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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00049-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00049-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00049-01 (4364-2024)1
Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión gracia - excepción de inconstitucionalidad
y cosa juzgada
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023),
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la
excepción de cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones.

1
Expediente electrónico.
2
Samai, índice 00002, archivo: archivo 01Demanda.

2

Número Interno: 4364-2024
Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

1. La señora Elizabeth Rodríguez de Torres, por intermedio de apoderado

judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en
lo sucesivo), y solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos.
20797 del quince (15) de mayo de dos mil siete (2007) y 20904 del quince (15)
de mayo de dos mil ocho (2008), por medio de las cuales, se le negó el
reconocimiento de la pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) reconocer y pagar a su favor

la pensión gracia vitalicia de jubilación, a partir del día siguiente al
cumplimiento de los requisitos de veinte (20) años de servicio a la educación
y cincuenta (50) años de edad; ii) disponer que las mesadas iniciales sean
liquidadas en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del
promedio de lo devengado por concepto de sueldos y demás factores
salariales, durante el último año de servicios inmediatamente anterior al
cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio, junto con los
reajustes legales correspondientes; y iii) dar cumplimiento a la sentencia en
los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos

3. Precisó que, nació el dos (2) de abril de mil novecientos treinta y ocho (1938),

por lo que, cumplió cincuenta (50) años de edad el mismo día y mes de 1988;
asimismo, señaló que, se vinculó como docente oficial, antes del primero (1º)
de enero de mil novecientos ochenta y uno (1981) y que, observó buena
conducta durante toda su vida laboral.

3

Número Interno: 4364-2024
Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

4. Indicó que, prestó sus servicios con vinculación territorial por más de 20
años en forma continua, desde el primero (1º) de enero de mil novecientos
setenta y cuatro (1974) hasta el treinta (30) de julio de dos mil cuatro (2004),
fecha de retiro, nombrada por el Municipio de El Carmen de Bolívar.

5. Expuso que, el diez (10) de julio de dos mil seis (2006), solicitó a la extinta

Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), el reconocimiento de la pensión gracia, tras considerar que
cumplía los requisitos legales, la cual, fue negada por medio de la Resolución
No. 20797 del quince (15) de mayo de dos mil siete (2007), en la que se
argumentó que no llenaba las exigencias establecidas en las normas que
gobiernan esta clase de prestación.

6. Sostuvo que, contra el citado acto administrativo formuló recurso de
reposición, que fue resuelto mediante Resolución No. 20904 del quince (15)
de mayo de dos mil ocho (2008), confirmando la resolución recurrida.

1.3 Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

7.1. Constitucionales: artículos 2, 6, 13, 25, 53 y 58 de la
Constitución Política.

7.2. Legales y reglamentarias: 114 de 1913, 116 de 1928, artículo

6; 37 de 1933; 91 de 1989; 60 de 1993, artículo 6; 100 de 1993,

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Número Interno: 4364-2024
Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

artículo 279; 115 de 1994, artículo 115, 1437 de 2011; Código
Sustantivo del Trabajo, artículo 21 y Decreto 081 de 1976.

8. Señaló que, los actos demandados quebrantaron las normas en que debían

fundarse, toda vez que, no es cierto que, no cumpliera los requisitos legales
para acceder a la pensión gracia, en la medida que, se desempeñó por más
de 20 años como docente con vinculación territorial o municipal, la cual, debe
ser calificada por el operador judicial y no por el funcionario administrativo que
expide una certificación.

2. Contestación de la demanda.

9. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, por carecer de
fundamento legal y fáctico, pues, las resoluciones demandadas están
ajustadas al ordenamiento jurídico.

10. Indicó que, no tuvo vinculación territorial sino nacional, a partir del año

1993, tal como se desprende del certificado donde se consigna que laboró
para el Municipio de El Carmen de Bolívar, desde el seis (6) de enero hasta el
treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), pues, en el
acto administrativo de nombramiento participó el Ministerio de Educación.

11. Propuso como excepciones las de inexistencia de la causa petendi, cobro

de lo no debido, falta de derecho para pedir, buena fe y cosa juzgada.

3. La sentencia de primera instancia3.

3
Samai, índice 00002, archivo: archivo 28SentenciaPrimeraInstancia.

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Número Interno: 4364-2024
Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

12. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el

catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023), declaró probada la excepción
de cosa juzgada y se abstuvo de imponer condena en costas.

