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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00478-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00478-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – MODIFICAR la sentencia proferida el Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. – DECLARAR parcialmente probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, exclusivamente respecto de las controversias relacionadas con la bonificación por compensación y, en consecuencia, REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal tercero de la sentencia apelada únicamente respecto de los siguientes demandantes: i) Respecto del señor José David Corredor Espitia, en relación con las materias definidas mediante la sentencia ejecutoriada proferida dentro del proceso radicado No. 76001-23-31-000-2011-00049-00 y comprendidas en los efectos del desistimiento aceptado dentro del proceso radicado No. 76001-23-33-000- 2014-01325-00. ii) Respecto del señor Homero Miceno Mora Insuasty, exclusivamente frente a las pretensiones comprendidas en el desistimiento aceptado dentro del proceso radicado No. 76001-23-33-000-2013-00366-00. iii) Respecto del señor César Evaristo León Vergara, únicamente en relación con la controversia decidida mediante sentencia ejecutoriada proferida dentro del proceso radicado No. 76001-33-31-000-2012-00046-01. TERCERO. – CONFIRMAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, únicamente respecto de Emérita del Socorro Mora Insuasty, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. – MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia proferida el Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «SEXTO. Como consecuencia del reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, reconocer a favor de los demandantes dicho emolumento como un incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica, 47 Interno: 5538-2024 Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros Demandada: Nación – Rama Judicial […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00478-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (06) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 76001-23-33-000-2014-00478-02 (5538-2024)1
Demandante Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992) – Bonificación por compensación (Decreto 610
de 1998) – Cosa juzgada parcial
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de
la sentencia del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. Los señores Emérita del Socorro Mora Insuasty, Homero Miceno Mora Insuasty, César
Evaristo León Vergara y José David Corredor Espitia, por conducto de apoderado judicial,
promovieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito
de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 1483 del Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Trece (2013) y 0059 del Quince (15) de enero de Dos Mil Catorce (2014), mediante
las cuales, se negó la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la prima
especial de servicios y la bonificación por compensación como factores salariales.

1
Expediente híbrido.
2
Sala compuesta por los magistrados: Gonzalo Perdomo Cabrera, María Eugenia Clavijo y Diefo León Gómez Martínez.
3
Folio 27 a 34 del Cuaderno principal.

2

Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

Igualmente, solicitaron la inaplicación por inconstitucionalidad de las disposiciones que
les negaron carácter salarial a dichos emolumentos.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron ordenar a la entidad demandada
reliquidar y pagar, con efectos retroactivos, las diferencias derivadas de todas las
prestaciones sociales, bonificaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás
acreencias laborales, tomando como base el Ciento por Ciento (100 %) de la
remuneración mensual, sin excluir la prima especial de servicios ni la bonificación por
compensación, así como, efectuar las correspondientes consignaciones al fondo de
cesantías y reconocer la sanción por mora en el pago de esta prestación.

3. Finalmente, solicitaron el reconocimiento de los intereses legales, la indexación de las
sumas adeudadas, la aplicación del precedente jurisprudencial en materia de prima
especial de servicios y la condena en costas a cargo de la entidad demandada.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

4. Los demandantes señalaron que, prestaban sus servicios a la Rama Judicial, en los
cargos de magistrados de tribunal. En particular, Emérita del Socorro Mora Insuasty se
desempeñaba como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala
Penal, desde el Primero (1º) de abril de Dos Mil Nueve (2009); Homero Miceno Mora
Insuasty, como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil,
desde el Primero (1º) de marzo de Dos Mil Seis (2006); César Evaristo León Vergara,
como magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, desde el
Primero (1º) de abril de Dos Mil Seis (2006); y José David Corredor Espitia, como
magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, desde el Once
(11) de enero de Dos Mil Siete (2007), hasta el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil
Siete (2007) y, posteriormente, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala
Civil, desde el Primero (1º) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008).

5. Manifestaron que, en razón de sus cargos, tenían derecho al reconocimiento de la
prima especial de servicios y de la bonificación por compensación con incidencia salarial.
Sin embargo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidó sus salarios y
prestaciones sociales sin incluir dichos emolumentos como factores salariales, lo que
ocasionó una disminución de sus derechos salariales y prestacionales.

3

Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

6. Expusieron que, dicha actuación, desconoció la Ley 4ª de 1992, el Decreto 717 de
1978 y el precedente del Consejo de Estado, que reconocía el carácter salarial de la
prima especial de servicios y de la bonificación por compensación, razón por la cual,
solicitaron la reliquidación de sus prestaciones sociales, el reconocimiento de las
diferencias adeudadas y la nulidad de los actos administrativos que negaron su
reclamación.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

7. La parte demandante invocó como normas vulneradas, los artículos 2°, 4°, 6°, 13, 23,
25, 29, 53, 55, 58, 150, 228, 277 y 280 de la Constitución Política; el Acto Legislativo 03
de 2002; los Convenios 95, 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; las Leyes 4ª de 1992, 22 de 1967, 270
de 1996, 244 de 1995, 1071 de 2006 y 1437 de 2011; los Decretos 717 de 1978 y 610 de
1998, así como, los decretos reglamentarios relacionados con la prima especial de
servicios y la bonificación por compensación.

8. Como concepto de violación, sostuvieron que los actos administrativos demandados
desconocieron el régimen constitucional y legal aplicable a la remuneración de los
magistrados de tribunal, al excluir la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación como factores salariales para la liquidación de sus prestaciones sociales,
en contravía de la Ley 4ª de 1992, la Ley 270 de 1996 y el Decreto 717 de 1978.

9. Señalaron que, dicha interpretación implicó una desmejora de sus condiciones
salariales y prestacionales, vulneró los principios de igualdad, progresividad,
favorabilidad, irrenunciabilidad y respeto por los derechos adquiridos, así como, los
convenios internacionales sobre protección del salario que integran el bloque de
constitucionalidad.

10. Indicaron que, la entidad demandada desconoció el precedente del Consejo de
Estado, que reconocía el carácter salarial de la prima especial de servicios y de la
bonificación por compensación, razón por la cual, solicitaron la inaplicación, por la vía de
la excepción de inconstitucionalidad, de las disposiciones reglamentarias que les
negaban tal naturaleza y la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales.

4

Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

2. Contestación de la demanda4.

11. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó negar las súplicas, al considerar que, los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Sostuvo que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liquidó la prima especial
de servicios y la bonificación por compensación, con estricta observancia de la Ley 4ª de
1992, los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional y la jurisprudencia
aplicable.

12. Expuso que, la nulidad del Decreto 4040 de 2004, declarada por el Consejo de
Estado, produjo efectos generales hacia el futuro, de manera que, no era procedente
reconocer retroactivamente las diferencias salariales y prestacionales reclamadas.
Agregó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carecía de competencia
para inaplicar disposiciones legales o reglamentarias, por cuanto su actuación debía
sujetarse al principio de legalidad y a las directrices fijadas por el Gobierno Nacional.

13. Finalmente, sostuvo que, la prima especial de servicios conservaba el carácter no
salarial previsto en la Ley 4ª de 1992 y que, por tanto, no era procedente su inclusión, ni
tampoco la de la bonificación por compensación, como factores para la liquidación de las
prestaciones sociales. Asimismo, propuso las excepciones de prescripción trienal,
ausencia de causa petendi y la innominada.

3. Sentencia de primera instancia5.

14. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia No. 220 del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y dispuso:

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito denominadas
“Ausencia de causa petendi” y la “Innominada o genérica”, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución
No. 1483 del 29 de abril de 2013 y; (ii) La Resolución No. 0059 del 15 de enero de 2014,
por las razones expuestas en esta providencia.

4
Folio 145 a 150 del Cuaderno principal.
5
Expediente digital Samai
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333006201400478007600123 índice No. 00061

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la parte demandada a
reconocer y pagar, lo siguiente:

.- En favor de la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty identificada con C.C. No.
30.720.128, las diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por
compensación considerando el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro
del cálculo de lo que por todo concepto devengue anualmente un Magistrado de Alta Corte,
sin que en ningún caso sumados todos los ingresos laborales que le corresponden pueda
superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga
anualmente un Magistrado de Alta Corte, tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y
actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente
acatada por la entidad demandada.

.- En favor del señor Homero Miceno Mora Insuasty identificado con C.C. No. 12.968.518,
las diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por compensación
considerando el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro del cálculo de
lo que por todo concepto devengue anualmente un Magistrado de Alta Corte, sin que en
ningún caso sumados todos los ingresos laborales que le corresponden pueda superarse
el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente
un Magistrado de Alta Corte, tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente
el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente acatada por la
entidad demandada.

• En favor del señor César Evaristo León Vergara identificado con C.C. No. 79.276.966, las
diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por compensación
considerando el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro del cálculo de
lo que por todo concepto devengue anualmente un Magistrado de Alta Corte, sin que en
ningún caso sumados todos los ingresos laborales que le corresponden pueda superarse
el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente
un Magistrado de Alta Corte, tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente
el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente acatada por la
entidad demandada.

.- En favor del señor José David Corredor Espitia identificado con C.C. No. 4.172.270, las
diferencias que surjan de la reliquidación de la bonificación por compensación
considerando el auxilio de cesantías devengado por un Congresista dentro del cálculo de
lo que por todo concepto devengue anualmente un Magistrado de Alta Corte, sin que en
ningún caso sumados todos los ingresos laborales que le corresponden pueda superarse
el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente
un Magistrado de Alta Corte, tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente
el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente acatada por la
entidad demandada.

En concordancia con lo previsto en la sentencia del Consejo de Estado SUJ-016-CE-S2-
2019 del 02 de septiembre de 2019, cuya aplicación es vinculante, la parte demandada
deberá tener en cuenta que el reconocimiento ordenado en la presente providencia, no
podrá en ningún caso llevar a superar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que como ya se precisó, es igual a lo que por
todo concepto reciben los Congresistas, incluido el auxilio de cesantías.

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

De manera que, para efectos del cumplimiento de la condena, a la parte demandada le
corresponderá revisar que, con motivo de la reliquidación de la bonificación por
compensación ordenada, no se supere el límite del 80% determinado por el Gobierno
Nacional en el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012.

También se deben incluir en el tope del 80% las sumas que por concepto de bonificación
por compensación hayan recibido los beneficiarios por vía administrativa o judicial tales
como, transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras, por
razón del ejercicio del cargo de Magistrado de Tribunal.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción únicamente en relación
con el restablecimiento del derecho de que trata la bonificación por compensación.

QUINTO: INAPLICAR por inconstitucionales los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, 4
del Decreto 722 de 2009, 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del
Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto 194 de 2014. En su
lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política, conforme con
lo explicado en la parte motiva de este proveído.

SEXTO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la parte demandada a
reconocer y pagar, lo siguiente:

.- A favor de la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty identificada con la C.C. No.
30.720.128 en el cargo de Magistrada de Tribunal, la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del
30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 1 de abril de 2009 y hasta el 31 de
diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte
demandante como Magistrada de Tribunal, sin que en ningún caso sumados todos los
ingresos laborales que le corresponden incluyendo la bonificación por compensación
pueda superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto
devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte (incluyendo el auxilio de cesantías de
los congresistas, que a su vez debe percibir el magistrado de alta corte), tal como lo
establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012,
orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) de la
señora Emérita del Socorro Mora Insuasty identificada con la C.C. No. 30.720.128, a partir
del 1 de abril de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta para tal
efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo
el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en
ningún caso, puede superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo
concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de
diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que
a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la
prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la
asignación básica.

