Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00322-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00322-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00322-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 19001-23-33-000-2019-00322-01 (0410-2025)
Demandante : Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG1)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Reconocimiento pensión gracia; cosa juzgada
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 3 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
que declaró probada la excepción de cosa juzgada.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2
1.1.1 Pretensiones
El señor Saulo Jesús Bravo Muñoz, acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, para
solicitar la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones N°
RDP 048214 del 21 de diciembre de 2018, por medio de la cual la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión gracia, y N° RDP 005099 del 18 de febrero de 2019, que
resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión inicialmente adoptada.
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En adelante FOMAG.
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Índice 06 Samai – expediente digital, archivo 02.
Número Interno: 0410-2025
Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
A título de restablecimiento del derecho, pidió que (i) le reconozca y pague la
pensión de jubilación gracia; (ii) que la mesada pensional sea liquidada incluyendo en
el promedio base de liquidación la totalidad de los factores saláriales devengados por
el docente durante el año inmediatamente anterior a la fecha de consolidación del
estatus de pensionado, ordenando ejecutar el pago de manera indexado; (iii) el
cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187, 189, 192 y 195 de
la Ley 1437 de 2011; (iv) el ajuste de los valores de conformidad con el artículo 187
del CPACA y; (v) el pago de los intereses moratorios y la condena en costas a la
demandada.
1.1.2 Hechos
El demandante señaló que, el 13 de noviembre de 1977, el departamento de Nariño,
mediante el Decreto 770, la nombró como docente nacionalizado hasta el 7 de mayo
de 1990, acumulando un total de 12 años, 5 meses y 25 días.
Indicó que, el departamento del Cauca, mediante Decreto No. 0865 del 22 de
diciembre de 1993, lo nombró en la planta de personal del situado fiscal del Fondo
Educativo Regional (FER), hasta la fecha de expedición del certificado de tiempos del
(4 de enero de 2017), acumulando más de 9 años, 6 meses y 11 días de servicio de
carácter departamental nacionalizado.
Resaltó que, el 28 de octubre de 2005, el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz alcanzó los
50 años de edad. Sin embargo, su condición pensional se consolidó el 28 de diciembre
de 2014, fecha en la que completó 20 años como docente nacionalizado, acreditando
debidamente su vinculación laboral anterior al 31 de diciembre de 1980.
Expuso que, el 21 de septiembre de 2018, mediante radicado N° 201850052998852,
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. No obstante, mediante la
Resolución N° RDP 048214 del 21 de diciembre de 2018, la entidad negó el
reconocimiento de dicha prestación. Decisión contra la cual interpuso recurso de
apelación, la cual fue confirmada mediante la Resolución N° RDP 005099 del 18 de
febrero de 2019.
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Número Interno: 0410-2025
Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
Finalmente, manifestó que, anteriormente presentó varias solicitudes y se expidieron
actos administrativos de carácter negativo, los cuales fueron objeto de control judicial,
resultando en decisiones desfavorables. No obstante, que en esta oportunidad se
impugnan nuevos actos administrativos que no se encuentran afectados por el
fenómeno de la cosa juzgada, ya que han surgido elementos jurídicos y fácticos
novedosos, entre ellos, destaca la Sentencia de Unificación proferida el 18 de agosto
de 2018 por el Consejo de Estado, magistrado ponente Carmelo Perdomo Cuéter.3
1.2 Contestación de la demanda
1.2.1 la UGPP,4 expuso que, en el presente asunto, el demandante no cumple con
los requisitos para acceder a la pensión gracia, toda vez que, «[...] no acredita tiempo de
servicios del orden como quiera que su vinculación docente desde el año 1994 en adelante no pueden
ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia toda vez que estos son de orden
nacional y al desestimarlos la parte demandante no cumpliría con los requisitos para hacerse acreedora
a la pensión gracia, si se tiene que esta es una prestación económica de la cual son beneficiarios los
docentes de primaria y secundaria, cuyo tipo de vinculación sea Distrital, Municipal, Departamental o
Nacionalizados, que hayan sido vinculados, antes del 31 de diciembre de 1980, que hayan laborado a
la docencia oficial 20 años de tiempos de servicio». (sic)
Frente a la cosa juzgada, resaltó, «[...] la existencia plena del proceso resuelto por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, a través de sentencia No. 239 de 29 de
noviembre de 2013, dentro de proceso con radicado No. 2011 - 00473 - 00 que decidió negar el
reconocimiento de una pensión gracia al demandante, bajo los mismos supuestos de hecho hoy
presentados, decisión que fue ratificada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, a través
de sentencia No. 181 de 18 de septiembre de 2014».