13. Como fundamento de su decisión, y luego de valorar las pruebas allegadas

al proceso, encontró acreditado que, la señora Elizabeth Rodríguez de Torres
nació el dos (2) de abril de mil novecientos treinta y ocho (1938) y que, prestó
sus servicios como docente pública entre los años de mil novecientos setenta
y cuatro (1974) y dos mil cuatro (2004), en el municipio de El Carmen de
Bolívar. Asimismo, estableció que, la demandante había solicitado el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, pretensión que fue negada
mediante las Resoluciones No. 20797 del quince (15) de mayo de dos mil siete
(2007) y No. 20904 del quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008).

14. De igual manera, encontró acreditado que, la señora Elizabeth Rodríguez

de Torres, había promovido con anterioridad dos procesos judiciales con el
propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia. En el
primero, con radicado No. 13-001-33-31-012-2011-00259-01, el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del veinticuatro (24) de octubre
de dos mil trece (2013), negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que, el tiempo de servicio acreditado como docente nacionalizada resultaba
insuficiente para acceder a la pensión gracia. En el segundo, bajo el radicado
No. 13-001-33-33-004-2017-00241-01, el proceso terminó por la prosperidad
de la excepción de cosa juzgada, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante auto del dos (2) de julio de dos mil veinte
(2020).

15. En ese contexto, consideró que, la prosperidad de la excepción de cosa

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Número Interno: 4364-2024
Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

juzgada estaba sujeta a la concurrencia de tres elementos, a saber: (i)
identidad de partes, (ii) identidad de objeto e (iii) identidad de causa petendi.
Bajo ese entendido, procedió a verificar la concurrencia de dichos
presupuestos, teniendo en cuenta que, esta era la tercera vez que la señora
Elizabeth Rodríguez de Torres, acudía a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

16. En cuanto a la identidad de partes, el Tribunal constató que, la señora

Elizabeth Rodríguez de Torres, había obrado como demandante en los tres
procesos. A su vez, precisó que, aunque en el primer proceso figuró como
demandada la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal— y en los dos
restantes la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social —UGPP—, era viable considerar la identidad de la parte
pasiva, debido a que la UGPP asumió, por mandato legal, la condición de
sucesora de los derechos y obligaciones relacionados con la administración
del régimen pensional de la extinta Cajanal. Por lo anterior, concluyó que,
existía identidad de partes en los tres procesos judiciales.

17. En cuanto a la identidad de objeto, advirtió que, a pesar que en los tres

procesos se demandaron actos administrativos diferentes, estos perseguían
sustancialmente las mismas pretensiones, esto es, el reconocimiento y pago
de la pensión gracia a favor de la señora Elizabeth Rodríguez, así como, el
reajuste de la condena judicial en los términos previstos en el artículo 178 del
CCA, hoy artículo 187 del CPACA. De esta manera, encontró acreditada la
identidad de objeto, pues, el nuevo proceso buscaba la prosperidad de
pretensiones que ya habían sido resueltas por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, mediante la sentencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece
(2013) y el auto del dos (2) de julio de dos mil veinte (2020). En consecuencia,

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Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

concluyó que, la accionante había intentado revivir la controversia planteada
sobre el reconocimiento de la pensión gracia, pese a que, esta ya había sido
decidida en dos oportunidades anteriores por esa Corporación Judicial.

18. Finalmente, respecto de la identidad de causa petendi, el Tribunal
estableció que, los fundamentos fácticos de las tres demandas presentaban
identidad, pues, los procesos buscaban establecer la procedencia del
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la demandante, por los
periodos laborados entre los años de mil novecientos setenta y cuatro (1974)
y dos mil cuatro (2004), como docente pública en el municipio de El Carmen
de Bolívar. Asimismo, señaló que, el sustento normativo de los tres procesos
era el mismo, al haberse invocado las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 91 de 1989 y 115 de 1994. En virtud de lo anterior, determinó que,
resolver los cargos de la presente demanda supondría pronunciarse sobre un
asunto que ya había sido debatido y decidido mediante la sentencia del
veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013) y el auto del dos (2) de
julio de dos mil veinte (2020), providencias que habían quedado ejecutoriadas
y, por lo tanto, habían hecho tránsito a cosa juzgada.

19. En ese sentido, el Tribunal concluyó que, se encontraban acreditados los

tres presupuestos que configuran la cosa juzgada, esto es, la identidad de
partes, objeto y causa, razón por la cual, declaró probada dicha excepción.
Agregó que, esta institución debía salvaguardarse con independencia que se
discutiera el reconocimiento de una prestación periódica, por tratarse de una
figura que goza de protección constitucional y garantiza la seguridad jurídica.

