Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00583-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00583-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00583-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 68001-23-33-000-2021-00583-01 (0214-2025)
Demandante : María Deogracia Campo Cantillo
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP1)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Reconocimiento pensión gracia; cosa juzgada
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2
1.1.1 Pretensiones
La señora María Deogracia Campo Cantillo, a través de apoderado judicial, acudió
a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de los actos
administrativos contenidos en el Auto ADP N° 00536 del 4 de febrero de 2020,
mediante la cual la UGPP determinó su imposibilidad de pronunciarse nuevamente
sobre la solicitud, en la medida en que no fueron aportados nuevos elementos que
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En adelante UGPP.
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Índice 06 Samai – expediente digital, archivo 02.
Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
permitieran modificar la decisión previamente adoptada en la Resolución N° RDP
047826 del 19 de diciembre de 2016 y Auto ADP N° 001494 del 20 de marzo de
2020, por medio del cual declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto
contra el Auto N° ADP 00536 del 4 de febrero de 2020.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) le reconozca y pague la
pensión gracia por haber cumplido con los requisitos de tiempo de servicio (20)
años, edad, fecha de vinculación, tipo y carácter de nombramiento dentro del
servicio docente oficial, (ii) el pago de todos los factores salariales desde el
momento de haber adquirido su estatus desde el 18 de julio de 2002 hasta cuando
se reconozca y se le pague dicha prestación económica, (iii) el pago de intereses
moratorios, tal y como lo ordena el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y, (iv) la
indexación por los perjuicios causados al no reconocimiento oportuno de la pensión
desde el momento de haber adquirido su estatus pensional, de acuerdo con el
artículo 187 ibidem y, (v) la condena en costas y agencias en derecho a la
demandada de conformidad con el artículo 188 de CPACA.
1.1.2 Hechos
La demandante señaló que, el 13 de marzo de 1978, la Secretaría de Educación de
Barrancabermeja, mediante el Decreto 173, la nombró como docente territorial de
primaria en la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo, tomando posesión del
cargo el 20 de marzo del mismo año, según el acta 455.
Indicó que, el municipio de Barrancabermeja, mediante la Resolución N° 4811 del
1° de abril de 1979, la reubicó en el Instituto Técnico Industrial local, sin interrupción
en su servicio. Asimismo, que prestó más de 30 años de servicio docente y recibió
su salario y prestaciones de fondos del departamento de Santander, posteriormente
del situado fiscal y finalmente del Sistema General de Participaciones del municipio.
Resaltó que, tanto el nombramiento como la permanencia en el servicio educativo
tuvieron siempre un carácter territorial o nacionalizado, por lo que, no existe duda
que, la vinculación al servicio docente oficial fue de carácter territorial o municipal.
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
Expuso que, el 14 de diciembre de 2007, el municipio de Barrancabermeja,
mediante la Resolución No 1137, le reconoció una pensión ordinaria de jubilación.
Igualmente, que, la UGPP no debió desconocer las fechas establecidas en el
Decreto 173 del 13 de marzo de 1978 ni negar la pensión gracia, alegando una
supuesta vinculación nacional.
Finalmente, manifestó que, el 9 de julio de 2018, finalizó su relación laboral como
docente oficial en el Colegio Municipal Técnico Industrial de Barrancabermeja.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículos 1, 2, 3,
4, 5, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 83, 85, 113, y 209 de la Constitución Política; artículos
1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; Ley 141 de 1961,
Ley 33 de 1985; Ley 62 de 1985; literal A numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989; Ley 812 de 2003, Decreto 081 de 1976; Decreto 1042 de 1978 y Decreto 2277
de 1979.
Como sustento de lo anterior, con relación a la pensión gracia señaló que «[…] al
DOCENTE, TRABAJADOR O EMPLEADO, deben tomársele todo el tiempo laborado de manera
continua o discontinua con el propósito de hacerle el cómputo de todo su tiempo de servicio
laborado como esta de manera expresa en su historia laboral dentro del PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD, por estar demostrado su VINCULACIÓN, NOMBRAMIENTO, POSESIÓN O
RELACIÓN LABORAL, en la educación oficial desde 1978, hasta la fecha dentro del servicio activo
con el Municipio de Barrancabermeja». (sic)
Teniendo en cuenta lo anterior, resaltó que «[…] en el caso del examen, si bien es cierto,
que mi cliente inicia su tiempo de servicio desde el año de 1978, con el municipio de
Barrancabermeja, es más cierto que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social debe reconocerle su derecho adquirido, por
haber llenado todos los requisitos para su PENSIÓN GRACIA como edad, tiempo de servicio, fecha
de nombramiento y posesión y tipo de carácter de estos». (sic).