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

.- A favor del señor Homero Miceno Mora Insuasty identificado con la C.C. No. 12.968.518
en el cargo de Magistrado de Tribunal, la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del
100% del salario básico, a partir del 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de marzo de 2006 y
posteriormente el 1 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso
según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Magistrada de
Tribunal, sin que en ningún caso sumados todos los ingresos laborales que le
corresponden incluyendo la bonificación por compensación pueda superarse el tope
máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un
Magistrado de Alta Corte, (incluyendo el auxilio de cesantías de los congresistas, que a su
vez debe percibir el magistrado de alta corte) tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998
y actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente
acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del
señor Homero Miceno Mora Insuasty identificado con la C.C. No. 12.968.518 en el cargo
de Magistrado de Tribunal, a partir del 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de marzo de 2006
y posteriormente el 1 de julio de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en
cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica
mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial,
atendiendo también que, en ningún caso, puede superarse el tope máximo correspondiente
al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de
marzo de 2006 y posteriormente el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2020 arroje
valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición
del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de
servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

.- A favor del señor Cesar Evaristo León Vergara identificado con la C.C. No. 79.276.966
en el cargo de Magistrado de Tribunal, la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del
100% del salario básico, a partir del 1 de abril de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2020,
en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como
Magistrada de Tribunal, sin que en ningún caso sumados todos los ingresos laborales que
le corresponden incluyendo la bonificación por compensación pueda superarse el tope
máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un
Magistrado de Alta Corte, (incluyendo el auxilio de cesantías de los congresistas, que a su
vez debe percibir el magistrado de alta corte) tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998
y actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente
acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del
señor Cesar Evaristo León Vergara identificado con la C.C. No. 79.276.966 en el cargo de
Magistrado de Tribunal, a partir del 1 de abril de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2020,

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración
básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial,
atendiendo también que, en ningún caso, puede superarse el tope máximo correspondiente
al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2006 y el 31 de
diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que
a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la
prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la
asignación básica.

.- A favor del señor José David Corredor Espitia identificado con la C.C. No. 4.172.270 en
el cargo de Magistrado de Tribunal, la prima especial de servicios consagrada en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del
salario básico, a partir del 1 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en
todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como
Magistrada de Tribunal, sin que en ningún caso sumados todos los ingresos laborales que
le corresponden incluyendo la bonificación por compensación pueda superarse el tope
máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un
Magistrado de Alta Corte, (incluyendo el auxilio de cesantías de los congresistas, que a su
vez debe percibir el magistrado de alta corte) tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998
y actualmente el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente
acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del
señor José David Corredor Espitia identificado con la C.C. No. 4.172.270 en el cargo de
Magistrado de Tribunal, a partir del 1 de diciembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de
2020, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la
remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de
prima especial, atendiendo también que, en ningún caso, puede superarse el tope máximo
correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado
de Alta Corte.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 31 de
diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que
a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la
prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la
asignación básica.

También se deben incluir en el tope del 80 % las sumas que por concepto de prima especial
de servicios hayan recibido los beneficiarios por vía administrativa o judicial tales como,
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras, por razón del
ejercicio del cargo de Magistrados de Tribunal.

SÉPTIMO: DECLARAR probada la excepción de prescripción únicamente en relación con
el restablecimiento del derecho de que trata la prima especial y la consecuente

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

reliquidación de las prestaciones sociales, de las sumas anteriores al 10 de abril de 2010
para todos los demandantes.

OCTAVO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula
de actualización:

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social y queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.

NOVENO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia.
[…]».

15. El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, al concluir
que la entidad liquidó de manera incorrecta la bonificación por compensación, al tomar
como referente el Setenta por Ciento (70 %) y no el Ochenta por Ciento (80 %) de lo que
por todo concepto devengan los magistrados de las Altas Cortes, conforme al Decreto
610 de 1998 y a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado.

16. En consecuencia, ordenó reconocer y pagar las diferencias derivadas de dicha
reliquidación, incluyendo el auxilio de cesantías de los congresistas dentro de la base de
cálculo, sin exceder el límite del Ochenta por Ciento (80 %) previsto en la normativa
aplicable. Asimismo, dispuso la reliquidación de la prima especial de servicios, como un
incremento del Treinta por Ciento (30 %) sobre el Cien por Ciento (100 %) del salario
básico y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales de los demandantes,
sobre la base del 100%, sin sumar ni restar la proporción correspondiente a ese
emolumento.

17. Respecto de la prima especial de servicios, el A quo consideró que la expresión «sin
carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fue declarada exequible
por la Corte Constitucional y, por tanto, únicamente produce efectos salariales en los
términos fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, esto es, como un incremento
de la remuneración para efectos de reconocer las diferencias salariales correspondientes,
sin modificar el régimen prestacional previsto por el legislador.

18. En cuanto a la bonificación por compensación, concluyó que debía liquidarse
conforme al régimen del Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta el auxilio de cesantías

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de los congresistas, dentro del cálculo del Ochenta por Ciento (80 %) de los ingresos de
los magistrados de Altas Cortes.

19. En relación con las excepciones, declaró no probadas las denominadas ausencia de
causa petendi e innominada. Frente a la prescripción, distinguió entre las dos
pretensiones formuladas, al considerar que no operaba respecto de la reliquidación de la
bonificación por compensación, mientras que, en lo concerniente a la prima especial de
servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales, declaró prescritas las sumas
causadas con anterioridad al Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010), por haber
transcurrido el término trienal previsto en la ley.

20. Finalmente, ordenó el cumplimiento de la sentencia, conforme a los artículos 192 a
195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispuso la actualización de las sumas reconocidas, ordenó efectuar los aportes al
Sistema General de Seguridad Social y autorizó los descuentos de ley correspondientes.
Asimismo, condenó en costas a la entidad demandada por resultar vencida en el proceso.

4. El recurso de apelación6.

21. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024),
con el fin de revocarla. Sostuvo que, la Dirección Seccional de Administración Judicial
reconoció y pagó a los demandantes, los salarios y prestaciones sociales, conforme al
régimen legal y reglamentario aplicable, por lo cual, insistió en haber actuado con estricta
sujeción al principio de legalidad.

22. Señaló que, el Tribunal omitió considerar la existencia de decisiones judiciales
previas, mediante las cuales, se reconocieron los derechos reclamados por cada uno de
los demandantes o se resolvieron controversias sobre las mismas pretensiones. En
consecuencia, afirmó que se configuraban los fenómenos de cosa juzgada y
reconocimiento previo del derecho, circunstancias que, impedían proferir una nueva
condena contra la entidad.

6
Expediente digital Samai
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333006201400478007600123 índice No. 00066

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23. Agregó que, las sumas reclamadas se encontraban afectadas por la prescripción
trienal, y reiteró que, los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, no tienen derecho
al reconocimiento de la prima especial de servicios, como un incremento adicional al
salario, cuando ello implique superar el límite del ochenta por ciento (80 %) de los
ingresos anuales de los magistrados de alta corte, previsto en el Decreto 610 de 1998, el
Decreto 1102 de 2012 y precisado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019.

24. Finalmente, sostuvo que las pretensiones carecían de fundamento, pues, los
derechos reclamados ya habían sido reconocidos o, en todo caso, la reliquidación
ordenada excedía los topes legales de remuneración. En consecuencia, solicitó revocar
la sentencia apelada, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la
parte demandante.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

25. Mediante auto del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) 7, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024). Asimismo, dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al despacho para dictar
sentencia, salvo presentación o solicitud de pruebas por las partes.

26. Posteriormente, mediante auto del Primero (1º) de octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025)8, antes de proferir la sentencia de segunda instancia, el despacho decretó una
prueba de oficio con el propósito de esclarecer aspectos relevantes para la decisión. En
consecuencia, ordenó requerir al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que
remitiera varios expedientes relacionados con procesos promovidos por algunos de los
demandantes contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, dispuso correr traslado de la documentación a las partes una vez fuera allegada
y, vencido dicho trámite, ingresar nuevamente el expediente al despacho para fallo.

6. Concepto del Ministerio Público.

27. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

7
Índice 00004 expediente digital – Samai.
8
Índice 00010 expediente digital – Samai.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

28. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 10, el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico.

29. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

30. ¿La sentencia proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, debe revocarse, conforme a los reparos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada? Para tal fin,
se debe verificar:

31.1. ¿El Tribunal incurrió en un error al acceder a las pretensiones de la demanda,
pese a la existencia de decisiones judiciales previas, mediante las cuales, se
reconocieron los derechos reclamados por algunos de los demandantes o se
resolvieron controversias sobre las mismas pretensiones, circunstancias que,
según la entidad demandada, configuran los fenómenos de cosa juzgada y
reconocimiento previo del derecho?

31.2. ¿La reliquidación de la bonificación por compensación y el reconocimiento
de la prima especial de servicios, ordenados en la sentencia de primera instancia,
desconocen el límite del Ochenta por Ciento (80 %) de los ingresos anuales de los
magistrados de alta corte, previsto en el Decreto 610 de 1998, el Decreto 1102 de
2012 y la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, como lo sostiene la entidad
demandada?

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31.3. ¿Las diferencias salariales y prestacionales reconocidas a favor de los
demandantes, se encuentran afectadas por la prescripción trienal, como lo afirma
la entidad demandada?

32. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial; 2.4) hechos probados; 2.5)
el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1 Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:
prerrogativas y generalidades.

33. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.

34. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

35. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

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2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.3.1.1. De la prescripción.

36. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)9, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicio, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que10:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

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37. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior11, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

38. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

39. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.

40. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

2.3.2 Bonificación por compensación.

41. El Veintiséis (26) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), en uso de la
facultad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 610 de
199812, a través del cual, se creó la bonificación por compensación, a favor de los
magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia,
la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los abogados auxiliares

11
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
12
Publicado en el Diario Oficial No 43.268, de marzo 30 de 1998, momento a partir del cual empezó a regir.

16

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del Consejo de Estado; a los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; a los
fiscales del Tribunal Superior Militar, los fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de
Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito13.

42. La norma estableció que, la citada bonificación, se debía pagar de forma permanente
y mensualmente a partir del Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), la cual, tendría carácter salarial solo para efectos pensionales, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las Altas Cortes.
Adicionalmente, se estableció que aquella, sumada a la prima especial de servicios y a
los demás ingresos laborales actuales, debía corresponder, para el año Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), al Sesenta por Ciento (60%) de los ingresos laborales que por
todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, se precisó
que el citado porcentaje tendría un incremento gradual, así para el año Dos Mil (2000)
correspondería al Setenta por Ciento (70%), y para el año Dos Mil Uno (2001) y sucesivos
sería del Ochenta por Ciento (80%).

43. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por medio del Decreto 2668 de 1998,
generando ello que anualmente se dictaran una serie de decretos que regularon la
bonificación por compensación de los magistrados de tribunales y otros funcionarios,
entre ellos, los Decretos 664 del Trece (13) de abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999), derogado por el Decreto 2738 del Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil (2000),
este a su vez derogado por el Decreto 1476 del Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Uno
(2001), posteriormente derogado por el Decreto 2726 del Diecisiete (17) de diciembre de
Dos Mil Uno (2001), el cual fue derogado por el Decreto 663 del Diez (10) de abril de Dos
Mil Dos (2002), este por el Decreto 3570 del Once (11) de diciembre de Dos Mil Tres
(2003) y, finalmente, por el Decreto 4040 de 2004.

