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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00472-01

Compatibilidad entre salario y pensión

Fecha
20 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
653 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00472-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Es procedente que una docente perciba simultáneamente salario y pensión de jubilación, atendiendo su calidad de docente?

Reglas

  1. Los maestros oficiales pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna incompatibilidad.

    «pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en»
  2. El personal docente está exceptuado de la prohibición de doble asignación del tesoro público del artículo 128 de la Constitución, en atención al artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

    «De suerte que, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble»
  3. La incompatibilidad que el Decreto 1278 de 2002 imponía entre el ejercicio docente y la pensión de jubilación fue declarada inexequible, por lo que no restringe la compatibilidad.

    «No obstante, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1157 de 2003 declaró»
  4. No procede condena en costas cuando no se evidencia temeridad ni mala fe, pues el simple resultado adverso del proceso no basta.

    «constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente»

Decisión

Confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones: la docente puede percibir la pensión de jubilación desde que adquirió el estatus pensional, sin condicionar el disfrute al retiro del servicio. No se impone condena en costas en segunda instancia.

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Ludibia Lasso Gutiérrez en contra de la Nación, Ministerio 5 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33- 000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez. Número Interno: 1251-2024 Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2020-00472-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Demandante : Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Compatibilidad entre salario y pensión de docente
vinculado antes de la Ley 812 de 2003
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 25 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora
Ludibia Lasso Gutiérrez en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

La señora Ludibia Lasso Gutiérrez, por conducto de apoderado, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA1), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad (i) de la Resolución 201950100875 del 21 de octubre de 2019,
por medio de la cual la Secretaría de Educación de Medellín, en representación de

1
En adelante CPACA.

Número Interno: 1251-2024
Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), le reconoció una pensión de jubilación, condicionando el
disfrute de la prestación al retiro definitivo del servicio; y (ii) del acto ficto presunto,
a través del cual se confirmó la resolución anterior, ante el recurso de reposición
que se interpuso el 20 de noviembre de 2019, con radicado 201910417794.

A título de restablecimiento del derecho, deprecó condenar a la accionada a (i)
reconocer, liquidar y pagar a su favor la pensión de jubilación, a partir del 4 de marzo
de 2019; (ii) indexar o actualizar las sumas en la forma prevista en el artículo 187
del CPACA; (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192
ejusdem; y (iv) pagar las costas del proceso.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

1. La Secretaría de Educación del municipio de Medellín, en representación de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), por medio de la Resolución 201950100875 del 21 de octubre
de 2019, le reconoció a la actora la pensión de jubilación como docente vinculada
directamente a la planta de cargos del municipio de Medellín, por haber laborado
más de 20 años en el sector público docente y cumplir 55 años de edad.

2. En uno de los apartes de la resolución que le reconoció la pensión a la accionante,
se definió que esa prestación se haría efectiva a partir de la fecha de su retiro de la
entidad y no desde el cumplimiento del estatus pensional. La anterior decisión fue
objeto de recurso de reposición, interpuesto el 20 de noviembre de 2019 bajo el
radicado 201910417794.

3. La Secretaría de Educación del municipio de Medellín, en representación de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), no emitió respuesta al recurso de reposición que presentó la
actora el 20 de noviembre de 2019, por lo que se configura el acto administrativo
ficto presunto, por medio del cual el secretario de educación del municipio de
Medellín decidió confirmar los apartes recurridos de la Resolución 201950100875
del 21 de octubre de 2019.

4. La demandante adquirió el estatus de pensionada el 4 de marzo de 2019, tal
como lo indica el numeral 8 de los considerandos de la Resolución 201950100875
del 21 de octubre de 2019.

Número Interno: 1251-2024
Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

5. Se vulnera el derecho de igualdad, toda vez que los pares o similares, como son
los docentes departamentales, nacionales y nacionalizados reciben el pago de su
mesada pensional a partir del cumplimiento del estatus, como es el caso de la
docente Carmen Dorelly Cañas Valencia, identificada con cédula de ciudadanía
43.014.307, a quien el municipio de Medellín le reconoció la pensión de jubilación
mediante la Resolución 014781 del 1º de diciembre de 2015 y en cuyo artículo
primero le reconocieron su pensión a partir del 3 de septiembre de 2015, fecha de
cumplimiento de su estatus pensional, por el hecho de ser docente de vinculación
departamental.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora citó como desconocidas las siguientes normas:

Constitución Política, artículo 13.
Ley 224 de 1972, artículo 5°.
Ley 100 de 1993, artículo 279.
Ley 812 de 2003, artículo 81.
Decreto 2285 de 1995, artículo 1°.

