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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00074-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00074-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia del 21 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y el cual quedará así: «TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, condenar a título de restablecimiento del derecho al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER a reconocer y pagar a Manuel José Aya Roja […] el equivalente al valor de las prestaciones sociales de carácter legal devengadas por un empleado de planta que debió recibir, incluidas cesantías e intereses a las cesantías y vacaciones, que por la irregular vinculación no fueron pagadas; tomando como base el monto de los honorarios devengados, siempre que los mismos no sean superiores a la asignación básica percibida por un empleado de planta con cargo o funciones homologas a las desempeñadas por el actor, de lo contrario la asignación básica será la base, esto por el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1998 al 31 de mayo de 2014, descontando los tiempos en que existieron suspensiones e interrupciones» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 32 Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025) Demandante: Manuel José Aya Rojas JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Salva parcialmente del voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 33

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00074-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas
Demandado: Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático1

Tema: Relación laboral encubierta. Vinculación de pensionados a la
función pública

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Manuel José Aya Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 2020EE7970 del 31 de agosto de 2020, por medio
del cual la jefe de la Oficina Asesora Jurídica (e) le negó la existencia de una relación
laboral por sus servicios como conductor, desde el 21 de mayo de 1998 hasta el 27
de febrero de 2020, y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de la relación laboral por el periodo
reclamado; ii) el reconocimiento y pago de los conceptos salariales y prestacionales
que se derivaban de ello, tales como salario con recargos, cesantías y sus intereses,
vacaciones, dotación, las primas de servicios, navidad y vacaciones y los aportes a
salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación, según lo devengado por
«un trabajador de igual o mejor nivel que preste los mismos servicios» [sic]; iii) la
devolución de las sumas de dinero pagadas y descontadas por concepto de
seguridad social en salud y pensión, así como las retenciones efectuadas; iv) la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, equivalente a un día de salario
por cada día de retardo en el pago de cesantías; v) el pago de las diferencias
«adeudadas a mi poderdante las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor» [sic]

1 En adelante IDIGER.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

conforme al IPC; vi) la indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudas;
vii) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y
viii) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. De manera ininterrumpida, Manuel José Aya Rojas se vinculó como conductor
al servicio del IDIGER, vinculado directamente con la entidad a través de contratos
y órdenes de prestación de servicios, entre el 21 de mayo de 1998 y el 27 de febrero
de 2020; periodo en el que transportó a distintos servidores, bajo la continua
dependencia y subordinación de sus «superiores jerárquicos».

3.2. Mensualmente la entidad le pagó unos honorarios por la labor desempeñada; en
el último contrato dicha suma fue por valor de $3.279.409.

3.3. El IDIGER lo sometió al cumplimiento de horarios, reglamentos, funciones y
directrices «de comportamiento laboral y personal».

3.4. Parala prestación del servicio la entidad le suministró los elementos y
herramientas de trabajo «los cuales eran propiedad del contratante».

3.5. Durante su vinculación nunca le fueron reconocidas las prestaciones sociales y
acreencias laborales a las cuales por ley tenía derecho y las que tuvo que pagar por
cuenta propia.

3.6. El 11 de agosto de 2020, solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de
sus derechos laborales y prestaciones sociales derivados de la relación laboral por
sus servicios como conductor; petición que fue despachada en forma desfavorable
a través del Oficio 2020EE7970 del 31 de agosto de 2020.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 11, 13, 25, 29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128
de la Constitución Política; 19 y 36 del Decreto 1042 de 1978; y 10 del Código Civil;
la Ley 80 de 1993; y los decretos 1150 de 2003 y 4171 de 2009.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. La entidad demandada omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de
una relación laboral, además, desconoció el artículo 53 de la Constitución Política,

3 Samai del tribunal, índice 2; 57_ALDESPACHOPORREPARTO_RV_PROCESO2021000(.zip)
NroActua 2; DEMANDA Y ANEXOS.pdf; folios 1 al 20.

2

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera
personal, permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartirle órdenes y directrices en relación
con la labor contratada.

5.2. Laprohibición legal de celebrar contratos para el ejercicio de funciones
misionales de carácter permanente se incumplió, toda vez que las labores para las
que fue contratado no fueron temporales, transitorias u ocasionales.

5.3. A través de los contratos de prestación de servicios se pretendió ocultar la
existencia de un trabajo desarrollado de forma permanente, subordinado o
dependiente, consistente en la actitud por parte de la administración de impartirle
órdenes en relación con la labor contratada, de manera personal y con similar
horario y funciones.

5.4. Según la sentencia del 1° de marzo de 2011, proferida por la Sala de Casación
Laboral4 «en los casos de contrato realidad el elemento de la subordinación se presume»,
razón por la cual le corresponde desvirtuar dicha presunción «a quien se beneficia o
aprovecha del servicio».

5.5. A pesar de que en los contratos de prestación de servicios no se pactó la
imposición de órdenes, lo cierto es que durante su vinculación «debió cumplir
funciones con dependencia de un superior jerárquico, bajo parámetros que este mismo le
impartiera según reglamentos, manuales, metodologías, entre otros» [sic].

1.2. Contestación de la demanda

6. El IDIGER se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos5:

6.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que autorizaron a las entidades públicas para celebrar contratos de
prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no solo de carácter
permanente, sino las que de manera excepcional se requieran para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y
estas no puedan realizarse con el personal de planta.

6.2. No se configuraron los elementos propios de una relación laboral, pues el
contratista prestó sus servicios de manera autónoma e independiente sin que
mediara subordinación alguna.

6.3. En la planta de personal de la entidad no existía cargo con funciones similares a
las asumidas por el demandante, por ende, tampoco existían los reglamentos
aducidos por él.

4 Radicado 40932. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
5 Samai del tribunal, índice 8; 6_RECIBEMEMORIALES_2021074MANUELJOSE(.PDF) NroActua 8.

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

6.4. No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de una
relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación, toda vez que se
trató de una labor coordinada entre el contratista y la contratante con el fin de
armonizar las actividades, lo que implicó que el primero se sometiera a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de estas.

6.5. Durante la vinculación con la entidad Manuel José Aya Rojas no tuvo horario
sino turnos de trabajo los cuales eran necesarios para mantener una correcta
coordinación entre la contratante y el contratista «turnos que además podían ser objeto
de cambios y modificaciones, pues el contratista nunca se privó de la autonomía que tenía
en la ejecución de sus actividades» [sic].

6.6. No es cierto que la entidad le haya asignado elementos de trabajo, cosa distinta
es que, el demandante haya solicitado el préstamo de elementos específicos y que
la entidad se los haya suministrado a título de comodato.

7. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia del derecho invocado; ii)
inexistencia de los elementos esenciales de una relación laboral; iii) carencia de
prueba que acredité la existencia de un contrato realidad; iv) cobro de lo no debido;
v) prescripción extintiva de los derechos y acreencias laborales; y vi) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024, accedió de forma parcial a las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, dispuso lo siguiente6:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.
2020EE7970 de 31 de agosto de 2020, por medio del cual el Instituto Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, le negó a Manuel José Aya Rojas, la
existencia de una relación laboral.

