Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04036-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04036-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04036-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04036-02 (6376-2019)
Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que
declaró la excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo No. 273 de 1998,
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y
negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Demanda1.
1.1. Pretensiones.
1. Judhy Stella Velásquez Herrera, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
1
Folios 27 a 34 expediente físico.
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Interno: 6376-2019
Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
4930 del 23 de noviembre de 2012, expedida por el Director Ejecutivo de
Administración judicial, que negó el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales por concepto de bonificación por compensación.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó; (i) el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias
salariales adeudadas por concepto de bonificación; (ii) la indexación de la
condena, (iii) el pago de intereses y (iv) condenar en costas.
Hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda.
3. El 30 de octubre de 2012, la señora Judhy Stella Velásquez Herrera (ex
directora de la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial) solicitó, en ejercicio del derecho de petición, el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales adeudadas por concepto de
bonificación por compensación desde el 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de
septiembre de 2002, conforme al Decreto 610 de 1998.
4. La petición fue resuelta de manera negativa mediante Resolución 4930 del
23 de noviembre de 2012, expedida por el director ejecutivo de Administración
Judicial.
5. Precisó que al quedar en firma el acto administrativo que negó la petición,
se agotó la vía gubernativa. Posteriormente, se realizó el trámite de conciliación
prejudicial el 27 de febrero de 2013, que se declaró fallida.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
6. La actora señaló que los actos demandados vulneran los artículos 2, 4, 13,
53 y 113 de la Constitución Política; la Ley 4 de 1992; los artículos 1 y 2 del
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Interno: 6376-2019
Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
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Decreto 610 de 1993, 1 del Decreto 610 de 1998 y 14 del Código Sustantivo
del Trabajo.
7. Precisó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992 y en el Decreto 10 de 1993, desde el año 1993, los Magistrados de las
Altas Cortes no han recibido una remuneración mensual igual a los ingresos
que por todo concepto devengan los Congresistas, razón por la cual se generó
una diferencia económica significativa entre los altos funcionarios de la Rama
Judicial y de la Rama Legislativa.
8. Explicó que esa diferencia salarial de los Magistrados de las Altas Cortes,
repercutía directa y negativamente en los ingresos de otros funcionarios
judiciales, de inferior escala jerárquica, como por ejemplo, los Magistrados de
Tribunal, los Fiscales Delegados y los Directores de Unidad, que, en su criterio,
tienen derecho a la bonificación por compensación establecida en el Decreto
610 de 1998, (el cual retomó vigencia tras la nulidad del Decreto 4040 de 2004)
que corresponde a un porcentaje de 60% para 1999, 70% para 2000, y 80%
desde 2001, en adelante, de lo que devengan los Magistrados de las Altas
Cortes. Al percibir los Magistrados de Altas Cortes menos de lo que legalmente
les corresponde, el porcentaje aplicado a la bonificación de la demandante
también es inferior al debido.
9. La negativa a reconocer las diferencias salariales adeudadas en su
condición de ex directora de la Unidad de Planeación, por concepto de
bonificación por compensación, encontró sustento en una liquidación
incorrecta, que no consideró la remuneración real de los Magistrados de las
Altas Cortes (equivalente a la de los Congresistas), lo cual vulneraba de manera
directa el marco normativo constitucional y legal relacionado con la igualdad, la
proporcionalidad salarial y los derechos laborales.
2. Contestación de la demanda- Nación - Rama Judicial2.
2
Folios 87 a 93 expediente físico.
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Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
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10. Se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), como autoridad administrativa,
cumple estrictamente las normas vigentes y no tiene la facultad de interpretar
o inaplicar leyes; por lo tanto, realizó los pagos de bonificaciones a los
funcionarios, conforme a los lineamientos impartidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y las decisiones judiciales.
11. Finalmente, propuso la excepción de prescripción trienal.
3. Sentencia de primera instancia3.
12. Por medio de la sentencia de 31 de mayo de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, declaró
la excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo 273 de 1998, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura y negó las pretensiones de la demanda, sin
condena en costas.
13. Fundamentó la decisión en los siguientes argumentos:
14. La demandante, Judhy Stella Velásquez Herrera, laboró en la Nación-Rama
Judicial desde el 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2002,
como Directora de la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y, por ello, aseguró que, en principio, la actora tendría
derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, pues,
el Acuerdo 273 del 19 de marzo de 1998, estableció la equivalencia del cargo
de Director de la Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
con el de Magistrado Auxiliar.
15. Sin embargo, explicó que la modificación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos no era competencia de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, sino que era una atribución exclusiva del
Congreso de la República, a través de la expedición de las leyes, siendo una
3
Folios 158 a 169 expediente físico.
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función indelegable.
16. En ese sentido, determinó que el Acuerdo No. 273 de 1998, del Consejo
Superior de la Judicatura, contraría de manera flagrante el artículo 150 de la
Constitución Política, pues al fijar una prestación salarial y prestacional, la parte
demandada se arrogó una competencia que no tiene y, por esa razón, el
Tribunal inaplicó el mencionado acto administrativo.
17. Negó las pretensiones de la demanda, toda vez que el Decreto 610 de 1998
y el Decreto 4040 del 2004, no contemplan como destinatarios de la
bonificación por compensación o por gestión judicial a los directores de
Planeación o a los coordinadores de Direcciones Seccionales, cargos
desempeñados por la demandante.
4. Recurso de apelación4.
18. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, a través del cual solicitó revocar la decisión y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Indicó que la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura está facultada para establecer la
equivalencia del cargo de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con el de Magistrado Auxiliar, tal como lo hizo en el
artículo segundo del Acuerdo 273 de 1998, expedido por la Sala Administrativa,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en especial, las
conferidas por el numeral 7º del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto
64 de 1998.