Como concepto de violación, hizo alusión al contenido de las normas en referencia
e indicó que se vulnera su derecho a la igualdad, toda vez que los pares o similares,
como son los docentes departamentales, nacionales y nacionalizados reciben el
pago de su mesada pensional a partir del cumplimiento del estatus, en otras
palabras, a situaciones idénticas les da un trato diferente.

Agregó que los docentes tienen derecho a percibir simultáneamente pensión,
prestaciones y salario, para lo cual resaltó que aquellos están exceptuados de la
aplicación de la Ley 100 de 1993, según la cual las prestaciones a cargo del FOMAG
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneración. Para
sustentar lo anterior, citó varias sentencias del Consejo de Estado.

2. Contestación de la demanda.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), por intermedio de apoderado, se opuso a la

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Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

prosperidad de las pretensiones de la demanda, al estimar que carecen de sustento
fáctico y jurídico necesario para su prosperidad.

Destacó que los actos administrativos demandados se encuentran amparados por
la presunción de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del
CPACA y, además, la parte actora no acredita que los mismos hayan sido expedidos
con infracción de las normas en que debían fundarse, o sin competencia, en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Indicó que es improcedente acceder a las pretensiones de la actora respecto de la
compatibilidad entre la pensión de jubilación y la retribución que recibe con ocasión
al ejercicio de la docencia, porque va en contravía de lo dispuesto por el Legislador
en el artículo 128 de la Constitución Política Colombiana de 1991.

Asimismo, precisó que el régimen jurídico aplicable a la demandante corresponde
a una docente vinculada como territorial de carácter municipal financiada con
recursos propios del municipio de Medellín conforme a los convenios, acuerdos y
disposiciones legales reguladoras de las formas de vinculación al servicio docente,
por lo que es acreedora de lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 71 de 1988, según
el cual las pensiones se hacen efectivas a partir del retiro definitivo del derecho.

Formuló como excepciones las denominadas «litisconsorcio necesario por pasiva» al
considerar que debe vincularse al municipio de Medellín, «legalidad de los actos
administrativos atacados de nulidad» porque estima que el acto se encuentra ajustado a

derecho, «inexistencia de la obligación» dado que la pensión de jubilación se otorgó
conforme a la norma, «cobro de lo no debido» respecto a lo que resaltó que la
pensiones de los empleados oficiales deben liquidarse sobre lo que haya servido de
base para calcular los aportes, y «caducidad», «prescripción», «compensación»,
«sostenibilidad financiera», «buena fe» y «la genérica» al señalar la importancia de esos
conceptos y que de ser probados se declaren en la sentencia.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 25 de
octubre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. Específicamente,
dispuso:

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Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

«TERCERO. Como restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación-Ministerio de
Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagar a la señora
Ludibia Lasso Gutiérrez la pensión de jubilación, desde el momento en que adquirió el
estatus pensional, esto es, el 4 de marzo de 2019. Sobre las mesadas adeudadas,
deberá realizarse los descuentos para el sistema de salud en los porcentajes previstos
en la Ley.
[…]
SEXTO. Sin condena en costas, de conformidad con la parte motiva.»

Para el efecto, la autoridad judicial consideró que es procedente la solicitud de
nulidad parcial de la resolución demandada, por cuanto la actora al ser docente
goza del beneficio relativo a percibir la pensión de jubilación y el salario de manera
simultánea, pues se encuentra prevista la compatibilidad entre estos.

Al respecto, resaltó que los docentes están exceptuados de la prohibición prevista
en el canon 128 Superior, de acuerdo con lo señalado en el literal g) del artículo 19
de la Ley 4ª de 1992, el cual aplica para quienes se jubilen con posterioridad a dicha
preceptiva y en atención a las previsiones del artículo 5 del Decreto 224 de 1972
que dispone expresamente la compatibilidad del ejercicio docente con el disfrute de
la pensión de jubilación, sumado a que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
refrenda que no es aplicable esta última norma a los afilados al FOMAG.

En cuanto a la prescripción señaló que no se configuró, dado que la reclamación de
la pensión se presentó el 24 de abril de 2019, esto es, dentro de los tres años
siguientes a la exigibilidad del derecho (4 de marzo de 2019) y la demanda se radicó
el 14 de febrero de 2020, es decir, igualmente en el término de los tres años.

Por último, indicó que, en el presente asunto, se encuentra que no se aportaron los
elementos probatorios que den cuenta de la causación de las costas, motivo por el
cual, no procede la condena en costas de la parte demandada que fue la derrotada
en el proceso.

4. El recurso de apelación.

La demandada, por intermedio de apoderada, recurrió la decisión de primera
instancia, para lo cual se remitió a los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.

