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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00370-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00370-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar: Segundo. Declarar la incompatibilidad entre las pensiones que fueron reconocidas a Darío Alfonso Arango Galindo a través de la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005 expedida por el municipio de Cali y las resoluciones GNR103022 del 20 de mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014, proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones. Tercero. Declarar la nulidad de las resoluciones GNR103022 del 20 de mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014, por medio de las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez de Darío Alfonso Arango Galindo. Cuarto. Declarar que, por favorabilidad, Darío Alfonso Arango Galindo tiene derecho a la pensión de jubilación reconocida por el municipio de Cali a través de 33 Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024) Demandante: Colpensiones las resoluciones 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, 4142131- JGPI-0634 del 1° de junio de 2005 y 4122.1.21-328 del 30 de noviembre de 2009. Quinto. Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante ante el municipio de Cali las actuaciones pertinentes con el fin de que las cotizaciones para pensión que efectuó Darío Alfonso Arango Galindo durante toda su vida laboral financien la pensión reconocida por la entidad territorial, a la cual tiene derecho por favorabilidad. Sexto. Poner en conocimiento del municipio de Cali la presente decisión. Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Darío Alfonso Arango Galindo. Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Noveno. No condenar en costas en esta instancia. Décimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Décimo primero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00370-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-00370-011 (1107-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones2
Demandado: Darío Alonso Arango Galindo
Vinculado: Municipio de Cali

Tema: Incompatibilidad pensional, pensión de vejez y jubilación.
Sistema tripartita de financiación de la seguridad social.
Devolución de mesadas pensionales. Buena fe

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) GNR103022 del 20 de
mayo de 2013, mediante la cual la entidad le reconoció la pensión de vejez a Darío
Alfonso Arango Galindo por valor de $1’475.160, efectiva a partir del 1° de junio de
2013; y ii) GNR147669 del 30 de abril de 2014, por la cual se reliquidó la prestación
con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2010.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de que no era Colpensiones sino el municipio de Cali, la
entidad encargada de reconocer y pagar la pensión de vejez del demandado; ii) la

1 El radicado del tribunal corresponde al 76001-23-33-008-2018-00370-00.
2 En lo que sigue Colpensiones.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024)
Demandante: Colpensiones

devolución de las sumas de dinero pagadas por concepto de pensión de vejez a
partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados hasta que se declarara la
nulidad de dicho reconocimiento; y iii) la indexación de dichas sumas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Darío Alfonso Arango Galindo nació el 21 de diciembre de 1949 y por más de 28
años laboró en los sectores público y privado.

3.2. Mediante la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, el jefe
del Grupo del Recurso Humano del municipio de Santiago de Cali le reconoció una
pensión de jubilación por los servicios prestados como «profesor E13» entre el 3 de
agosto de 1982 y el 30 de diciembre de 2004, según lo previsto por la Ley 33 de
1985.

3.3. A través de la Resolución GNR103022 del 20 de mayo de 2013, en aplicación
de lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, Colpensiones le reconoció una pensión
de vejez, con un IBL de $1’475.160, al cual se le aplicó una tasa de remplazo del
90%, del promedio de los últimos 10 años de servicio y con base en las cotizaciones
efectuadas en el sector privado. Dicha prestación fue reliquidada con la Resolución
GNR147669 del 30 de abril de 2014.

3.4. Con la Resolución GNR109770 del 20 de abril de 2016, la administradora de
pensiones le negó el derecho al reconocimiento de una pensión de carácter
compartida.

3.5. Por medio del requerimiento BZ2015_8959346-0157649 del 22 de enero de
2016, Colpensiones le solicitó al pensionado su autorización para revocar los actos
de reconocimiento pensional; sin embargo, con el escrito del 25 de febrero de 2016,
Darío Alfonso Arango Galindo «manifiesta estar pensionado por el Municipio de Cali y
que las 1400 semanas contabilizadas para el reconocimiento pensional fueron cotizadas al
ISS siendo empleado de entidades privadas, entendiéndose que no manifiesta autorización
para revocar los actos administrativos» (sic).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señaló la Constitución Política; las leyes 100 de 1993 y 489 de

4 Para mayor comprensión se realizará una descripción fáctica acorde con el material probatorio

allegado al plenario.

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Demandante: Colpensiones

1998; y los decretos 813 de 1994, 5021 de 2009 y 575 de 2013 . En cuanto al
concepto de violación expuso lo siguiente5:

4.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos sin competencia, toda
vez que no tuvieron en cuenta que Darío Alfonso Arango Galindo gozaba de una
pensión de jubilación previamente reconocida por el municipio de Cali «sin que se
hubiere evidenciado vinculación ni aportes al sistema de prima media ISS hoy
Colpensiones, es así que no se efectuó cotizaciones con objeto de subrogar la prestación
(…) por lo que al no registrarse su afiliación, la prestación reconocida por Colpensiones
resulta incompatible con la pensión de jubilación otorgada por el municipio y que
actualmente percibe» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

5. Darío Alfonso Arango Galindo contestó la demanda y al efecto expuso las
razones que se expresan a continuación6:

5.1. El reconocimiento pensional fue obtenido legítimamente por cumplir con los
requisitos para tal fin.

5.2. Comoquiera que la pensión reconocida por Colpensiones tuvo en cuenta las
1400 semanas cotizadas por sus servicios docentes «en las mañanas de varias
entidades privadas desde el año 1973, registradas en la historia laboral la cual fue el
fundamento de dicha pensión» (sic) y la efectuada por el municipio de Cali porque
laboró 22 años, 4 meses y 28 días «como profesor E-13, jornada de la tarde, dependiente
de la Secretaría de Educación», es claro que, por su origen y fuente de financiación,
estas son compatibles.

5.3. Para el reconocimiento de la pensión otorgada por Colpensiones no se tuvo en
cuenta ninguno de los aportes realizados en el sector público, sino solo los aportes
provenientes de él y sus empleadores por sus servicios en el sector privado.

5.4. No está obligado a la devolución de dineros pagados por concepto de pensión
de vejez, toda vez que la reclamación estuvo precedida de la buena fe y el
reconocimiento se efectuó acorde con la ley y la jurisprudencia.

