Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02039-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02039-01 (0226-2025)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Demandada: Jorge Arturo Sánchez Mejía
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Incompatibilidad entre pensiones de vejez -
devolución de dineros
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandante.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por intermedio
de apoderada judicial, acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1
Expediente electrónico.
2
Actuaciones visibles en el Tribunal de origen, índice 00035 de Samai, expediente digital, link 000 2021 02039 –
LESIVIDAD, archivos «01 CC_8235063_Jorge_Sanchez_Demanda».
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
2. Resolución No. 13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), por
medio de la cual reconoció una pensión de vejez al demandado.
3. Resolución No. 13132 del Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Once (2011),
a través del cual Colpensiones dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso laboral
ordinario No. 0500131050022007036500, el cual condenó al Instituto de
Seguros Sociales al pago de unos intereses moratorios a favor del accionado.
4. Resolución No. SUB 237515 del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021), mediante la cual Colpensiones da cumplimiento al fallo de
tutela emitido por el Tribunal Superior Sala Segunda De Decisión Laboral De
Medellín del Seis (6) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), en el sentido
de dejar sin efectos la Resolución SUB 255285 del Veinticinco (25) de
noviembre de Dos Mil Veinte (2020), que ordenó revocar las Resoluciones
13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004) y, 13132 del Diecinueve
(19) de mayo de Dos Mil Once (2011).
5. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reintegro de la suma
de Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Veinte Mil Trescientos
Sesenta y Un Pesos ($694.620.361), por concepto de mesadas, retroactivo,
aportes a salud y/o fondo de solidaridad pensional recibidos respecto del
periodo comprendido entre el Seis (6) de febrero Dos Mil Cuatro (2004) hasta
el Treinta (30) marzo Dos Mil Veintiuno (2021), con ocasión del reconocimiento
de la pensión de vejez en forma irregular, más las sumas que se llegaren a
causar a su favor; (ii) la indexación de las sumas reconocidas; (iii) el pago de
los intereses moratorios y; (iv) la condena en costas a la demandada.
1.1. 2 Hechos
6. Colpensiones señaló que, el señor Jorge Arturo Sánchez Mejía presentó el
Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Cuatro (2004) solicitud de reconocimiento
y pago de pensión mensual vitalicia de vejez, la cual fue reconocida mediante
Resolución No. 13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), por
3
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
parte del extinto Instituto de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 758 de 1990, fijando una mesada inicial de Un Millón Novecientos
Ochenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos ($1.987.639). La
liquidación se efectuó con base en 1.178 semanas cotizadas, un ingreso base
de liquidación (IBL) de Dos Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Doscientos
Treinta y Siete Pesos ($2.366.237) y una tasa de reemplazo del 84%, con
efectos fiscales a partir del Seis (6) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004),
incluyendo un retroactivo por valor de Quince Millones Quinientos Sesenta y
Nueve Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos ($15.569.839).
7. Indicó que, a través de la Resolución No. 13132 del Diecinueve (19) de mayo
de Dos Mil Once (2011), dio cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral
No. 0500131050022007036500, el cual condenó al Instituto de Seguros
Sociales al pago de intereses moratorios sobre mesadas pensionales,
conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por la suma de Un Millón
Ochocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos ($1.833.961).
8. Sostuvo que, el Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), el
señor Sánchez Mejía presentó nueva solicitud, esta vez orientada a la
reliquidación de su pensión de vejez, radicada bajo el No. 2017_1749788 y
que, con ocasión de dicha solicitud, se profirieron los Autos de Prueba No.
APSUB 151 del Diez (10) de marzo de Dos Mil Siete (2017) y APSUB 1145 del
Veintinueve (29) de abril siguiente, mediante los cuales se requirió la a
Universidad Nacional de Colombia aportar copia de la resolución por la que le
reconoció la pensión de jubilación o, en su defecto, certificación que acreditara
si era o no beneficiario de dicha prestación.
9. Expuso que, mediante comunicado del Primero (1) de septiembre de Dos
Mil Diecisiete (2017), la Universidad Nacional de Colombia informó que, tras
verificar las bases de datos del Fondo Pensional, se constató que la Caja de
Previsión Social —hoy Fondo de Pensiones— reconoció al demandado
pensión de vejez con cuotas partes mediante Resolución 3272 P.V. de 2004,
modificada por la Resolución 3427 de 2005, con efectos fiscales a partir del
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), en aplicación de la Ley 33 de
1985.
10. Asimismo, indicó que, antes de expedir dicho acto, la Caja consultó al
Instituto de Seguros Sociales sobre una eventual concurrencia en la
financiación de la prestación, pero esta entidad manifestó que no le
correspondía participar, por cuanto los aportes anteriores a la Ley 100 de 1993
estaban dirigidos a una pensión de vejez bajo sus propios reglamentos. En
consecuencia, procedió con la devolución de los aportes anteriores a 1994
conforme a lo previsto en la Ley 549 de 1999.
11. Adujo que, el solicitante ya era beneficiario de una pensión de jubilación
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia desde el Dieciséis (16)
de julio de Dos Mil Cuatro (2004), por lo que, a su juicio, no existía
compatibilidad pensional, dado que la Ley 100 de 1993 y el artículo 128 de la
Constitución prohíben percibir simultáneamente dos asignaciones del tesoro
público por la misma contingencia.
