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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04519-01

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
28 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04519-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Álvaro Cristóbal García Sarmiento, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. Tercero. Reconocer personería al abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez como apoderado de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder allegado el 17 de febrero de 2021. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04519-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

22 de julio de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE Y PENSIÓN DE VEJEZ POR TIEMPO DE SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO – Compatibilidad / PROHIBICIÓN DE RECIBIR DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO / CONCURRENCIA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE Y LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR OTROS TIEMPOS PRESTADOS EN EL SECTOR PÚBLICO – Improcedencia / RECONOCIMIENTO SUBSIDIARIO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Improcedencia por recibirse pensión / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA – Objeto

Los docentes no están exentos de la incompatibilidad de percibir dos pensiones de jubilación, pese al tratamiento especial que les ha dado el legislador, salvo que su financiamiento provenga de dineros privados. Bajo tal panorama, esta Sala encuentra que mediante Resolución PE/CPS 0311 del 10 de noviembre de 1994, el rector de la Universidad Nacional de Colombia reconoció a favor del demandante una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1444 de 1992, por haber prestado 20 años de servicios al Estado y tener 55 años de edad. Para el efecto, advirtió que el causante prestó sus servicios a la Universidad Nacional desde el 1.º de febrero de 1967 hasta el 30 de agosto de 1994, para un total de «27 años de servicios completos efectivos al Estado». Igualmente, se advierte que el señor García Sarmiento reclamó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en los tiempos de servicio prestados al Ejército Nacional, al Hospital San Antonio de Arbeláez, a la Policía Nacional y al Hospital San Juan de Dios, cuando desempeñaba funciones al servicio del Estado en calidad de soldado, como médico residente y ortopedista, como asesor y como jefe del servicio de urgencias. De esta manera, la Sala encuentra acertada la decisión del a quo en tanto concluyó que la solicitud de reconocimiento pensional reclamada era incompatible con aquella reconocida por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia en tanto que para la financiación de ambas prestaciones debe acudirse a igual fuente, esto es, al tesoro público, en tanto que las cotizaciones realizadas en virtud de su vinculación con el Ejército Nacional, los Hospitales San Antonio de Arbeláez y San Juan de Dios y la Policía Nacional, fueron sufragadas con dineros provenientes del sector público. Ahora bien, tampoco es procedente el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por cuanto, como se advirtió en el capítulo precedente, de esta prerrogativa dispone todo trabajador oficial que se encuentre en la imposibilidad de continuar efectuando cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y no haya alcanzado el mínimo de semanas requerido para acceder al reconocimiento pensional. Lo anterior, por cuanto el propósito de la norma es garantizar el mínimo vital del trabajador que alcanza la edad de retiro forzoso, pero no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en el régimen pensional del cual es beneficiario. Sin embargo, como está claro, el demandante ya era beneficiario de una pensión de jubilación –aquella reconocida por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia– lo que impide que se acceda a la pretensión subsidiaria tendiente a otorgarle la indemnización sustitutiva, en atención a lo señalado en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la compatibilidad de la pensión de jubilación docente y la pensión de vejez por aportes exclusivos de naturaleza privada, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2019, radicación: 0775-15. En cuanto a la improcedencia del reconocimiento de la indemnización sustitutiva por aportes públicos cuando quiera que se devengue pensión pública, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicación: 2012-14.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 128 / DECRETO 224 DE 1972 – ARTÍCULO 5 / DECRETO LEY 2400 DE 1968 – ARTÍCULO 31 / DECRETO 3135 DE 1968 – ARTÍCULO 29 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 1848 DE 1969 – ARTÍCULO 81 / LEY 71 DE 1988 – ARTÍCULO 7 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 37 / DECRETO 1730 DE 2001 – ARTÍCULO 6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04519-01(3168-19)

Actor: ÁLVARO CRISTÓBAL GARCÍA SARMIENTO

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) GNR 260417 del 15 de julio de 2014, emitida por la gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al demandante; y ii) VPB del 26 de mayo de 2015, expedida por al vicepresidente de Beneficios y Prestaciones por la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión anterior.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) condenar a la entidad demandada al pago de la pensión de vejez desde el 4 de septiembre de 2010; ii) ordenar el pago de los intereses de mora sobre cada una de las mesadas pensionales; y iii) condenar al pago de costas del proceso; y, en forma subsidiaria, iv) reconocer la indemnización sustitutiva.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento nació el 5 de noviembre de 1934 y prestó el servicio militar obligatorio, situación que lo hace beneficiario de las prerrogativas legales contempladas en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, por lo cual ese tiempo debe ser computado como tiempo de cotización para acceder a la pensión de vejez.

