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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00499-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00499-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones (i) 25532 del 30 de noviembre de 2009, proferida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, mediante la cual se reconoció una pensión de jubilación, a favor de la señora Isabel América Álvarez De Ahumada y (ii) 10264 del 8 de julio de 2010, emitida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, mediante la cual se ingresó en nómina la pensión de vejez, a favor de la demandada. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias. QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00499-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 08001-23-33-000-2018-00499-011 (3407-2024)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandada : Isabel América Álvarez de Ahumada
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - Lesividad
Tema : Incompatibilidad pensional
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 19 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico - Sección “C”, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1 Pretensiones.

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para
solicitar la nulidad de los siguientes actos:

i) Resolución 25532 del 30 de noviembre de 2009, mediante la cual el
Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), reconoció una pensión de jubilación vejez a la
señora Isabel América Álvarez de Ahumada, bajo los parámetros de la
Ley 33 de 1985.
ii) Resolución 10264 del 8 de julio de 2010, por medio de la cual el Instituto

1 Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai Consejo de Estado.

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Número interno: 3407-2024
Demandante: Colpensiones
Demandada: Isabel América Álvarez de Ahumada

de Seguros Sociales – ISS, hoy Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) ingresó en nómina la pensión de vejez a favor
de Isabel América Álvarez de Ahumada, aplicando tasa de reemplazo
75% bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985, lo anterior por cuanto la
Administradora no tuvo en cuenta que la demandada goza de una pensión
de jubilación reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), por lo que se encuentra percibiendo doble
asignación del erario público.

1.2 A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que la
demandada no tiene derecho a: (i) la pensión de vejez reconocida mediante la
Resolución 25532 del 30 de noviembre de 2009; (ii) devolver lo pagado por concepto
de pensión de vejez por Colpensiones, producto del reconocimiento ordenado; (iii)
que se ordene indexar las sumas reconocidas o pagar los intereses moratorios a
que haya lugar.

1.3 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

“i) La señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE AHUMADA nació el 15 de agosto de 1945.
ii) La parte actora señala que, la señora Isabel América Álvarez de Ahumada laboró para la
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO desde el 11 de septiembre de 1978 hasta el 30 de agosto
de 2010.

iii) El 17 de julio de 2008 la señora Isabel América Álvarez De Ahumada, radicó solicitud con
el fin de que le fuera reconocida la pensión de vejez.

iv) Mediante Resolución 25532 del 30 de noviembre de 2009 proferida por el Instituto de
Seguros Sociales - ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, se
reconoció una pensión de jubilación, a favor de la señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE
AHUMADA, aplicando una tasa de remplazo del 75% bajo los parámetros de la Ley 33 de
1985, dejándose en suspenso el ingreso a nómina hasta tanto se acreditará el retiro definitivo
del servicio.

v) Por medio de Resolución 10264 del 8 de julio de 2010 proferida por el Instituto de Seguros
Sociales - ISS hoy Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, se ingresó
en nómina la pensión de vejez, a favor de la señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE
AHUMADA, aplicando una tasa de remplazo del 75% bajo los parámetros de la Ley 33 de
1985, con el IBL de $3.437.817, en cuantía de $2.578.213 a partir del 1° de julio de 2010,
ingresada en nómina del mes de agosto de 2010, que se paga en septiembre de 2010 a través
del Banco BBVA BARRANQUILLA- ATLÁNTICO.

vi) La señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE AHUMADA, el 15 de diciembre de 2015 radicó
solicitud de reliquidación de la pensión de vejez, con el fin de que fueran incluidos todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios.

vii). A través de la Resolución GNR 70414 del 4 de marzo de 2016 se negó la reliquidación de
la pensión de vejez solicitada.

viii). La señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE AHUMADA, el 15 de marzo de 2016
interpone recurso de reposición y apelación en contra de la resolución mencionada en el

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Demandada: Isabel América Álvarez de Ahumada

numeral anterior.

ix). Por Resolución GNR 115535 del 22 de abril de 2016 se resolvió recurso de reposición,
confirmando en todas y cada una de sus partes la Resolución recurrida.

x). Mediante Requerimiento Externo BZ 2016_5730365- 2306786 del 8 de septiembre de
2016, se solicitó a la señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ DE AHUMADA, allegar autorización
para revocar las Resoluciones 25532 del 30 de noviembre de 2009 y 10264 del 8 de julio de
2010, toda vez que se encuentran incursas en la causal establecida en el numeral 1° del
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

xi). Por medio de Resolución VPB 37944 del 30 de septiembre de 2016 resuelve un recurso
de apelación y no accede a la solicitud interpuesta por la señora ISABEL AMÉRICA ÁLVAREZ
DE AHUMADA”

1.4 Normas violadas y concepto de violación.

Se señalaron los artículos 128 de la Constitución Política, 19 de la Ley 4ª de 1992
y el Decreto 758 de 1990.