SEGUNDO: DECLARAR entre Manuel José Aya Rojas, […] y el Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, existió una relación laboral entre el
21 de mayo de 1998 al 31 de mayo de 2014, descontando las interrupciones y la
suspensión.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático – IDIGER a reconocer y pagar a Manuel José Aya Rojas […] una
indemnización que se cuantifique con el valor de las prestaciones sociales de carácter
legal devengadas por un empleado de planta que debió recibir, incluidas cesantías e
intereses a la cesantías y vacaciones, que por la irregular vinculación no fueron pagadas;
tomando como base el monto de los honorarios devengados, siempre que los mismos
no sean superiores a la asignación básica percibida por un empleado de planta con cargo

6 Samai del tribunal, índice 70; 70SENTENCIAQUEA_20210007400CONTRATOR(.pdf) NroActua

70.

4

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

o funciones homologas a las desempeñadas por el actor, de lo contrario la asignación
básica será la base, esto por el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1998 al 31
de mayo de 2014, descontando los tiempos en que existieron suspensiones e
interrupciones.

CUARTO: CONDENAR al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
– IDIGER < pagar las diferencias entre los aportes a pensión realizados mes a mes por
el Manuel José Aya Rojas y los que se debieron efectuar en calidad de empleador,
durante el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1998 al 31 de mayo de 2014,
descontando los días de interrupción y suspensión, teniendo en cuenta los honorarios
pactados en cada uno de los contratos relacionados en esta providencia, debiendo para
ello cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante por concepto de aportes
a pensión, siendo necesario que la parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y
en caso de que exista diferencia con las que legalmente deba hacer o que no se hubiera
efectuado, deberá asumir el porcentaje correspondiente a su cargo.

QUINTO: DECLARAR que el tiempo laborado por Manuel José Aya Rojas, bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios suscritos con el Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER entre el 21 de mayo de 1998 al 31 de
mayo de 2014, salvo interrupciones y suspensiones, se debe computar para efectos
pensionales.

SEXTO: Las sumas resultantes de la condena impuesta a favor de la parte demandante
se actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:

R=Rh x índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, entre el índice vigente a la fecha en la cual se causó el
derecho.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: DECLARAR que en el presente caso no operó el fenómeno de la prescripción.

NOVENO: ORDENAR a la demandada, o quien haga sus veces, dar aplicación a lo
ordenado en el inciso 3 del artículo 192 y el inciso 4 del artículo 195 del C.P.A.C.A.

DÉCIMO: Sin condena en costas en esta instancia» [sic].

9. Como fundamento de su decisión señaló:

9.1. Los elementos probatorios recaudados dieron cuenta de que Manuel José Aya
Rojas i) prestó sus servicios como conductor al servicio del IDIGER vinculado
directamente a través de contratos de prestación de servicios desde el 21 de mayo
de 1988 hasta el 27 de febrero de 2020; ii) mediante la Resolución GNR217988 del
13 de junio de 2014, Colpensiones le reconoció una pensión por vejez; iii) ingresó
en nómina de pensionados desde el mes de junio de 2014; y iv) una vez comenzó

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

a beneficiarse de la pensión por vejez, para acreditar ante el IDIGER el pago al
régimen de seguridad social «cotizaba a salud y ARL y adjuntaba copia del acto
administrativo de reconocimiento pensional».

9.2. Comoquiera que la pensión por vejez es incompatible con la declaratoria de una
relación laboral, el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2014 hasta el 27 de
febrero de 2020, no será reconocido, pues de hacerlo se vulneraria la prohibición
contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. Entonces, los extremos de
la relación en el sub-lite son entre el 21 de mayo de 1998 y el 31 de mayo de 2014,
salvo las interrupciones.

9.3. Por la prestación de sus servicios a la entidad recibió una retribución económica.

9.4. Como conductor de los vehículos propiedad del IDIGER debía transportar a los
directivos de la entidad y atender emergencias en la ciudad de Bogotá. Además de
las condiciones contractuales se concluye que la prestación del servicio fue
personal.

9.5. Las obligaciones contractuales y lo manifestado por los testigos acreditan la
configuración de una constante subordinación, elemento esencial para demostrar la
existencia de una verdadera relación laboral, en la cual el actor i) debía prestar los
servicios como conductor de tiempo completo; ii) se comprometía a tener
disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana para atender emergencias; iii)
no tenía libertad para realizar las labores encomendadas; iv) no escogía cómo y
cuándo prestar el servicio como conductor; y v) seguía instrucciones de los
funcionarios de la entidad para cumplir con sus tareas.

9.6. Si bien la defensa de la entidad se centró en la ausencia de una «planta de
personal robusta hasta el año 2015, y que la creada resultó insuficiente» lo cierto es que
su afirmación no desconoce las condiciones en las que el actor prestó sus servicios,
pues «no controvierte de que se trata de una actividad necesaria para cumplir con la misión
del mismo».

9.7. El hecho de que la relación contractual se hubiere extendido por más de 21 años
desdibuja la temporalidad prevista por la Ley 80 de 1993, propia de los contratos de
prestación de servicios.

9.8. Si bien Jorge Mario Bunch afirmó que el actor no cumplía con un horario y podía
atender otros asuntos durante el tiempo en que lo transportó en el vehículo oficial,
lo cierto es que más adelante admitió que «el conductor de un vehículo debía tener
disponibilidad 24 horas al día y siete días de la semana para atender emergencias en la
ciudad».

9.9. Acceder únicamente a las pretensiones luego de que el actor obtuvo el
reconocimiento pensional -junio de 2014-, no excluye el hecho de que el último
contrato culminó el 27 de febrero de 2020, razón por la cual no operó el fenómeno

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jurídico de la prescripción trienal, pues no transcurrieron más de 3 años entre la
finalización de la relación laboral simulada y la de presentación de la reclamación.

9.10. La condena en costas es improcedente en la medida en que, si bien se acogen
las pretensiones de la demanda, no es menos cierto que en el trámite procesal no
se advirtió conducta dilatoria o contraria a los postulados de la buena fe y la entidad
vencida centró de manera razonada su defensa.

1.4. El recurso de apelación

10. El IDIGER recurrió la sentencia de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos7:

10.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de
prestación de servicios ante la ausencia de personal de planta; no obstante, estos
no generan un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

10.2. Contrario a lo concluido por el tribunal, la parte demandante no logró demostrar
que efectivamente había prestado sus servicios de forma dependiente y
subordinada a favor de la entidad, pues para la ejecución de las actividades para
las cuales fue contratado gozó de plena autonomía e independencia.

10.3. El cumplimiento de horarios y entrega de informes no implica subordinación,
sino coordinación propia de los contratos de prestación de servicios.

10.4. El a quo no tuvo en cuenta que tanto los objetos como las actividades en cada
contrato eran diferentes «por ejemplo el objeto de unos contratos fue como radio
operadora y en otras ejerció objetos y actividades relacionados con la gestión contractual»
[sic].