1.2 Contestación de la demanda
1.2.1 La UGPP,3 por medio de apoderado judicial, expuso que en el presente
asunto, la accionante no es acreedora de la pensión gracia, toda vez que no acredita
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Samai-Tribunal-expediente digital- índice 011 SAMAI, archivo 15..
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
el requisito que impone el artículo 1° de Ley 114 de 1913 consistente en
desempeñar 20 años de servicios como docente oficial de carácter territorial
(departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado), para lo cual, no es admisible
computar tiempo de servicios prestados en la Nación cuyo nombramiento provenga
del Ministerio de Educación Nacional, por ser estos incompatibles con los prestados
en un Departamento, Municipio o Distrito.
Señaló que la documentación obrante en el expediente administrativo, prueba que
la demandante únicamente acredita haber laborado como docente en los siguientes
periodos de tiempo:
Por lo anterior, alegó que, «[…] el reconocimiento de la pensión gracia en este caso ES
IMPROCEDENTE, toda vez que la señora MARIA DEOGRACIA CAMPO CANTILLO para acreditar
el tiempo de servicio en la docencia oficial, pretende que sean tenidos en cuenta los de vinculación
con carácter nacional y las leyes que regulan tal prestación, junto con la jurisprudencia tanto
constitucional como jurisdiccional claramente excluyen la posibilidad de computar los tiempos
nacionales para el reconocimiento de la prestación económica».
Propuso las excepciones que denominó, «ineptitud de la demanda por demandar un auto de
trámite»; «ineptitud de la demanda por falta de requisito de procedibilidad al no agotar la vía
administrativa»; «presunción de legalidad de los actos administrativos»; «inexistencia de la
obligación»; «falta de título y causa»; «cobro de lo no debido»; «buena fe»; «prescripción»; e
«genérica e innominada».
1.3 La sentencia de primera instancia4
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 28 de noviembre
de 2024, negó a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, respecto
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
del primer periodo del 1° de febrero de 1978 al 27 de marzo de 1979, señaló que,
en este lapso el alcalde municipal de Barrancabermeja y la Secretaría de Educación
del municipio de Barrancabermeja mediante el Decreto 173 del 13 de marzo de
1978, nombraron a la señora María Deogracia Campo Cantillo, para desempeñar el
cargo de docente nivel primaria en la Institución Educativa Oficial Camilo Torres
Restrepo, con retroactividad al 1° de febrero, del cual tomó posesión el 20 de marzo
de 1978 a través de Acta 455.
En tal sentido, indicó que dichos periodos fueron certificados el 10 de julio de 2002,
por la Secretaría General del municipio de Barrancabermeja, quien manifestó que
la demandante, laboró para los referidos como docente de tiempo completo en el
Colegio Camilo Torres desde el 1° de febrero de 1978 hasta el mes de marzo de
1979.
Asimismo, que «[…] la demandante fue nombrada como maestra de primaria, sin que se
mencione o se aduzca la intervención directa o por autorización del Ministerio de Educación Nacional
para adoptar dicha decisión, más aún cuando la plaza en la que fue designada correspondía a una
propia de la entidad territorial ubicada en un Colegio del municipio de Barrancabermeja».
Por lo tanto, concluyó que «[…] este primer período resulta computable para determinar el
derecho a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 año y 26 días y, además, acredita el
requisito de haber ostentado una vinculación territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980».
Ahora bien, frente al segundo periodo del 28 de marzo de 1979 al 15 de julio de
2002, fecha en la cual cumplió los 50 años de edad, expuso que, el mismo está
determinado por la Resolución 4811 del 29 de marzo de 1979, proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, Dirección General de Administración e
Inspección Educativa, División de Educación Básica Secundaria, mediante la cual
efectuó el nombramiento de la demandante, para desempeñar el cargo de docente
nivel nacional en el Instituto Técnico Industrial de Barrancabermeja, por
necesidades del servicio y ante la existencia de la vacante por la renuncia de un
docente.