Explica la compatibilidad pensional entre pensiones del magisterio y pensiones e
indemnizaciones del sistema general de pensiones. Además, señala que mediante
la Resolución 25532 del 30 de noviembre de 2009, reconoció una prestación a favor
de la demandada, sin tener derecho a la misma, puesto que no se tuvo en cuenta,
que a la señora Álvarez de Ahumada le fue reconocida una pensión de jubilación
por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Así las cosas, resultaba incompatible la prestación reconocida por el ISS con la
reconocida con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), evidenciando una afectación al erario público, por cuanto la asegurada
se encuentra percibiendo dos asignaciones provenientes del mismo, ambas
entidades de naturaleza pública, desconociéndose la prohibición establecida en la
Carta Magna, en su artículo 128.

2. Contestación de la demanda.

El apoderado de la demandada manifiesta que se opone a las pretensiones de la
demanda, comoquiera que a la señora Isabel América Álvarez le asiste el derecho
a la compatibilidad de las pensiones porque fueron recocidas de acuerdo con los
parámetros legales, es decir, semanas cotizadas o tiempo de servicios y la edad;
puesto que al momento del reconocimiento por parte del ISS, se encontraba
disfrutando de la pensión de jubilación otorgada por el FOMAG, de conformidad con

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la Resolución 00613 de octubre de 31 de 2000, por lo que existe compatilidad entre
los reconocimientos.

Aduce que, en virtud del artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el ejercicio de la
docencia no era incompatible con el goce de la pensión de jubilación, y los
argumentos de la entidad demandante frente a la incompatibilidad alegada, prevista
en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, no es de recibo, máxime cuando es proferida
14 años después de haber estado ejerciendo la docencia, de manera simultánea,
para lo cual, nunca laboró más de 25 horas semanales.

Señala que el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, establece que el Estado
garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional,
respetará los derechos adquiridos con arreglo a la Ley; por lo anterior, debe
aplicarse también a la demandada con los beneficios que traía con anterioridad.
Propuso como excepciones: carencia del derecho reclamado y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de sentencia del 19 de abril de
2024, negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas.

Manifestó que la demandada se desempeñó laboralmente como docente afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y como
profesora de tiempo parcial en la Universidad del Atlántico, por lo que se le
reconoció una pensión de jubilación y otra de vejez; sin embargo, para estas no se
computaron las mismas cotizaciones o tiempo de servicio, es decir, se adquirió el
derecho con base a tiempos y cotizaciones independientes.

Igualmente, señaló que, a los docentes oficiales, sí les es permitido tener más de
una pensión, no existiendo incompatibilidad entre ellas. Así las cosas, a partir de la
Ley 812 de 2003, que estableció el límite del régimen prestacional de los docentes
oficiales hasta el 27 de junio de 2003 -fecha de publicación de la Ley en el Diario
Oficial-, quienes se vincularan a partir de esa data, se regirían por las previsiones
del Sistema General de Pensiones, manteniendo el régimen exceptuado, para
quienes estaban vinculados con anterioridad a este cambio normativo.

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En ese orden, como la señora Isabel América Álvarez se vinculó antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003, no existe incompatibilidad entre las pensiones,
no tienen la misma fuente de financiación, diferente del tiempo de servicio, con base
en el cual se reconocieron la pensión de jubilación oficial y la de vejez.

4. El recurso de apelación.

La parte demandante

La entidad actora ratifica los argumentos de la demanda al señalar que es
incompatible la prestación reconocida por el Instituto de Seguros Sociales ISS, hoy
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) con la reconocida por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), evidenciando
una afectación al erario público, por cuanto la demandada se encuentra percibiendo
dos mesadas, derivadas de entidades de naturaleza pública. Lo anterior en atención
a la prohibición establecida en la Constitución Política de Colombia, artículo 128.

Sumado a ello, insiste en que se debe acceder a la devolución de los dineros
pagados con ocasión del reconocimiento del que se pretende la nulidad, ya que esa
situación quebranta el sistema y estabilidad financiera del sistema general de
pensiones.

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia y se concedan las
pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia.

Mediante auto del 17 de julio de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la demandante y, en virtud del numeral 5° del artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió del traslado a las partes para alegar. Sin
embargo, el apoderado de la UGPP se pronunció, en el sentido de solicitar confirmar
la sentencia recurrida2.