6. El municipio de Cali guardó silencio en esta oportunidad7.

5 Folios 9 al 13.
6 Folios 45 al 49.
7 Samai del tribunal, índice 37.

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Demandante: Colpensiones

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 10
de noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos
legales y jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente8:

7.1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado9 y la Corte Suprema de
Justicia10 es posible concluir que la incompatibilidad pensional únicamente se
predica respecto del reconocimiento de «dos pensiones de jubilación», pero no en el
caso en que se hubiese cotizado al sistema general por aportes realizados a los
sectores público y privado «escenario en el que resultaría posible percibir pensión de
vejez y pensión de jubilación de forma concomitante» (sic).

7.2. Cotejadas las prestaciones otorgadas por Colpensiones y el municipio de Cali,
se observa que los aportes efectuados para la primera de ellas fueron con ocasión
de los servicios prestados en su totalidad en colegios e instituciones educativas del
sector privado, mientras que la segunda, corresponde a tiempos de servicio como
docente del sector oficial, lo cual las hace compatibles, pues son de origen y fuente
de financiamiento diferente «y no se irrumpe con la prohibición constitucional del artículo
128 de la Constitución Política» (sic).

7.3. Comoquiera que el municipio de Cali no realizó ningún aporte pensional al ISS,
hoy Colpensiones, no es posible aplicar «la figura de subrogación o compartibilidad
pensiona, pues se insiste se requiere una afiliación efectiva por parte del ente estatal y a su
vez, que se realicen aportes al sistema para conseguir tal finalidad» (sic).

7.4. Sibien no existe certificación de afiliación del demandado al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio11, obligación prevista en el Decreto 3752 de
2003, lo cierto es que, ante su ausencia, es responsabilidad de la entidad territorial
continuar con el pago de la prestación «por los servicios prestados como docente no
afiliado al FOMAG y a su turno, dicha prestación completamente compatible con la pensión
de vejez reconocida por COLPENSIONES por los aportes efectuados en instituciones del
sector privado» (sic).

8 Samai del tribunal, índice 54, 24_SENTENCIA(.pdf) NroActua 54.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: sentencias del 19 de

febrero de 2015. Radicado 0882-2013; del 17 de abril de 2017. Radicado: 2297-11; del 1° de marzo
de 2012. Radicado 0375-11; del 22 de octubre de 2009. Radicado 0262-08; y del 3 de abril de 1995.
Radicado 5708, 5833 y 5937.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: sentencias del 7 de septiembre de 2010.

Radicado 35761; y del 4 de julio de 2012. Radicado 40413.
11 En adelante Fomag.

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Demandante: Colpensiones

1.4. El recurso de apelación

8. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos12:

8.1. La prestación reconocida y reliquidada por Colpensiones se expidió sin
competencia, toda vez que «se reconocieron sin tener en cuenta que el señor Arango
Galindo Darío Alfonso se encontraba jubilado por el municipio de Cali» (sic). Lo anterior,
comoquiera que no se evidenció vinculación ni aportes al ISS, hoy Colpensiones,
con el fin de subrogar la prestación, de ahí que, de conformidad con el artículo 128
Constitucional, se predica la «incompatibilidad con la pensión otorgada por el municipio
de Cali y que actualmente percibe» (sic)

8.2. Pese a tener conocimiento de que se encontraba percibiendo una prestación de
manera irregular, el demandado prefirió negar la autorización para revocar los actos
acusados, lo que evidencia la vulneración del principio de buena fe «es decir, teniendo
conocimiento del error cometido en su prestación no permitió que en sede administrativa se
realizara la corrección teniendo entonces que activar el aparato judicial para ello, situación
que claramente desvirtúa la buena fe» (sic) y en consecuencia, debe devolver la
totalidad de sumas percibidas y pagadas.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

11. Si bien se ha aceptado en casos como el presente que la proposición jurídica
presentada por la entidad de previsión social se concrete a la nulidad de su propio
acto administrativo cuando se sustenta en una incompatibilidad con otro acto
proferido por una autoridad diferente, lo cierto que es que dicha proposición, así
formulada, genera ciertos inconvenientes al momento de definirse la situación

12 Samai del tribunal, índice 59.

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Demandante: Colpensiones

prestacional del pensionado, puesto que el hecho de no ejercer un control de
legalidad respecto del segundo, en la medida en que este no fue demandado,
impide un análisis integral de las prestaciones sociales reconocidas y como
consecuencia a concluir con certeza la que le resulte más favorable a sus intereses.

12. En ese sentido, esta Subsección13 considera que lo procedente es, desde el
punto de vista procesal, que se demanden ambos actos administrativos, puesto que
de prosperar la pretensión anulatoria se deberá determinar cuál pensión y por qué
es la que debe permanecer dentro del ordenamiento jurídico, lo que requiere del
examen de legalidad del reconocimiento hecho en cada uno y examinar cuál
prestación le es la más favorable para el demandado.

13. La proposición jurídica así formulada permite emitir un pronunciamiento de fondo
y, de encontrar algún vicio en los elementos de validez, en estos casos la
vulneración de la prohibición prevista en el artículo 128 Constitucional según la cual
nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, se
podrá definir de qué forma se restablecerá el derecho conculcado para el sistema
pensional sin afectar los derechos del pensionado.

14. En el presente asunto, Colpensiones demandó las resoluciones GNR103022 del
20 de mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014 a través de las cuales
reconoció y reliquidó la pensión de vejez de Darío Alfonso Arango Galindo a partir
del 1° de diciembre de 2010, pero no la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de
febrero de 2005 con la que el municipio de Santiago de Cali le concedió la pensión
de jubilación y tampoco se vinculó a tal entidad.

15. Lo anterior, en principio, daría lugar a que se declarara probada la excepción de
«indebida proposición jurídica» y, por lo tanto, que se profiriera una sentencia
inhibitoria. Sin embargo, la Sala considera que en el presente caso debe prevalecer
el derecho de acceso a la administración de justicia de las partes y en tal virtud es
menester que se profiera una sentencia que resuelva de manera definitiva la
controversia porque se discute la viabilidad de que el demandado reciba dos
pensiones y, por ende, la protección del erario y del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

16. Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en los artículos 229 de la Constitución
Política y 2 de la Parte II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos14

13 Auto de sala del 24 de octubre de 2024, proferido dentro del expediente con radicado 25000-23-

42-000-2021-00707-01 (3332-2024).
14 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado

por el Estado Colombiano a través de la Ley 74 del 26 de diciembre de 1968.

