Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00934-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00934-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00934-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Cinco (05) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 25000-23-42-000-2019-00934-01(2866-2025)
Demandante : Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Demandado : José Alberto Pontón Rodríguez
Vinculado : Universidad Nacional de Colombia y otro1
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Incompatibilidad pensional
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la entidad vinculada, la
Universidad Nacional de Colombia, contra la sentencia del Cuatro (04) de Agosto de Dos
Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
l. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones2
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de:
(i) Solicitar la nulidad de la Resolución 682 del Seis (06) de Agosto de Mil Novecientos Noventa
y Seis (1996), mediante la cual se reconoció pensión ordinaria de jubilación al señor José Alberto
Pontón Rodríguez, por considerar que, dicha prestación resulta incompatible con la pensión
ordinaria de jubilación, reconocida por la Universidad Nacional de Colombia, mediante la
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Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
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Número interno: 2866-2025
Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
Resolución CPS-PE-294 del Seis (06) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), al
amparar ambas el mismo riesgo social de vejez y contrariar la prohibición constitucional, de
percibir doble asignación del tesoro público prevista en el artículo 128 de la Constitución Política.
(ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al señor José Alberto Pontón
Rodríguez, reintegrar a favor de la entidad demandante, las sumas percibidas en exceso por
concepto del pago de la pensión ordinaria de jubilación, reconocida en virtud del acto
administrativo demandado, debidamente actualizadas, aplicando el índice de precios al
consumidor (IPC), desde el momento en que se efectuaron los pagos indebidos y hasta la fecha
en que se realice el pago efectivo de la obligación.
(iii) De manera subsidiaria, para el evento en que no se acceda a la nulidad del acto administrativo
acusado, solicitar que se declare la incompatibilidad entre las dos pensiones ordinarias de
jubilación y se ordene la aplicación de los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto
1848 de 1969, a fin de que el demandado opte por la prestación que le resulte más favorable.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, son los siguientes:
El señor José Alberto Pontón Rodríguez, es beneficiario de dos pensiones ordinarias de
jubilación, reconocidas por entidades públicas distintas. La primera de ellas, fue
reconocida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante la Resolución
682 del Seis (06) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), en su condición
de profesor de tiempo parcial titular, por haber laborado para dicha institución, entre el
Catorce (14) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Dos (1972) y el Treinta y Uno (31)
de Julio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), al amparo de la Ley 33 de 1985, al
acreditar más de veinte (20) años de servicio como empleado público.
Posteriormente, al demandado le fue reconocida una segunda pensión ordinaria de
jubilación por la Universidad Nacional de Colombia, mediante la Resolución CPS-PE-294
del Seis (06) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), con ocasión de los
servicios prestados a dicha universidad entre el Primero (01) de Febrero de Mil
Novecientos Sesenta y Cuatro (1964) y el Treinta (30) de Diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), igualmente, bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985.
Refirió que, el demandado no informó a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
la existencia de la pensión reconocida por la Universidad Nacional de Colombia,
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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
circunstancia que fue conocida por la entidad demandante, de manera posterior y fortuita,
en el marco de los controles administrativos obligatorios.
Sostiene además que, la Universidad Nacional de Colombia, no ostenta la calidad de
entidad administradora del régimen de prima media con prestación definida, razón por la
cual, no resulta aplicable la figura de la compatibilidad pensional.
Destacó que, actualmente, ambas pensiones están siendo canceladas de manera
simultánea y regular; en particular, la pensión reconocida por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas asciende a la suma mensual de Un Millón, Mil Quinientos
Veintiocho Pesos ($1.001.528), en virtud de la subrogación declarada mediante la
Resolución 390 del Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Diecisiete (2017).
1.2. Normas violadas y concepto de violación
La Constitución Política; y las Leyes 100 de 1993 y 1437 de 2011.
Al desarrollar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que, los actos
administrativos demandados, vulneran el ordenamiento jurídico, al desconocer la
prohibición constitucional y legal, de percibir más de una asignación proveniente del
tesoro público por el mismo riesgo social, principio que, encuentra sustento en el artículo
128 de la Constitución Política y se desarrolla en normas como el artículo 31 del Decreto
3135 de 1968, el artículo 77 del Decreto 1848 de 1969, el Decreto 1042 de 1978 y la Ley
4ª de 1992.
Argumenta que, ambas prestaciones reconocidas al demandado, corresponden a
pensiones ordinarias de jubilación, otorgadas por entidades estatales y fundadas en el
mismo régimen jurídico —principalmente la Ley 33 de 1985—, lo que, configura una
incompatibilidad prestacional, dado que, no existe disposición legal que autorice la
obtención simultánea de dos pensiones ordinarias de jubilación, aun cuando provengan
de tiempos de servicio distintos y de entidades públicas diferentes.
Enfatiza señalando que, las excepciones al principio de incompatibilidad, están
taxativamente previstas en la ley y no resultan aplicables al caso concreto, en particular,
en lo relativo a los docentes universitarios, pues tales excepciones solo cobijan
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Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
situaciones jurídicas consolidadas, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª
de 1992, circunstancia que no se predica del demandado.
