Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00347-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00347-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00347-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Doce (12) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 17001-23-33-000-2018-00347-01 (5472-2024)
Demandante : Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : Reconocimiento pensión de vejez.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia de Cinco (05) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.
l. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El demandante1, a través de apoderado, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
a. Resolución N° 58412 de Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Siete (2007),
expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, que revocó la Resolución N°
ACMG 37614 de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Seis (2006), y negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
1 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» - Doc.pdf
«01CuadernoUno, Pag. 6-19»
2
Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que, se condene a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales - UGPP: (i) al reconocimiento de la pensión de jubilación por
estar cobijado por el régimen de transición, aplicando integralmente las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993; (ii) se ordene el pago de las mesadas pensionales
debidamente indexadas e intereses moratorios a que haya lugar.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, son los siguientes:
El señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, nació el Treinta (30) de mayo de Mil Novecientos
Cuarenta y Ocho (1948), prestó sus servicios como docente, desde el Quince (15) de
enero de Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968), hasta el Veintidós (22) de octubre de
Mil Novecientos Noventa y Uno (1991).
Por medio de la Resolución N° 3199 del Dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos
Setenta y Seis (1976), proferida por el Ministerio de Educación Nacional, fue declarado
insubsistente el nombramiento, acto administrativo que fue declarado nulo, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Diez (10) de febrero de Mil Novecientos Setenta y
Nueve (1999), disponiéndose el reintegro del demandante, sin solución de continuidad.
Al no cumplirse la orden de reintegro, se inició proceso ejecutivo, ante el Juzgado 14
Laboral del Circuito de Bogotá, Despacho que, el Veintidós (22) de octubre de Mil
Novecientos Noventa y Uno (1991), ordenó al Ministerio de Educación Nacional, el
reintegro del demandante y el pago de los perjuicios causados.
El Ministerio de Educación Nacional, cumplió parcialmente el fallo y pagó al demandante,
la suma de Treinta y Un Millones Novecientos Veintidós Mil Ochocientos Noventa y Siete
Pesos ($31’922.897), pero no tuvo en cuenta, en la liquidación de los salarios, el derecho
a los ascensos en el escalafón y no hizo aportes a pensión y seguridad social, como
tampoco cumplió con la orden de reintegro.
En el tiempo que el señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, estuvo desvinculado como profesor,
hizo aportes al Instituto de Seguro Social, como trabajador particular.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
El Veintiuno (21) de julio de Dos Mil Cinco (2005), solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación, ante la Caja Nacional de Previsión Social. A través de la Resolución N°
ACMG 37614 de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Seis (2006)2, la Caja Nacional de
Previsión Social, le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Frente a la decisión, el demandante interpuso recurso de reposición, decidido mediante
Resolución N° 58412 de Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Siete (2007)3, en la
cual, se revocó la Resolución N° 37614 de 31 de julio de 2006, y negó al demandante, el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 53, 58 y 90.
Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Artículo 8 del Decreto 2109 de 1994, que derogó el artículo 20 del Decreto 1160 de 1989;
Artículo 1 del Decreto 813 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que, cobijado por
el régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Caja Nacional
de Previsión Social E.I.C.E., dejó de aplicarle las normas anteriores más favorables, como
es la Ley 33 de 1985, y desconoció que, el señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey laboró 25 años
y 8 meses para el Ministerio de Educación Nacional, desde el Cinco (5) de febrero Mil
Novecientos Setenta y Seis (1976), hasta el Veintidós (22) de octubre de Mil Novecientos
Noventa y Uno (1991).
2. Contestación de la demanda
2.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)4
2 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 16-21»
3 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 25-27»
4 Aplicativo Samai – Otros Despachos, índice 00040.
25ED_C01Principal_025AUTOVINCULANDOOTROSACCIONADOSPDF(.pdf) NroActua 40
4
Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
Actuando a través de apoderado judicial, la entidad se opuso a las pretensiones de la
demanda, alegando la inexistencia de un interés jurídico, refirió que, no tiene injerencia
alguna dentro del proceso, en la medida que, busca el reconocimiento de la pensión de
jubilación, amparado por el régimen de transición, pues dicha facultad no está en cabeza
de la UGPP.