44. El Decreto 2668 de 1998, fue demandado en ejercicio del medio de control de nulidad,
ante el Consejo de Estado, y declarado nulo, mediante sentencia proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda el Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Uno
(2001), expediente No. 395-99, con efectos ex tunc. Como consecuencia de ello, el
Decreto 610 de 1998, recobró su vigencia y debe entenderse que las normas posteriores

13
Posteriormente, mediante el Decreto 1239 de 1998 fueron también beneficiarios de la citada bonificación los secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

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al acto anulado perdieron su fuerza ejecutoria y resultan inaplicables, entre ellas el
Decreto 664 de 1999 y las demás disposiciones expedidas con posterioridad para regular
la bonificación por compensación de los magistrados de tribunales, bajo el entendido de
que el Decreto 610 de 1998, había desaparecido del ordenamiento jurídico.

45. Luego, el Gobierno nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, mediante el cual, creó
la bonificación de gestión judicial, a favor de los mismos funcionarios beneficiarios de la
bonificación por compensación, indicando que, la bonificación creada, sumada a la
asignación básica y demás ingresos laborales, no podía superar el Setenta por Ciento
(70%) de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de las Altas Cortes.
Asimismo, precisó que dicha bonificación sería incompatible con la bonificación por
compensación y que los funcionarios podrían acogerse a la bonificación de gestión
judicial siempre que se encontraran en alguna de las siguientes situaciones:

a). Quienes han iniciado acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por
Compensación y desistan de sus pretensiones, renunciando expresamente a la
posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de
Procedimiento Civil;

b). Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción
para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación.

46. Quienes optaran por alguna de estas alternativas, debían manifestar por escrito dicha
intención, ante la entidad empleadora antes del Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos
Mil Cuatro (2004).

47. El Decreto 4040 de 2004, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, mediante sentencia del Catorce (14) de diciembre de Dos
Mil Once (2011), expediente No. 11001-03-25-000-2005-00244-01, ejecutoriada el
Veintisiete (27) de enero de Dos Mil Doce (2012). En esa providencia, la Sala de
Conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores judiciales, con idénticas
funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían dos regímenes vigentes:
el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación mensual en el ochenta por ciento (80%)
de lo devengado por los magistrados de Altas Cortes, y el Decreto 4040 de 2004, que la
establecía en el Setenta por Ciento (70%), con lo cual se materializaba un trato
diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

48. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004, violó los derechos
al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre derechos ciertos

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e indiscutibles. Entonces, en virtud del Decreto 4040 de 2004, y durante el tiempo en que
estuvo aquel vigente, para esos funcionarios hubo una duplicidad de normas, las cuales
otorgaban el derecho al pago de una bonificación; ello generó diversas acciones
judiciales por parte de los beneficiarios de la citada prestación; así como, dificultades a
la hora de determinar la prescripción de los derechos laborales que en virtud del Decreto
610 de 1998, surgían para sus beneficiarios.

49. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del Dieciocho (18) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), concluyó que, ante la
coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no era posible dar plena aplicación
a las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 en materia de prescripción. Precisó que la
exigibilidad del derecho otorgado por el Decreto 610 de 1998 surgió a partir de la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, desde el Veintiocho
(28) de enero de Dos Mil Doce (2012), día siguiente a la ejecutoria de dicho fallo.

50. Posteriormente, la misma Corporación, también mediante decisión proferida por la
Sala de Conjueces del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), precisó otra
regla de prescripción, esta vez respecto de las reclamaciones de la bonificación por
compensación causadas entre el Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Uno (2001) y el Dos
(2) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004), al indicar que durante ese período no existió
dualidad de normas. Por tanto, en ese lapso operó el fenómeno de la prescripción
conforme a lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, salvo que el
interesado demostrara en el expediente, mediante prueba documental, que antes del
Tres (3) de diciembre de Dos Mil Cuatro (2004) había interrumpido la prescripción en los
términos previstos en la ley.

51. Finalmente, tras la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el Gobierno
nacional expidió el Decreto 1102 de 2012, « Por el cual se modifica la bonificación por
compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios », cuyo artículo 1° dispuso:

ARTÍCULO 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen
percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo
Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas
Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados ante
Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores Ejecutivos
Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen
de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes
señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales

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iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial para
efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de
Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

2.3.3 Sobre el fenómeno de la cosa juzgada.

52. Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que, el artículo
30314 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 30615 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), establece
tres (3) presupuestos para su configuración, a saber: (i) que el nuevo proceso debe versar
sobre el mismo objeto, es decir, que la pretensión sea idéntica a la debatida en el anterior
trámite en el que se dictó el fallo ejecutoriado; (ii) se debe fundar en la misma causa, esto
es, que entre la demanda y la sentencia proferida en el anterior asunto haya semejanza
en los fundamentos de hecho y de derecho; y (iii) debe existir identidad jurídica de partes.

53. Por su parte, el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), en relación a la cosa juzgada respecto a las
sentencias de nulidad dictadas por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
preceptúa que, «la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada (…)».

54. En cuanto a la finalidad de la figura de la cosa juzgada, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo señaló16 que, la misma tiene por objeto «impedir que entre las
mismas partes se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones de
otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia lleve inmerso un
carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida que la controversia se
perpetúe». Asimismo, esta Colegiatura17 ha precisado que:

«Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos (…) al proceso a) deben concurrir las
mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye
cosa juzgada; b) debe existir identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que
hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Pero

14
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».
15
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2022-
06769-01. M.P. Milton Chaves García.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso,
sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.

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que cuando además de los mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos
que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa; y c) la demanda debe
versar sobre la misma pretensión material inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente».

55. Por lo tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio
constitucional de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las decisiones
judiciales, no es dable que se reabra el debate jurídico zanjado en el marco de otro
proceso judicial, en atención a la intangibilidad e inmutabilidad que adquieren.

56. Ahora bien, respecto del fenómeno de la cosa juzgada en aquellas controversias en
las cuales se discute el reconocimiento o reajuste de prestaciones periódicas, la Sala de
Subsección ha señalado que, si bien existen pronunciamientos de la Corporación en el
sentido de otorgar a esta figura un alcance relativo, esto es, solo en cuanto a las mesadas
causadas hasta el momento de emisión del respectivo fallo, dicha posición no es unánime
o con alcances unificadores. Para una mayor ilustración, se citan los apartes pertinentes
sobre el particular, los cuales fueron reiterados en las sentencias del diecinueve (19) de
junio del dos mil veinticinco (2025)18, y del veintiséis (26) de junio19 de la referida
anualidad, proferidas por esta Sala de Decisión:

«(…) Comoquiera que las decisiones judiciales tan sólo son vinculantes respecto de las mesadas
que ya fueron objeto de pronunciamiento, más no frente a las que posiblemente se causen con
posterioridad a la ejecutoria de tal providencia, esta postura no es unánime porque en 2020 y 2021
la Sección también ha expresado que no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a efectos
de modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia; es decir, debe salvaguardarse la
institución de la cosa juzgada, con independencia de que se discuta el reconocimiento de una
prestación periódica, pues se trata de una figura que goza de protección constitucional y garantiza
la seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho 20:

[E]s relevante precisar que la posición esgrimida por el Tribunal de instancia, en el sentido de no
declarar probada la cosa juzgada, pues a su juicio este fenómeno se presenta en el caso de marras
de forma relativa, no es de recibo para la Subsección, en consideración a que si bien es cierto
mediante providencia del 7 de diciembre de 2017 se estudió la tesis de «cosa juzgada relativa»,
también lo es que dicha postura se replanteó a través del auto del 9 de marzo del 2020 , en el
entendido del carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza. Por
consiguiente, no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a efectos de modificarlas mediante
la adopción de una nueva providencia; es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa
juzgada, con independencia de que se discuta el reconocimiento de una prestación periódica, pues
se trata de una figura que goza de protección constitucional y garantiza la seguridad jurídica en el
marco de un Estado Social de Derecho.21

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 19 de junio de 2025,
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 19001-23-33-000-2019-00322-01 (0410-2025).
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 26 de junio de 2025,
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 68001-23-33-000-2021-00583-01 (0214-2025).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, auto del 11 de noviembre de 2021,
expediente 25000-23-42-000-2018- 00634-01(5385-19).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, auto del 24 de marzo de 2015,
expediente 25000-23-42-000-2013-06326-01(0619-15).

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

En ese sentido, esta Sección ha señalado que el cambio de precedente jurisprudencial no puede
usarse para afectar situaciones jurídicas consolidadas, ya que se atentaría contra el principio de la
seguridad jurídica e inmutabilidad de la sentencia judicial. En ese sentido, el precedente judicial no
constituye un hecho nuevo ni un motivo que permita a quienes ya cuenta con una sentencia
ejecutoriada acudir nuevamente a la jurisdicción. Aunque la jurisprudencia puede cambiar con el
tiempo, las providencias judiciales permanecen intactas, pues las mismas obedecieron a un estudio
que en su momento fue válido.»

2.4. Hechos probados.

57. Procede la Sala, a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento, frente
al marco normativo que regula la materia, en ese sentido, se destacan los siguientes
documentos:

58. Se encuentra acreditado que los demandantes prestaron sus servicios en la Rama
Judicial y percibieron la bonificación por compensación y la prima especial de servicios,
conforme a las certificaciones laborales expedidas el Cinco (5) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), así:

Demandante Cargo Período acreditado
Desde el Primero (1º) de abril de Dos Mil Nueve
Emérita del Magistrada del Tribunal Superior
(2009) hasta la fecha de expedición de la
Socorro Mora del Distrito Judicial de Cali, Sala
certificación laboral del Cinco (5) de septiembre
Insuasty Penal
de Dos Mil Dieciséis (2016).
Del Veinte (20) de abril de Mil Novecientos
Homero Miceno Juez Quinto Civil del Circuito de
Ochenta y Siete (1987) al Veintiocho (28) de
Mora Insuasty Pasto
febrero de Dos Mil Seis (2006).
Magistrado del Tribunal Superior
Del Primero (1º) de marzo al Treinta (30) de
del Distrito Judicial de Cali, Sala
marzo de Dos Mil Seis (2006).
Civil (provisionalidad)
Magistrado del Tribunal Superior
Del Primero (1º) de julio de Dos Mil Ocho (2008)
del Distrito Judicial de Cali, Sala
al Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince (2015).
Civil (propiedad)
Desde el Primero (1º) de julio de Dos Mil Quince
Magistrado del Tribunal Superior
(2015) hasta la fecha de expedición de la
del Distrito Judicial de Cali, Sala
certificación laboral del Cinco (5) de septiembre
Civil (propiedad)
de Dos Mil Dieciséis (2016).
Del Primero (1º) de enero de Mil Novecientos
César Evaristo
Juez de Circuito Noventa y Cuatro (1994) al Treinta y Uno (31) de
León Vergara
marzo de Dos Mil Seis (2006).
Magistrado del Tribunal Superior
Del Primero (1º) de abril de Dos Mil Seis (2006)
del Distrito Judicial de Cali, Sala
al Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince (2015).
Civil (propiedad)
Desde el Primero (1º) de julio de Dos Mil Quince
Magistrado del Tribunal Superior
(2015) hasta la fecha de expedición de la
del Distrito Judicial de Cali, Sala
certificación laboral del Cinco (5) de septiembre
Civil (propiedad)
de Dos Mil Dieciséis (2016).
Del Quince (15) de marzo de Mil Novecientos
José David
Juez de Circuito Noventa y Dos (1992) al Treinta (30) de
Corredor Espitia
noviembre de Dos Mil Ocho (2008).

