y 58.
De la Ley 270 de 1996, artículo 152.
Ley 4 de 1992, artículos 2 y 15.
Decreto 10 de 1993, artículo 1.
Decreto 610 de 1998.
12. En el concepto de violación sostuvo que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial vulneró el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992 y el
Decreto 10 de 1993, al desconocer que la prima especial de servicios, sumada a los
demás ingresos laborales permanentes, debe igualar estrictamente la totalidad de
4
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
los ingresos laborales anuales percibidos por los congresistas. Afirmó que las
certificaciones allegadas evidencian una diferencia negativa en los ingresos
devengados por los magistrados de alta corte y por extensión, por los magistrados
auxiliares, frente a los congresistas, pese a que la Constitución y la ley ordenan una
equivalencia salarial basada en factores de carácter permanente.
13. Expresó que la administración incurrió en un entendimiento contrario a
derecho al suponer que no era posible equiparar la liquidación de cesantías entre
magistrados y congresistas y, con base en ello, excluir de la base salarial
componentes permanentes. Señaló que tal interpretación desconoció el carácter
constitucionalmente reforzado de los derechos laborales de los servidores de la
Rama Judicial y contraría el mandato legal según el cual la prima especial debe
cubrir la diferencia entre todos los ingresos laborales permanentes que perciben
anualmente los congresistas y los que devengan los funcionarios con derecho a
ella.
14. Destacó que esta exigencia también se proyectó sobre la bonificación por
compensación creada por el Decreto 610 de 1998, cuyo porcentaje —60 %, 70 % y
80 % según vigencias— se determina tomando como referencia los ingresos totales
de los magistrados de las altas cortes. Por las razones precisadas en renglones
anteriores, indicó que las omisiones de la administración perpetuaron una
desigualdad en contravía de la Constitución y la ley, por cuanto el valor de la prima
especial y de la bonificación por compensación debe calcularse incluyendo todos
los factores salariales permanentes devengados por los magistrados de alta corte
y, correlativamente, por los congresistas.
15. Indicó que las diferencias salariales constatadas en las certificaciones
aportadas, que también repercuten en los ingresos de los magistrados auxiliares,
revelan una infracción del principio de igualdad y una indebida interpretación del
ordenamiento jurídico. Como consecuencia, alegó que la entidad demandada
incurrió en falsa motivación y errónea aplicación de la Ley 4 de 1992, del Decreto
10 de 1993 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, al liquidar los ingresos
laborales con una base inferior a la legalmente exigida y sin atender la totalidad de
factores de carácter permanente.
2.2. Contestación de la demanda
16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó escrito de
contestación5 mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda. Explicó
que del análisis de los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992 y del Decreto 10 de
1993, la prima especial de servicios tiene por objeto equiparar los ingresos de los
magistrados de las altas cortes con los ingresos permanentes de los congresistas.
Por ello sostuvo que dicha equiparación no autoriza incluir prestaciones sociales,
5 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 148.
5
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Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
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entre ellas las cesantías, pues estas no hacen parte de los ingresos de carácter
permanente definidos por el legislador. Indicó que la norma expresamente excluyó
las cesantías del componente salarial y limitó el cálculo a ingresos permanentes,
razón por la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no puede
incorporar conceptos ajenos a dicho marco legal.
17. Advirtió que incluir las cesantías en el cálculo de la prima especial implicaría
alterar las condiciones laborales de los magistrados, generando un aumento salarial
contrario al artículo 16 de la Ley 4 de 1992, que ordena mantener inalteradas las
prestaciones sociales de estos servidores. En estos términos, adujo que de aceptar
dicha hipótesis conduciría a que el valor reconocido por cesantías a los magistrados
superara lo devengado por los congresistas, quebrantando la prohibición expresa
de no sobrepasar dicho tope. De otro lado, afirmó que la jurisprudencia ha sido
consistente en afirmar que las cesantías no constituyen ingreso permanente y que,
por tanto, no son equiparables para efectos del cálculo de la prima especial.
18. Sobre este particular, destacó que el Decreto 10 de 1993 confirmó la
interpretación precedente, al señalar que el cálculo debe efectuarse sobre ingresos
de carácter permanente, incluyendo únicamente la prima de navidad, prestación
social que el legislador incorporó de forma excepcional para el cálculo, por lo que
cualquier otra prestación social fue expresamente excluida del cómputo. Enfatizó
que la Corte Suprema de Justicia también precisó que el auxilio de cesantía, por su
naturaleza de ahorro obligatorio, no configura ingreso permanente. Por estas
razones, manifestó que la Rama Judicial no puede realizar equivalencias entre las
cesantías de congresistas y magistrados, pues sus sistemas prestacionales son
distintos por mandato legal y constitucional.
19. De otro lado, respecto a las pretensiones de la bonificación por
compensación, distinguió entre las acciones de simple nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho, y destacó que la sentencia de simple nulidad tiene
efectos erga omnes y hacia el futuro, sin carácter retroactivo. En esa postura,
precisó que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 —que regulaba la bonificación por
gestión judicial del 70%— únicamente produjo efectos hacia adelante desde su
ejecutoria, sin reabrir situaciones consolidadas ni generar obligaciones fiscales
retroactivas. Lo anterior debido a que, en su sentir, las sentencias de control de
legalidad y constitucionalidad tienen efectos ex nunc, salvo disposición expresa en
contrario, lo cual reafirma la imposibilidad de aplicar retroactivamente beneficios
prestacionales no previstos en la ley.
20. Alegó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como autoridad
administrativa, no tiene competencia para interpretar o inaplicar la ley, pues su labor
se limita al estricto cumplimiento de las normas y de las decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, solo los jueces,
mediante providencias, tienen la facultad hermenéutica y decisoria. Por estas
razones, concluyó que según el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo
6
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Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Estado, la prima especial y la bonificación por compensación deben regirse
únicamente por los ingresos permanentes y que las cesantías no pueden ser
incluidas en su cálculo, de manera tal que son improcedentes las pretensiones que
persiguen equipararlas o asociarlas a estos factores salariales.
21. Finalmente, invocó las excepciones de prescripción trienal y ausencia de
causa petendi.
2.3. Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia dictada el 28 de junio de 2019, resolvió6:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 3960 del 31 de agosto de
2012 por la cual se negó el pago de las diferencias adeudadas a la señora STELLA
CONTO DÍAZ DEL CASTILLO por concepto de prima especial de servicios (Art. 15
Ley 4ª de 1992), y de bonificación por compensación (Decreto 610 de 1998) conforme
con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR
en favor de la señora STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, retroactivamente la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de:
Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir,
ordenándose pagar el 80% de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes, desde
el 19 de enero de 2000 al 10 de agosto de 2009 mientras ostentó el cargo de
Magistrada Auxiliar de una Alta Corte, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
Prima especial de servicio (Art. 15 Ley 4ª de 1992) durante el período comprendido del
20 de septiembre de 2010 y hasta tanto fungió como consejera de Estado, y la suma
que corresponda luego de incluir la totalidad de los factores salariales devengados por
los Congresistas en dicho período y que no le fueron tenidos en cuenta, conforme con
lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: La Nación Rama Judicial dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.
[…]7(Sic para la cita).
6 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 263.
7 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
23. Para resolver el caso concreto, el Tribunal delimitó el estudio de la
controversia a las pretensiones relacionadas con su etapa como magistrada auxiliar
de alta corte y como consejera de Estado.
24. En estos términos, indicó que del acervo probatorio se acreditó que la
demandante ejerció los cargos de magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado. Así, señaló que dado el carácter de estos cargos y la
normativa aplicable, relacionada con equiparación salarial con los magistrados de
las altas cortes, esa corporación concluyó que era beneficiaria de la bonificación por
compensación equivalente al 80 % de todo lo devengado por aquellos. No obstante,
advirtió que durante los períodos reclamados solo percibió la bonificación por
gestión judicial sin considerar dicho porcentaje, razón por la cual presentó la
reclamación administrativa respectiva, que fue negada mediante la Resolución 3960
del 31 de agosto de 2012.