Conforme a lo anterior, observó que, el 10 de abril de 2004, la Secretaría de
Educación del departamento de Santander, certificó que la demandante presta sus
servicios en el nivel básica secundaria como docente del Instituto Técnico Superior
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
del municipio de Barrancabermeja con vinculación en propiedad, como nacional,
según Resolución 4811 del 1°de abril de 1979.
Por consiguiente, determinó que, «[…] la señora María Deogracia Campo Cantillo no cumplió
el requisito de veinte (20) años de servicio en la docencia oficial territorial. En efecto, durante este
período su vinculación lo fue con el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, la demandada no
tenía la condición de docente territorial o nacionalizado de conformidad con lo establecido en la Ley
91 de 1989, por lo cual no podía ser beneficiaria del derecho pensional, toda vez que el mayor tiempo
de servicios que acreditó era de carácter nacional».
1.4 El recurso de apelación5
La señora María Deogracia Campo Cantillo solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, al considerar que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en la
ley, para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, especialmente en lo
relacionado al ingreso al servicio docente territorial o nacionalizado por medio del
Decreto 173 del 13 de marzo de 1978, a partir del 20 de marzo de 1978 consignada
en acta de posesión N° 455, debido a que los tiempos de servicio prestados son
territoriales y por tanto, aptos para el reconocimiento del derecho pensional
impetrado.
Resaltó que, la vinculación en el Instituto Técnico Industrial de Barrancabermeja
desde su inicio como institución educativa funciona bajo la dirección vigilancia y
supervisión del ministerio de Barrancabermeja y su Secretaría de Educación, en
razón de la expedición de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se inició la
nacionalización de la educación oficial, por ende, los actos administrativos de
nombramiento y posesión mediante la Resolución N° 4811 del 28 de marzo de 1979
y acta del 25 de abril de 1979, son del orden territorial nacionalizado y, por tanto,
los tiempos de servicio han debido computarse y ser tenidos como válidos para el
reconocimiento de la prestación.
1.5 Trámite de segunda instancia
Con auto de 1° de abril de 20256, el consejero ponente admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y, al no
existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
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Índice 04 Samai.
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Demandado: UGPP
para fallo.
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 7 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer (i) si en el presente asunto operó o no el fenómeno
jurídico-procesal de la cosa juzgada, en relación con el (expediente 68001-23-31-
000-2006-03214-00 y en caso negativo, (ii) si al demandante le asiste razón jurídica
para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los
requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás
normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no acreditó
20 años al servicio de la docencia territorial o nacionalizada.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. De la cosa juzgada; y 2.4. Caso concreto.
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
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Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
2.3. De la cosa juzgada.
Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que el artículo
3038 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 306 9 del
CPACA, establece tres (3) presupuestos para su configuración, a saber: (i) el nuevo
proceso debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que la pretensión sea idéntica
a la debatida en el anterior trámite en el que se dictó el fallo ejecutoriado, (ii) se debe
fundar en la misma causa, esto es, que entre la demanda y la sentencia proferida
en el anterior asunto haya semejanza en los fundamentos de hecho y de derecho,
y (iii) debe existir identidad jurídica de partes.
Por su parte, el artículo 189 del CPACA, en relación a la cosa juzgada respecto de
sentencias de nulidad dictadas por esta jurisdicción, preceptúa que «La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada (…)».
Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado10 precisó:
Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos considera la Corte que al
proceso a) deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados
y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada; b) debe existir identidad de
causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Pero que cuando
además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a
fallar sobre la nueva causa; y c) la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando
sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre
aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
8
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes».
9
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección primera, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso,
sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
Por tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las decisiones
judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado a través de estas con
otro proceso judicial, en atención a la intangibilidad e inmutabilidad que adquieren
ante su ejecutoria.
Ahora bien, respecto del fenómeno de la cosa juzgada en aquellas controversias en
las cuales se discute el reconocimiento o reajuste de prestaciones periódicas, la
Subsección ha señalado que, si bien existen pronunciamientos de la Corporación en
el sentido de otorgar a esta figura un alcance relativo, esto es, solo en cuanto a las
mesadas causadas hasta el momento de emisión del respectivo fallo, dicha posición
no es unánime o con alcances unificadores y, por lo tanto, se ha orientado a
establecer que la institución de cosa juzgada guarda alcance absoluto, inmutable y
definitivo. Para una mayor ilustración, se citan los apartes pertinentes sobre el
particular.