19. Explicó que, aunque el Acuerdo 273 de 1998 hubiere invocado la Ley 270
de 1996 para suprimir cargos, lo cierto es que la equivalencia de los cargos de
director de Unidad y magistrado auxiliar, encontró sustento en el Decreto 64 de
1998, emanado del presidente de la República, en desarrollo de la Ley 4ª de
1992, sobre régimen salarial y prestacional.
4
Folios 184 a 187 expediente físico.
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5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.
20. Mediante auto del 5 de diciembre de 20255, el consejero sustanciador
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud
del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo
247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
21. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2. Problemas jurídicos
2.1. Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a mantener la excepción de
inconstitucionalidad del Acuerdo 273 de 1998, declarada de oficio por el
Tribunal.
2.2. En caso en que la respuesta sea negativa, se resolverá si la demandante,
en su condición de ex directora de la Unidad de Planeación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, tiene derecho al reconocimiento de la
bonificación por compensación establecido en el Decreto 610 de 1998, con
ocasión de la equivalencia establecida en el Acuerdo 273 de 1998, del cargo
que ocupaba, con el de magistrado auxiliar.
2.1. La excepción de inconstitucional y de ilegalidad.
22. El principio de legalidad es uno de los pilares del Estado Social de
5
Índice 00082 expediente Samai
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Derecho6, que se encuentra consagrado en los artículos 67 y 298 de la
Constitución Política, que ha sido también desarrollado por el artículo 88 de la
Ley 1437 de 2011, entre otras disposiciones, que implica la presunción de
legalidad de los actos de la Administración y configura uno de los atributos del
acto administrativo.
23. El articulo 88 de la Ley 1437 de 2011, señala:
“Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos,
no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o
se levante dicha medida cautelar”.
24. Del contenido de la anterior disposición es dable concluir la obligatoriedad
de los actos administrativos, sin que, en principio, sea factible desobedecerlos,
a menos que medie un pronunciamiento judicial que desvirtúe su legalidad.
25. La desobediencia al acto administrativo manifiestamente ilegal no es ajena
en Colombia, pero no por categoría asimilable a la nulidad de pleno derecho,
como sucede en otros países9, sino a través de alguno de los mecanismos
consagrados en la ley para tal efecto.
26. Ciertamente, la Ley prevé herramientas jurídicas para utilizar ante la
ilegalidad manifiesta y grosera de los actos administrativos, como lo son,
ejercer (i) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (justicia
rogada); (ii) la excepción de inconstitucionalidad o aplicación constitucional
preferente; (iii) la suspensión provisional; (iv) la excepción de ilegalidad.
(i) El medio de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho
(justicia rogada)
6
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1971 de 22 de abril de 1971.
7
Constitución Política, artículo 6. «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio
de sus funciones»
8
Constitución Política, artículo 29. «El debido proceso aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. […]»
9
Correa Palacio, Ruth Stella. «Nulidad de pleno derecho del acto administrativo: una aproximación al caso colombiano
desde la óptica de experiencias foráneas». XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal.
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27. El juez no puede analizar disposiciones que no fueron demandadas ni
preceptos que no fueron indicados como violados en el concepto de la violación
de la demanda que se presenta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en los artículos 13710 y 13811 de la
Ley 1437 de 2011.
28. Tanto en uno, como en otro caso, se exige desarrollar los fundamentos de
derecho de las pretensiones en la respectiva demanda e invocar las normas
violadas y explicar el concepto de la alegada violación.
29. Ahora, en virtud del principio de congruencia, que es una manifestación del
principio general del derecho procesal y del derecho al debido proceso, la
decisión final del juez debe resultar armónica y concordante con lo pedido en
la demanda.
30. Así, la exigencia de señalar las normas que se consideran violadas y el
concepto de la violación, además de constituir un presupuesto formal de la
demanda, demarca para el demandado el terreno de su defensa, así como el
campo de decisión del juez.
31. En virtud del principio de legalidad, la Administración no requiere acudir a
un proceso judicial para declarar un derecho en un caso concreto, ni para
imponer obligaciones a cargo del administrado, sino que está atribuida para
10
Ley 1437 de 2011, artículo 137: «Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare
la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con (i) infracción de las normas en que deberían fundarse, o (ii) sin
competencia, o (iii) en forma irregular, o (iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o (v) mediante
falsa motivación, o (vi) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”
[…]). Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes
casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico,
social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
Parágrafo: Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se
tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente».
11
Ley 1437 de 2011, artículo 138 «Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, la ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquél».
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aplicar el derecho dentro de la órbita de su competencia, cuando pretende
hacer prevalecer el interés público, decisión que es ejecutiva y ejecutoria y se
presume legal, es decir, es obligatoria para sus destinatarios y pueden ser
ejecutados aún en contra de la voluntad de éstos.
32. En este orden de ideas, partiendo del hecho que el acto administrativo
produce efectos jurídicos, se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio,
corresponderá entonces a quien alega su carencia de legitimidad, señalar la
existencia de alguna causal de nulidad que desvirtúe su legalidad.
33. Entonces, al presumirse la legalidad del acto, carecería de toda
racionalidad que el juez tuviere que buscar oficiosamente las posibles causas
de nulidad de los actos administrativos. Al respecto, la Corte Constitucional12
considera justificado exigir la individualización de las pretensiones anulatorias,
debidamente apoyadas en razones de derecho sobre su supuesta violación,
dado que, se reitera, el juez está impedido para estudiar temas y pronunciarse
sobre puntos planteados y sustentados por fuera de la demanda, que demarca
el debate judicial, razón por la cual, actuar en contrario, implicaría la violación
del derecho de defensa y de contradicción.