2. Contestación de la demanda
2.1. José Alberto Pontón Rodríguez3, actuando a través de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda, señalando que, nació el Veintisiete (27) de Diciembre de
Mil Novecientos Cuarenta y Uno (1941), y prestó sus servicios docentes a la Universidad
Nacional de Colombia, desde el año Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (1964).
Indica que, para el Primero (01) de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994),
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, consagrado en la Ley
100 de 1993, contaba con más de Cincuenta y Tres (53) años de edad y más de Veinte
(20) años de servicios, razón por la cual, quedó amparado por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Expone que, para el Dieciocho (18) de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992),
fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, ya había consolidado su derecho
pensional, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 literal b) de la Ley 6 de 1945, al haber
cumplido Cincuenta (50) años de edad, y acreditar más de Veintisiete (27) años de
servicios a la Universidad Nacional de Colombia, aun cuando el acto administrativo de
reconocimiento se expidió con posterioridad.
Asimismo, indica que, mediante Resolución 509 del Seis (06) de Agosto de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, le
reconoció una pensión de jubilación, en su condición de docente de medio tiempo o
tiempo parcial, conforme al Acuerdo 024 de 1989, expedido por su Consejo Superior
Universitario.
Posteriormente, la Universidad Nacional de Colombia, mediante Resolución CPS-PE-294
del Seis (06) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), le reconoció pensión
de jubilación, en la modalidad de docente de tiempo completo, en aplicación del régimen
de transición, consagrado en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en
concordancia con la Ley 6 de 1945.
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Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
Explica que, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, promovió acción de
lesividad contra la Resolución Número 509 del Seis (06) de Agosto de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), la cual fue inicialmente anulada de manera parcial por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del Dos (02) de Febrero de Dos Mil Doce
(2012); sin embargo, dicha decisión fue revocada en su totalidad por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), que negó
la nulidad y mantuvo vigente el acto administrativo. Con fundamento en ello, afirma que
la Resolución 509 de 1996 se encuentra amparada por la cosa juzgada material, lo que
impide que la misma entidad vuelva a cuestionar su legalidad.
El demandado plantea que, la Universidad Distrital pretende reabrir un debate ya definido
judicialmente, al intentar nuevamente cuestionar la Resolución 509 de 1996, aludiendo
erróneamente, a una supuesta Resolución No. Seiscientos Ochenta y Dos (682) del Seis
(06) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), acto que —según se afirma—
no existe en la vida jurídica4.
Sostiene que, la percepción de las dos pensiones es jurídicamente viable, en tanto, i) La
consolidación del derecho pensional frente a la Universidad Nacional de Colombia,
ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, por lo cual, se encuentra
amparada por la excepción prevista en el artículo 19 literal g) de dicha ley, aplicable a los
docentes oficiales pensionados, ii) La prohibición general contenida en el artículo 128 de
la Constitución Política de 1991, admite excepciones legales, entre ellas, las previstas en
el Decreto 1713 de 1960, el Decreto Ley 080 de 1980, el Decreto Ley 224 de 1972, y la
Ley 4 de 1992, normas que permiten el ejercicio de la docencia y la percepción de
asignaciones en determinadas condiciones y iii) el vínculo del demandante con la
Universidad Nacional de Colombia, fue como docente de tiempo completo, mas no como
docente de dedicación exclusiva, circunstancia que, jurídicamente no le impedía
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “A”, al resolver las excepciones previas mediante auto
del diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022), determinó que, aunque en la demanda se incurrió inicialmente en un
error en la individualización del acto administrativo —al mencionarse la Resolución 682 de 6 de agosto de 1996 en lugar de la
Resolución 509 de la misma fecha—, tal imprecisión no tenía la entidad suficiente para enervar la acción, en tanto se logró identificar
con claridad el acto que efectivamente reconoció la pensión, garantizándose así el derecho de acceso a la administración de justicia.
Adicionalmente, el Tribunal señaló que, el proceso judicial previo versó sobre la validez del reconocimiento inicial de la pensión
otorgada por la Universidad Distrital, mientras que en el presente asunto el problema jurídico es sustancialmente distinto, pues se
centra en la incompatibilidad entre dos pensiones públicas y en la eventual percepción simultánea de recursos del erario. En
consecuencia, no existe identidad de objeto ni de causa, razón por la cual se descartó la configuración de la cosa juzgada, decisión
que se encuentra en firme.
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desempeñarse simultáneamente como docente de medio tiempo o tiempo parcial, en otra
institución universitaria pública.
2.2. La Universidad Nacional de Colombia5, aceptó como ciertos varios de los hechos
expuestos en la demanda, en particular aquellos relacionados con la existencia de dos
actos administrativos mediante los cuales se reconocieron pensiones al señor José
Alberto Pontón Rodríguez, una por parte de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, en el año Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) y otra, por la Universidad
Nacional de Colombia, en el año Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), ambas al
amparo de la Ley 33 de 1985.
No obstante, señaló que, el reconocimiento efectuado por la Universidad Nacional, fue
posterior y que dicha entidad no tuvo conocimiento previo, del acto expedido por la
Universidad Distrital.