20. Finalmente, respecto de las costas, el Tribunal señaló que, si bien,
conforme al artículo 188 del CPACA y al artículo 365 del CGP habría lugar a

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Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

condenar en costas a la parte vencida, en el presente asunto se encontraba
demostrado que, al momento de la interposición de la demanda, la parte actora
respaldó su libelo introductorio en fundamentos legales y jurisprudenciales.
Por lo tanto, en aplicación de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, se abstuvo de imponer dicha condena.

4. Recurso de apelación4

21. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia

de primera instancia, al considerar que, tratándose de pensiones de jubilación,
la cosa juzgada no opera y, por tanto, los jueces deben aplicar la excepción
de inconstitucionalidad del artículo 303 del Código General del Proceso.

22. Para sustentar su posición, invocó el artículo 53 de la Constitución Política,

bajo el entendimiento que, entre los principios mínimos fundamentales en
materia laboral, se encuentra la protección de los derechos pensionales, los
cuales, en su criterio, son irrenunciables e imprescriptibles. Asimismo, invocó
los artículos 4º y 1º de la Carta Política, y citó la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado el doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020),
radicado No. 11001-03-15-000-2020-00476-00, en relación con la prevalencia
del derecho sustancial sobre el derecho formal de la cosa juzgada. En
consecuencia, solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo
303 del Código General del Proceso y pronunciarse de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.

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Samai, índice 00002, archivo: archivo 30RecursoApelación.

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Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

5. Trámite de segunda instancia

23. Por medio de auto del treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)5, el

despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó
al despacho para fallo. En la misma providencia se adujo que, lo relacionado
con la solicitud de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica que
formuló la parte demandante6, se resolvería una vez el proceso ingrese a
despacho para proferir sentencia.

24. El Ministerio Público emitió concepto, en el que solicitó la confirmación de

la sentencia apelada7, al considerar que, ya existe un pronunciamiento judicial
ejecutoriado sobre el reconocimiento de la pensión gracia y que, se mantienen
la identidad de partes, objeto y causa, sin nuevos elementos que permitan
reabrir la controversia.

25. Mediante auto del seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026) 8, la

Sección Segunda negó la solicitud de unificación de jurisprudencia, pues,
consideró que, la demandante se limitó a citar disposiciones constitucionales
y legales para afirmar una contradicción entre estas y la aplicación de la cosa
juzgada en materia pensional, sin explicar en qué consistía ni justificar la
necesidad de unificar jurisprudencia.

5
Índice 00009 samai.
6
Índice 00005 samai
7
Índice 00014 samai
8
Índice 00018 samai.

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Demandada: UGPP

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

26. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir en segunda

instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125,
150, 243 y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problemas jurídicos.

27. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

27.1 ¿Debe inaplicarse, por inconstitucional, el artículo 303 del Código

General del Proceso y, en consecuencia, dejarse sin efectos la excepción
de cosa juzgada declarada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para
emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Excepción de inconstitucionalidad10.

9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 26 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2013-04036-02 (6376-2019), C.P Jorge Edison Portocarreo Banguera.

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28. La presunción de constitucionalidad de las normas, es uno de los pilares

sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho. Según este postulado,
se deben acatar las leyes y los actos administrativos, salvo decisión judicial en
contrario que, con efectos generales y definitivos erga omnes, retire del
ordenamiento jurídico la norma por vía de control de constitucionalidad
abstracto: declaratoria de inexequibilidad de la Corte Constitucional y
declaratoria de nulidad del Consejo de Estado.

29. Teniendo en cuenta entonces que, la validez de todo precepto deriva de su

ajuste a la Constitución Política, es dable que, excepcionalmente, un acto
normativo de rango inferior deje de ser aplicado en un caso concreto.

30. El artículo 4 de la Constitución Política consagra la excepción de
inconstitucionalidad, según la cual, en cualquier caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra forma jurídica (acto administrativo), se debe
aplicar la Constitución.

31. Esta figura resulta aplicable cuando una norma de rango subconstitucional,

en un caso específico, singular y concreto, resulta abiertamente contraria lo
dispuesto en la Constitución, y se inaplicará la norma de rango
subconstitucional únicamente en ese evento y con efecto inter partes.

32. Se tiene, por tanto, que la presunción de constitucionalidad no es solo

desvirtuable en sede judicial, a través de las acciones respectivas (Corte
Constitucional -inexequibilidad- y Consejo de Estado -nulidad-), sino también
en un caso singular y concreto, dando aplicación preferente a la Constitución
o inaplicando los actos administrativos que resulten incompatibles con ella.

33. La aplicación constitucional preferente (artículo 4), solo opera ante la

ruptura flagrante entre el acto administrativo y la Constitución, que no da

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Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

espera a la definición por vía judicial de carácter general y definitivo, razón por
la cual, es un mecanismo excepcional.