6. Concepto del Agente del Ministerio Publico

2 Aplicativo Samai.

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Sugiere que se confirme la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, por
cuanto no le asiste razón a la entidad recurrente al invocar la incompatibilidad de
las dos pensiones de la señora Isabel América Álvarez de Ahumada, toda vez que
se encuentra amparada bajo la excepción prevista en el inciso segundo del artículo
279 de la Ley 100 de 1993, por consiguiente, es beneficiaria de la compatibilidad
entre la pensión de vejez reconocida y ordenada por el FOMAG con la reconocida
por Colpensiones, por lo que, tal y como bien lo estableció el a quo, no se presenta
incompatibilidad pensional, por estar ajustada al orden jurídico y la jurisprudencia.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)3, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

3.2 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde a la Sala establecer si revoca parcialmente el fallo dictado por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones. Para el efecto, se
analizará si son compatibles las pensiones de vejez reconocidas a la señora Isabel
América Álvarez de Ahumada por el Instituto de Seguro Social ISS, hoy –
Colpensiones y por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3.3. Prohibición del artículo 128 de la Constitución Política; 3.4.

3 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

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Incompatibilidad de las pensiones de vejez y jubilación; 3.5. Hechos probados; 3.6
Caso concreto.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial, prohibición del artículo 128 de la
Constitución Política

El artículo 128 de la Constitución Política, previó lo siguiente:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas»

Por su parte, la Ley 4ª de 1992, en el artículo 19, señala la prohibición de recibir
más de una asignación que provenga del erario, así:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la
Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades.»

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Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-133 de 19934, al estudiar
la exequibilidad de la norma citada, sostuvo:

«[…] Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886
cuando el constituyente de esa época prescribió: "Nadie podrá recibir dos sueldos del
tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes" (art. 64). Este
precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del
constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al
permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.

Posteriormente se expidió el acto legislativo No. 1 de 1936 cuyo artículo 23 modificó el
64 de la Carta de 1886 en el sentido de cambiar el término "sueldo" por el de
"asignación" con el fin de incluir allí toda clase de remuneraciones, emolumentos,
honorarios, etc., que pudieren percibirse del erario público; amplió el campo de
cobertura de la disposición al extender su aplicación a las empresas o instituciones en
que tenga parte principal el Estado, y precisó el significado y alcance de la expresión
"tesoro público" en el sentido de comprender "el de la nación, los departamentos y los
municipios", dejando incólume la parte de la norma que autorizaba a la ley para señalar
excepciones a dicha regla general.

La citada norma, que rigió hasta la expedición de la nueva Carta Política, dispuso:

“Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, los
departamentos y los municipios”.

Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes
vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de
desempeñar más de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad,
al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio correspondiente a
las entidades descentralizadas […]»

Así mismo, definió el alcance del término «asignación», así:

«[…] El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del
tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien
podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4ª
de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se
hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto
de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba

4 Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.

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perfectamente facultado para hacerlo. […]»

3.4 Incompatibilidad entre las pensiones de vejez y jubilación

El Decreto 3135 de 19685, en su artículo 31, estableció que «Las pensiones de
jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá
optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas»

A su turno, el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 88, reiteró la mencionada
incompatibilidad al indicar que «Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que
más le convenga económicamente»

Ciertamente, en el artículo 77 de la misma normativa, se determinó que «[e]l disfrute
de la pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de
entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de
economía mixta, cualquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación
del servicio, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713
de 1960 y la Ley 1a. de 1963»

Sobre este aspecto, esta Subsección6, a treves de la sentencia del 12 de diciembre
de 2023, expuso que:

«[…] No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación 7 y de la Corte
Suprema de Justicia8, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el
Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros
que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad debe analizarse
desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que efectuó las cotizaciones
«pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de patronos
particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien realizó los
aportes para determinar si la prestación es pública o privada 9; sin embargo, se hace