Sostuvo que, si bien existe una prohibición constitucional y legal de percibir
simultáneamente dos pensiones provenientes del erario, conforme al artículo 128 de la
Constitución Política y a las normas que regulan la incompatibilidad pensional, lo cierto
es que, en el caso concreto, la pensión reconocida por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, resulta más favorable económicamente para el beneficiario.
En tal sentido, indicó que, la consecuencia jurídica no debía ser la nulidad del acto
expedido por la Universidad Distrital, sino, en todo caso, el cuestionamiento del acto
mediante el cual, la Universidad Nacional de Colombia reconoció la segunda pensión.
Con fundamento en la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, la Universidad Nacional afirmó que, ante la
concurrencia de dos pensiones incompatibles financiadas con recursos públicos, el
beneficiario tiene la posibilidad de optar por aquella que le resulte más favorable, sin que
ello implique desconocimiento de derechos adquiridos.
Finalmente, propuso como excepción de fondo, la inexistencia del derecho reclamado,
reiterando que, la prohibición de la doble asignación impide el goce simultáneo de ambas
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pensiones y que, en el caso concreto, la prestación más beneficiosa es la reconocida por
la Universidad Distrital, razón por la cual, las pretensiones de la demanda carecen de
vocación de prosperidad.
2.3. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones6, fue vinculada al
presente proceso, mediante auto de once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023); sin
embargo, del escrito por medio del cual dio respuesta a la demanda 7, no se advierte que
sus planteamientos estén dirigidos al análisis del asunto objeto de controversia.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A, mediante
sentencia del Cuatro (04) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), resolvió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido en lesividad por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contra José Alberto Pontón Rodríguez,
con ocasión del reconocimiento simultáneo de dos pensiones ordinarias de jubilación, por
entidades públicas distintas.
En su decisión, el Tribunal dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 509 de 6 de agosto de 1996, por medio de
la cual la Universidad Distrital Francisco José de Caldas reconoció al señor José Alberto Pontón
Rodríguez una pensión de jubilación a partir del 31 de julio de 1996, por las razones expuestas
en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDICIONAR la nulidad decretada en el numeral anterior a que el señor José
Alberto Pontón Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 17.067.016, el término de
treinta (30) días, escoja si opta por la pensión que le fuera reconocida por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas o la que le dio la Universidad Nacional de Colombia, y en caso de que
escoja esta última o no emita pronunciamiento al respecto, la nulidad decretada producirá todos
los efectos legales.
PARÁGRAFO: Y el evento de que el señor José Alberto Pontón Rodríguez escoja la que le
reconoció la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se entiende que, a cambio de que
la nulidad no se configura, no ha escogido la que le reconoció la Universidad Nacional de
Colombia. En cualquiera de los eventos, dichas universidades coordinarán las acciones para que
aquel no continúe percibiendo las dos pensiones de jubilación que le reconocieran.
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TERCERO: DECLARAR probada DE OFICIO la excepción de inepta demanda, en relación con
la pretensión formulada en la demanda de reconvención por el señor José Alberto Pontón
Rodríguez, por falta de agotamiento de petición previa.
CUARTO: DECLARAR la inhibición de la Sala para fallar el fondo la pretensión formulada en la
demanda de reconvención.
QUINTO: Cúmplase la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437
de 2011.
SEXTO: Ejecutoriada la presente sentencia, devuélvase el remanente consignado por gastos del
proceso si lo hubiere y archívese el expediente, previo registro en el Sistema “SAMAI”.»
Concluyó que, la pensión de jubilación reconocida al demandado por la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, mediante la Resolución No. 509 del seis (06) de
agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), resultaba incompatible, con la pensión
reconocida por la Universidad Nacional de Colombia, a través de la Resolución CPS-PE-
294 del dos (02) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997), por cuanto ambas
prestaciones tiene origen en el ejercicio de la función pública docente, se financiaban con
recursos del tesoro público y no se encontraban amparadas por excepción legal alguna,
que autorizara su disfrute simultáneo, en los términos del artículo 128 de la Constitución
Política.
No obstante, el Tribunal estimó que, la declaratoria de nulidad no podía producir efectos
automáticos, razón por la cual, dispuso condicionar sus consecuencias, reconociendo al
señor José Alberto Pontón Rodríguez, el derecho a optar por la pensión que le resultara
más favorable; de otra parte, al resolver la demanda de reconvención formulada por el
demandado, el Tribunal declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda, por ausencia de petición previa ante la administración, y en consecuencia,
se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo respecto de dichas pretensiones.
Finalmente, el Tribunal no impuso condena en costas a la parte demandada.
4. Recurso de apelación
La Universidad Nacional de Colombia8, interpuso y sustentó recurso de apelación
contra la sentencia proferida el Cuatro (04) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A; la
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inconformidad del apelante se dirigió específicamente a la declaratoria de nulidad de la
Resolución 509 del Seis (06) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), y
condicionar sus efectos a que el señor José Alberto Pontón Rodríguez optara, dentro del
término de treinta (30) días, entre la pensión reconocida por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y la reconocida por la Universidad Nacional de Colombia.