Propuso las excepciones que denominó, «cosa juzgada», «inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos administrativos demandados»,
«prescripción», «buena fe», e «innominada».
1.3 La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 3 de octubre de 2024,
declaró probada la excepción de cosa juzgada, sin condena en costas, al analizar los
3
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente 25000-23-42-000-2013-
04683-01(3805-14)
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Índice 06 Samai – expediente digital, archivo 27.
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Índice 06 Samai – expediente digital, archivo 45.
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Número Interno: 0410-2025
Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
tres elementos que tradicionalmente identifican la existencia de la cosa juzgada.
Frente a la identidad sobre el objeto, señaló que, «[...] se trata de las mismas pretensiones,
solo que se han presentado en épocas diferentes, donde se alega por parte del docente el cumplimiento
de los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia, por lo que por este aspecto no se observa
ninguna diferencia en las dos demandas».
Respeto de la identidad sobre la causa, con relación a los hechos de cada demanda,
indicó que, «[...] se alude a los mismos supuestos fácticos, esto es que el actor en efecto prueba una
vinculación anterior a 1980, que se hizo desde 14 de octubre de 1977 al 7 mayo de 1990, es decir como
docente nacionalizado por espacio de 12 años y cinco meses, tiempo válido para ser considerado en
el reconocimiento de la pensión gracia». No obstante, agregó que «[...] los tiempos prestados
desde 1994 en adelante, fueron estudiados y se consideró que eran nacionales, y que la referida
vinculación del actor se debió a renuncia al cargo anterior, por lo que en el fondo subyace el mismo
hecho, esto es, que la vinculación así realizada ya fue materia de juzgamiento en la sentencia del
Juzgado Primero administrativo, de fecha 29 de noviembre de 2013, debidamente confirmada por el
Tribunal administrativo del Cauca, en sentencia del 18 de diciembre de 2014».
Por otro lado, expuso que con la certificación emanada de la Coordinadora del Grupo
de Certificaciones del Ministerio de Educación Nacional, «[...] no se prueba que la vinculación
del actor sea nacionalizada, pues se dice que no se encontró en el archivo la historia laboral del actor,
por lo cual no se ha acreditado un nuevo hecho o una nueva prueba, como parece entenderlo el actor».
Finalmente, con relación al tercer elemento, determinó que existe identidad de las
personas, pues el actor es el educador y la demandada la entidad que debe hacer el
reconocimiento pensional, en el pasado CAJANAL y ahora la UGPP.
1.4 El recurso de apelación6
La parte actora inconforme con la decisión de primera instancia presentó recurso de
apelación, al considerar que, «[...]Los Actos Administrativos que en esta oportunidad se están
sometiendo a control de legalidad, son los No RDP 048214 del 21 de diciembre de 2018 y RDP 005099
del 18 de febrero de 2019 proferidos por la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL – UGPP, los cuales
son totalmente diferentes a las Resoluciones No 57660 del 31 de octubre de 2006 y 61836 del 29 de
diciembre de 2008, proferidos por CAJANAL, que fueron los demandados en el año 2011. Dentro de
la demanda de la referencia, se debe emitir juicio de legalidad de los Actos Administrativo No RDP
048214 del 21 de diciembre de 2018 y RDP 005099 del 18 de febrero de 2019, sobre los cuales no ha
existido pronunciamiento judicial de fondo».