Señaló que, la UGPP solo se encuentra facultada por la ley y por el gobierno Nacional,
para asumir las funciones establecidas de acuerdo con su objetivo de creación, como
resulta del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, Decreto – Ley 169 de 2008 y del Decreto
575 de 2013.
Igualmente, manifestó que, la entidad no es competente para sumir el reconocimiento de
la pensión demandada, teniendo en cuenta que el señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey,
siempre cotizó para el Ministerio de Educación Nacional y la UGPP no es sucesora
procesal, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Como excepciones propuso, las de Falta de competencia de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, para realizar el reconocimiento de la pensión que solicita el accionante, falta de
legitimación en la causa por pasiva, falta de agotamiento de la vía administrativa,
inexistencia de la obligación por parte de la UGPP y cobro de lo no debido, buena fe y
prescripción.
2.2 . Nación – Ministerio de Educación Nacional.
Por auto de Catorce (14) de febrero de Dos Mil diecinueve (2019) 5, el Tribunal
Administrativo de Caldas, dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en calidad de litisconsorte necesario.
La entidad, actuando a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda6, alegando la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, atendiendo a
que, la Nación – Ministerio de Educación Nacional, no tuvo injerencia en los hechos que
5 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 172-185»
6 Aplicativo Samai – Otros Despachos, índice 00040.
28ED_C01Principal_028CONTESTACIONDEMANDAMINEDUCACIONPDF(.pdf) NroActua 40
5
Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
generaron la demanda, ni en los trámites administrativos para el reconocimiento y pago
de obligaciones, ni en la atención de las reclamaciones posteriores a los reconocimientos,
razón por la cual, carece de los soportes documentales históricos laborales.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de Sentencia del Cinco (05) de agosto
de Dos Mil Veintidós (2022)7, negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida.
La decisión adoptada, partió del reconocimiento pensional efectuado por el extinto
Instituto del Seguro Social-ISS, mediante Resolución No. 34104 de 27 de septiembre de
2011.
El A- quo concluyó que, gran parte de los tiempos de servicio que prestó el accionante al
sector público y específicamente a la docencia oficial y que invocaba como sustento de
su pretensión de reconocimiento pensional ante la UGPP, ya se habían tomado en cuenta
por el Instituto del Seguro Social-ISS, para reconocer una pensión de vejez en el año
2011, no siendo jurídicamente viable que, a partir de los mismos tiempos de servicios, se
pretendiera acceder a una nueva pensión de jubilación.
Adujo que, aun cuando le asiste razón a la parte demandante, al manifestar la posibilidad
que una persona pueda ser titular de dos pensiones de jubilación o vejez, ello responde
a una exigencia fundamental, como la de existir fuentes de financiación diversas.
El Tribunal advirtió que, el demandante es titular de una pensión de jubilación por aportes,
por la suma de sus cotizaciones públicas y privadas, y que, los tiempos en que prestó
sus servicios al magisterio entre 1968 y 1976, fueron tenidos en cuenta para conceder el
beneficio pensional, resultando claro que, la pretensión de obtener una nueva pensión de
vejez, con sustento en los mismos tiempos, no estaría llamada a prosperar.
4. Recurso de apelación8.
7 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 275-292»
8 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 298-308»
6
Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
El apoderado judicial del señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, apeló la sentencia de primera
instancia, considerando que, debe ser revocada, por cuanto se apartó del deber que
tienen los jueces de proteger al trabajador y garantizar el principio de progresividad y la
prohibición de regresividad, puesto que fueron vulnerados sus derechos laborales.
Manifestó que, pese a estar cobijado por el régimen de transición pensional del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, no le aplicaron las normas anteriores más favorables, como es
la Ley 33 de 1985.
Expresó que, el Tribunal desconoció que, el demandante laboró 15 años, 8 meses y 17
días, para el Ministerio de Educación Nacional, esto es, desde el 05 de febrero 1976,
hasta el 22 de octubre de 1991.