34. En esa misma sentencia, la Corte Constitucional indicó que cuando el juez
advierta una clara y abierta violación de un derecho fundamental de aplicación
inmediata o una situación en la cual haya lugar a la aplicación del artículo 4 de
la Constitución Política -incompatibilidad entre la Constitución y norma jurídica-
deberá de oficio pronunciarse, aunque no se hubiere invocado en la demanda
la norma constitucional respectiva.
(ii) Excepción de inconstitucionalidad o aplicación constitucional preferente.
35. Es posible resistir y desobedecer el acto administrativo abiertamente
inconstitucional a través de un instrumento de garantía como lo es la excepción
de inconstitucionalidad o la aplicación constitucional preferente de la que trata
el artículo 4 de la Constitución Política.
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Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999.
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36. La presunción de constitucionalidad de las normas es uno de los pilares
sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho. Según este postulado,
se deben acatar las leyes y los actos administrativos, salvo decisión judicial en
contrario que, con efectos generales y definitivos erga omnes, retire del
ordenamiento jurídico la norma por vía de control de constitucionalidad
abstracto: declaratoria de inexequibilidad de la Corte Constitucional y
declaratoria de nulidad del Consejo de Estado.
37. Teniendo en cuenta entonces que la validez de todo precepto deriva de su
ajuste a la Constitución Política, es dable que, excepcionalmente, un acto
normativo de rango inferior deje de ser aplicado en un caso concreto.
38. El artículo 4 de la Constitución Política consagra la excepción de
inconstitucionalidad, según la cual, en cualquier caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra forma jurídica (acto administrativo) se debe aplicar
la Constitución.
39. Esta figura resulta aplicable cuando una norma de rango subconstitucional,
en un caso específico, singular y concreto, resulta abiertamente contrario a lo
dispuesto en la Constitución, y se inaplicará la norma de rango
subconstitucional únicamente en ese evento y con efecto inter partes.
40. Se tiene, por tanto, que la presunción de constitucionalidad no es solo
desvirtuable en sede judicial, a través de las acciones respectivas (Corte
Constitucional -inexequibilidad- y Consejo de Estado -nulidad-), sino también
en un caso singular y concreto, dando aplicación preferente a la Constitución o
inaplicando los actos administrativos que resulten incompatibles con ella.
41. La aplicación constitucional preferente (artículo 4) solo opera ante la ruptura
flagrante entre el acto administrativo y la Constitución, que no da espera a la
definición por vía judicial de carácter general y definitivo, razón por la cual es
un mecanismo excepcional.
42. Ahora bien, resulta necesario precisar que esta figura resulta improcedente
en los eventos en los cuales no se evidencia una oposición flagrante con los
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mandatos de la Constitución Política, caso en el cual habrá de estarse a lo que
resuelva la Corte Constitucional con efectos erga omnes. En efecto, una cosa
es la norma y otra su aplicación a un caso concreto, la cual puede dejar de
aplicarse pero sólo en ese asunto, cuando exista incompatibilidad entre el
precepto y la Constitución.
43. Cuando se trata de actos administrativos, la Corte Constitucional13 declaró
la exequibilidad condicionada del artículo 66 del C.C.A., que preveía la
presunción de legalidad del acto administrativo en el anterior código, al estimar
que cuando se detectara una abierta contradicción entre éste y los mandatos
constitucionales, el juez no debía dudar en aplicar la Constitución Política.
44. En esa misma providencia, la Corte explicó que la norma inaplicada, por
ser contraria a la Constitución, no quedaba anulada o inexequible, pues tal
función solo es propia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
respectivamente.
45. Pero, la norma jurídica de contenido particular, individual y concreto, que
crea derechos a favor de un particular, no puede dejar de aplicarse mediante la
excepción de inconstitucionalidad, en virtud de la garantía de los derechos
adquiridos con justo título y legalmente, hasta tanto sean anulados o
suspendidos por la jurisdicción competente, o revocados por la Administración
con consentimiento expreso de su titular.
46. Finalmente, aunque el artículo 4 de la Constitución Política pareciera, en
principio, estar dirigido exclusivamente a los operadores judiciales, nada obsta
para que cualquier persona que se sienta afectada la invoque como argumento
de renuencia a acatar el cumplimiento de la ley o de un acto administrativo de
carácter general, sin perjuicio de la facultad de acudir directamente ante la
jurisdicción administrativa para que se pronuncie ya sea vía suspensión
provisional o a través de un fallo con efectos de cosa juzgada.
(iii) Suspensión provisional.
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Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995
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47. La suspensión provisional está consagrada en el artículo 23814 de la
Constitución Política; fue concebida como una medida de defensa del
ordenamiento jurídico superior ante las eventuales agresiones de los actos
administrativos que, amparados en su presunción de legalidad, incurrieran en
una ilegalidad manifiesta, que surgiera de la mera comparación del acto
impugnado con los textos normativos superiores señalados como
desconocidos por la Administración.
48. Se trata de una situación excepcional, que se debe resolver de la simple
confrontación de la norma y de la disposición acusada, que deriva en una
ilegalidad ostensible, grosera, sin que implique mayor estudio arribar a esa
conclusión.
49. Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional,
también se debe indicar la violación de las disposiciones invocadas en la
solicitud, del cotejo entre el acto demandado y su confrontación con las normas
superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con
la solicitud.
50. La medida cautelar de suspensión provisional fue concebida para castigar
los errores ostensibles y groseros de ilegalidad en que incurriera la
Administración al expedir sus actos, siempre que, a primera vista, en un
proceso comparativo a doble columna, la oposición flagrante con las
disposiciones que se invocan como contrariadas, se presentara con claridad,
sin necesidad de hacer un análisis de fondo.
(iv) La excepción de ilegalidad.