«[...] comoquiera que las decisiones judiciales tan sólo son vinculantes respecto de las
mesadas que ya fueron objeto de pronunciamiento, más no frente a las que
posiblemente se causen con posterioridad a la ejecutoria de tal providencia 11, esta
postura no es unánime porque en 2020 y 2021 la Sección también ha expresado que
no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a efectos de modificarlas
mediante la adopción de una nueva providencia; es decir, debe salvaguardarse
la institución de la cosa juzgada, con independencia que se discuta el
reconocimiento de una prestación periódica, pues se trata de una figura que goza
de protección constitucional y garantiza la seguridad jurídica en el marco de un Estado
Social de Derecho (negrillas fuera del texto) 12:
«[e]s relevante precisar que la posición esgrimida por el Tribunal de instancia, en el
sentido de no declarar probada la cosa juzgada, pues a su juicio este fenómeno se
presenta en el caso de marras de forma relativa, no es de recibo para la Subsección,
en consideración a que si bien es cierto mediante providencia del 7 de diciembre de
2017 se estudió la tesis de «cosa juzgada relativa», también lo es que dicha postura
se replanteó a través del auto del 9 de marzo del 2020 , en el entendido del carácter
imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-
2018-00634-01(5385-19).
12
Ibidem.
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
Por consiguiente, no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a efectos de
modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia; es decir, debe
salvaguardarse la institución de la cosa juzgada, con independencia de que se
discuta el reconocimiento de una prestación periódica, pues se trata de una figura
que goza de protección constitucional y garantiza la seguridad jurídica en el marco de
un Estado Social de Derecho (negrillas fuera del texto)13
En ese mismo sentido, esta Sección ha señalado que el cambio de precedente
jurisprudencial no puede usarse para afectar situaciones jurídicas consolidadas, ya
que se atentaría contra el principio de la seguridad jurídica 14 e inmutabilidad de la
sentencia judicial. En ese sentido, el precedente judicial no constituye un hecho nuevo
ni un motivo que permita a quienes ya cuenta con una sentencia ejecutoriada acudir
nuevamente a la jurisdicción. Aunque la jurisprudencia puede cambiar con el tiempo,
las providencias judiciales permanecen intactas, «pues las mismas obedecieron a un
estudio que en su momento fue válido»
2.4 Caso concreto
En el asunto sub examine, se tiene que, con anterioridad al presente proceso, la
señora María Deogracia Campo Cantillo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la extinta CAJANAL, ahora UGPP, (expediente
68001-23-31-000-2006-03214-00), con el propósito de obtener la nulidad de las
Resoluciones N° 000300 de 10 de enero de 2006 y N° 2834 de 17 de abril de 2006, por
medio de las cuales se negó el reconocimiento a la pensión gracia a la accionante.
De la citada demanda conoció el Tribunal Administrativo de Santander, que,
mediante fallo de 25 de marzo de 2010, negó las pretensiones de la demanda. Se
advierte que contra esta decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, la
cual fue confirmada mediante la providencia del 11 de agosto de 2011 15, por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
En este orden de ideas, se procederá a establecer si en este asunto existe cosa
juzgada frente a las súplicas planteadas dentro del presente medio de control, para
lo cual resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro comparativo si se
colman o no los presupuestos procesales exigidos en el artículo 303 del CGP, para
13 Ibidem
14Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, auto del 24 de marzo de 2015, expediente 25000-23-42-000-2013-
06326-01(0619-15).
15
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 68001-23-31-000-
2006-03214-01 (1908-2010), visible a índice 24 Samai.
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Demandado: UGPP
que se configure ese fenómeno:
Expediente Expediente
68001-23-31-000-2006-03214-00 68001-23-33-000-2021-00583-01
(0214-2025) (actual)
Partes: María Deogracia Campo Partes: María Deogracia Campo
Cantillo, contra CAJANAL.16 Cantillo, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
Actos demandados: Resoluciones Actos demandados: Resolución N°
N° 000300 de 10 de enero de 2006 y RDP 047826 del 19 de diciembre de
N°2834 de 17 de abril de 2006, por 2016 y Auto ADP N° 001494 del 20 de
medio de la cual Cajanal negó la marzo de 2020, por medio del cual
pensión gracia a la señora María declaró improcedente el recurso de
Deogracia Campo Cantillo. apelación interpuesto contra el Auto
N° ADP 00536 del 4 de febrero de
2020.