ii) El demandante trabajó en el Hospital San Juan de Dios de manera interrumpida hasta el año 1981; en el Hospital San Antonio de Arbeláez desde el 20 de mayo de 1960 hasta el 30 de septiembre de 1962; en la Policía Nacional desde el 23 de septiembre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1992; en la Fundación San Juan de Dios desde el 14 de agosto de 1995 hasta el 29 de octubre de 2001. En total acreditó 1833 semanas cotizadas.

iii) En septiembre de 2013 presentó acción de tutela con el fin de que se protegiera su derecho fundamental de habeas data, toda vez que Colpensiones «no registraba ningún dato sobre las semanas de cotización» y pese a la rectificación ordenada en la sentencia de tutela, el fondo aludido ha omitido realizar la actualización del total de las semanas cotizadas.

iv) El señor García Sarmiento es de la tercera edad y «si bien devenga pensión de retiro reconocida por la Caja de Previsión de la Universidad Nacional», tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez por ser beneficiario del régimen de transición, «ya que la pensión que fue adquirida como docente no es excluyente por tratarse de un derecho pensional adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993». Además, «las pensiones forman parte del haber de la sociedad conyugal vigente que tiene el trabajador con su cónyuge, la Sra. Eduvina Parra de García».

v) El demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de pensión de vejez establecida en el Decreto 758 de 1990; no obstante, la entidad negó su petición mediante los actos demandados por considerar que esa prestación era incompatible con aquella que recibe de la Caja Nacional de Previsión Social de la Universidad Nacional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; 11, inciso 2 y 36, inciso 6 de la Ley 100 de 1993; el Acto Legislativo 01 de 2005; las Leyes 4.ª de 1976 y 71 de 1988; el Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 049 de 1990.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:

i) Por haber consolidado el estatus pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, y contar con más de 40 años de edad al 1.º de abril de 1994, el señor García Sarmiento es beneficiario del régimen de transición y tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez bajo los parámetros establecidos en el Decreto 758 de 1990.

ii) De conformidad con el literal d) del artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra están exceptuados de la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público. Además, de su pretensión no se desprende una doble asignación del erario pues, devenga una pensión de jubilación por parte de la Caja Nacional de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia por sus servicios prestados como docente cuyos tiempos de labor y cotización son independientes y diferentes a las semanas cotizadas como médico en los Hospitales San Juan de Dios, San Antonio de Arbeláez, en la Policía Nacional y el periodo de prestación del servicio militar obligatorio, los cuales le dan derecho a solicitar la pensión, y «no constituyen el cómputo de una sola labor para reclamar [su] pensión de vejez, pues el médico cotizó […] en jornadas laborales diferentes a las que laboró como docente».

iii) El argumento según el cual todos los aportes del cotizante hacen parte de la financiación del sistema general de seguridad social en pensiones, no tiene validez porque los recursos que sirven para ello, bajo el postulado de la solidaridad, son los consignados por el empleador y no los del empleado; dineros que corresponden al trabajador y no al fondo común.

1.2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

i) Revisado el sistema integral de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colpensiones advirtió que el demandante goza de una pensión vitalicia otorgada por la Caja Nacional de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, la cual se encuentra activa y, de conformidad con los artículos 128 de la Constitución y 19 de la Ley 4.ª de 1992 no puede haber doble pago proveniente del Estado.

ii) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez son incompatibles con las pensiones, por lo que al estar gozando de una pensión de jubilación a cargo de la aludida entidad de previsión, no procede la pretensión indemnizatoria.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia proferida el 28 de febrero de 2019, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

i) Está demostrado que el demandante disfruta de una pensión de vejez reconocida por la Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia que incluyó los tiempos laborados como docente en dicha institución; por lo tanto, no es posible acceder al reconocimiento de la pensión que ahora pretende, ante la prohibición dispuesta en el artículo 128 de la Constitución Política, sobre recibir dos asignaciones provenientes del tesoro público. Además, la pensión que ya tiene asignada es más favorable.