51. Esta figura encuentra su origen en lo dispuesto en el artículo 1215 de la Ley
14
Constitución Política, artículo 238: «La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender
provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que
sean susceptibles impugnación por vía judicial»
15
Ley 153 de 1887, artículo 12: «Las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno expedidos en ejercicio de la
potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución, a las
leyes ni a la doctrina legal más probable.» El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-037 de 2000, bajo el entendido de no vincula al juez cuando falla de conformidad con los
principios superiores que emanan de la Constitución y que no puede desconocer la doctrina constitucional integradora,
en los términos de la Sentencia. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE en el mismo pronunciamiento.
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153 de 1887 y en la Ley 4 de 1913, que contenía el Código de Régimen Político
y Municipal, en la cual se precisó la sujeción del acto administrativo a la ley,
estructurando el orden de preferencia de disposiciones contradictorias en
asuntos nacionales, departamentales y municipales.
52. Respecto del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, que dispuso la denominada
excepción de ilegalidad, se presentaron dos posiciones jurisprudenciales
contrarias, en relación con su vigencia:
53. De una parte16, se consideró que tal norma había sido tácitamente
derogada. Se explicó que su consagración se había presentado en una época
en la que no existía un juez que estuviere a cargo de velar por la legalidad de
la actividad de la administración. Pero que, ante la creación del Consejo de
Estado, la posibilidad de ejercer la acción de nulidad en cualquier momento y
la presunción de legalidad de los actos administrativos y de su obligatorio
cumplimiento, resultaba vedado a los funcionarios públicos invocar esta figura
para dejar de aplicar un acto administrativo. Así pues, se garantizó que el
particular afectado pudiera solicitar judicialmente la declaratoria de ilegalidad
de un acto administrativo, inclusive con la posibilidad de pedir la suspensión
provisional de los efectos del mismo, cuando fuera abiertamente manifiesta tal
ilegalidad, razones por las cuales se tornaba improcedente la aplicación de la
excepción de ilegalidad y se consideraba derogada la norma que la concebía.
54. De otra parte17, otro sector de la doctrina y alguna parte de la
jurisprudencia, consideró que el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 se
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 14 de junio de 1995, rad. 1995-5996: «Frente a la excepción de
ilegalidad se ha considerado que el artículo 12 de la ley 153 de 1887, debe entenderse derogado tácitamente en
atención a que dicha norma tuvo vigencia en una época en que no existía control efectivo de legalidad de los actos
administrativos. Habida cuenta que la jurisdicción contenciosa se creó para ejercer el control de legalidad de la
Administración y que la acción de nulidad no prescribe, el legislador colombiano garantizó así que en cualquier
momento el particular puede solicitar una definición judicial sobre la legalidad de un acto administrativo inclusive con
la posibilidad de obtener la suspensión provisional de sus efectos, cuando es manifiesta su ilegalidad, de donde resulta
improcedente darle aplicación a la excepción de ilegalidad, máxime cuando el artículo 66 del C.C.A. establece de forma
imperativa que los actos administrativos serán obligatorios en tanto que no hayan sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo».
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de junio de 1991, rad. NR236407:
«La presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos mientras no sean suspendidos o anulados por la
jurisdicción competente y su consecuente obligatoriedad, no es obstáculo para que el juez haga prevalecer las normas
superiores sobres las inferiores que les sean contrarias, a través de la llamada excepción de inconstitucionalidad o de
ilegalidad. Pero el argumento que llevó a la Sección a desechar el cargo fue el de la ausencia de contradicción entre
las normas que el cargo pretendía contradictorias, pues esta contradicción sería la que podría justificar la no aplicación
de la norma superior en virtud del principio de la excepción de ilegalidad».
14
Interno: 6376-2019
Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
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encontraba vigente. Se dijo que la presunción de legalidad de los actos
administrativos, mientras no fueran suspendidos o anulados, no era óbice para
que el juez hiciera prevalecer las normas superiores sobre las inferiores que le
fueran contrarias a través de la excepción de ilegalidad.
55. Ante la divergencia de criterios, la Corte Constitucional18 señaló que los
actos administrativos de contenido normativo partían del obedecimiento y
cumplimiento de la ley porque estaban sujetos a ella. Aceptó que no todas las
normas jurídicas del ordenamiento tenían la misma jerarquía, sino que
evidentemente existía entre ellas una estratificación que suponía que las
normas inferiores debían sujetarse, en cuanto a su fondo y a su forma, a las
normas superiores jerárquicas y que, en el evento en que ello no fuere así,
debían ser retiradas del ordenamiento jurídico. Por tanto, señaló que, aunque
la excepción de ilegalidad no estaba expresamente prevista en la Constitución
Política, estaba autorizada sobre la base de la concepción sistemática y
jerárquica del ordenamiento jurídico nacional y que no resultaba contraria a la
Constitución Política.
56. No obstante todo lo anterior, en ese mismo pronunciamiento, la Corte
Constitucional aniquiló la figura de la excepción de ilegalidad, por cuanto su
aplicación o invocación no pueden ser generales y la obligatoriedad de los actos
administrativos normativos no son objeto de la libre voluntad de las autoridades
y de los particulares, sino que la facultad de inaplicar actos administrativos
contrarios al ordenamiento jurídico superior se reservó a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
57. También explicó que no puede compararse la excepción de
inconstitucionalidad con la excepción de ilegalidad, en tanto jamás podría
pensarse que se trata de figuras análogas; la norma jurídica
independientemente de su jerarquía, obliga a sus destinatarios y es deber de
las autoridades públicas hacerla efectiva.
58. El soporte de la eficacia del ordenamiento jurídico radica en su
18
Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2000
15
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obligatoriedad, sin que los casos en los cuales los particulares o la
Administración puedan inaplicar las normas, pueda ser deducido
analógicamente. En relación con la excepción de inconstitucionalidad, se tiene
que ante la incompatibilidad entre la Constitución Política y normas de inferior
jerarquía, debe darse aplicación preferente a la primera, pero esa misma
posibilidad no opera respecto de las otras normas.