El recurrente afirmó que, el Tribunal erró al dejar en cabeza del beneficiario, la elección
de la pensión, pues, a su juicio, el fallo debía determinar directamente, cuál de las dos
prestaciones debía mantenerse y cuál debía cesar; señaló que, la pensión que debía
continuar pagándose, era la reconocida por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, por haber sido reconocida primero en el tiempo, en el año Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), y por resultar más favorable en su cuantía, en comparación con
la pensión reconocida por la Universidad Nacional de Colombia en el año Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997), cuya mesada indicó que, era inferior.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que, la sentencia debió disponer expresamente,
que la pensión incompatible era la reconocida por la Universidad Nacional de Colombia,
por aplicación del principio de favorabilidad en razón de la cuantía, conforme al material
probatorio obrante en el expediente.
5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021
Por auto del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024)9, el consejero sustanciador
admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia,
se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
6. Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado10, consideró que, debía
confirmarse parcialmente la sentencia apelada, en cuanto a la declaratoria de nulidad de
la Resolución 509 de 1996, por incompatibilidad pensional, pero estimó necesario
modificar el condicionamiento fijado para hacerla efectiva.
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Señaló que, el derecho del beneficiario a optar por la pensión más favorable, debe
ejercerse con pleno conocimiento del valor actual de ambas prestaciones, sin que el juez
pueda determinar directamente, cuál pensión prevalece, con base exclusiva en la
prioridad temporal o en información probatoria desactualizada, ni dejar la escogencia al
arbitrio del pensionado, sin garantizar que, cuente con información precisa y actualizada,
conforme al criterio de favorabilidad económica, previsto en los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969.
Frente al argumento del apelante sobre la prioridad temporal, el Ministerio Público
sostuvo que, dicho criterio no está previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969
como factor decisivo, pues estas normas privilegian exclusivamente, la conveniencia
económica del beneficiario, no la fecha de expedición del acto administrativo.
Además señaló que, la diferencia temporal entre ambos reconocimientos es de apenas
siete meses, e incluso, desde la perspectiva de la relación laboral, la vinculación del señor
Pontón Rodríguez con la Universidad Nacional de Colombia, se inició con anterioridad a
la de la Universidad Distrital, lo que evidencia que el criterio temporal no resulta
determinante.
En cuanto a la favorabilidad en cuantía, advirtió que, el expediente carece de elementos
probatorios suficientes y comparables para establecer cuál pensión resulta más
beneficiosa; señalando que, las certificaciones obrantes corresponden a fechas distintas
—una de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018) y otra de Enero de Dos Mil Veintitrés
(2023)—, lo que impide una comparación técnica válida, pues no reflejan los reajustes
anuales, ni la inflación acumulada. Indicó además que, la cifra invocada por el apelante,
no cuenta con respaldo documental y contradice la certificación más reciente.
La Procuraduría concluyó que, ante la insuficiencia probatoria, no es posible determinar
judicialmente, cuál pensión es más favorable, y que imponer una de ellas con base en
afirmaciones no demostradas o en el solo criterio de prioridad temporal, vulneraría el
derecho del pensionado a optar por la prestación que más le convenga económicamente.
Asimismo, compartió la decisión de primera instancia de negar el reintegro de las sumas
pagadas, al no haberse probado mala fe del señor Pontón Rodríguez, aplicando la
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jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre prestaciones periódicas recibidas de buena
fe por error de la administración.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto,
de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo11. De conformidad con el artículo 32812 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al condicionar los efectos de la declaratoria de nulidad, al ejercicio del
derecho de opción por parte del beneficiario, frente a la pensión de vejez, debe
confirmarse, o si, por el contrario, la sentencia de primer grado, debía establecer, cuál de
las dos prestaciones debía mantenerse y cuál debía cesar, atendiendo a los criterios de
prioridad temporal en el reconocimiento y mayor favorabilidad económica, invocados por
la entidad apelante.
Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.1.
Marco normativo; 2.3 Hechos relevantes probados; y 2.4 Caso concreto.
2.1.1. Marco normativo y jurisprudencial
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Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de 2012. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto
del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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En este asunto, la Sala parte de recordar que, la incompatibilidad para percibir más de
una asignación proveniente del tesoro público, encuentra su fundamento directo en el
artículo 128 de la Constitución Política, disposición que, consagra una regla general
orientada a preservar la moralidad administrativa, la equidad en el acceso a los recursos
públicos y la sostenibilidad del gasto estatal.
Tal prohibición, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación13, comprende
las pensiones de jubilación reconocidas por entidades públicas, en cuanto constituyen
asignaciones periódicas financiadas con recursos del erario.
Sobre el alcance de dicha regla, la Corte Constitucional ha señalado que «la prohibición de
recibir más de una asignación del tesoro público responde a la necesidad de evitar privilegios injustificados
y de garantizar una distribución equitativa de los recursos estatales »14, precisando que su aplicación
no desconoce el derecho a la seguridad social, sino que lo armoniza con el interés
general.
En el ámbito legal, el régimen de incompatibilidades en materia prestacional se desarrolla,
entre otras disposiciones, en el artículo 31 del Decreto 313515 de 1968 y el artículo 88 del
Decreto 1848 de 1969, normas que establecen que las prestaciones sociales
incompatibles no pueden disfrutarse simultáneamente y que, en caso de concurrencia, el
interesado debe optar por la más favorable.