ii) La Ley 100 de 1993 establece la posibilidad de recibir una indemnización sustitutiva, que procede cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin alcanzar el mínimo de semanas exigidas para tener derecho a tal reconocimiento; por lo tanto, la finalidad de esa devolución de saldos es reintegrar los ahorros hechos por quienes no han alcanzado a completar los requisitos mínimos establecidos en cada régimen. Sin embargo, comoquiera que el demandante sí causó un derecho pensional y se encuentra disfrutando de ese reconocimiento, no se configura el supuesto de hecho previsto en la ley.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

i) Durante su vida laboral, el señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento recibió como contraprestaciones a los servicios como médico y profesor, doble asignación del tesoro público, bajo el amparo de las disposiciones contenidas en los artículos 3 de la Ley 269 de 1996, 19, literales e) y g) y 20 de la Ley 4.ª de 1992. Por lo tanto, al realizar un doble aporte pensional, tiene derecho a percibir el doble beneficio, esto es, la pensión que se le reconoció como docente y la que se pretende, al amparo del Acuerdo 049 de 1990.

ii) En cuanto a la pretensión subsidiaria, debe resaltarse que no se solicita la devolución de los aportes sobre bonos pensionales de la Policía y el Ejército Nacional, sino de los aportes que en vida hizo el demandante y que forman parte del haber de la sociedad conyugal sin que éstos puedan ser retenidos a título de solidaridad. La inviabilidad de esta pretensión, implica considerar que el señor García Sarmiento realizó «un aporte infructífero».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.

1.5.2. La demandada

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio de su apoderado, solicitó confirmar lo decidido en primera instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda.

1.6. El Ministerio Público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de la constancia secretarial de 28 de abril de 2021.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

En el presente caso se advierte que el señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento falleció el 21 de junio de 2017 razón por la cual, en escrito recibido el 15 de enero de 2019, su apoderado solicitó que se permitiera ocupar su lugar en la relación jurídica procesal de este asunto a la señora Eduvina Parra de García, en calidad de cónyuge supérstite, y a sus hijas Rosa Patricia y Alexandra García Parra.

Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1564 de 2012, esta Sala continuará con el trámite correspondiente, bajo el entendido de que las señoras Eduvina Parra de García, Rosa Patricia y Alexandra García Parra son sucesoras procesales del señor García Sarmiento.

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si la pensión de jubilación reconocida por la Universidad Nacional de Colombia al señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento es compatible con la prestación que reclama ante Colpensiones; en caso afirmativo, ii) si el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado mediante Decreto 758 de 1990); o si iii) tiene derecho a la indemnización sustitutiva reclamada.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la prohibición constitucional de percibir doble erogación proveniente del erario

El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos:

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro público impide que dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos, en este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.

Por otro lado, el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992, así:

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-133 de 1993, declaró la exequibilidad de la norma al indicar que tal precepto se ajusta al postulado constitucional relativo a la incompatibilidad entre dos o más asignaciones del erario. Esto señaló:

Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del erario público.  El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. [Resalta la Sala].

Bajo el panorama expuesto, se advierte que la prohibición establecida por la Constitución Política, de recibir dos o más pagos con fuente de financiación de recursos públicos, abarca también a las pensiones, en términos generales, siempre y cuando su origen provenga de aportes derivados de vinculaciones con el Estado. En consecuencia, debe señalarse que dos pensiones no son incompatibles per se pues debe establecerse si se trata de dos asignaciones provenientes del tesoro público y si se encuentra dentro de las excepciones señaladas en la norma.

En cuanto al ejercicio de la docencia, como una de las excepciones aludidas, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 dispone:

Artículo 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.

Sobre el asunto, es preciso traer a colación sentencia de 28 de marzo de 2019, a partir de la cual esta Corporación señaló:

[…] el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, es decir, permite a los docentes percibir la pensión de jubilación y el salario simultáneamente.

De la misma forma, esta Corporación ha reiterado que a los docentes le está permitido percibir simultáneamente pensión de jubilación, de gracia y, el salario por los servicios que puedan prestar; sin embargo, resulta improcedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, toda vez que no existe norma que lo autorice. Así se estableció en la sentencia del 3 de mayo de 2001 con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, dentro del expediente No. 2841 - 2000:

“(...) Reiteradamente esta Corporación ha, expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. No. 12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo, con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama la demandante (...)”. [Resalta la Sala].