25. Advirtió que el acto administrativo demandado se apoyó en una norma que
para el momento de su aplicación, había sido declarada nula por el Consejo de
Estado mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011. En consecuencia, precisó
que los valores liquidados con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 no
correspondían a lo debido. Por ello, el Tribunal encontró acreditado el
desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable al caso en concreto, lo
que tornó procedente la nulidad del acto administrativo y el reconocimiento de la
bonificación por compensación en los términos legales. Sin embargo, dado que la
actora percibió pagos por bonificación de gestión judicial en el periodo reclamado,
concluyó que el monto a reconocer corresponderá a la diferencia entre lo pagado y
lo efectivamente dejado de percibir durante el tiempo en que ejerció como
magistrada auxiliar de ambas corporaciones.
26. En relación con la excepción de prescripción, el Tribunal reiteró la regla
establecida por el Consejo de Estado según la cual la exigibilidad de la bonificación
por compensación solo se configura desde la ejecutoria de la sentencia que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, el 28 de enero de 2012. En ese marco,
al haber presentado la demandante la petición correspondiente el 12 de junio de
2012, concluyó que no operó la prescripción trienal. Por tanto, se ordenó reconocer
y pagar a la demandante las diferencias dinerarias resultantes entre los
emolumentos cancelados y lo que debió percibir desde el 19 de enero de 2000 hasta
el 10 de agosto de 2009, conforme al porcentaje del 80 % sobre los ingresos de los
magistrados de las altas cortes.
27. De otro lado, en lo que respecta a las pretensiones en su etapa de consejera
de Estado desde el 20 de septiembre de 2010, el Tribunal determinó que la
demandante tenía igualmente derecho a la prima especial de servicios prevista en
el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, la cual debía liquidarse con base en todos los
ingresos permanentes devengados por los congresistas. Recordó que contrario a lo
sostenido por la administración, las cesantías constituyen un ingreso laboral
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
permanente que integra la base para el cálculo de la prima especial. Por ello, al
demostrarse la inobservancia de la normativa y del precedente jurisprudencial
aplicable, se declaró la nulidad de los actos que negaron el reajuste solicitado y se
ordenó reconocer únicamente la diferencia correspondiente a los factores salariales
no incluidos, según lo reclamado en la demanda.
28. Finalmente, el Tribunal dispuso que las diferencias mensuales reconocidas
debían ser indexadas conforme a la variación porcentual del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE y, adicionalmente, ordenó el pago de intereses
comerciales moratorios desde la ejecutoria de la sentencia. En materia de costas,
se concluyó que no había lugar a su imposición al no evidenciarse actuación
temeraria o de mala fe por parte de la entidad demandada.
2.4. Recurso de apelación
29. La entidad demandada presentó recurso de apelación8, en el que solicitó que
se revocara la sentencia de primera instancia.
30. Sustentó su alzada exponiendo un recuento normativo y jurisprudencial sobre
la bonificación por compensación, destacando que su creación (Decreto 610 de
1998) y demás decretos que definieron los porcentajes de equiparación entre la
remuneración de determinadas categorías de funcionarios judiciales y los ingresos
laborales totales anuales de los magistrados de las altas cortes, con el fin de
asegurar la proporcionalidad salarial conforme al grado de responsabilidad del
cargo. Sin embargo, destacó que la posterior expedición del Decreto 4040 de 2004
modificó este régimen, especialmente en lo relativo a la bonificación por gestión
judicial, lo cual según la apelante, incidía en la correcta interpretación de los
derechos reclamados por la peticionaria.
31. Bajo ese contexto normativo, destacó que la sentencia de nulidad del Decreto
4040 de 2004, proferida en 2011, produjo efectos únicamente hacia el futuro,
conforme a lo establecido en el artículo 84 del CCA y la naturaleza de la acción de
simple nulidad. Explicó que al no haberse solicitado condena al pago de perjuicios
ni restablecimiento retroactivo, la decisión judicial carecía de efectos ex tunc y solo
generaba consecuencias ex nunc, esto es, desde la ejecutoria del fallo. En ese
sentido, insistió en que la anulación del decreto no reabría derechos pasados ni
habilitaba la reliquidación retroactiva de factores salariales, sino que restablecía la
situación jurídica futura en estricto apego al ordenamiento.
32. Con sustento en una amplia exposición jurisprudencial, la entidad recordó
que la acción de nulidad persigue exclusivamente el control abstracto de legalidad
y produce efectos erga omnes, mientras que la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho exige acreditar un perjuicio concreto, tiene término de caducidad y
8 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 284.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
genera efectos particulares. Subrayó que la nulidad simple no permite reconstruir
situaciones pasadas ni imponer cargas fiscales retroactivas, y que las autoridades
administrativas están obligadas a ejecutar las normas vigentes sin facultad alguna
de inaplicar disposiciones, salvo orden judicial. En esa línea, destacó
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que reafirman
la obligatoriedad de las decisiones administrativas mientras no sean anuladas por
la jurisdicción.
33. Argumentó que, en estricto cumplimiento del marco normativo, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial ha liquidado las bonificaciones conforme a los
decretos vigentes y a los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda. Por ello,
consideró improcedente cualquier pretensión dirigida a ordenar el pago retroactivo
del 80 % de los ingresos laborales de los magistrados de altas cortes como base
para la bonificación por compensación, pues ello desconocería el carácter ex nunc
de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 y excedería las
competencias de la administración. Advirtió que permitir lo contrario implicaría
vulnerar la seguridad jurídica y la presunción de legalidad de los actos
administrativos, así como desconocer el alcance limitado de la excepción de
ilegalidad.
34. En lo que respecta a la pretensión de la prima especial de servicios, enfatizó
su argumentación en la aplicación de la prescripción trienal sobre este concepto,
dado que, en sentir de la demandada, la providencia impugnada se refirió a la
aplicación de este fenómeno prescriptivo sobre la bonificación por compensación,
mas no hizo alusión de la aludida prima.
35. Explicó conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y a la jurisprudencia
del Consejo de Estado, que las prestaciones y derechos laborales de los empleados
públicos prescriben en tres años desde que el derecho se hace exigible, salvo
normas especiales. Indicó que en asuntos relacionados con la reliquidación de la
prima especial de servicios (con inclusión de las cesantías devengadas por los
congresistas) o la incidencia de ese emolumento en la bonificación el interesado
cuenta con tres años para reclamar su derecho desde su vinculación, fecha a partir
de la cual es exigible el derecho, sin que incidan las consideraciones expuestas por
la sentencia de unificación del Consejo de Estado en materia de prescripción de la
bonificación por compensación.
36. Finalmente, concluyó que las reclamaciones dirigidas a reliquidar la
bonificación por compensación con la incidencia de la prima especial de servicios y
de las cesantías reconocidas a los congresistas, están sometidas al término general
de prescripción de tres años contado a partir de la exigibilidad del derecho. Sostuvo
que la sentencia de unificación no estableció una regla especial para extender dicho
término, razón por la cual las pretensiones relacionadas con pagos retroactivos se
encuentran prescritas. En consecuencia, solicitó la revocatoria integral de la
sentencia apelada y la negativa de los reajustes salariales reclamados.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.5. Adición de la sentencia
37. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, a través de la decisión del 30 de septiembre de 20199, adicionó la
sentencia del 28 de junio de 2019 en los siguientes términos:
PRIMERO: ADICIONAR la Sentencia del 28 de junio de 2019, específicamente en el
numeral segundo de la parte resolutiva, el cual quedará del siguiente tenor:
“SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER
y PAGAR en favor de la señora STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO,
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar por concepto de:
-Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998,
es decir, ordenándose pagar el 80% de lo que perciben los Magistrados de
Altas Cortes, equiparando a estos últimos con los Congresistas, es decir,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los
miembros del congreso, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima
de servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 19 de enero de 2000
al 10 de agosto de 2009 mientras ostentó el cargo de Magistrada Auxiliar de
una Alta Corte, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
-Prima especial de servicio (Art. 15 Ley 4ª de 1992) durante el periodo
comprendido del 20 de septiembre de 2010 y hasta tanto fungió como
consejera de Estado, y la suma que corresponda luego de incluir la totalidad
de los factores salariales devengados por los Congresistas en dicho periodo
y que no le fueron tenidos en cuenta, conforme con lo expuesto en la parte
motiva. En todo lo demás la sentencia no sufre modificación alguna.
