Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00177-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00177-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00177-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00177-01 (5277-2023)
Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
Demandados: ESE Hospital Regional del Magdalena Medio
Temas: Relación laboral encubierta. Médico del servicio social obligatorio
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Sandra Milena Zapa Vásquez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 2018-0642 del 31 de julio de 2018, por medio del
cual el gerente de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio le negó la
existencia de una relación laboral por sus servicios como médico del servicio social
obligatorio «originada por los contratos de trabajo determinados bajo número 081-16 y
contrato 021-17» y el pago de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes;
ii) el pago de las prestaciones laborales y sociales, tales como cesantías y sus
intereses, vacaciones, horas extras y «demás derechos reclamados que se hubieran
podido generar por los contratos»; iii) el rembolso de las sumas pagadas por concepto
de aportes a la seguridad social; iv) el reconocimiento de la sanción moratoria de
las cesantías y la indemnización de perjuicios por falta de pago de salarios, así como
de los intereses a los que hubiera lugar; y v) el reajuste y/o indexación del valor de
las condenas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. En el año 2015 Sandra Milena Zapa Vásquez egresó de la Universidad de
Santander como profesional en medicina, y el 1° de febrero de 2016, mediante el
contrato de prestación de servicios 081-16, se vinculó con la ESE Hospital Regional
del Magdalena Medio para realizar «la práctica rural de medicina». Dicho contrato fue
suscrito por un plazo de 11 meses y 3 días.
3.2. Ahora, comoquiera que la práctica rural debía corresponder a 12 meses,
mediante contrato 021-17, las partes firmaron un nuevo contrato de prestación de
servicios por duración de 1 mes.
3.3. Durante el tiempo en que estuvo vinculada con la entidad, realizó sus funciones
de manera personal, bajo subordinación del personal médico, dentro de unos
horarios en los turnos impuestos en las instalaciones de la entidad, incluso en
dominicales, festivos y nocturnos, y con una remuneración pactada.
3.4. El hospital la dotó con todos los elementos e insumos necesarios para la
prestación de los servicios médicos. Nunca tuvo independencia y autonomía para
ejecutar las labores, pues siempre estuvo subordinada a un horario determinado por
sus superiores y en atención de órdenes patronales.
3.5. Siempre cumplió sus labores como médico del servicio social obligatorio en los
horarios y turnos impuestos, con respeto del reglamento de trabajo y órdenes de los
superiores, incluso en otras municipalidades «mediante la figura de traslados médicos
de emergencia a municipios como San Gil, Socorro, Bucaramanga, entre otros, recibiendo
únicamente en contra prestación a su trabajo una remuneración mensual» (sic).
2
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
3.6. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, por sus servicios a la entidad no le fueron reconocidas.
3.7. El 11 de julio de 2018 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como médico
del servicio social obligatorio, de las prestaciones sociales y demás derechos
laborales que se derivaban de ella. Dicha petición fue negada a través del acto
demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 32 de la
Ley 80 de 1993; 17 de la Ley 790 de 2002; y 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:
5.1. La ESE demandada omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades; no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez
que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal como
médico, permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartirle órdenes y directrices en relación
con la labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo para la prestación
de sus servicios y con una remuneración mensual como retribución por las labores
que realizaba.
5.2. La entidad demandada utilizó el contrato de prestación de servicios para ocultar
la vinculación laboral a través de la celebración consecutiva de contratos de
prestación de servicios, en los que se evidencia el ánimo de emplear de forma
permanente y continua servicios para cumplir su misión.
1.2. Contestación de la demanda
6. La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos3:
6.1. De conformidad con la Ley 1164 de 2007 y la Resolución 1058 del 23 de marzo
de 2010, expedida por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la relación
2 Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. Folios 1 - 19 -
Demanda y Anexos, folios 2 al 9.
3 Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 005. Folios 121 -
Contestación demanda y Anexos, folios 1 al 12.
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
contractual entre las partes estuvo regulada por las leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, las cuales autorizaron a las entidades públicas para vincular a los egresados
de los programas de educación superior del área de la salud a prestar el servicio
social obligatorio, a través de contratos de prestación de servicios.
6.2. Sandra Milena Zapa Vásquez se vinculó con la entidad únicamente por el
termino de 1 año, tal y como lo exige la normativa vigente para la prestación del
servicio social obligatorio en salud.