Igualmente, en sentencia de 30 de marzo de 2017, se sostuvo:

Desde ahora la Sala advierte, que los docentes al servicio de la educación del sector oficial, gozan de un régimen especial respecto del ejercicio de la profesión docente, a la administración y pago de las pensiones y de la administración y prestación del servicio médico de salud; tal como se evidencia en lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989 y 115 de 19943, pero no de un régimen pensional especial, pues conformidad con el parágrafo transitorio 1º, del artículo 1 del Acto Legislativo de 2005,4 las Leyes 812 de 2003, 91 de 19895 y 115 de 1994, en ese aspecto se rige por las normas generales consagradas en las leyes tales como el Decreto Ley 3135 de 1968, los Decretos 1848 de 1969, 1045 de 1978, Ley 33 de 19856 y finalmente por la le Ley 100 de 1993.

Con todo, el legislador ha dotado al personal docente al servicio de entidades oficiales de algunos beneficios especiales, entre estos: a) la pensión gracia prevista en leyes 114 de 1993, 116 de 1928 y 37 de 1933, b) disfrutar simultáneamente de pensión gracia y pensión de ordinaria de jubilación7 c) compatibilidad de éstas con el salario recibido por los servicios docentes que pueden continuar prestando hasta la edad de retiro forzoso.8

De lo transcrito se advierte que esta Corporación ha reconocido que la excepción a la prohibición prevista en la norma relativa a no recibir una pluralidad de asignaciones provenientes del tesoro público, para el caso de los docentes, se refiere a los siguientes eventos: i) la pensión gracia y la pensión ordinaria de jubilación; y ii) la pensión de jubilación y el salario percibido por el ejercicio de la docencia. En ese sentido, en sentencia de 14 de agosto de 2009, esta Corporación expresó:

Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no sólo cobija a los docentes pensionados con anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a los beneficios que para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados. [Resalta la Sala].

En consecuencia, el personal docente está exceptuado de la prohibición de doble asignación del tesoro público, consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política, en el entendido de que de conformidad con el Decreto 224 de 1972 pueden seguir ejerciendo la docencia y percibir además su mesada pensional.

No obstante, cuando se discute la coexistencia entre una pensión de vejez otorgada por una institución educativa y la que se reclama al fondo pensional, debe analizarse si se genera la aludida incompatibilidad por tratarse de igual derecho prestacional, derivado del ejercicio de una actividad oficial. En ese sentido, cobra importancia el análisis de los tiempos de cotización y si estos fueron sufragados con dineros provenientes del Estado o de patronos particulares. Al respecto, esta Subsección en sentencia del 2 de diciembre de 2019, señaló:

Pues bien, como quedó expuesto, el Consejo de Estado aclaró que el Instituto de Seguros Sociales se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportaban asalariados y empleadores con el compromiso de manejarlos, lo cual significa que no todas las pensiones pagadas por ese instituto denoten per se la calidad de públicas o provenientes del tesoro público, pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de patronos particulares.

Por eso, la naturaleza jurídica de las pensiones debe ser determinada por la calidad del patrono o de quien realice los aportes, pues dependiendo del origen o la fuente de los dineros con que se hayan hecho los aportes se denominará si es pública o privada. [Resalta la Sala].

Lo anterior se explica en tanto que no es posible exigirle al sistema que se haga cargo de dos o más pagos a favor de un beneficiario a efectos de suplir un único riesgo cuando su financiamiento tiene un mismo origen, es decir, las cotizaciones se generaron en el sector público.

Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de febrero de 2015, reiteró que no es posible devengar dos pensiones de vejez consolidadas por tiempos prestados al servicio del Estado, pero sí lo es cuando una se financió con aportes del sector privado y la otra con aportes de empleadores de derecho público. Esto resolvió:

De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares.

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público. [Resalta la Sala].

En consecuencia, puede ocurrir la compatibilidad entre dos pensiones de vejez en favor de un mismo beneficiario, siempre y cuando la fuente de su financiación sea diferente, es decir, que cada una se soporte con cotizaciones derivadas de la prestación del servicio a diferentes empleadores, una del sector público y la otra del sector privado.