SEGUNDO: En firme el presente proveído dese cumplimiento a lo ordenado en la parte
resolutiva de la referida Sentencia del 28 de junio de 2019. (negrillas y subrayado del
texto original)
38. La adición se efectuó a solicitud de la parte actora, con el fin de que en la
parte resolutiva se precisara que la bonificación por compensación reconocida
corresponde a la totalidad de los conceptos que devenga un magistrado de alta
corte. Asimismo, que esta base salarial debía equipararse a la de los congresistas,
lo que implicaba considerar, para su liquidación, todos los ingresos laborales
anuales de carácter permanente percibidos por dichos servidores. El Tribunal
accedió a dicha petición.
9 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 307.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
39. Mediante auto del 25 de febrero de 202110, los entonces magistrados de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declararon su
impedimento para tramitar el presente asunto.
40. El 24 de junio de 202111 se declaró fundado el anterior impedimento, e
igualmente los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, manifestaron su impedimento y realizaron el sorteo del asunto a los
conjueces.
41. Mediante auto del 19 de noviembre de 202112 el conjuez ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia
de primera instancia.
42. Por auto del 29 de abril de 202213, el conjuez ponente declaró fundado el
impedimento manifestado por los integrantes de la Subsección A y ordenó continuar
el trámite.
43. Mediante auto del 23 de agosto de 202214, el conjuez ponente concedió el
término a las partes para alegar de conclusión.
44. Según la anotación del sistema Samai, se dispuso el cambio de conjuez
ponente, asignado al doctor Orlando Enrique Ramírez Durán15. Ahora, por auto del
5 de marzo de 202416, aquel manifestó su impedimento para conocer el proceso.
45. Por auto del 7 de mayo de 202417, el conjuez ponente Carlos Mario Isaza
Serrano declaró fundado el impedimento y asumió el trámite del asunto.
46. A través de decisión del 1 de abril de 202518, el conjuez remitió el proceso de
la referencia al despacho que hoy preside la doctora Elizabeth Becerra Cornejo, con
fundamento en el inciso tercero del artículo 11619 del CPACA.
47. Mediante pronunciamiento del 29 de abril de 202520, el doctor Juan Enrique
Bedoya Escobar declaró su impedimento para conocer el proceso.
10 Samai, índice 4, expediente digital.
11 Samai, índice 9, expediente digital.
12 Samai, índice 17, expediente digital.
13 Samai, índice 23, expediente digital.
14 Samai, índice 29, expediente digital.
15 Samai, índice 42, expediente digital.
16 Samai, índice 43, expediente digital.
17 Samai, índice 49, expediente digital.
18 Samai, índice 58, expediente digital.
19 «Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración
de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les
predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».
20 Samai, índice 63, expediente digital.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
48. Por auto del 3 de septiembre de 202521, los integrantes de la Subsección B,
Elizabeth Becerra Cornejo y Jorge Edison Portocarrero Banguera declararon
fundado el impedimento manifestado por el doctor Enrique Bedoya Escobar.
2.7. Alegatos de conclusión de segunda instancia
2.7.1. Demandante
49. La apoderada de la parte actora22 reiteró los argumentos expuestos en la
demanda, en los alegatos de primera instancia (primera instancia 12 de junio de
2019) (alegatos de segunda instancia 19 de septiembre de 2022) y en el memorial
del 2 de septiembre de 202023, enfatizando que la doctora Stella Conto Díaz del
Castillo, en su calidad de magistrada auxiliar desde el año 2000, se acogió a las
directrices impartidas por la Rama Judicial y, por ello, devengó el 70 % de los
ingresos de los magistrados de las altas cortes conforme al Decreto 4040 de 2004.
Sin embargo, dicha bonificación por compensación nunca incluyó la incidencia de
la prima especial de servicios prevista en la Ley 4 de 1992. También indicó que,
durante su periodo como consejera de Estado, la peticionaria tampoco recibió la
aludida prima teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos de los congresistas,
razón por la cual el Tribunal ordenó de manera acertada el reconocimiento de las
diferencias salariales y prestacionales.
50. En relación con la prescripción, la apoderada sostuvo que la demandante sí
interrumpió oportunamente dicho fenómeno, especialmente porque la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial reconoció y pagó en 2005 la suma de
$146.772.531 por concepto de bonificación por gestión, como consta en la
certificación expedida por esa dependencia y en la nómina de febrero de 2005 (folios
que contienen pagos por sueldo básico, bonificación por gestión, prima especial y
bonificación de gestión de vigencia anterior). Reprochó que la entidad pretendiera
alegar prescripción pese a que posee en sus propios archivos la evidencia de que
la servidora había reclamado sus derechos. Advirtió que, además, el proceso inició
en 2012, cuando aún no existía la exigencia jurisprudencial actual de acreditar la
interrupción de la prescripción, cambio interpretativo que no puede perjudicar a la
actora.
51. Argumentó que no deben aplicarse los efectos de la prescripción, dado que
21 Samai, índice 67, expediente digital.
22 Doctora Nury Liliana Ojeda.
23 En el que indica «[…]donde se anexó la prueba correspondiente al pago realizado por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en el año 2005 donde consta que en efecto la Dra. Conto si realizó la transacción
que se exigía por parte de esa entidad para proceder a negociar con los magistrados que estaban en ejercicio
de sus funciones, tal y como ocurre en el caso de la Dra. Conto que era magistrada auxiliar desde el año
2.0002.000 y en ese momento y según las directrices de la rama judicial se acogieron al Decreto 4040 de 2004
y a partir de ese momento siempre devengaron el 70% de lo percibido por los magistrados de las altas
cortes[…]». Visible en Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«5_ED_CUADERNO _01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 323.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
no existe culpa, desidia o negligencia por parte de la demandante, en tanto la propia
entidad demandada afirmó haber aplicando el régimen salarial correspondiente a
los magistrados auxiliares, conforme al Decreto 4040 de 2004. Explicó que la
nulidad de este decreto—declarada por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado
mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, con efectos ex tunc—implica la
aplicación del régimen anterior previsto en el Decreto 610 de 1998, que fija la
bonificación por compensación en el 80 % de lo devengado por los magistrados de
alta corte. En esa medida, la prescripción solo podría contarse desde la ejecutoria
de dicha sentencia (28 de enero de 2012), aunque reiteró que, de cualquier modo,
la actora ya había presentado reclamación válida interrumpiendo el término.
52. Finalmente, sostuvo que la prima especial de servicios debe incluirse como
factor en la bonificación por compensación, dado que los magistrados de alta corte
la devengan y esta debe reflejar la diferencia frente a los ingresos de los
congresistas, según lo ordena la Ley 4 de 1992. Destacó que la demandante nunca
recibió tal prima teniendo en cuenta todo lo percibido por los congresistas durante
su periodo como consejera de Estado, por lo que resultan acertadas las órdenes
impartidas por el Tribunal para reconocerle tanto la bonificación por compensación
calculada con el 80 % incluyendo la incidencia de la prima especial, como el pago
de la propia prima en condiciones de igualdad. En conclusión, solicitó confirmar
íntegramente la sentencia de primera instancia en salvaguarda de los derechos
salariales y prestacionales de la demandante24.
2.7.2. Demandada
53. 2.7.2.1. La apoderada de la Nación, Rama Judicial luego de admitido el
recurso de apelación, presentó memorial solicitando negar las pretensiones de la
demanda, centrando su argumentación en que la prima especial del artículo 15 de
la Ley 4 de 1992 es un beneficio exclusivo para los magistrados de las altas cortes,
según la Ley 4 de 1992 y el Decreto 10 de 1993, por lo que no resulta aplicable a
jueces ni a otros funcionarios judiciales. Expuso que dicha prima, sin carácter
salarial, solo busca igualar sus ingresos laborales totales con los de los
congresistas, y que el entendimiento legal y jurisprudencial vigente confirma su
ámbito restrictivo. Por ello, afirmó que la pretensión de la demandante —quien en
su sentir no ostentaba la calidad de magistrada de alta corte— carece de sustento
normativo.
54. En relación con la prescripción, señaló que las reclamaciones sobre la
reliquidación de la prima especial, incluyendo el componente de cesantías, están
sujetas a la prescripción trienal. Precisó que el derecho se torna exigible desde la
vinculación al cargo respecto del cual se discute la prima, y que solo subsisten las
sumas reclamadas dentro de los tres años anteriores a la petición presentada el 12
de junio de 2012; en consecuencia, todo lo causado antes del 12 de junio de 2009
24 Samai, índice 36, expediente digital.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
se encuentra prescrito. Con fundamento en estas consideraciones, solicitó revocar
la sentencia de primera instancia y negar integralmente las pretensiones25.