6.3. Por último, propuso las excepciones de: i) inepta demanda por falta de requisitos
formales (ausencia del requisito de procedibilidad frente al acto acusado);
ii) inexistencia de la vulneración de normas; iii) inexistencia de subordinación y
dependencia; y iv) la genérica e innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 27 de abril de
2023 y adicionada el 25 de mayo de esa anualidad, accedió a las pretensiones de
la demanda y en consecuencia dispuso lo siguiente4:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad del acto administrativo N° 2018-0642 de fecha 31
de julio del año 2018, mediante la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO le negó a la señora SANDRA MILENA ZAPA
VASQUEZ el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales, de
conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior, CONDÉNASE a la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, a título de
restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar a favor de la señora SANDRA
MILENA ZAPA VASQUEZ, los conceptos por prestaciones sociales devengadas por un
médico general que desempeñe similar labor y que esté vinculado mediante relación
legal y reglamentaria a la entidad, liquidadas con base en el valor mensual promedio
devengado a título de honorarios en virtud de los contratos de prestación de servicios
suscritos de acuerdo con el tiempo realmente laborado durante el periodo comprendido
entre el desde el 1°de febrero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2017, sin perjuicio de los
aportes a pensión y de la prescripción aquí declarada, sumas que serán ajustadas con
aplicación de la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDÉNASE a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO -, a título de restablecimiento del derecho tomar
(durante el tiempo comprendido entre el desde el 1°de febrero de 2016 hasta el 4 de
4 Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 005.
10_680012333000201900177001SENTENCIADEPR20230505111607 y
18_680012333000201900177001AUTORESUELVEA20230525153048.
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
febrero de 2017 el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (los
honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como
contratista y los que se debieron efectuar, COTIZAR al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, el actor deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en
la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá
la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como
trabajador al ser una regla jurisprudencial instituida en la citada sentencia de unificación
del 26 de agosto de 2016, conforme quedó expuesto líneas atrás.
CUARTO: CUARTO: DENIEGANSE las pretensiones de la demanda relacionadas con
el pago de horas extras, y con la sanción moratoria por retención de prestaciones, por
conforme quedó expuesto líneas atrás.
QUINTO: Sin condena en costas ante la prosperidad parcial de las pretensiones de la
demanda» (sic).
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. Las pruebas recaudadas en el proceso permiten concluir que por espacio de 1
año, la demandante prestó personalmente sus servicios profesionales para la ESE,
en donde desarrolló funciones como médico y cumplió con una jornada laboral.
8.2. La relación de turnos de las áreas de urgencias, apoyo de hospitalización y sala
de parto allegados al plenario y dentro de los que se encuentra el nombre de la
accionante, no dan certeza que en efecto fueron cumplidos por ella en la forma
señalada, máxime cuando no contienen el logo de la entidad ni señalan quien fue el
responsable de su elaboración, revisión y/o aprobación.
8.3. Si bien, como prueba de la forma en que se desarrollaban las funciones, solo se
tiene la declaración de «Loreyna Paola Santaren Mares» (sic), médica general que
junto con la demandante realizó la práctica del servicio social, esta es suficiente
para tener por demostrada la subordinación a la que estuvo sujeta la accionante, en
atención a que la testigo fue conocedora directa de los hechos al estar igualmente
vinculada en este tiempo, además, fue muy precisa en sus explicaciones y tenía
claridad en relación con los detalles de la prestación del servicio, sin incurrir en
imprecisiones o contradicciones a lo largo de su narración.
8.4. Asimismo, fue clara en señalar que los médicos no tenían libertad para decidir la
forma como desarrollaban el objeto contractual, pues la asignación de las funciones
y los turnos les era completamente adjudicados por el subgerente, sin que tuvieran
la posibilidad de decidir acerca de su programación.
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
8.5. Es improcedente i) el pago de los turnos en horario extraordinario por cuanto no
existió prueba que permitiera tener certeza de la realización de estos; ii) el
reconocimiento de la sanción e indemnización moratoria, pues la certeza de la
exigibilidad del pago de las cesantías y sus intereses nace por virtud de la sentencia;
y iii) la devolución de aportes al sistema de seguridad social, por su naturaleza
parafiscal.
8.6. De conformidad con el artículo 188 del CPACA no hay lugar a condenar en
costas, por cuanto no se estableció que la demandante hubiese actuado con
carencia de fundamento legal.
1.4. El recurso de apelación
9. La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio interpuso recurso de apelación
con fundamento en los siguientes argumentos 5:
9.1. Para la época en que la demandante prestó el servicio social obligatorio, la
planta de personal resultaba insuficiente para atender su objeto misional, por lo cual
con el ánimo de propender con el cumplimiento de los fines estatales, se suscribió
el contrato de prestación de servicios, conforme con la Ley 80 de 1993 y la
Resolución 1058 de 2010, las cuales autorizaron la vinculación del personal médico
para las prácticas del servicio social obligatorio.
9.2. Se desvirtúa la configuración de los elementos del «contrato realidad», en la
medida en que la demandante cumplía una función que no podía ser desarrollada
por el personal de planta por 2 razones «primero la inexistencia e insuficiencia en la
planta de personal y el segundo porque el objeto a desarrollar dependía de una
característica particular que era la prestación del servicio social obligatorio, lo cual requería
de unos requisitos específicos y de asignación especifica de la plaza en la entidad» (sic).
9.3. Sandra Milena Zapa Vásquez no logró demostrar que efectivamente prestó sus
servicios de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad demandada,
pues las actividades para las cuales fue contratada debían ser desarrolladas dentro
de unos parámetros mínimos de realización, es decir que se trató de una relación
coordinada entre el contratista y la contratante con el fin de garantizar la adecuada
ejecución de las actividades.