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el
cual solicitó confirmar la sentencia apelada, por cuanto, del análisis de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el proceso, se encuentra probado que

7 Samai del tribunal, índice 75, 72_MemorialWeb_Recurso-APELACIONMANUELJOS(.pdf)
NroActua 75.

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el demandante prestó personalmente sus servicios de manera continua y en
condiciones de subordinación laboral a favor del IDIGER8.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si existió una relación laboral entre
Manuel José Aya Rojas y el IDIGER? y, en consecuencia ¿si tenía derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

10
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 1998 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de
planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para

8 Samai, índice 10; Memorial_FLF_11Concepto(.pdf) NroActua 10.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
10 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

11 Aprobada el 11 de abril de 1919.
12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»13 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la

13 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).

24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

15 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

12

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

2.2.2. En cuanto a la vinculación de pensionados a la función pública

31. De conformidad con el artículo 2 de Ley 1821 de 2016 17, quienes adquieran el
estatus pensional y se encuentren en ejercicio de funciones públicas « podrán
permanecer voluntariamente en los mismos, con la obligación de seguir contribuyendo al
régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), aunque hayan completado
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación», es decir que la adquisición del
estatus pensional no será causal de retiro para los servidores públicos, toda vez
que, dicha disposición de manera expresa estableció que en estos casos no sería
aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 200318, la
cual prevé esa situación como «causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la
relación legal o reglamentaria del trabajador del sector privado o servidor público».

32. No obstante, la situación del servidor público que se haya retirado del servicio y
se encuentre percibiendo una pensión de vejez se rige por lo dispuesto en el artículo
29 del Decreto-ley 2400 de 1968 según el cual:

«La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al
servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de Presidente de la República,
Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Superintendente,
Viceministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo,
presidente, Gerente o Director de Establecimientos Públicos o de empresas Industriales
y Comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la
respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los funcionarios de que
trata este artículo. Por necesidades del servicio, el gobierno podrá ampliar estar
excepciones siempre y cuando que el empleado no sobrepase la edad de sesenta y
cinco (65) años19.»

33. En igual sentido el artículo 2.2.11.1.5 del decreto 1083 de 2015, dispone:

«ARTÍCULO 2.2.11.1.5 Reintegro al servicio de pensionados. La persona mayor de 70
años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio,
salvo cuando se trate de ocupar los cargos de:

[…]

PARÁGRAFO. La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y
que no haya llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo
de:

1. Director General o Subdirector de Unidad Administrativa Especial con o sin personería
jurídica.
2. Subdirector de Departamento Administrativo.
3. Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías.

17 «Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que

desempeñan funciones públicas».
18 Parágrafo 3°. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación

legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos
establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado
el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la
pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.
19 La edad de retiro forzoso en la actualidad es de 70 años, de conformidad con la Ley 1821 de 2016.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

4. Subdirector o Subgerente de Establecimientos Públicos.
5. Secretario General de Establecimiento Público del Orden Nacional
6. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del orden
nacional o territorial.
7. Rector, Vicerrector General, Vicerrector Nacional, Vicerrector de Sede, Secretario
General, Gerente Nacional, Directores Nacionales y Decanos de los entes universitarios
autónomos».

34. La lectura de las normas en cita permite concluir que la reincorporación al servicio
de una persona pensionada solo se puede dar en los casos expresamente
establecidos por el legislador. En relación con esta prohibición se encuentra
pertinente mencionar la consideración expuesta en la sentencia C-331 de 2000, en
la que la Corte Constitucional estudió lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 171 de
196120:

«c) La posibilidad de la reincorporación o derecho a acceder de nuevo a determinados
cargos públicos, es bastante limitado por la circunstancia de que dicha reincorporación
sólo es viable a un escaso número de cargos, que son de libre nombramiento y
remoción. Por lo tanto, la probabilidad de acceder a ellos es bastante incierta pues la
designación en uno de esos cargos depende de la libertad discrecional del nominador.
En cambio, el derecho a permanecer en el cargo, no obstante haber obtenido el
servidor el derecho a la pensión, no comporta la incertidumbre ni las restricciones
antes mencionadas.

La regla jurídica que gobierna la reincorporación al servicio de un pensionado en forma
excepcional, obedece primordialmente a la política de empleo del Estado y a la
necesidad de ofrecer oportunidades a todas las personas de ejercer y gozar el derecho
político de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40-7 C.P.), en la
medida en que como los pensionados ya han tenido oportunidad de un empleo en el
sector público, las posibilidades de reintegro al servicio deben ser muy restringidas para
asegurar a las demás personas el mencionado derecho.

No es lo mismo, por consiguiente, la reincorporación al servicio público de quien se ha
retirado de éste para gozar de pensión, de la situación que se presenta cuando alguien
es pensionado y permanece en el servicio, por no estar obligado a retirarse de éste. Ello
justifica la diferente regulación y el tratamiento distinto en lo que atañe con la forma de
reliquidar la pensión.»

35. Así, las cosas, según el ordenamiento jurídico solo es viable la reincorporación
al servicio de una persona pensionada en los casos expresamente previstos por la
ley.

2.3. Caso concreto

36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

20 ARTÍCULO 4º._ Al pensionado por servicios a una o más entidades de derecho público, que haya

sido o sea reincorporado a cargos oficiales y haya permanecido o permanezca en ellos por tres (3)
años o más, continuos o discontinuos, le será revisada su pensión a partir de la fecha en que quede
nuevamente fuera del servicio, con base en el sueldo promedio de los tres últimos años de servicios.
La misma regla se aplicará al jubilado por una empresa particular, que haya sido o sea reincorporado
por esta a su servicio o al de sus filiales y subsidiarias por el mínimo de tiempo indicado.

14

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

2.3.1. Documentales

37. Manuel José Aya Rojas se vinculó con el IDIGER a través de los siguientes
contratos de prestación de servicios21:

Contrato u Interrupción
Fecha Fecha
orden de Objeto en días
inicio terminación
servicio hábiles
21 de mayo 20 de junio
74-199822 -
de 1998 de 1998
«Prestación de servicios como conductor en la
G-514-30- 15 de julio 14 de julio de
Unidad de prevención y atención de 16
9823 de 1998 1999
emergencias» [sic]
15 de julio 14 de febrero
308-199924 0
de 1999 de 2000
16 de
15 de febrero «Servir como conductor del representante legal
025-200025 febrero de 1
de 2001 del FOPAE»
2000
20 de «Prestación de servicios como conductor en el
19 de agosto
025-200126 febrero de Fondo de Prevención y Atención de 2
de 2001
2001 Emergencias» [sic]
«Prestación de servicios como conductor de los
23 de
214 de 22 de febrero vehículos del Fondo de Prevención y Atención
agosto de 2
200127 de 2002 de Emergencias de Bogotá D.C., en la Dirección
2001
de Prevención y Atención de Emergencias» [sic]
25 de
053 de 24 de julio de 0
febrero de
200228 2003 «Prestación de servicios como conductor de los
2002
vehículos del FOPAE» [sic]
187 de 25 de julio 24 de febrero
0
200329 de 2003 de 2004
26 de «El contratista se obliga a prestar sus servicios
25 de julio de
45 de 200430 febrero de al FOPAE como conductor de un vehículo de la 0
2004
2004 entidad» [sic].
251 de 26 de julio 25 de enero
«El contratista se obliga a prestar sus servicios 0
200431 de 2004 de 2005
al FOPAE como conductor de un vehículo de la
26 de enero 25 de mayo
12 de 200532 entidad asignado a la Dirección» [sic] 0
de 2005 de 2005
«Prestar sus servicios como conductor del
25 de
298 de 26 de mayo vehículo de propiedad del FOPAE, para
octubre de 0
200533 de 2005 acciones de Coordinación, Dirección,
2005
Preparativos y Respuesta a Emergencias, de