55. 2.7.2.2. Ahora bien, concedido el término de alegatos de conclusión, la
entidad demandada allegó un nuevo escrito26 en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia del 28 de junio de 2019, por haberse proferido antes de la
sentencia de «unificación» SUJ-016-CE-S2-2019, la cual definió de manera
vinculante la improcedencia del reconocimiento del 30 % previsto en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 para magistrados de tribunal y cargos equivalentes. A su juicio,
dicha providencia precisó que la bonificación por compensación constituye el
mecanismo válido de nivelación salarial y que los ingresos de estos funcionarios no
pueden superar el 80 % de lo devengado anualmente por los magistrados de las
altas cortes, límite que actúa simultáneamente como piso y techo retributivo.
56. Sostuvo que ordenar la reliquidación del salario básico o de la asignación
básica con el 30% reclamado desbordaría el marco legal, pues desconocería la
estructura de la nivelación diseñada por el Decreto 610 de 1998 y reiterada por la
jurisprudencia. Expuso ampliamente la evolución normativa y jurisprudencial de la
bonificación por compensación, la nulidad del Decreto 2668 de 1998 y la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, destacando que, tras esta última, revivió plenamente el
régimen del Decreto 610 de 1998, lo que obligó a la Administración a reconocer por
nómina el 80% desde enero de 2012 mediante el Decreto 1102 de 2012.
57. Frente a la prescripción, desarrolló las reglas fijadas en las sentencias de
unificación del 18 de mayo de 2016 y del 2 de septiembre de 2019, según las cuales
existen dos momentos relevantes para su cómputo: (a) entre el 5 de octubre de
2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual los beneficiarios del Decreto
610 podían interrumpir la prescripción; y (b) entre el 3 de diciembre de 2004 y el 26
de enero de 2012, momento en el que coexistían los decretos 4040 y 610. Indicó
que en el caso concreto operó la prescripción trienal respecto de todas las sumas
anteriores al 12 de junio de 2009, pues la petición administrativa solo se presentó el
12 de junio de 2012.
58. Finalmente, recordó el carácter obligatorio de las sentencias de unificación
conforme al artículo 10 del CPACA y reiteró que, según la SUJ-016-CE-S2-2019, no
procede reconocer la prima especial del 30 % para magistrados de tribunal ni para
cargos equiparables. En consecuencia, solicitó denegar las pretensiones de la
demanda, por cuanto confirmar la condena impuesta en primera instancia implicaría
desconocer los límites remuneratorios vigentes y generar una orden de imposible
cumplimiento al exceder el tope del 80 % previsto en el Decreto 610 de 1998.
25 Samai, índice 21, expediente digital.
26 Samai, índice 35, expediente digital.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3. Consideraciones
3.1. Competencia
59. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto
en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión previa
60. Previo a la delimitación de los problemas jurídicos que orientarán el estudio
del asunto, la Sala considera necesario puntualizar que en los alegatos de
conclusión de segunda instancia, la parte demandada introdujo consideraciones
adicionales relacionadas con la improcedencia del reconocimiento de las acreencias
solicitadas por topes salariales y por la interpretación de la SUJ-016-CE-S2-2019,
sobre la falta de demostración de la calidad de la demandante como magistrada,
entre otros. Sin embargo, al examinar los fundamentos del recurso de apelación se
advierte que tales aspectos no fueron propuestos como motivo de inconformidad en
la alzada, razón por la cual no pueden ser objeto de análisis en esta instancia.
61. En todo caso, conviene recordar que los alegatos de conclusión constituyen
una oportunidad procesal destinada a reforzar o reiterar los argumentos ya
expuestos en el recurso, mas no a incorporar nuevos planteamientos jurídicos o
fácticos que alteren el marco de competencia del juez de segunda instancia, el cual
se encuentra limitado por los reparos concretos formulados en la apelación.
3.3. Problemas jurídicos
62. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación que habilita al juez
de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos
concretos presentados por el apelante27, la Sala precisa que los argumentos del
recurso presentado por la entidad demandada se circunscriben (a) al
reconocimiento de la bonificación por compensación, y los relacionados con las
diferencias derivadas de la prima especial de servicios, (b) se centraron en la
prescripción trienal sobre este concepto.
63. En este orden de ideas, la Sala concluye que las inconformidades de la parte
recurrente no controvierten los fundamentos de la decisión de primera instancia en
lo relativo al derecho a las diferencias salariales ocasionadas por la prima especial
de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en el entendido que la alzada se
centró en la aplicación de la prescripción trienal sobre esta acreencia. Ahora,
27 CGP, artículos 320 «Fines de la apelación» y 328 «Competencia del superior».
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
respecto a la bonificación por compensación, su argumentación se enfatizó en los
efectos de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
64. Aclarado lo anterior, la Sala procede a resolver los siguientes problemas
jurídicos:
65. ¿Es procedente el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de
la bonificación por compensación causadas con anterioridad a la sentencia del 14
de diciembre de 201128, pese a que la parte demandada alegó que la nulidad del
Decreto 4040 de 2004 no produce efectos frente a situaciones jurídicas individuales
consolidadas y que los pagos efectuados se realizaron conforme a lo dispuesto en
dicho decreto, mientras estuvo vigente?
66. ¿Era procedente aplicar la prescripción de carácter trienal respecto de la
diferencia salarial de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992 en el presente caso? En caso negativo, ¿el juez de primera instancia declaró
esta excepción de manera correcta?
67. Para resolver los anteriores interrogantes se realizarán algunas
consideraciones alrededor de las acreencias reclamadas.
3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial de la bonificación por
compensación
3.4.1 Bonificación por compensación
68. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería
una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos
de los magistrados29 de segundo nivel —y otros cargos equivalentes— tomando
como referencia cierto porcentaje de lo percibido por los magistrados de alta corte.
Esto se realizó a través de un mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo
concepto, por los magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de
1992. Dicho contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-
244 de 201330, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el
Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces
para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional
28 Que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
29 Y autoridades equivalentes.
30 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia
C-681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30%
de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente
y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el
Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel
como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían
sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación
o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de
hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin
embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98
buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de
anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de
1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los
magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad
económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado
de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido,
por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%.
Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al
que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los
propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la
"prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación"
y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para
las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.
69. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 199831, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
70. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a
través del Decreto 1239 de 199832 dictado por el presidente de la República.
31 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios. Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo,
este último fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de
septiembre de 2001, ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor:
Pablo Julio Cáceres Corrales.
32 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
71. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:
a) Carácter permanente;
b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos
términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
d) los beneficiarios son los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares del Consejo
de Estado; a los fiscales y jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y
los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;
e) se paga mensualmente;
f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);
h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
72. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201633, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran
sujetos al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso con
radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15), actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y
siguientes, respectivamente».
73. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por
los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución
Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza
únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación
por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el
artículo 2º del Decreto 610 de 1998».
74. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de
alta corte]».
75. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como
ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte
y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para
fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»34.
76. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la
sentencia del 2 de septiembre de 201935, reiteró que la bonificación por
compensación hace parte de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada,
tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La
referida providencia también señaló que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los
ingresos laborales de sus destinatarios, a partir del año 2001, serían iguales al
ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó que «el 80 % de la bonificación por
compensación para los magistrados y cargos homologados es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios y de
ningún otro beneficio económico laboral».
77. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, proceso
con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), actor: Joaquín Vega Pérez. Aclarada en auto del 7 de
octubre de 2019.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación36. En efecto, el Gobierno nacional dictó los decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001),
2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
78. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001,
expediente 395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable
el Decreto 610 de 1998.
3.4.2. Bonificación de gestión judicial
79. El Decreto 4040 de 200437, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y
que el valor correspondía a un porcentaje del 70 % del valor integrado por la
asignación básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los
funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa.
80. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral
del ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo
devengado.
81. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y
abogados auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de
Distrito, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos
seccionales de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con
posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la
Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del
Ministerio Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el presente
artículo.
82. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al
36 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de
2001, 663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales,
por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717
(1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
37 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reconocimiento y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando
se encuentren en una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado
acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan
de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar
nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil; b) Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación».
83. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14
de diciembre de 201138 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en
atención a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los
destinatarios debían desistir de las demandas para obtener el pago de la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de
transacción. Se estimó que el Decreto 4040 de 2004 otorgó validez a la transacción
sobre el pago de la bonificación por compensación del 80 %, pese a que los
derechos laborales no pueden ser objeto de negociación por las partes, dada su
naturaleza de derecho adquirido y porque se violó el principio de progresividad.
Insistió entonces en que constitucionalmente está prohibido renunciar a los
derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e indiscutibles.
84. La Sala de conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos,
coexistían dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación
mensual en el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras
que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70 %, con lo cual se materializó un
trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
85. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
86. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente
de la República dictó el Decreto 1102 de 201239, según el cual a partir del 27 de
enero de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los
beneficiarios40 equivaldría al 80 % de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de alta corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05),
M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
39 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
40 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia,
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
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de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
87. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1°
del presente decreto».
3.4.3. Sobre la prescripción de la bonificación por compensación
88. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos
laborales en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la
Sección Segunda41, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así:
«i) […] se predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial,
con excepción de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo
con su naturaleza no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado
que solo son objeto de ella, las mesadas pensionales no reclamadas
oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que no tiene interés
en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta
será el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación,
so pena de que se extinga».
89. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en
razón de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta
por el demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
90. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director
del proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto
sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio,
claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la
prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de
oficio»42.
91. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula
la prescripción al indicar que:
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, proceso con radicado 08001-23-33-
000-2013-00666-01 (0833-2016).
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,
proceso con radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
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Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero
sólo por un lapso igual.
92. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el
artículo 102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
93. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
analizó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que
para los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el
Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad
del derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse
de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria
del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012»,
cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201143, que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
94. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201944, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por
compensación para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla
respecto de la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación
de que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de
2004», por ello, consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen
vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y
el derecho era plenamente exigible».
95. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 2668 de 1998 [5 de octubre de 2001]45 y la fecha de expedición del
Decreto 4040 de 2004, procede decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo
dualidad de normas y por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del
Decreto 610 de 1998 tenían la oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el
fallo estableció que por regla general operó la prescripción del derecho al pago de
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05),
C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 395-99, C.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia
del 25 de septiembre de 2001.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
la bonificación por compensación entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre
de 2004, salvo que la persona demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
96. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 9
de septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la
prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de
diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004-
porque durante dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia
de regímenes. Al salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los
destinatarios podían efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que
los afectara la prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la
prescripción desde el 3 de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D.
4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes
hayan interrumpido la prescripción por haber presentado reclamación durante el
tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de
diciembre 2004.
97. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por
regla general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se
interpuso reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040
de 2004) y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho
no era exigible dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004;
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de
prescripción trienal sin excepciones.
98. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
3.5. Marco normativo y reiteración jurisprudencial de la prima especial de
servicios
99. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 15 la creación de una prima para los
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia,
25
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la
Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el
Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los
demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros
del Congreso, sin que en ningún caso los supere.
100. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de
1992, expidió el Decreto 10 de 199346, por medio del cual reguló la prima especial
de servicio establecida en el artículo 15 de la referida normativa. En cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa precedente dicho decreto estableció:
Artículo 1º.- La prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4a.
de 1992, será igual a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales
recibidos por los miembros del Congreso y los que devenguen los funcionarios que
tienen derecho a ella.
Artículo 2º.- Para establecer la prima especial de servicios prevista en el presente
Decreto, se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
Miembros del Congreso son los de carácter permanente, incluyendo la prima de
Navidad.
Artículo 3º.- Ninguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4a.
de 1992 podrá tener una remuneración anual total superior a la de un miembro del
Congreso.
(…).
Artículo 6º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, surte
efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1993 y deroga las disposiciones que le
sean contrarias en especial el Decreto 873 de 1992.
101. De lo anterior, se advierte que los magistrados de las altas cortes tienen
derecho a la prima especial de servicios que, sumada a los demás ingresos
laborales, debe igualar a los percibidos en su totalidad por los miembros del
Congreso de la República, sin que en ningún evento lo superen; por ello se debe
tener en cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los
congresistas.
102. Así, los artículos 15 de la Ley 4 de 1992, 1 y 2 del Decreto 10 de 1993,
establecen que la base salarial de los magistrados de altas cortes debe equipararse
a la de los miembros del Congreso, entendiéndose que los ingresos laborales
totales anuales percibidos por estos últimos son los de carácter permanente.
103. El anterior razonamiento es coherente con la postura adoptada por la Sala
46 «Por el cual se regula la prima especial de servicios».
26
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de Conjueces de esta corporación, en sentencia del 4 de mayo de 200947, que en
un caso donde se discutía lo relativo a la nivelación salarial de los magistrados de
las altas cortes en relación con los congresistas, precisó lo siguiente:
Al referirse, tanto la Ley 4ª de 1992 como el Decreto 10 de 1993 a ingresos laborales
totales anuales, dicha expresión engloba todo aquello que en el año percibe en
ejercicio de la relación laboral el congresista como tal, sin tener en cuenta si
dicha partida es factor de salario o por el contrario corresponde a una prestación
social.
En consecuencia, no le es dable al juzgador, distinguir donde la Ley no lo hace, siendo
claro que dentro de tal concepto deben incluirse tanto los salarios como las
prestaciones sociales
[…]
Ahora bien, los servidores indicados en el Decreto 10 de 1993, entre ellos los
Magistrados de las Altas Cortes, tienen derecho a una “prima especial de servicios”,
que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad
por los miembros del Congreso.
Surge esencial, en consecuencia, aclarar que tratándose de la prima especial de
servicios, regulada en el Decreto 10 de 1993 que desarrolló el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, fue el mismo Legislador quien al expedir las disposiciones contenidas en la
Ley 4ª de 1992 equiparó los derechos salariales de los de Magistrados de Alta Corte
con los Congresistas, cosa que hizo en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, resultando
entonces, que los ingresos laborales totales anuales de los Magistrados deben ser
iguales a los ingresos laborales totales anuales de los Congresistas, por cuanto la Ley
los ubicó en una misma situación de hecho, siendo necesario aclarar en este punto, lo
siguiente:
[…]
Se concluye en consecuencia que la suma recibida por los congresistas por concepto
de ingresos laborales totales anuales, debe ser la misma que la recibida por los
magistrados de las Altas Cortes y que éstos últimos, que es situación diferente, tienen
entre sí, iguales remuneración, prestaciones sociales y derechos laborales. (Negrillas
y subrayado por la Sala)
104. De otro lado, en sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por la Sala de
Conjueces de esta corporación48, se determinó que para la liquidación de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, debe considerarse el
auxilio de las cesantías, así:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se
trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, exp. 25000-23-
25-000-2004-05209-02(0552-07), M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
48 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, Sección Segunda, sentencia del 18 de mayo de 2016, proceso .
250002325000201000246-02, (0845)
27
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que se causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser
tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen
derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los
congresistas.
[…]
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la
misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al
momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación
a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de
manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es
evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las
Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que
tienen derecho estos últimos.
105. Por lo anterior, se concluye que el auxilio de cesantías debe tenerse en
cuenta al momento de efectuar la liquidación de la prima especial de servicios de
los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
3.6. Hechos probados
106. La Subsección tendrá por acreditados los siguientes hechos:
107. Se allegó constancia del 15 de mayo de 201249 expedida por la coordinadora
administrativa de la Corte Constitucional, en la que indica que la señora Stella Conto
Díaz del Castillo se desempeñó en esa corporación como magistrada auxiliar en
propiedad desde el 19 de enero de 2000 hasta el 19 de enero de 2009.
108. Asimismo, obra certificación del 15 de mayo de 201250, proferida por el
secretario general del Consejo de Estado, según la cual la señora Stella Conto Díaz
49 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 30.
50 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 29.
28
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
del Castillo ocupó en esta corporación el cargo de magistrada auxiliar en propiedad
entre el 20 de enero y el 10 de agosto de 2009, y como consejera de Estado, desde
el 20 de septiembre de 2010.