5Samai del tribunal, índice 61, 16_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSODEAPELACION(.zip)
NroActua 61, RECURSO DE APELACIÓN 2019-177.pdf.
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. En esta etapa procesal guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 6, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Sandra Milena Zapa Vásquez
y la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio se configuró una relación laboral?,
y si ¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas
de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
6 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19987 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
7 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización9, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»10 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
10 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación11 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales12». (Resalta la Sala).
23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202113 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00177-01 (5277-2023)
Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. De la prestación del servicio social obligatorio
30. La Ley 50 de 198114 creó el servicio social obligatorio en todo el territorio
nacional, el cual debe ser prestado por quienes tengan formación tecnológica o
universitaria y se realizaría después de la obtención del título. La prestación de este
servicio también es una obligación para los nacionales y extranjeros graduados en
el exterior, que pretendan ejercer su profesión en el país, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados internacionales (artículos 1 y 2).
31. El artículo 6 de la Ley 50 de 1981 estableció que las tasas remunerativas y el
régimen prestacional de quienes presten el servicio social obligatorio sería el propio
de la institución a la que se vinculara el personal para el cumplimiento de dicho
14 «Por la cual se crea el Servicio Social Obligatorio en todo el Territorio Nacional».
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servicio.
32. El Ministerio de Salud a través de la Resolución 000795 del 22 de marzo de
199515 dispuso en los numerales 7, 8 y 10 del artículo 1 que «(l)a vinculación de los
profesionales deberá contar con la disponibilidad presupuestal respectiva y en ningún caso
su remuneración será inferior a los cargos de planta en las Instituciones en la cual presten
sus servicios», que «(e)l profesional que presta el Servicio Social Obligatorio gozará de las
mismas garantías del personal de planta, en cuanto a honorarios, compensatorios, etc» y
que «(l)as Direcciones de Salud, así como las instituciones prestadoras de servicios de
salud públicas o privadas deberán hacer la equivalencia salarial de los cargos del Servicio
Social Obligatorio a los de la planta de personal de la respectiva entidad, para las mismas
profesiones», respectivamente.
33. Por su parte, el artículo 33 de la Ley 1164 de 2007 16 reguló especialmente el
servicio social obligatorio para los egresados de los programas de educación
superior del área de salud e indicó que debe ser prestado en poblaciones
deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios de salud, en
entidades relacionadas con la prestación de servicios, la dirección, la administración
y la investigación en las áreas de la salud.
34. El parágrafo de ese artículo señaló que «(l)a vinculación de los profesionales que
presten el servicio debe garantizar la remuneración de acuerdo al nivel académico de los
profesionales y a los estándares fijados en cada institución o por la entidad territorial y la
afiliación al sistema general de seguridad social en salud y a riesgos profesionales. En
ningún caso podrán ser vinculados a través de terceras personas jurídicas o naturales».
35. Posteriormente, a través de la Resolución 1058 del 23 marzo de 201017, el
Ministerio de la Protección Social reglamentó el servicio social obligatorio para los
egresados de los programas de salud y respecto de la forma de vinculación y
remuneración dispuso:
Artículo 15. Vinculación y remuneración. Las plazas del Servicio Social Obligatorio se
proveerán mediante la vinculación de los profesionales a la institución a través de
nombramiento o contrato de trabajo, o, en su defecto, por medio de contrato de
prestación de servicios, garantizando su afiliación al Sistema de Seguridad Social
Integral y una remuneración equivalente a la de cargos desempeñados por profesionales
similares en la misma institución. Se deberán constituir pólizas para el aseguramiento de
riesgos a que haya lugar.
15 «Por la cual se establecen los Criterios Técnico Administrativos para la prestación del Servicio
Social Obligatorio».
16 «Por la cual se dictan disposiciones en materia del talento humano en salud».
17 «Por medio de la cual se reglamenta el Servicio Social Obligatorio para los egresados de los
programas de educación superior del área de la salud y se dictan otras disposiciones».
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En cumplimiento de la Ley 1164 de 2007, en ningún caso los profesionales podrán ser
vinculados a través de terceras personas jurídicas o naturales.
Para el caso de las zonas con poblaciones deprimidas urbanas y rurales o de difícil
acceso a los servicios de salud, las instituciones establecerán incentivos para los
profesionales de la salud que ocupen dichas plazas, tales como, bonificaciones, primas,
pago de transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, subvención del alojamiento y
alimentación, entre otros». [Se resalta].
36. En torno a la selección de los profesionales para proveer las plazas del servicio
social obligatorio, en la resolución se dispuso de un sorteo, previa convocatoria
pública en las entidades territoriales, así:
«Artículo 13. Selección de profesionales. La selección de los profesionales para proveer
las plazas del Servicio Social Obligatorio, se orientará por los principios de transparencia
e igualdad de condiciones para todos los aspirantes. A partir del 30 de julio de 2010 las
plazas se asignarán mediante sorteo, previa convocatoria pública de carácter distrital,
departamental, regional o nacional, organizada por la entidad territorial respectiva, según
los criterios que defina la Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos
con base en recomendación del Comité de Servicio Social Obligatorio.