59. La existencia de la justicia administrativa impide que cualquier persona
pueda alegar la ilegalidad de un acto administrativo para desobedecerlo,
precisamente, porque la preservación del principio de legalidad está a cargo de
la jurisdicción especializada para tal efecto.
60. La Corte19 advirtió que en la Constitución Política no existe disposición
expresa que se refiera al ejercicio de la excepción de ilegalidad, ni la posibilidad
de que los particulares o la Administración -por fuera de la sede judicial- la
invoquen para sustraerse de la obligación de acatar los actos administrativos,
sino que precisamente la Constitución Política otorgó tal atribución a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a cargo de decidir sobre la
legalidad de los actos administrativos y facultada para decretar su ilegalidad.
61. Agregó que la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la vigencia y
efectividad del orden jurídico, eran razones de más para concluir que tanto los
particulares, como la Administración, estaban obligados a cumplir los actos
administrativos, sin posibilidad alguna de sustraerse o de no acatarlos, puesto
que, dejar al criterio de cualquier autoridad o de cualquier persona la
observancia de las disposiciones de los actos administrativos, propiciaría la
anarquía en perjuicio de la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Por
el contrario, dejar a cargo de la jurisdicción competente la definición sobre la
legalidad de los actos, no lesionaba los derechos de los administrados, puesto
que éstos tenían abierta la posibilidad de demandar su nulidad.
62. En síntesis, la Corte Constitucional, en la misma providencia, consideró que
la excepción de ilegalidad se circunscribe a la posibilidad del juez administrativo
19
Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995
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de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un
acto administrativo que resulta lesivo del ordenamiento jurídico superior, sin
que tal decisión pueda recaer jamás sobre las autoridades administrativas.
63. Bajo el anterior panorama, corresponde a la Sala establecer, en primer
lugar, si hay lugar a mantener la excepción de ilegalidad, declara de oficio por
el Tribunal, frente al Acuerdo 273 de 1998.
64. Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el Acuerdo 273 del 19 de marzo de 1998, contraría el artículo 150,
literales e) y f) de la Constitución Política, porque considera que la competencia
para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos es
exclusiva del legislador. Explicó:
«Sin perjuicio de lo anterior, la demandante allegó copia al proceso del Acuerdo
No. 273 del 19 de marzo de 1998, proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, por el cual se suprimen unos cargos en la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y se hace una equivalencia, pues dispuso en
su artículo segundo que: “Establécese para todos los efectos, la equivalencia del
cargo de Director de la Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
con las de Magistrado Auxiliar”
De lo expuesto, observa la sala que, en principio, a la demandante Judhy Stella
Velásquez Herrera, como Directora de la Unidad de Planeación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, que tendría derecho al reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación, pues el Acuerdo le da las mismas
prerrogativas salariales a que tiene derecho el Director Seccional, y teniendo en
cuenta que este si es sujeto activo de la norma, se presumiría que debe aplicarse
el mismo régimen. Sin embargo se advierte que esta modificación del régimen
salarial no es competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, tal como se pasará a estudiar.
[…]
De tal manera que la competencia para fijar el régimen salarial de los empleados
púlbicos en la constitución de 1991, de conformidad con las normas
constitucionales vigentes, las competencias en materia de régimen salarial se
distribuyen así:
[…]
Bajo las anteriores premisas, es claro para la Sala que la competencia para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos le corresponde,
únicamente, al Congreso de la República, quien es el legitimado para modificar el
régimen prestacional a través de una ley, y que además, es una función
indelegable, que no puede arrogarse ninguna entidad» .
65. Como se analizó en líneas precedentes, la aplicación constitucional
preferente (artículo 4) solo opera ante la ruptura flagrante entre el acto
administrativo y la Constitución, que no da espera a la definición por vía judicial
17
Interno: 6376-2019
Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de carácter general y definitivo, razón por la cual es un mecanismo
excepcional.
66. Ahora bien, resulta necesario precisar que esta figura resulta
improcedente cuando no se evidencia una oposición flagrante con los
mandatos de la Constitución Política, caso en el cual habrá de estarse a lo
que resuelva la Corte Constitucional con efectos erga omnes. En efecto, una
cosa es la norma y otra su aplicación a un caso concreto, la cual puede dejar
de aplicarse pero sólo en ese asunto, cuando exista incompatibilidad entre el
precepto y la Constitución.
67. Cuando se trata de actos administrativos, la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 66 del C.C.A., que preveía la presunción
de legalidad del acto administrativo en el anterior código, al estimar que cuando
se detectara una abierta contradicción entre éste y los mandatos
constitucionales, el juez no debía dudar en aplicar la Constitución Política.
68. La Corte explicó que la norma inaplicada por ser contraria a la Constitución,
no quedaba anulada o declarada inexequible, pues tal función solo es propia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, respectivamente.
69. Pero, la norma jurídica de contenido particular, individual y concreto, que
crea derechos a favor de un particular, no puede dejar de aplicarse mediante la
excepción de inconstitucionalidad, en virtud de la garantía de los derechos
adquiridos con justo título y legalmente, hasta tanto sean anulados o
suspendidos por la jurisdicción competente, o revocados por la Administración
con consentimiento expreso de su titular.
70. El Tribunal invocó en el asunto de la referencia, la supuesta transgresión al
artículo 150 de la Constitución Política, que hace el Acuerdo 273 de 1998,
cuando al equiparar el cargo de director de la Unidad de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el de magistrado auxiliar, el Consejo Superior
de la Judicatura fija el régimen prestacional.