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Índice 06 Samai – expediente digital, archivo 47.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
Finalmente, señaló que, «[...] invocó en vía administrativa y en vía judicial, la aplicación de la
Sentencia de Unificación emitida por el Honorable Consejo de Estado, el día 21 de junio de 2018, con
ponencia del Honorable Consejero Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER; en donde procedió a ratificar,
que los dineros transferidos de la Nación a los Entes Territoriales, con destino al pago de los
Educadores vinculados con cargo al FONDO EDUCATIVO REGIONAL F.E.R., son dineros que
hacen parte del situado fiscal del Ente Territorial, y por ende, dichos Docentes ostentan la
calidad de Docentes Territoriales – Nacionalizados, corrigiendo de esta manera la arbitrariedad
cometida por las Secretarías de Educación, que certifican estos dichos periodos son del orden
Nacional; situación que se evidencia en el presente caso y que indujo al error LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a negar el reconocimiento y pago de dicha prestación». (sic)
1.5 Trámite de segunda instancia
Con auto de 1° de abril de 20257, el consejero ponente admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y, al no
existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para
fallo. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en
el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer (i) si en el presente asunto operó o no el fenómeno
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Índice 06 Samai.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
jurídico-procesal de la cosa juzgada, como lo declaró el A-quo; y en caso negativo, (ii)
si al demandante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de
fundamento, pues no acreditó 20 años al servicio de la docencia territorial o
nacionalizada.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. De la cosa juzgada; y 2.4. Caso concreto.
2.3. De la cosa juzgada.
Acerca del instituto de la cosa juzgada, resulta pertinente recordar que el artículo 303 8
del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del 306 9 del CPACA,
establece tres (3) presupuestos para su configuración, a saber: (i) el nuevo proceso
debe versar sobre el mismo objeto, es decir, que la pretensión sea idéntica a la
debatida en el anterior trámite en el que se dictó el fallo ejecutoriado, (ii) se debe
fundar en la misma causa, esto es, que entre la demanda y la sentencia proferida en
el anterior asunto haya semejanza en los fundamentos de hecho y de derecho, y (iii)
debe existir identidad jurídica de partes.
Por su parte, el artículo 189 del CPACA, en relación a la cosa juzgada respecto de
sentencias de nulidad dictadas por esta jurisdicción, preceptúa que «La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada (…)».
Sobre este fenómeno de la cosa juzgada, el Consejo de Estado10 precisó:
Para que asistan simultáneamente aquellos tres elementos considera la Corte que al
proceso a) deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados
y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada; b) debe existir identidad de causa
petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener
los mismos fundamentos o hechos como sustento. Pero que cuando además de los
8
«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes».
9
«ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección primera, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso,
sentencia de 1° de agosto de 2013, expediente 11001-03-15-000-2013-01171-00.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
mismos hechos la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa; y c) la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un
derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
Por tanto, la figura de la cosa juzgada tiene como fundamento el principio constitucional
de la seguridad jurídica, por cuanto, una vez en firme las decisiones judiciales, no es
dable que se reabra el debate jurídico zanjado a través de estas con otro proceso
judicial, en atención a la intangibilidad e inmutabilidad que adquieren ante su ejecutoria.
Ahora bien, respecto del fenómeno de la cosa juzgada en aquellas controversias en
las cuales se discute el reconocimiento o reajuste de prestaciones periódicas, la
Subsección ha señalado que, si bien existen pronunciamientos de la Corporación en el
sentido de otorgar a esta figura un alcance relativo, esto es, solo en cuanto a las
mesadas causadas hasta el momento de emisión del respectivo fallo, dicha posición
no es unánime o con alcances unificadores y, por lo tanto, se ha orientado a establecer
que la institución de cosa juzgada guarda alcance absoluto, inmutable y definitivo. Para
una mayor ilustración, se citan los apartes pertinentes sobre el particular.
«[...] comoquiera que las decisiones judiciales tan sólo son vinculantes respecto de las
mesadas que ya fueron objeto de pronunciamiento, más no frente a las que posiblemente
se causen con posterioridad a la ejecutoria de tal providencia11, esta postura no es
unánime porque en 2020 y 2021 la Sección también ha expresado que no es posible
volver sobre materias ya juzgadas, a efectos de modificarlas mediante la adopción
de una nueva providencia; es decir, debe salvaguardarse la institución de la cosa
juzgada, con independencia de que se discuta el reconocimiento de una prestación
periódica, pues se trata de una figura que goza de protección constitucional y garantiza
la seguridad jurídica en el marco de un Estado Social de Derecho (negrillas fuera del
texto)12:
«[e]s relevante precisar que la posición esgrimida por el Tribunal de instancia, en el
sentido de no declarar probada la cosa juzgada, pues a su juicio este fenómeno se
presenta en el caso de marras de forma relativa, no es de recibo para la Subsección, en
consideración a que si bien es cierto mediante providencia del 7 de diciembre de 2017
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de noviembre de 2021, expediente 25000-23-42-000-2018-
00634-01(5385-19).