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Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
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5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto del 18 de junio de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la demandada, y se prescindió del traslado para
alegatos, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)2, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala de Subsección determinar si es procedente que la docente
Ludibia Lasso Gutiérrez perciba simultáneamente salario y pensión de jubilación,
atendiendo su calidad de docente.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. análisis del caso concreto; y 2.2. condena en costas.

2.1. Análisis del caso concreto.

En el sub lite se observa que la Secretaría de Educación del municipio de Medellín,
a través de la Resolución 201950100875 del 21 de octubre de 2019 le reconoció a
la señora Ludibia Lasso Gutiérrez una pensión de jubilación por el valor mensual de

2
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
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$ 3.898.985, condicionado su disfrute al momento en el que se acredite el retiro
definitivo del servicio, como docente de vinculación municipal.

Sobre el particular, se destaca que, en el acto administrativo referido, en el artículo
tercero se precisó que el valor reconocido se pagaría con cargo a la cuenta del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a través de la
entidad fiduciaria, previas las deducciones ordenadas en la Ley 91 de 1989, Ley
812 de 2003 (artículo 81), Ley 1122 de 2007, Ley 1250 de 2008 y el Decreto 2341
de 2003.

Igualmente, en la resolución de la referencia se precisó que la actora está vinculada
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) desde el 23
de marzo de 1996 y la fecha del estatus lo adquirió el 4 de marzo de 2019,
encontrándose igualmente afiliada al fondo en mención, por lo que se le aplicó la
Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio y 55 años de edad.

Al respecto, se resalta que el juez de primera instancia, al efectuar un análisis dejó
claro que la prestación económica reconocida deberá pagarse a partir de la fecha
de consolidación del estatus pensional, por cuanto no es necesario acreditar el retiro
del servicio.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación, en el que expuso su
inconformidad con la compatibilidad entre el salario de la docente Lasso Gutiérrez,
quien continua en servicio activo, y la mesada pensional en los términos que le fue
ordenado el reconocimiento.

En ese orden, esta Sala de Subsección analizará si la pensión de jubilación resulta
compatible con el salario que percibe la docente, al encontrarse activa en el servicio
educativo oficial.

Pues bien, la Constitución Política de 1886 introdujo la prohibición de recibir más de
un salario del tesoro público o de empresas e instituciones en las que el Estado
tuviera participación, salvo las excepciones establecidas por la ley. El artículo 64
indicó textualmente:

«Nadie podrá recibir más de una asignación del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales

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determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la nación, los departamentos
y los municipios.»

Posteriormente, el Decreto Ley 1317 de 1960 reiteró esta prohibición, incluyendo
algunas excepciones de la siguiente manera:

«Artículo 1º: Nadie podrá recibir más de una asignación del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones
que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo. »

En relación con el ejercicio de la docencia como una de las excepciones
mencionadas, el Decreto 224 de 1972 dispuso en el artículo 5º:

«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para
la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta
y cinco (65) años de edad.»

Por su parte, el Decreto 1042 del 7 de junio de 1978, que establece el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos en los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, entre otras cosas, prorrogó la
excepción en los mismos términos mencionados, como se detalla a continuación:

«Artículo 32: "De la prohibición de recibir más de una asignación. De conformidad con
el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado público podrá recibir más
de una asignación del tesoro, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal
el Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión o de honorarios.

Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones que
a continuación se determinan:

a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo.»

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Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
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Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reafirmó la prohibición de
recibir doble asignación del tesoro público, en los siguientes términos:

«Artículo 128: Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.»

De acuerdo con lo anterior, queda claro que la prohibición constitucional de percibir
doble asignación del tesoro público se refiere a i) desempeñar dos empleos de
forma simultánea y/o ii) recibir más de una asignación del tesoro público.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 3 ha indicado que el
contenido de este precepto, al referirse a la noción de asignación del tesoro público,
debe entenderse de manera irrestricta.

En ese entendido, el artículo 128 de la Constitución fue desarrollado por la Ley 4ª
de 1992, que respecto a estas restricciones dispuso lo siguiente:

«Artículo 19: Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.»

3
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 10 de mayo de 2001 y del 8 de mayo de 2003.

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La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-133 de 1993, declaró la
exequibilidad de esta norma, indicando que tal precepto se ajusta al postulado
relativo a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario, basado en los
siguientes planteamientos:

«Si bien es cierto que en el artículo 128 de la Constitución se consagra una
incompatibilidad, no lo es menos que ésta está íntimamente relacionada con la
remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la
concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir
más de una asignación del erario público. El término 'asignación' comprende toda clase
de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4ª de 1992, sin contravenir mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiera concluido que el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser
regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, pues el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. »

La Sala advierte que la excepción a la prohibición en comento también fue planteada
por el legislador en desarrollo del régimen general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993, toda vez que en el artículo 279, inciso 2º, se consagró expresamente
la compatibilidad de las prestaciones y salarios docentes de la siguiente forma:

«Artículo 279: Excepciones. (…) Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.»