12. En ese sentido, señaló que, con fundamento en la Resolución 555 de 2015,
inició una investigación administrativa especial para revisar el reconocimiento
de la pensión otorgada mediante Resolución 13778 de 2004 y que, como
resultado de dicha investigación, formalizada mediante Resolución SUB 1792
de 2017, concluyó que el reconocimiento pensional se habría producido bajo
presunto fraude, al advertirse que el interesado manifestó no recibir otra
prestación estatal y omitió informar que adelantaba trámites pensionales ante
dos entidades por el mismo riesgo.
13. En consecuencia, mediante Resolución SUB 255285 de 2020, dispuso la
revocatoria del reconocimiento pensional y realizó un nuevo estudio para
determinar el tiempo cotizado y las condiciones del afiliado, certificándose
además que se habían pagado Seiscientos Noventa y Cuatro Millones
Seiscientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos ($694.620.361), por
concepto de mesadas y retroactivos. No obstante, el Tribunal Superior de
Medellín dejó sin efectos dicha revocatoria y ordenó reactivar la pensión,
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
decisión que fue cumplida por Colpensiones; pese a ello, la entidad promovió
demanda con el fin de obtener la nulidad de los actos y el reintegro de las
sumas pagadas, al considerar que el reconocimiento fue fraudulento.
1.2. Concepto de violación
14. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:
15. Acto legislativo 01 de 2005.
Ley 100 de 1993, artículos 33, 36 y 141.
Decreto 758 de 1990.
16. Adujó que, los actos administrativos acusados trasgreden la normatividad
existente, toda vez que, para el reconocimiento se tuvo en cuenta información
incorporada de forma fraudulenta en la historia laboral, en la cual se certificaba
una relación laboral inexistente y se solicitaba el pago de un cálculo actuarial
correspondiente a períodos falsos, con el propósito de obtener un beneficio
ilícito. En consecuencia, señaló que, el reconocimiento y pago indebido de la
prestación económica implica una transgresión directa de la Constitución, lo
que hace necesaria la intervención judicial para su declaratoria y el
consecuente restablecimiento del orden jurídico.
2. Contestación de la demanda3
17. El señor Jorge Arturo Sánchez Mejía, a través de apoderada judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que, no existió fraude ni
mala fe en el reconocimiento de la pensión, pues, esta se otorgó con
cumplimiento de los requisitos legales y documentos auténticos, sin que exista
investigación o condena penal que respalde las acusaciones de Colpensiones.
18. Sostuvo que las dos pensiones son compatibles, ya que se originan en
fuentes y períodos de servicio diferentes, que los actos administrativos que las
reconocieron están amparados por la presunción de legalidad y que siempre
3
Actuaciones visibles en el Tribunal de origen, índice 00013 de Samai.
6
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
obró de buena fe. Asimismo, afirmó que, al momento de solicitar la pensión
ante el ISS no tenía reconocida ni estaba percibiendo la de la Universidad
Nacional y que, además, Colpensiones tenía conocimiento de ese trámite, por
lo cual no existió ocultamiento.
19. Propuso las excepciones, que denominó: «cobro de lo no debido»; «principio de
la confianza legítima»; «falta de causa para pedir»; «buena fe»; «mala fe»; «prescripción»;
«caducidad»; «imposibilidad en condena en costas a cargo del demandado»; y «la genérica».
3. Sentencia de primera instancia4
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del Veintiséis (26) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
negó las pretensiones de la demanda, con condena en costas a la
demandante.
21. Como fundamento de la decisión, adujo que, era viable percibir dos
asignaciones, una por servicios prestados al sector público y, la otra, por
servicios prestados a particulares.
22. Sobre el particular hizo énfasis en la jurisprudencia de esta Corporación y,
citó la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Diecinueve (19) de
febrero de Dos Mil Quince (2015)5, con el fin de resaltar que, «[…] el A - quo se
equivocó al concluir que en este caso no procedía el pago de la pensión reclamada, bajo el
argumento de que no es posible devengar dos pensiones que tienen igual naturaleza y
amparan el mismo riesgo, pues como quedó visto, tales emolumentos no se oponen a lo
señalado en la norma constitucional que prohíbe, salvo excepciones, a percibir una pluralidad
de asignaciones provenientes del Tesoro Público».
23. En ese sentido, resaltó que, al señor Sánchez Mejía le fueron reconocidas
dos pensiones para cubrir el riesgo de vejez: una por el Instituto de Seguros
Sociales y otra por la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional, esta
última mediante Resolución 3272 P.V. de 2004, modificada por la Resolución
4
Actuaciones visibles en el Tribunal de origen, índice 00028 de Samai.
5
Radicado 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13), C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
3427 de 2005 y; advirtió que las cotizaciones que dieron origen a cada
prestación provienen de vínculos laborales distintos.
24. Asimismo, expuso que, el demandado cotizó ante la Caja de Previsión
Social de la Universidad Nacional por sus servicios como instructor asociado
y profesor asistente por horas cátedra entre 1972 y 2004, mientras que ante el
Instituto de Seguros Sociales efectuó aportes derivados de labores
desempeñadas en el sector privado entre 1967 y 1994. En consecuencia,
concluyó que, al tratarse de pensiones originadas en fuentes y servicios
diferentes una del sector público y otra del sector privado resultan compatibles,
razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.