109. Según la certificación del 6 de febrero de 2017, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial51, la señora Stella Conto Díaz del Castillo
ejerció los cargos de magistrada auxiliar y de alta corporación en los siguientes
periodos y despachos:
Cargo Despacho Fecha inicial Fecha final
Magistrada auxiliar 00 Corte Constitucional / tutela 009 19/01/2000 31/08/2007
Magistrada auxiliar 00 Corte Constitucional / tutela 007 01/09/2007 19/01/2009
Magistrada auxiliar 00 Consejo de Estado - Sala de 20/01/2009 10/08/2009
Consulta y de Servicio Civil 004
Magistrada de alta Consejo de Estado – Sección 20/09/2010 A la fecha [de
corporación Tercera 007 expedición del
certificado 06
de febrero de
2017]
Tabla 2. Relación de tiempos de servicios como magistrada auxiliar y titular del Consejo de Estado
110. Asimismo, se allegó certificación expedida el 8 de marzo de 2017 por la
directora administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en la que se contempla la asignación mensual y las primas
percibidas por la señora Stella Conto Díaz del Castillo, desde el 19 de enero de
2000 hasta el 28 de febrero de 201752.
111. Se aportó al proceso certificación del 27 de julio de 201753 suscrita por el jefe
de la Sección de Pagaduría del Senado de la República, que registra los salarios de
un senador correspondientes a los años 2001 a 2017.
112. Obran certificaciones del 5 de octubre de 200954 y del 14 de septiembre de
201255, emitidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en las que
relacionan los ingresos mensuales y anuales de los magistrados de altas cortes, de
2004 a 2009 y de 2008 a 2012, respectivamente.
113. En escrito del 12 de junio de 201256, la parte actora solicitó ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación de su salario para que se
51 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 105.
52 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 137.
53 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 183.
54 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 31.
55 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 33.
56 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 22.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
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ajustara al 80 % de lo devengado por concepto del Decreto 610 de 1998, así como
la reliquidación y el pago de su remuneración mensual, respecto del tiempo en que
prestó sus servicios como magistrada auxiliar de alta corte, y la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 teniendo en cuenta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas,
frente al periodo en que prestó sus servicios como consejera de Estado.
114. Mediante la Resolución núm. 3960 del 31 de agosto de 201257, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud presentada por la peticionaria.
3.7. Análisis del caso concreto
115. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada, como se indicó de manera
precedente.
116. En consonancia con lo anterior, antes de abordar el estudio la Sala considera
pertinente aclarar que en el asunto bajo análisis, la accionante solicitó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación y de la prima especial
de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, tanto en sede administrativa como
en las pretensiones de la demanda, durante el término en que prestó sus servicios
como magistrada auxiliar [respecto a la bonificación por compensación] y como
magistrada de alta corte [frente a prima especial de servicios], razón por la cual el
análisis del caso se circunscribe a dichos periodos.
117. Asimismo, como se precisó en la presente decisión, la delimitación del
problema jurídico se circunscribió a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, los cuales se contrajeron a: (a) la bonificación por compensación y de los
efectos de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y (b) en lo
relativo a la prima especial de servicios, a la aplicación de la figura de la prescripción
trienal sobre este concepto.
3.7.1. Del derecho al pago de la bonificación por compensación
118. En el asunto bajo análisis, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de
la bonificación por compensación que igualara el 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó pagar la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por
concepto de la bonificación por compensación:
«ordenándose pagar el 80% de lo que perciben los Magistrados de Altas Cortes,
equiparando a estos últimos con los Congresistas, es decir, teniendo en cuenta para
57 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 22.
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la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los miembros del congreso, que son: sueldo básico,
gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de
servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 19 de enero de 2000 al 10 de
agosto de 2009 mientras ostentó el cargo de Magistrada Auxiliar de una Alta Corte».
119. Inconforme con esta decisión, la Rama Judicial interpuso recurso de
apelación con fundamento en que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de
2004 no conlleva para la entidad la obligación de modificar las situaciones
particulares consolidadas durante su vigencia, al considerar que los efectos de la
sentencia que declaró la nulidad del mencionado decreto son hacia futuro.
120. Con el propósito de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el
proceso se acreditó que la señora Stella Conto Díaz del Castillo fue magistrada
auxiliar de alta corte (Corte Constitucional y Consejo de Estado) desde el 19 de
enero de 2000 al 19 de enero de 2009, y del 20 de enero de 2009 al 10 de agosto
del mismo año. Ahora, el 12 de junio de 2012 presentó la reclamación administrativa
para obtener el reconocimiento de la bonificación por compensación, petición que
fue negada por la entidad en la resolución demandada. Asimismo, se encuentra
probado en el expediente los ingresos percibidos por la demandante entre los años
2000 y 2017.
121. En este orden de ideas, en primera medida la Subsección precisa que la
accionante quien ejerció el cargo de magistrada auxiliar de alta corte es beneficiaria
de la bonificación por compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo,
se destaca que percibió la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004
(hecho que no es discutido por las partes), y que la entidad considera que no
procede el pago de la diferencia del 10%. Esto, al estimar que la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004 no implica el desconocimiento de situaciones
jurídicas consolidadas, pues durante su vigencia los pagos realizados se fundaron
en la normativa vigente.
122. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender
a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima
especial de servicios» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
123. Frente al planteamiento expuesto en el recurso de apelación, la Sala debe
reiterar que por regla general la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos ex tunc, es decir, desde su expedición. En este sentido,
la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que la declaratoria de nulidad
conlleva una consecuencia restitutoria, por la cual, las partes tienen derecho «para
ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o
contrato nulo», como lo señala el artículo 1746 del Código Civil, por ello, el acto
ilegal es retirado del ordenamiento jurídico y las situaciones particulares deberían
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
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retrotraerse58.
124. Sobre el particular, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones de la
providencia del 13 de agosto de 202159 de esta corporación:
44. Respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un acto administrativo de
carácter general, demandado a través del medio de control previsto en el artículo 137
del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
el artículo 189 ibidem no señala ningún efecto en el tiempo que deba dársele a esa
decisión; tema que ha sido abordado por la jurisprudencia de esta Corporación, a
partir de las diferencias que existen entre declaración de nulidad y de
inexequibilidad60.
45. Concretamente, la declaración de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria,
como lo señala el artículo 1746 del Código Civil:
La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las
partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no
hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto
o causa ilícita.
46. Esta consecuencia resarcitoria implica, en materia contenciosa administrativa,
que los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacía el pasado, esto es ex
tunc61, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del ordenamiento jurídico a
partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las situaciones particulares
que surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio, ya que no de otra
manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior.
47. Sin embargo, estos efectos ex tunc solo pueden predicarse de situaciones
jurídicas particulares que no están consolidadas, es decir, de aquellas que surgieron
en virtud del acto declarado nulo, pero que aún no se han definido, porque se
encuentran cuestionadas en sede administrativa o judicial.
48. No ocurre lo mismo respecto de las situaciones consolidadas que ya no son
susceptibles de ser discutidas en vía administrativa y/o judicial, por cuanto los
fallos de nulidad no las pueden afectar, porque sus efectos son ex nunc62.
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión,
sentencia del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el
mismo sentido, ver fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado
66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG) REV.
59 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 13 de agosto de 2021, rad. núm. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG) REV, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
60 De interés resulta el auto de 10 de mayo de 1974, en el que la Sección Primera de esta Corporación explica
que, la primera figura, «parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual
todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia» y, la segunda, «no desconoce a realidad de la vigencia
anterior de la norma inexequible», lo que conlleva a que no se desconozcan las situaciones jurídicas
constituidas.
61 «desde el origen» o «desde siempre».
62 «en adelante» o «desde ahora».
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
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49. Respecto de lo anterior, la Sala Especial de Decisión No. 4, en sentencia de 4 de
diciembre de 2018, puntualizó
En esas condiciones, se considera que la unificación más adecuada, de cara a lo
expuesto, es indicar que ambas tesis son complementarias, como lo ha esbozado
la Sección Cuarta desde la siguiente consideración: "El fallo de nulidad de un acto
de carácter general no afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir, que sus
efectos ex nunc, pero sí afecta las no consolidadas, lo que significa que en este
caso sus efectos son ex tunc, por ello la sentencia de nulidad en relación con estos
últimos actos produce efectos retroactivos".