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Interno: 5538-2024
Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

Demandante Cargo Período acreditado
Magistrado del Tribunal Superior Del Primero (1º) de diciembre de Dos Mil Ocho
del Distrito Judicial de Cali, Sala (2008) al Treinta (30) de junio de Dos Mil Quince
Civil (propiedad) (2015).
Desde el Primero (1.º) de julio de Dos Mil Quince
Magistrado del Tribunal Superior
(2015) hasta la fecha de expedición de la
del Distrito Judicial de Cali, Sala
certificación laboral del Cinco (5) de septiembre
Civil (propiedad)
de Dos Mil Dieciséis (2016).

59. Precisados los períodos de vinculación de cada uno de los demandantes, la Sala
advierte que, todos presentaron reclamación administrativa el Diez (10) de abril de Dos
Mil Trece (2013). En consecuencia, conforme a las reglas de prescripción desarrolladas
en esta providencia, las diferencias salariales y prestacionales derivadas del
reconocimiento de la prima especial de servicios causadas con anterioridad al Diez (10)
de abril de Dos Mil Diez (2010) se encuentran prescritas, mientras que, aquellas
causadas a partir de esta última fecha, conservan vocación de reconocimiento. No
obstante, dicho fenómeno únicamente afecta el restablecimiento económico derivado de
tales diferencias, mas no la obligación de efectuar los aportes al Sistema General de
Pensiones sobre el Treinta por Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de
servicios, ni las consecuencias que de ello se derivan en materia pensional, conforme a
los parámetros fijados en la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019.

60. Bajo ese entendido, respecto de Emérita del Socorro Mora Insuasty, quien se
desempeñó como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, desde el
Primero (1º) de abril de Dos Mil Nueve (2009), el período afectado por la prescripción
comprende las diferencias salariales y prestacionales causadas entre esa fecha y el
Nueve (9) de abril de Dos Mil Diez (2010), mientras que, las causadas a partir del Diez
(10) de abril de Dos Mil Diez (2010), conservan vocación de reconocimiento.

61. En relación con Homero Miceno Mora Insuasty, quien ejerció el cargo desde el
Primero (1º) de marzo de Dos Mil Seis (2006), se encuentran prescritas las diferencias
salariales y prestacionales causadas entre esa fecha y el Nueve (9) de abril de Dos Mil
Diez (2010), de manera que, únicamente procede el restablecimiento respecto de las
causadas a partir del Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010).

62. Por su parte, respecto de César Evaristo León Vergara, vinculado como magistrado
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, desde el Primero (1º) de abril de Dos
Mil Seis (2006), la prescripción comprende las diferencias salariales y prestacionales,
causadas entre esa fecha y el Nueve (9) de abril de Dos Mil Diez (2010), por lo que, el

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Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
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reconocimiento económico únicamente procede respecto de las causadas con
posterioridad al Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010), sin perjuicio del análisis
efectuado en esta providencia, acerca de la configuración de la cosa juzgada parcial.

63. Finalmente, respecto de José David Corredor Espitia, quien se desempeñó como
magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, entre el Once (11) de
enero y el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Siete (2007) y, posteriormente, del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desde el Primero (1º) de diciembre de Dos
Mil Ocho (2008), la prescripción comprende las diferencias salariales y prestacionales
causadas durante dichos períodos hasta el Nueve (9) de abril de Dos Mil Diez (2010),
mientras que las causadas a partir del Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010),
conservan vocación de reconocimiento.

64. Se encuentra acreditado que, el Diez (10) de abril de Dos Mil Trece (2013), los
demandantes presentaron una reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, mediante la cual, solicitaron la reliquidación y el pago retroactivo
de sus prestaciones sociales, debidamente indexadas, junto con los intereses moratorios
y las sanciones a que hubiere lugar. Asimismo, pidieron que la liquidación de dichas
acreencias se efectuara sobre el Cien por Ciento (100 %) de la remuneración mensual,
con inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como
factores salariales.

65. Igualmente, obra la Resolución No. 1483 del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Trece (2013), mediante la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la
reclamación administrativa, al considerar que, los salarios y prestaciones sociales de los
demandantes habían sido reconocidos y liquidados conforme al régimen jurídico aplicable
y que la entidad carecía de competencia para acceder a las reliquidaciones solicitadas.

66. Finalmente, se encuentra acreditado que, mediante la Resolución No. 0059 del
Quince (15) de enero de Dos Mil Catorce (2014), la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, resolvió el recurso interpuesto contra la decisión anterior y la confirmó en todas
sus partes, manteniendo la negativa del reconocimiento pretendido por los demandantes.

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Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

2.5. Caso concreto

67. Antes de abordar el estudio de los cargos formulados en el recurso de apelación,
resulta pertinente precisar el alcance de la sentencia de primera instancia, pues de ello
depende la correcta delimitación del objeto de la controversia y, particularmente, el
análisis de la excepción de cosa juzgada planteada por la entidad demandada. En efecto,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca advirtió que las pretensiones de la demanda
no fueron formuladas con la claridad suficiente, dado que, aunque los demandantes
solicitaron el reconocimiento de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación como factores salariales, así como, la reliquidación de las prestaciones
sociales derivadas de dichos emolumentos, el escrito introductorio no distinguía con
precisión el alcance de cada una de esas reclamaciones. Por esa razón, en ejercicio del
deber de interpretar integralmente la demanda y de extraer su verdadero sentido,
concluyó que la relación jurídico-procesal comprendía dos controversias autónomas, pero
estrechamente vinculadas entre sí: de una parte, la concerniente al reconocimiento y
correcta liquidación de la bonificación por compensación y de la prima especial de
servicios; y, de otra, la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y salariales
que dependían del reconocimiento de tales conceptos.

68. A partir de esa interpretación, el Tribunal estructuró el restablecimiento del derecho
en dos componentes claramente diferenciados. El primero estuvo dirigido a ordenar la
reliquidación de la bonificación por compensación conforme a las reglas fijadas en el
Decreto 610 de 1998 y la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. El segundo
comprendió el reconocimiento de la prima especial de servicios como un incremento del
treinta por ciento (30 %) sobre la asignación básica y la consecuente reliquidación de las
prestaciones sociales y salariales derivadas de dicho reconocimiento.

69. Así las cosas, el propio Tribunal dejó establecido que, el objeto material de la
controversia no se agotaba en la bonificación por compensación, sino que comprendía
dos ámbitos decisorios independientes. Esta delimitación resulta determinante para
resolver el recurso de apelación, pues, el análisis sobre la existencia de cosa juzgada no
puede realizarse mediante una comparación exclusivamente formal de las pretensiones,
sino a partir del contenido material de las decisiones judiciales y de las controversias
efectivamente resueltas en cada uno de los procesos. En consecuencia, corresponde
verificar separadamente si las decisiones judiciales previas definieron de manera
definitiva alguno de esos dos componentes del restablecimiento del derecho o si, por el

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Interno: 5538-2024
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Demandada: Nación – Rama Judicial

contrario, permanecen aspectos que podían ser válidamente objeto de pronunciamiento
en la sentencia apelada.

70. Precisado el alcance de la sentencia apelada, y delimitado el objeto material de la
controversia, la Sala estima necesario pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada
propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
toda vez que, de prosperar, impediría un nuevo pronunciamiento respecto de aquellas
controversias previamente definidas mediante decisión judicial ejecutoriada.

71. Al respecto, vale la pena anotar que, la cosa juzgada constituye un presupuesto
negativo para el ejercicio de la función jurisdiccional, pues, impide que un asunto
definitivamente resuelto vuelva a ser sometido al conocimiento del juez, garantizando la
seguridad jurídica, la estabilidad de las decisiones judiciales y la eficacia de la tutela
judicial efectiva. Conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, la excepción
únicamente prospera cuando entre el proceso anterior y el nuevo litigio concurre la
identidad de partes, de objeto y de causa petendi. Este examen debe realizarse desde
una perspectiva material, confrontando el contenido de las pretensiones, los actos
administrativos demandados y el alcance de las decisiones previamente adoptadas.

72. En ese contexto, como los antecedentes judiciales allegados al expediente evidencian
situaciones procesales distintas respecto de cada demandante, la Sala analizará
individualmente si tales presupuestos concurren en cada caso.

2.5.1. Requisitos para la configuración de la cosa juzgada

73. La configuración de la cosa juzgada no puede presumirse, habida cuenta que,
corresponde al juez verificar, en cada caso, si la decisión judicial invocada produjo efectos
definitivos sobre la controversia que nuevamente se somete a consideración de la
jurisdicción. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que,
la excepción de cosa juzgada únicamente prospera cuando entre el proceso anterior y el
nuevo litigio concurren de manera concurrente la identidad de partes, de objeto y de
causa petendi. La ausencia de cualquiera de estos elementos impide reconocer efectos
de inmutabilidad a la decisión previamente adoptada.

74. En ese sentido, la identidad de partes supone que, ambos procesos enfrenten a los
mismos sujetos procesales actuando en la misma calidad; la identidad de objeto exige

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Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

que las pretensiones persigan el mismo efecto jurídico o recaigan sobre el mismo derecho
sustancial; y la identidad de causa petendi implica que las pretensiones se fundamenten
en los mismos supuestos fácticos y jurídicos que dieron origen al litigio anterior.

75. De igual manera, la Sala ha sostenido que, dicho examen no puede efectuarse desde
una perspectiva exclusivamente formal, sino material, razón por la cual, corresponde
confrontar el verdadero contenido de las pretensiones, los actos administrativos
demandados, los hechos que les sirven de fundamento y el alcance de la decisión
previamente adoptada, a fin de establecer si la controversia ya fue definitivamente
resuelta.

76. Bajo ese entendimiento, la excepción de cosa juzgada deberá analizarse de manera
individual respecto de cada uno de los demandantes, pues, los antecedentes judiciales
allegados al expediente evidencian situaciones procesales diferentes: algunos procesos
culminaron mediante sentencia de mérito ejecutoriada, otros terminaron por desistimiento
de las pretensiones y, respecto de uno de ellos, el recurso de apelación aún se encuentra
pendiente de decisión. Por ello, la Sala examinará separadamente cada antecedente
judicial para determinar si, en cada caso, concurren los presupuestos que estructuran la
cosa juzgada material.

2.5.2. Caso de José David Corredor Espitia

77. La entidad demandada sostuvo que, respecto del señor José David Corredor Espitia,
opera la excepción de cosa juzgada, al considerar que, con anterioridad, promovió
acciones judiciales encaminadas a obtener el reconocimiento de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y de las diferencias salariales
derivadas de su aplicación. Con el fin de verificar la prosperidad de dicha excepción, la
Sala confrontará los antecedentes judiciales acreditados en el expediente con el presente
proceso, atendiendo a la identidad de partes, objeto y causa petendi que exige la
jurisprudencia para la configuración de la cosa juzgada material.