4. El recurso de apelación6
25. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por
intermedio de apoderado judicial, impetró recurso de apelación, contra la
sentencia de primera instancia, en procura que se revoque lo allí decidido y,
en su lugar, se declare la nulidad del acto que reconoció la pensión de vejez.
26. Como fundamento de la alzada, adujo que, el acto fue expedido con
violación de las normas aplicables y con fundamento en información
fraudulenta incorporada a la historia laboral, pues, se computaron más de
1.300 semanas incluyendo períodos inexistentes y, se solicitaba el pago del
cálculo actuarial de unos periodos laborales falsos con el fin de obtener un
provecho ilícito
27. Señaló que, el demandado afirmó no recibir otra pensión, pese a gozar de
una otorgada por la Universidad Nacional, además de omitir que tramitaba
simultáneamente solicitudes ante dos entidades por el mismo riesgo.
28. Finalmente, afirmó que el reconocimiento se obtuvo mediante inducción en
error, con afirmaciones falsas bajo juramento y presunta presentación de
documentación no verídica, conductas que podrían configurar fraude procesal
6
Actuaciones visibles en el Tribunal de origen, índice 00031 de Samai.
8
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
y falsedad documental. Por ello, consideró ajustada la revocatoria del acto
administrativo realizado por la entidad y, concluyó que, la nulidad debe
conllevar la devolución de las sumas pagadas.
5. Trámite de segunda instancia
29. Por medio de auto del Cuatro (4) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7,
el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo. La parte demandada no se
pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
30. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
31. De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 8 del
Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2 Problema jurídico
32. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
7
Samai - índice 00007.
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
9
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
demandante, corresponde a la Sala establecer si revoca el fallo dictado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda.
33. Para el efecto, se analizará si: (i) son compatibles las pensiones de vejez
reconocidas al señor Jorge Arturo Sánchez Mejía por el Instituto de Seguro
Social ISS, hoy – Colpensiones y por la Caja de Previsión Social de la
Universidad Nacional de Colombia y; (ii) se debe ordenar a la devolución de
los pagos por concepto de mesadas, retroactivo, aportes a salud y/o fondo de
solidaridad pensional, en favor del demandado.
34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas
recaudadas; y 2.5. Caso concreto.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial9
35. En este asunto, la Sala parte de recordar que, la incompatibilidad para
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público, encuentra su
fundamento directo en el artículo 128 de la Constitución Política, disposición
que, consagra una regla general orientada a preservar la moralidad
administrativa, la equidad en el acceso a los recursos públicos y la
sostenibilidad del gasto estatal.
36.Tal prohibición, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta
Corporación10, comprende las pensiones de jubilación reconocidas por
entidades públicas, en cuanto constituyen asignaciones periódicas financiadas
con recursos del erario.
37. Sobre el alcance de dicha regla, la Corte Constitucional ha señalado que
«la prohibición de recibir más de una asignación del tesoro público responde a la necesidad
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 5 de febrero de 2026, rad. 25000-23-42-000-
2019-00934-01(2866-2025). C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
10
Ver sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, rad. 05001-23-31-000-
2003-02191-01, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 25 de agosto de 2016, rad.
11001-03-25-000-2012-00369-00
10
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
de evitar privilegios injustificados y de garantizar una distribución equitativa de los recursos
estatales»11, precisando que su aplicación no desconoce el derecho a la
seguridad social, sino que lo armoniza con el interés general.
38. En el ámbito legal, el régimen de incompatibilidades en materia prestacional
se desarrolla, entre otras disposiciones, en el artículo 31 del Decreto 313512
de 1968 y el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, normas que establecen que
las prestaciones sociales incompatibles no pueden disfrutarse
simultáneamente y que, en caso de concurrencia, el interesado debe optar por
la más favorable.
39. Sin embargo, esta Sección, ha advertido de manera reiterada que, estas
disposiciones no pueden interpretarse de forma aislada ni literal, pues su
aplicación debe realizarse dentro del marco constitucional y bajo el control del
juez administrativo.
40. Así, la jurisprudencia de esta Sala, ha construido una línea, según la cual,
la función del juez contencioso administrativo no se agota en constatar la
existencia de una incompatibilidad, sino que se extiende a la definición de sus
efectos jurídicos concretos. Así, se ha señalado que «la declaratoria de
incompatibilidad entre prestaciones periódicas a cargo del erario impone al juez el deber de
precisar sus efectos, en particular, determinar cuál prestación subsiste, desde cuándo y bajo
qué condiciones»13, en esa misma dirección, esta Subsección, ha enfatizado que,
no resulta conforme al ordenamiento jurídico proferir decisiones incompletas o
condicionadas, que trasladen al beneficiario la definición de aspectos
esenciales del fallo.
41. Al respecto, se ha precisado que «la incompatibilidad no puede quedar reducida a
una declaración abstracta ni sus efectos diferirse a una actuación posterior del interesado,
pues corresponde al juez, como garante del orden jurídico, resolver de manera integral la
situación jurídica debatida»14.