12
Ibidem.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
se estudió la tesis de «cosa juzgada relativa», también lo es que dicha postura se
replanteó a través del auto del 9 de marzo del 2020 , en el entendido del carácter
imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza.
Por consiguiente, no es posible volver sobre materias ya juzgadas, a efectos de
modificarlas mediante la adopción de una nueva providencia; es decir, debe
salvaguardarse la institución de la cosa juzgada, con independencia de que se
discuta el reconocimiento de una prestación periódica, pues se trata de una figura
que goza de protección constitucional y garantiza la seguridad jurídica en el marco de
un Estado Social de Derecho (negrillas fuera del texto)13
En ese mismo sentido, esta Sección ha señalado que el cambio de precedente
jurisprudencial no puede usarse para afectar situaciones jurídicas consolidadas, ya que
se atentaría contra el principio de la seguridad jurídica 14 e inmutabilidad de la sentencia
judicial. En ese sentido, el precedente judicial no constituye un hecho nuevo ni un motivo
que permita a quienes ya cuenta con una sentencia ejecutoriada acudir nuevamente a
la jurisdicción. Aunque la jurisprudencia puede cambiar con el tiempo, las providencias
judiciales permanecen intactas, «pues las mismas obedecieron a un estudio que en su
momento fue válido»
2.4 Caso concreto
En el asunto sub examine, se tiene que, con anterioridad al presente proceso, el señor
Saulo Jesús Bravo Muñoz presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la extinta CAJANAL, ahora UGPP, (expediente 19001-333-1001-2011-
00473-00), con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones N° 57660 del
31 de octubre de 2006 y N° 61836 del 29 de diciembre de 2008, por medio de las
cuales se negó el reconocimiento a la pensión gracia al accionante.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
«Relata que el señor Saulo Jesús Bravo Castillo, nació el día 28 de octubre de 1.995,
cumpliendo los 50 años el día 28 de octubre de 2.005, que ha laborado por más de veinte
(20) años en el sector oficial como docente vinculado por un ente territorial.
(Nacionalizado).
Relata que el actor se vinculó de la docencia en el orden Territorial por medio del Decreto
770 del 14 de octubre de 1.977 hasta el 7 de mayo de 1.990, para un total de12 años 3
meses y 22 días, como docente nacionalizado, nombrado por la secretaría de Educación
13 Ibidem
14Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, auto del 24 de marzo de 2015, expediente 25000-23-42-000-2013-06326-
01(0619-15).
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
• Gobernación de Nariño; que según el certificado de tiempo de servicio expedido por la misma
entidad, posteriormente fue nombrado como docente nacionalizado mediante el decreto 0865 del
22 de enero de 1.993 expedido por el Gobierno del Cauca, laborando en este mismo cargo hasta el
día 30 de diciembre del 2.005.
Agrega que una vez cumplido el estatus de pensionado, solicitó el certificado de tiempo de servicio
requerido ante la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, el cual fue
expedido, alega, en forma errónea, ya que allí se certifica que el Docente pertenece al régimen
nacional, por lo que solicitó corrección, ya que el Docente fue nombrado por Decreto Departamental
y por ende es un docente de orden territorial, pero el Coordinador de esa entidad, el Señor Julio
César Palomino Urbano, certifica que el Docente pese a que fue nombrado como Docente
Nacionalizado, sus prestaciones pertenecen a la Nación y por lo tanto los certifican como Nacional.
Relata que el día 22 de febrero de 2.006, se procedió a radicar nate CAJANAL la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracias y esta entidad mediante la Resolución N° 57660 del
31 octubre del 2.006, negó el reconocimiento y pago de la misma, por cuanto consideró que el
docente pertenece a la Nación.