34. Ahora bien, resulta necesario precisar que, esta figura resulta improcedente

en los eventos en los cuales, no se evidencia una oposición flagrante con los
mandatos de la Constitución Política, caso en el cual habrá de estarse a lo que
resuelva la Corte Constitucional con efectos erga omnes. En efecto, una cosa
es la norma y otra su aplicación a un caso concreto, la cual, puede dejar de
aplicarse, pero sólo en ese asunto, cuando exista incompatibilidad entre el
precepto y la Constitución.

35. Cuando se trata de actos administrativos, la Corte Constitucional11 declaró

la exequibilidad condicionada del artículo 66 del C.C.A., que preveía la
presunción de legalidad del acto administrativo en el anterior código, al estimar
que, cuando se detectara una abierta contradicción entre éste y los mandatos
constitucionales, el juez no debía dudar en aplicar la Constitución Política.

36. En esa misma providencia, la Corte explicó que, la norma inaplicada por

ser contraria a la Constitución, no quedaba anulada o declarada inexequible,
pues tal función solo es propia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, respectivamente.

37. Pero, la norma jurídica de contenido particular, individual y concreto,

que crea derechos a favor de un particular, no puede dejar de aplicarse
mediante la excepción de inconstitucionalidad, en virtud de la garantía
de los derechos adquiridos con justo título y legalmente, hasta tanto sean
anulados o suspendidos por la jurisdicción competente, o revocados por
la Administración con consentimiento expreso de su titular.

11
Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995

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38. Finalmente, aunque el artículo 4 de la Constitución Política pareciera, en

principio, estar dirigido exclusivamente a los operadores judiciales, nada obsta
para que cualquier persona que se sienta afectada, la invoque como
argumento de renuencia a acatar el cumplimiento de la ley o de un acto
administrativo de carácter general, sin perjuicio de la facultad de acudir
directamente ante la jurisdicción administrativa, para que se pronuncie ya sea
vía suspensión provisional o a través de un fallo con efectos de cosa juzgada.

2.3.2. De la cosa juzgada12.

39. Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que, el

artículo 30313 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión
del 30614 del CPACA, establece tres (3) presupuestos para su configuración,
a saber: (i) el nuevo proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que
la pretensión sea idéntica a la debatida en el anterior trámite en el que se dictó
el fallo ejecutoriado, (ii) se debe fundar en la misma causa, esto es, que entre
la demanda y la sentencia proferida en el anterior asunto haya semejanza en
los fundamentos de hecho y de derecho, y (iii) debe existir identidad jurídica
de partes.

40. Por su parte, el artículo 189 del CPACA, en relación con la cosa juzgada

respecto de sentencias de nulidad dictadas por esta jurisdicción, preceptúa
que «La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 26 de
junio de 2025, radicado 68001-23-33-000-2021-00583-01 (0214-2025) C.P Jorge Edison Portocarreo Banguera.
13
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes».
14
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

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Demandada: UGPP

erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada (…)».

41. Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado15 precisó:

Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos considera la Corte
que al proceso a) deben concurrir las mismas partes e intervinientes que
resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada;
b) debe existir identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que
hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos
como sustento. Pero que cuando además de los mismos hechos la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa; y c)
la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe
un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre
una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

42. Por tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio

constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las
decisiones judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado a
través de estas con otro proceso judicial, en atención a la intangibilidad e
inmutabilidad que adquieren ante su ejecutoria.

43. Ahora bien, respecto del fenómeno de la cosa juzgada en aquellas
controversias en las cuales se discute el reconocimiento o reajuste de
prestaciones periódicas, la Subsección ha señalado que, si bien existen
pronunciamientos de la Corporación en el sentido de otorgar a esta figura un

15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección primera, consejera ponente María Claudia Rojas
Lasso, sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.

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alcance relativo, esto es, solo en cuanto a las mesadas causadas hasta el
momento de emisión del respectivo fallo, dicha posición no es unánime o con
alcances unificadores y, por lo tanto, se ha orientado a establecer que la
institución de cosa juzgada guarda alcance absoluto, inmutable y definitivo.
Para una mayor ilustración, se citan los apartes pertinentes sobre el particular.