En este sentido, para la Sala reviste suficiente claridad el hecho que el goce de la
pensión de jubilación de los educadores, como es el caso de la demandante, no es
incompatible con el ejercicio de empleos docentes. Dicho de otra manera,
legalmente les está permitido a los docentes percibir la pensión de jubilación y el
salario, simultáneamente.

Al respecto, en sentencia del 14 de agosto de 2009, esta Corporación expresó lo
siguiente:

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«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de la Ley
4 de 1992 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada en
vigencia, sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con
posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la que les
permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el
contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual 'el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.'

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad demandada
al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con anterioridad a su entrada
en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a los beneficios que para la fecha
de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992, cobijan a los docentes que adquieran
la calidad de pensionados.»

Cabe recordar que la única disposición legal que de forma textual estableció una
incompatibilidad entre el salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el
Decreto 1278 de 2002, por el cual se expidió el estatuto de profesionalización
docente, que estableció lo siguiente:

«Artículo 45: Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos
los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es
incompatible con:

a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido; b) El goce de la
pensión de jubilación, vejez, gracia o similares. »

No obstante, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1157 de 2003 declaró
inexequible dicha norma bajo los siguientes postulados:

«[...] una norma habilitante debe conferir facultades concretas para modificar el régimen
disciplinario, si el Congreso desea atribuir al Gobierno facultades extraordinarias para
reformar la estructura de la falta disciplinaria o el régimen de los deberes y prohibiciones
de un servidor público; pero eso no significa que la concesión de facultades para un
cambio de una ley, que no tenga relación directa con el régimen disciplinario, exija
igualmente que la norma habilitante prevea que el Gobierno también puede reformar el
régimen disciplinario. Ahora bien, en el presente caso, el artículo 111, numeral 2 de la
Ley 715 de 2001 no atribuyó competencia al Gobierno para modificar el régimen
disciplinario de los educadores, y sin embargo el Ejecutivo expidió el artículo 41 del
Decreto 1278 de 2002, que realmente tiene implicaciones disciplinarias específicas,
pues modifica el régimen de deberes de los docentes y directivos docentes, lo cual
implica una alteración del contenido particular de las posibles faltas disciplinarias de

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estos servidores públicos. 19- Las anteriores consideraciones son suficientes para
concluir que el artículo 45, referido a las incompatibilidades, fue también expedido
excediendo las facultades que le fueron otorgadas al Gobierno. En efecto, una
incompatibilidad implica una prohibición para un servidor público de realizar otros oficios
u actividades, mientras se desempeña como servidor público. La violación del régimen
de incompatibilidades tiene obvias consecuencias disciplinarias, por lo que el Gobierno
no podía reformar dicho régimen, puesto que el Congreso no lo habilitó expresamente
para tal efecto. Por tanto, es evidente que el ejecutivo desbordó las facultades
conferidas y por tanto el artículo 45 deberá ser declarado inexequible. »

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública4.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en
ninguna incompatibilidad.

De suerte que, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble
asignación del tesoro público, consagrada en el artículo 128 de la Constitución
Política, en atención a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
situación que ha permanecido en el tiempo desde la promulgación del Decreto 224
de 1972, inclusive; en ese orden, aquellos pueden seguir ejerciendo la docencia y
percibir, además, su mesada pensional.

En ese contexto, en el caso concreto, la demandante tiene derecho a percibir la
pensión de jubilación en los términos que el a quo ordenó, es decir, desde el
momento en el que adquirió el estatus sin condicionar el disfrute al retiro del servicio

4
A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio de 2023,
rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Número Interno: 1251-2024
Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

docente.

Por último, se comparte el análisis efectuado por el Tribunal respecto a la
prescripción, dado que no operó atendiendo que la reclamación data del 24 de abril
de 2019 y la exigibilidad del derecho surgió el 4 de marzo de 2019, sumado a que
la demanda se radicó el 14 de febrero de 2020.

2.2. Condena en costas.

No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que tal norma otorga al
juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la
actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y
constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente
el simple resultado adverso del proceso5.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se
condenará en costas en esta sede.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la
señora Ludibia Lasso Gutiérrez en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda
instaurada por la señora Ludibia Lasso Gutiérrez en contra de la Nación, Ministerio

5
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

Número Interno: 1251-2024
Demandante: Ludibia Lasso Gutiérrez
Demandada: Nación – Ministerio de Educación - FOMAG

de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, por Secretaría, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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