La demandada, dando respuesta a una petición radicada ante la entidad el día 22 de febrero de
2.008, expide la Resolución N° 6186 del 29 de diciembre de 2.008, negando nuevamente el
reconocimiento y pago de pensión gracia de jubilación».15 (sic)
De la citada demanda conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Popayán por Descongestión, que, mediante fallo de 29 de noviembre de 2013,
negó las pretensiones de la demanda. Del material probatorio que obra en el
expediente, se advierte que, contra esta decisión la parte actora interpuso
recurso de apelación, la cual, fue confirmada mediante la providencia del 18 de
septiembre de 2014, por el Tribunal Administrativo del Cauca.
En este orden de ideas, se procederá a establecer si en este asunto existe cosa
juzgada frente a las súplicas planteadas dentro del presente medio de control, para lo
cual resulta oportuno analizar a través del siguiente cuadro comparativo si se colman
o no los presupuestos procesales exigidos en el artículo 303 del CGP, para que se
configure ese fenómeno:
Expediente Expediente
19001-333-1001-2011-00473-00 19001-23-33-000-2019-00322-01
(0410-2025) (actual)
Partes: Saulo Jesús Bravo Muñoz, Partes: Saulo Jesús Bravo Muñoz,
contra CAJANAL.16 contra la Unidad Administrativa
15
Índice 06 Samai – expediente digital, carpeta 30CdDVd, archivo 3501.
16
Cajanal EICE se suprimió en virtud del decreto 2196 de 2009. La Ley 1151 de 2009 creó la Unidad especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), entidad que asumió la competencia reconocer los
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Número Interno: 0410-2025
Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
Actos demandados: Resoluciones Actos demandados: Resoluciones
N° 57660 del 31 de octubre de 2006 N° RDP 048214 del 21 de diciembre
y N° 61836 del 29 de diciembre de de 2018, por medio de la cual la
2008, por medio de la cual Cajanal UGPP negó el reconocimiento de la
negó la pensión gracia al señor pensión gracia al señor Saulo Jesús
Saulo Jesús Bravo Muñoz. Bravo Muñoz, y N° RDP 005099 del
18 de febrero de 2019, que resolvió
el recurso de apelación y confirmó la
decisión inicialmente adoptada.
Pretensiones: El demandante Pretensiones: Solicita la anulación
solicitó el reconocimiento y pago de de los aludidos actos administrativos
la pensión gracia. y, como restablecimiento del derecho,
pide el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
Fallo de primera instancia: El Fallo de primera instancia: El
Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de conocimiento declaró
Circuito de Popayán por probada la excepción de cosa
descongestión, con providencia de juzgada, por fallo del 3 de octubre de
29 de noviembre de 2013 negó las 2024.
pretensiones de la demanda.
Fallo de segunda instancia: El
Tribunal Administrativo del Cauca,
con providencia de 18 de septiembre
de 2014, confirmó la anterior
decisión.
Acorde con lo anterior, es posible colegir que, en el presente cuadro comparativo de
las actuaciones procesales, se acreditan los tres presupuestos que configuran la cosa
juzgada, en la medida en que existe:
i) identidad de partes: las partes son las mismas, pues, ambos procesos fueron
instaurados por el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz contra la UGPP.
ii) Identidad de objeto: En los dos expedientes no han sido controvertidos, en su
totalidad, los mismos actos administrativos, lo cierto es que, en los dos procesos, el
objetivo es el reconocimiento de la pensión gracia.
derechos pensionales causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media del orden nacional y de las entidades
públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones respecto de las cuales se hubiera
decretado o se decrete su liquidación. Así mismo, dicha entidad de acuerdo con el Decreto No. 4269 de 2011, expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir del 8 de noviembre de 2011, asumió integralmente el proceso de atención a
los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la radicación de documentos para el trámite de pensiones y prestaciones
económicas a cargo tanto de CAJANAL EICE en Liquidación como de la UGPP
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Número Interno: 0410-2025
Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
En efecto, aun cuando en el primer proceso la demanda estuvo dirigida a que se
declare la nulidad de las Resoluciones N° 57660 del 31 de octubre de 2006 y N° 61836
del 29 de diciembre de 2008, que negaron la pensión gracia al señor Saulo Jesús
Bravo Muñoz, lo cierto es que el Juzgado Primero Administrativo de Circuito de
Popayán analizó el cumplimiento de los requisitos del demandante para negar la
prestación y concluyó lo siguiente:
«En primer lugar, en cuanto a la verificación de los requisitos para ser beneficiario de la
pensión gracia, se comprueba que Saulo Jesús Bravo Castillo nació el 23 de octubre de
1955 (folios 49 del c. principal), por lo que al momento de reclamar la prestación, año
2006, ya contaba con 50 años de edad.