11
Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2015.
12
«ARTÍCULO 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado
o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.»
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 10 de junio de 2021, rad. 73001-23-33-000-2019-00022-01
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia 00994 de 2018
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
42.Entonces, cuando el juez advierte que, dos pensiones de jubilación
reconocidas por entidades públicas distintas, resultan incompatibles, su labor
no consiste únicamente en anular el acto administrativo que dio lugar a la doble
asignación, sino en definir de manera expresa y directa, cuál de las
prestaciones debe mantenerse y cuál debe cesar.
43. Esta exigencia, se encuentra estrechamente vinculada con los principios
de seguridad jurídica y equidad, en la medida en que, evita decisiones
fragmentarias, incertidumbre sobre la situación prestacional del beneficiario y
eventuales tratamientos desiguales, frente a casos similares.
44. La Sala ha explicado que, dejar la decisión en manos del beneficiario,
mediante el ejercicio del denominado derecho de opción, puede resultar
problemático, cuando no existe una delimitación judicial previa, pues ello
«desdibuja la función jurisdiccional y puede conducir a soluciones contrarias
al interés general y al equilibrio del sistema pensional»15. Por esta razón, el
derecho de opción ha sido entendido, no como una facultad absoluta del
pensionado, sino como un elemento que debe operar dentro de los parámetros
fijados por el juez, y no en sustitución de su función decisoria.
45. Ahora bien, para definir cuál prestación debe subsistir, la jurisprudencia ha
admitido la utilización de criterios objetivos y verificables, entre los cuales se
destacan la prioridad temporal en el reconocimiento y la mayor favorabilidad
económica, siempre que su aplicación sea razonada y compatible con el marco
constitucional. En este sentido, la Sala ha indicado que «la determinación de la
prestación subsistente debe responder a criterios que permitan armonizar la protección del
derecho pensional con los principios de equidad y sostenibilidad financiera del sistema»16.
2.3.1 Devolución de sumas pagadas17
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de noviembre de 2022, rad. 25000-23-42-000-2015-04018-
01
16
Ibidem.
17
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-
23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
12
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
46. En principio, debe señalarse que, según el artículo 8318 de la Carta Política,
la buena fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia C-131 de 200419, definió el principio general de la buena fe, así:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho20, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
47. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido una
prestación sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía,
en el proceso deberá estar probada la mala fe con que pudieron actuar para
obtener el pago de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una
presunción que requiere ser desvirtuada.
18
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
19
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
20
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
13
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
48. En ese sentido, se pronunció esta Sala el 23 de marzo de 201721, al estimar
que «[…] la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a
verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la
administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra
demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe
hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y
autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y
oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato
Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta». Criterio reiterado por esta esta subsección, el 16 de agosto
de 201822.
2.4. Pruebas recaudadas.
49. Cédula de ciudadanía del señor Jorge Arturo Sánchez Mejía 23, que da
cuenta que nació el Veintiuno (21) de mayo de Mil Novecientos Cuarenta y
Dos (1942).
50. Declaración de no pensión por parte del demandado, el Dieciséis (16) de
enero de Dos Mil Cuatro (2004) ante el ISS, donde indica que no se encuentra
afiliado a otra Administradora de Pensiones, ni ha tramitado ningún tipo de
prestación económica o devolución de aportes o saldos que sea incompatible
con el trámite de pensión de vejez24.
51. Solicitud incoada ante el Instituto de Seguros Sociales por el señor
Sánchez Mejía el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Cuatro (2004)25,
deprecando la pensión de vejez.
21
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
23
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 CC-8235063, documento
«GEN-ANX-CI-2017-6282871-20170616084510.pdf», página 1.
24
Actuaciones visibles en el Tribunal de origen, índice 00013 de Samai. página 50.
24
25
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «exp 002-18 (1).pdf», páginas 5 a 8.
14
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
52. Resolución No. 13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), por
medio de la cual, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una pensión de
vejez al accionado, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 758 de
1990, efectiva a partir del Seis (6) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004).
53.Resolución No. 3272 P. V. del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Cuatro
(2004), por medio de la cual, la Universidad Nacional de Colombia Sede
Medellín, le reconoció una pensión de vejez con cuota parte al demandado,
efectiva desde la misma fecha26, modificada por la Resolución No. 3427 P. V.
del Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Cinco (2005)27.
54. Resolución No. 13132 del Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Once
(2011), mediante la cual Colpensiones dio cumplimiento al fallo judicial emitido
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso
laboral ordinario No. 0500131050022007036500, que condenó al Instituto de
Seguros Sociales al pago de unos intereses moratorios por concepto del pago
de mesadas pensionales por la suma de Un Millón Ochocientos Treinta y Tres
Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos ($1.833.961)28.
55. Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas de Colpensiones del
Diecisiete (17) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) con Radicado No.
2017_1749788, por medio del cual el accionado solicita la reliquidación de una
pensión vejez29.
56. Auto de Pruebas No. APSUB 151 del Diez (10) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), con la cual se requirió al señor Jorge Arturo Sánchez Mejía
26
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive, 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «exp 002-18 (1).pdf», páginas 11 y 12; índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 52 y 53.
27
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive, 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «exp 002-18 (1).pdf», páginas 13 a 15; índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 58 a 60.