5 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
6 Radicado:25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), de 12 de diciembre de 2023. MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
7 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 24 de
marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús, Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y
5937 (acumulados), M.P. Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio de
2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-
2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
8 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995, expediente 7109. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
9 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de 2021, radicado 25000 23
42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000
2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas prestaciones son
incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro público con
independencia de su origen.
[…]
Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para
cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así como propender
por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un sistema de
pensiones36.
No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las reformas
al sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación del pasivo
pensional llevaron al legislador a expedir normas para resolver problemas de
racionalización del gasto público, entre las cuales se encuentran la Ley 344 de 1996, el
Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 797 de 2003, el Acto Legislativo
01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450 de 2011, la Ley
1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir que, sobre la cobertura de las
pensiones, la Nación en atención a la variación del IPC y el aumento del salario mínimo
termina contribuyendo a la financiación parcial de las pensiones de los colombianos, lo
cual supone un componente de gasto público.
En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que impone
políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger los riesgos
que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad de su
protección. En tal sentido, la regla del sistema es la incompatibilidad entre pensiones
que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo
siguiente37:
Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no era
viable cargar al sistema con esa condena.
Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que bajo
la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.
[…]
En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones de
las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la vigencia de la
Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando provengan de
distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se entenderá que
es inviable. [Resalta la Sala].
En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda prestación
que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta intrascendente su

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origen como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al ex trabajador que cumple con los
requisitos, lo necesario para subsistir. En igual sentido lo ha considerado esta
corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley 100] esta implementó un sistema
integral que se acompasaba con el canon constitucional precitado, en el entendido de
que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo
de vejez»

En conclusión, aunque históricamente se ha considerado que la compatibilidad de
pensiones debe analizarse en función del origen de los aportes, ya sea público o
privado, es necesario replantear dicha interpretación. El análisis debe centrarse en
el principio de racionalización del gasto público y la finalidad del sistema de
seguridad social, que busca garantizar la protección frente a riesgos como la vejez,
invalidez o muerte. El reconocimiento de dos pensiones que cubran el mismo riesgo
resulta incompatible, independientemente del origen de los aportes, ya que
contraviene el propósito de evitar duplicidades en las cargas al erario público y
asegurar la sostenibilidad fiscal. Esta interpretación se alinea con la regla que
establece la incompatibilidad de prestaciones que amparen idénticos riesgos bajo
el Sistema General de Seguridad Social Integral.

3.5. Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal
virtud, se destaca:

i) La demandada, Isabel América Álvarez de Ahumada, nació el 15 de agosto de
194510.

ii) De acuerdo con lo señalado en la Resolución 00613 del 31 de octubre de 200011,
mediante la cual se reconoció y pagó una pensión de jubilación a la demandada, se
extrae que aquella se vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), en febrero de 1970 y adquirió el derecho pensional 18 de
agosto de 2000, fecha en la que cumplió los 55 años de edad.

iii) Conforme a la certificación expedida por el jefe del Departamento de Gestión del
Talento Humano de la Universidad del Atlántico, la demandada se vinculó
laboralmente como docente de tiempo parcial, en los siguientes períodos12:

10 Cuaderno 01 fl 56.
11 Cuaderno 02 fl 72 – 74.
12 Cuaderno 02 fl 70.

12

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Isabel América Álvarez de Ahumada

1) Del 11 de septiembre de 1978 al 2 de septiembre de 1979, con una carga académica de 12
Horas semanales;
2) Del 3 de septiembre de 1079 al 30 de noviembre de 1997, con una carga académica de 18
horas semanales;
3) Del 1° de diciembre de 1997 al 27 de mayo de 1999, con una carga académica de 20 horas
semanales y 4) Del 28 de mayo de 1999 a la fecha de expedición del certificado, 30 de septiembre
de 2009, con una intensidad horaria de 25 horas semanales.

iv) El Instituto de Seguros Sociales (ISS), mediante la Resolución 25532 del 30 de
noviembre de 2009, reconoció pensión en favor de la demandada y fue incluida en
nómina por medio de la Resolución 10264 del 8 de julio de 2010. Lo anterior, por
cuanto, realizó cotizaciones exclusivamente por su vinculación con la Universidad
del Atlántico13.

3.6 Caso concreto.

En el presente asunto, se tiene que a la señora Isabel América Álvarez de Ahumada
le fueron reconocidas dos pensiones de vejez, una por parte del extinto ISS (hoy
Colpensiones) y otra por el FOMAG.

Sobre el particular, se observa que el ISS, mediante Resolución 2553 del 30 de
noviembre de 2009, le reconoció la prestación a la demandada, efectiva a partir del
1° de julio de 2010, con base en 1.354 semanas cotizadas y con una tasa de
reemplazo del 75%, en la liquidación efectuada se tuvieron en cuenta los periodos
prestados como servidor público por la accionada desde el 11 de septiembre de
1978 hasta el 30 de junio de 2010, y adquirió el estatus pensional el 15 de agosto
de 2000.