2.3.2. De la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva

El Decreto Ley 2400 de 1968 contiene disposiciones sobre la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva, inicialmente, del nivel nacional. Este ordenamiento fijó en 65 años la edad de retiro forzoso, para cuyo caso previó una pensión de vejez, en los siguientes términos:

Artículo 31.- Todo empleado qu INDEX \c "2" e cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión de vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos.

Exceptúanse de esta disposición los empleos señalados por el inciso 2º del artículo 29 de este decreto. (Se refiere a los empleos en los cuales se puede reintegrar al servicio a la persona pensionada).

A nivel nacional el legislador denominó a la pensión de jubilación también «de vejez» (artículo 21 del Decreto 3135 de 1968), pero, además, previó otra, denominada «pensión de retiro por vejez». En efecto, el Decreto 3135 de 1968, reguló en su artículo 29 lo siguiente:

Artículo 29. Pensión de retiro por vejez. A partir de la vigencia del presente Decreto, el empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la edad de 65 años y no reúna los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez, tendrá derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad de previsión equivalente al veinte por ciento (20%) de su último sueldo devengado, y un dos por ciento (2%) más por cada año de servicios, siempre que carezca de recursos para su congrua subsistencia. Esta pensión podrá ser inferior al mínimo legal. [Resalta la Sala].

Este decreto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, en cuyo artículo 7, como regla general, determinó que tanto sus normas como las del Decreto 3135 de 1968, que consagró las prestaciones sociales, se aplicarían a los empleados públicos nacionales de la Rama Administrativa del Poder Público, mientras la ley no determinara otra cosa.

Según el artículo 81 del mencionado Decreto 1848 de 1969, a la prestación tiene derecho todo empleado oficial que según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, sea retirado del servicio por haber cumplido los 65 años de edad y no tenga el tiempo de labor necesario para gozar de la pensión de jubilación ni se halle en situación de invalidez, y siempre que carezca de los medios propios para su congrua subsistencia, conforme a su posición social. A continuación, se transcribe el artículo en comento:

Artículo 81º.- Derecho a la pensión.

1. Todo empleado oficial que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, sea retirado del servicio por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, sin contar con el tiempo de servicio necesario para gozar de pensión de jubilación, ni hallarse en situación de invalidez, tiene derecho a pensión de retiro por vejez, siempre que carezca de medios propios para su congrua subsistencia, conforme a su posición social.

2. La falta de medios propios para la congrua subsistencia se demostrará con los siguientes medios probatorios:

a) Con dos declaraciones de testigos sobre la carencia de bienes o rentas propios del interesado para atender a su congrua subsistencia, conforme a su posición social ante un juez del trabajo, o civil, con citación del respectivo agente del ministerio público; y

b) Con la presentación, además, de la copia auténtica de la última declaración de renta y patrimonio del interesado, expedida por la Administración de Hacienda Nacional respectiva.

3. Si con posterioridad al reconocimiento de la pensión se estableciere por cualquier medio que el pensionado poseía bienes o rentas suficientes para su subsistencia en el momento del reconocimiento, la entidad pagadora revocará dicho reconocimiento y podrá repetir por las sumas pagadas indebidamente. [Resalta la Sala].

Posteriormente, la Ley 71 de 1988 en su artículo 7 reguló la pensión por aportes para los empleados públicos y trabajadores oficiales que tengan acreditados 20 años de cotización en cualquier tiempo en entidades de previsión social del orden nacional o territorial y que han llegado a la edad de 60 años si son hombres y 55 años si son mujeres. Lo que se traduce en que el cotizante no tiene que laborar de manera exclusiva en el sector oficial y, por tanto, puede acumular el tiempo de servicio en el sector privado.

Conforme al texto de las normas transcritas, aplicables a quienes están amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y de lo precisado en los numerales anteriores, se puede concluir que para acceder a la referida «pensión de retiro por vejez» aludida en las normas anteriores –esto es, la del artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 y la del artículo 81 del Decreto 1848 de 1969– se exige como requisitos sine qua non y concurrentes los siguientes: i) que la persona interesada llegue o haya llegado a la edad de retiro forzoso; y ii) que no reúna los requisitos exigidos para una pensión ordinaria de jubilación.