28
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 61 a 63.
29
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 CC-8235063, documento
«GRP-FSP-AF-2017-1749788-20170217105157.pdf».
15
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
para que allegara la Resolución mediante la cual la Universidad Nacional, le
reconoció pensión de jubilación o certificación donde se señale si tiene o no
pensión de jubilación30.
57. Auto de Pruebas No. APSUB 1145 del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil
Diecisiete (2017), que requirió nuevamente la misma documentación al señor
Sánchez Mejía31.
58. Respuesta de la Universidad del Uno (1) de septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante la cual se informó a Colpensiones que se encontró
que mediante Resolución 3272 P. V. de Dos Mil Cuatro (2004) modificada por
la Resolución 3427 de Dos Mil Cinco (2005), la Caja de Previsión Social de la
Universidad Nacional de Colombia, reconoció una pensión de vejez con
cuotas partes a favor del señor Jorge Arturo Sánchez Mejía y se señaló
además, que: «previo a la expedición de la Resolución 3272 P.V. de 2004, la Caja de
Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, mediante oficio D-590 del 4 de
agosto de 2003 consultó la cuota parte pensional al Instituto de Seguros Sociales; en
respuesta mediante oficio GS DAP CD 2077/2003, esa entidad manifestó que no concurría
en la financiación de la Pensión por cuanto los empleadores que realizaron aportes antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 cotizaron conforme a los reglamentos
establecidos por el Instituto de Seguros Sociales para una pensión de vejez y la Universidad
Nacional, reconoció la pensión de jubilación con fundamento en lo señalado en la Ley 33 de
2985, siendo entonces procedente la devolución de aportes anteriores a 1994 en virtud de lo
establecido en la Ley 549 de 1999»32.
59. Oficio No. D-590 del Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Tres (2003), mediante
el cual la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia,
consultó la cuota parte pensional al Departamento de Atención al Pensionado
del Instituto de Seguro Social33.
60. Auto No. 67 del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), por
30
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 CC-8235063, documento
«GCE-AUT-AP-2017-1749788-20170310045342.pdf».
31
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 CC-8235063, documento
«GCE-AUT-AP-2017-1749788-20170429041224.pdf».
32
Actuaciones visibles en el Tribunal de origen, índice 00013 de Samai. Página 64.
33
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «exp 002-18 (1).pdf», página 10.
16
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
medio del cual Colpensiones aperturó una investigación administrativa
especial conforme al procedimiento establecido en la Resolución 555 del
Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Quince (2015) y se comunicó al
demandado sobre la apertura de la investigación, otorgándole el término de
Quince (15) días hábiles para presentar argumentos y elementos probatorios
que permitan esclarecer los hechos34.
61. Auto No. GPF-0704-20 del Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Veinte
(2020), a través del cual se ordena el cierre de una investigación
administrativa especial No. 2-1835.
62. Auto No. GPF-0782-20 del Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil
Veinte (2020), mediante el cual se corrigen errores formales del Auto de
apertura No. 67 del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018) y el Auto
de cierre No. GPF-0704-20 del Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Veinte
(2020)36.
63. Resolución No. SUB 255285 del Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil
Veinte (2020), por medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones
económicas en el régimen de prima media con prestación definida (vejez -
revocatoria) y revocó en todas y cada una de sus partes la Resolución No.
13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), mediante la cual
reconoció la pensión de vejez a favor del señor Jorge Arturo Sánchez Mejía y
la Resolución No. 13132 del Diecinueve (19) de mayo de Dos Mil Once (2011),
que dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Medellín, dentro del proceso laboral ordinario No.
0500131050022007036500, que condenó al Instituto de Seguros Sociales al
pago de unos intereses moratorios de conformidad con el Auto de Cierre
No.GPF-0704-20 del Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Veinte (2020),
corregido con el Auto No. GPF-0782-20 del Veinticuatro (24) de septiembre
34
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «AA 2-18.pdf».
35
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «ac 002-18.pdf».
36
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 14 EXP ADMINISTRATIVO
COLPENSIONES, documento «CORRECIÓN 2-18.pdf».
17
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
de Dos Mil Veinte (2020)37.
64. Resolución No. SUB 158013 del Siete (7) de julio de Dos Mil Veintiuno
(2021), por medio de la cual, Colpensiones, informó a la Dirección de
Procesos Judiciales, que el valor girado a favor del señor Sánchez Mejía, con
ocasión del reconocimiento de una pensión vejez, asciende a la suma de
Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Veinte Mil Trescientos
Sesenta y Un Pesos ($694.620.361) respecto del periodo comprendido entre
el Seis (6) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Treinta (30) de marzo
de Dos Mil Veintiuno (2021)38.
65. Acción de Tutela presentada por el demandado por medio de apoderado,
contra Colpensiones, solicitando se le protejan sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y al debido
proceso39.
66. Fallo de Sentencia de Primera Instancia del Tres (3) de agosto de Dos Mil
Veintiuno (2021), proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Medellín que negó por improcedente la acción de tutela40.
67. Escrito de impugnación contra el fallo de sentencia de tutela de primera
instancia proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín
que negó por improcedente la acción41.