21 La información consignada en el cuadro, también se funda en el plazo señalado en i) los contratos

de prestación de servicios, adiciones y prorrogas; ii) documentos precontractuales y iii)
certificaciones allegadas al plenario.
22 Samai del tribunal, índice 21; 82ED_CONTESTACIONYANEXOS(.pdf) NroActua 21; MANUEL

JOSE AYA ROJAS-20210707T231944Z-001 (zip); 1998 CTO 074.PDF.
23 Ibidem; 1998 CTO 514-30.PDF
24 Ibidem; 1999 CTO 308.PDF
25 Samai del tribunal, índice 54; 45_RECIBEMEMORIALES_2000CTO25(.pdf) NroActua 54.
26 Samai del tribunal, índice 21; 82ED_CONTESTACIONYANEXOS(.pdf) NroActua 21; MANUEL

JOSE AYA ROJAS-20210707T231944Z-001 (zip); 2001 CTO 025.PDF.
27 Ibidem; 2001 CTO 214.PDF.
28 Ibidem; 2002 CTO 053.PDF
29 Ibidem; 2003 CTO 187 C1.PDF, y 2003 CTO 187 C2.PDF
30 Ibidem; 2004 CTO 045.PDF.
31 Ibidem; 2004 CTO 251.PDF.
32 Ibidem; 2005 CTO 012.PDF.
33 Ibidem; 2005 CTO 298 C1.PDF, 2005 CTO 298 C2.PDF, y 2005 CTO 298 C3.PDF.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

conformidad con lo establecido en los términos
de referencia» [sic]
«El contratista se obliga a prestar sus servicios
26 de
511 de 25 de enero al FOPAE como conductor del vehículo
octubre de 0
200534 de 2006 asignado por la Entidad en el área de respuesta
2005
de emergencias de la misma» [sic]
112 de 26 de enero 25 de enero «Prestar sus servicios al FOPAE como
0
200635 de 2006 de 2007 conductor» [sic]
«El contratista se obliga a prestar sus servicios
26 de enero 25 de julio de al FOPAE como conductor de la subdirección,
84 de 200736 0
de 2007 2008 apoyo institucional del Fondo de Prevención»
[sic]
«El contratista se obliga a prestar los servicios al
FOPAE como conductor de la Subdirección de
Apoyo Institucional del Fondo de Prevención y
394 de 29 de julio 28 de enero
Atención de Emergencias, de acuerdo a lo 1
200837 de 2008 de 2009
establecido en el estudio de conveniencia y
oportunidad, el cual hace parte integral del
presente contrato» [sic]
100 de 29 de enero 28 de mayo «El contratista se obliga a prestar sus servicios
0
200938 de 2009 de 2009 como conductor del Área de Gestión
Corporativa del Fondo de Prevención y Atención
376 de 29 de mayo 28 de febrero de Emergencias -FOPAE, de acuerdo a los
0
200939 de 2009 de 2010 estudios de conveniencia y oportunidad los
cuales hacen parte integral del contrato» [sic]
29 de
133 de 28 de enero «Prestar servicios de apoyo a la gestión en la
febrero de 0
201040 de 2011 conducción del vehículo que se le asigne para el
2010
cumplimiento de la misión del Fondo de
013 de 31 de enero 30 de marzo
Prevención y Atención de Emergencias» [sic] 0
201141 de 2011 de 2012
31 de
173 de 30 de julio de
marzo de 0
201242 2012
2012
448 de 31 de julio 30 de enero
0
201243 de 2012 de 2013 «Prestar servicios de apoyo operativo en la
31 de enero 30 de junio conducción del vehículo que se le asigne para el
09 de 201344 0
de 2013 de 2013 cumplimiento de la misión del FOPAE» [sic]
398 de 2 de julio de 1° de julio de
0
201345 2013 2014
208 de 2 de julio de 8 de febrero
0
201446 2014 de 2015
«Prestar servicios de apoyo operativo en la
9 de febrero 24 de mayo conducción del vehículo que se le asigne para el
08 de 201547 0
de 2015 de 2015 cumplimiento de la misión del FOPAE en
transformación IDIGER» [sic]

34 Ibidem; 2005 CTO 511 C1.PDF, y 2005 CTO 511 C2.PDF.
35 Ibidem; 2006 CTO 112 C1.PDF, y 2006 CTO 112 C2.PDF.
36 Ibidem; 2007 CTO 084 C1.PDF.
37 Ibidem; 2008 CTO 394.PDF.
38 Ibidem; 2009 CTO 100.PDF.
39 Ibidem; 2009 CTO 376.PDF.
40 Ibidem; 2010 CTO 133.PDF.
41 Ibidem; 2011 CTO 013.PDF.
42 Ibidem; 2012 CTO 173.PDF.
43 Ibidem; 2012 CTO 448.PDF.
44 Ibidem; 2013 CTO 09 jec.PDF.
45 Ibidem; 2013 CTO 398.PDF.
46 Ibidem; 2014 CTO 208.PDF.
47 Ibidem; 2015 CTO 08.PDF.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

«Prestar servicios de apoyo operativo en la
160 de 25 de mayo 24 de febrero
conducción del vehículo que se le asigne para el 0
201548 de 2015 de 2016
cumplimiento de la misión de la entidad» [sic]
23 de
020 de 2016 22 de julio de
49 febrero de «Prestar servicios de apoyo operativo en la 0
2016
2016 conducción del vehículo que se le asigne para el
234 de 19 de julio 18 de febrero cumplimiento de la misión del IDIGER» [sic]
0
201650 de 2016 de 2017
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
23 de realizar las actividades de conducción de los
050 de 20 de enero
febrero de vehículos del IDIGER en el desarrollo de las 3
201751 de 2018
2017 acciones de los procesos de gestión de riesgos
y cambio climatico» [sic]
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
116 de 23 de enero 22 de enero realizar las actividades de conducción de
1
201852 de 2018 de 2019 vehículos del IDIGER para garantizar la
coordinación de emergencias» [sic]
«Prestar servicios de apoyo a la gestión para
realizar las actividades de conducción de los
093 de 28 de enero 27 de febrero
vehículos del IDIGER para garantizar la 3
201953 de 2019 de 2020
prestación de servicios y funciones de
respuesta a emergencias» [sic]

38. El 11 de agosto de 2020, el demandante le solicitó al IDIGER el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral por el periodo comprendido entre el 21 de
mayo de 1998 y el 27 de febrero de 2020, así como el pago de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella54.