Sin embargo, esta Sección, ha advertido de manera reiterada que, estas disposiciones
no pueden interpretarse de forma aislada ni literal, pues su aplicación debe realizarse
dentro del marco constitucional y bajo el control del juez administrativo.
Así, la jurisprudencia de esta Sala, ha construido una línea, según la cual, la función del
juez contencioso administrativo no se agota en constatar la existencia de una
incompatibilidad, sino que se extiende a la definición de sus efectos jurídicos concretos.
Así, se ha señalado que «la declaratoria de incompatibilidad entre prestaciones periódicas a cargo del
erario impone al juez el deber de precisar sus efectos, en particular, determinar cuál prestación subsiste,
13
Ver sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, rad. 05001-23-31-000-2003-02191-01,
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 25 de agosto de 2016, rad. 11001-03-25-000-2012-00369-00
14
Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2015.
15
«ARTÍCULO 31. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá
optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.»
13
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desde cuándo y bajo qué condiciones»16, en esa misma dirección, esta Subsección, ha
enfatizado que, no resulta conforme al ordenamiento jurídico proferir decisiones
incompletas o condicionadas, que trasladen al beneficiario la definición de aspectos
esenciales del fallo.
Al respecto, se ha precisado que «la incompatibilidad no puede quedar reducida a una declaración
abstracta ni sus efectos diferirse a una actuación posterior del interesado, pues corresponde al juez, como
garante del orden jurídico, resolver de manera integral la situación jurídica debatida »17
Entonces, cuando el juez advierte que, dos pensiones de jubilación reconocidas por
entidades públicas distintas, resultan incompatibles, su labor no consiste únicamente en
anular el acto administrativo que dio lugar a la doble asignación, sino en definir de manera
expresa y directa, cuál de las prestaciones debe mantenerse y cuál debe cesar.
Esta exigencia, se encuentra estrechamente vinculada con los principios de seguridad
jurídica y equidad, en la medida en que, evita decisiones fragmentarias, incertidumbre
sobre la situación prestacional del beneficiario y eventuales tratamientos desiguales,
frente a casos similares.
La Sala ha explicado que, dejar la decisión en manos del beneficiario, mediante el
ejercicio del denominado derecho de opción, puede resultar problemático, cuando no
existe una delimitación judicial previa, pues ello «desdibuja la función jurisdiccional y
puede conducir a soluciones contrarias al interés general y al equilibrio del sistema
pensional»18. Por esta razón, el derecho de opción ha sido entendido, no como una
facultad absoluta del pensionado, sino como un elemento que debe operar dentro de los
parámetros fijados por el juez, y no en sustitución de su función decisoria.
Ahora bien, para definir cuál prestación debe subsistir, la jurisprudencia ha admitido la
utilización de criterios objetivos y verificables, entre los cuales se destacan la prioridad
temporal en el reconocimiento y la mayor favorabilidad económica, siempre que su
aplicación sea razonada y compatible con el marco constitucional. En este sentido, la
Sala ha indicado que «la determinación de la prestación subsistente debe responder a criterios que
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 10 de junio de 2021, rad. 73001-23-33-000-2019-00022-01
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia 00994 de 2018
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de noviembre de 2022, rad. 25000-23-42-000-2015-04018-01
14
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permitan armonizar la protección del derecho pensional con los principios de equidad y sostenibilidad
financiera del sistema»19.
2.3. Hechos probados20
1. Certificación expedida el Tres (03) de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)21, por
el jefe de la División de Recursos Humanos, de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, en la que se hace constar que, el señor José Alberto Pontón Rodríguez se
encuentra pensionado por dicha institución, desde el Treinta y Uno (31) de Julio de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), en virtud de la Resolución Número 509 del Seis (06)
de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996).
En el mismo documento se indicó que, a la fecha de expedición de la certificación, el valor
de la mesada pensional ascendía a Un Millón Un Mil Quinientos Dieciocho Pesos
($1.001.518).
2. Igualmente, se certificó que, el señor José Alberto Pontón Rodríguez 22, fue
vinculado a la institución, mediante la Resolución 302 de Mil Novecientos Setenta y Dos
(1972), con retroactividad al Catorce (14) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Dos
(1972), como docente de tiempo parcial; que mediante la Resolución Número Ciento
Cuarenta y Tres (143) del Ocho (08) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996)
le fue aceptada la renuncia, a partir del Treinta y Uno (31) de Julio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996); y que durante todo el tiempo laborado, se desempeñó como
servidor público docente.
3. Copia de la Resolución Número 509 del Seis (06) de Agosto de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996)23, expedida por el Director Administrativo de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, mediante la cual, se reconoció pensión de jubilación al señor
José Alberto Pontón Rodríguez, a partir del Treinta y Uno (31) de Julio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), en cuantía equivalente al 100 %, del salario promedio mensual
devengado.
19
Ibidem.
20
Samai-expediente digital-índice 002.
21
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-5ED_03ANEXOS.PDF – folio 5.