No existe duda en cuanto al tiempo prestado como docente nacionalizado del actor que
del 14 de octubre de 1977 al 7 de mayo de 1990, ya que la entidad lo acepta, para un total
de 4432 días, sin embargo, el tiempo servido al Departamento del Cauca no se le tiene
en cuenta ya que la certificación indicaba que se trataba de un docente nacional, hecho
aceptado por la parte demandante en el libelo inicial y que argumenta se trata de un error
ya que es un docente nacionalizado.
El despacho de origen, por ello decretó prueba de oficio solicitando certificado de tiempo
de servicios al Departamento del Cauca que figura a folios 123 y ss. Del c. de pruebas y
en el cual se marca en la casilla correspondiente al régimen de pensiones, como docente
nacional, por lo cual el actor no cumple con los requisitos requeridos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
[...]
Así las cosas, al no comprobarse el cumplimiento de los requisitos y particularmente el
concerniente a la acreditación de tiempo de servicios como docente nacionalizado, el
despacho concuerda con la demandada en el sentido que los servicios prestados por un
docente de carácter nacional, no tienen vocación para acreditar el requisito de haber
laborado por más de 20 años para la obtención de la pensión gracia, puesto que de
conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, en tal caso, el interesado debe ajustarse a los requisitos previstos en esta norma.
De esta manera, dado que en el presente asunto no se cumple con los requisitos exigidos
en la ley, no tiene el actor derecho al reconocimiento de la pensión gracia consagrada en
la Ley 114 de 1993. En consecuencia, se procederá a denegar las súplicas de la
demanda»17.
17
Índice 06 Samai – expediente digital, carpeta 30CdDVd, archivo 3501.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
En igual sentido, el Tribunal Administrativo del Cauca, al momento de confirmar la
sentencia de primera instancia, determinó que:
«Conforme a las certificaciones que obra en el plenario, se tiene que en el presente caso
el señor SAULO JESÚS BRAVO MUÑOZ laboró como docente de carácter nacionalizado
a cargo de la gobernación de Nariño por el periodo comprendido entre el 14 de octubre
de 1977 al 07 de mayo de 1990, fecha a partir de la cual renunció. Posteriormente se
vinculó en propiedad como Director de la Escuela Rural Mixta PURO PURETO del
municipio de BALBOA CAUCA desde el 01 de diciembre de 1993.
Es decir, la vinculación del actor como docente en el Departamento del Cauca no fue
producto de un traslado, que implicara la continuidad de su nombramiento sin solución de
continuidad. Por el contrario, se certificó que el actor renunció al cargo que venía
desempeñando como docente nacionalizado, y luego de 6 meses se vinculó como
docente en el Departamento del Cauca, en vigencia ya de la Ley 91 de 1989, fecha para
lo cual el servicio educativo estaba catalogado como un servicio público a cargo de la
Nación.
Así las cosas, y dado que en el presente asunto no se logró demostrar que las labores
docentes ejercidas por el actor entre el 01 de diciembre de 1993 y el 30 de diciembre de
2005 fueron de carácter territorial o nacionalizado, comparte la Sala la decisión tomada
por el juzgado de primera instancia, quien de manera acertada negó la prestación
solicitada, pues en virtud de las normas aplicables al caso concreto, la pensión gracia solo
puede ser reconocida a los docentes que hubieran laborado 20 años de servicios en
colegios o establecimientos educativos de carácter departamental, municipal o distrital, y
en el caso concreto, el actor no demostró el cumplimiento de dicho requisito».18
Para la Sala, el problema jurídico dilucidado en el proceso 19001-333-1001-2011-
00473-00 coincide con el de fondo aquí formulado, esto es, determinar si el docente
acreditó los requisitos para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia con
fundamento en los mismos tiempos al servicio docente.
iii) Identidad de causa: Ambas demandas se fundamentan en los tiempos laborados
por el demandante al servicio docente por 12 años 5 meses y 25 días19, hasta el 07
de mayo de 1990.