39. Con el Oficio 2020EE7970 del 31 de agosto de 2020, expedido por la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica (e) se negó la anterior petición por considerar que entre las
partes no hubo vínculo que pueda generar una relación laboral, pues «las partes
firmaron voluntariamente contratos de prestación de servicios, pactando un objeto
contractual y unas actividades para desarrollar el cumplimiento del objeto de cada contrato,
haciendo correcto uso de la figura de prestación de servicios amparada en la ley sin generar
relación laboral alguna»55 [sic].

40. Además, al expediente también se aportaron los siguientes documentos:

40.1. Certificados de retenciones efectuadas por el IDIGER al actor durante las
vigencias fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y
202056.

48 Ibidem; 2015 CTO 160.PDF.
49 Ibidem; 2016 CTO 020.
50 Ibidem; 2016 CTO 234.pdf.
51 Ibidem; 2017 CTO 050.
52 Ibidem; 2018 CTO 116.
53 Ibidem; 2019 CTO 93.
54 Samai del tribunal, índice 2, 57_ALDESPACHOPORREPARTO_RV_PROCESO2021000(.zip)
NroActua 2; DEMANDA Y ANEXOS.pdf; folios 24 al 29.
55 Ibidem, folios 33 y 34.
56 Ibidem, folios 44 al 54.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

40.2. Certificación de los contratos suscritos por las partes57.

40.3. Información de afiliación a la EPS Salud Total, régimen contributivo, desde el 5
de julio de 200058.

40.4. Oficio del 12 de diciembre de 2017, a través del cual la «subdirectora corporativa
y asuntos disciplinarios, Supervisora» del Contrato 050 de 2017, le solicitó al actor el
cumplimiento de las «obligaciones 8 y 9» relativas a «tener disponibilidad las 24 horas
del día y los siete (7) días de la semana para atención de emergencias» [sic] y «portar radio
e comunicaciones asignado por la entidad y disponer de comunicación las veinticuatro (24)
horas del día y los siete (7) días de la semana con el fin de garantizar comunicación
oportuna e inmediata»59 [sic].

40.5. Resolución GNR217988 del 13 de junio de 2014, por medio de la cual la gerente
nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de
la Administradora Colombiana de Pensiones60 le reconoció a Manuel José Aya
Rojas una pensión de vejez, en cuantía de $616.000. Para efectos del
reconocimiento se tuvieron en cuenta las cotizaciones que el demandante efectuó
como independiente entre julio de 1998 y mayo de 2014.

40.6. Oficio2023_10496984 del 29 de junio de 2023, a través del cual la directora de
nómina de pensionados de Colpensiones indicó que la prestación reconocida al
actor ingresó en la nómina de pensionados «en el periodo de junio de 2014, registrando
activa con corte al período de mayo de 2023»61 [sic].

2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte

la audiencia de pruebas celebrada el 23 de noviembre de 202362, el
41. En
demandante manifestó lo siguiente63:

41.1. Al momento de su declaración tenía 65 años de edad y desde el mes de junio
de 2014, percibe una pensión de vejez otorgada por Colpensiones.

41.2. Antes de junio de 2014, el IDIGER no contaba con una planta de personal; la
planta de personal comenzó en el año 2015. Supone que, por su edad, entre el 2014
y el 2020 el IDIGER continuó vinculándolo como conductor por contratos de
prestación de servicios.

57 Ibidem, folios 57 al 95.
58 Ibidem, folios 96 y 97.
59 Ibidem, folios 98 y 99.
60 En lo que sigue Colpensiones.
61 Samai del tribunal, índice 55; 46_RECIBEMEMORIALES_GETFILEATTACHMENT2P(.pdf)
NroActua 55.
62 Samai, índice 2, ED_CORREOENV_RV25000234200020180(.msg) NroActua 2,
78_250002342000201801606001audienciaprueb20210930172801.mp4.
63 Samai del tribunal, índice 60; 80AUDIENCIADEPRUEBAS(.mp4) NroActua 60; minutos: 0:04:25

al 0:23:00.

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

41.3. Cuando se creó la planta de personal, Julio Beltrán y Juan Mesa fungieron como
conductores vinculados directamente a la entidad.

41.4. Nunca tuvo horario de trabajo fijo, pues dependía de las instrucciones de la
persona que debía transportar «lo cual, ocurría entre las 5:30 y 6:00 am., hasta cuando
salía el directivo en la noche».

41.5. En
los eventos de emergencias de la ciudad le correspondía trasladar al
personal necesario sin atender horario alguno.

41.6. En los momentos en que no tenía ruta no podía disponer de su tiempo, toda vez
que «era enviado a llevar pagos, ir a llevar a alguien a una reunión a cualquiera de las
entidades distritales y si no esperar a que saliera para ir a llevarlo a su casa».

41.7. Para la correcta prestación del servicio, la entidad le daba capacitaciones
relacionadas con «las emergencias donde puede dejar el carro, hasta donde puede llevar
el carro, la seguridad porque esos barrios son muy peligrosos», entre otros.

41.8. El vehículo que conducía era el asignado a los directores y subdirectores de la
entidad, quienes fungían como jefes inmediatos.

41.9. Al subdirector de transportes debían entregarle las planillas semanales de
recorrido «el último fue Cristian Sendales, Cristian Núñez, María teresa Sarmiento, Patricia
Colmenares, Dolly Romero Quintero; cada vez que hay cambio de alcalde cambian esos
personajes».

42. En esta oportunidad, también se recibieron los testimonios de Germán Delgado
Bohórquez y Jorge Mario Bunch Higuera, quienes en particular señalaron lo
siguiente:

42.1. Germán Delgado Bohórquez64 es conductor de profesión y se conoció con el
demandante en el año 2002 cuando ingresó al IDIGER a conformar el grupo de
conductores de la entidad. Entre diciembre de 2002 y enero de 2010, prestó sus
servicios como conductor a la entidad demandada y posteriormente, en el mes de
abril de 2013, regresó hasta el 20 de febrero de 2020.

42.2. Los conductores al servicio de la entidad no se podían ausentar de sus labores
sin una previa autorización del supervisor o del jefe de transportes «porque, según
ellos, incurriría en una falta al contrato».

42.3. Desconoce si al demandante se le negó algún permiso.

42.4. El horario de todos los conductores de la entidad era similar, esto es un ingreso
entre 6:00 y 7:00 am., «en la entidad o recoger el personaje asignado para transportar,
pero eso variaba mucho porque a veces tenía que recogerse antes», sin hora exacta de

64 Ibidem, minutos: 0:23:51 al 0:45:30.

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salida «el horario era de disposición completa».

42.5. Para el control del horario se llevaban unas planillas que debían adjuntarse
para el reconocimiento de honorarios.

42.6. En alguna ocasión conoció que al demandante le realizaron un memorando «por
el cumplimiento del horario y disponibilidad».