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Demandante: Colpensiones

que define el derecho aludido como el que tiene toda persona de interponer «un
recurso efectivo» ante una autoridad competente. Asimismo, porque el artículo 25.1
de la Convención Americana de los Derechos Humanos15 indica que tal derecho
implica la garantía de «[…] un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes […]» para lograr el amparo de los derechos.

17. En esa línea, pese a que no se demandó la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del
2 de febrero de 2005 del municipio de Cali debe garantizarse una decisión de fondo.
Ciertamente, en virtud de lo anotado, la jurisprudencia ha señalado que los jueces
una vez asuman la competencia de un caso tienen el deber de proferir una sentencia
de mérito y solo en eventos excepcionales y en los que no exista alternativa procede
la inhibición, puesto que «[…] una inhibición no justificada es ajena a los deberes
constitucionales y legales del juez y configura una verdadera denegación de justicia […]»16.

18. Por tal razón, la sentencia inhibitoria ha sido considerada como la «antítesis»17 de
la función judicial, máxime cuando el juez, de acuerdo con los postulados de los
artículos 228 y 229 Constitucionales, tiene el deber de decidir de fondo la
controversia. Igualmente, porque el artículo 42 del CGP en su numeral 5 le ordena
sanear los vicios del procedimiento «e interpretar la demanda de manera que permita
decidir el fondo del asunto». En tal virtud, es su deber desentrañar las reglas
procesales de tal modo que se garantice un acceso efectivo a la justicia y de la
primacía del derecho sustancial sobre el procedimental18.

19. Así las cosas, en el caso presente es posible decidir de fondo aun cuando no se
demandó la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, puesto que
de prosperar las pretensiones de nulidad las medidas de restablecimiento del
derecho en favor de Colpensiones pueden ser ajustadas a lo que afecte menos el
derecho pensional del demandado.

20. Con todo, ante la posibilidad de que existan algunos asuntos en los que ello no
sea posible se hace necesario indicar a Colpensiones que para evitar sentencias
inhibitorias es preciso que demande todos los actos administrativos que
reconocieron la pensión cuando se pida la nulidad del reconocimiento por
incompatibilidad e integrar en debida forma el contradictorio, si es del caso.

15 Adoptado por el Estado Colombiano con la Ley 16 de 1972.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de octubre de 2020,
radicado 25000-23-25-000-2011-00806-01 (0256-14).
17 Ver la sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, radicado

17001-23-33-000-2017-00363-01 (2723-2020).

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Demandante: Colpensiones

2.2. Los problemas jurídicos

21. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si existe incompatibilidad entre la
pensión reconocida al demandado por Colpensiones y la pensión de jubilación
reconocida por el municipio de Cali?, en caso afirmativo, establecer ¿si hay lugar a
ordenar la devolución de los dineros percibidos con ocasión del reconocimiento
pensional efectuado por Colpensiones?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la compatibilidad pensional

19
22. El artículo 64
de la Constitución Política de 1886 señaló la prohibición de recibir
más de una erogación proveniente del erario. Sin embargo, con el fin de determinar
algunas excepciones, el gobierno nacional expidió el Decreto 1713 de 1960, así:

«Artículo 1.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:

a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.

Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas».

23. Ahora bien, para cubrir, entre otros, el riesgo ocasionado por invalidez, vejez y
muerte la Ley 90 de 194620 estableció el seguro social obligatorio y creó el ISS, con
el fin de administrar los recursos necesarios para cubrir las prestaciones que
reconocía y, en tal sentido, fijó un sistema triple de contribución forzosa de los

19 «Artículo 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes».
20 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros

Sociales».

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Demandante: Colpensiones

asegurados, patronos y el Estado21. En cuanto a los aportes del Estado el artículo
31 del Decreto Ley 433 de 1971 modificó dicha forma de financiación, así:

«Artículo 31. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en
dinero, y [l]os servicios sociales que se llegaren a establecer, correspondientes a los
seguros sociales y los gastos de administración de los mismos, serán obtenidos así:

a). Mediante cotización que deberán pagar los trabajadores asalariados y todos los que
perciban retribución por los servicios prestados bajo la subordinación de otra persona,
siempre que no fueren ocasionales ni ajenos a la actividad de la empresa. La cotización
laboral se pagará sobre la remuneración total que por concepto de salario o de otras
retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba el trabajador en razón de tales
servicios. Esta cotización se destinará al financiamiento del Seguro social establecido en
beneficio de este grupo de asegurados;

b). Mediante cotización a cargo de la persona natural o jurídica a la cual o por cuya
cuenta el trabajador presta el servicio, que se pagará sobre la remuneración total que
por concepto de salario o de otras retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba
el trabajador en razón del servicio prestado. Esta cotización se destinará al
financiamiento del seguro social establecido en beneficio de los trabajadores
asalariados;

c). Mediante cotización sobre los ingresos de los trabajadores independientes y de los
autónomos o pequeños patronos que será pagada por éstos, siempre que tales ingresos
tuvieren carácter de regularidad o fueren controlables individualmente. Dicha cotización
será señalada de acuerdo con la capacidad económica de los respectivos sectores o
grupos d ella (sic) población económicamente activa, y se pagará en la forma y en la
cuantía que se determinen en atención a las prestaciones y servicios de los seguros

21 «Artículo 16. ‹Modificado por el artículo 2 del Decreto 3850 de 1949. El nuevo texto es el siguiente›:

Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en dinero, correspondientes a los
seguros obligatorios y los gastos generales de los mismos serán obtenidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por el sistema de triple contribución forzosa de los asegurados, de los
patronos y del Estado. Cuando a este último le corresponda contribuir, su cuota no será inferior a la
mitad de la cuota del patrono. Además, para las empresas cuyo capital no exceda de treinta mil
pesos ($ 30.000) o de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000), tratándose de empresas agrícolas o
mineras explotadoras de metales preciosos, el Estado podrá contribuir con una parte de la respectiva
cuota patronal, cuando sus circunstancias financieras lo permitan y el gobierno así lo determine
mediante decreto ejecutivo, previa consulta al Instituto Colombiano de seguros Sociales. En tal caso
la contribución del Estado será fijada entre un diez por ciento (10%) y un cuarenta por ciento (40%)
de la cuota patronal. Los aportes del Estado se financiarán en primer término, con los productos de
las rentas especiales de que trata el artículo 29, pero si no fueren suficientes, el Gobierno arbitrará
los recursos ordinarios y extraordinarios que sean indispensables.
Parágrafo. Cuando se trate de asegurados obligatorios, que tengan efectivamente más de cuatro
personas a su cargo, de aquellas a las que está obligado a alimentar de acuerdo con las
prescripciones del Código Civil, el Estado podrá contribuir hasta con la mitad del aporte que le
corresponda al Asegurado, lo que regulará el Departamento Matemático-Actuarial, teniendo en
cuenta el excedente de personas que vivan a cargo de éste».