Concluyó que, el Tribunal erró al negar las pretensiones de la demanda, puesto que, el
reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada, es la referida a los tiempos de
aportes que debió efectuar el Ministerio de Educación Nacional, por la orden judicial
correspondiente al fallo del 10 de febrero de 1979, que declaró la nulidad de la Resolución
No. 3199 del 18 de mayo de 1976, proferida por el Ministerio de Educación y ordenó el
reintegro del demandante al cargo que desempeñaba, sin que existiera solución de
continuidad.
Finalmente, enfatizó en la compatibilidad entre la pensión de jubilación, por servicios
prestados al Estado, con la pensión de vejez, que incluye tiempos provenientes del sector
público, de acuerdo con el precedente jurisprudencial en la materia.
5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021
Por auto de veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)9, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3° del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
6. Concepto del Ministerio Público
9 Aplicativo Samai - indice 00004.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
El Ministerio Público allegó concepto10, considerando que, la sentencia de primera
instancia debe ser confirmada, comoquiera que, la pretensión del actor de obtener un
segundo reconocimiento de la prestación pensional de vejez, sobre los años 1968 a 1976,
resulta desacertada, en el entendido que, ya obtuvo el reconocimiento de una pensión de
vejez por parte del Instituto del Seguro Social – ISS, con base en los aportes que se
realizaron dentro del lapso señalado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto,
de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo11.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, se debe revocar la decisión de primera instancia,
denegatoria de las pretensiones, para en su lugar, declarar que, no existe
incompatibilidad entre la pensión reconocida al señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, mediante
la Resolución No. 34104 de 27 de septiembre de 2011, por parte del Instituto de Seguros
Sociales y el reconocimiento pretendido, con base en los tiempos de servicio de carácter
público?
Dilucidado el problema jurídico planteado, la Sala deberá verificar, ¿si el demandante
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, a partir de los
tiempos de servicio como docente, a fin de garantizar el principio de progresividad y la
prohibición de regresividad de sus derechos laborales?
De igual manera, de resultar positiva la respuesta al problema jurídico planteado, deberá
establecerse la legitimación en la causa por pasiva para el reconocimiento pensional.
10 Aplicativo Samai - indice 00010.
11 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.
Marco normativo; 2.3 Material probatorio; y 2.4 Caso concreto.
2.1.1. Marco normativo y jurisprudencial
Prohibición artículo 128 de la Constitución Política
El artículo 128 de la Constitución Política, previó lo siguiente: «Nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese
por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas»
Por su parte, la Ley 4ª de 1992, en el artículo 19, señala la prohibición de recibir más de
una asignación que provenga del erario, así:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una
asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga
parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama
Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza
Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales
docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8)
horas diarias de trabajo a varias entidades.»
Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-133 de 199312, al estudiar la
12 Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
exequibilidad de la normativa citada, sostuvo lo siguiente:
«(…) Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el
constituyente de esa época prescribió: "Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público,
salvo lo que para casos especiales determinen las leyes" (art. 64). Este precepto, como se lee
en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos
por parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de
sueldos.
Posteriormente se expidió el acto legislativo No. 1 de 1936 cuyo artículo 23 modificó el 64 de
la Carta de 1886 en el sentido de cambiar el término "sueldo" por el de "asignación" con el fin
de incluir allí toda clase de remuneraciones, emolumentos, honorarios, etc., que pudieren
percibirse del erario público; amplió el campo de cobertura de la disposición al extender su
aplicación a las empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, y precisó el
significado y alcance de la expresión "tesoro público" en el sentido de comprender "el de la
nación, los departamentos y los municipios", dejando incólume la parte de la norma que
autorizaba a la ley para señalar excepciones a dicha regla general.
La citada norma, que rigió hasta la expedición de la nueva Carta Política, dispuso:
“Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos especiales
determinen las leyes. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, los departamentos y los
municipios”.
Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes vigente
en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar más de
un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de
tesoro público, también al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas (…)»
Así mismo, definió el alcance del término «asignación», así:
«(…) El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro
público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador
ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4ª de 1992, sin contrariar
mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser
regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. (…)»
Incompatibilidad entre las pensiones de vejez y jubilación
El Decreto 3135 de 196813, en su artículo 31, estableció que:
«Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado
o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas»
A su turno, el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 88, reiteró la mencionada
incompatibilidad así:
13 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales»
10
Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
«Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de
concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga
económicamente»
Ciertamente, en el artículo 77 de la misma normativa, se determinó que «[e]l disfrute de la
pensión de jubilación es incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de
derecho público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta,
cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del servicio, salvo lo
que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la Ley 1a. de
1963»
Sobre el punto, la Subsección B, de la Sección Segunda de esta Corporación, a través
de la sentencia del 12 de diciembre de 2023, señaló que14:
«[…] No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación 15 y de la Corte Suprema de
Justicia16, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el Estado desapareció y que el
ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportan los trabajadores y sus
empleadores y que la compatibilidad debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del
empleador que efectuó las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros
provenientes de patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien
realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o privada17; sin embargo, se hace
necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas prestaciones son incompatibles con
otras asignaciones provenientes del tesoro público con independencia de su origen.
[…]
Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida incompatibilidad,
esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para cubrir las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y
prestaciones previstas en la ley, así como propender por la ampliación de cobertura a la población
no cubierta con un sistema de pensiones.
No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las reformas al sistema,
pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación del pasivo pensional llevaron al
legislador a expedir normas para resolver problemas de racionalización del gasto público, entre las
cuales se encuentran la Ley 344 de 1996, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley
797 de 2003, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450
de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir que, sobre la cobertura de las
14 Radicado:25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), de 12 de diciembre de 2023. MP Juan Enrique Bedoya
Escobar.
15Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del
24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús, Laverde Ospina. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 3 de abril de 1995, Referencia:
Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 1° de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William
Hernández Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022,
radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995, expediente 7109. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de 2021, radicado 25000
23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23
42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
11
Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
pensiones, la Nación en atención a la variación del IPC y el aumento del salario mínimo termina
contribuyendo a la financiación parcial de las pensiones de los colombianos, lo cual supone un
componente de gasto público.
En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que impone políticas de
racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger los riesgos que ampara, que al cubrir
esas contingencias desaparezca la necesidad de su protección. En tal sentido, la regla del sistema
es la incompatibilidad entre pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de
Justicia ha señalado lo siguiente:
Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con tiempos prestados
a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya contaba con una pensión de
jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que como ambas tenían idéntica naturaleza y
además preservaban el mismo riesgo, no era viable cargar al sistema con esa condena.
Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de segundo grado
no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que bajo la Ley 100 de 1993, no era
posible la asignación de dos pensiones de vejez, independientemente del origen de los servicios
prestados.
[…]
En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado, esto es que
únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones de las que se pide su
compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede
predicarse su compatibilidad, cuando provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados,
pues de lo contrario se entenderá que es inviable.
En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda prestación
que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta intrascendente su origen
como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al ex trabajador que cumple con los
requisitos, lo necesario para subsistir. En igual sentido lo ha considerado esta
Corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley 100] esta implementó un sistema
integral que se acompasaba con el canon constitucional precitado, en el entendido de
que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a contener el mismo riesgo de
vejez»
2.2. Material probatorio
• Registro civil de nacimiento18, que da cuenta que, el demandante nació el Treinta y
Uno (31) de Mayo de Mil Novecientos Cuarenta y Ocho (1948).
• Resolución N° 3199 del Dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos Setenta y Seis
(1976)19, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual, fue
declarado insubsistente el nombramiento del señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, en
18Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 21»
19Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoDos» -
02Anexos. 32-Acto%20Administrativo%20de%20Retiro%20del%20Servicio%20Oficial-Causante.PDF
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
el cargo de profesor de enseñanza secundaria, del Instituto Nacional Dorada, de
la Dorada, Caldas.
• Sentencia del Diez (10) de febrero de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979),
mediante la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso el reintegro
del demandante, sin solución de continuidad20.
• Sentencia de Diecinueve (19) de abril de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979),
del Consejo de Estado, confirmando la decisión inicial21.
• Auto del Veintidós (22) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991), por
medio del cual, el Juzgado Catorce Laboral de Santa Fe de Bogotá, libró
mandamiento ejecutivo, en favor del señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, y en contra
de la Nación - Ministerio de Educación, a efectos del reintegro del demandante22.