El proceso básico para la selección de los profesionales que ocuparán las plazas de
Servicio Social Obligatorio, es el siguiente:
a) Convocatoria pública.
b) Reporte de plazas a sortear.
c) Publicación de plazas a sortear.
d) Inscripción de profesionales para el sorteo.
e) Sorteo de plazas.
f) Publicación de resultados.
Las instituciones deberán reportar las plazas de Servicio Social Obligatorio dentro del
periodo que defina la Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos,
para incluirlas en el proceso de selección y sorteo. Las plazas no reportadas perderán
su aprobación.
La institución podrá solicitar nuevamente la aprobación de las plazas, para lo cual deberá
haber transcurrido por lo menos un año desde la fecha de pérdida de aprobación. Al
profesional que esté ocupando una plaza en el momento en que esta pierde su
aprobación, la institución le deberá garantizar la finalización de su tiempo de servicio
social obligatorio.
Los profesionales que participen en los sorteos para la asignación de plazas y no resulten
seleccionados, quedarán exonerados del Servicio Social Obligatorio.
Parágrafo 1°. Se exceptúan del proceso de sorteo definido en el presente artículo las
siguientes plazas:
a) Las constituidas en las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional;
b) Las autorizadas en instituciones privadas;
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c) Las constituidas y provistas en el marco de los convenios de que trata el artículo 7°
de la presente resolución;
d) Las autorizadas en la modalidad de investigación;
e) Las autorizadas para especialistas o estudiantes de especialidad.
Parágrafo 2°. Si surtido el proceso de selección establecido en el presente artículo
quedan plazas sin profesional asignado, o siendo este asignado renuncia a la misma o
no la ocupa, la entidad podrá asignar directamente al profesional que la ocupe.
Parágrafo 3°. Los profesionales que en un sorteo resulten seleccionados para ocupar
una plaza del Servicio Social Obligatorio y sin justificación aceptable renuncien a la
misma o no la ocupen, no podrán presentarse a sorteos ni ocupar otra plaza en los
siguientes seis meses contados a partir de la fecha de dicho sorteo».
37. De acuerdo con la norma, son las instituciones de salud las que solicitan la
aprobación de las plazas, y quienes deben garantizar la financiación. Además, prevé
la posibilidad de que el profesional, pese a haberse inscrito no resulte seleccionado,
caso en el cual, queda exonerado del servicio social obligatorio.
38. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que en desarrollo de lo expuesto y con el fin
de dignificar la labor desarrollada por los egresados de los programas de salud que
prestan el servicio social obligatorio, el Ministerio de Salud y Protección Social por
medio de la Resolución 774 del 17 de mayo de 202218 estableció que las plazas se
debían proveer mediante «nombramiento o contrato de trabajo» y el profesional
«desarrollará su jornada laboral con sujeción a la legislación laboral vigente, tanto para las
instituciones públicas como los privadas bajo los horarios y turnos establecidos por este.
Igualmente corresponderá a la institución dar estricto cumplimiento a las jornadas de
descanso establecidas, y sus compensatorios cuando se trabajan jornadas adicionales a la
máxima legal».
2.3. Caso concreto
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
39.1. Contratos de prestación de servicios suscritos entre Sandra Milena Zapa
Vásquez y la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, de los que se extrae que
durante el periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 4 de febrero de
2017, estuvo vinculada con la entidad, así.
Contrato u Fecha de Fecha de Duración Objeto Interrupción
18 «Por la cual se reglamenta el servicio social obligatorio para los egresados de los programas de
educación superior del área de la salud».
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orden de inicio terminación en días
prestación hábiles
de servicios
El contratista se
1° de febrero 3 de enero de 11 meses obliga a ejecutar y
081-1619 -
de 2016 2017 y 3 días desarrollar procesos
asistenciales de
medicina en el
servicio social
4 de enero de 4 de febrero de obligatorio para la
021-1720 1 mes 0
2017 2017 ESE Hospital
Regional del
Magdalena Medio
39.2. Cuadros de los turnos en los cuales aparece consignado el nombre de la
demandante, tanto en sala de partos, como en urgencias y apoyo de hospitalización,
entre febrero y septiembre de 201621.
39.3. Documentos suscritos por la demandante en los que se enlistan los días
trabajados mensualmente el año 2016; no obstante, estos no tienen remitente ni
sello de recibido22.
39.4. Contratos de prestación de servicios suscritos entre Loraine Paola Saltaren
Mares y la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, entre el 18 de diciembre
de 2015 y el 17 de diciembre de 201623.