Proceso No. 2 Rad.
Proceso No. 1 Rad. 76001- Proceso objeto de decisión
Elemento de 76001-23-33-000-
23-31-000-2011-00049-00 rad. No. 76001-23-33-000-2014-
comparación 2014-01325-00
(segunda instancia) 00478-02 (5538-2024)
(desistimiento)
José David Corredor
Demandante José David Corredor Espitia José David Corredor Espitia
Espitia

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Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

Proceso No. 2 Rad.
Proceso No. 1 Rad. 76001- Proceso objeto de decisión
Elemento de 76001-23-33-000-
23-31-000-2011-00049-00 rad. No. 76001-23-33-000-2014-
comparación 2014-01325-00
(segunda instancia) 00478-02 (5538-2024)
(desistimiento)
Nación – Rama
Nación – Rama Judicial – Judicial – Dirección Nación – Rama Judicial –
Demandado Dirección Ejecutiva de Ejecutiva de Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Administración Administración Judicial
Judicial
Resoluciones que negaron el
Actos
reconocimiento y pago de la
administrativos
Actos bonificación por Actos administrativos cuya
relacionados con el
administrativos compensación y las legalidad se controvierte en este
mismo
demandados diferencias salariales proceso.
reconocimiento
derivadas del Decreto 610 de
económico.
1998.
Declarar la nulidad de los actos
Nulidad de los actos
administrativos que negaron
administrativos;
tener como factores salariales la
reconocimiento de la Sustancialmente las
Bonificación por Compensación y
bonificación por mismas
la Prima Especial de Servicios,
compensación equivalente al pretensiones
Pretensiones para reliquidar todas las
80 % de la remuneración de relacionadas con la
prestaciones sociales, con el
los magistrados de las altas bonificación por
correspondiente pago retroactivo,
cortes; reliquidación salarial y compensación.
indexación, intereses moratorios
prestacional; pago de
y demás consecuencias
diferencias e indexación.
económicas..
Omisión de aplicar el Decreto
Fundamentación Se sustenta en la misma
610 de 1998, los artículos 14 y
jurídica normativa y en los mismos
15 de la Ley 4.ª de 1992 y la
Causa petendi sustancialmente supuestos jurídicos relacionados
jurisprudencia sobre los
coincidente con la con el reconocimiento de la
efectos de la nulidad del
del proceso anterior. bonificación por compensación.
Decreto 4040 de 2004.
Determinar si el demandante
tenía derecho al
Pretensión
reconocimiento y pago de la Determinar si procede declarar la
encaminada al
Problema bonificación por nulidad de los actos acusados y
mismo
jurídico compensación y a las reconocer las diferencias
reconocimiento
diferencias salariales y salariales reclamadas.
económico.
prestacionales
correspondientes.
Sentencia de segunda Terminación del
Decisión instancia que resolvió de proceso por Pendiente de decisión.
fondo la controversia. desistimiento.
Desistimiento
Estado procesal Ejecutoriado. En trámite.
aceptado.

78. Del cuadro comparativo precedente, la Sala advierte que, el señor José David
Corredor Espitia promovió con anterioridad dos acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, relacionadas con la bonificación por compensación, prevista en el Decreto 610
de 1998; sin embargo, dichas actuaciones culminaron mediante decisiones de naturaleza
distinta, en tanto que, el proceso con radicado No. 76001-23-31-000-2011-00049-00 fue
decidido mediante sentencia de mérito ejecutoriada, mientras que el proceso con

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radicado No. 76001-23-33-000-2014-01325-00 terminó por desistimiento de las
pretensiones.

79. En esas condiciones, la Sala considera que, la sola existencia de dichos antecedentes
judiciales, no resulta suficiente para tener por configurada la excepción de cosa juzgada,
pues, para ello es indispensable establecer si la controversia decidida en tales
actuaciones coincide materialmente con la que constituye el objeto del presente proceso.
Al respecto, conviene precisar que, el análisis de la identidad objetiva no puede limitarse
a una confrontación literal de las pretensiones formuladas en las respectivas demandas.

80. En efecto, la sentencia apelada puso de presente que, el libelo introductorio carecía
de la claridad suficiente para delimitar el objeto del litigio y, en ejercicio del deber de
interpretar la demanda conforme con los principios de prevalencia del derecho sustancial
y tutela judicial efectiva, el Tribunal consideró que, la controversia jurídica realmente
planteada comprendía dos cuestiones autónomas: de una parte, el reconocimiento de la
bonificación por compensación y de la prima especial de servicios; y, de otra, la
reliquidación de las prestaciones sociales y salariales con fundamento en dichos
emolumentos.

81. Con fundamento en esa interpretación, el Tribunal no se limitó a resolver las
pretensiones en los estrictos términos en que fueron formuladas por la parte actora, sino
que, estructuró el restablecimiento del derecho, en dos ámbitos claramente diferenciados.
El primero, contenido en los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva, estuvo
dirigido al reconocimiento de las diferencias derivadas de la reliquidación de la
bonificación por compensación, teniendo en cuenta, dentro de su cálculo, el auxilio de
cesantías devengado por los congresistas para efectos de establecer el límite del
Ochenta por Ciento (80 %) de la remuneración anual de los magistrados de altas cortes,
así como, a declarar la no configuración de la prescripción respecto de dicho
reconocimiento.

82. El segundo, desarrollado en los ordinales quinto, sexto y séptimo, comprendió la
inaplicación por vía de excepción de inconstitucionalidad, de varias disposiciones
reglamentarias, relativas a la prima especial de servicios, el reconocimiento de esta como
un incremento equivalente al Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica, la
consecuente reliquidación de las prestaciones sociales y salariales con fundamento en el
Cien por Ciento (100 %) de la remuneración básica mensual y la declaratoria de

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prescripción parcial únicamente respecto de las diferencias anteriores al Diez (10) de abril
de Dos Mil Diez (2010).

83. Así las cosas, la sentencia apelada terminó resolviendo dos controversias jurídicas
diferenciadas, aunque estrechamente relacionadas: la primera, relativa a la bonificación
por compensación y la forma de calcular su monto; y la segunda, concerniente a la prima
especial de servicios y a la incidencia de ambos emolumentos en la liquidación de las
prestaciones sociales de los demandantes. Esta precisión resulta determinante para el
análisis de la excepción de cosa juzgada, pues, la obligatoriedad de la que reviste una
sentencia ejecutoriada se predica de aquello que fue efectivamente decidido y no
exclusivamente de la manera en que las pretensiones fueron formuladas por el
demandante.

84. En consecuencia, la confrontación que le corresponde efectuar a la Sala, no puede
circunscribirse al texto de las demandas promovidas anteriormente por el señor José
David Corredor Espitia, sino que, debe recaer sobre el alcance material de las decisiones
adoptadas en aquellos procesos y su correspondencia con las cuestiones jurídicas que
fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia ahora apelada.

85. Bajo ese entendido, corresponde a la Sala analizar, de una parte, el alcance de la
sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 76001-23-31-000-2011-00049-00 y,
de otra, los efectos jurídicos derivados del desistimiento aceptado dentro del proceso
radicado No. 76001-23-33-000-2014-01325-00, a fin de establecer el alcance de la
excepción de cosa juzgada respecto del señor José David Corredor Espitia.

2.5.2.1 Alcance de la sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 76001-23-
31-000-2011-00049-00.

86. Del examen de la sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 76001-23-31-
000-2011-00049-00, se advierte que, la controversia sometida a consideración del juez
estuvo circunscrita al reconocimiento de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998 y a la forma en que debía liquidarse dicho emolumento,
particularmente, en lo relacionado con la inclusión del auxilio de cesantías devengado
por los congresistas dentro del cálculo del Ochenta por Ciento (80 %) de la remuneración
anual de los magistrados de las altas cortes. En ese contexto, la decisión judicial definió
de manera definitiva el derecho del señor José David Corredor Espitia, frente al

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reconocimiento y liquidación de la bonificación por compensación, resolviendo la
controversia surgida con ocasión de los actos administrativos entonces demandados.

87. No obstante, de la revisión de esa providencia, no se evidencia que el juez hubiera
conocido o decidido una controversia relativa al reconocimiento de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un incremento de la
asignación básica, ni tampoco la reliquidación de las prestaciones sociales derivada de
dicho reconocimiento. En consecuencia, aunque existe coincidencia entre ambos
procesos respecto del debate relacionado con la bonificación por compensación, no
ocurre lo mismo frente al reconocimiento de la prima especial de servicios ni respecto de
la reliquidación de las prestaciones sociales ordenada por el Tribunal en la sentencia
objeto de apelación.

88. Del análisis precedente, la Sala concluye que, entre el proceso radicado No. 76001-
23-31-000-2011-00049-00, y el presente asunto, existe una coincidencia parcial en
cuanto a las controversias sometidas a consideración del juez. En efecto, ambas
actuaciones comprenden el debate relacionado con el reconocimiento y la liquidación de
la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, particularmente en
lo concerniente a su forma de cálculo y al límite equivalente al Ochenta por Ciento (80 %)
de lo que por todo concepto devengan anualmente los magistrados de las altas cortes.

89. Sin embargo, el objeto del presente proceso no se agotó en dicha controversia. Como
quedó expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al interpretar el alcance
de la demanda, estructuró el restablecimiento del derecho en un segundo componente
autónomo, consistente en el reconocimiento de la prima especial de servicios como un
incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica y en la consecuente
reliquidación de las prestaciones sociales y salariales derivadas de dicho reconocimiento,
aspectos que no fueron decididos en la sentencia ejecutoriada proferida dentro del
proceso radicado No. 76001-23-31-000-2011-00049-00. En esas condiciones, la
identidad de objeto no puede predicarse respecto de la totalidad de las decisiones
adoptadas por el Tribunal en la sentencia apelada.

90. Del parangón entre la sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 76001-23-
31-000-2011-00049-00 y la sentencia objeto de apelación, la Sala advierte que, ambas
decisiones se ocupan de la controversia relacionada con el reconocimiento y la
reliquidación de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. En

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efecto, la sentencia ejecutoriada definió de manera definitiva el derecho del señor José
David Corredor Espitia, a obtener la reliquidación de dicho emolumento conforme a las
reglas establecidas en el Decreto 610 de 1998, precisando los parámetros para su
liquidación y el límite máximo correspondiente al Ochenta por Ciento (80 %) de lo que
por todo concepto devengan anualmente los magistrados de las altas cortes.

91. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los ordinales tercero
y cuarto de la sentencia apelada, volvió a pronunciarse sobre ese mismo derecho, al
ordenar nuevamente la reliquidación de la bonificación por compensación, incluyendo
dentro de la base de cálculo el auxilio de cesantías devengado por los congresistas y
disponiendo que, en ningún caso, el reconocimiento superara el referido límite del
Ochenta por Ciento (80 %).

92. Así las cosas, respecto de este primer componente del restablecimiento del derecho,
existe identidad entre la controversia decidida en el proceso radicado No. 76001-23-31-
000-2011-00049-00 y la resuelta por el Tribunal en la presente actuación, pues, en ambos
casos, se discutió el mismo derecho sustancial y se adoptó un pronunciamiento
encaminado a definir la procedencia y la forma de liquidación de la bonificación por
compensación.

93. En consecuencia, corresponderá a la Sala determinar si la sentencia ejecutoriada
produjo efectos de cosa juzgada respecto de dicho extremo de la controversia y, por
ende, si el Tribunal estaba habilitado para emitir un nuevo pronunciamiento sobre ese
mismo objeto litigioso.

94. En esas condiciones, el nuevo pronunciamiento efectuado por el Tribunal recae sobre
una cuestión que ya había sido objeto de decisión judicial definitiva entre las mismas
partes y respecto del mismo derecho sustancial. En consecuencia, la circunstancia que,
el A-quo hubiese estructurado el restablecimiento del derecho en un capítulo
independiente o hubiese precisado nuevamente, los parámetros para la liquidación del
emolumento, no modifica el alcance de la decisión previamente ejecutoriada, pues, tales
aspectos ya hacían parte del objeto de la controversia decidida en el proceso anterior.

95. Por consiguiente, en relación con la bonificación por compensación, la Sala encuentra
acreditada la triple identidad exigida para la configuración de la cosa juzgada, sin perjuicio
del análisis que posteriormente realizará respecto de la incidencia del desistimiento

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aceptado dentro del proceso radicado No. 76001-23-33-000-2014-01325-00 y del estudio
independiente que corresponde efectuar frente a la prima especial de servicios y la
reliquidación de las prestaciones sociales.

