RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2019-03044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-03044-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-03044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Revocar la sentencia proferida 26 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Lucelly Ramírez Cortés contra la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia, conforme con lo expuesto en esta providencia, y en su lugar: Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 040 del 16 de marzo de 2016, por medio de la cual se negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Lucelly Ramírez Cortés y la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia durante el periodo comprendido entre 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. Cuarto. Declarar probada la excepción de caducidad respecto de la pretensión relativa a obtener el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de la declaratoria de una relación laboral entre las partes. 31 Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025) Demandante: Lucelly Ramírez Cortés Quinto. Condenar a la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia a realizar las cotizaciones para efectos pensionales, a favor de Lucelly Ramírez Cortés en consideración al porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por la demandante en el periodo reconocido. Esto por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, según lo analizado en los acápites pertinentes de esta sentencia. Para tales efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que hubiese realizado al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse hecho o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-03044-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés
Demandado: ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Lucelly Ramírez Cortés presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio de la
administración respecto de la solicitud de reconocimiento de la relación laboral con
la institución hospitalaria por sus servicios prestados como auxiliar administrativo
entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, y el pago de las
prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado, sin solución de continuidad; ii) el reconocimiento y pago de
«todos y cada uno de los emolumentos nacidos y derivados del contrato de trabajo»; y iii)
el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía
«y como consecuencia de ello le sean pagados los salarios insolutos dejados de percibir
hasta el momento en que haga efectivo el reintegro» [sic].

3. De manera subsidiaria «en el evento en que no se accediera a las anteriores
peticiones» [sic] pidió: i) la indemnización por despido injusto; ii) la liquidación de las
«prestaciones sociales tales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y
primas de servicios» [sic]; iii) el reajuste salarial; iv) el reconocimiento de los aportes
que por seguridad social le hubiesen correspondido efectuar al hospital; v) las
indemnizaciones moratorias previstas en los artículos 65 del Código Sustantivo del
Trabajo2 y 99 de la Ley 50 de 1990; vi) la devolución de las sumas «deducida[s] como
retención en la fuente» [sic]; y vii) la indexación de las sumas que resultaren de la
condena.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

4.1. Lucelly Ramírez Cortés prestó sus servicios personales de manera continua e
ininterrumpida entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 como
auxiliar administrativo al servicio de la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia,
vinculada directamente a través de contratos de prestación de servicios.

4.2. Durante su vinculación con la entidad ejerció sus funciones de auxiliar
administrativo en las áreas de facturación, archivo clínico y administrativo, bajo un
horario de trabajo «de tiempo completo de 7:00 a 12:00 y de 2: a 5:00 pm» [sic]; incluso,
se le exigía cumplir horas extras, turnos nocturnos, dominicales y festivos.

4.3. Laslabores fueron desempeñadas de manera personal, dependiente y
subordinada, dentro de un horario impuesto y con una remuneración pactada.

4.4. Para ausentarse del lugar de trabajo debía obtener la autorización de su jefe
inmediato.

2 En lo que sigue CST.
3 Para mayor comprensión se realizará una descripción fáctica acorde con el material probatorio

allegado al plenario.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

4.5. Las únicas diferencias que existieron respecto de sus compañeros de planta fue
la forma de vinculación y la manera en que se remuneró el servicio, puesto que a
«ellos se les pago las prestaciones sociales» [sic].

4.6. Las prestaciones sociales y laborales a las cuales tenía derecho por ley, propias
de los empleados de planta que ejercían sus funciones, no le fueron reconocidas.

4.7. El 22 y el 24 de febrero de 2016, con escritos denominados «agotamiento de vía
gobernativa y petición particular», pidió al hospital i) el «reconocimiento y pago de todas
[sus] prestaciones sociales adeudadas, entre ellas el pago de cesantías, intereses de
cesantías, vacaciones, primas y demás prestaciones sociales a que tenga derecho como
auxiliar administrativa de planta en ejercicio del contrato realidad que se ejecutó desde el 8
de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre del año 2015» [sic]; ii) informar el motivo por
el cual «se le desvinculó como auxiliar administrativo»; y iii) certificación relacionada
con el periodo de vinculación y si en la entidad «existe el cargo de auxiliar administrativo
de planta, el grado o grados que tengan» [sic].

4.8. Mediante la Resolución 040 del 16 de marzo de 2016, la gerente de la ESE
Hospital San Juan de Dios del municipio de Segovia, de manera conjunta, dio
respuesta a las anteriores peticiones. Para tal efecto dispuso4:

«Primero: Conceder las peticiones de información, según los datos suministrados en la
parte considerativa de éste acto.

Segundo: Negar por improcedente la reclamación consistente en el reconocimiento y
pago de prestaciones sociales a la peticionaria.

Tercero: Informar que no existió desvinculación alguna sino terminación del contrato de
prestación de servicios

[…]

Quinto: Contra el presente acto procede el recurso de reposición dentro de los 10 días
siguientes a su notificación en el efecto suspensivo» [sic].

4.9. El 30 de octubre de 2018, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de
la relación laboral por el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2008 y el 31
de diciembre de 2015, así como el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella. Dicha petición fue negada mediante un acto ficto.

4 No hubo pronunciamiento al respecto, sin embargo, tal y como se advierte de la audiencia inicial

celebrada el 19 de julio de 2012, el litigió se fijo en consideración a la solicitud de reconocimiento de
una relación laboral encubierta por sus servicios prestados en calidad de contratista al hospital
demandado.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 28, 29, 42 y 90 de la Constitución
Política; 1613, 1614, 2341, 2347 y 2356 del Código Civil; 414 del Código de
Procedimiento Penal; 136,137, 138, 139 y 206 de la Ley 1437 de 2011; y las leyes
1344 de 1970 y 53 de 1989.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

6.1. El hospital vulneró el derecho al trabajo, toda vez que se escudó en contratos
de prestación de servicios para ocultar una verdadera relación laboral, y con ello
desconoció los derechos que le asistían como trabajadora.