42.7. Los
jefes de transporte de la entidad le asignaban a cada uno de los
conductores a quién debía transportar y en qué tipo de vehículo.

42.8. La entidad les proporcionaba los elementos de trabajo y distintivos que los
identificaba como conductores.

42.9. Enel año 2015, cuando se creó la planta de personal, los conductores
vinculados directamente con la entidad solo laboraban 8 horas, el tiempo que
superaba ese límite se los reconocían como horas extras.

42.10. Para el cumplimiento del servicio en fines de semana y días festivos, la entidad
elaboraba turnos de disponibilidad de 2 conductores; sin embargo, en caso de
emergencia debían acudir todos.

42.11. Mientras los conductores permanecían en la entidad, no podían disponer de
su tiempo para atender asuntos personales «porque a cualquier instante estaban
llamando para el recorrido o se presentaba cualquier emergencia en Bogotá […] eso lo
supervisaba el jefe de transporte».

42.12. Una vez el actor llegaba a la entidad con el directivo asignado, por órdenes del
jefe de transporte debía permanecer en el parqueadero a la espera de nuevas
instrucciones para atender «diligencias bancarias y transportar a otros servidores, pero
siempre atento al llamado del directivo a su cargo o la ocurrencia de emergencias en la
ciudad».

42.13. El control del cumplimiento de las funciones se ejercía a través de planillas de
recorrido diligenciadas diariamente y las cuales se adjuntaban a la cuenta de cobro.

43. Jorge Mario Bunch Higuera65 es abogado de profesión y actualmente funge
como contratista del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de
la Energía del Ministerio de Minas y Energía.

43.1. Tiene conocimiento de que Manuel José Aya Rojas hizo parte de un grupo de
contratistas del IDIGER y «han decidido demandar a la entidad por contrato realidad».

43.2. En el año 2016, fungió como subdirector corporativo del IDIGER, entidad en la
que conoció al demandante quién le prestó sus servicios como conductor «del

65 Ibidem; minutos: 0:52:24 al 1:26:55.

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vehículo que [le] asignaron para movilizarse y durante ese tiempo ejerció como su
supervisor».

43.3. Para vincular al demandante la entidad acudió al contrato de prestación de
servicios porque «la planta de personal de la entidad era muy pequeña».

43.4. Cuando ejerció como supervisor del contrato del actor se percató que él se
encontraba pensionado.

43.5. Duranteel tiempo en que fue supervisor del contrato nunca ejerció una
subordinación respecto del actor «simplemente una coordinación de actividades
asociada a los desplazamientos que tenía que realizar y básicamente coordinar los horarios
que tenía que realizar en el vehículo asignado, sin perjuicio de que pudiera requerirse el
vehículo para la atención de una emergencia».

43.6. En el año 2011, prestó sus servicios a la Oficina Jurídica de la entidad y desde
allí conoció que en «ese entonces FOPAE y hoy IDIGER» solo contaba con 30 personas
de planta sin conductor. Luego, en la dirección de «Javier Pava se crearon 2 cargos
de conductor», uno de ellos de libre nombramiento y remoción asignado a la
dirección.

43.7. Endesarrollo de su supervisión contractual nunca le realizó llamados de
atención al actor.

43.8. Desconoce si por el desarrollo de las obligaciones contractuales al demandante
se le inició algún tipo de acción sancionatoria.

43.9. El recorrido entregado a cada uno de los conductores no se podía variar, pues
a través de las planillas se llevaba un control que atendía las necesidades del
servicio de la entidad.

43.10. La entidad cuenta con un horario de atención, por ende, los contratistas debían
desarrollar sus obligaciones contractuales durante ese tiempo; no obstante,
comoquiera que la entidad atiende emergencias la mayoría de los servidores debía
tener disponibilidad «es decir, no existía un horario como tal sino una coordinación de
actividades por necesidades del servicio».

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

44. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación de trabajo entre Manuel José Aya Rojas y el
IDIGER.

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

45. De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 21 de mayo de 1998 y el 27
de febrero de 2020 el demandante ejerció las labores de conductor de vehículo a
favor del IDIGER, mediante contratos de prestación de servicios lo que implica que
fue aquel quien de forma personal y no a través de otra persona el que ejecutó la
labor contratada, por tanto, se tiene por acreditado el primer elemento.

46. No obstante, tal y como lo concluyó el tribunal, para efectos del reconocimiento
de la relación laboral el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2014 y el 27 de
febrero de 2020, no se tendrá en cuenta comoquiera que, además de resultar
incompatible con el artículo 128 Constitucional, según el ordenamiento jurídico no
podía reincorporarse al servicio público a través de una relación contractual ni
laboral ni legal y reglamentaria por su condición de pensionado. Además, dicho
aspecto no fue objeto de apelación, razón por la cual la Sala no emitirá
pronunciamiento alguno y en su lugar, se confirmará en este punto la sentencia
apelada.

2.4.1.2. Remuneración

47. Ahora bien, Manuel José Aya Rojas percibió una remuneración por el trabajo
cumplido, tal y como se evidencia en las cláusulas contractuales que señalan un
valor y una forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación [honorarios
o salario].

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

48. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, los
testimonios y el interrogatorio de parte, se tiene que las funciones desempeñadas
por el demandante durante su vinculación con el IDIGER no se realizaron de forma
autónoma e independiente, sino que este estuvo sujeto a horarios, instrucciones y
órdenes que son propias de la naturaleza de una relación subordinada, incluso, de
disponibilidad, pues atienden al control de un superior a nivel profesional cualquiera
que sea su denominación [jefe de transporte, subdirector y director de la entidad]
para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de aquel
hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de
la entidad territorial.

49. Precisamente, Germán Delgado Bohórquez, quien en precisos momentos
compartió laboral y personalmente con el demandante, da buena cuenta de las
condiciones bajo las cuales el actor prestaba sus servicios a la entidad demandada
como conductor, de las que se resalta que i) en ejercicio de sus funciones cumplía
con un horario; ii) seguía las instrucciones del personal directivo, del jefe de

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transporte de la entidad, entre otros; iii) portaba elementos asignados y distintivos
del IDIGER; iii) en caso de emergencias debió prestar el apoyo con disponibilidad
24/7; iv) para control de las funciones debía cumplir con una planilla; v) no se podía
ausentar de las labores sin autorización; vi) asistía de manera obligatoria a
capacitaciones y eventos propios de la entidad. Lo anterior, se traduce en la
ausencia de libertad o autonomía en el desarrollo de la labor.

50. Expuesto lo anterior, se advierte que, en efecto, el empleador impuso las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos (vehículo), para que el trabajador desarrollara sus labores, sin que le
hubiere asistido ningún tipo de independencia.

51. Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas
aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica de tales pruebas, encuentra que es posible determinar la
existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de
la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante.