• Resolución N° ACMG 37614 de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Seis
(2006)23, que negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
• Recurso de apelación24 presentado por el señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, en la
que señala que, la pensión solicitada correspondía a la de jubilación y no, a la
pensión gracia.
• Resolución N° 58412 de Diecinueve (19) de diciembre de Dos Mil Siete (2007)25,
expedida por la Caja Nacional de Previsión Social, que revocó la negativa de
pensión gracia y negó la pensión de vejez al demandante.
• Certificación de Once (11) de julio de Dos Mil Cinco (2005) 26, por medio de la cual,
la asesora de Secretaría General (E), del Ministerio de Educación Nacional, señala
que, «el Señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey por mandato Judicial estuvo vinculado desde el
18 de mayo de 1976 hasta el 22 de octubre de 1991».
20 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 44-49»
21 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 50-54»
22
Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoDos» - 13-
Autos-Causante.PDF
23 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 16-21»
24 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 22-24»
25 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 31-33»
26 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 35-36»
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
• Certificación de Dos (2) de junio de Dos Mil Cinco (2005) 27, por medio de la cual,
la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, señala como fecha de ingreso del demandante, el Dieciocho
(18) de Enero de Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968), en el cargo de profesor
de secundaria y fecha de retiro, el Primero (1) de mayo de Mil Novecientos Setenta
y Seis (1976), por renuncia.
• Resolución No. 34104 de Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Once (2011)28;
por medio de la cual, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció al demandante,
pensión por aportes, con cuota parte pensional, a partir del Primero (1) de agosto
de Dos Mil Ocho (2008).
2.3. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, pretende el reconocimiento
pensional por parte de la UGPP, atendiendo los tiempos de servicio prestados en el
ejercicio de su labor docente.
El Tribunal Administrativo de Caldas, consideró que existía incompatibilidad entre la
pensión así reclamada, y la reconocida por parte del Instituto de Seguros Sociales en el
año 2011, porque en esta última, se tuvieron en cuenta los tiempos de servicio públicos,
prestados por el demandante entre los años 1968 y 1976, al tratarse de una pensión por
aportes, razón por la cual, aunque consideró que, existía compatibilidad en los
reconocimientos pensionales por tiempos de servicios públicos y aquellas cotizadas de
manera particular; negó las pretensiones de la demanda, porque no pueden coincidir los
mismos tiempos en una y otra pensión.
El recurrente considera que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente en la materia, sí
hay lugar al reconocimiento pensional, máxime si se tiene en cuenta que, la pretensión
está encaminada a que, la pensión se sustente en los tiempos de servicio entre los años
1976 y 1991, dada la orden judicial de reintegro al servicio público docente, sin solución
de continuidad.
27 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoUno» -
Doc.pdf «01CuadernoUno, Pag. 35-36»
28 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoCuatro» -
Carpeta «02AnexoCd» - Doc.pdf « GRF-AAT-PJ-2016_13728244-20161124112737»
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
A efectos de resolver el primer argumento de apelación, la Sala debe tener en cuenta
que, mediante Resolución No. 34104 de Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Once
(2011)29; el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció al demandante, pensión por
aportes, con cuota parte pensional, a partir del Primero (1) de agosto de Dos Mil Ocho
(2008).
Dicho reconocimiento pensional, tuvo en cuenta los siguientes tiempos:
Para estos efectos, el ISS tuvo en cuenta la edad de 60 años del demandante y los últimos
10 años de servicio, aplicando un porcentaje del 75%, para una mesada pensional de
$638.621.
De acuerdo con la certificación emanada por el Ministerio de Educación en el año 2005,
fruto de la orden de reintegro laboral en favor del demandante, este acumuló un tiempo
de servicios entre el Dieciocho (18) de mayo de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976), hasta
el Veintidós (22) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991), para un total de 15 años,
cinco meses y 4 días.
Sin embargo, de acuerdo con la certificación emanada por la Secretaría de Educación de la
Alcaldía Municipal de Bogotá, el señor Gutiérrez Rey, prestó sus servicios docentes estatales,
entre el Dieciocho (18) de enero de Mil Novecientos Sesenta y Ocho (1968), y el Primero
(1) de mayo de Mil Novecientos Setenta y Seis (1976), para un total de 8 años, tres meses
y 13 días.