Por su lado, la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, dispone:

Artículo 37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. [Resalta la Sala].

Bajo tal panorama, se advierte que la legislación anterior a la Ley 100 de 1993, tenía previsto como prestación excepcional la pensión de retiro por vejez cuyo objeto es el de garantizar el mínimo vital de quien alcanza la edad del retiro forzoso; la Ley 100 de 1993, consagró una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que se reconoce a aquel trabajador que se encuentra en la imposibilidad de seguir cotizando y no alcanzó a reunir los requisitos para ser beneficiario de una pensión de vejez.

En otras palabras, la pensión de retiro por vejez que regulaba la normativa anterior, protegía a los trabajadores que alcanzaran la edad de retiro forzoso, pero no reunieran los requisitos necesarios para tener derecho a una pensión de jubilación o de invalidez y carecieran de los medios propios para su congrua subsistencia; de forma que el fin que perseguía era garantizar su mínimo vital. Con igual propósito, la Ley 100 de 1993 creó la indemnización sustitutiva para quien cumpliera la edad para obtener la pensión, pero no haya cotizado el mínimo de semanas exigidas y se encontrara en la imposibilidad de continuar efectuando cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Entonces, en ambos casos –para el reconocimiento de la pensión y para el de la indemnización– se requiere i) que la persona interesada haya llegado a la edad de retiro forzoso o cumpla la edad para obtener la pensión de vejez; ii) que no reúna los requisitos exigidos para una pensión ordinaria de jubilación; y iii) que carezca de medios propios para su congrua subsistencia o declare su imposibilidad de continuar cotizando.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo siguiente:

El 5 de noviembre de 1934, nació el señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento, según da cuenta la copia de su cédula de ciudadanía.

El 21 de junio de 2017, falleció el señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento, según da cuenta el Registro Civil de Defunción 09433198.

2.4.1. Sobre la relación laboral del demandante

El señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento acreditó los siguientes tiempos de servicio:

i) Desde el 16 de enero de 1954 hasta el 14 de diciembre de 1954, periodo en el que ocupó el cargo de soldado en el Ejército Nacional.

ii) Entre el 20 de mayo de 1960 y el 30 de septiembre de 1962, al servicio del Hospital San Antonio de Arbeláez, periodo en el cual la entidad realizó aportes a pensión.

iii) Desde el 23 de septiembre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1992, en la Policía Nacional, lapso en el cual la entidad realizó aportes a pensión.

iv) Entre el 14 de agosto de 1995 y el 29 de octubre de 2001, al servicio del Hospital San Juan de Dios, tiempo en el cual la entidad realizó aportes a pensión.

2.4.2. Sobre el reconocimiento pensional por parte de la Universidad Nacional de Colombia

El 10 de noviembre de 1994, mediante Resolución PE/CPS 0311, el rector de la Universidad Nacional de Colombia reconoció a favor del señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1444 de 1992, por haber prestado 20 años de servicios al Estado y tener 55 años de edad. Advirtió que el causante aportó, para el efecto, la certificación de la Caja Nacional de Previsión sobre el hecho de no ser pensionado del Estado y una constancia sobre los servicios prestados a la Universidad Nacional desde el 1.º de febrero de 1967 hasta el 30 de agosto de 1994, para un total de «27 años de servicios completos». Además, en la parte resolutiva indicó que «[e]sta prestación es incompatible con la percepción de otras asignaciones provenientes del erario público, salvo las excepciones legales».

El 25 de agosto de 2017, la directora del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia expidió la Resolución FP 0309, por la cual reconoció la sustitución de la pensión de que era beneficiario el señor García Sarmiento a la señora Eduvina Parra de García.

2.4.3. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

El 15 de julio de 2014, Colpensiones expidió la Resolución GNR 260417, por la cual, negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento, con fundamento en que acreditó apenas un total de 308 semanas cotizadas.

El 1.º de diciembre de 2014, el demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior, con fundamento en que el señor García Sarmiento era beneficiario del régimen de transición y que la entidad de previsión no había actualizado las semanas cotizadas y certificadas en los formatos «CELP’s». Además, en forma subsidiaria solicitó que le sea pagada la indemnización sustitutiva.