2.5.2.2 Alcance jurídico del desistimiento aceptado dentro del proceso radicado No.
76001-23-33-000-2014-01325-00

96. De conformidad con el artículo 314 del Código General del Proceso, el desistimiento
de las pretensiones produce los mismos efectos de una sentencia absolutoria
ejecutoriada, respecto de aquellas que fueron objeto de abandono, razón por la cual, el
demandante no podrá promover un nuevo proceso sustentado en las mismas
pretensiones. Así, el legislador atribuyó al desistimiento aceptado por el juez un efecto
material semejante al de la cosa juzgada, en la medida en que impide reabrir una
controversia ya abandonada por quien tenía la facultad de disponer de ella.

97. No obstante, tales efectos se circunscriben a las pretensiones comprendidas en el
desistimiento y no pueden extenderse a controversias distintas que no hubieren sido
objeto de aquel proceso. Por consiguiente, para establecer si el desistimiento aceptado
dentro del proceso radicado No. 76001-23-33-000-2014-01325-00 constituye un
obstáculo para el conocimiento del presente litigio, corresponde verificar si las
pretensiones allí desistidas coinciden con las que fueron decididas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia ahora apelada.

98. Además de la sentencia ejecutoriada, analizada en el acápite precedente, obra en el
expediente que el señor José David Corredor Espitia, promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 76001-23-33-000-2014-01325-00, el
cual concluyó por desistimiento de las pretensiones, aceptado mediante providencia
debidamente ejecutoriada. De conformidad con el artículo 314 del Código General del
Proceso, el desistimiento de las pretensiones produce los mismos efectos de una
sentencia absolutoria ejecutoriada respecto de las pretensiones desistidas, razón por la
cual, el demandante no puede promover nuevamente un proceso sustentado en el mismo
objeto litigioso.

99. Ahora bien, del examen del referido proceso se advierte que, las pretensiones
desistidas guardan identidad con aquellas dirigidas al reconocimiento y reliquidación de
la bonificación por compensación, de manera que, respecto de ese específico extremo

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de la controversia, el desistimiento aceptado constituye un obstáculo procesal para un
nuevo pronunciamiento judicial; sin embargo, dicho efecto no puede extenderse
automáticamente a materias que no fueron comprendidas en aquel proceso, pues, la
eficacia del desistimiento se encuentra delimitada por el objeto de las pretensiones
abandonadas. En consecuencia, los efectos derivados del desistimiento aceptado dentro
del proceso radicado No. 76001-23-33-000-2014-01325-00 se circunscriben a las
controversias que fueron objeto de esa actuación, sin comprender, por ese solo hecho,
aspectos diferentes incorporados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
la sentencia objeto de apelación.

100. Del análisis conjunto de la sentencia ejecutoriada y del desistimiento aceptado, la
Sala concluye que, la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada,
debe analizarse atendiendo al alcance de cada uno de los antecedentes judiciales
acreditados respecto del señor José David Corredor Espitia. En efecto, la sentencia
ejecutoriada proferida dentro del proceso radicado No. 76001-23-31-000-2011-00049-00
definió de manera definitiva la controversia relacionada con el reconocimiento y la
reliquidación de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. A
su turno, el desistimiento aceptado dentro del proceso radicado No. 76001-23-33-000-
2014-01325-00 produjo, respecto de las pretensiones allí abandonadas, los efectos
previstos en el artículo 314 del Código General del Proceso.

101. No obstante, la sentencia apelada no se limitó a pronunciarse sobre dicho
emolumento. Como quedó expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
interpretó el alcance de la demanda y estructuró el restablecimiento del derecho en dos
componentes diferenciados: el primero, relativo a la bonificación por compensación; y el
segundo, referente al reconocimiento de la prima especial de servicios y a la reliquidación
de las prestaciones sociales y salariales derivadas de esta.

102. Por ello, la configuración de la cosa juzgada, no puede predicarse de manera
indiscriminada respecto de la totalidad de la sentencia apelada, sino, únicamente frente
a aquellas controversias que ya hubieren sido objeto de decisión definitiva o de
desistimiento con los efectos previstos por la ley, sin extender sus consecuencias a
cuestiones jurídicas distintas que no fueron comprendidas en los antecedentes judiciales
examinados.

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Demandada: Nación – Rama Judicial

103. En consecuencia, la excepción de cosa juzgada únicamente prospera respecto de
las controversias que fueron objeto de decisión definitiva o quedaron comprendidas
dentro de los efectos del desistimiento aceptado, sin extenderse a materias diferentes,
como el reconocimiento de la prima especial de servicios y las consecuencias
prestacionales derivadas de esta.

2.5.3 Caso de Homero Miceno Mora Insuasty

Proceso objeto de decisión rad. No.
Elemento de Proceso rad. No. 76001-23-33-000-2013-
76001-23-33-000-2014-00478-02
comparación 00366-00
(5538-2024)
Demandante Homero Miceno Mora Insuasty Homero Miceno Mora Insuasty
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Nación – Rama Judicial – Dirección
Demandado
de Administración Judicial Ejecutiva de Administración Judicial
Resolución No. 04696 del Cuatro (4) de Resoluciones Nos. 1483 del
Actos
septiembre de Dos Mil Doce (2012) y Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
administrativos
Resolución No. 5443 del Veintiocho (28) de Trece (2013) y 0059 del Quince (15) de
demandados
diciembre de Dos Mil Doce (2012). enero de Dos Mil Catorce (2014).
Declarar la nulidad de los actos administrativos
Declarar la nulidad de los actos
que negaron el ajuste de la remuneración
administrativos demandados y ordenar
equivalente al ochenta por ciento (80 %) de lo
el reconocimiento de la bonificación por
Pretensiones percibido por los magistrados de las altas
compensación y de la prima especial de
formuladas cortes; ordenar el reconocimiento y pago de las
servicios como factores salariales, con
diferencias derivadas de la bonificación por
la consecuente reliquidación de las
compensación y la reliquidación de salarios y
prestaciones sociales y salariales.
prestaciones sociales.
(i) Reconocimiento de la bonificación
por compensación; y (ii) reconocimiento
Derecho Reconocimiento de la bonificación por
de la prima especial de servicios como
sustancial compensación prevista en el Decreto 610 de
incremento de la asignación básica, con
debatido 1998 y sus efectos salariales y prestacionales.
la consecuente reliquidación de las
prestaciones sociales y salariales.
Auto del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil
Proceso objeto de decisión, Sentencia
Forma de Veintidós (2022), mediante el cual se aceptó el
apelada del Quince (15) de agosto de
terminación desistimiento de las pretensiones y se declaró
Dos Mil Veinticuatro (2024).
terminado el proceso.

104. Del cuadro comparativo precedente, la Sala advierte que, el proceso promovido
anteriormente por el señor Homero Miceno Mora Insuasty, culminó mediante Auto
Interlocutorio del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), por medio del cual,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aceptó el desistimiento de las pretensiones
y declaró la terminación del proceso. En consecuencia, el antecedente judicial no produjo
una sentencia de mérito susceptible de configurar la cosa juzgada material, sino los
efectos previstos en el artículo 314 del Código General del Proceso, respecto de las
pretensiones desistidas.

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Demandada: Nación – Rama Judicial

105. En ese proceso, el demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la bonificación por compensación, prevista en el Decreto
610 de 1998 y la consecuente reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales. Por
su parte, en el presente asunto, además de la reliquidación de la bonificación por
compensación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca reconoció la prima especial
de servicios como incremento de la asignación básica y ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales con fundamento en dicho reconocimiento.

106. Así las cosas, los efectos derivados del desistimiento, únicamente se proyectan
sobre las pretensiones comprendidas en el proceso radicado No. 76001-23-33-000-2013-
00366-00 y no pueden extenderse a controversias distintas, como las relacionadas con
el reconocimiento de la prima especial de servicios. En consecuencia, la Sala limitará el
alcance del desistimiento al objeto de las pretensiones abandonadas y resolverá de
manera independiente los demás aspectos decididos en la sentencia apelada.

2.5.4 Caso de César Evaristo León Vergara

Proceso objeto de decisión rad. No.
Elemento de Proceso rad. No. 76001-33-31-000-2012-
76001-23-33-000-2014-00478-02
comparación 00046-01
(5538-2024)
Demandante César Evaristo León Vergara César Evaristo León Vergara
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Nación – Rama Judicial – Dirección
Demandado
de Administración Judicial Ejecutiva de Administración Judicial
Resoluciones Nos. 1483 del Veintinueve
Actos
Resolución No. 3594 del Nueve (9) de agosto (29) de abril de Dos Mil Trece (2013) y
administrativos
de Dos Mil Diez (2010). 0059 del Quince (15) de enero de Dos
demandados
Mil Catorce (2014).
Declarar la nulidad del acto administrativo que
negó el reajuste salarial; ordenar la Declarar la nulidad de los actos
reliquidación y pago de la remuneración, administrativos demandados y ordenar
prestaciones sociales y demás factores el reconocimiento de la bonificación por
Pretensiones salariales, teniendo en cuenta la equivalencia compensación y de la prima especial de
formuladas prevista en el Decreto 4040 de 2004 y los servicios como incremento de la
ingresos de los magistrados de las altas asignación básica, con la consecuente
cortes, incluyendo la incidencia de la reliquidación de salarios y prestaciones
bonificación por compensación y de la prima sociales.
especial de servicios.
Reajuste del régimen salarial y prestacional de
los magistrados de tribunal con fundamento en Reconocimiento de la bonificación por
Derecho
el Decreto 610 de 1998, el artículo 15 de la Ley compensación y de la prima especial de
sustancial
4 de 1992 y la incidencia de la bonificación por servicios, con la consecuente
debatido
compensación en la remuneración y reliquidación salarial y prestacional.
prestaciones sociales.
Sentencia de segunda instancia del Veintiocho
Proceso objeto de decisión, Sentencia
Forma de (28) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022),
apelada del Quince (15) de agosto de
terminación mediante la cual la Sala de Conjueces del
Dos Mil Veinticuatro (2024).
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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Demandante: Homero Miceno Mora Insuasty y otros
Demandada: Nación – Rama Judicial

Proceso objeto de decisión rad. No.
Elemento de Proceso rad. No. 76001-33-31-000-2012-
76001-23-33-000-2014-00478-02
comparación 00046-01
(5538-2024)
resolvió el recurso de apelación y decidió de
fondo la controversia.

107. Del cuadro comparativo precedente, la Sala advierte que, el proceso promovido
anteriormente por el señor César Evaristo León Vergara, culminó mediante sentencia de
segunda instancia del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual, se modificó la sentencia de primera instancia y se resolvió de fondo la controversia
planteada por el demandante. En esa oportunidad, la Sala dispuso estarse a lo resuelto
en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el Dieciocho (18) de
mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), declaró la nulidad del acto administrativo demandado
y ordenó reliquidar el salario del demandante conforme al régimen previsto en el Decreto
610 de 1998, delimitando el período objeto de reconocimiento por efectos de la
prescripción.

108. No obstante, la Sala estima pertinente precisar que, aunque dentro de las
pretensiones formuladas en el proceso anterior se hizo referencia a la incidencia de la
prima especial de servicios, sobre la remuneración y las prestaciones sociales del señor
César Evaristo León Vergara, del examen del objeto litigioso y del contenido material de
la decisión allí adoptada, se advierte que, el debate efectivamente resuelto estuvo dirigido
al reajuste salarial derivado de la bonificación por compensación y a la equivalencia
remuneratoria prevista en el Decreto 4040 de 2004. En consecuencia, no se evidencia
un pronunciamiento autónomo y definitivo respecto del reconocimiento del Treinta por
Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios, bajo los parámetros
posteriormente definidos por la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, razón por la cual, no se
configura la identidad objetiva necesaria para predicar la existencia de cosa juzgada
frente a esta específica pretensión.