52. Lo expuesto se funda en que Manuel José Aya Rojas estuvo obligado a prestar
sus servicios como «conductor de los vehículos de propiedad IDIGER antes FOPAE»,
para lo cual se comprometió, entre otros a66:

«Conducir el vehículo de manera eficiente y cumplir con las normas establecidas por las
autoridades de tránsito para la conducción del vehículo y con los cuidados requeridos,
de acuerdo con los recorridos programados o los que surjan por necesidades del
servicio que le asigne el supervisor. 2. Hacer las diligencias y trámites ante las
autoridades de tránsito, velar porque los documentos exigidos por las normas de tránsito
se encuentren vigentes tanto para el vehículo como para el conductor e informar con un
(1) mes de antelación al vencimiento al Área Administrativa, y de ser necesario, realizar
las diligencias necesarias de antelación al vencimiento al Área Administrativa, y de ser
necesario, realizar las diligencias necesarias. 3. Informar oportunamente al supervisor
sobre las fallas que presente el vehículo a su cargo, y para tal efecto informar sobre los
mantenimientos preventivos como correctivos y que deban realizarse periódicamente al
automotor, de acuerdo con su kilometraje; al igual que la verificación de dichos
mantenimientos. Efectuar las reparaciones menores al vehículo en el momento que las
detecte e informar y solicitar el mantenimiento respectivo. […] Entregar el día lunes
(martes cuando es festivo) al Área Administrativa, debidamente diligenciada, la planilla
de los recorridos efectuados semanalmente, con el fin de llevar el control de kilometraje,
y dejar el vehículo en el parqueadero de la entidad. […] 8. Tener disponibilidad las 24
horas del día y los 7 días de la semana para la atención de emergencias y demás
requerimientos de la entidad de acuerdo con las instrucciones impartidas por el

66 Para efectos prácticos y comoquiera que la mayoría de las funciones son reiteradas, únicamente

se transcribirán algunas, pero particularmente las contenidas en los contratos 74_1998; 173 de 2012;
y 208 de 2014.

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Demandante: Manuel José Aya Rojas

supervisor, y dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo de utilización
vehicular establecido por la entidad. 9. Portar el radio de comunicaciones
asignado por la Entidad y disponer de comunicación celular las 24 horas del día y
los 7 días de la semana con el fin de garantizar comunicación oportuna e inmediata
en el momento en que el supervisor y/o la entidad lo requiera […] Efectuar entrega
de paquetes, correspondencia y otros elementos que por necesidades del servicio
se requiera su entrega personal […] Participar en reuniones y eventos a los cuales
sea asignado por el IDIGER antes FOPAE en el tema objeto del Contrato y presentar los
informes que le sean requeridos. 5.7. Prestar los servicios contratados de manera
inmediata y con la disponibilidad requerida por el IDIGER antes FOPAE. 5.8. Responder
por la custodia y buen manejo de los equipos y elementos suministrados por el IDIGER
antes FOPAE, previa solicitud expresa y escrita del Contratista, para el cumplimiento de
sus obligaciones de tal manera que sean devueltos en buen estado una vez terminado
el Contrato de acuerdo con el procedimiento establecido para el manejo y control de
bienes e inmuebles del IDIGER antes FOPAE que incluye mantenimiento y seguros de
los equipos. 5.11. Apoyar al IDIGER antes FOPAE en las actividades que
comprenden su misión y sus objetivos de creación, previa solicitud del supervisor
o del Director General. 5.15. Participar activamente en las reuniones y actividades
a las que sea convocado, para el diseño e implementación del Sistema Integrado de
Gestión - SIG de la Entidad. 5.16. Hacer uso eficiente de los insumos puestos a su
disposición, así como de los recursos agua y energía. El contratista contribuirá con el
reciclaje y la gestión ambiental de la entidad, promoviendo de esta manera hábitos que
coadyuven a evitar la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 5.17. Responder
por la administración y entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las
obligaciones contractuales. 5.20. Dar cumplimiento a la Resolución 144 de 2007 "Código
de Ética" del IDIGER antes FOPAE. 5.23. Desempeñar las demás actividades que le
sean asignadas por el supervisor del Contrato o por el Director General del IDIGER
antes FOPAE» [sic]. [se resalta]

53. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en
forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia
con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, al tiempo que
corroboran que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de
su objeto contractual para desempeñar esa labor como conductor, cuyas
condiciones fueron variadas por el empleador, pues tal y como se evidencia de lo
transcrito en líneas anteriores, este podía alterar unilateralmente condiciones no
esenciales del contrato, es decir, en últimas hizo uso del poder de dirección o ius
variandi, propio de una relación de tipo laboral, que no contractual.

54. Además, del contenido de las obligaciones contractuales pactadas, el testimonio
de Germán Delgado Bohórquez y demás elementos probatorios se encuentra que
Manuel José Aya Rojas debía estar disponible para atender «sus obligaciones
contractuales», lo que demuestra la clara sujeción a obligaciones indeterminadas al
momento de suscribir el contrato, pero evidentemente dirigidas por el beneficiario
del servicio.

55. Sobre la disponibilidad con la que debía estar el demandante para prestar sus
servicios, la Sala encuentra que esta obligación pone en evidencia que no realizó
sus labores en forma autónoma e independiente, pues esto tiene relación de

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correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador y
con el ejercicio del ius variandi, pues le abre paso a una relación jerárquica en la
que el contratista se supedita a las instrucciones de un jefe o trabajador de un nivel
superior que le exige estar presto para atender los llamados que se le hiciesen.

56. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados
sitios para la facilidad de atención al servicio demandado»67.

57. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que a un contratista pueda exigírsele
disponibilidad para atender cualquier requerimiento que efectúe la entidad en
iguales condiciones que se le exigiría a un trabajador de planta, a quien
probablemente, en una situación así, se le reconocería su desplazamiento, pues
cualquier conducta en ese sentido rompe la relación de coordinación contractual y
subyace la realidad de una laboral.

58. En este punto, se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde
a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de
las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para
la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»68.

59. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»69.

60. De tal suerte que, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba
supeditado a recibir medidas, instrucciones u órdenes del jefe de transporte o del
servidor designado para el efecto, a saber: la imposición de un horario, la
permanencia en disponibilidad, la conducción y responsabilidad de un vehículo de
la entidad y la sujeción a directrices, lo que demuestra que la entidad demandada,
en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del

67 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, casación del 11 de mayo de 1968, G.J. CXXVII, números

2300 a 23002, pág.240, Rad. 9947 – 11 de septiembre de 1997; reiterado en la sentencia del 27 de
junio de 2023, SL1514-2023, radicación 95856, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa. Posición
reiterada por esta subsección en sentencias del 27 de junio de 2025, expediente 05001-23-33-000-
2017-00781-01 (5470-2022); 7 de noviembre de 2024, expediente 68001-23-33-000-2019-00177-01
(5277-2023); del 11 de septiembre de 2025, expediente: 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-
2024); entre otras.
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
69 Ibidem.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

actor, lo que, de manera indiscutible, denota la existencia del elemento
subordinación.