«[...] comoquiera que las decisiones judiciales tan sólo son vinculantes respecto
de las mesadas que ya fueron objeto de pronunciamiento, más no frente a las
que posiblemente se causen con posterioridad a la ejecutoria de tal
providencia16, esta postura no es unánime porque en 2020 y 2021 la Sección
también ha expresado que no es posible volver sobre materias ya juzgadas,
a efectos de modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia;
es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa juzgada, con
independencia de que se discuta el reconocimiento de una prestación
periódica, pues se trata de una figura que goza de protección constitucional y
garantiza la seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho
(negrillas fuera del texto)17:

«[e]s relevante precisar que la posición esgrimida por el Tribunal de instancia,
en el sentido de no declarar probada la cosa juzgada, pues a su juicio este
fenómeno se presenta en el caso de marras de forma relativa, no es de recibo
para la Subsección, en consideración a que si bien es cierto mediante
providencia del 7 de diciembre de 2017 se estudió la tesis de «cosa juzgada
relativa», también lo es que dicha postura se replanteó a través del auto del 9
de marzo del 2020 , en el entendido del carácter imperativo e inmutable de las
decisiones que han adquirido firmeza.

Por consiguiente, no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a
efectos de modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia;
es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa juzgada, con

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-
000-2018-00634-01(5385-19).
17
Ibidem.

16

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Demandada: UGPP

independencia de que se discuta el reconocimiento de una prestación
periódica, pues se trata de una figura que goza de protección constitucional y
garantiza la seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho
(negrillas fuera del texto)18

En ese mismo sentido, esta Sección ha señalado que el cambio de precedente
jurisprudencial no puede usarse para afectar situaciones jurídicas
consolidadas, ya que se atentaría contra el principio de la seguridad jurídica 19
e inmutabilidad de la sentencia judicial. En ese sentido, el precedente judicial
no constituye un hecho nuevo ni un motivo que permita a quienes ya cuenta
con una sentencia ejecutoriada acudir nuevamente a la jurisdicción. Aunque la
jurisprudencia puede cambiar con el tiempo, las providencias judiciales
permanecen intactas, «pues las mismas obedecieron a un estudio que en su
momento fue válido».

2.4 Hechos probados

44. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las

siguientes:

44.1. Resoluciones Nos. 20797 del quince (15) de mayo de dos mil

siete (2007)20, y 20904 del quince (15) de mayo de dos mil ocho
(2008)21, mediante las cuales, Cajanal negó y confirmó,
respectivamente, la negativa del reconocimiento de la pensión
gracia solicitada por la señora Elizabeth Rodríguez de Torres.

18 Ibidem
19Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, auto del 24 de marzo de 2015, expediente 25000-23-42-000-
2013-06326-01(0619-15).
20
Samai, índice 00002, archivo: archivo 01Demanda, páginas 12 a 17.
21
Samai, índice 00002, archivo: archivo 01Demanda, páginas 19 a 22.

17

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44.2. Sentencia del quince (15) de junio de dos mil doce (2012)22,

proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cartagena, bajo el radicado 13001-33-31-012-2011-00259-00, que
accedió al reconocimiento de la pensión gracia solicitada por la
demandante.

44.3. La anterior decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo

de Bolívar, mediante sentencia de veinticuatro (24) de octubre de
dos mil trece (2013)23, que negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que, no se acreditaba el tiempo de servicio requerido
para acceder a la prestación.

44.4. El veintidós (22) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 24, la

señora Elizabeth Rodríguez de Torres, presentó nueva demanda,
bajo el radicado 13-001-33-33-004-2017-00241-00, mediante la
cual, solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión gracia.
En la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintiséis (26)
de septiembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Cartagena, decidió declarar probada
la excepción de cosa juzgada25.

44.5. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante auto del dos (2) de julio de dos

22
Samai, índice 00002, archivo: archivo 4ED_13001233300020210004(.zip); carpeta 20ExpedienteJuzgadoCuarto;
13001333300420170024100; documento: 02Cuaderno 2, páginas 11 a 23.
23
Samai, índice 00002, archivo: archivo 4ED_13001233300020210004(.zip); carpeta 20ExpedienteJuzgadoCuarto;
13001333300420170024100; documento: 02Cuaderno 2, páginas 24 a 43.
24
Samai, índice 00002, archivo: archivo 4ED_13001233300020210004(.zip); carpeta 20ExpedienteJuzgadoCuarto;
13001333300420170024100; documento: 01Cuaderno 1, páginas 1 a 15.
25
Samai, índice 00002, archivo: archivo 20ExpedienteDigitalizadoJuzgadoCuarto, páginas 222 a 227.

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mil veinte (2020)26, al encontrar acreditada la identidad de partes,
objeto y causa respecto del proceso anterior.