109. Así las cosas, dicha providencia constituye una sentencia de mérito que produjo
efectos de cosa juzgada respecto de la controversia relacionada con el reconocimiento
de la bonificación por compensación y la reliquidación salarial derivada de la aplicación
del Decreto 610 de 1998. No obstante, en el presente proceso, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, además de reconocer la bonificación por compensación, declaró el
derecho a la prima especial de servicios como un incremento del Treinta por Ciento (30

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%) de la asignación básica y ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales con
fundamento en dicho reconocimiento.

110. En ese orden de ideas, la Sala concluye que, los efectos de cosa juzgada derivados
de la sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 76001-33-31-000-2012-00046-
01, se circunscriben a la controversia relacionada con el reconocimiento de la bonificación
por compensación y la consecuente reliquidación salarial con fundamento en el Decreto
610 de 1998. Por consiguiente, no se extienden al reconocimiento de la prima especial
de servicios como un incremento del Treinta por Ciento (30 %), de la asignación básica,
ni a las consecuencias prestacionales derivadas de dicho reconocimiento, por tratarse de
una materia que no fue objeto de decisión en esa providencia.

2.5.5 Caso de Emérita del Socorro Mora Insuasty

Proceso rad. 76001-23-33-000-2013- Proceso actual rad. 76001-23-33-000-2014-
Elemento
00367-00 00478-02 (5538-2024)
Demandante Emérita del Socorro Mora Insuasty Emérita del Socorro Mora Insuasty
Nación – Rama Judicial – Dirección Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Demandado
Ejecutiva de Administración Judicial Administración Judicial
Resoluciones Nos. 4697 del 4 de
Actos Resoluciones Nos. 1483 del 29 de abril de 2013
septiembre de 2012 y 2362 del 13 de
demandados y 0059 del 15 de enero de 2014
febrero de 2013
Nulidad de los actos; reconocimiento y Nulidad de los actos; reconocimiento de la
pago de la bonificación por bonificación por compensación y de la prima
Pretensiones compensación prevista en el Decreto 610 especial de servicios como incremento de la
de 1998; reliquidación salarial y asignación básica; reliquidación salarial y
prestacional prestacional
Aplicación del Decreto 610 de 1998 y Bonificación por compensación, prima especial
Derecho
reconocimiento de la bonificación por de servicios y reliquidación salarial y
debatido
compensación prestacional
Sentencia de primera instancia de 26 de
Proceso objeto de decisión, Sentencia apelada
Estado del junio de 2023 apelada por la entidad
del Quince (15) de agosto de Dos Mil
proceso demandada; segunda instancia en
Veinticuatro (2024).
trámite ante el Consejo de Estado

111. Del cuadro comparativo precedente, la Sala advierte que, el proceso promovido
anteriormente por la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty, culminó en primera
instancia con sentencia de Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Veintitrés (2023), mediante
la cual, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó el reconocimiento de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998. No obstante, dicha decisión fue apelada por la entidad demandada
y, en la actualidad, la segunda instancia se encuentra en trámite ante el Consejo de
Estado. En esas condiciones, la referida providencia no se encuentra ejecutoriada y, por

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consiguiente, carece de la firmeza necesaria para producir efectos de cosa juzgada
material, razón por la cual, no constituye un antecedente judicial idóneo para sustentar la
excepción propuesta respecto de la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty.

112. Sobre el particular, la Sala observa que, el proceso radicado 76001-23-33-000-2013-
00367-02, promovido por Emérita del Socorro Mora Insuasty, se encuentra actualmente
en trámite ante esta Corporación. En efecto, luego de proferida la sentencia de primera
instancia y de interpuesto el recurso de apelación por la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante auto del Catorce (14) de mayo
de Dos Mil Veintiséis (2026), el despacho sustanciador resolvió las manifestaciones de
impedimento formuladas por algunos integrantes de la Corporación, actuación procesal
que antecedía al pronunciamiento sobre la admisión del recurso de apelación. En
consecuencia, al momento de decidir el presente asunto, el expediente se encuentra
nuevamente a[l] despacho para proveer sobre dicha admisión, sin que exista una decisión
ejecutoriada susceptible de producir efectos de cosa juzgada.

113. En consecuencia, respecto de la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty no se
configura la excepción de cosa juzgada, toda vez que, el proceso identificado con el
radicado No. 76001-23-33-000-2013-00367-00 aún no cuenta con una decisión definitiva
ejecutoriada que produzca los efectos previstos en el artículo 303 del Código General del
Proceso.

114. En esas condiciones, al no encontrarse acreditada la configuración de la excepción
de cosa juzgada respecto de la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty, la Sala
conserva plena competencia para examinar la legalidad de los actos administrativos
demandados y el restablecimiento del derecho reconocido por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en relación con la bonificación por compensación. Sobre este
particular, se advierte que, el recurso de apelación no formuló reparos dirigidos a
desvirtuar las razones por las cuales el a quo concluyó que dicho emolumento debía
reliquidarse conforme al Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta, dentro del cálculo del
ochenta por ciento (80 %) de la remuneración anual de los magistrados de las altas
cortes, el auxilio de cesantías devengado por los congresistas, ni controvirtió las
consideraciones según las cuales los actos administrativos demandados desconocieron
el régimen jurídico aplicable al mantener los efectos del Decreto 4040 de 2004 pese a su
declaratoria de nulidad.

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115. En consecuencia, al no prosperar la excepción de cosa juzgada, ni existir un reparo
específico que desvirtúe el análisis efectuado por el Tribunal, sobre este aspecto, la Sala
confirmará el restablecimiento del derecho reconocido a favor de la señora Emérita del
Socorro Mora Insuasty, respecto de la reliquidación de la bonificación por compensación,
sin perjuicio de las precisiones que en esta providencia se efectúan en relación con la
prima especial de servicios y de las reglas de ejecución del fallo.

116. Finalmente, la Sala estima pertinente disponer que, una vez ejecutoriada esta
providencia, se informe su contenido al despacho del Consejero Luis Eduardo Mesa
Nieves, en el que cursa el proceso con radicación No. 76001-23-33-000-2013-00367-02,
promovido por la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty. Lo anterior, con el propósito
de poner en conocimiento las resultas de la presente decisión, para lo que estime
pertinente.

2.5.6. Conclusión sobre la excepción de cosa juzgada

117. En ese orden de ideas, la Sala concluye que, la excepción de cosa juzgada,
propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
únicamente prospera respecto de las controversias que fueron objeto de decisión
definitiva o quedaron comprendidas dentro de los efectos del desistimiento aceptado,
según las particularidades de cada uno de los demandantes analizados, sin que resulte
procedente extender sus efectos a materias diferentes que no fueron objeto de decisión
en los respectivos antecedentes judiciales.

118. En efecto, frente al señor José David Corredor Espitia, se acreditó la existencia de
una sentencia ejecutoriada que definió de manera definitiva la controversia relacionada
con la bonificación por compensación, así como, un proceso posterior terminado por
desistimiento de las pretensiones, circunstancias que impiden un nuevo pronunciamiento
únicamente respecto de las materias comprendidas en tales actuaciones. En cuanto al
señor Homero Miceno Mora Insuasty, el antecedente judicial corresponde
exclusivamente a un desistimiento aceptado, cuyos efectos se circunscriben a las
pretensiones abandonadas. Respecto del señor César Evaristo León Vergara, se verificó
la existencia de una sentencia de mérito ejecutoriada cuyos efectos de cosa juzgada se
limitan a la controversia decidida en torno a la bonificación por compensación.
Finalmente, en relación con la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty, no se configura
la excepción, toda vez que, el proceso anterior aún se encuentra pendiente de decisión

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en segunda instancia y, por consiguiente, no existe una providencia ejecutoriada
susceptible de producir cosa juzgada material.

2.5.7. Delimitación del objeto de la segunda instancia

119. Definido el alcance de la excepción de cosa juzgada propuesta por la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, corresponde a la Sala, abordar
el estudio de los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia. No
obstante, dicho examen deberá efectuarse dentro de los límites fijados en el acápite
precedente, de manera que, únicamente serán objeto de pronunciamiento aquellas
materias que no se encuentran cobijadas por los efectos derivados de las decisiones
judiciales ejecutoriadas o de los desistimientos aceptados respecto de cada uno de los
demandantes.

120. En ese contexto, la Sala observa que, la entidad demandada cuestiona,
esencialmente, la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de: (i)
reconocer la bonificación por compensación en los términos previstos en el Decreto 610
de 1998; (ii) inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, las disposiciones
reglamentarias que excluyeron el carácter salarial de la prima especial de servicios; (iii)
reconocer esta última como un incremento equivalente al Treinta por Ciento (30 %) de la
asignación básica; y (iv) ordenar la consecuente reliquidación de los salarios y
prestaciones sociales de los demandantes.

121. En consecuencia, el análisis de la Sala se centrará, en primer lugar, en establecer
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estaba habilitado para inaplicar las
disposiciones reglamentarias que negaban naturaleza salarial a la prima especial de
servicios y, a partir de ello, determinar si resultaba procedente reconocer dicho
emolumento como un incremento de la asignación básica y ordenar la reliquidación de
las prestaciones sociales derivadas de ese reconocimiento, sin perjuicio de las
limitaciones previamente establecidas respecto de la bonificación por compensación.

2.5.8. Alcance jurídico de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4.ª de 1992

122. La sentencia apelada reconoció la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, como un incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la

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asignación básica y, con fundamento en ello, dispuso las consecuencias jurídicas que
estimó procedentes. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, controvierte esa decisión, al sostener que, dicho emolumento carece de carácter
salarial, en los términos previstos en los decretos anuales de fijación del régimen salarial
de los funcionarios de la Rama Judicial.

123. Sobre el particular, la Sala observa que, el reconocimiento de la prima especial de
servicios, como un incremento de la asignación básica no comporta, por sí mismo, que
dicho concepto deba incorporarse para la liquidación de la totalidad de los derechos
salariales y prestacionales. Los efectos derivados de ese reconocimiento deben
corresponder, estrictamente, a los fijados por la jurisprudencia de esta Corporación, sin
extender sus consecuencias a conceptos respecto de los cuales no exista fundamento
legal o jurisprudencial que así lo autorice.

124. En ese contexto, la Sala advierte que, el restablecimiento del derecho reconocido
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debe armonizarse con el alcance
definido por la SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019) por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la que se precisó que el reconocimiento de la prima especial de servicios
únicamente produce los efectos jurídicos expresamente admitidos por esa providencia,
particularmente en lo relacionado con las cotizaciones y aportes al Sistema General de
Pensiones, sin que ello comporte la reliquidación general de las prestaciones sociales.

125. Ahora bien, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, sostiene que, el Tribunal desconoció el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 y de los decretos anuales de fijación salarial, al conferir a la prima especial de
servicios efectos incompatibles con la previsión reglamentaria que le atribuye carácter no
salarial. Ese reparo no está llamado a prosperar, pues la SUJ-016-CE-S2-2019, proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, definió el
alcance jurídico de ese emolumento y estableció los efectos que se derivan de su
reconocimiento, criterio que resulta vinculante para la resolución del presente asunto.

126. En esa providencia, la Sala de Conjueces concluyó que, la interpretación de las
disposiciones reglamentarias expedidas en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
no podía conducir a desconocer el contenido y la finalidad de la ley marco ni a restringir
los efectos jurídicos expresamente reconocidos respecto de la prima especial de

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servicios. Por ello, fijó las reglas que orientan la solución de los litigios relacionados con
ese emolumento y delimitó el alcance del correspondiente restablecimiento del derecho.