Vistas así las cosas, sumados los tiempos de servicio público, resulta evidente que, el
demandante acumuló más de 20 años de servicio docente oficial, lo que, en principio,
29 Aplicativo Samai - índice 00002 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_2792024zi(.zip)» Carpeta «CuadernoCuatro» -
Carpeta «02AnexoCd» - Doc.pdf « GRF-AAT-PJ-2016_13728244-20161124112737»
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
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daría lugar a declarar la nulidad del acto administrativo enjuiciado, por medio del cual,
Cajanal negó la pensión de vejez, con base en la Ley 33 de 1985, en tanto el fundamento
de la negativa fue, que el demandante acumulaba 17 años y 13 días.
No obstante, tal como lo evidenció el A-quo, desde el año 2011, le fue reconocida al
demandante una pensión por aportes, con efectos desde el Primero (1) de agosto de Dos
Mil Ocho (2008), en la cual, se tuvo en cuenta el interregno público, comprendido entre
el mes de enero de 1968 y el primero de mayo de 1976.
De esta manera, asiste razón al Tribunal Administrativo de Caldas, al edificar la
incompatibilidad entre la pensión reconocida por el ISS y la pretendida frente a la UGPP.
Lo anterior por cuanto, además de sustentarse en los mismos tiempos públicos, entre los
años 1968 y 1976, va en contravía de la posición adoptada por esta Subsección, señalada
en el marco jurídico de la presente providencia, relativa a la imposibilidad de devengar
dos emolumentos que tengan la misma finalidad, que, en este caso, se concretaría en la
pensión de vejez.
Sin embargo, pese a que, la incompatibilidad pensional estructurada por el A- quo, es
acompañada por la Sala, atendiendo las precisas razones expuestas; no era factible
concluir a la primera instancia, sin absolver los problemas jurídicos planteados desde la
audiencia inicial, relativos a:
«¿Cuál es el régimen aplicable a la situación pensional del accionante?
Determinado ello, ¿Cumple el señor ORLAN DILIO GUTIÉRREZ REY los requisitos
previstos en la ley para acceder a la pensión de jubilación o vejez?
En caso afirmativo ¿Qué entidad se halla legitimada para el reconocimiento y pago de la
mencionada prestación?»
En criterio de la sala, dado que la incompatibilidad pensional, impone un estudio de
favorabilidad, de cara al beneficiario de la prestación económica, la cual no se agota
cuando quiera que existen dos reconocimientos pensionales, sino que, abarcaría también
casos como el presente, en el cual, si bien existe un solo reconocimiento pensional, la
pretensión justamente está encaminada a que se estudie, por favorabilidad, el
cumplimiento de requisitos bajo preceptivas que se consideran más favorables.
En consecuencia, correspondía al operador judicial de primera instancia, una vez
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
verificada la incompatibilidad, ahondar en el estudio del régimen pensional del
accionante, de cara a la favorabilidad aquí indicada.
No obstante, advierte la Sala que, el análisis jurídico expuesto, conlleva inexorablemente
a la estructuración de la proposición jurídica incompleta, en tanto el reconocimiento
pensional emanado del ISS, mediante Resolución No. 34104 de Veintisiete (27) de
septiembre de Dos Mil Once (2011), no fue enjuiciado en la presente litis.
En este punto, debe recordar la Sala que, en casos en los cuales se discute la legalidad
de actos administrativos que reconocen una pensión por ser incompatible con otra
concedida por otra entidad de previsión o un empleador, o por que deba tener el carácter
de compartida, la Sala ha sostenido que «[…] lo procesalmente pertinente sería, para efectos
de no afectar derechos fundamentales del pensionado [entre otros, el de la seguridad social y su
mínimo vital pensional] integrar en debida forma la proposición jurídica, esto es junto con los actos
administrativos de reconocimiento expedidos por la otra entidad de previsión social, de tal suerte
que a través del medio de control procedente se pueda definir la situación pensional del asociado
sin que este se vea afectado por las decisiones de la administración»30.