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Demandante: Colpensiones

sociales que se otorguen al correspondiente grupo de población económicamente
activa.

d). Mediante cotización sobre los ingresos globales o sobre la base económica relativa
a la naturaleza o a las condiciones de trabajo de los grupos de población
económicamente activa, cuyos medios de vida no tengan el carácter de periódicos ni
permanentes, cotización que se fijará de acuerdo con la capacidad económica del
respectivo grupo y en atención a los servicios de seguros sociales que se les otorgue.

e). el (sic) Estado contribuirá al financiamiento de los seguros sociales mediante un
aporte anual que se señalará en los presupuestos de renta y gastos de la Nación, en
proporción al costo total de las prestaciones y servicios de aquellos. El aporte del Estado
se aplicará a incrementar los fondos de solidaridad destinados a contribuir al
financiamiento de las prestaciones y servicios de los seguros sociales en beneficio de
los sectores de la población y de las zonas económicamente más débiles del país. El
aporte anual del estado para los programas de los seguros sociales no podrá ser inferior
a una cuarta parte del costo anual global de las prestaciones y servicios otorgados por
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».

24. Por lo que se refiere a la fuente de financiación de las prestaciones que otorga el
régimen de los seguros sociales obligatorios, el artículo 17 del Decreto 1650 de
197722 distinguió sus orígenes, así:

«Articulo 17. De la financiación. Los recursos para la financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serán obtenidos,
de las cuantías y condiciones señaladas en los reglamentos generales, de las siguientes
fuentes:
a). Aportes exclusivos de los patronos o empleadores.
b). Aportes exclusivos de los trabajadores.
c). Aportes de unos y otros.
d). Aportes de los pensionados por invalidez y vejez.
e). Aportes de otros afiliados, según los reglamentos.
f). Impuestos o tasas específicas.
g). Transferencias de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y
de los territorios nacionales.
h). Rendimiento obtenido de la inversión de las reservas.
i). Ingresos derivados de la actividad encomendada a los organismos administradores.
j). Aportes provenientes de la extensión de los seguros a los sectores de población, y
k). Otros ingresos». [Resalta la Sala].

25. De manera que, si bien las pensiones reconocidas por el ISS son pagadas, entre
otros, con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es
que estas prestaciones también se encuentran financiadas con recursos

22 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y

se dictan otras disposiciones».

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provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo
que, por su fuente, las haría incompatibles con otras asignaciones provenientes del
tesoro público.

26. Ahora bien, respecto de la compatibilidad de las pensiones e indemnizaciones
sustitutivas que cubría el ISS, esta Corporación en la sentencia del 3 de abril de
199523 compartió el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia24 y por tanto
declaró la nulidad de los literales a) y b) del artículo 49 del Acuerdo 049 del 1 de
febrero de 199025. Al respecto señaló:

«El artículo 49 del acuerdo 049 de 1990 reitera que la prohibición allí establecida se
refiere a prestaciones que cotizó un afiliado a quien no puede reconocérsele
simultáneamente pensión de invalidez y pensión de vejez o alguna de ellas y una
indemnización sustitutiva. Debe recordarse que el régimen de seguridad social (artículo
16, decreto 1650 de 1977), distingue entre los afiliados y los derechohabientes, porque
mientras los primeros tienen un derecho subjetivo por tal condición y porque han
contribuido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobreviviente y demás
derechohabientes reciban un derecho derivado de su vinculación familiar con aquellos;
en tal virtud, la prohibición que consagra la norma examinada debe comprender
solamente ciertas prestaciones de los afiliados y nunca los derechos de terceros
beneficiarios porque sería incongruente; en otras palabras no existe impedimento para
que una persona adquiera prestaciones como afiliado del ISS y simultáneamente como
derechohabiente de otra persona ya fallecida.

Obsérvese que las prestaciones de vejez y de sobrevivientes no amparan el mismo
riesgo, pues las contingencias son diferentes y ese postulado lo recoge el inciso 2o. del
artículo 11 del tantas veces citado decreto 1650 de 1977 que establece que ‹para
determinar las cotizaciones y recaudar los aportes correspondientes, las contingencias
de que trata el artículo 3o. de este decreto se agrupan así: invalidez, vejez y muerte›.

Sobre el tópico, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de noviembre de 1994
señalo (sic):

‹... no puede el Instituto de Seguros Sociales a su amparo excusarse de reconocer una
de ellas, porque no se trata de cubrir dos veces el mismo riesgo sino de pagar las
prestaciones que amparan riesgos distintos, generados en una causa diferente y que por
esa sola razón no quedan comprendidos entre la incompatibilidad que eventualmente
podrían presentarse entre las pensiones de jubilación y de vejez de una misma persona,
las cuales si cubren el mismo riesgo y se conceden como contraprestación de los
servicios prestados por el afiliado.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia

del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro
Lecompte Luna.
24 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,

expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril de 1990.

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La Sala Plena de Casación Laboral en la sentencia de 21 de mayo de 1991, en la que
se apoya la recurrente, tuvo la oportunidad de precisar la diversa naturaleza de las
pensiones antes mencionadas: la de sobrevivientes que ampara el estado de viudez y
orfandad y se adquiere por ministerio de la ley, que bajo determinadas condiciones hace
surgir un nuevo derecho en cabeza del cónyuge o compañero permanente, o de sus
demás beneficiarios dentro de un orden preestablecido, y la de vejez que cubre el riesgo
de la eventual pérdida de la capacidad para trabajar por razón de llegar el trabajador a
una edad avanzada, y la cual por ello se muestra como una contraprestación de los
servicios prestados por la persona y para la que contribuyó durante su vida laboral.