Pretensiones: La demandante Pretensiones: Solicita la anulación
solicitó el reconocimiento y pago de de los aludidos actos administrativos
la pensión gracia. y, como restablecimiento del derecho,
pide el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
Fallo de primera instancia: El Fallo de primera instancia: El
Tribunal Administrativo de Tribunal de conocimiento negó a las
Santander, con providencia de 25 de pretensiones de la demanda, por fallo
marzo de 2010, negó a las del 28 de noviembre de 2024.
pretensiones de la demanda.
Fallo de segunda instancia: El
Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, con
providencia de 11 de agosto de
2011, confirmó la anterior decisión.
Acorde con lo anterior, es posible colegir que, en el presente cuadro comparativo
de las actuaciones procesales, se acreditan los tres presupuestos que configuran la
cosa juzgada, en la medida en que existe:
16
Cajanal EICE se suprimió en virtud del decreto 2196 de 2009. La Ley 1151 de 2009 creó la Unidad especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que asumió la competencia reconocer los
derechos pensionales causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones respecto de las cuales se
hubiera decretado o se decrete su liquidación. Así mismo, dicha entidad de acuerdo con el Decreto No. 4269 de 2011,
expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir del 8 de noviembre de 2011, asumió integralmente el proceso
de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación de documentos para el trámite de pensiones
y prestaciones económicas a cargo tanto de CAJANAL EICE en Liquidación como de la UGPP
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Número Interno: 0214-2025
Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
i) identidad de partes: las partes son las mismas, pues, ambos procesos fueron
instaurados por la señora María Deogracia Campo Cantillo contra la UGPP.
ii) Identidad de objeto: En los dos expedientes no han sido controvertidos, en su
totalidad, los mismos actos administrativos, lo cierto es que, en los dos procesos, el
objetivo es el reconocimiento de la pensión gracia.
En efecto, aun cuando en el primer proceso la demanda estuvo dirigida a que se
declare la nulidad de las Resoluciones N° 000300 de 10 de enero de 2006 y N°2834
de 17 de abril de 2006, que negaron la pensión gracia a la señora María Deogracia
Campo Cantillo, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de Santander analizó el
cumplimiento de los requisitos de la demandante para negar la prestación y
concluyó lo siguiente:
[...]
De acuerdo con las pruebas arrimadas al proceso el 18 de abril de 2004, la demandante
tenía el status de docente Nacional y conforme a lo establecido en el artículo 15,
numeral 2º literal a) de la Ley 91 de 1989 y demás Leyes y Jurisprudencia que rigen la
materia, no tiene derecho a la pensión gracia que reclama porque el tiempo laborado
como docente Nacional no es computable para efectos del reconocimiento de la
mencionada prestación17.
En igual sentido, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al
momento de confirmar la sentencia de primera instancia, determinó que:
[...]
La Sala observa que la accionante laboró como docente Municipal según el certificado
expedido por la Profesional Especializada Encargada de la Secretaría General del
Municipio de Barrancabermeja entre el 1º de febrero de 1978 y marzo de 1979 (fls. 67
y 71-73), aproximadamente por 1 año; y como maestra Nacional del Instituto Técnico
Superior de Barrancabermeja entre el 1º de abril de 1979 y el 18 de abril de 2004,
durante 25 años y 17 días de servicio.
Empero, este tiempo no es útil para efectos de acceder a la pensión gracia puesto que
sus salarios han sido pagados con recursos provenientes de la Nación, a través del
17
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 68001-23-31-000-
2006-03214-01 (1908-2010), visible a índice 24 Samai.
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Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
Sistema General de Participaciones (fl. 69), incumpliendo el requisito de acreditar “que
no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional” 18.
En consecuencia, como la actora ostentó la calidad de docente Nacional y sus salarios
fueron financiados con recursos del Situado Fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, incumplió con los requisitos exigidos por las normas vigentes para
acceder a la pensión gracia, razón por la cual no tiene derecho a ella.