127. En consecuencia, corresponde verificar si las órdenes impartidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca se ajustan a las reglas fijadas en la SUJ-016-CE-S2-
2019 o si, por el contrario, resulta necesario modificarlas para adecuarlas al alcance
definido por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

128. Al examinar las órdenes impartidas en la sentencia apelada, la Sala advierte que,
no todas se acompasan con las reglas fijadas en la SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. En efecto, si bien el Tribunal acertó al
reconocer la prima especial de servicios como un incremento del Treinta por Ciento (30
%) de la asignación básica, los efectos derivados de ese reconocimiento debían
circunscribirse a los expresamente definidos en dicha providencia.

129. En ese orden, la Sala encuentra que, el restablecimiento del derecho no puede
extenderse a la reliquidación general de los derechos salariales y prestacionales de los
demandantes, pues la citada sentencia de la Sala Plena de Conjueces delimitó de manera
precisa las consecuencias jurídicas que se derivan del reconocimiento de la prima
especial de servicios, sin autorizar que sus efectos se proyecten indiscriminadamente
sobre todos los emolumentos laborales.

130. En consecuencia, las órdenes impartidas por el Tribunal, deberán adecuarse a los
parámetros fijados en la SUJ-016-CE-S2-2019, de manera que, el reconocimiento de la
prima especial de servicios, produzca únicamente los efectos jurídicos admitidos por esa
providencia, particularmente en lo relacionado con la base de cotización y los aportes al
Sistema General de Pensiones, preservando, además, las limitaciones derivadas de la
prosperidad parcial de la excepción de cosa juzgada respecto de algunos de los
demandantes.

131. Bajo ese entendido, la Sala encuentra que, le asiste razón a la entidad apelante,
únicamente en cuanto cuestiona el alcance del restablecimiento del derecho reconocido
en la sentencia de primera instancia. Lo anterior, por cuanto las consecuencias jurídicas
derivadas del reconocimiento de la prima especial de servicios, deben sujetarse a los
parámetros definidos en la SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de

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Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. En efecto, dicha providencia delimitó de manera expresa los efectos jurídicos
del reconocimiento de la prima especial de servicios, precisando que, este no conlleva,
de manera automática, la reliquidación de la totalidad de los derechos salariales y
prestacionales del servidor público. Por el contrario, el restablecimiento del derecho debe
limitarse a las consecuencias expresamente definidas por esa decisión, entre ellas, las
relacionadas con la obligación de efectuar los ajustes correspondientes en las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones.

132. Así las cosas, si bien la Sala comparte la decisión del Tribunal en cuanto reconoció
la prima especial de servicios como un incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la
asignación básica, considera necesario modificar el alcance de las medidas de
restablecimiento del derecho, con el fin de ajustarlas a las reglas fijadas por la Sala Plena
de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado y evitar que se extiendan a
consecuencias jurídicas no previstas en dicha providencia. En ese orden de ideas, la
sentencia apelada será modificada para precisar que, el reconocimiento de la prima
especial de servicios únicamente produce los efectos jurídicos admitidos por la SUJ-016-
CE-S2-2019, sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la prosperidad parcial de la
excepción de cosa juzgada, analizadas en el acápite precedente.

133. Del contenido del ordinal sexto de la sentencia apelada, se advierte que, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, además de reconocer la prima especial de servicios
como un incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica, ordenó
reliquidar las prestaciones sociales y salariales de los demandantes con fundamento en
la incorporación de ese porcentaje a la base de liquidación de tales emolumentos. Esa
decisión excede el alcance del restablecimiento del derecho que corresponde reconocer
en el presente asunto. Si bien el reconocimiento de la prima especial de servicios resulta
ajustado a derecho, las consecuencias derivadas de ese reconocimiento deben limitarse
a las expresamente admitidas por la jurisprudencia de esta Corporación, sin comprender
la reliquidación general de las prestaciones sociales y salariales.

134. Por consiguiente, el ordinal sexto de la sentencia apelada será modificado, para
adecuar las medidas de restablecimiento del derecho al alcance jurídico de la prima
especial de servicios previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, se
mantendrá el reconocimiento de ese emolumento como un incremento del Treinta por
Ciento (30 %) de la asignación básica, pero las demás órdenes allí contenidas deberán

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ajustarse a los efectos jurídicos que para ese reconocimiento ha definido esta
Corporación.

135. La anterior modificación comprende, igualmente, las limitaciones derivadas de la
prosperidad parcial de la excepción de cosa juzgada declarada en esta providencia y de
la prescripción parcial de las diferencias salariales y prestacionales derivadas del
reconocimiento de la prima especial de servicios. En consecuencia, respecto de Emérita
del Socorro Mora Insuasty el restablecimiento del derecho comprenderá las diferencias
causadas a partir del Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010), mientras que, respecto
de Homero Miceno Mora Insuasty, César Evaristo León Vergara y José David Corredor
Espitia, únicamente procederá respecto de los períodos no afectados por la cosa juzgada
o el desistimiento y por la prescripción trienal, según las precisiones efectuadas en esta
providencia. En todos los casos, el reconocimiento comprenderá la obligación de efectuar
los aportes al Sistema General de Pensiones sobre el Treinta por Ciento (30 %)
correspondiente a la prima especial de servicios, durante los períodos respecto de los
cuales se reconoció dicho derecho, conforme a la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019. En
esos términos, la Sala modificará el ordinal sexto de la sentencia apelada para adecuarlo
al alcance del reconocimiento efectuado en esta decisión.

2.6 Condena en costas.

136. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la condena en costas
no opera de manera automática, sino que, corresponde al juez valorar su procedencia a
partir de las circunstancias particulares del proceso y de la conducta asumida por las
partes durante su trámite, con el fin de establecer si existieron actuaciones contrarias a
los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal.

137. En el presente asunto, si bien la Sala modificará la sentencia apelada, en los
términos expuestos en esta providencia, no advierte que la actuación procesal de las
partes hubiese estado inspirada en conductas temerarias, dilatorias o constitutivas de
abuso del derecho de acceso a la administración de justicia. Por el contrario, la
controversia se desarrolló dentro del ejercicio legítimo de los derechos de acción, defensa
y contradicción, en torno a aspectos jurídicos que exigían su definición en esta instancia.

138. En consecuencia, la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera
instancia y se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

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2.7 Conclusiones.

139. Del análisis efectuado, la Sala concluye que, la sentencia apelada será modificada.
En primer lugar, porque prospera parcialmente la excepción de cosa juzgada propuesta
por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los
términos desarrollados en esta providencia, circunstancia que impide emitir un nuevo
pronunciamiento respecto de las pretensiones relacionadas con la reliquidación de la
bonificación por compensación frente a aquellos demandantes cuyas situaciones
jurídicas ya fueron definidas mediante decisiones judiciales ejecutoriadas o respecto de
las cuales operó el desistimiento de las pretensiones. En contraste, respecto de Emérita
del Socorro Mora Insuasty, no se configura dicha excepción, por cuanto el proceso
previamente promovido por esa demandante aún no cuenta con una decisión
ejecutoriada que produzca efectos de cosa juzgada, razón por la cual, se confirmará el
restablecimiento del derecho reconocido por el Tribunal, en relación con la bonificación
por compensación.

140. En segundo lugar, porque, aunque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
acertó al reconocer la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, como un incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica, el
alcance del restablecimiento del derecho deberá adecuarse a los efectos jurídicos
definidos por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, razón
por la cual, se modificarán las órdenes impartidas en el ordinal sexto de la sentencia
apelada.

141. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia proferida el Quince (15) de agosto
de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en los aspectos relacionados con la prosperidad parcial de la excepción de
cosa juzgada y con el alcance del restablecimiento del derecho derivado del
reconocimiento de la prima especial de servicios. Las demás decisiones que no resulten
incompatibles con lo resuelto en esta providencia serán confirmadas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO. – MODIFICAR la sentencia proferida el Quince (15) de agosto de Dos Mil
Veinticuatro (2024) por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. – DECLARAR parcialmente probada la excepción de cosa juzgada
propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
exclusivamente respecto de las controversias relacionadas con la bonificación por
compensación y, en consecuencia, REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal tercero de la
sentencia apelada únicamente respecto de los siguientes demandantes:

i) Respecto del señor José David Corredor Espitia, en relación con las materias
definidas mediante la sentencia ejecutoriada proferida dentro del proceso
radicado No. 76001-23-31-000-2011-00049-00 y comprendidas en los efectos
del desistimiento aceptado dentro del proceso radicado No. 76001-23-33-000-
2014-01325-00.

ii) Respecto del señor Homero Miceno Mora Insuasty, exclusivamente frente a
las pretensiones comprendidas en el desistimiento aceptado dentro del
proceso radicado No. 76001-23-33-000-2013-00366-00.

iii) Respecto del señor César Evaristo León Vergara, únicamente en relación con
la controversia decidida mediante sentencia ejecutoriada proferida dentro del
proceso radicado No. 76001-33-31-000-2012-00046-01.

TERCERO. – CONFIRMAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, únicamente
respecto de Emérita del Socorro Mora Insuasty, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO. – MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia proferida el Quince (15) de
agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, el cual quedará así:

«SEXTO. Como consecuencia del reconocimiento de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, reconocer a favor de los demandantes dicho
emolumento como un incremento del Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica,

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dentro de los períodos determinados en esta providencia y con observancia del límite
remuneratorio previsto para los magistrados de tribunal.

Respecto de la señora Emérita del Socorro Mora Insuasty, el restablecimiento del derecho
derivado de dicho reconocimiento comprenderá únicamente las diferencias salariales y
prestacionales causadas a partir del Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010), por
encontrarse prescritas las causadas con anterioridad a esa fecha.

Respecto de los señores Homero Miceno Mora Insuasty, César Evaristo León Vergara y
José David Corredor Espitia, el restablecimiento del derecho derivado del reconocimiento
de la prima especial de servicios comprenderá únicamente las diferencias salariales y
prestacionales causadas a partir del Diez (10) de abril de Dos Mil Diez (2010), sin perjuicio
de las limitaciones derivadas de la prosperidad parcial de la excepción de cosa juzgada
declarada en esta providencia.

El restablecimiento del derecho derivado de dicho reconocimiento producirá únicamente
los efectos jurídicos definidos por la SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en particular los relacionados con los ajustes correspondientes a
las cotizaciones y aportes al Sistema General de Pensiones.

En consecuencia, no habrá lugar a la reliquidación general de salarios, prestaciones
sociales, primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones u otros emolumentos con
fundamento en la incorporación de la prima especial de servicios a la base de liquidación
de tales conceptos.»

QUINTO. – REVOCAR el ordinal noveno de la sentencia apelada, mediante el cual, se
condenó en costas a la entidad demandada, conforme a lo expuesto en las
consideraciones de esta providencia.

SEXTO. – ABSTENERSE de condenar en costas en ambas instancias.

SÉPTIMO. – CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el Quince (15) de agosto
de Dos Mil Veinticuatro (2024) por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.

OCTAVO. – ORDENAR que, una vez ejecutoriada la presente providencia, por
Secretaría de la Sección Segunda, se remita copia de esta sentencia al despacho del
Consejero Luis Eduardo Mesa Nieves, para que obre dentro del proceso con radicación
No. 76001-23-33-000-2013-00367-02, promovido por la señora Emérita del Socorro Mora
Insuasty, con el fin de poner en su conocimiento las resultas de esta decisión, para lo que
estime pertinente.

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NOVENO. – Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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