39.5. El 24 de septiembre de 201824, Sandra Milena Zapa Vásquez solicitó a la ESE
demandada el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el tiempo
en que laboró como médico general vinculada por contratos de prestación de
servicios y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella. Esta
petición fue negada a través del Oficio 2018-0642 del 31 de julio de 201825, suscrito
por el gerente de la entidad, con fundamento en que no existió vínculo laboral entre
las partes.
19Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. Folios 1 - 19 -
Demanda y Anexos, folios 16 al 20.
20Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. 002. Folios 20 -
49 - Anexos, folios 1 al 8.
21 Ibidem, folios 17 al 30.
22 Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. 003. Folios 50 -
99 Anexos, folios 3 al 35.
23
Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. 003. Folios 50 -
99 Anexos, folios 42 al 49.
24
Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. 002. Folios 20 -
49 - Anexos, folios 9 y 10.
25
Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 001. Folios 1 - 19 -
Demanda y Anexos, folios 13 al 17.
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2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte
40. En la audiencia de pruebas celebrada el 24 de junio de 202126, se recibió el
testimonio de Loraine Paola Saltaren Mares, quien compartió sitio de trabajo con
la demandante y en lo particular señaló:
40.1. Es médico general de profesión y durante diciembre de 2015 y ese mes del año
2016 laboró al servicio de la ESE demandada, vinculada a través de contrato de
prestación de servicios.
40.2. Conoce a Sandra Milena Zapa Vásquez porque coincidieron en el año rural en
el Hospital Regional del Magdalena Medio. La demandante era médico general del
área de ginecología y ginecoobstetricia vinculada a través de contrato de prestación
de servicios por el año del servicio social obligatorio.
40.3. El personal médico del servicio social obligatorio debía cumplir un horario de 8
horas diarias; sin embargo, se les exigía ingresar 1 hora antes para hacer el
recibimiento del turno. En algunas ocasiones debían realizar turnos de 24 horas
para traslados y remisiones a otras instituciones «dentro del departamento y fuera de
este».
40.4. Los médicos vinculados para prestar el servicio social obligatorio, en el ejercicio
de sus funciones debían seguir órdenes e instrucciones del coordinador médico, del
especialista del área de ginecología y del «gerente de la institución».
40.5. Mensualmente, el subgerente de la institución era quien organizaba los turnos
de los horarios, las charlas o auditorias y en general, todo lo de la coordinación
médica.
40.6. Losmédicos del área de ginecología una vez por semana debían estar
disponibles 24 horas para realizar las remisiones a otro nivel de complejidad.
40.7. Previo al pago del sueldo tenían que acreditar los aportes a salud, pensión, ARL
y un seguro de responsabilidad médica exigidos por la entidad.
40.8. Al momento de ingresar a prestar los servicios como médico del servicio social
obligatorio se les informó que debían prestar sus servicios únicamente en el área
de urgencias; no obstante, una vez comenzaron labores fueron asignadas a
diferentes áreas.
26 Samai del tribunal, índice 53, 9_ED_20190017700LINKE(.pdf) NroActua 53, 018. AUDIENCIA DE
PRUEBAS.
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40.9. Por las jornadas adicionales no recibían horas compensatorias.
2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta
41. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Sandra Milena Zapa Vásquez y la
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio.
2.3.3.1. Prestación personal del servicio
42. De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó servicios como
médica del servicio social obligatorio de la ESE Hospital Regional del Magdalena
Medio, entre 1° de febrero de 2016 y el 4 de febrero de 2017, vinculada mediante
contratos prestación de servicios, lo que implica que fue aquella quien de forma
personal y no a través de otra persona la que ejecutó la labor contratada.
2.3.1.2. Remuneración
43. Ahora bien, Sandra Milena Zapa Vásquez percibió una remuneración por el
trabajo cumplido, tal y como se evidencia en los contratos de prestación de
servicios, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que
se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).
2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia
44. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y el
testimonio, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por la demandante
no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeta a
horarios con disponibilidad, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
subordinada pues atienden al control de un superior (coordinadores médicos,
gerente o subgerente y médico especialista del área de ginecología y obstetricia)
para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella
hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de
la entidad prestadora de servicios de salud.
45. Eltestimonio de Loraine Paola Saltaren Mares, da buena cuenta de las
condiciones bajo las cuales la demandante prestaba sus servicios a la entidad
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demandada, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía un
horario y seguía órdenes e instrucciones de los coordinadores médicos, gerente o
subgerente y médico especialista del área de ginecología y obstetricia. Además, que
debía estar en disponibilidad para atender remisiones o traslados a otro nivel de
complejidad y no tenían libertad para decidir la forma como desarrollaban el objeto
contractual.
46. Valga precisar que la circunstancia de que la testigo demanda se encontrara en
similares supuestos fácticos que la demandante pues coincidió con aquella en el
año rural en el Hospital Regional del Magdalena Medio, sus declaraciones resultan
suficientes para esta Sala, pues justamente es quien se encontraba en iguales
condiciones que aquella y podía exponer [por virtud de su conocimiento propio] las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la labor; además que,
sus declaraciones resultan coherentes con el desarrollo de la labor de un servidor
del área de la salud.