El 26 de mayo de 2015, Colpensiones expidió la Resolución VPB 45455, a través de la cual, confirmó el acto que denegó el reconocimiento pensional. Como fundamento de su decisión señaló que revisado el sistema integral de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se advierte que el demandante goza de una pensión vitalicia otorgada por la Caja Nacional de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia y que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4.ª de 1992, nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público. Además, indicó que la indemnización sustitutiva es incompatible con la pensión de vejez, tal y como lo dispone el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar que el señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento reclamó el derecho a recibir la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado mediante Decreto 758 de 1990); no obstante, Colpensiones negó la solicitud con fundamento en que el demandante gozaba de una pensión vitalicia otorgada por la Caja Nacional de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia y que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4.ª de 1992, nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público.

El anterior argumento fue avalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al señalar que no era posible acceder al reconocimiento de la pensión que pretende, ante la prohibición dispuesta en el artículo 128 de la Constitución Política, sobre recibir dos asignaciones provenientes del tesoro público; sin embargo, la parte actora, en su escrito de apelación, afirma que se encuentra dentro de las excepciones a la aludida prohibición dado que se reclamaba la pensión por el ejercicio de su profesión como médico que desarrolló en paralelo con el ejercicio de la docencia.

Al respecto, esta Sala advierte que las excepciones previstas en el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 hacen referencia a la posibilidad de percibir una pensión y, en forma simultánea, recibir el salario por los servicios prestados en calidad de docente, toda vez que el ejercicio de la docencia no es incompatible con el goce de una pensión de jubilación; no obstante, esta Corporación ha señalado i) que si bien «a los docentes le está permitido percibir simultáneamente pensión de jubilación, de gracia y, el salario por los servicios que puedan prestar; sin embargo, resulta improcedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, toda vez que no existe norma que lo autorice»; y ii) que «es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando».

Entonces, como lo que se discute es la coexistencia entre la pensión otorgada por la Universidad Nacional y aquella reclamada ante Colpensiones, deben hacerse las siguientes precisiones:

i) La prohibición contenida en el artículo 128 Constitucional, relativa a la imposibilidad de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, exige entender que el término «asignación» comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc.

ii) Comoquiera que el propósito del constituyente era evitar que dos o más pagos se financien con recursos públicos, resulta necesario determinar la calidad del patrono o de quien realizó los aportes a efectos de determinar el origen o fuente de los dineros que soportarán la prestación.

iii) Cuando la fuente de esas cotizaciones proviene del sector público, no es posible la coexistencia de dos pensiones; sin embargo, si una de ellas se financia con dineros eminentemente privados, son compatibles y no se opone a lo señalado en la norma constitucional referida.

En consecuencia, los docentes no están exentos de la incompatibilidad de percibir dos pensiones de jubilación, pese al tratamiento especial que les ha dado el legislador, salvo que su financiamiento provenga de dineros privados.

Bajo tal panorama, esta Sala encuentra que mediante Resolución PE/CPS 0311 del 10 de noviembre de 1994, el rector de la Universidad Nacional de Colombia reconoció a favor del señor Álvaro Cristóbal García Sarmiento una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1444 de 1992, por haber prestado 20 años de servicios al Estado y tener 55 años de edad. Para el efecto, advirtió que el causante prestó sus servicios a la Universidad Nacional desde el 1.º de febrero de 1967 hasta el 30 de agosto de 1994, para un total de «27 años de servicios completos efectivos al Estado».

Igualmente, se advierte que el señor García Sarmiento reclamó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en los tiempos de servicio prestados al Ejército Nacional, al Hospital San Antonio de Arbeláez, a la Policía Nacional y al Hospital San Juan de Dios, cuando desempeñaba funciones al servicio del Estado en calidad de soldado, como médico residente y ortopedista, como asesor y como jefe del servicio de urgencias.

De esta manera, la Sala encuentra acertada la decisión del a quo en tanto concluyó que la solicitud de reconocimiento pensional reclamada era incompatible con aquella reconocida por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia en tanto que para la financiación de ambas prestaciones debe acudirse a igual fuente, esto es, al tesoro público, en tanto que las cotizaciones realizadas en virtud de su vinculación con el Ejército Nacional, los Hospitales San Antonio de Arbeláez y San Juan de Dios y la Policía Nacional, fueron sufragadas con dineros provenientes del sector público.