Diferencia -que así se dijo en el fallo- resulta de distinguir entre el carácter de
contraprestación por un trabajo pretérito que se rindió por el pensionado que tiene la
pensión por servicio, de la índole eminentemente tuitiva del estado de viudedad que tiene
la pensión por sustitución, conforme resulta de la condición que indistintamente han
impuesto todos los estatutos reguladores de dicho instituto jurídico. Tal condición ha sido
en el pasado, y lo es en el presente, que la viuda mantenga su estado civil de tal, y ni
siquiera haga vida marital, so pena de perder la sustitución que precisamente en razón
de su viudez se le otorga y mantiene›. (Gaceta Judicial, Tomo CCX, página 614).

Y en cuanto a lo que atañe al ordinal b) del artículo 49 que se examina, debe decirse:

Recuérdese que en virtud de la Ley 90 de 1946, artículo 16 se adoptó el sistema tripartito
para financiar los seguros que cubrirían el entonces ISS que consistía en aportes de los
trabajadores, empleadores y Estado. Más tarde, el Decreto ley 433 de 1971, en cuanto
a aportes mensuales del Estado, se sustituyó por ‹un aporte anual que se señalará en
los presupuestos de rentas y gastos de la Nación›. Y al dictarse el decreto ley 1650
de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado, puesto que en su artículo
22 se dijo:

‹De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general,
maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el 67% de
la cotización total y los trabajadores el 33%.

La cotización para el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador›.

Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de enero de 1995
(expediente No. 7109, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio.) ‹puede decirse entonces que el ISS se convirtió en un mero
administrador de los dineros que aportarán asalariados y empleadores con el
compromiso de manejarlos; por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que
éste otorgue provinieron del Tesoro Público›. La Sala comulga con tal apreciación. Se
trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente. La
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado

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patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público›.

Y en cuanto al ordinal c) de tantas veces mencionado artículo 49 que se juzga debe
precisarse lo siguiente:

A) La ley 71 de 1988 en su artículo 1 estableció lo siguiente:

‹A partir de la vigencia de la presente ley los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los
Seguros Sociales tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan
sesenta (60) años o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas›.

Como se observa, se trata de una pensión conformada por aportes provenientes de
personas que han laborado consecutivamente al servicio de entidades privadas y de
entidades públicas y que sumados den el número de años señalados en la ley.

Resulta lógico entonces que no pueda concurrir la mencionada pensión por aportes de
que habla la citada Ley 71 de 1988 con las otras pensiones que cubra el ISS». [Resalta
la Sala].

27. Sin embargo, contrario a lo señalado en aquella oportunidad, el sistema tripartita
de financiación de las pensiones mantuvo su vigencia, pues es justamente a partir
de lo dispuesto en el literal g) del artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, que dispone
como una de las fuentes de financiación de las prestaciones y de los servicios que
corresponden a los seguros sociales obligatorios las transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales,
que debe entenderse la participación de los recursos del erario en el reconocimiento
de las pensiones.

28. En efecto, de la lectura de los artículos 17 y 22 del Decreto 1650 de 1977 que
determinaron el origen de los recursos y la forma de financiación de las
prestaciones, se advierte que una de las fuentes de financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serían
obtenidos de las transferencias de los presupuestos nacional, departamentales,
municipales y de los territorios nacionales. Además, el artículo 22 ibidem señala lo
siguiente:

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«Artículo 22. De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de
enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o
empleadores aportarán el sesenta y siente por ciento de la cotización total y los
trabajadores el treinta y tres por ciento.

La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador».

29. Lo anterior permite concluir que se conservó el sistema tripartita de financiación
de la seguridad social (trabajador, empleador y Estado), pues lo cierto es que, pese
a que los empleadores y trabajadores estén obligados a realizar cotizaciones en un
porcentaje cada uno hasta completar un 100%, a efectos de realizar los pagos de
las prestaciones reconocidas, debe acudirse, entre otras a las «transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales».

30. Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición
contenida en el artículo 64 de la Constitución de 1886 se mantuvo en los siguientes
términos:

Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas [Resalta la Sala].

31. Enatención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992, estableció las siguientes
excepciones:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

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g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.

Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades».

bien, la Corte Constitucional26 al analizar la constitucionalidad del
32. Ahora
mencionado artículo concluyó:

«si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.

(…)

«El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores
oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma». [Resalta la Sala]

33. Así, en materia pensional, la norma solo excluyó la situación del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, las percibidas
por concepto de sustitución pensional, y las que a la fecha de entrar en vigor esa
ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.

34. No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación27 y de la Corte

26 Sentencia C-133 de 1993
27Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús,
Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P.
Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández
Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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Suprema de Justicia28, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el
Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los
dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad
debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que efectuó
las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de
patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien
realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o privada 29; sin
embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas
prestaciones son incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público con independencia de su origen.

2.3.2. Del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993

35. Ahora bien, con el fin de desarrollar el derecho a la seguridad social previsto en
el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el legislador por medio de la Ley
100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo
a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte.
Este ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional.
Además, procuró resolver el «crecimiento incontrolable del correspondiente gasto
público, y aun mayor aumento de un pasivo escondido», toda vez que el «pago de
pensiones en el sector público se realiza[ba] con cargo a los presupuestos nacional
y territorial, o a los recursos de las entidades, sin contribución de los trabajadores,
ni con rendimiento de inversiones de reservas»30.

36. Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para
cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así como
propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un sistema
de pensiones31.

37. No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las

28 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de julio de

2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del
22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre
de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
30 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
31 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.

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reformas al sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación
del pasivo pensional llevaron al legislador a expedir normas para resolver problemas
de racionalización del gasto público, entre las cuales se encuentran la Ley 344 de
1996, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 797 de 2003, el
Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450
de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir que, sobre la
cobertura de las pensiones, la Nación en atención a la variación del IPC y el
aumento del salario mínimo termina contribuyendo a la financiación parcial de las
pensiones de los colombianos, lo cual supone un componente de gasto público.

38. En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que
impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger
los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad
de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la incompatibilidad entre
pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado lo siguiente32:

«Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.

Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que
bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.

[…]

En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable. [Resalta la Sala].

39. En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al
extrabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual

32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero

de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

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sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley
100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional
precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a
contener el mismo riesgo de vejez»33.

2.3.3. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas

40. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración34.

41. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos35, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española36, como honradez.

37
42. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 1995 , sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

43. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

33Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.
34 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
35Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
36 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
37 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

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En todos los otros, la mala fe deberá probarse»38.

44. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

39
45. A su turno, el Código Contencioso Administrativo en su artículo 136, numeral 2,
estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse
en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del texto
original).

46. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

47. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional40 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

48. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la

38 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
39 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
40 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

19

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Demandante: Colpensiones

buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Se resalta).

49. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

50. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200441, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». (Se resalta).

51. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros42.

41 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
42 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: Colpensiones

52. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

53. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»43, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

54. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

55. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200844 hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya

43 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
44 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024)
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que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto45».

46
56. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 , la corporación
indicó:

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir47 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)48

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA».

49
57. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 , sostuvo:

45 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya

Forero.
46 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
47 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar

Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».
48 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
49 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024)
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«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

58. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

59. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

60. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación50.

61. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así la recuperación
de los dineros pagados de manera indebida.

50 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».

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62. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad
de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que
llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.

2.4. Caso concreto

63. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

63.1. Darío Alfonso Arango Galindo nació el 21 de diciembre de 194951.

8.1. Mediante la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, el jefe del
Grupo del Recurso Humano del municipio de Santiago de Cali le reconoció una
pensión de jubilación por los servicios prestados como «profesor E13» entre el 3 de
agosto de 1982 y el 30 de diciembre de 2004, según lo previsto por la Ley 33 de
1985, por el valor mensual de $1.646.539, efectiva a partir «de la fecha en que el señor
Darío Alfonso Arango Galindo quede separado del servicio oficial mediante los medios
legales (aceptación de renuncia) de su cargo como profesor E-13 y desde entonces se
deducirá el 12% mensual de cada mesada para dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993 y
su Decreto 692 de marzo 29 de 1994»52 (sic).

8.2. Con la Resolución 4142131- JGPI-0634 del 1° de junio de 2005, el jefe del Grupo
del Recurso Humano del municipio de Santiago de Cali reajustó la pensión de
jubilación en cuantía de $1.696.934, a partir del 1° de marzo de 2006. Asimismo, en
el artículo segundo de dicho acto dispuso que «[c]uando el Fondo de Pensiones asuma
la pensión de vejez, el municipio de Cali pagará únicamente el mayor valor si lo hubiere
entre la pensión otorgada y la que venía reconociendo»53 (sic).

8.3. A través de la Resolución 4122.1.21-328 del 30 de noviembre de 2009, la
subdirectora administrativa del Recurso Humano del municipio de Santiago de Cali
reliquidó la prestación descrita, elevando la cuantía a la suma de $2.022.962, a partir
del 1° de marzo de 2005; «$2.121.076 para el año 2006; $2.216.100 para el año 2007;

51 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: CC-14966500 ExpCompleto_2. Pdf,

folio 6 y 12.
52 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: CC-14966500 ExpCompleto_3. Pdf,

folios 7 y 8.
53 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GRF-AAT-PJ-2015_8959346-

201509240726. Pdf, folios 3 y 4.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024)
Demandante: Colpensiones

$2.242.196 para el año 2008; y $2.521.842 para el 2009»54 (sic).

8.4. En las certificaciones expedidas el 1° de septiembre de 2015, la subdirectora
administrativa del Recurso Humano de la Dirección de Desarrollo Administrativo del
municipio de Cali dejó constancia de que con las «[r]esoluciones No. 0084 del 02 de
febrero de 2005 y 0634 del 01 de junio de 2005 y 3281 del 30 de noviembre de 2009» (sic)
la entidad territorial le reconoció una pensión de jubilación al demandado y que en
dichos actos «se consagró la figura de la compartibilidad pensional, entre la pensión que
reconociera el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, respecto de la pensión de
jubilación que otorgó el municipio de Santiago de Cali»55 (sic).

8.5. Por medio del Oficio 2015412210088051 del 2 de octubre de 2015, el municipio
de Cali le informó al gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones que, entre
el 3 de agosto de 1982 y el 31 de julio de 1995, periodo laborado por el demandado
«el municipio de Santiago de Cali (…) asumía directamente el pago de sus jubilaciones y
mediante el decreto 0700 de junio de 30 de 1995 se acogió al sistema general de
pensiones»56 (sic).

8.6. A través de la Resolución GNR103022 del 20 de mayo de 2013, Colpensiones
le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, de conformidad con el
Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993, con un IBL de $1’475.160, al cual se le aplicó una tasa de
remplazo del 90%, del promedio de los últimos 10 años de servicio, efectiva a partir
del 1° de junio de 201357.

8.6.1. Este reconocimiento se efectuó por cuanto acreditó 1347 semanas cotizadas
así:

Entidad laboró Desde Hasta
Lux de Colombia SA 07/02/1973 11/04/1973
Liceo Real Holandés 31/12/1973 19/06/1975
Colegio Fray Damián González 07/10/1975 30/06/1976
Colegio Fray Damián González 03/09/1976 01/08/1977
Fundación Carvajal 01/10/1977 15/12/1978
Fundación Carvajal 22/12/1978 31/07/1983
Fundación Carvajal 16/08/1983 26/07/1984
Rojas G José D 16/01/1985 30/06/1985
Herrera Mercedes 16/09/1986 20/06/1987

54 Ibidem, folios 6 al 8.
55 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GRP-CER-RE-2015_8959346-
20150924072626. Pdf.
56 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GRP-COM-TP-2015_9562401-

20151006150025. Pdf.
57 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GEN-REQU-IN-2015_8959346-

201709006051743. Pdf.

25

Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024)
Demandante: Colpensiones

Rojas G José D 24/09/1987 30/06/1988
Rojas G José D 28/09/1988 30/06/1989
Rojas G José D 02/10/1989 30/06/1990
Rojas G José D 27/09/1990 30/06/1991
Colegio la presentación 10/09/1991 30/06/1992
Colegio la presentación 09/09/1992 30/06/1993
Colegio la presentación 03/09/1993 30/06/1994
Colegio la presentación 06/09/1994 31/12/1994
Colegio la presentación 01/01/1995 30/06/1995
Colegio la presentación 01/09/1995 31/05/1996
Colegio la presentación 01/06/1996 30/06/1996
Colegio la presentación 01/10/1996 31/01/1997
Colegio la presentación 01/02/1997 31/12/1997
Colegio la presentación 01/01/1998 31/08/1998
Colegio la presentación 01/09/1998 31/12/1998
Colegio la presentación 01/01/1999 30/09/1999
Colegio la presentación 01/10/1999 31/10/1999
Comunidad Hermanas Dominicas de la 01/11/1999 30/06/2000
Cooperativa asociados Ltda 01/09/2000 31/08/2001
Colegio San Francisco de Asís 01/01/2004 31/01/2004
Colegio San Francisco de Asís 01/02/2004 30/06/2004
Colegio los Ángeles 01/02/2006 31/01/2007
Arango Galindo Darío 01/05/2007 30/09/2007
Uribe Asociados CTA 01/04/2008 30/04/2008
Colegio San Alberto 01/08/2008 31/12/2008
Colegio San Alberto 01/01/2009 31/12/2009
Colegio San Alberto 01/01/2010 31/01/2010
Colegio San Alberto 01/03/2010 30/11/2010