68. Fallo de sentencia de segunda instancia del Seis (6) de septiembre de Dos
Mil Veintiuno (2021), proferido por el Tribunal Superior, Sala Segunda de
37
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 8235063, documento
«ADM8235063.5.pdf».
38
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 8235063, documento
«ADM8235063.6.pdf».
39
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 99 a 119.
40
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 120 a 132.
41
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 133 a 137.
18
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
Decisión Laboral de Medellín, por medio del cual se revoca la sentencia de
tutela de primera instancia y se tutelan los derechos fundamentales del señor
Jorge Arturo Sánchez Mejía y se ordena a Colpensiones, que «dentro del término
de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia deje sin efectos la
Resolución SUB 255285 del 25 de noviembre de 2020, por medio de la cual se ordenó revocar
la Resolución No. 14778 del 06 de agosto de 2004 y mediante la cual ordenó el retiro de la
prestación de la nómina de pensionados, y que disponga en su lugar dentro del mismo término
el reintegro y reactivación de la pensión de vejez que venía siendo reconocida al señor
JORGE ARTURO SANCHEZ (sic) MEJIA (sic) con el pago del retroactivo desde que fue
desvinculado de la nómina de pensionados’»42.
69. Resolución No. SUB 237515 del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021), por medio de la cual Colpensiones, da cumplimiento al fallo
proferido por el Tribunal Superior Sala Segunda de Decisión Laboral de
Medellín y deja sin efectos la Resolución SUB 255285 del Veinticinco (25) de
noviembre de Dos Mil Veinte (2020) y, ordena la reactivación de una pensión
de vejez a favor del señor Sánchez Mejía43.
2.5. Caso concreto.
70. Puesto en consideración el alcance del recurso de alzada, al respecto, es
preciso recordar que esta Sala44, actualmente, sostiene que, no es posible
percibir dos pensiones que amparen el mismo riesgo, en este caso la vejez,
bajo el argumento que el sistema pensional se rige por el principio de
solidaridad, el cual, impone la racionalización del gasto; máxime, teniendo en
consideración que las dos prestaciones pretenden proteger el mismo riesgo, a
saber, la vejez.
71. En ese sentido, ha sostenido que, el reconocimiento de dos pensiones que
cubran el mismo riesgo resulta incompatible, independientemente del origen
de los aportes, ya que, contraviene el propósito de evitar duplicidades en las
42
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00013 de Samai, documento
«11_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 13»,
páginas 138 a 168..
43
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00035 de Samai, subcarpeta de OneDrive 00 CC-8235063, documento
«GEN-REQ-IN-2021-11104028_9-20210923024413.pdf».
44
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), Radicado:.760012-
333-000-2018-00367-01 (0902-2023). C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, treinta y uno (31) de julio de dos
mil veinticinco (2025), Radicado: 66001-23-33-000-2021-00406-01 (3795-2024).
19
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
cargas al erario y asegurar la sostenibilidad fiscal del sistema. Esta
interpretación se adecúa con la regla que establece la incompatibilidad de
prestaciones que amparen idénticos riesgos bajo el Sistema General de
Seguridad Social Integral.45
72. Así las cosas, de acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente se tiene
que, las pensiones de vejez devengadas por el demandado son incompatibles,
ya que, el actor no puede gozar de doble pensión, so pena de vulnerar la
norma constitucional que prohíbe la doble asignación del tesoro público,
máxime cuando, en casos como el aquí analizado, las dos pensiones
reconocidas en favor del accionado cubren el mismo riesgo de vejez.46
73. Por lo tanto, no es procedente realizar pronunciamiento alguno frente al
origen de los aportes del demandado, toda vez que, atendiendo la tesis de la
Sala, el reconocimiento de dos pensiones que cubran el mismo riesgo resulta
incompatible.
74. Si bien es cierto, el demandado tiene el derecho a escoger la pensión que
le es más beneficiosa, tampoco es menos cierto que, verificadas las cuantías
de las dos pensiones, se tiene que, la reconocida por la Caja de Previsión
Social de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la Resolución
N°3272 P.V. de 2004 modificada por la Resolución 3427 P.V de 2005, le es
más favorable, ya que asciende a Dos Millones Ochocientos Catorce Mil
Quinientos Un Mil Pesos ($ 2.814.501). Por su parte, la pensión otorgada por
el ISS, hoy Colpensiones, mediante la Resolución 13778 de 2004, fue fijada
en Dos Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Siete
Pesos ($ 2.366.237), de suerte que, resulta procedente declarar la nulidad sin
afectar los derechos adquiridos del accionado al anular el reconocimiento
45 No obstante, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección ha sido pacífica al interpretar que los
maestros oficiales pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
46 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha entendido que la finalidad del riesgo de vejez es «[…] proporcionarle
al ex trabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de octubre de 2024, Rad. 760012-333-
000-2018-00367-01 (0902-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2024, Rad08001-23-
33-000-2018-00499-01 (3407-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
pensional del ISS hoy Colpensiones.
75. En estas condiciones, se declarará la nulidad de la Resolución No. 13778
del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), otorgada por el ISS hoy
Colpensiones, por medio de la cual le reconoció al señor Jorge Arturo Sánchez
Mejía la pensión de vejez.