6.2. El derecho a la igualdad se vulneró porque la entidad se benefició de las labores
prestadas, las cuales ejecutó de manera ininterrumpida y subordinada, pero no le
brindó iguales condiciones en las que se encontraban los funcionarios de planta que
desarrollaban similares funciones.

6.3. La ESE demandada omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral, además, desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal,
permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartirle órdenes y directrices en relación con la
labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo para la prestación de sus
servicios y con una remuneración mensual como retribución por las labores que
realizaba.

6.4. Se desnaturalizó el contrato de prestación de servicios, en tanto que laboró por
un lapso superior al previsto por la Ley 80 de 1993.

6.5. La entidad demandada utilizó el contrato de prestación de servicios para ocultar
una verdadera relación laboral, en la que los servicios fueron prestados
personalmente a la ESE, recibió una remuneración como contraprestación y siguió
órdenes e instrucciones del personal de quienes fungieron como sus superiores en
el hospital.

5 Samai del tribunal, índice 41, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des21taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?i
d=%2Fpersonal%2Fdes21taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEx
pedientesElectronicos%20PrimeraInst%2F2019%2F05001233300020190304400&ga=1;
02.DemandaAnexos.pdf; folios 2 al 15.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

1.2. Contestación de la demanda

7. La ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia no contestó la demanda6.

1.6. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 26 de febrero de 2025,
negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Para tal efecto se
pronunció en los siguientes términos7:

8.1. De las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer: i) la prestación
personal del servicio por parte de la demandante, vinculada a través de contratos
para prestar sus servicios como auxiliar administrativa; y ii) la remuneración
recibida, en tanto, de los contratos se derivó el valor que recibiría como
contraprestación por sus servicios. Pese a lo anterior, de estas no se advirtió la
subordinación, por el contrario, se demostró que no se desnaturalizó la vinculación
a partir de contratos celebrados válidamente bajo las reglas previstas en el numeral
3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

8.2. El sometimiento al cumplimiento de un horario y turnos laborales fue aceptado
por la demandante al momento de la celebración de los contratos de prestación de
servicios «clausulado al cual le dará presunción de veracidad la Sala, en tanto que no obra
prueba dentro del expediente que permita desvirtuar dicha coordinación o la asignación
arbitraria de estos de forma unilateral por parte de la E.S.E» [sic].

8.3. Si bien entre las partes se suscribieron alrededor de 19 contratos de prestación
de servicios, no es menos cierto que no todos guardaron similitud de objeto, pues
entre unos y otros se «entienden realizados para suplir una necesidad nueva o diferente
a las de los demás contratos, aunado a esto, tampoco se demostró por la parte
demandante, que esos contratos estuvieren sometidos a subordinación alguna, en tanto
que no aportó al expediente prueba que dé cuenta de tal situación» [sic].

8.4. El dicho de Madeleine Arelis Correa Rivera no es suficiente para demostrar la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, en tanto que su
testimonio solo da cuenta de que, en algún periodo, la demandante prestó su
servicio en el área de archivo del hospital «pero en el plenario se encuentra un solo
contrato a desarrollarse en esa dependencia y las manifestaciones referentes al
cumplimiento de horario realizadas por la testigo, no desvirtúan lo acordado en ellos

6 Mediante auto proferido en la audiencia inicial celebrada el 19 de julio de 2022, el tribunal resolvió

dar por no contrastada la demanda, por haberse presentado de manera extemporánea.
7 Ibidem, 28Sentencia.pdf.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

respecto de la coordinación entre partes para establecer esos horarios y tampoco de sus
declaraciones se evidencia que la misma tuviera que obedecer órdenes o estuviera
subordinada a algún funcionario, es más, los supuestos ejemplos que da para demostrar
las órdenes dadas, no son más que la confirmación de las funciones que debía cumplir la
demandante» [sic].

8.5. El cumplimiento de un horario no es suficiente para demostrar la existencia de
una relación subordinada, puesto que este puede ser el resultado de la coordinación
necesaria entre las partes para el cumplimiento del objeto contractual.

8.6. La sola existencia del cargo de auxiliar administrativo en la planta de personal
resulta insuficiente para declarar la relación laboral encubierta, porque «es necesario
también demostrar que se presentaron las condiciones de subordinación o dependencia, lo
cual como se mencionó, no se demostró» [sic].

1.7. El recurso de apelación

9. Lucelly Ramírez Cortés solicitó que se revocara la decisión de primera instancia,
con fundamento en los siguientes argumentos 8:

9.1. El material probatorio recaudado da cuenta que los servicios como auxiliar
administrativo fueron prestados en condiciones de subordinación, pues «la labor
desarrollada se desarroll[ó] en cumplimiento de un horario, bajo una continua
subordinación, contando con los mismos jefes, desarrollando el oficio encomendado dentro
de la misma institución, y con los mismos implementos, y recibiendo una contraprestación
mensual» [sic].

9.2. En su declaración, Madeleine Areliz Correa Rivera fue enfática al indicar que
pese a la forma de vinculación de la demandante con la ESE «esta se hallaba bajo
total subordinación, no pudiendo tener autonomía para cumplir con las funciones que le
fueron encomendadas» [sic].

9.3. El servicio contratado por el hospital debía presentarse de forma personal con el
cumplimiento de un horario y sin «disponibilidad de tiempo», lo cual desnaturalizó la
autonomía propia del contrato de prestación de servicios.

9.4. No le asistió razón al tribunal para señalar que las actividades se desarrollaron
únicamente bajo el marco de coordinación, toda vez que los elementos probatorios
demostraron que «cumplió con una actividad personal netamente supeditada a lo que le
indicara la ESE demandada, por ello es que tenía jefes inmediatos quienes verificaban si
efectivamente la demandante estaba cumpliendo con las labores que se le encomendaron

8 Ibidem, 30RecursoApelacion.pdf.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

mediante el contrato de prestación de servicios, y seguramente es que si la señora Lucy
Ramírez no hubiese cumplido con el objeto contractual e le hubiese llamado la atención por
sus superiores y supervisores de hecho hasta se le hubiese suspendido, no siendo este
hecho óbice para concluir que por el hecho de que mi mandante no presentare un llamado
de atención, ello no conlleva necesariamente a que no se hubiese dado una subordinaci6n
con la entidad demandada» [sic].