2.5 Caso concreto

45. En primer término, la Sala analizará, el reparo formulado por la parte

demandante en el recurso de alzada, según el cual, por tratarse de una
controversia relacionada con el reconocimiento de una pensión de jubilación,
no resulta aplicable la figura de la cosa juzgada. En consecuencia, solicita
inaplicar, por inconstitucional, el artículo 303 del Código General del Proceso
y dejar sin efectos la excepción de cosa juzgada declarada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, a fin de emitir un pronunciamiento de fondo sobre
las pretensiones de la demanda.

46. En ese sentido, resulta necesario precisar que, la aplicación constitucional

preferente (artículo 4) solo opera ante la ruptura flagrante entre una norma de
rango legal y la Constitución, que no da espera a la definición por vía judicial
de carácter general y definitivo, razón por la cual, es un mecanismo
excepcional.

47. Ahora bien, esta figura resulta improcedente cuando no se evidencia una

oposición flagrante con los mandatos de la Constitución Política, caso en el
cual, habrá de estarse a lo que resuelva la Corte Constitucional con efectos
erga omnes. En efecto, una cosa es la norma y otra su aplicación a un caso
concreto, la cual, puede dejar de aplicarse pero sólo en ese asunto, cuando
exista incompatibilidad entre el precepto y la Constitución27.

26
Samai, índice 00002, archivo: archivo 20ExpedienteDigitalizadoJuzgadoCuarto, páginas 228 a 249.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 26 de
marzo de 2026, radicado 25000-23-42-000-2013-04036-02 (6376-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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48. En el presente asunto, la parte demandante pretende inaplicar el artículo

303 del Código General del Proceso, bajo el argumento que, la cosa juzgada
no opera frente a las controversias relacionadas con el reconocimiento de
prestaciones pensionales. Sin embargo, la naturaleza pensional de la
prestación no excluye, por sí sola, la aplicación de la cosa juzgada, institución
que garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales.

49. En primer lugar, la Sala advierte que, el carácter pensional de la
controversia no impide, por sí mismo, la aplicación de la cosa juzgada. En
efecto, esta Subsección, precisó que, «frente a la tesis planteada en la alzada,
concerniente a que no se configuró la cosa juzgada en razón a la naturaleza jurídica del
derecho pensional exigido (…), carece de asidero jurídico por cuanto, por un lado, no existe
normativa alguna que contenga una excepción en tal sentido y, por otro, el desconocimiento
de este fenómeno conllevaría vulnerar el principio de seguridad jurídica, fundamental para una
eficiente, eficaz y justa prestación del servicio de administración de justicia»28.

50. Establecido lo anterior, la Sala no encuentra que, el carácter pensional de

la prestación pretendida constituya, por sí mismo, una circunstancia que
permita inaplicar el artículo 303 del Código General del Proceso.

51. En cuanto al argumento relacionado con la irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad de los derechos pensionales, debe precisarse que, tales
características protegen la titularidad y el ejercicio del derecho pensional, pero
no comportan, por sí mismas, la posibilidad de desconocer los efectos de una
decisión judicial ejecutoriada. En particular, esta Subsección ha precisado que,
«la imprescriptibilidad de los derechos pensionales y la posibilidad que tienen los reclamantes

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 25 de
septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-02338-01 (2182-2019), C.P Carmelo Perdomo Cuéter.

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de reiterar sus peticiones no los habilita para demandar cada acto emanado de la
Administración, cuando la discusión jurídica que se plantea fue resuelta en sede judicial »29.

52. En ese sentido, la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los derechos

pensionales no excluyen la aplicación de la cosa juzgada ni habilitan, por sí
mismas, la reapertura de una controversia que ya fue definida judicialmente.

53. Para tal efecto, resulta pertinente examinar las actuaciones judiciales

promovidas anteriormente por la señora Elizabeth Rodríguez de Torres, en
relación con el reconocimiento de la pensión gracia, cuyas principales
características se sintetizan a continuación:

Expediente 13-001-33- Expediente 13-001-33- Expediente 13001-23-33-000-
31-012-2011-00259-01 33-004-2017-00241-01 2021-00049-01 (4364-2024)
proceso actual
Partes: Elizabeth Partes: Elizabeth Partes: Elizabeth Rodríguez
Rodríguez de Torres, contra Rodríguez de Torres, de Torres, contra la Unidad
CAJANAL contra la Unidad Administrativa Especial de
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
Contribuciones la Protección Social (UGPP).
Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
Actos demandados: Acto demandado: Auto Actos demandados:
Actos administrativos No. 3066 del 25 de abril de Resoluciones Nos. 20797 del
números PAP 016512 del 2017, por medio del cual, 15 de mayo de 2007 y 20904
06 de octubre de 2010, y negó el reconocimiento y del 15 de mayo de 2008, a
UGM 003813 del 12 de pago de la pensión gracia. través de las cuales, negó el
agosto de 2011, mediante reconocimiento y pago de la
los cuales, se denegó el pensión gracia.
reconocimiento y pago de la
pensión gracia
Hechos Hechos Hechos