61. Ahora bien, en este punto echa de menos la Sala que pese a las disposiciones
contenidas en la Ley 909 de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de
plantas temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del
servicio. Por tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratado el demandante no puede ser argumento suficiente
que enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la
ausencia de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores
desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

62. Y es que, precisamente, tal y como fue expuesto por la entidad demandada la
vinculación del actor a través de la modalidad contractual se dio ante la ausencia de
una «planta de personal robusta» y porque solo hasta el año 2015 se crearon 2 cargos
de conductor que, con todo, «resultó insuficiente»; afirmación, que concuerda con lo
dicho por Jorge Mario Bunch Higuera, quién si bien fungió como supervisor
contractual en el periodo de servicios sobre el que no se esta efectuando el estudio,
lo cierto es que en el año 2011, prestó su servicio como abogado en la Oficina
Jurídica de la entidad y desde allí conoció que en «ese entonces FOPAE y hoy IDIGER»
solo contaba con 30 personas de planta sin conductor.

63. Valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los
artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió a lo largo de esta decisión, la
naturaleza contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.

64. Con todo, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los contratos
de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia
de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una
situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley
prevé en su favor»70, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

65. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, para el período comprendido entre el 21 de mayo de 1998 y el 31
de mayo de 2014 se encuentran demostrados los elementos de la relación laboral,
razón por la cual, en este punto, se confirmará la decisión apelada.

70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

26

Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

66. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

67. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación71 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

68. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no

71Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

69. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 72, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

70. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»73.

71. Con el fin de determinar si operó o no el fenómeno de la prescripción, pese a que
en el sub lite no se efectuó un estudio en relación con la última etapa de la relación
contractual que el demandante ostentó con la entidad demandada [entre el 1° de
junio de 2014 y el 27 de febrero de 2020], lo cierto es que para estos efectos dicho
periodo no puede desconocerse, en tanto, como se explicó el término en estudio
comienza a contabilizarse a partir de la terminación de la vinculación contractual, lo
que en el asunto en estudio sucedió el 27 de febrero de 2020.

72. Lo anterior, comoquiera que, si bien como complemento a la regla de unificación
establecida en la sentencia del 9 de septiembre de 2021, en lo ateniente a la
solución de continuidad, se dispuso en la primera recomendación que «no hay
solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30)
días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades», no es menos cierto que en el sub judice no puede concluirse que hubo
ruptura del vínculo, pues claramente, lo que se evidenció fue el ánimo de
continuidad en la prestación personal del servicio y su vocación de permanencia.

72 SUJ2-005-16.
73 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

73. Con todo, es claro que la continuidad en la prestación personal del servicio y su
vocación de permanencia, claramente, le generó una expectativa, en tanto que no
hubo solución de continuidad en la prestación del servicio ni cambio de entidad,
pues, es más, seguía bajo la continua subordinación y dependencia de la entidad,
lo que, claramente, conllevó a que no se presentara la reclamación administrativa
con anterioridad sino hasta la terminación de la relación.

74. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 11 de agosto de
2020, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a tres años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 27 de febrero de esa anualidad.
Por tanto, la Sala confirmará en este punto la decisión de primera instancia.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

75. Por lo dicho, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó, correspondiente al periodo mencionado y, solo en caso
de no existir, con base los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios en ese periodo.

76. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales74 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas75.

77. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al

74 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
75 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Manuel José Aya Rojas debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas. Empero, sobre el particular, esta sala encuentra necesario realizar las
siguientes precisiones.

78. De acuerdo con lo anterior, tal como lo concluyó el a quo el reconocimiento
pensional devengado en el periodo de vinculación que va desde el 1° de julio de
2014 hasta el 27 de febrero de 2020, resulta incompatible con el pago efectuado al
demandante derivado de los contratos celebrados con la entidad pública que
impactó los dineros del erario; lo que impone considerar la prohibición de incurrir en
un doble pago con recursos públicos.

79. En efecto, el artículo 128 Constitucional, señala que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» y precisó
que por tesoro público debe entenderse el de la nación, el de las entidades
territoriales y descentralizadas.

80. En tal sentido, salvo las excepciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de
1992, nadie está habilitado para percibir más de una asignación con cargo al erario,
pues ello sería contrario a los postulados constitucionales dispuestos en el artículo
citado, lo que, a su turno, representaría un desconocimiento de los presupuestos
legales que sobre la materia ha fijado el legislador.

81. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993, señaló lo
siguiente:

«Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado
por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo».
[Se resalta].

82. De manera que los pagos que como consecuencia del restablecimiento del
derecho que aquí se ordena podrían implicar un doble pago con recursos del erario,
toda vez que la fuente de financiación de las mesadas pensionales tiene carácter
tripartito, es decir con aportes realizados por el empleado, su empleador y con

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

recursos de naturaleza pública, lo cual de conformidad con el artículo 128 Superior
las hace incompatibles76.

83. Empero, se modificará lo relativo al título en virtud del cual se reconocen las
prestaciones sociales adeudadas, pues lo cierto es que el tribunal ordenó su pago
a título indemnizatorio, lo que desconoció lo dispuesto en la sentencia de unificación
del 25 de agosto de 201677, según la cual, la condena es a título de restablecimiento
del derecho, pues lo cierto es que la lesión que sufrió el servidor irregularmente
vinculado «puede ser resarcida a través del restablecimiento del derecho, término que
implica restituir la situación, devolverla al estado existente con anterioridad a la lesión
inferida. Ello tiene cabida a través de la declaración judicial de la existencia de la relación
laboral de orden legal y reglamentario, con todo aquello que le sea inherente».

2.4. Costas

84. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

85. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

86. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma78.

87. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

76 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 12 de diciembre de

2023, radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017); del 10 de abril de 2025, radicado
25000-23-42-000-2016-05800-01 (6541-2023); del 7 de noviembre de 2025, radicado 76001-23-33-
000-2018-00370-01 (1107-2024).
77 Consejo de Estado, Sección Segunda, 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), M.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.
78 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

88. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Manuel José Aya Rojas y el IDIGER entre el 21 de mayo de 1998 y el
30 de junio de 2014 salvo sus interrupciones, y por lo tanto tenía derecho al
consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de esta, tiempo que se
tendrá en cuenta para efectos pensionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia del 21 de noviembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y el cual quedará así:

«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, condenar a título
de restablecimiento del derecho al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER a reconocer y pagar a Manuel José Aya Roja […] el equivalente al
valor de las prestaciones sociales de carácter legal devengadas por un empleado de
planta que debió recibir, incluidas cesantías e intereses a las cesantías y vacaciones,
que por la irregular vinculación no fueron pagadas; tomando como base el monto de los
honorarios devengados, siempre que los mismos no sean superiores a la asignación
básica percibida por un empleado de planta con cargo o funciones homologas a las
desempeñadas por el actor, de lo contrario la asignación básica será la base, esto por el
periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1998 al 31 de mayo de 2014, descontando
los tiempos en que existieron suspensiones e interrupciones»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00074-01 (0273-2025)
Demandante: Manuel José Aya Rojas

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salva parcialmente del voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT

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