9.5. Los elementos probatorios son prueba suficiente de que en la planta de personal
de la ESE «hay y hubo personal de planta que pudo desempeñar las funciones de la
demandante, prueba de ello, se encontraba su jefe inmediato que realizaba la misma
función y además era quien estaba pendiente supervisando y vigilando» [sic] el
cumplimiento de la labor.

1.8. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.9. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado 9 solicitó que se confirmara la
sentencia apelada, toda vez que solo se acreditó la prestación personal del servicio
y la remuneración. Sin embargo, respecto del elemento de subordinación, el
material probatorio obrante en el expediente no permite «afirmar que la E.S.E. Hospital
San Juan de Dios de Segovia no haya ejercido subordinación laboral sobre la señora
Lucelly Ramírez Cortés. Lo probado corresponde a una relación contractual válida,
basada en la autonomía del contratista y en la satisfacción de necesidades institucionales
temporales. En consecuencia, no se desdibujó la naturaleza jurídica del vínculo, ni se
configuraron los elementos necesarios para declarar la existencia de un contrato realidad
conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo» [sic].

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

12. La Sala advierte que, en el escrito inicial la demandante solicitó la nulidad del
«acto administrativo Ficto Presunto Negativo, nacido del silencio administrativo que guardó
el Ente accionado, al no dar al Agotamiento de vía Gubernativa presentado por el
demandante el pasado 30 de Octubre del año 2018» [sic]; no obstante, del examen del
acervo probatorio se constata la existencia de la Resolución 040 del 16 de marzo

9 Samai, índice 8, Memorial_FLF_7Concepto(.pdf) NroActua 8.

7

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

de 2016, a través de la cual la gerente del hospital emitió respuesta a las solicitudes
del 22 y 24 de febrero de 2016, con las cuales Lucelly Ramírez Cortés pidió el
«reconocimiento y pago de todas [sus] prestaciones sociales adeudadas, entre ellas el pago
de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas y demás prestaciones sociales a
que tenga derecho como auxiliar administrativa de planta en ejercicio del contrato realidad
que se ejecutó desde el 8 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre del año 2015» [sic],
entre otras.

13. Dicho acto obra en el expediente con plena validez y eficacia, en los términos de
los artículos 43, 87, 88 y 89 del CPACA, por lo que si bien, en una segunda
oportunidad, la demandante presentó una nueva solicitud en similares términos; lo
cierto es que, la situación particular fue resuelta por la administración con la
expedición de la Resolución 040 del 16 de marzo de 2016, existiendo así un acto
administrativo definitivo que produjo efectos jurídicos respecto de Lucelly Ramírez
Cortés susceptible de control jurisdiccional, lo que implica que la demanda está
orientada a controvertir dicho acto dentro de los términos y causales previstos en la
ley.

14. En este contexto, y en consideración a que la demanda fue admitida el 8 de julio de
202010, se advierte que para esa época no se había configurado un acto ficto o
presunto frente a las peticiones del 22 y 24 de febrero de 2016, por el contrario, ya
existía un acto administrativo expreso como lo era la Resolución 040 del 16 de
marzo de 2016 que contiene la declaración unilateral de la administración y que,
conforme con el artículo 137 del CPACA, es susceptible de control judicial para
determinar su legalidad y, en su caso, la procedencia de su nulidad. En consecuencia,
la proposición jurídica objeto de debate se debe determinar con dicho acto.

15. Con lo anterior no se vulnera el debido proceso de las partes ni su derecho de
contradicción y defensa, pues tal y como se constató en el trámite procesal, las partes
tenían conocimiento del mencionado instrumento jurídico y de la decisión que
contenía. Precisamente, todos sus argumentos han estado dirigidos a debatir la
existencia de una relación laboral encubierta entre el demandante y la ESE.

16. Ahora, pese a que el Tribunal no realizó el saneamiento del proceso por este
aspecto ni aún en la fijación del litigio11, ello no obsta para que en esta instancia se
determine correctamente la proposición jurídica. Con esta medida se atienden los
principios de economía, celeridad y eficacia procesal, así como la efectividad de los

10 Ibidem, 03.AutoIAdmiteDemandaYComunicacion.pdf
11 En la audiencia inicial celebrada el 19 de julio de 2022, se fijó el litigio en relación con la solicitud

de reconocimiento de una relación laboral encubierta por los servicios prestados por la demandante
en calidad de contratista a la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia y respecto de ese no hubo
oposición.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

derechos reconocidos en Constitución Política y la ley, sin afectar los derechos
sustanciales de los sujetos procesales, de igual forma se evitan decisiones
contradictorias, carentes de fundamento probatorio12 o lógica jurídica.

2.2. Los problemas jurídicos

17. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación13, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si existió una relación laboral entre
Lucelly Ramírez Cortés y la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia? y ¿si tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa
relación laboral?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

18. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

19. Por su parte, el Decreto 2209 de 199814 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

12 En igual sentido se pronunció esta Sala en la sentencia proferida el 6 de febrero de 2015,
radicación 76001-23-33-008-2014-00683-01 (3665-2024), MP Jorge Edison Portocarrero Banguera.
13 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
14 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

9

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

20. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

21. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

22. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

23. Así,
cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la

10

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 16, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

24. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»17 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

25. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

15 Aprobada el 11 de abril de 1919.
16 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
17 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

26. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

27. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación18 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales19». (Resalta la Sala).

28. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

29. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

30. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

31. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

32. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202120 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

33. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

34. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

36. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

36.1. Durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de
diciembre de 2015, Lucelly Ramírez Cortés estuvo vinculada con la ESE, mediante
los siguientes contratos y órdenes de prestación de servicios21:

Contrato u orden de Desde Hasta Objeto Honorarios
prestación de

21La información consignada en el cuadro se funda en el plazo señalado en los contratos, sus
prórrogas y adiciones, en las actas de inicio y terminación y en la certificación expedida el 14 de abril
de 2015, por el director Administrativo de la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de Segovia,
visible en samai del tribunal, índice 41, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des21taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?i
d=%2Fpersonal%2Fdes21taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEx
pedientesElectronicos%20PrimeraInst%2F2019%2F05001233300020190304400&ga=1;
02.DemandaAnexos.pdf; folio 55.

14

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

servicios
El presente contrato tiene por objeto, por $677.832
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
Sin número22 01/08/2008 31/10/2008
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
Sin número23 01/11/2008 31/12/2008 El presente contrato tiene por objeto, por $677.832
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
Sin número24 05/01/2009 31/03/2009 El presente contrato tiene por objeto, por $677.832
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
Sin número25 01/04/2009 30/05/2009 El presente contrato tiene por objeto, por $729.822
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
023/01/06/200926 01/06/2009 31/08/2009 El presente contrato tiene por objeto, por $729.822
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
0055/01/09/200927 01/09/2009 31/12/2009 El presente contrato tiene por objeto, por $729.822
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
036/04/01/201028 01/01/2010 03/04/2010 El presente contrato tiene por objeto, por $729.822
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
094/05/04/201029 05/04/2010 03/07/2010 El presente contrato tiene por objeto, por $729.822
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
166/06/07/201030 06/07/2010 31/12/2010 El presente contrato tiene por objeto, por $729.822
parte del contratista el realizar la

22 Ibidem, folios 24 al 26.
23 Ibidem; folios 27 al 29.
24 Ibidem; folios 30 al 32.
25 Ibidem; folios 35 al 37.
26 Ibidem; folios 39 al 41.
27 Ibidem; folios 43 al 45.
28 Ibidem; folios 46 al 48.
29 Ibidem; folios 52 al 54.
30 Ibidem; folios 57 al 59.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
023/1/01/201131 11/01/2011 10/04/2011 El presente contrato tiene por objeto, por $2.233.254
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
0911104201132 11/04/2011 31/12/2011 El presente contrato tiene por objeto, por $6.645.175
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
20120502533 02/01/2012 31/03/2012 El presente contrato tiene por objeto, por $2.850.000
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
Sin número34 01/04/2012 30/06/2012 El presente contrato tiene por objeto, por $2.850.000
parte del contratista el realizar la
prestación de servicios administrativos
como auxiliar de administración para la
ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia
0050 del 3 de julio de 03/07/2012 31/12/2012 Prestación de servicios como auxiliar de $6.600.00
201235 facturación
039 del 1° de enero 01/01/2013 30/06/2013 Prestación de servicios como auxiliar de $6.600.00
de 201336 facturación
033-2 del 1° de julio 01/07/2013 31/12/2013 Prestación de servicios como auxiliar de $6.600.00
de 201337 facturación
031-201438 02/01/2014 31/12/2014 Prestación de servicios como auxiliar $13.800.000
administrativo
026-201539 05/01/2015 31/12/2015 Prestación de servicios como auxiliar $13.880.500
administrativo (Atención Usuario)

36.2. Mediante los siguientes oficios el supervisor de los contratos de prestación de servicios
requirió a la demandante, así:

Oficio Referencia / Contenido
asunto
24 de octubre de 201240 Solicitud de «Me permito solicitarle se sirva informar si en los archivos de
información la institución reposa el original o copia del fallo definitivo de
la investigación disciplinaria que la administración hubiese

31 Ibidem; folios 63 al 65.
32 Ibidem; folios 69 al 29.
33 Ibidem; folios 74 al 76.
34 Ibidem; folio 77.
35 Ibidem; folios 84 y 85.
36 Ibidem; folios 92 al 95.
37 Ibidem; folios 104 al 107.
38 Ibidem; 02.DemandaAnexos; folios 119 y 120.
39 Ibidem; 17.ExpedienteAdminsitrativo -historia laboral Lucelly Ramírez Cortes.pdf; folios 123 al 125.
40 Ibidem, folios 89 y 90.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

adelantado en contra del señor […] quien prestó sus
servicios a la institución en calidad de auxiliar de salud
ambiental, en caso afirmativo remitir las copias respectivas.

Así mismo le solicito expedir copia de las cuentas
canceladas por el hospital al señor Cifuentes Pinzón por
concepto de pago de viáticos durante los meses de mayo y
junio del año 2006» [sic].
24 de octubre de 201241 Solicitud de «Me permito solicitarle se sirva certificar los salarios
información devengados mes a mes durante el periodo comprendido
entre el mes de abril de 1983 al mismo mes del año 1988 por
la señora […] La información solicitada se requiere para dar
respuesta a los de petición que se presentaron a la
institución las entidades BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías y CENISS» [sic].
18 de noviembre de Devolución cuenta «En mi condición de interventor del contrato 033-2 del 1° de
201342 de cobro mes de julio de 2013, suscrito entre la Empresa Social del Estado
octubre Hospital San Juan de Dios y usted, me permito requerirla
para que al momento de presentar la cuenta de cobro por los
servicios prestados a la entidad, se sirva adjuntar todos los
soportes de ley.