1. La señora Elizabeth 1. La señora Elizabeth 1. La señora Elizabeth
Rodríguez de Torres nació Rodríguez de Torres nació Rodríguez de Torres nació el 2
el 2 de abril de 1938, por lo el 2 de abril de 1938, por de abril de 1938, por lo cual,
lo que, cumplió los 50

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 25 de
septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-02338-01 (2182-2019), C.P Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandada: UGPP

Expediente 13-001-33- Expediente 13-001-33- Expediente 13001-23-33-000-
31-012-2011-00259-01 33-004-2017-00241-01 2021-00049-01 (4364-2024)
proceso actual
cual, cumplió los 50 años el años el día 2 de abril de cumplió los 50 años el día 2 de
día 2 de abril de 1988. 1988. abril de 1988.
2. La demandante ha 2. La demandante prestó 2. La demandante ha laborado
prestado sus servicios al sus servicios como por más de 20 años en la
Departamento de Bolívar, docente oficial para docencia pública con un tipo de
desde el año 1974 hasta el distintos colegios pública vinculación territorial. En
30 de julio de 2004, de El Carmen de Bolívar específico, expone haber
desempeñando sus labores entre los años de 1974 a laborado entre el 1º de enero
como docente oficial en 2004, bajo el tipo de de 1974 al 30 de julio de 2004
diferentes instituciones vinculación territorial y en el municipio de El Carmen
educativas de El Carmen de municipal. de Bolívar bajo el mismo tipo
Bolívar. 3. Expuso que el estatus de vinculación.
3. Que el estatus pensional pensional lo adquirió a 3. Que el estatus pensional lo
lo adquirió el 26 de marzo partir del momento en que adquirió a partir del momento
de 2002, pues, para esa cumplió los 20 años de en que cumplió los 20 años de
época había cumplido 20 servicio. servicio.
años de servicios prestados 4. A pesar de lo anterior, 4. De esta manera, presentó
y, adicionalmente, 50 años expone que la Unidad de una petición el 10 de julio de
de edad. Gestión Pensional y 2006 ante Cajanal (hoy UGPP)
4. Puntualiza que la Caja Contribuciones para que le reconociera y
Nacional de Previsión Parafiscales de la pagara la pensión de gracia.
Social negó el Protección Social (UGPP), Sin embargo, mediante las
reconocimiento de la le negó el reconocimiento Resoluciones No. 20797 del 15
pensión gracia a través de y pago de la pensión de mayo de 2007 y No. 20904
las Resoluciones No. PAP gracia a través del Auto del 15 de mayo de 2008, la
016512 del 6 de octubre de No. 3066 del 25 de abril de entidad demandada resolvió
2010 y No. UGM 003813 del 2017. negativamente esta solicitud.
12 de agosto de 2011,
indicando que, la
demandante ostentó la
calidad de docente del
orden nacional entre 1993 a
2004.
Pretensiones: La Pretensiones: La Pretensiones: La
demandante solicitó el demandante solicitó el demandante solicitó el
reconocimiento y pago de la reconocimiento y pago de reconocimiento y pago de la
pensión gracia. la pensión gracia. pensión gracia.

Fallo de primera Decisión de primera Fallo de primera instancia: El
instancia: El Juzgado Doce instancia: En la Tribunal Administrativo de
Administrativo del Circuito continuación de la Bolívar, mediante sentencia del
de Cartagena, mediante audiencia inicial celebrada 14 de julio de 2023, declaró
sentencia del 15 de junio de el 26 de septiembre de probada la excepción de cosa
2012, accedió a las 2018, el Juzgado Cuarto juzgada.
pretensiones de la Administrativo del Circuito
demanda. de Cartagena, decidió
declarar probada la

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Demandante: Elizabeth Rodríguez de Torres
Demandada: UGPP

Expediente 13-001-33- Expediente 13-001-33- Expediente 13001-23-33-000-
31-012-2011-00259-01 33-004-2017-00241-01 2021-00049-01 (4364-2024)
proceso actual
Fallo de segunda excepción de cosa
instancia: juzgada.
Mediante sentencia de 24
de octubre de 2013, revocó Decisión de segunda
la anterior decisión y negó instancia: La anterior
las pretensiones, al decisión fue confirmada
considerar que, no se por el Tribunal
acreditaba el tiempo de Administrativo de Bolívar,
servicio requerido para mediante auto del 2 de
acceder a la prestación. julio de 2020, al encontrar
acreditada la identidad de
partes, objeto y causa
respecto del proceso
anterior.