71. Sin embargo, para la Sala, la posición jurídica del Tribunal, consignada en
18
Interno: 6376-2019
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la sentencia recurrida, al esbozar una supuesta incompatibilidad de la norma
de inferior categoría con la disposición constitucional citada, no pone de
presente una oposición concreta, ostensible, clara e indudable, prima facie,
como se observa al comparar lo previsto en el Acuerdo 273 de 1998, con el
artículo 150, literales e) y f) de la Constitución Política:
Acuerdo 273 de 19 de marzo de 1998 Constitución Política, artículo 150, literales e) y f)
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes.
SUPERIOR DE LA JUDICATURA Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales […]
y en especial, las contenidas por los numerales 7º del e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los
artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 64 de empleados públicos, de los miembros del Congreso
199820, ACUERDA nacional y de la fuerza pública;
ARTÍCULO PRIMERO. Suprímense de la planta de f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas
personal de la Dirección Ejecutiva de Administración de los trabajadores oficiales.
Judicial, los siguientes cargos: […]
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales
ARTÍCULO SEGUNDO. Establécese para todos los son indelegables en las corporaciones públicas
efectos, la equivalencia del cargo de Director de territoriales y éstas no podrán arrogárselas.
Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con la de Magistrado Auxiliar»
72. De la simple comparación entre el Acuerdo 273 de 1998 y el artículo 150
constitucional, literales e) y f), no es posible advertir una infracción evidente,
grosera y flagrante, aspecto que impone un estudio de fondo, que no constituye
el objeto de este proceso. Por tal razón, no hay lugar a desconocer la
presunción de legalidad del Acuerdo.
73. Lo anterior cobra mayor sustento si se tiene en cuenta que el tema no está
decantado, pues la Corte Constitucional, se pronunció sobre dicho Acuerdo en
la sentencia de unificación SU-539 de 2012, así:
«8.5.4.4 Interpretación de la expresión “para todos los efectos”, contenida en el
artículo 2 del Acuerdo 273 de 1998 del Consejo Superior de la Judicatura
[…] En efecto, según el texto del dicho acuerdo, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial, las conferidas por el numeral 7 del artículo
85 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 64 de 1998, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura decidió establecer la equivalencia “para todos
los efectos” de los cargos de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Magistrado Auxiliar.
[…]
Nótese que tanto el numeral 7 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 como el
Decreto 64 de 1998 tienen una relación directa e inescindible con la función
20
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial
y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones»
19
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esencial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de
ordenar, disponer y organizar la rama judicial. En este sentido, en criterio de esta
Sala es evidente que el contenido del Acuerdo 273 de 1998 debe interpretarse y
aplicarse de conformidad con esa función que, se reitera, es estrictamente
administrativa y reglamentaria y hace parte de la potestad reglamentaria del
Consejo Superior de la Judicatura21. De ahí que, no sea jurídicamente aceptable
separar la interpretación del artículo 2 del Acuerdo 273 de 1998 que dispone la
equivalencia “para todos los efectos” de los cargos de Director de Unidad de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Magistrado Auxiliar, de las
funciones restrictivas que la Sala Administrativa tiene en esa materia.
Ahora bien, si se tiene que dadas sus facultades legales y constitucionales en este
ámbito, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura solo se ocupa
de administrar la carrera judicial, y que el Decreto 64 de 1998 regula
exclusivamente asuntos relacionados con la remuneración mensual de los
funcionarios y empleados de la rama judicial y la justicia penal militar, resulta
forzoso afirmar que la interpretación del artículo 2 del Acuerdo 273 de 1998 que
más se ajusta a la Constitución, particularmente a su artículos 125, 150-23, 256-1
y 257-3, es aquella según la cual la equivalencia “para todos los efectos” de los
cargos de Director de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y Magistrado Auxiliar es estrictamente salarial y prestacional.
Dicha interpretación es respetuosa de la Carta Política porque reconoce las
facultades privativas del Consejo Superior de la Judicatura y del legislador en la
materia. Así, acepta que el legislador tiene la competencia exclusiva de definir los
cargos de la carrera judicial que son de libre nombramiento y remoción, y que el
Consejo Superior de la Judicatura tiene entre sus funciones la administración y
reglamentación de esa carrera, lo que incluye por supuesto los asuntos atinentes
al régimen salarial y prestacional de los empleados y funcionarios de la rama
judicial».
74. En conclusión, para la Sala, los elementos de contundencia que se
exigirían de una excepción de inconstitucionalidad, no concurren en este caso
y, en tal sentido, encuentra que no están acreditadas las condiciones para
declarar de oficio la excepción de inconstitucionalidad, razón por la cual, se
entrará a analizar sobre el derecho que le asiste a la demandante.
2.3. La demandante, en su condición de ex directora de la Unidad de
Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ¿tiene
derecho al reconocimiento de la bonificación por compensación
establecido en el Decreto 610 de 1998, con ocasión de la equivalencia
establecida en el Acuerdo 273 de 1998, del cargo que ocupaba, con el de
magistrado auxiliar?.
75. El 26 de marzo de 1998, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de
21
Cfr. Fundamento jurídico 7.7 de la presente sentencia.
20
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1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de 1998 22, a través del cual
se creó la bonificación por compensación a favor de los magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional
y Superior Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados
auxiliares del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el
Tribunal Nacional; a los fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante
el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito23.
76. La norma estableció que la citada bonificación se debía pagar de forma
permanente y mensual a partir del 1 de enero de 1999, la cual tendría carácter
salarial solo para efectos pensionales, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes. Adicionalmente,
se estableció que aquella, sumada a la prima especial de servicios y a los
demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año 1999, al
sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto
perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se
precisó que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año
2000 correspondería al setenta por ciento (70%), y para el año 2001 y sucesivos
sería del ochenta por ciento (80%).
77. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668
de 1998, generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que
regularon la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y
otros funcionarios, entre ellos, los decretos 664 del 13 de abril de 1999,
derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de 2000, derogado por el
Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, este a su vez derogado por el Decreto
2726 del 17 de diciembre de 2001, este derogado por el Decreto 663 del 10 de
abril de 2002, este derogado por el Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003,
22
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.