8.6.2. Dicha prestación ingresó en la «nómina del periodo 201306 que se paga en el
periodo 201307 en la central de pagos del banco BANCO DE BOGOTA CP1 QUINCENA
de CP CALI 1 QUIN CRA 6 No. 13-08-10 LOCAL 5» (sic).

8.7. El anterior reconocimiento fue modificado con la Resolución GNR147669 del 30
de abril de 2014 y, en consecuencia, se reliquidó la pensión de vejez con un IBL de
$1’345.586, al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 90%, del promedio de los
últimos 10 años de servicio, efectiva a partir del 1° de diciembre de 201058.

8.8. El
21 de septiembre de 2015, Darío Alfonso Arango Galindo le solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de una pensión compartida59.

8.9. Por medio del requerimiento BZ2015_8959346-0157649 del 22 de enero de
2016, Colpensiones le solicitó al pensionado su autorización para revocar los actos

58 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GRF-AAT-RP-2013_5751779-
20140501011922. Pdf.
59 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GRP-FSP-AF-2015_8959346-

20150924072626. Pdf.

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Demandante: Colpensiones

de reconocimiento pensional60.

8.10. Con el escrito del 25 de febrero de 2016, Darío Alfonso Arango Galindo
«manifiesta estar pensionado por el Municipio de Cali y que las 1400 semanas
contabilizadas para el reconocimiento pensional fueron cotizadas al ISS siendo empleado
de entidades privadas, entendiéndose que no manifiesta autorización para revocar los actos
administrativos»61 (sic).

8.11. Mediate la Resolución GNR109770 del 20 de abril de 2016, el gerente nacional
de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y prestaciones de
Colpensiones negó la pensión de vejez compartida solicitada por el demandado,
toda vez que el «municipio de Cali no efectuó cotizaciones al sistema de prima media con
el objeto de subrogar su prestación, y al no afiliar al señor Arango Galindo Darío Alfonso la
prestación reconocida por esta administradora es incompatible con la que percibe por
concepto de jubilación, según lo establecido en el artículo 128 de la Constitución Política
de Colombia»62 (sic).

2.5. Análisis sustancial

64. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
resulta válido el reconocimiento de las pensiones de vejez y de jubilación cuando
una corresponde a servicios prestados a entidades del Estado y la otra a
empleadores privados.

65. Colpensiones presentó recurso de apelación en el cual solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, comoquiera que la prestación reconocida y
reliquidada por Colpensiones se expidió sin competencia pues no tuvo en cuenta
que el demandado se encontraba disfrutando de una prestación que cubría igual
contingencia, lo cual de conformidad con el artículo 128 Constitucional, resulta
incompatible con la prestación reconocida por el municipio de Cali.

66. Además, pese a que aun conociendo que se encontraba percibiendo una
prestación de manera irregular, el demando prefirió negar la autorización para
revocar los actos demandados, lo que evidencia la vulneración del principio de
buena fe.

67. En ese orden, de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se

60 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GEN-COM-CO-2016_19311829-
20160225163339. Pdf, folios 3 al 7.
61 Ibidem, folios 1 al 3.
62 Cd visible a folio 13Bis, CC-14966500Anexos, documento: GRF-AAT-RP-2015_8959346-

20160420080710. Pdf.

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Radicado: 76001-23-33-000-2018-00370-01 (1107-2024)
Demandante: Colpensiones

encuentra que la competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a
declarar la nulidad de los actos demandados por cuanto las prestaciones
reconocidas por el municipio de Cali y Colpensiones son incompatibles y, de ser así,
si es procedente ordenar la devolución de los dineros pagados de más.

68. Así las cosas, se precisa que no se efectuará pronunciamiento en relación con el
régimen con el que fue reconocida la prestación objeto de discusión, esto es acerca
de la procedencia de computar tiempos públicos y privados bajo las disposiciones
contenidas en el Decreto 758 de 1990.

69. Ciertamente, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se
tiene que el demandado se encuentra disfrutando las pensiones de jubilación y vejez
reconocidas por el municipio de Cali y Colpensiones, respectivamente, las cuales
cubren igual contingencia, esta es proporcionarle al extrabajador que cumple con
los requisitos lo necesario para subsistir. Así las cosas, como se explicó en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, se encuentra que estas son
incompatibles, puesto que el sistema pensional no permite que se acceda a una
segunda prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad.

70. Lo anterior, por virtud del sistema tripartita de financiación de la seguridad social
(trabajador, empleador y Estado) según el cual los empleadores y trabajadores se
encuentran obligados a realizar cotizaciones en un porcentaje cada uno hasta
completar un 100%, a efectos de realizar los pagos de la prestaciones
reconocidas, pero a efectos de realizar su pago, también debe acudirse, entre otras
a «transferencias de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los
territorios nacionales»63 para completar su valor.

71. Así lo concluyó también la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013
al ordenar que a partir del 1° de julio de 2013 ninguna mesada pensional, con cargo
a recursos de naturaleza pública, podría superar el tope de los 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, pues advirtió que «[l]a razón para su establecimiento
reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora
un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto es,
el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los
recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes
sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con
recursos públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró,
que en materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las

63 Sobre el particular, ver sentencia del 12 de diciembre de 2023, proferida por la Subsección B de

la Sección segunda del Consejo de Estado. Radicación: 25000-23-42-000-2013-05975-01(1384-
2017). Actor: María Amparo Moncada Ruiz.

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Demandante: Colpensiones

personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema» [se resalta].

72. De acuerdo con lo anterior, se destaca el hecho de que, aun cuando la causa u
origen de la prestación reclamada y la que se encuentra devengando fuera diferente
en lo que respecta a la fuente de cotización, en su financiación sí concurre el Estado
en uno y otro caso, lo que la hace incompatible por virtud de lo dispuesto en la norma
Constitucional.