76. Asimismo, se ordenará a Colpensiones adelantar las actuaciones
administrativas pertinentes para trasladar los aportes efectuados por el
demandado a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de
Colombia, con el objetivo que sirvan para financiar la prestación reconocida
por esta.
77. Ahora bien, con relación a las Resoluciones Nos: (i) 13132 del Diecinueve
(19) de mayo de Dos Mil Once (2011), por medio de la cual Colpensiones dio
cumplimiento al fallo judicial emitido por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Medellín dentro del proceso laboral ordinario No.
0500131050022007036500, el cual condenó al Instituto de Seguros Sociales
al pago de unos intereses moratorios a favor del accionado y; (ii) SUB 237515
del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), a través de la
cual Colpensiones dio cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Tribunal
Superior, Sala Segunda de Decisión Laboral de Medellín del Seis (6) de
septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), que dejó sin efectos la Resolución
SUB 255285 del Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), la
cual había ordenado revocar la Resolución 13778 del Seis (6) de agosto de
Dos Mil Cuatro (2004), mediante la que se reconoció la pensión de vejez al
demandado, así como la Resolución 13132 del Diecinueve (19) de mayo de
Dos Mil Once (2011), que dispuso el pago de los intereses moratorios.
78. La Sala precisa que, dichas resoluciones fueron expedidas en cumplimiento
de una orden judicial, la primera en el marco de un proceso ordinario laboral y
la segunda dentro de una acción de tutela, por lo que, resultan ser actos de
ejecución, y por ello, la Sala debe centrarse en la procedencia excepcional que
permite el control judicial de los actos proferidos en cumplimiento de la acción
de amparo. Frente al tema ya se ha pronunciado la Sección Segunda,
21
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
Subsección A del Consejo de Estado quien, en providencia del Seis (6) de
agosto de Dos Mil Quince (2015)47, expuso:
«En otras palabras, es procedente, excepcionalmente, demandar a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos de
ejecución, cuando éstos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de
dar cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al
acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se
presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada
o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los
eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad
real de la administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para
el administrado, susceptible de control de legalidad.
79. Con relación a los actos que dan cumplimiento a una acción de tutela, la
Sala ya se ha referido a este asunto48, reiterando la jurisprudencia del Consejo
de Estado la cual ha señalado:
«No obstante lo anterior, en pronunciamiento del 14 de febrero del 2013 esta Sala
explicó que a pesar de que el acto administrativo sea de ejecución al ser expedido para
dar cumplimiento a una sentencia, es eventualmente acusable, porque el mecanismo
de tutela que es su origen, es de naturaleza diferente a los medios de control de la
jurisdicción contenciosa, y por lo tanto, si es posible presentar una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho. En este aspecto precisó:
«Aunque resulta probado que la resolución objeto de la controversia tiene la
connotación de acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una
sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta ser
de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible interponer una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contenciosa, quien
es competente para estudiar la legalidad de los actos administrativos. (…).
En este mismo sentido esta Corporación se ha pronunciado en sentencia del 25 de
octubre de 201149:
(…) «Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en
cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se
encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es
importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos
fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas
en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.» (…)
33. De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa
de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien
permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que
distingue el propósito de cada acción o medio de control como el mecanismo idóneo e
inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como
en el sub-lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo de contenido
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 410012333000201200137 014594-
2013. C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez (E).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de noviembre de 2025, proceso con radicado
76001233300020190034602 (2471-2025), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “A” Consejero Ponente:
Dr. Alfonso Vargas Rincón Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011) radicación número: 11001-
03-15-000-2011-01385-00 actor: Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - Eice en Liquidación Acción de Tutela.
22
Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
prestacional, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238
superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de
legalidad.
34. Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto
administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su
juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo, siendo viable
la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de instancia50» (Negrilla
fuera de texto original).
80. Aclarado lo anterior, esto es, la posibilidad que tiene esta jurisdicción para
emitir pronunciamiento sobre dichos los actos de ejecución proferidos
mediante acción de amparo; la Sala precisa que, frente a la Resolución No.
SUB 237515 del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021),
que dio cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior, Sala
Segunda de Decisión Laboral de Medellín del Seis (6) de septiembre de Dos
Mil Veintiuno (2021), que dejó sin efectos la Resolución SUB 255285 del
Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), la cual había ordenado
revocar la Resolución 13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004),
mediante la que se reconoció la pensión de vejez al demandado, es
procedente su nulidad.
81. Así las cosas, la Sala señala que, en el presente caso, tal como se
estableció previamente, al ser más beneficiosa la pensión de vejez reconocida
por la Universidad Nacional, procede declarar la nulidad de la Resolución No.
13778 del seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), mediante la cual el
Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), otorgó pensión de vejez al señor Arturo Sánchez
Mejía a partir del seis (6) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), ante la
incompatibilidad de dichas prestaciones. Asimismo, de la Resolución No. SUB
237515 del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), que dio
cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior, Sala Segunda
de Decisión Laboral de Medellín del Seis (6) de septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021).