En estas condiciones, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demanda
debe ser confirmado19.
Para la Sala, el problema jurídico dilucidado en el proceso 68001-23-31-000-2006-
03214-00 coincide con el de fondo aquí formulado, esto es, determinar si la docente
acreditó los requisitos para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia
con fundamento en los mismos tiempos al servicio docente.
iii) Identidad de causa: Ambas demandas se fundamentan en los tiempos
laborados por la demandante al servicio docente en virtud de los actos de
nombramiento mediante Resolución N° 4811 del 28 de marzo de 1979 y acta de
posesión del 25 de abril de 1979, desde el 1° de febrero de 1978 hasta el 31 de
marzo de 1979, del orden territorial nacionalizado.
Asimismo, la Resolución N° 4811 del 28 de marzo de 1979, desde el 1° de abril de
1979 en adelante, la cual ya fue materia de juzgamiento en la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, donde se consideró que eran
nacionales,20 por tanto, no es dable volver a efectuar un estudio sobre este mismo
aspecto.
En ese sentido, la Sala evidencia que, en ambos procesos el objetivo de la
demandante es idéntico, toda vez que, pretende la anulación del acto administrativo
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia y el que lo confirmó, como se
18
Al respecto, del Consejo de Estado pueden verse, entre otras las sentencias de 30 de julio de 2009, Exp: 0200-2009, actor:
Álvaro Beltrán Díaz; 27 de mayo de 2010, Exp: 1851-2009, actor: Elba Ofelia Espinosa de Ayala; 17 de junio de 2010, Exp:
007-2010, actora: Anasael Sánchez Reyes; 24 de junio de 2010, Exp: 0914-2009, actor: Jorge Alonso Martínez Campo; 7 de
julio de 2010, Exp: 0096-2010, actor: Jaime Hurtado Rodríguez; 15 de julio de 2010, Exp: 0217-2010, actor: Alonso Gómez
Quintero; 19 de agosto de 2010, Exp: 0848-2010, actor: Gilberto Garzón Hernández; 30 de septiembre de 2010, Exp: 2055-
2009, actor: Justo Pastor Amaya Martínez; 28 de octubre de 2010, Exp: 1815-2009, actor: Dora Edith Chaparro; y 2 de
diciembre de 2010, Exp. 0778-2008, actor: Fabio Marino Rojas Vega.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 68001-23-31-000-
2006-03214-01 (1908-2010), visible a índice 24 Samai.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 68001-23-31-000-
2006-03214-01 (1908-2010), visible a índice 24 Samai.
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Demandado: UGPP
dijo en líneas anteriores, los argumentos llevados al proceso previo, así como los
presentados en esta demanda son similares, por lo que, se concluye que existe
identidad de causa.
Así las cosas, se evidencia que la demandante persigue los mismos objetivos del
primer proceso que instauró previamente, por ello, en atención al principio de
seguridad jurídica, que garantiza la estabilidad, firmeza y certeza de las decisiones
de la jurisdicción, y comoquiera que en el sub lite resultan inmodificables, no es
procedente, promover un nuevo proceso con desconocimiento de aquel mandato
superior (seguridad jurídica).
Por consiguiente, en virtud del artículo 187 del CPACA,21 el cual señala que, en la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada y, como en el caso bajo estudio, se encuentra
acreditado que, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso de la
referencia se cumplen los requisitos para la configuración de la cosa juzgada, al
existir identidad de objeto, identidad causa e identidad de partes, lo cual, de ninguna
manera quebranta derecho fundamental alguno de la accionante, sino que, por el
contrario, garantiza el acceso a la administración de justicia dentro de los
parámetros de justicia, igualdad y seguridad jurídica, la Sala declarará de oficio la
cosa juzgada.
2.5 Sobre la condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas de segunda instancia, ya que no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el
artículo 365 del Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que
dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo
cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza
su causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe.
No es suficiente el simple resultado adverso del proceso22.
21
«ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia.
[...]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la no reformatio in pejus».
22
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Demandante: María Deogracia Campo Cantillo
Demandado: UGPP
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá
condena en costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 28 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de
la demanda y en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de noviembre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander, negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas a lo largo del presente proveído.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
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Demandado: UGPP
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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