Por tal razón, en este tipo de asuntos, resulta adecuado que el operador judicial
competente y las partes, velen por alcanzar una integración completa y comprensiva del
contradictorio y de la proposición jurídica, de tal suerte que, puedan ser materia de
examen, todos los actos administrativos que conformen unidad jurídica respecto de la
situación del pensionado, con lo que, además, se honran los principios de eficiencia,
eficacia y seguridad jurídica.
En ese sentido, se ha recalcado que, es deber de la Sala «[…] desentrañar las reglas
procesales de tal modo que se garantice un acceso efectivo a la justicia y de la primacía del
derecho sustancial sobre el procedimental», y, en estas situaciones, examinar la legalidad
del acto acusado, bajo el entendido que, «[…] de prosperar las pretensiones de nulidad las
medidas de restablecimiento del derecho en favor de Colpensiones pueden ser ajustadas a lo
que afecte menos el derecho pensional del demandado».
No obstante, en oportunidades como la que ahora ocupa la atención de la Sala, es claro
que las pretensiones de la demanda debieron dirigirse también contra la Resolución No.
34104 de Veintisiete (27) de septiembre de Dos Mil Once (2011), por medio de la cual, el
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; auto de 24 de octubre de 2024; expediente 25000-23-42-000-
2021-00707-01 (3332-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
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ISS, reconoció la pensión de vejez, máxime si se tienen en cuenta, los tiempos de
servicios compartidos y la incompatibilidad pensional advertida en precedencia.
Entonces es evidente que, la demanda no contiene una proposición jurídica completa,
que permita resolver el asunto de incompatibilidad pensional, de cara al estudio de
favorabilidad, toda vez que, esta Corporación no puede examinar la legalidad de un acto
administrativo que no fue acusado, ni sorprender a las partes, en esta instancia, con un
pronunciamiento de nulidad que lo incluya.
De otra parte, la Sala encuentra que, en el presente asunto, el acto administrativo
censurado, corresponde a la Resolución N° 58412 de Diecinueve (19) de diciembre de
Dos Mil Siete (2007), que negó la pensión de vejez, siendo demandada la UGPP, como
sucesor procesal de Cajanal.
Sin embargo, es preponderante el hecho que, la vinculación del demandante a la
docencia oficial, culminó el Veintidós (22) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Uno
(1991), dada la suma compensatoria reconocida por el Ministerio de Educación, ante la
imposibilidad de reintegro al cargo que venía ocupando en el año 1976.
Esta circunstancia es relevante, por cuanto, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 91
de 1989, a partir de la promulgación de la norma, es el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio FOMAG, a quien le correspondía la obligación de afiliar a los
docentes que estuvieran vinculados, así:
ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente
Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos formales
que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias
a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo
valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá
cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.
Dado que la orden de reintegro sin solución de continuidad, se extendió hasta el año
1991, el demandante debió ser afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio FOMAG y es esta entidad la competente, para absolver la solicitud pensional
del demandante.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
Siendo así las cosas, la falta de legitimación en la causa por pasiva, planteada por la
UGPP, sustentada en que no es la entidad competente para reconocer la pensión al
demandante, dada su calidad de docente con vinculación hasta el año 1991, y por qué
no funge como sucesor procesal del fondo, estaría debidamente edificada.
Pese a ello, aunque no pierde de vista la Sala que, el Tribunal Administrativo de Caldas,
vinculó a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio FOMAG, en calidad de litis consorte necesario, lo cierto es que, entre los
medios de prueba aportados en primera instancia, ninguno permite establecer que, el
demandante haya adelantado la actuación administrativa de solicitud de reconocimiento
pensional, frente al fondo.
Al no efectuar el demandante, el requerimiento previo a la entidad, como una de las
formas de iniciar la actuación administrativa, de conformidad con el artículo 4 de la Ley
1437 de 2011, no existe pronunciamiento por parte de esta, lo que presupone la ausencia
de un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial, bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Respecto al requerimiento previo en sede administrativa, ha dicho esta Corporación:
«(…) Agotamiento de la actuación administrativa como requisito de procedibilidad
para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La demanda ha sido entendida como el instrumento o el mecanismo a través del cual las
personas ejercen su derecho de acción, es decir, la posibilidad de acudir ante la jurisdicción
en procura de sus intereses, con el fin de obtener una decisión de fondo, de ahí que uno de
los presupuestos procesales para proferir una sentencia en una demanda que se instauró
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -excepto si la
demanda proviene de la misma Administración o el acto administrativo se produjo a través
de medios ilegales o fraudulentos-, sea la reclamación previa ante la autoridad competente
del derecho que se considere quebrantado.