22
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-5ED_03ANEXOS.PDF – folio 6.
23
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-18ED_13ANEXOSCONTESTACIONDEMANDA.PDF – folio 1 a 3..
15
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Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
Dentro de las consideraciones del acto, se dejó constancia que, el beneficiario prestó sus
servicios a la institución, desde el Catorce (14) de Agosto de Mil Novecientos Setenta y
Dos (1972), hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996),
y que al momento del retiro, desempeñaba el cargo de profesor tiempo parcial titular.
4. Copia de la Resolución CPS-PE-294 del Dos (02) de Marzo de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997) 24, expedida por la Universidad Nacional de Colombia, mediante
la cual, se reconoció pensión de jubilación al señor José Alberto Pontón Rodríguez.
En dicho acto administrativo se dejó constancia, entre otros aspectos que, el beneficiario
acreditó haber prestado servicios a la Universidad Nacional de Colombia, desde el
Primero (1°) de Febrero de Mil Novecientos Sesenta y Cuatro (1964), hasta el Primero
(01) de Febrero de Mil Novecientos Sesenta y Cinco (1965), y desde el Primero (1°) de
Agosto de Mil Novecientos Sesenta y Cinco (1965), hasta el Treinta (30) de Diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), para un total de Treinta y Un (31) años y Cinco
(05) meses de servicios efectivos al Estado.
Así mismo, se consignó que, el señor José Alberto Pontón Rodríguez, nació el Veintisiete
(27) de Diciembre de Mil Novecientos Cuarenta y Uno (1941) y cumplió los requisitos de
edad y tiempo de servicios exigidos por la normativa aplicable, para acceder a la
prestación.
5. Copia de la Resolución CPS-PE-557 del Catorce (14) de Noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997)25, expedida por la Universidad Nacional de
Colombia, mediante la cual, se reliquidó la pensión de jubilación reconocida al señor José
Alberto Pontón Rodríguez, en razón a nuevos tiempos de servicio, dado que, el retiro
efectivo del servicio se produjo a partir del Treinta y Uno (31) de Marzo de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997).
6. Copia de la Resolución Número 459 del Ocho (08) de Abril de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997)26, expedida por el vicerrector de la Universidad Nacional de
Colombia, mediante la cual, se aceptó la renuncia presentada por el señor José Alberto
24
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-18ED_13ANEXOSCONTESTACIONDEMANDA.PDF – folio 4 a 6.
25
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-5ED_03ANEXOS.PDF – folio 9 a 10.
26
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 42.
16
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Pontón Rodríguez, con efectos a partir del Primero (01) de Abril de Mil Novecientos
Noventa y Siete (1997).
7. Copia de la sentencia proferida el Dos (02) de Febrero de Dos Mil Doce (2012) por
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca27, en la cual se debatió
la legalidad de la Resolución Número Quinientos Nueve (509) del Seis (06) de Agosto de
Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), por presunto reconocimiento con fundamento en
una disposición territorial especial.
Así mismo, copia de la sentencia proferida el Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil
Catorce (2014) por esta Corporación28, mediante la cual, se revocó la decisión de primera
instancia, al considerar que, la situación pensional del señor José Alberto Pontón
Rodríguez, se encontraba protegida por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en cuanto
a situaciones jurídicas individuales, definidas por disposiciones territoriales en materia de
pensiones extralegales.
8. Certificación expedida el Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)29, por
la Directora Nacional del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, en la
cual se indicó que, para el Primero (1°) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023), al señor
José Alberto Pontón Rodríguez se le cancelaba una pensión con base mensual de Siete
Millones Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos ($7.089.683).
9. Auto de pruebas No. 2020_12031616_9, por medio del cual, Colpensiones solicita
autorización para revocar la Resolución No. 10222 del 27 de mayo de 2022, al señor José
Alberto Pontón Rodríguez30.
2.4. Del caso concreto
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección A, mediante sentencia del Cuatro (04) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que, no
era objeto de discusión, que el señor José Alberto Pontón Rodríguez percibía dos
27
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-18ED_13ANEXOSCONTESTACIONDEMANDA.PDF – folio 14 a
36.
28
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 22-18ED_13ANEXOSCONTESTACIONDEMANDA.PDF – folio 38 a
68.
29
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 42.
30
Samai-Gestión en otros despachos-expediente digital-índice 60-63_RECIBEMEMORIALES_CORREO_RECEPCIONME.
17
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pensiones de jubilación, ambas reconocidas por entidades públicas y derivadas de su
condición de empleado público docente, sin que existiera disposición legal, que autorizara
su disfrute simultáneo. Concluyó, en consecuencia, que se configuraba una
incompatibilidad pensional, a la luz del artículo 128 de la Constitución Política.
A partir del problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si, una vez
acreditada la incompatibilidad entre las dos pensiones de jubilación reconocidas al señor
José Alberto Pontón Rodríguez, procedía condicionar los efectos de la declaratoria de
nulidad, al ejercicio del derecho de opción por parte del beneficiario, o si, por el contrario,
el A-quo debía definir directamente, cuál de las dos prestaciones resultaba más favorable,
aplicando criterios objetivos y verificables.