54. De la comparación anterior se advierte que, aunque en los tres procesos

se demandaron actos administrativos diferentes, existe identidad sustancial de
partes, objeto y causa. En efecto, la señora Elizabeth Rodríguez de Torres, ha
promovido las tres actuaciones judiciales con el mismo propósito sustancial de
obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia. En particular, se
observa que, los tres procesos parten de los mismos supuestos fácticos
esenciales, relacionados con que la demandante nació el dos (2) de abril de
mil novecientos treinta y ocho (1938), cumplió cincuenta (50) años de edad en
mil novecientos ochenta y ocho (1988) y prestó sus servicios como docente
pública durante más de veinte (20) años, entre 1974 y 2004, en el municipio
de El Carmen de Bolívar, circunstancias a partir de las cuales sostiene haber
adquirido el derecho a la pensión gracia. Aunque la exposición de los hechos
presenta algunas variaciones entre las demandas, el núcleo fáctico que
sustenta la pretensión permanece invariable. Por lo que, dichas características
del derecho invocadas por la recurrente tampoco evidencian una
incompatibilidad manifiesta entre el artículo 303 del Código General del
Proceso y las garantías constitucionales alegadas.

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55. Finalmente, debe abordarse el argumento relativo a la prevalencia del

derecho sustancial sobre el formal, para lo cual, la parte recurrente invocó la
sentencia de tutela proferida por esta Corporación el doce (12) de marzo de
dos mil veinte (2020)30. En dicha providencia se analizó una controversia
relacionada con el reajuste periódico de una asignación de retiro, respecto de
la cual, se advirtió que, aunque en el primer proceso se había discutido dicho
reajuste, los jueces de instancia habían omitido impartir una orden frente al
reajuste de la base de la asignación de retiro. En ese contexto, consideró que,
no podía declararse la cosa juzgada respecto de la nueva reclamación y
señaló que, la discusión involucraba la aplicación del derecho sustancial, el
reajuste, frente al derecho formal, la cosa juzgada, por lo que, optó por
proteger el derecho del pensionado.

56. Sin embargo, dicho precedente no resulta aplicable al presente asunto,

pues, las circunstancias allí analizadas difieren de las que ahora ocupan a la
Sala. En efecto, en este caso la pretensión de reconocimiento de la pensión
gracia ya fue objeto de decisión judicial y, como lo estableció el Tribunal, existe
identidad de partes, objeto y causa respecto de la controversia que
nuevamente se plantea. Por tanto, la prevalencia del derecho sustancial no
puede entenderse como una habilitación para desconocer los efectos de una
decisión judicial ejecutoriada, ni permite, en las circunstancias particulares del
caso, establecer una incompatibilidad manifiesta entre el artículo 303 del
Código General del Proceso y la Constitución Política.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 12 de
marzo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2020-00476-00, C.P Gabriel Valbuena Hernández.

24

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57. En consecuencia, no se evidencia una contradicción manifiesta entre el

artículo 303 del Código General del Proceso y los artículos 1º, 4º y 53 de la
Constitución Política. En particular, el principio de irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales, y la garantía de la
seguridad social, previstos en el artículo 53, no comportan la inaplicación de
las reglas procesales que regulan la cosa juzgada ni excluyen, por sí mismos,
la obligatoriedad de las decisiones judiciales ejecutoriadas. Por su parte, el
artículo 4º de la Constitución no autoriza la inaplicación de una norma legal por
la sola discrepancia con su contenido, sino cuando se advierta una
incompatibilidad manifiesta entre esta y la Constitución, circunstancia que no
se presenta en el caso concreto.

58. Por consiguiente, el reparo formulado por la recurrente no está llamado a

prosperar. En consecuencia, no hay lugar a inaplicar el artículo 303 del Código
General del Proceso, ni a dejar sin efectos la excepción de cosa juzgada
declarada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, razón por la cual, no
procede emitir un nuevo pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones del
reconocimiento de la pensión gracia.

2.6 Condena en costas

59. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, para imponer condena en costas en esta instancia.

2.7 Conclusiones

25

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60. La Sala concluye que, no le asiste razón a la parte demandante en su
recurso de apelación, toda vez que, no se advierte una incompatibilidad
manifiesta entre el artículo 303 del Código General del Proceso y los mandatos
constitucionales invocados que justifique su inaplicación. En consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual, se declaró
probada la excepción de cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del catorce (14) de julio de dos mil
veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
declaró probada la excepción de cosa juzgada, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

26

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Demandada: UGPP

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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