Pese a todos los requerimientos que de manera verbal le he
hecho, en aras de que el pago de la seguridad social, al
revisar la cuenta correspondiente al mes de octubre, se
evidencia claramente que usted no la está cancelando
oportunamente, con lo cual usted esta incumpliendo lo
pactado entre las partes» [sic].
15 de mayo de 201443 Pago partes «Como supervisor del contrato de prestación de servicios
sistema de No.033-2014 del 1° de enero de 2014, me permito infórmale
seguridad social que realizando la supervisión correspondiente al mes de
marzo de 2014 se encontró […] que el pago de la seguridad
social (salud, pensión y riesgos laborales), correspondiente
al mes de marzo de 2014, se encontró que usted a la fecha
21 de mayo de los corrientes, no ha cancelado el pago de
aportes a la seguridad social presentando un atraso de casi
3 meses […] razón por la cual no se le autorizara el pago a
los periodos que presenten mora al momento de efectuar los
pagos por los servicios prestados a la Empresa Social del
estado Hospital San Juan de Dios de Segovia Antioquia»
[sic].
26 de junio de 201444 Actividades «Como supervisor del contrato de prestación de servicios
No.033-2014 del 1° de enero de 2014, me permito solicitarle
muy comedidamente se sirva organizar en forma cronológica
las hojas de vida de los empleado de planta desde la letra A
hasta la F., debidamente foliadas, actividad que deberá estar
realizada para el próximo 1° de julio de 2014» [sic].
3 de septiembre de Requerimiento «En cumplimiento del 031-2014 de enero 1° de 2014,
2014 suministro de suscrito con la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia
información me permito requerirla para que se corrija la información que

41 Ibidem, folio 90.
42 Ibidem, folio 113 al 115.
43 Ibidem, folio 15 al 17.
44 Ibidem, folio 18 al 20.

17

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

completa solicita el señor […] ya que no esta completa ni tiene toda la
información» [sic].

36.3. Oficio del 15 de mayo de 2014, por medio del cual el director administrativo le
manifestó al gerente del hospital su preocupación por la forma de vinculación de
algunos de los contratistas de prestación de servicios, pues «más que temporales hoy
son permanentes pues en su mayoría llevan más de cinco años. Adicional a lo anterior, se
puede generar una situación en la cual estos contratos se estén desnaturalizando porque
se presenten los tres elementos de la relación laboral»45 [sic]

36.4. Oficio 042578 del 22 de marzo de 2012, a través del cual los ministros del
Trabajo y de Salud y Protección Social recomendaron a los «gobernadores, alcaldes
y gerentes de Empresas Sociales del Estado» adoptar medidas para la vinculación del
«talento humano en el sector salud sin desconocer los lineamientos de la Corte
Constitucional contenidos en la sentencia C-614 de 2009»46 [sic].

36.5. El 2247 y el 2448 de febrero de 2016, con escritos denominados «agotamiento de
vía gobernativa y petición particular», pidió al hospital i) el «reconocimiento y pago de
todas [sus] prestaciones sociales adeudadas, entre ellas el pago de cesantías, intereses de
cesantías, vacaciones, primas y demás prestaciones sociales a que tenga derecho como
auxiliar administrativa de planta en ejercicio del contrato realidad que se ejecutó desde el 8
de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre del año 2015» [sic]; ii) informar el motivo por
el cual «se le desvinculó como auxiliar administrativo»; y iii) certificación relacionada
con el periodo de vinculación y si en la entidad «existe el cargo de auxiliar administrativo
de planta, el grado o grados que tengan» [sic].

36.6. Lasanteriores peticiones fueron resueltas de manera conjunta con la
Resolución 040 del 16 de marzo de 2016, suscrita por la gerente de la entidad
demandada, en los siguientes términos 49:

«Primero: Conceder las peticiones de información, según los datos suministrados en la
parte considerativa de éste acto.

Segundo: Negar por improcedente la reclamación consistente en el reconocimiento y
pago de prestaciones sociales a la peticionaria.

Tercero: Informar que no existió desvinculación alguna sino terminación del contrato de
prestación de servicios

[…]

45 Ibidem; 02.DemandaAnexos; folios 55 al 57.
46 Ibidem, folios 58 y 59.
47 Ibidem; folios 92 y 93.
48 Ibidem, folio 61.
49 Ibidem, folio 82 al 90.

18

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

Quinto: Contra el presente acto procede el recurso de reposición dentro de los 10 días
siguientes a su notificación en el efecto suspensivo» [sic].

36.7. El30 de octubre de 201850 Lucelly Ramírez Cortés solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento de la relación laboral por el periodo comprendido
entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, así como el pago de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo, la entidad no dio
respuesta a tal petición.

36.8. Además, al expediente se aportaron los siguientes documentos:

Informe de actividades realizadas por la demandante en el mes de junio de
36.8.1.
201451.

36.8.2.Desprendibles de «nomina personal empleado» de los meses de febrero, marzo
y mayo de 2013; octubre de 2014; y enero y febrero de 201552. En estos se advierte
que la demandante ejerció el cargo de «auxiliar administrativa», laboró durante 30
días y devengó un «salario».

Certificado de ingresos durante el año 2013, expedido el 28 de octubre de
36.8.3.
2014 por el técnico administrativo del hospital53.

Cuadros con la relación de las horas laboradas por la demandante en los
36.8.4.
meses de junio de 2009; julio y noviembre de 2011; y marzo, abril, mayo y agosto
de 201254.

36.8.5.Planilla de «horas de tiempo extra y disponibilidad», de la demandante,
autorizados por la médico general, «Loren Mendoza B»55.

36.8.6. Historia laboral consolidada, expedida por porvenir el 27 de noviembre de
201856.

36.8.7. Sentencia de tutela del 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual el
Juez Promiscuo municipal de Segovia tuteló «los derechos fundamentales al mínimo
vital y móvil, la vida digna en condiciones dignas de Lucelly Ramírez Cortés» y, en
consecuencia, ordenó a la ESE demandada a realizar el pago de los «honorarios

50 Ibidem, folios 22 al 28.
51 Ibidem, folios 64 y 65
52 Ibidem, folios 71 al 7 y del 77 al 81.
53 Ibidem, folio 75.
54 Ibidem, folios 159 y del 168 al 173.
55 Ibidem, folio 167.
56 Ibidem, folios 179 al 188.

19

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año [2015] como también
los que se causen con posterioridad»57 [sic].

2.3.2. Testimonios

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 5 de agosto de 202258, se recibió el
testimonio de Madeleine Areliz Correa Rivera del cual se extrae lo siguiente59:

40.1. Es tecnóloga en regencia de farmacia y actualmente trabaja como regente en
la Distribuidora Pasteur de Santa Fe de Antioquia. Conoció a la demandante porque
entre los años 2007 y 2015 fueron compañeras de trabajo en el Hospital San Juan
de Dios de Segovia.