Ahora bien, tampoco es procedente el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por cuanto, como se advirtió en el capítulo precedente, de esta prerrogativa dispone todo trabajador oficial que se encuentre en la imposibilidad de continuar efectuando cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y no haya alcanzado el mínimo de semanas requerido para acceder al reconocimiento pensional. Lo anterior, por cuanto el propósito de la norma es garantizar el mínimo vital del trabajador que alcanza la edad de retiro forzoso, pero no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en el régimen pensional del cual es beneficiario.

Sin embargo, como está claro, el señor García Sarmiento ya era beneficiario de una pensión de jubilación –aquella reconocida por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia– lo que impide que se acceda a la pretensión subsidiaria tendiente a otorgarle la indemnización sustitutiva, en atención a lo señalado en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, que indica:

Artículo 6.º Incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.
Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto. [Resalta la Sala].

En efecto, esta Sala ha señalado que la incompatibilidad planteada en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 debe interpretarse «como una imposibilidad en torno a los aportes del sistema para que no lleguen a financiar dos prestaciones simultáneamente», razón suficiente para negar esta pretensión.

2.6. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en cuenta que el recurso de apelación que interpuso fue resuelto desfavorablemente y el apoderado de la entidad demandada presentó alegatos de conclusión.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben despacharse desfavorablemente, toda vez que no se demostró que el actor tenga derecho al reconocimiento pensional deprecado. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Álvaro Cristóbal García Sarmiento, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales se deben liquidar por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

Tercero. Reconocer personería al abogado José Octavio Zuluaga Rodríguez como apoderado de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder allegado el 17 de febrero de 2021.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Folios 2 a 20. Folios 294 a 305. Folios 378 a 389. Que fue sustituido a la señora Eduvina Parra de García en calidad de cónyuge supérstite, dado el fallecimiento del demandante. Folios 397 a 401. Índice 13, aplicativo Samai. Índice 14, aplicativo Samai. Folio 417. Según consta en el registro civil de defunción visible a folio 323. Folio 322. Según da cuenta el registro civil de matrimonio, visto a folio 326. Según se advierte en los registros civiles de nacimiento visibles a folios 324 y 325.
«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de marzo de 2019, radicación 250002342000201305659 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de marzo de 2017, radicación 50001-23-31-000-2010-00085-01(4375-13)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de agosto de 2009, radicación 050012331000200403824 01
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01293-01(0775-15). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado 25000 23 25 000 2008 00147 01 (0882-13), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se reguló el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968». Se advierte que esta Corporación en su Sala de Consulta y Servicio Civil determinó que esta pensión amparaba únicamente a los empleados del nivel nacional, tal como se aprecia en el concepto 1115 de 8 de julio de 1998, pero luego se replanteó dicha tesis en la sentencia de la Sección Segunda de 26 de febrero de 2003, radicado 1108-02, en la que consideró que a la luz de los nuevos postulados constitucionales relacionados con la seguridad social integral, no era justo ni razonable reconocer dicha pensión a un servidor público del orden nacional y denegársela a otro del orden territorial, a pesar de que ambos empleados se encontraban en idéntica situación laboral, pues con ello se desconocía el derecho fundamental constitucional a la igualdad. Ley 71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones» Artículo 7. «A partir de la vigencia de la presente Ley, Los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas». Sentencia T-631/16
Folio 21. Folio 323. Folio 77. Folio 79. Folio 83. Folio 101. Folios 354 y 355. Folio 359. Folio 65. Folios 68 a 71. Folios 72 a 74. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de marzo de 2019, radicación 25000 23 42 000 2013 05659 01 (1154-2018), M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de mayo de 2001, radicación 2841-2000, M.P. Ana Margarita Olaya Forero. Corte Constitucional, Sentencia C-133 de 1993. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de octubre de 2009, radicado 05001 23 31 000 2001 00423 01 (0262-2008), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Folios 354 y 355.
«por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida». Normativa que ha sido objeto de interpretación por parte de la Corte Constitucional, entre otras en la Sentencia Sentencia T-596 del 31 de octubre de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicado 52001 23 33 000 2013 00140 01 (2012-2014), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Índice 13, aplicativo Samai.

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