47. Además, las manifestaciones de la testigo fueron espontáneas y coincidentes
con los argumentos de la demandante, según las cuales, cumplían un horario en el
área de urgencias y ginecología, en turnos de 8 o de 24 horas para traslados al
interior y exterior del departamento, lo que impactaba en el tiempo de descanso que
tenían; que recibían instrucciones de sus superiores, la forma en que fue
seleccionada para realizar el servicio social obligatorio, previo sorteo anual en el
que el departamento inscribió las plazas y, en particular, aquella en la que resultó
seleccionada en el Hospital Regional del Magdalena Medio.
48. También aludió a las obligaciones pactadas en contraste con aquellas impuestas,
pues expuso una situación que se dio cuando se le exigió realizar un traslado, y
consultó si la administradora de riesgos laborales cubriría una contingencia eventual
a lo que obtuvo una respuesta negativa, por no estar explícito en el contrato
49. Señaló que las remisiones eran una vez a la semana, cada séptimo día, y debían
estar en disponibilidad para ello, en la segunda noche de turno en la que debían
salir a los municipios aledaños en donde fuera aceptado el paciente. Además,
explicó que era un hospital regional de segundo nivel, por lo que las remisiones eran
muy constantes.
50. De ese testimonio se observa entonces un conocimiento amplio de la testigo en
cuanto al funcionamiento del hospital por su experiencia en cuanto a la relación que
sostuvo con la actora dentro del hospital, pues se refirió a aspectos específicos de
tiempo, modo y lugar en ejecución de la labor, tales como la forma como cumplió
horarios en los turnos asignados y quienes le impartían órdenes directas, además
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de ser una testigo fiable al desempeñarse en iguales labores que Sandra Milena
Zapa Vásquez, lo que impone advertir sin lugar a dudas que sus declaraciones
indican la presencia de subordinación en la relación alegada.
51. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar para
que la trabajadora desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo
de independencia, máxime cuando las tareas ejecutadas por la demandante eran
como practicante frente al cual no se concibe que sea desarrollaba de forma
autónoma, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana
crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios del demandante, pues es evidente
que sus funciones no fueron temporales, ni que se pretendiera simplemente suplir
algunas que no pudiesen realizar los servidores de planta.
52. Ciertamente, en los contratos celebrados por la ESE, referidos con anterioridad,
se advierten cláusulas que pactan la disponibilidad de médicos del servicio social
obligatorio, conforme con las necesidades de la entidad, y la posibilidad de que, en
caso de que se llegara a requerir el trabajo los domingos y días festivos se debía
garantizar esa disponibilidad.
53. En efecto, Sandra Milena Zapa Vásquez prestó sus servicios como médico
general en la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio y cumplió, entre otras
funciones, las de: «9) El contratista se obliga a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las
cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 10)
Acatar las órdenes e instrucciones del superior del contrato (…) 3) Tener
disponibilidad de tiempo completo del servicio de medicina en las áreas asignadas
de urgencias, sala de partos y hospitalización. 4) El cubrimiento del servicio se efectuará
en horarios diurnos, nocturnos, fines de semana, dominicales y festivos, según
cubrimiento de turnos asignados por el supervisor. 5) Realizar las actividades y
procedimientos que se presenten en el área mencionada, de acuerdo a la capacidad
técnico-científica de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio (…) 6) Prestar los
servicios durante todo el tiempo de ejecución del contrato garantizando continuidad en la
prestación, que deberá ser oportuna, eficaz, eficiente y continua los pacientes
institucionales o de entidades con las cuales la ESE Hospital regional del Magdalena Medio
tenga contratado. 7) Realizar las historias clínicas de urgencias, sala de partos
hospitalización, ingreso médico, evoluciones médicas, órdenes médicas solicitud de
exámenes médicos, definir diagnósticos , solicitar las ayudas diagnósticas y prescribir el
tratamiento que se debe seguir, aplicando los derechos del enfermo (…) todos los
profesionales deben utilizar los formatos direccionados por la ESE (…) valoración diaria
intrahospitalaria de los pacientes en los servicios de hospitalización (31) Participar en
forma activa en las reuniones y comités que sean convocados. (…) Realizar la
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educación médica continuada. 36) dar asistencia a los médicos del internado rotatorio en
los diferentes servicios, con el de contribuir con su desarrollo integral y formación
profesional en desarrollo de los diferentes convenios docencia servicio pactaos entre la ESE
y las universidades (…) 48) Las demás actividades asignadas por el supervisor que tengan
relación con el objeto contractual» (sic) [Se resalta].
54. Sobre la disponibilidad en la que debía estar la demandante, la Sala encuentra
que esta obligación pone en evidencia que no realizó sus labores en forma
autónoma e independiente, pues esto tiene relación de correspondencia con el
ejercicio del poder subordinante por parte del empleador y con el ejercicio del ius
variandi. Esto es así, pues tal y como se indicó Sandra Milena Zapa Vásquez debía
estar disponible para atender los requerimientos propios del hospital.
55. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados
sitios para la facilidad de atención al servicio demandado»27. En efecto, la acepción
disponible es definida por la Real Academia Española como «[d]icho de una persona:
libre de impedimento para prestar servicios a alguien»28, por lo tanto, contrario a lo
señalado en oportunidad anterior por esta Subsección29, la condición de estar
disponible, vulnera el libre manejo del tiempo por parte del contratista, y con mayor
razón deja en evidencia el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador,
pues descarta el cumplimiento de una labor particular desarrollada en forma
autónoma e independiente, le abre paso a una relación jerárquica en la que el
contratista se supedita a las instrucciones de un jefe o trabajador de un nivel superior
que le exige estar presto para atender los llamados que se le hiciesen.
56. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que a un contratista pueda exigírsele
disponibilidad de tiempo para atender cualquier requerimiento que efectúe la entidad
(en torno al cual ni siquiera se señaló un marco temporal específico) en iguales
condiciones que se le exigiría a un trabajador de planta, a quien probablemente, en
una situación así, se le reconocería el trabajo suplementario, pues cualquier
conducta en ese sentido rompe la relación de coordinación contractual y subyace la
realidad de una laboral.
57. Ahora bien, las obligaciones contractuales transcritas evidencian el ejercicio del
ius variandi por parte de la entidad, en la medida en que modificaron las condiciones
27 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, casación del 11 de mayo de 1968, G.J. CXXVII, números
2300 a 23002, pág.240, Rad. 9947 – 11 de septiembre de 1997; reiterado en la sentencia del 27 de
junio de 2023, SL1514-2023, radicación 95856, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.
28 https://dle.rae.es/disponible.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado
05001-23-31-000-2010-02195-01(1149-15).
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de la labor contratada, a efectos de que desarrollara otras, por fuera de lo pactado,
tal y como se advierte de aquella obligación de trasladarse a otros lugares del
municipio, para lo cual, debían tener la disponibilidad analizada.
58. Pero además, sí puede advertirse que esa facultad de los empleadores de variar
unilateralmente las condiciones del contrato se consideró en las obligaciones
contractuales al señalar fórmulas como las de i) acatar las órdenes e instrucciones
del superior del contrato; ii) tener disponibilidad de tiempo completo del servicio de
medicina en las áreas asignadas de urgencias, sala de partos y hospitalización;
iii) cubrir el servicio en horarios diurnos, nocturnos, fines de semana, dominicales y
festivos, de acuerdo con el cronograma asignado por el supervisor; y iv) participar
en forma activa en las reuniones y comités que sean convocados.
59. Lo anterior es así, pues lo cierto es que resultan tan generales que le permitieron
a la entidad impartir órdenes de todo tipo en el desarrollo de la labor, tal y como
ocurrió cuando tuvo que desplazarse a otros municipios, como si la indeterminación
de la labor le exigiera estar al servicio permanentemente de la entidad, lo que sí
muestra el ejercicio de la facultad subordinante.
60. En
este punto, se advierte que la misión de la ESE Hospital Regional del
Magdalena Medio es la de prestar los servicios de «de salud de mediana complejidad,
que brinda una atención humanizada, segura y eficiente, buscando así el mejoramiento
continuo de los procesos para garantizar de esta manera un servicio de calidad a la
población de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio»30(sic), función de
carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda
similitud con las actividades que desempeña un médico del servicio social
obligatorio en el área de la salud, es decir, la ejecución de las labores que ejecutaba
Sandra Milena Zapa Vásquez permitían el desarrollo del objeto misional de la
entidad.
61. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
médico del servicio social obligatorio, como la demandante, al servicio de la ESE
demandada, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, puesto
que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.
62. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
30 https://esehospitalrmm.gov.co/about-us/.
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concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»31.
63. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»32.
64. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeta a
medidas u órdenes de la ESE demandada, a saber: la sujeción a directrices , lo que
demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad
de disponer del trabajo de la demandante, lo que denota la existencia de una
indiscutible subordinación.
65. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratada la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
66. En este punto, recuerda la Sala que si bien los artículos 33 de la Ley 1164 de
200 y 15 de la Resolución 1058 del 23 marzo de 2010, permitieron la vinculación de
los egresados de los programas de educación superior del área de salud para la
prestación del servicio social obligatorio como requisito indispensable para la
inscripción al Registro Único Nacional, no es menos cierto que en aquellos casos
en los cuales se encuentren probados los elementos constitutivos de una verdadera
relación laboral le corresponde al juez, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, previsto
en el artículo 53 de la Constitución Política, declarar su existencia y en consecuencia
reconocer pago de los valores que por concepto de prestaciones legales derivadas
de la relación laboral debieron liquidarle, tal y como sucedió en el caso de la
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
32 Ibidem.
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Demandante: Sandra Milena Zapa Vásquez
demandante33.