Ahora bien, los tiempos prestados por el educador desde 1994 en adelante, ya fueron
materia de juzgamiento en la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de
18
Índice 06 Samai – expediente digital, carpeta 30CdDVd, archivo 3501.
Índice 06 Samai – expediente digital, archivo 02 y carpeta 30CdDVd, archivo 3501.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
Popayán, debidamente confirmada por el Tribunal administrativo del Cauca, donde se
consideró que eran nacionales, y que la referida vinculación del actor se debió a la
renuncia al cargo anterior;20 por tanto, no es dable volver a efectuar un estudio sobre
este mismo aspecto.
En ese sentido, la Sala evidencia que, en ambos procesos el objetivo del demandante
es idéntico, toda vez que, pretende la anulación del acto administrativo que negó el
reconocimiento de la pensión gracia al demandado y el que lo confirmó, como se dijo
en líneas anteriores, los argumentos llevados al proceso previo, así como los
presentados en esta demanda son similares, por ello, el juez debía revisar la legalidad
de la resolución por medio de la cual se negó la pensión gracia al señor Saulo Jesús
Bravo Muñoz, por lo que, se concluye que existe identidad de causa.
Ahora, en lo tocante a la alzada formulada por la parte actora, con relación a la
Sentencia de Unificación del 21 de junio de 2018 del Consejo de Estado,21 debe
recordarse lo expuesto por la Sala, la cual, ha señalado que, «[...] las variaciones de los
precedente jurisprudenciales no pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas, ya que se atentaría
contra el principio de la seguridad jurídica 22 e inmutabilidad de la sentencia judicial, mucho menos
cuando lo cierto es que el precedente judicial no constituye un hecho nuevo ni un motivo que permita
a quienes ya cuenta con una sentencia ejecutoriada acudir nuevamente a la jurisdicción, porque aunque
la jurisprudencia puede cambiar con el tiempo, las providencias judiciales permanecen intactas, «pues
las mismas obedecieron a un estudio que en su momento fue válido 23»24. Por lo tanto, la decisión
adoptada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 19001-333-1001-
2011-00473-00, se fundamentó en el derecho vigente en su momento.
Así las cosas, se evidencia que el actor persigue los mismos objetivos del primer
proceso que instauró previamente, por ello, en atención al principio de seguridad
jurídica, que garantiza la estabilidad, firmeza y certeza de las decisiones de la
jurisdicción, y comoquiera que en el sub lite resultan inmodificables, no es procedente,
promover un nuevo proceso con desconocimiento de aquel mandato superior
(seguridad jurídica).
20
Índice 06 Samai – expediente digital, carpeta 30CdDVd, archivo 3501.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2018, expediente 25000-23-42-000-2013-
04683-01(3805-14)
22
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, auto del 24 de marzo de 2015, expediente 25000-23-42-000-2013-06326-
01(0619-15).
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 26 de octubre de 2017, expediente 76001-23-33-000-2013-
00041-01(0692-16).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de mayo de 2025, expediente 25000-2342-000-2012-
01645-02 (1181-2021).
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
Por consiguiente, respecto de las pretensiones de la demanda del proceso de la
referencia se cumplen los requisitos para la configuración de la cosa juzgada, al existir
identidad de objeto, identidad causa e identidad de partes, lo cual, de ninguna manera
quebranta derecho fundamental alguno del actor, sino que, por el contrario, garantiza
el acceso a la administración de justicia dentro de los parámetros de justicia, igualdad
y seguridad jurídica.
2.5 Sobre la condena en costas
No habrá lugar a la condena en costas de segunda instancia, ya que no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el
artículo 365 del Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es
suficiente el simple resultado adverso del proceso25.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá
condena en costas en esta instancia.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cauca, que declaró probada la excepción de cosa juzgada, propuesta por la
demandada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de octubre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Cauca declaró probada la excepción de cosa juzgada
25
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-
2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Demandante: Saulo Jesús Bravo Muñoz
Demandado: UGPP
en el proceso promovido por el señor Saulo Jesús Bravo Muñoz contra la UGPP, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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