23
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los
secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
21
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este a su vez derogado por el Decreto 4040 de 2004.
78. El Decreto 2668 de 1998 fue demandado en acción de nulidad que terminó
con la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente Nº 395-99, que lo
anuló con efectos “ex tunc”. Ante ello, el Decreto 610 de 1998 recobró su
vigencia y debe entenderse que las normas posteriores al acto anulado
perdieron su fuerza ejecutoria y son inaplicables, entre ellas el Decreto 664 de
1999 y los que se expidieron con posterioridad y que regularon la bonificación
por compensación de los magistrados de tribunales, partiendo de la base que
el Decreto 610 de 1998 había desaparecido del orden jurídico.
79. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios que eran
beneficiarios de la bonificación por compensación; indicando que la bonificación
creada, sumada a la asignación básica y demás ingresos laborales no podía
superar el setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de las Altas Cortes; precisando que, aquella sería incompatible
con la bonificación por compensación; además, se adujo que los citados
funcionarios podían cobijarse por la bonificación de gestión judicial siempre y
cuando cumplieran con alguna de las siguientes situaciones:
a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la
bonificación por compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente
acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil;
b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos
de transacción para precaver litigios futuros relacionados con la
bonificación por compensación.
80. Para tal efecto, los interesados debían manifestar su intención ante la
22
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entidad empleadora antes del 31 de diciembre de 2004.
81. El Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, mediante sentencia expedida por la Sala de Conjueces el 14
de diciembre de 2011, expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01,
ejecutoriada el 27 de enero de 2012. En esa providencia, la Sala de conjueces
precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes
vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en el 80%
de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
82. En este orden de ideas, concluyó que el Decreto 4040 de 2004, violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
83. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las
cuales otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas
acciones judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así
como, dificultades a la hora de determinar la prescripción de los derechos
laborales que, en virtud del Decreto 610 de 1998, surgían para sus
beneficiarios.
84. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 18 de mayo de 201624, concluyó que, ante la coexistencia de dos
regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación a las
disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción. Precisó
que la exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998, surgió a
partir de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir,
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
250002325000201000246-02, C.P. JORGE IVAN ACUÑA ARRIETA
23
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a partir del 28 de enero de 2012 -día siguiente a la ejecutoria del referido fallo-
85. Luego, la misma Corporación, también a través de decisión proferida por la
Sala de Conjueces, en sentencia de 2 de septiembre de 201925, se pronunció
sobre el fenómeno jurídico de la prescripción, esta vez para los casos de las
reclamaciones de la bonificación por compensación causadas entre el 5 de
septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, a efectos de precisar que,
durante este período, no hubo dualidad de normas, razón por la cual en ese
lapso sí operó el fenómeno de la prescripción, conforme las disposiciones de
los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que se demostrara que antes
del 3 de diciembre de 2004, se había interrumpido la prescripción, conforme a
la ley.
86. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 de 2012 “Por la cual se modifica la
bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”, que dispuso:
ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por
Compensación que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados
de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados
Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante
Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia,
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los
funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los
que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los
Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la
asignación básica y demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%)
de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior
de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye
factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de
Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los mismos
términos de la Ley 797 de 2003.
87. Particularmente, una vez revisado el material probatorio aportado al
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, radicado 41001-
23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018), C.P. CARMEN ANAVA DE CASTELLANOS
24
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Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
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plenario, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
88. La señora Judhy Stella Velásquez Herrera prestó servicios en la Rama
Judicial26, en los siguientes cargos:
• Profesional Asistente de la Sala Administrativa del Consejo de Superior
de la Judicatura, del 20 al 26 de enero de 1998 (Resolución 1 de 19 de
enero de 1998).
• Directora de la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, desde el 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de
septiembre de 200227.
89. Durante el periodo en que estuvo vinculada a la Rama, anteriormente
descrito, la demandante devengó los siguientes emolumentos28:
AÑO 1998 2001 2002
DEVENGADOS
Sueldo básico (mensual) 3.069.2298 3.781.442 3.959.170
Prima especial de servicios (mensual) 184.154 1.134.432 1.187.751
Bonificación por compensación
• 2.688.003 2.814.340
(mensual)
Bonificación por servicios prestados
• - 2.709.215
(anual)
Prima de servicios (anual) - - 2.037.323
Diferencia prima de vacaciones - - 2.122.211
Indemnización de vacaciones - - 3.112.577
Prima de navidad (anual) - 2.836.081 -
Diferencia prima de navidad - - 3.315.955
Bonificación por gestión judicial - 19.790.427 21.706.721
DESCUENTOS DE LEY
Pensión ISS 26.932 - -
Pensión Protección - 1.762.800 834.400
Pensión Provenir - - 1.043.000
Fondo de solidaridad - 514.800 556.200
26
Certificación expedida por la directora Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial el 27 de mayo de 2013, fol. 24.
27
Folio 24 expediente físico
28
Certificación expedida el 15 de mayo de 2015, por la directora Administrativa de la División de Tesorería de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, fol. 70.
25
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90. La demandada, mediante escrito del 30 de octubre de 2012, solicitó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el pago de la bonificación por
compensación establecida en el Decreto 610 y 1239 de 1998, durante el
periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de septiembre
de 200229.
91. A través de la Resolución 4930 del 23 de noviembre de 2012, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud de liquidación y pago de
la bonificación por compensación, elevada por la señora Judhy Stella
Velásquez Herrera30
92. La Sala encuentra que la demandante se desempeñó como directora de la
Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
desde el 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2002, razón por la
cual, con fundamento en la normativa aplicable y la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre la materia, la señora Judhy Stella Velásquez Herrera es
beneficiara de la bonificación por compensación, equivalente al 80% de lo
devengado por los magistrados de altas cortes.