El alcance de dicho predicado jurisprudencial no es otro que los efectos de un fallo
de nulidad del acto general son ex nunc, respecto de las situaciones jurídicas
consolidadas debido a su connotación de certeza, firmeza y de imposibilidad de
ser discutidas. En contraste, las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es,
aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la autoridad
jurisdiccional, que son sub júdice y, por ende, pasibles de ser judicializadas,
debatidas, analizadas y decididas, el efecto de la nulidad es inmediato, lo que
quiere decir que para el momento en que se define la situación particular debe
tenerse en cuenta que el juez ya no puede aplicar la norma o el acto administrativo
anulado dada su inexistencia derivada de la declaratoria de nulidad con efectos ab
initio.
125. Por esto, la Sala debe advertir que, la nulidad de actos administrativos de
carácter general tiene efectos retroactivos desde su expedición. Sin embargo, la
jurisprudencia precisa que las situaciones jurídicas consolidadas debían
mantenerse por seguridad jurídica, y solo podían afectarse aquellas no definidas,
entendidas como las que no se habían consolidado o estaban en controversia
administrativa o judicial, como ocurre en el caso de autos frente a las acreencias
reclamadas por la señora Stella Conto Díaz del Castillo, en consideración al debate
que se ha desarrollado durante su relación laboral sobre la forma de liquidar y pagar
la bonificación por compensación y su incidencia en otras prestaciones.
126. Por ello, respecto de la situación de la peticionaria, la declaratoria de nulidad
del Decreto 4040 de 2004 en el que la demandada justifica la forma de cancelar sus
acreencias laborales, sí tiene efectos en cuanto al debate existente; constituye una
razón válida y significativa para ilustrar el desconocimiento de las normas superiores
y reclamar el restablecimiento respectivo dentro de los límites establecidos por el
ordenamiento jurídico, por ejemplo, la configuración de la prescripción.
127. En ese orden de ideas, en primer lugar se concluye que la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 expedido por el Gobierno nacional
produjo efectos ex tunc, lo que habilita la revisión de aquellas situaciones jurídicas
que no se encontraban consolidadas, como ocurre en el caso de la parte
demandante.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
128. En el caso bajo estudio, la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la diferencia derivada de la aplicación del Decreto 610 de 1998 y no del Decreto
4040 de 2004, por resultar este último menos favorable y contrario al principio de
igualdad, razón por la cual fue declarado nulo. En consecuencia, debe recordarse
que la actora al ser beneficiaria del régimen previsto en el Decreto 610 de 1998, la
liquidación de la bonificación por compensación debe ajustarse a los parámetros allí
señalados. En consecuencia, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa,
no obstante, se realizarán unas consideraciones relacionadas con la prescripción.
129. Ahora, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el numeral 3.4.3.
de esta sentencia, en cuanto a la prescripción de la bonificación por compensación
deben tenerse en cuenta tres escenarios: el primero, durante el que estuvo vigente
el Decreto 610 de 1998, antes de que entrara en vigor el Decreto 4040 del 3 de
diciembre de 2004; el segundo, cuando las anteriores normas rigieron
simultáneamente; y el tercero, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el 27 de enero de 2012, instante a
partir del cual se retornó al monto del 80% de la referida bonificación, como lo señala
el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto 1102 de 2012.
130. La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de
lo causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero
de 2012, la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del
derecho, a diferencia de lo que ocurre en los otros 2 escenarios.
131. Así, la Sala considera respecto a la prescripción que la regla general es que
operó entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 (antes de la vigencia
del Decreto 4040), salvo que la parte acredite que presentó una petición. Por otra
parte, del 3 de diciembre de 2004 al 28 de enero de 2012 no operó la prescripción,
debido a la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004. Esto en
atención a lo considerado en los fallos de la Sala de Conjueces del 15 de mayo de
201663 y del 2 de septiembre de 201964.
132. Ahora bien, como se destacó de manera precedente, la sentencia de primera
instancia reconoció el derecho a las diferencias salariales desde el 19 de enero de
2000 hasta el 10 de agosto de 2009, esto es, incluso antes de la expedición del
Decreto 4040 de 2004 (3 de diciembre de 2004). Además, de los desprendibles de
nómina de la señora Stella Conto Díaz del Castillo se advierte que, en el año 2004
y en anteriores, la demandante devengaba la bonificación por compensación65.
133. Por consiguiente, lo procedente era ordenar el pago de las diferencias
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-
00246-02(0845-15).
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
65 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 137.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
respecto de la bonificación por compensación desde el 3 de diciembre de 2004
hasta el 10 de agosto de 2009, es decir, desde la entrada en vigor del Decreto
4040 de 2011 y el último día en que la demandante se desempeñó como magistrada
auxiliar, teniendo en cuenta que respecto de lo causado en el mencionado periodo
la prescripción trienal corrió desde el 28 de enero de 2012 (día siguiente a la firmeza
de fallo que anuló el Decreto 4040), y la petición respectiva que interrumpió dicho
fenómeno se presentó oportunamente el 12 de junio del mismo año y la demanda
el 2 de abril de 2013.
134. Distinto ocurre con las diferencias causadas entre el 19 de enero 2000
(primer día como magistrada auxiliar de la peticionaria) y el 2 de diciembre de 2004
(data anterior a la entrada en virgo del Decreto 4040), pues respecto de ellas no se
advierte la presentación de una petición que interrumpa la prescripción durante los
3 años siguientes, por lo que frente a las acreencias generadas en el mencionado
periodo debe declararse la prescripción.
135. La declaratoria de esta excepción, que favorece al apelante único, resulta
imperativa en consideración al inciso segundo del artículo 187 del CPACA que
señala: «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
136. Por estas razones, la Sala modificará este aspecto de la sentencia de primera
instancia.
3.7.2. Del derecho al pago de la prima especial de servicios
137. La Sala recuerda que el Tribunal, en sede de primera instancia, accedió a las
pretensiones de la demanda relacionada con la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y ordenó a pagar la diferencia existente entre lo
percibido y lo que debió devengar por concepto de «[p]rima especial de servicio[s]
(Art. 15 Ley 4 de 1992) durante el periodo comprendido del 20 de septiembre de
2010 y hasta tanto fungió como consejera de Estado, y la suma que corresponda
luego de incluir la totalidad de los factores salariales devengados por los
Congresistas en dicho periodo y que no le fueron tenidos en cuenta, conforme con
lo expuesto en la parte motiva».
138. En el recurso de apelación, la Rama Judicial se opuso a las pretensiones de
la demanda relativa a la prima especial de servicios, con fundamento en que no se
aplicó la figura de la prescripción trienal en los siguientes términos «[l]a providencia
impugnada se refirió a la excepción de prescripción trienal sobre la bonificación por
compensación, mas no en relación con la prima especial de servicios».
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
3.7.2.1. De la prescripción del derecho a la prima especial de servicios
139. Como se indicó anteriormente, la parte demandada alegó que en la sentencia
de primera instancia no se aplicó el término de prescripción respecto a la prima
especial de servicios, ya que esta únicamente se refirió al fenómeno prescriptivo de
la bonificación por compensación. Sobre este particular la demandada explicó que
conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y a la jurisprudencia del Consejo
de Estado, las prestaciones y derechos laborales de los empleados públicos
prescriben en tres años desde que el derecho se hace exigible.
140. En este orden, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala de Conjueces consideró respecto a la prescripción trienal lo
siguiente:
Derivado de lo que antecede, es oportuno en esta instancia referirnos a la excepción
relativa a la prescripción de los derechos laborales consagrada en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, que fuera aclarado o reglamentado por el artículo 102 del
Decreto Nacional 1848 de 1969, las cuales por regla general imponen la obligación
de computar el término a partir del momento en que se haya hecho exigible la
obligación; situación que no contradice lo expuesto por el Consejo de Estado cuando
resolvió unificar el tratamiento de la prescripción para eventos como el que aquí se
analiza.
En dicha oportunidad el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sostuvo:
“la aplicación de la prescripción trienal, es que ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del
derecho a reclamar (…) En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad
de la Bonificación por Compensación a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de
2012”.
En este orden de ideas, como la demandante interpuso derecho de petición para
solicitar el reconocimiento de la bonificación por compensación desde el 12 de junio
de 2012 (fl. 13 a 18), se deduce que no operó el fenómeno de la prescripción.