40.2. Inicialmente,
Lucelly Ramírez Cortes ejercía sus funciones en el área de
servicios generales y luego en el archivo clínico «donde buscaba las historias clínicas
de los pacientes para consultas, para hospitalizaciones y urgencias».

40.3. En el ejercicio de sus funciones seguía ordenes e instrucciones de «la niña que
dirigía el archivo clínico, Jazmin Rodríguez». Cumplía con un horario de trabajo de 7:00
a.m., a 3:00 p.m., en las instalaciones del hospital.

40.4. Dalida Gómez y Melisa Arango ejercían similares funciones en el área de
archivo clínico del hospital, vinculadas por prestación de servicios.

40.5. Para ausentarse de su lugar de trabajo la demandante debía obtener el permiso
de la jefe de archivo «Jazmin Rodríguez».

40.6. Los auxiliares administrativos al servicio de la entidad demandada, si bien
seguían órdenes e instrucciones de los jefes de área, también debían atender las
instrucciones del director administrativo y del gerente del hospital.

40.6.1. Para la prestación de los servicios el hospital le asignó a la demandante los
elementos de trabajo.

40.6.2. En algunas ocasiones la demandante le comentó de algunos llamados de
atención que se le habían realizado por parte de la «encargada del área de archivo».

2.3.3. En torno a la prescripción de los derechos en litigio y la caducidad del

57 Ibidem, folios 42 al 54.
58 Ibidem; 19.AudienciaDePruebasDel05DeAgostoDe2022.mp4; y
18.ActaDeAudienciaDePruebasDel05DeAgostoDe2022.pdf.
59 Min: del 0:07:28 al 0:31:11.

20

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

medio de control

41. Previo a analizar la acreditación de los elementos que permiten configurar la
existencia de la relación laboral entre las partes, la Sala procederá con el análisis
de la prescripción de las prestaciones a que tiene derecho la demandante y la
claudicad del medio de control, en consonancia con la declaratoria del
reconocimiento de la relación laboral encubierta.

42. Enprimer lugar, respecto del término de interrupción o solución de
continuidad esta corporación en sentencia de unificación60 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

60Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

21

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

43. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

44. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 61, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

45. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»62.

46. En consideración con lo anterior, comoquiera que la solicitud de reconocimiento
de la relación laboral y el pago de los salarios y prestaciones objeto de
restablecimiento del derecho fue resuelta por la ESE Hospital San Juan de Dios de
Segovia con la expedición de la Resolución 040 del 16 de marzo de 2016 y la
demanda fue interpuesta solo hasta el 21 de noviembre de 2019, esto es
trascurridos más de 4 meses desde la contestación de la petición inicial, se concluye
que respecto de la pretensión relativa a obtener el pago de salarios y prestaciones
sociales derivada de la declaratoria de la relación laboral entre las partes operó la
caducidad del medio de control, según lo previsto en el numeral 2, literal d, del
artículo 164 del CPACA.

61 SUJ2-005-16.
62 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

22

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

47. No obstante, en atención al criterio fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la mencionada sentencia de unificación, por su carácter de irrenunciable
y periódica, la Sala concluye que la pretensión tendiente a obtener el pago de los
aportes para pensión no se encuentra sujeta al término de caducidad del medio de
control y, por tanto, en este punto se procederá al estudio de los elementos de la
relación laboral.

2.4.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

48. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos de los recursos
de apelación, la Sala analizará si se acreditaron los elementos que permiten
configurar una relación laboral entre Lucelly Ramírez Cortés y la ESE Hospital San
Juan de Dios de Segovia, entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de
2015.

2.4.3.1. Prestación personal del servicio

49. De las pruebas relacionadas, se tiene que la demandante prestó sus servicios
como «auxiliar administrativo» a favor de la ESE Hospital San Juan de Dios de
Segovia vinculada por medio de contratos de prestación de servicios, de la siguiente
manera:

Contrato u orden de
Interrupción en
prestación de Fecha inicio Fecha terminación
días hábiles
servicios
Sin número 01/08/2008 31/10/2008 -
Sin número 01/11/2008 31/12/2008 0
Sin número 05/01/2009 31/03/2009 1
Sin número 01/04/2009 30/05/2009 0
023/01/06/2009 01/06/2009 31/08/2009 0
0055/01/09/2009 01/09/2009 31/12/2009 0
036/04/01/2010 01/01/2010 03/04/2010 0
094/05/04/2010 05/04/2010 03/07/2010 0
166/06/07/2010 06/07/2010 31/12/2010 0
023/1/01/2011 11/01/2011 10/04/2011 5
09111042011 11/04/2011 31/12/2011 0
201205025 02/01/2012 31/03/2012 0
Sin número 01/04/2012 30/06/2012 0
0050 del 3 de julio de
03/07/2012 31/12/2012 0
2012
039 del 1° de enero de
01/01/2013 30/06/2013 0
2013
033-2 del 1° de julio
01/07/2013 31/12/2013 0
de 2013
031-2014 02/01/2014 31/12/2014 0
026-2015 05/01/2015 31/12/2015 1

50. En estas condiciones, se tiene que entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de
diciembre de 2015, sin interrupción en días hábiles, Lucelly Ramírez Cortés prestó

23

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

personalmente el servicio a favor de la ESE demandada, por tanto, se tiene por
acreditado el primer elemento.

2.4.1.2. Remuneración

51. Ahora bien, aquella percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de las certificaciones, los contratos de prestación de servicios y las
demás pruebas documentales, en los que se advierte que se estipuló el valor y la
forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o
el trabajo prestado, independientemente de su denominación [honorarios o salario].

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

52. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, el
testimonio de Madeleine Areliz Correa Rivera, la Sala encuentra que las funciones
desempeñadas por la demandante no se realizaron de forma autónoma e
independiente, sino que esta estuvo sujeta a horarios, instrucciones y órdenes que
son de naturaleza subordinada pues atienden al control de un superior
[coordinadores o líderes de área] para ejecutar las obligaciones contractuales, por
lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquella,
a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio
del ius variandi por parte de la entidad prestadora de servicios de salud.