Ahora bien, el desacuerdo de esta Corporación, surge entonces, en relación con la
determinación de los efectos jurídicos de dicha incompatibilidad; sobre este punto, la Sala
recuerda que, conforme a su jurisprudencia reiterada, «la función del juez contencioso
administrativo no se agota en declarar la incompatibilidad, sino que comprende el deber de concretar sus
efectos jurídicos».
En esa medida, cuando el ordenamiento reconoce el derecho de opción, este no exonera
al juez de analizar, verificar y definir, con base en criterios objetivos, cuál de las
prestaciones resulta más favorable, especialmente cuando en el expediente obran los
elementos necesarios para ello.
Entonces, contrario a lo sostenido por el Tribunal, el derecho de opción no puede operar
de manera automática, ni sustitutiva de la función jurisdiccional, pues ello implicaría
trasladar al beneficiario una decisión que, por su naturaleza, corresponde al juez, en tanto
involucra la correcta aplicación de principios constitucionales como la equidad, la
seguridad jurídica y la protección del interés general.
La Judicatura advierte que, en el expediente existían elementos probatorios suficientes,
para que, el Tribunal determinara, de manera razonada y objetiva, cuál de las dos
pensiones resultaba económicamente más favorable, mediante la actualización
monetaria de las mesadas históricas, con base en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), mecanismo que esta Corporación ha reconocido como idóneo, para preservar el
poder adquisitivo de las prestaciones periódicas.
18
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En efecto, obra en el expediente que, la pensión reconocida por la Universidad Nacional
de Colombia, mediante la Resolución CPS-PE-294 del Dos (02) de Marzo de Mil
Novecientos Noventa y Siete (1997), ascendía en su valor inicial a Un Millón Doscientos
Cuarenta y Tres Mil Trescientos Diez Pesos ($1.243.310).
En efecto, si bien la pensión reconocida por la Universidad Nacional de Colombia,
mediante la Resolución CPS-PE-294 del Dos (02) de Marzo de Mil Novecientos Noventa
y Siete (1997), tuvo un valor inicial de un millón doscientos cuarenta y tres mil trescientos
diez pesos ($1.243.310), lo cierto es que, en el expediente obra certificación actualizada
expedida el Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), por la Directora Nacional
del Fondo Pensional de dicha Universidad, en la cual se indicó que, a Primero (1.º) de
Enero de Dos Mil Veintitrés (2023), el señor José Alberto Pontón Rodríguez, percibía una
mesada pensional mensual de Siete Millones Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Ochenta
Y Tres Pesos ($7.089.683).
Así mismo, se acreditó que, la pensión reconocida por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, mediante la Resolución No. 509 del Seis (06) de Agosto de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996), tenía para el año Dos Mil Dieciocho (2018), una
mesada equivalente a Un Millón Un Mil Quinientos Dieciocho Pesos ($1.001.518), sin que
en el expediente obre prueba que permita concluir que, aun actualizada por IPC hasta el
año Dos Mil Veintitrés (2023) o Dos Mil Veinticinco (2025), alcance o supere el valor
efectivamente certificado para la pensión reconocida por la Universidad Nacional.
Ahora bien, la Sala considera que, la comparación meramente nominal, de mesadas
correspondientes a años distintos, no permite establecer, de forma adecuada, la
favorabilidad real de las prestaciones en disputa; en consecuencia, resulta necesario
homologar temporalmente los valores, bien sea mediante su actualización por el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) o, cuando exista, a partir de valores efectivamente
certificados dentro del expediente, que reflejen el monto real de la prestación en un mismo
marco temporal.
En relación con la pensión reconocida por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, se encuentra acreditado que para el año Dos Mil Dieciocho (2018) la mesada
ascendía a Un Millón Un Mil Quinientos Dieciocho Pesos ($1.001.518), a partir de dicho
19
Número interno: 2866-2025
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valor base, y con el fin de homologarlo temporalmente con la pensión reconocida por la
Universidad Nacional, esta Judicatura, procede a su actualización monetaria, aplicando
la fórmula aceptada en sede judicial31:
Año Mesada actualizada ($) IPC anual (%)
2018 1.001.518 3,18
2019 1.039.584 3,80
2020 1.056.321 1,61
2021 1.115.654 5,62
2022 1.262.173 13,12
2023 1.379.262 9,28
2024 1.450.978 5,20
2025 1.525.979 5,10
En aplicación de la actualización monetaria, conforme al Índice de Precios al Consumidor
(IPC), la mesada pensional reconocida, por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas equivale, para el año Dos Mil Veintitrés (2023), a un valor cercano a Un Millón
Trescientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Dos ($1.379.262); y para el año
Dos Mil Veinticinco (2025), a una suma aproximada de Un Millón Quinientos Veinticinco
Mil Novecientos Setenta y Nueve ($1.525.979).
Por su parte, frente a la pensión reconocida por la Universidad Nacional de Colombia,
obra en el expediente, certificación expedida el Dieciocho (18) de Mayo de Dos Mil
Veintitrés (2023), en la cual se indicó que, para el Primero (1.º) de Enero de Dos Mil
Veintitrés (2023), el señor José Alberto Pontón Rodríguez, percibía una mesada
pensional mensual de Siete Millones Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Tres
Pesos ($7.089.683).