82. Ahora bien, respecto a la Resolución 13132 del Diecinueve (19) de mayo
50 C.E. Sección Segunda, Subsección B, Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01596-02(1521-18) Consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Número Interno: 0226-2025
Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
de Dos Mil Once (2011), que dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso laboral
ordinario No. 0500131050022007036500, el cual condenó al Instituto de
Seguros Sociales al pago de unos intereses moratorios a favor del accionado,
la Sala precisa que, es un acto de ejecución, el cual, no está dentro del
supuesto que, permitiría el control, toda vez que, no modifica la orden de la
sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria y, en realidad el supuesto que
dio lugar a la expedición a la sentencia, la cual, no desaparece y finalmente,
es un acto que, cumplió su finalidad y en la actualidad no está surtiendo efectos
jurídicos.
83. Ahora bien, la Sala pasa a definir si procede el restablecimiento del derecho
en los términos propuestos por la parte actora, respecto de la devolución de
los valores pagados con ocasión del acto administrativo declarado nulo.
84. En el plenario no se evidencia la mala fe del señor Jorge Arturo Sánchez
Mejía, que, permitan desvirtuar la presunción de buena fe, toda vez que, no
existe prueba orientada a demostrar fraude, maniobras o actos ilegales
tendientes a lograr ese beneficio.51
85. En ese sentido, la Sala observa que, al momento en que el señor Arturo
Sánchez Mejía presentó la solicitud de reconocimiento pensional ante el
Instituto de Seguros Sociales, esto es, el Dieciséis (16) de enero de Dos Mil
Cuatro (2004), no ostentaba la calidad de pensionado por parte de la
Universidad Nacional ni de ninguna otra entidad. La prestación reconocida
mediante Resolución No. 13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro
(2004), constituyó el primer reconocimiento pensional a su favor.
86. Adicionalmente, obra en el expediente que la Universidad Nacional formuló
consulta al entonces Instituto de Seguros Sociales sobre la cuota parte
pensional, lo que puso en conocimiento institucional la existencia del trámite a
favor del demandado. En tales condiciones, la entidad contaba con los
51
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado: 68001-23-
33-000-2017-01292-01 (2025-2023).
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Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
elementos necesarios para valorar la procedencia del reconocimiento y, si
decidió conceder la prestación, ello obedeció a su propia apreciación jurídica,
sin que pueda imputarse al accionado una maniobra fraudulenta; aunado a
que, según lo expuesto por el demandado en la contestación de la demanda,
fue la propia Universidad Nacional, en el año 2003 y en ejercicio de su gestión
interna, la que adelantó el proyecto de resolución para el reconocimiento
pensional y solicitó al ISS el estudio de la cuota parte correspondiente.
87. En ese sentido, no existe prueba en el expediente que el trámite ante la
Universidad Nacional hubiera sido concomitante, oculto o fraudulento frente al
adelantado ante el ISS, ni de que el señor Sánchez Mejía hubiera inducido en
error a alguna de las entidades.
88. En ese contexto, no es posible atribuirle una actuación de mala fe, ya que,
al momento de la solicitud no existía doble reconocimiento pensional a su
favor. Tampoco se acreditó que el actor conociera una posible incompatibilidad
entre los regímenes pensionales, en la medida en que la jurisprudencia vigente
para la época sostenía la compatibilidad de pensiones provenientes de fuentes
distintas y que no constituyeran doble asignación del tesoro público.
89. En consecuencia, la Sala advierte que, no existe prueba de dolo,
ocultamiento o maniobra fraudulenta; por el contrario, el actuar del señor
Arturo Sánchez Mejía estuvo amparado por la presunción constitucional de
buena fe y por la confianza legítima en los actos de la administración. Por lo
tanto, resulta improcedente la recuperación de las sumas pagadas a su favor
en virtud de los actos acusados.
90. Ahora bien, frente a la devolución de los aportes por concepto de salud
realizados por Colpensiones, dicha pretensión no tiene vocación de
prosperidad, teniendo en cuenta que, al tratarse de aportes efectuados por los
cotizantes y pensionados se convierten en contribuciones parafiscales, las
cuales tienen naturaleza pública y una destinación específica.52
52
Ibid.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
91. Siendo así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad de la
Resolución No. 13778 del Seis (6) de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), por
medio de la cual, el Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), reconoció una pensión de vejez, a
favor del señor Arturo Sánchez Mejía y de la Resolución No. SUB 237515 del
Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), que dio
cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior, Sala Segunda
de Decisión Laboral de Medellín del Seis (6) de septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021).
2.6 Sobre la condena en costas
92. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.
93. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintiséis (26) de noviembre de Dos
Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para en
su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 13778 del Seis (6)
de agosto de Dos Mil Cuatro (2004), por medio de la cual, el Instituto de
Seguros Sociales ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Jorge Arturo Sánchez Mejía
(Colpensiones), reconoció una pensión de vejez, a favor del señor Arturo
Sánchez Mejía, a partir del Seis (6) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004).
TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. SUB 237515 del
Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), que dio
cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior, Sala Segunda
de Decisión Laboral de Medellín del Seis (6) de septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021).
CUARTO: ORDENAR a Colpensiones adelantar las actuaciones
administrativas pertinentes para trasladar los aportes efectuados por Jorge
Arturo Sánchez Mejía a la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional
de Colombia, con el objetivo que sirvan para financiar la prestación reconocida
por esta.
QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.
SEXTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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