La demandada solicitó la reliquidación de la pensión conforme las disposiciones del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1994 y las Leyes 33 y 62 de
1985, petición que fue negada por Colpensiones mediante la Resolución GNR
70414 de 4 de marzo de 2016, y por Resolución VPB 37944 del 30 de septiembre
de 2016, resolvió el recurso de apelación que declaró improcedente la reliquidación
de la pensión de vejez de la señora Álvarez de Ahumada y, al evidenciarse que es
beneficiaria de la pensión de jubilación reconocida por el FOMAG determinó que la
misma resulta incompatible la pensión de vejez.

13 Cuaderno 01 fl 23 -31.

13

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Isabel América Álvarez de Ahumada

De otro lado, mediante la Resolución 613 del 31 de octubre de 2000 el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG le reconoció y ordenó el pago de la
pensión de jubilación a la señora Isabel América Álvarez de Ahumada, con
fundamento de las Leyes 71 de 1988 y 91 de 1982, como docente de institución
educativa del orden nacional, registrada en escalafón docente vinculada al INEM
del municipio de Soledad Atlántico.

Ahora, en sede de primera instancia, el a quo negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que para los docentes vinculados antes de la expedición de la Ley 812
de 2003, no existe incompatibilidad entre las pensiones que le fueran reconocidas,
puesto que no tienen una misma fuente de financiación y es diferente el tiempo de
servicio con base en el cual se reconocieron las pensiones de jubilación oficial y de
vejez.

En ese sentido, Colpensiones, como apelante única, cuestionó la decisión adoptada
por el Tribunal de primera instancia.

Así las cosas, de acuerdo con las pruebas arrimadas al expediente se tiene que las
pensiones de vejez y jubilación devengadas por la demandada provienen de la
Nación, una por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y la otra por la Institución de Educación Superior, por lo que se infiere que
son incompatibles, ya que la actora no puede gozar de doble pensión, so pena de
vulnerar la norma constitucional que prohíbe la doble asignación del tesoro público.

Ahora bien, aunque el origen de las pensiones es diferente porque provienen de dos
entidades de previsión del Estado, lo cierto es que la señora Isabel Álvarez de
Ahumada recibe más de dos asignaciones, cuyo pago o remuneración se origina
del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, máxime cuando, en casos como el aquí analizado, las dos pensiones
reconocidas en favor de la accionada cubren el mismo riesgo.

No obstante, en casos como el presente, no puede desconocerse que la pensionada
tiene el derecho de elegir el reconocimiento de la pensión que le resulte más
favorable a sus intereses, o a que se eleve el monto de su mesada conforme a las
cotizaciones que efectuó en su vida laboral. En consecuencia, se hace un llamado
a las entidades de manera que se pueda impartir una decisión adecuada y acorde

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Isabel América Álvarez de Ahumada

con la protección que merece la población beneficiaria de este tipo de prestaciones,
que en su mayoría corresponde a personas de la tercera edad.

Así las cosas, la Sala pasa definir si procede el restablecimiento del derecho en los
términos propuestos por la parte actora, respecto de la devolución de los valores
pagados con ocasión del acto administrativo declarado nulo.

En primer lugar, la Sala señala que el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo en el literal c) del numeral 1° del artículo 164 prevé
que “(…) no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe ”. Ello,
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, que
dispone: “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas”.

En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los
ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-131
de 2004, quien agregó:

“En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y
de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte
que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma.
En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el
hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus
efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos
análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales
de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico”14.

Como corolario de lo expuesto, se precisa que la buena fe se presume en todos los
actos de los particulares y de las autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011.

14 M.P. Clara Inés Vargas.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Isabel América Álvarez de Ahumada

Por lo anterior, con el fin de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero
perseguidas en esta demanda, la parte actora debió acreditar que la obtención de
tal derecho por parte de la accionada se hizo con desconocimiento de los postulados
de la buena fe, que como se ha precisado se presume.

En el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe de la señora Isabel
América Álvarez de Ahumada que permitan desvirtuar la presunción de buena fe,
resulta improcedente la recuperación de las sumas pagadas a su favor en virtud del
acto acusado.

Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas
otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica
examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso15.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se
condenará en costas en esta sede.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, se declarará la nulidad de las resoluciones censuradas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

15 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones (i) 25532 del 30 de
noviembre de 2009, proferida por el Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, mediante la cual se
reconoció una pensión de jubilación, a favor de la señora Isabel América Álvarez De
Ahumada y (ii) 10264 del 8 de julio de 2010, emitida por el Instituto de Seguros
Sociales – ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
mediante la cual se ingresó en nómina la pensión de vejez, a favor de la demandada.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente con excusa
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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