53. Precisamente, el testimonio de Madeleine Areliz Correa Rivera da buena cuenta
que el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus
propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora desarrollara sus labores
sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia, de las que se resalta que
en ejercicio de sus funciones cumplía con un horario y seguía órdenes e
instrucciones de los jefes de área y del gerente del hospital; además, que ante el
defectuoso cumplimiento de sus funciones era sujeto de llamados verbales de
atención.

54. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por la
demandante, del testimonio recibido en el proceso y demás pruebas documentales
aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la
demandante, pues de acuerdo con el lapso por el cual fue contratada [más de 7
años], es evidente que sus funciones no fueron temporales, ni que se pretendiera

24

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

simplemente suplir algunas funciones que no pudiese realizar un servidor de planta,
contrario a ello, es claro que la actora cumplía con similares obligaciones a las
asignadas a los auxiliares administrativos de otras áreas y que su vinculación con
la entidad tenía ánimo de permanencia.

55. En efecto, Lucelly Ramírez Cortés prestó sus servicios como auxiliar
administrativa de las áreas de archivo y facturación para cumplir con el objeto
misional del hospital y desarrolló, entre otras, las siguientes funciones 63:

«Realizar el servicio solicitado en forma idónea, oportuna y con calidad. 2) Velar por el
uso adecuado de los equipos que se asignen, evitando su pérdida o deterioro. 3) Prestar
el servicio de forma adecuada. 4) Cumplir el cuadro de turnos que previamente coordinen
las partes para el cumplimiento del objeto del presente contrato […] 1) Brindar en sus
competencias la respectiva atención al usuario que requiere la prestación de servicios
de salud. 2) Apoyar en todas las labores administrativas de la dependencia de la
institución que le se asignada. 3. Realizar la gestión documental de la dependencia
de la institución que le se asignada. 4) Presentar informes al interventor del contrato
sobre la ejecución del contrato. 5) Ejecutar las demás actividades que de manera directa
o indirecta se encuentren relacionadas con el desarrollo de las actividades contractuales.
[…] verificar los derechos de aseguramiento de los usuarios […] Colaborar en las
diferentes dependencias de la ESE. 6) Tramitar las respectivas glosas y devoluciones
generadas en las facturas realizadas en su prestación de servicios […] Registrar
diariamente los abonos de los usuarios en el auxiliar respectivo. 2. Apoyar a los
diferentes servicios de la empresa en los procesos que implemente en el área de
facturación y cartera. 3) Recoger y seleccionar diariamente la papelería por la prestación
de los diferentes servicios para liquidarla de acuerdo con las tarifas establecidas según
la EPS, ARS o entidad correspondiente […] Mantener informado a todos los funcionarios
sobre los contratos existentes tipos de servicios y los requisitos para acceder a ello con
el respectivo carné de la empresa y posteriormente poder facturarlos» [sic]. [se resalta]

56. Así pues, se le impusieron las condiciones en las que debía prestar el servicio
para lo cual debía seguir las guías, manuales y protocolos existentes en el hospital,
efectuar el reporte de sus actividades, hacer uso razonable de los elementos de
trabajo. Además, no podía retirarse del servicio sin haber cumplido con sus
obligaciones en el turno lo que desvirtúa el ejercicio autónomo de la labor.

57. Las actividades que desempeñó se encuentran claramente articuladas con las
directrices institucionales y bajo la dependencia funcional de la ESE, lo que pone de
manifiesto el ejercicio del poder subordinante propio del empleador. Asimismo, las
funciones encomendadas eran susceptibles de ser modificadas conforme con las
necesidades del servicio, lo cual refleja el ejercicio del ius variandi, propio de una
relación laboral caracterizada por la sujeción a órdenes, controles y lineamientos
jerárquicos establecidos por la entidad.

63 Para efectos prácticos, de cada uno de los contratos solo se transcribirán algunas de las
obligaciones.

25

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

58. Nótese como, en el Oficio del 15 de mayo de 2014, el director administrativo del
hospital le informó al gerente sobre su preocupación por la forma en que la entidad
venia vinculando algunos «contratistas de prestación de servicios», pues consideraba
que «en su mayoría llevan más de cinco años» y en algunos casos se podían «estar
presentando subordinaciones directas». Incluso, en los desprendibles de «nomina
personal empleado» allegados al plenario, establecieron que la demandante ejercía
el cargo de «auxiliar administrativa», laboraba 30 días al mes y recibía un pago que la
entidad estableció como «salario».

59. Además, del contenido de las obligaciones contractuales pactadas, de la planilla
de «horas de tiempo extra y disponibilidad» y de los demás documentos allegados se
encuentra que la demandante debía estar disponible para atender «sus obligaciones
contractuales» [sic], lo que demuestra la clara sujeción a obligaciones indeterminadas
al momento de suscribir el contrato, pero evidentemente dirigidas por el beneficiario
del servicio.

60. Sobre la disponibilidad con la que debía estar la demandante para prestar sus
servicios, la Sala encuentra que esta obligación pone en evidencia que no realizó
sus labores en forma autónoma e independiente, pues esto tiene relación de
correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador y
con el ejercicio del ius variandi, pues le abre paso a una relación jerárquica en la
que el contratista se supedita a las instrucciones de un jefe o trabajador de un nivel
superior que le exige estar presto para atender los llamados que se le hiciesen.

61. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados
sitios para la facilidad de atención al servicio demandado»64.

62. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que a un contratista pueda exigírsele
disponibilidad para atender cualquier requerimiento que efectúe la entidad en
iguales condiciones que se le exigiría a un trabajador de planta, a quien
probablemente, en una situación así, se le reconocería su desplazamiento, pues
cualquier conducta en ese sentido rompe la relación de coordinación contractual y
subyace la realidad de una laboral.