73. Ahora bien, el control de legalidad del acto demandado debe estudiarse bajo lo
dispuesto en el artículo 49.c del Decreto 758 de 1990, según el cual las pensiones
e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS [hoy Colpensiones] son
incompatibles, entre otras, con las demás pensiones y asignaciones del sector
público, «sin embargo, el beneficiario podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas» [se resalta].

74. En consonancia con lo anterior se advierte que a Darío Alfonso Arango Galindo
le fueron reconocidas pensiones de jubilación y vejez así: i) mediante las Resolución
4122.1.21-328 del 30 de noviembre de 2009 el municipio de Cali reliquidó la
prestación reconocida con la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de
2005, por el valor de $2.022.962, a partir del 1° de marzo de 2005 «$2.121.076 para
el año 2006; $2.216.100 para el año 2007; $2.242.196 para el año 2008; y $2.521.842 para
el 2009» (sic); y ii) de acuerdo con la Resolución GNR147669 del 30 de abril de 2014,
Colpensiones reliquidó la pensión de vejez otorgada por la Resolución GNR103022
del 20 de mayo de 2013, en cuantía de $1’345.586, efectiva a partir del 1° de
diciembre de 2010.

75. Así las cosas, por virtud del mandato de favorabilidad, el demandado tiene
derecho a optar por la primera de estas, puesto que el monto de la mesada
pensional es el más alto; sin embargo, en aras de propender por la estabilidad
financiera del sistema de pensiones, se ordenará a Colpensiones adelantar las
gestiones tendientes a lograr que los aportes efectuados a esa entidad financien la
prestación a la que tiene derecho Darío Alfonso Arango Galindo, que tal y como
quedó expuesto es la reconocida por el municipio de Cali.

76. Ahora, frente a la solicitud de los dineros pagados por Colpensiones al
demandado por concepto del reconocimiento pensional la Sala resalta que, el
principio de rango constitucional de la buena fe presupone obligaciones recíprocas
relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin embargo, se ha
considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites
demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional, tales como

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Demandante: Colpensiones

la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros64.

77. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y resaltó que «no habrá lugar
a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que tiene
como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas como
consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la administración.

78. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»65, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
de que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

79. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

80. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de marzo de
202166, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no

64 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
65 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
66 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

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Demandante: Colpensiones

puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

81. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

82. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación67

83. Por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o apócrifo dentro
de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el reconocimiento de un
derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los
actos del peticionario, haciendo viable así, la recuperación de los dineros pagados
de manera indebida.

84. De acuerdo con lo anterior y con el numeral 1 del artículo 164 del CPACA, en
todos los actos de los particulares y de las autoridades se presume la buena fe,
razón por la cual ha debido probarse que la obtención del derecho prestacional se
hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe.

85. Así las cosas, se concluye que el hecho de haber reclamado a Colpensiones su
derecho prestacional y este haberlo reconocido no implica un actuar contrario a la
ley dirigido a defraudar a la administración, pues se reitera, en el presente asunto
no se probó el actuar doloso o de mala fe por parte del demandado para obtener el
pago de su pensión de vejez; por el contrario, el reconocimiento y la liquidación
efectuada se realizó sin la intervención del pensionado, y no puede considerarse

67 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original)».

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Demandante: Colpensiones

que al solicitársele su revocatoria y no acceder a ella, actuó de mala fe pues desde
la información contenida en el acto acusado que le reconoció la prestación,
consideró que tenía el derecho otorgado.

2.6. Costas

86. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

87. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

88. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma68.

89. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

90. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

91. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que las pensiones

68 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Colpensiones

reconocidas por el municipio de Cali y por Colpensiones al demandado son
incompatibles, puesto que las dos tienen por objeto cubrir igual contingencia y la
fuente de financiación de las prestaciones tienen carácter tripartito, es decir con
aportes realizados por el empleado, su empleador y con recursos de naturaleza
pública, lo cual de conformidad con el artículo 128 Constitucional las hace
incompatibles.

92. De otra parte, i) se declarará que, por favorabilidad, Darío Alfonso Arango
Galindo tiene derecho a la pensión de jubilación reconocida por el municipio de Cali;
ii) se ordenará a Colpensiones adelantar las gestiones tendientes a lograr que los
aportes efectuados a esa entidad financien la prestación otorgada por la entidad
territorial; y iii) se dispondrá poner en conocimiento del municipio de Cali la presente
decisión.

93. Por último, no hay lugar a ordenar la devolución de los dineros percibidos con
ocasión del reconocimiento pensional efectuado por Colpensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar:

Segundo. Declarar la incompatibilidad entre las pensiones que fueron reconocidas
a Darío Alfonso Arango Galindo a través de la Resolución 442.1.31-JGPI-0084 del
2 de febrero de 2005 expedida por el municipio de Cali y las resoluciones
GNR103022 del 20 de mayo de 2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014,
proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones.

Tercero. Declarar la nulidad de las resoluciones GNR103022 del 20 de mayo de
2013 y GNR147669 del 30 de abril de 2014, por medio de las cuales la
Administradora Colombiana de Pensiones reconoció y reliquidó la pensión de vejez
de Darío Alfonso Arango Galindo.

Cuarto. Declarar que, por favorabilidad, Darío Alfonso Arango Galindo tiene
derecho a la pensión de jubilación reconocida por el municipio de Cali a través de

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Demandante: Colpensiones

las resoluciones 442.1.31-JGPI-0084 del 2 de febrero de 2005, 4142131- JGPI-0634
del 1° de junio de 2005 y 4122.1.21-328 del 30 de noviembre de 2009.

Quinto. Ordenar a Colpensiones que, de acuerdo con su competencia, adelante
ante el municipio de Cali las actuaciones pertinentes con el fin de que las
cotizaciones para pensión que efectuó Darío Alfonso Arango Galindo durante toda
su vida laboral financien la pensión reconocida por la entidad territorial, a la cual
tiene derecho por favorabilidad.

Sexto. Poner en conocimiento del municipio de Cali la presente decisión.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la
Administradora Colombiana de Pensiones contra Darío Alfonso Arango Galindo.

Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Noveno. No condenar en costas en esta instancia.

Décimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Décimo primero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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