67. Lo anterior es así, pues en efecto, el ejercicio de la facultad de coordinación que
es propia de las relaciones contractuales no puede despojar al contratista de la
libertad técnica y administrativa, pues esto es lo que difiere fundamentalmente una
relación contractual de una laboral, en la que el trabajador actúa sin autonomía ni
independencia como se demostró en este asunto.
40. Esta situación resultó tan natural para el gobierno nacional que con el fin de
dignificar la labor desarrollada por los egresados de los programas de salud que
prestan el servicio social obligatorio, en la Resolución 774 de 2022 además de
establecer que las plazas se debían proveer mediante « nombramiento o contrato de
trabajo» y precisar que el profesional «desarrollar[ía] su jornada laboral con sujeción a la
legislación laboral vigente, tanto para las instituciones públicas como los privadas bajo los
horarios y turnos establecidos por este [y que] la institución dar[ía] estricto cumplimiento a
las jornadas de descanso establecidas, y sus compensatorios cuando se trabajan jornadas
adicionales a la máxima legal», dispuso que la remuneración debía ser equivalente a
la de cargos desempeñados por profesionales similares en la misma
institución y cuando no existan cargos desempeñados por profesionales similares,
la remuneración debía ser «equivalente a la de mayor valor de cargos desempeñados
por profesionales similares en las instituciones de la región o municipio más cercano al lugar
de prestación del Servicio Social Obligatorio», e incluso que debían reconocerse
incentivos para quienes prestaran el servicio en zonas con poblaciones deprimidas
urbanas y rurales o de difícil acceso a los servicios de salud.
68. En igual sentido lo consideró esta Subsección en sentencia del 12 de diciembre
de 202334 en la cual se reconoció la relación laboral encubierta de un médico
vinculado para la prestación del servicio social obligatorio mediante una cooperativa
de trabajo asociado. Incluso, recientemente, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación, encontró que en el caso de un médico del servicio
social obligatorio no podía considerarse que se había ejercido la facultad de
coordinación, «toda vez que el desempeño de las funciones por parte del demandante
estaba sujeto a condiciones específicas contenidas expresamente en las órdenes de
servicio sobre la forma, cantidad y modo en que debía prestarse el servicio médico
33 En línea con lo expuesto resolvió esta Subsección en un caso similar: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014, radicado
200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 76001-23-31-000-2009-00952-01 (1542-2015), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
También se pueden consultar otros antecedentes en ese sentido: sentencias del 21 de octubre de
2019, radicado 44001-23-33-000-2013-00086-01(0827-16); y del 28 de octubre de 2021, radicado
68001-23-33-000-2015-00393-01 (3755-2017) MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez,
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asistencial»35, y destacó que las obligaciones pactadas desbordaban la figura
contractual y evidenciaban el ejercicio del ius variandi, pues el actor quedó sujeto a
disponibilidad lo que permitía que el empleador lo ocupara cuando surgiera la
necesidad, tal y como se demostró en este asunto.
69. Lo anterior resulta una respuesta constitucional a la situación de desigualdad en
la que se encuentran los trabajadores del servicio de salud, que son vinculados
mediante contratos de prestación de servicios, sin el derecho a las demás
prestaciones que sí reciben los empleados de planta de las entidades; además, una
consideración en contrario desconocería los principios de primacía de la realidad
sobre las formas y el de trabajo igual salario igual y, de contera, el artículo 53
constitucional.
70. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 1° de febrero de 2016 y el 4 de febrero de 2017, afirmación que se desprende del
testimonio, de los contratos de prestación de servicios, y las demás pruebas
documentales.
2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
71. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
72. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación36 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de febrero de 2024,
radicado 41001-23-33-000-2014-00591-01 (2199-2021) M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
73. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
74. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 37, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
37 SUJ2-005-16.
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pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
75. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»38.
76. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 24 de septiembre
de 2018, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 4 de febrero de 2017 y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles
que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le exigieran
presentar la reclamación administrativa.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
77. Por lo analizado la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó, correspondiente al periodo mencionado y, solo
en caso de no existir, con base los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios en ese periodo.
78. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales39 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
38 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
39 25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
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de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas40.
79. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Sandra Milena Zapa Vásquez debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones; empero no se efectuará modificación alguna a la sentencia recurrida, en
aras de no vulnerar la situación del apelante único, que en este caso es la entidad
demandada.
80. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales41,esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la ESE Hospital
Regional del Magdalena Medio funge como apelante único, razón por la cual en
virtud del principio de la non reformatio in peius no habrá lugar a modificar la
sentencia y, en consecuencia, se confirmará en su integridad.
2.4. Costas
81. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
40 26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
41 Artículo 53 de la Constitución Política.
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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma42.
84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
85. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Sandra Milena Zapa Vásquez y la entidad demandada durante el
periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2016 y el 4 de febrero de 2017. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
orden legal, tal y como lo dispuso el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
42En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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demanda presentada por Sandra Milena Zapa Vásquez contra la ESE Hospital
Regional del Magdalena Medio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara Voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
30
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