64 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, casación del 11 de mayo de 1968, G.J. CXXVII, números

2300 a 23002, pág.240, Rad. 9947 – 11 de septiembre de 1997; reiterado en la sentencia del 27 de
junio de 2023, SL1514-2023, radicación 95856, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa. Posición
reiterada por esta subsección en sentencias del 27 de junio de 2025, expediente 05001-23-33-000-
2017-00781-01 (5470-2022); 7 de noviembre de 2024, expediente 68001-23-33-000-2019-00177-01
(5277-2023); del 11 de septiembre de 2025, expediente: 25000-23-42-000-2021-00754-01 (3165-
2024); entre otras.

26

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

63. Con todo, en este punto se advierte que la misión de la ESE Hospital San Juan
de Dios es la de prestar los servicios de «salud de baja complejidad en urgencias,
servicios ambulatorios, ayudas diagnosticas, hospitalización, promoción y prevención;
satisfaciendo las necesidades de la población usuaria, en una infraestructura segura y
confortable, actividades extramurales y educación a través de medios audiovisuales, con
talento humano cálido e idóneo, orientado por los principios organizaciones de compromiso,
oportunidad, accesibilidad, cumplimiento, transparencia, competitividad y calidad»65 [sic],
función de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que
guarda similitud con las actividades desempeñadas por la demandante, es decir, la
ejecución de las labores que permitían el desarrollo del objeto misional.

64. Todo lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
«auxiliar administrativo» en la ESE demandada, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para
desempeñar esa labor, la cual no puede considerarse prestada de forma autónoma
e independiente, puesto que de la naturaleza propia de esta se desprende que debe
ser realizada de manera permanente, continua y controlada pues el desarrollo de
las actividades de archivo médico y facturación debe ser garantizado en todo
momento para lograr la prestación del servicio con eficiencia y calidad.

65. En ese sentido, se tiene que las funciones desarrolladas por la demandante no
solo fueron de carácter permanente, sino que también estaban directamente
vinculadas a los fines esenciales de la entidad. Por lo tanto, no pueden considerarse
accesorias ni eventuales, sino que correspondían al desarrollo del objeto misional
de la ESE, en apoyo sustancial a sus competencias legales y constitucionales.

66. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»66.

67. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este

65 https://www.esesanjuandedios-segovia.gov.co/alcaldia/mision-y-vision.
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

27

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

respecto le asista ningún tipo de independencia»67.

68. Así las cosas, en el presente asunto no puede admitirse que existió coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones ejercidas por parte de Lucelly Ramírez
Cortés estuvo sujeto a medidas y órdenes de la ESE, tales como la imposición de
un horario, llamados de atención y la sujeción a directrices de los coordinadores o
directores de área e incluso de la gerente del hospital lo que demuestra que la
entidad demandada, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de
disponer del trabajo de la actora, e indiscutiblemente, denota la existencia del
elemento subordinación.

69. Es incuestionable el hecho de que la ejecución del objeto convenido no se
hubiese realizado de forma autónoma e independiente como corresponde a una
relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que
se trató de una en la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos
fijados por el Hospital San Juan de Dios de Segovia, lo que la asimila a una de
carácter laboral, en la que se asignaron responsabilidades indispensables en el
funcionamiento de la entidad.

70. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004 y las recomendaciones efectuadas por el director administrativo del hospital
y los ministros del Trabajo y de Salud y Protección Social la entidad no haya hecho
uso de la creación de plantas temporales que atiendan a la oferta y la demanda en
la prestación del servicio de salud. Por tanto, la ausencia de personal suficiente que
ejecute las obligaciones para las cuales fue contratada la demandante no es un
argumento que enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no
justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y desconoce que las
labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

71. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»68, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.

67 Ibidem.
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

28

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

72. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante y la ESE se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.

73. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, afirmación que se desprende
del testimonio recaudado, de los contratos de prestación de servicios, las
certificaciones y las demás pruebas documentales analizadas.

2.4.5. Sobre el reconocimiento y pago de los aportes objeto del
restablecimiento del derecho

74. Por lo dicho, la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarse; sin embargo, respecto de los aportes para pensión no
se aplicará el fenómeno extintivo, en atención «a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles», razón por la cual la entidad demandada,
deberá efectuar las cotizaciones por tales valores al respectivo fondo de pensiones
por el periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de
2015, salvo sus interrupciones.

75. Para tal efecto, el criterio de la Sala es que la entidad demandada deberá calcular
el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Lucelly Ramírez Cortés en
consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó. La entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional
en el porcentaje que le correspondía como empleador.

76. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales69 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración

69 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;

29

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas70.

77. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

2.4. Costas

78. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

79. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

80. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma71.

81. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
70 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
71 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

30

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

82. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

83. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Lucelly Ramírez Cortés y la ESE Hospital San Juan de Dios del
municipio de Segovia entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015,
salvo las interrupciones, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales;
no obstante, en relación con los salarios y prestaciones sociales operó el fenómeno
jurídico de la caducidad y no hay lugar a ellas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Revocar la sentencia proferida 26 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta
por Lucelly Ramírez Cortés contra la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia,
conforme con lo expuesto en esta providencia, y en su lugar:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 040 del 16 de marzo de 2016,
por medio de la cual se negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral
y el consecuente pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Lucelly Ramírez Cortés
y la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia durante el periodo comprendido
entre 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, salvo las interrupciones,
tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

Cuarto. Declarar probada la excepción de caducidad respecto de la pretensión
relativa a obtener el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de la
declaratoria de una relación laboral entre las partes.

31

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03044-01 (0751-2025)
Demandante: Lucelly Ramírez Cortés

Quinto. Condenar a la ESE Hospital San Juan de Dios de Segovia a realizar las
cotizaciones para efectos pensionales, a favor de Lucelly Ramírez Cortés en
consideración al porcentaje que le correspondía como empleador, para lo cual
tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las ejecutadas por la demandante en el periodo reconocido. Esto
por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, según lo
analizado en los acápites pertinentes de esta sentencia.

Para tales efectos, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que hubiese
realizado al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la
salvedad de que en caso de no haberse hecho o de existir diferencia en su contra,
tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como
empleado.

Sexto. No condenar en costas en esta instancia

Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

32

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.