93. Tanto en la demanda, como en la contestación de la misma y en el acto
administrativo cuya nulidad se depreca, se observa que, durante el periodo
reclamado por la demandante, se afirmó que percibió bonificación por
compensación, inferior a la que devengaban los Congresistas. En el acto
administrativo demandado se afirmó que, ante la falta de disponibilidad
presupuestal, no fue posible el pago del retroactivo de la bonificación por
compensación: «del 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2002, en cuyo
aspecto se reafirma no es posible acceder al citado requerimiento, por no contar con el
presupuesto necesario para ese efecto».
94. Cabe destacar que la bonificación por compensación corresponde al 80% de
lo que por todo concepto recibe un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta
que deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el
auxilio de cesantías, como parámetro para determinar la liquidación, como lo
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Folios 8 a 11 expediente físico
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Folios 13 a 13 expediente físico.
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Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
expuso la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 19 de junio de
2025:
«A la luz de la argumentación arriba expuesta, la Sala advierte que al
demandante, en su calidad de director de Unidad de Recursos Físicos e
inmuebles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo
concepto recibe un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos
deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de
cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
pues es un ingreso anual permanente que perciben éstos funcionarios, conforme
a los antecedentes jurisprudenciales antes expuestos, por lo que le asiste razón
al apelante, y en ese sentido se modificará la parte resolutiva del fallo.
41. Toda vez, que conforme a lo señalado en precedencia el valor que se cancela
por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo
proyectado como ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los
magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y
demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un
80%».
95. Ahora, si bien la demandante tenía derecho a reclamar la diferencia entre
lo pagado y lo realmente causado durante el periodo demandado, por concepto
de la bonificación por compensación, lo cierto es que, en este caso, operó el
fenómeno de la prescripción.
96. En efecto, como se explicó en líneas precedentes, el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, reguló la
prescripción, aspecto respecto del cual, la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado se pronunció, en sentencia del 15 de mayo de 2016, en lo que atañe a
la bonificación por compensación.
97. En dicha providencia, determinó que «solo puede hablarse de exigibilidad de la
bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad
del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando quedó ejecutoriada la
sentencia del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040
de 2004.
98. Sin embargo, con posterioridad, la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado se pronunció nuevamente sobre el tema en la sentencia de 2 de
septiembre de 2019, al precisar que dentro del lapso comprendido entre la
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Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998, esto es, el
5 de octubre de 2001, y la expedición del Decreto 4040 de 2004, 2 de diciembre
de 2004, operó el fenómeno de la prescripción, dado que no se produjo una
dualidad de normas. Bajo esa óptica, indicó que se configuraba la prescripción
en ese periodo, salvo que se demostrara que antes del 3 de diciembre de 2004
se hubiere interrumpido la prescripción, es decir, se hubiere elevado la
respectiva reclamación, como lo ha establecido la Subsección:
«Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años.
Esta interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
Ahora, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el numeral 3.4.3. de
esta sentencia, en cuanto a la prescripción de la bonificación por compensación
[…] la Sala considera respecto a la prescripción que la regla general es que operó
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 (antes de la vigencia
del Decreto 4040), salvo que la parte acredite que presentó una petición. Por otra
parte, del 3 de diciembre de 2004 al 28 de enero de 2012 no operó la
prescripción, debido a la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004. Esto en atención a lo considerado en los fallos de la Sala de Conjueces
del 15 de mayo de 2016 y del 2 de septiembre de 2019» 31.
99. Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que operó la prescripción
en este caso, comoquiera que el periodo reclamado es del 27 de marzo de 2001
al 30 de septiembre de 2002 y la reclamación solo la elevó la demandante el
30 de octubre de 2012 (hecho 1 de la demanda).
100. No obstante lo anterior, sí se deben reliquidar los aportes pensionales, dado
que hacen parte del derecho a la pensión, que es imprescriptible e
irrenunciable. Por lo tanto, la Sala ordenará la reliquidación de aquellos, desde
el momento en que la demandante ejerció el cargo que le dio derecho a percibir
la bonificación por compensación, sin tener en cuenta el fenómeno
prescriptivo.
101. En ese orden de ideas, se dispondrá la nulidad parcial de los actos
demandados, y se ordenará a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2026, rad. 25000-23-42-000-
2013-01194-02 (3460-2020)
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Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Administración Judicial, que reliquide los aportes al sistema general de
seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta que, la bonificación por
compensación constituye factor salarial para aquellos; lo anterior, desde el
momento en que la demandante empezó a prestar el servicio y, en
consecuencia, era beneficiaria de dicha bonificación en el porcentaje
establecido en el Decreto 610 de 1998.
3. Condena en costas.
102. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sin simplemente la defensa de sus propios intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, por tanto, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria el 31 de mayo de 2019, por
medio del cual declaró la excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo No.
273 de 1998, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y, negó las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución 4930 del
23 de noviembre de 2012, expedida por el Director Ejecutivo de Administración
judicial, que negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales por
concepto de bonificación por compensación, y ORDENAR a la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, efectuar el pago de los
aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, por la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió devengar la señora Judhy Stella
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Demandante: Judhy Stella Velásquez Herrera
Demandada: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Velásquez Herrera, por concepto de bonificación por compensación desde
el 27 de marzo de 2001 hasta el 30 de septiembre de 2002, sin aplicar
prescripción.
TERCERO.- DECLARAR probada la prescripción respecto de las diferencias
derivadas de la bonificación por compensación durante el periodo comprendido
entre el 27 de marzo de 2001 y el 30 de septiembre de 2002, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
CUARTO. – Sin condena en costas.
QUINTO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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