Este valor, por tratarse de un dato cierto, probado y vigente, constituye el referente real
de comparación, y desplaza cualquier ejercicio meramente teórico de indexación desde
el reconocimiento inicial de dicha prestación.
31 La actualización monetaria de la mesada pensional se realizó aplicando de manera sucesiva el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) certificado por el DANE para cada anualidad, así:
Valor actualizado año n = Valor del año anterior × (1 + IPC año n / 100).
El valor base corresponde a la mesada reconocida para el año 2018 ($1.001.518), sobre la cual se aplicó, de forma acumulativa y
año a año, el porcentaje de variación anual del IPC.
20
Número interno: 2866-2025
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Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
Así las cosas, aun bajo un ejercicio prudente y conservador de homologación temporal,
se evidencia de manera inequívoca que la pensión reconocida por la Universidad
Nacional de Colombia, resulta sustancialmente más favorable, al representar un ingreso
mensual real, superior en más de tres veces al que podría derivarse de la pensión
reconocida por la Universidad Distrital, incluso llevada a valores constantes de los años
2023 o 2025.
Entonces, en criterio de esta Sala, el Tribunal sí contaba con herramientas objetivas para
definir directamente, cuál prestación debía subsistir, sin necesidad de diferir dicha
determinación, al ejercicio del derecho de opción por parte del beneficiario. Al abstenerse
de hacerlo, y condicionar los efectos de la nulidad, a una decisión posterior del
pensionado, el A-quo incurrió en una solución incompleta del litigio, contraria a la función
jurisdiccional y a la línea jurisprudencial de esta Corporación.
En efecto, como lo ha sostenido esta Judicatura, «la seguridad jurídica exige que la sentencia
defina de manera clara e integral la situación jurídica debatida, sin dejar aspectos sustanciales a
determinaciones posteriores ajenas al fallo». En este caso, la determinación de la pensión
subsistente no era un aspecto accesorio, sino un elemento central del restablecimiento
del derecho y de la correcta aplicación del régimen de incompatibilidades.
En consecuencia, la Sala concluye que, una vez acreditada la incompatibilidad, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debió aplicar directamente el principio de
favorabilidad, realizar la correspondiente actualización monetaria de las mesadas y definir
qué, la pensión reconocida por la Universidad Nacional de Colombia, es la que debe
subsistir, por resultar más favorable en términos económicos, disponiendo el cese de la
pensión reconocida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En tal sentido, se revocará parcialmente la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará
la nulidad de la Resolución No. 509 del Seis (06) de Agosto de Mil Novecientos Noventa
y Seis (1996), expedida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cuanto
corresponde a la pensión de jubilación menos favorable, disponiendo que subsista la
pensión reconocida por la Universidad Nacional de Colombia, sin que haya lugar a
supeditar los efectos de la decisión, al ejercicio del derecho de opción, por parte del
beneficiario.
21
Número interno: 2866-2025
Demandante: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Demandado: José Alberto Pontón Rodríguez
Finalmente, la Corporación precisa que, la presente decisión no desconoce el principio
de non reformatio in pejus, pese a que la entidad demandada ostenta la condición de
apelante única. Ello, por cuanto la sentencia de primera instancia no produjo efectos
materiales definitivos en lo concerniente a la determinación de la prestación pensional
subsistente, en la medida que, condicionó la concreción del restablecimiento, al ejercicio
posterior del derecho de opción por parte del beneficiario, dejando en suspenso la
definición integral de la situación jurídica debatida.
En tal escenario, esta Judicatura, se encuentra plenamente habilitada, para concretar los
efectos de la declaratoria de nulidad, sin agravar la situación jurídica del apelante único,
sino, por el contrario, para completar la decisión judicial y dotarla de eficacia.
2.5 De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]».
Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan causado,
ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se revocará la decisión
que sobre costas adoptó el Tribunal y, además, se abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia de 11 de
mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto
declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
22
Número interno: 2866-2025
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FALLA:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el Cuatro (04) de Agosto de
Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda – Subsección A, mediante la cual, se condicionaron los efectos de la
declaratoria de incompatibilidad pensional, al ejercicio del derecho de opción por parte
del señor José Alberto Pontón Rodríguez.
SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el
Cuatro (04) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A, los cuales quedarán así:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 509 del Seis (06) de Agosto de
Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), expedida por la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, mediante la cual, se reconoció una pensión de jubilación al señor José
Alberto Pontón Rodríguez, por corresponder a la prestación económicamente menos
favorable, en el marco de la incompatibilidad pensional acreditada.
SEGUNDO: MANTENER la pensión de jubilación reconocida al señor José Alberto
Pontón Rodríguez, por la Universidad Nacional de Colombia, mediante la Resolución CPS-
PE-294 del Dos (02) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), por resultar
más favorable conforme al principio de favorabilidad».
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Cuatro (04) de Agosto de
Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda – Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
conforme a las motivaciones de esta sentencia.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Una vez en firme este fallo, por Secretaría DEVOLVER el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha .
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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