141. Conforme a lo expuesto, el análisis realizado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en materia de prescripción se circunscribió exclusivamente a la
bonificación por compensación. Ahora bien, del examen del acápite correspondiente
a la prima especial de servicios se advierte que el a quo no emitió pronunciamiento
alguno sobre el fenómeno prescriptivo de las diferencias salariales derivadas de la
inclusión de los factores que integran dicha prima. En consecuencia, le asiste razón
a la parte demandada al señalar que la sentencia del 28 de junio de 2019 omitió
resolver este aspecto en particular, aspecto que abordará la Sala.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01194-02 (3460-2020)
Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
142. En primer lugar, se destaca que el artículo 41 del Decreto 3135 de 196866,
modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 196967, establece que las
acciones que emanan de los derechos previstos en esa normativa prescriben «en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible» y
que la prescripción se interrumpe, por un lapso igual, con el simple reclamo escrito
del empleado o trabajador ante la autoridad competente del reconocimiento del
derecho.
143. Sobre el particular, es preciso señalar que en la sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019 del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces de esta
corporación, en la que se discutió el derecho al reconocimiento de la prima especial
de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se definió que para la contabilización
de la prescripción del referido derecho «se tendrá en cuenta en cada caso la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 (sic) y 1848 de 1969».
144. Partiendo de esta premisa, la Sala advierte que no existe razón jurídica que
justifique un cómputo distinto del término de prescripción respecto de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y, por
consiguiente, que respecto de esta prestación se apliquen los criterios generales
para determinar la manera en que opera la mencionada excepción, sin que se
evidencie, adicionalmente, una situación excepcional como la que tuvo lugar
respecto a la bonificación por compensación y la dualidad normativa que la rodeó,
que justique predicar un tratamiento diferenciado en la materia.
145. Lo anterior, bajo los siguientes argumentos:
[…] sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones
dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la
prescripción, por no tenerse claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en
principio, este se causó con la vigencia de la norma que lo creó y, en adelante, con
las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que
anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los
correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados
nulos -parcialmente-, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz,
porque, a juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (...) la Ley» y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios, de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución
del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su
66 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
67 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
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exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de
1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente,
esto es, el Decreto 57 de 1993.
Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores
públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de 1993- se actualiza
anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo
decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su
vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden
público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y,
anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad
con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para
objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los
interesados podían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras
palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.
146. En aplicación del precedente antes señalado, y conforme a las reglas del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, aplicables a la presente controversia —prima
especial de servicios del artículo 15 de la misma ley—, así como a la normativa
general en materia de prescripción contenida en los decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969, la Sala considera que la exigibilidad del derecho surgió desde la
reglamentación de la prima especial de servicios mediante el Decreto 10 de 1993.
En consecuencia, el término de prescripción del derecho a dicho emolumento se
interrumpe con la presentación de la reclamación administrativa. Debe precisarse,
en todo caso, que este criterio interpretativo no es extensible a la bonificación por
compensación —ya explicada en párrafos precedentes—, por cuanto en el presente
asunto no se configura un escenario de aplicación simultánea de dos normas.
147. Descendiendo al caso particular, respecto a la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, se acreditó que la señora Stella Conto Díaz del
Castillo se desempeñó como magistrada del Consejo de Estado a partir del 20 de
septiembre de 201068.
148. Precisado lo anterior, se probó que la demandante presentó la reclamación
el 12 de junio de 201269 ante la administración, para solicitar, entre otros aspectos,
el reconocimiento y pago de la diferencia salarial de la prima especial de servicios.
Por lo cual, la demandante tiene derecho a las diferencias desde la fecha en que se
68 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 29.
69 Samai, índice 2, expediente digital, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «5_ED_CUADERNO
_01CuadernoPpalFolio1al268.pdf(.PDF) NroActua 2», imagen 22.
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posesionó, esto es, desde el 20 de septiembre de 2010, ya que la petición del año
2012 logró interrumpir la prescripción de todo lo causado desde la posesión,
interrupción que se consolidó con la prestación de la demanda el 2 de abril de 2013.
149. Por consiguiente, es claro que no se configuró la prescripción trienal del
derecho a la prima especial y a las demás acreencias reclamadas por la parte
accionante. De esta manera se resuelve el segundo de los problemas jurídicos.
3.8. Consideraciones adicionales
150. La Sala advierte, por un lado, que en atención al reconocimiento de la
diferencia salarial y prestacional resulta procedente efectuar los aportes de ley para
seguridad social en pensiones; por otro, que las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables70 e imprescriptibles71. Por esta
razón, se considera pertinente precisar que la entidad demandada deberá realizar
los respectivos aportes a seguridad social en pensiones, derivados de la nivelación,
en el periodo comprendido en el que la peticionaria ha desempeñado y desempeñe
los cargos que le permitan devengar dicho ajuste salarial y prestacional, desde
luego, en el evento que las cotizaciones respectivas no se hayan efectuado.
151. En este orden de ideas, puesto que el Tribunal no dispuso que se realizaran
los aportes al Sistema General de Seguridad Social, tal decisión se adicionará,
conforme se explicó antes, en el sentido de ordenar a la entidad demandada
efectuar el pago de las cotizaciones al referido sistema en favor de la accionante,
correspondientes al reconocimiento a las diferencias que la debida liquidación de la
prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) y la bonificación por
compensación.
152. Igualmente, se estima pertinente adicionar la advertencia consistente en que
lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia será procedente siempre que
no se haya cancelado por la entidad previamente, por lo que corresponde a esta
hacer la verificación correspondiente.
153. Asimismo, se precisará que en ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.
70 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».
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3.9. Conclusión
154. La Sala concluye, que la señora Stella Conto Díaz del Castillo tiene derecho
a la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de
bonificación por compensación, respecto del término en que se desempeñó como
magistrada auxiliar de alta corte, y la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4 de 1992, concerniente al periodo en que prestó sus servicios como
consejera de Estado, en los términos expuestos.
155. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia, pero
modificará lo relativo al fenómeno prescriptivo respecto de la bonificación por
compensación en los términos precisados en la presente providencia, y adicionará
que el restablecimiento del derecho es procedente siempre y cuando las sumas a
pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado
previamente por la entidad, por lo que corresponde a esta hacer la verificación
correspondiente. Asimismo, que en ningún caso las sumas de dinero que se
reconozcan podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional, y que
se debe efectuar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, en atención a su naturaleza irrenunciable e imprescriptible respecto a la
mencionada prima y la bonificación por compensación.
4. Costas
156. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario72 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
72 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó
que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 28 de junio
de 2019, adicionada a través de decisión del 30 de septiembre de 2019.
Segundo. Modificar y adicionar el ordinal segundo, y tercero de la parte resolutiva
del fallo impugnado, en los siguientes términos:
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y
PAGAR en favor de la señora STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO,
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió devengar
por concepto de:
-Bonificación por Compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir,
ordenándose pagar el 80% de lo que perciben los magistrados de altas cortes,
equiparando a estos últimos con los congresistas, es decir, teniendo en cuenta para
la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los miembros del congreso, que son: sueldo básico,
gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima
de servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 3 de diciembre de 2004 al 10
de agosto de 2009 mientras ostentó el cargo de magistrada auxiliar de una alta
corte, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
-Prima especial de servicio (Art. 15 Ley 4ª de 1992) durante el periodo comprendido
del 20 de septiembre de 2010 y hasta tanto fungió como consejera de Estado, y la
suma que corresponda luego de incluir la totalidad de los factores salariales
devengados por los Congresistas en dicho periodo y que no le fueron tenidos en
cuenta, conforme con lo expuesto en la parte motiva. En todo lo demás la sentencia
no sufre modificación alguna.
La entidad deberá reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones en favor de la demandante con ocasión de las
diferencias surgidas a causa de la debida liquidación de la prima especial de
servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) y la bonificación por compensación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, respecto de los
cuales no operó el fenómeno de la prescripción, por las razones expuestas en la
presenten decisión.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional.
Lo reconocido con ocasión del proceso en referencia será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar no se hayan cancelado por la entidad previamente, por
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Demandante: Stella Conto Díaz del Castillo
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lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.
TERCERO. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, salvo la
prescripción, la cual se declara parcialmente respecto de las diferencias derivadas
de la bonificación por compensación, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Con impedimento73
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
73 Mediante auto del 3 de septiembre de 2025. Ver Samai, índice 67, expediente digital.
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