Para tal efecto, se tiene que el artículo 161 del CPACA estableció los requisitos que deben
cumplirse con la presentación de la demanda ante el juez administrativo, en especial en lo
que atañe al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues preceptuó:
«Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio
negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto
presunto.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos
procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral. […]».
Lo anterior nos indica que el legislador consagró la denominada actuación administrativa
como un presupuesto procesal de carácter obligatorio para quien pretenda demandar un
acto administrativo de contenido particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
En consecuencia, el ciudadano debe, antes de instaurar el referido medio de control,
solicitar el reconocimiento del derecho ante la Administración si esta no se ha pronunciado
oficiosamente31 y, de haberlo hecho, debatir la validez del acto ante la misma; lo cual se
materializa a través de la interposición de recursos que la ley reviste de obligatoriedad. Con
ello lo que se pretende es que esta revise los argumentos fácticos y jurídicos que
conllevaron a expedir la decisión, y si es del caso, la revoque, modifique o aclare.
Bajo las consideraciones expuestas, es diáfano que el agotamiento de la actuación
administrativa constituye:
I) Una garantía de los derechos al debido proceso y defensa de los ciudadanos frente al actuar
de la Administración, puesto que les permite debatir sus decisiones;
II) Una oportunidad para que la Administración reevalúe sus actos administrativos y corrija las
equivocaciones contenidas en estos, y;
III) Un presupuesto procesal para presentar la demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.»32
Sin embargo, la Sala no pierde de vista que, siendo que la UGPP era incompetente para
resolver la solicitud pensional del demandante, lo procedente, conforme al artículo 33 del
Decreto 01 de 1984, aplicable para el momento en que el demandante elevó la solicitud
de reconocimiento pensional, era que la entidad remitiera a la competente – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la petición ante ella radicada.
Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, aunque se revocará la decisión de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, teniendo en cuenta que, el señor Gutiérrez Rey, actualmente cuenta
con 78 años, en amparo de su derecho fundamental de petición, se dispondrá que la
UGPP, remita ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la solicitud
de 21 de julio de 2005, tendiente al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
31 Según el artículo 4 del CPACA, la actuación administrativa puede iniciar: i) por quienes ejerciten el derecho de
petición, en interés general; ii) por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular; iii) porquienes obren
en cumplimiento de una obligación o deber legal, y; iv) por las autoridades, oficiosamente.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; auto de Seis (6) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021);
expediente 25000-23-42-000-2014-04192-01 (5602-2018); consejero ponente: William Hernández Gómez.
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
En suma, la Sala concluye que, aunque la incompatibilidad pensional advertida por el
Tribunal de Caldas y corroborada en esta sentencia, no es óbice para el estudio de
favorabilidad pretendido por el recurrente, en principio la falta de integración de la
proposición jurídica completa, ante la ausencia de demanda respecto del acto por medio
del cual se reconoció la pensión por el ISS, impediría el pronunciamiento judicial, pero
más allá de ello, se verifica de las pruebas aportadas al proceso que, la entidad legitimada
para resolver la solicitud de reconocimiento pensional pretendida por el demandante, es
el fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y por lo tanto, se dispondrá
que la UGPP remita la petición del demandante ante el FNPSM.
2.4. De la condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es de decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por tanto, no se
condenará en costas, en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de Cinco (05) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022),
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. - DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
TERCERO. - ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, para que, de manera inmediata,
remita ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FNPSM, la
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Número interno: 5472-2024.
Demandante: Orlan Dilio Gutiérrez Rey.
Demandado: UGPP.
solicitud de 21 de julio de 2005, elevada por el señor Orlan Dilio Gutiérrez Rey, tendiente
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.
CUARTO. - Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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