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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01

Contrato realidad

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
188 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Le asiste a la demandante razón jurídica para reclamar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada a la ESE, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades?

  2. ¿Se probó el nexo contractual con la entidad accionada respecto de los lapsos laborados por intermedio de empresas de servicios temporales?

  3. ¿Cuáles son los extremos temporales de la relación laboral?

  4. ¿Procede el pago del trabajo suplementario?

Reglas

  1. Cuando un contrato de prestación de servicios desfigura una relación laboral, surge el derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

    «cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral»
  2. La subordinación se configura cuando el empleador impone condiciones de tiempo, modo y lugar, lo que excede la coordinación propia de un contrato de prestación de servicios.

    «condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o»
  3. Los periodos laborados por intermedio de empresas de servicios temporales no se acreditan cuando no obra prueba de la contratación entre la entidad y dichas empresas.

    «menos la información referente a la contratación entre la entidad y las empresas»
  4. El trabajo suplementario no se reconoce si el trabajador no prueba su causación, porque los cuadros de turnos no permiten establecer horas extras, dominicales o festivos.

    «documental de su causación, pues de los cuadros de turnos aportados no es»

Decisión

Confirma parcialmente la sentencia del tribunal que reconoció la relación laboral y la modifica para ordenar el pago de prestaciones sociales de carácter legal solo por los contratos directos del 22 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2019, con los aportes a pensión de ese lapso. Confirma la negativa del trabajo suplementario.

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 20 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío (sala tercera de decisión), que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por la señora Lina Fernanda Marín Buitrago contra la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Modifícanse los ordinales segundo, tercero y cuarto de la parte decisoria de la providencia impugnada, en el sentido de que la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios deberá pagar a la actora las prestaciones sociales de carácter legal por los contratos de 21 Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios prestación de servicios suscritos directamente entre las partes del 22 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2019 y completar los aportes a pensión ordenados, de haber lugar a ello, respecto del mismo lapso, que será el que se debe computar para efectos pensionales, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)1
Demandante : Lina Fernanda Marín Buitrago
Demandado : Empresa Social del Estado (ESE) Hospital
Departamental Universitario del Quindío San Juan de
Dios
Tema : Contrato realidad

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia de 20 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala tercera de decisión), mediante la cual accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control2. La señora Lina Fernanda Marín Buitrago, mediante
apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital
Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se decrete la nulidad del oficio 13-JUR de 3 de febrero de
2020, mediante el cual se negó la existencia de un vínculo laboral entre las
partes.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la accionada (i) al pago de las prestaciones sociales y demás
emolumentos devengados por un trabajador de planta que desempeñe el cargo
de terapeuta respiratoria, como lo son las cesantías y sus intereses, primas,
vacaciones, trabajo suplementario y la indemnización moratoria de que trata el
artículo 2 de la Ley 244 de 1995 y por no afiliación a fondo de cesantías, desde
el 11 de diciembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2019; y (ii) a la devolución
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Índice 2 del Samai.

Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios

del mayor valor por aportes a seguridad social asumidos como trabajadora
independiente, de lo descontado por retención en la fuente y de lo cancelado por
estampillas y pólizas. Por último, dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del CPACA, que las sumas adeudadas sean indexadas, se sufraguen
los intereses moratorios y las costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que prestó sus servicios como
terapeuta respiratoria en forma personal, ininterrumpida y subordinada a la
Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario del Quindío
San Juan de Dios, a través de contratos de prestación de servicio, entre el 11 de
diciembre de 2013 y el 31 de octubre de 2019 (en algunos períodos por medio
de empresas de servicios temporales).

Que el 26 de diciembre de 2019 reclamó del accionado el pago de las
prestaciones sociales por el lapso laborado, negado a través del acto
administrativo acusado.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 53 de la
Constitución Política, 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 32 de la Ley 80 de
1993, y 33 y 40 del Decreto 1042 de 1978.

Arguye que las funciones que desempeñó «[…] siempre versaron sobre
obligaciones de tracto sucesivo que se extendieron en el tiempo de manera
continua en cumplimiento de actividades propias del objeto social del Hospital
[…], en desarrollo de sucesivos CONTRATOS DE TRABAJO, agotando una
formalidad escrita de “Contratos de Prestación de Servicios”, pero que en la
ejecución material, en los hechos, tuvieron todas las connotaciones de una
relación laboral […] con el propósito de defraudar los intereses laborales de
la trabajadora» (sic).

1.5 Contestación de la demanda3. La ESE accionada, por intermedio de
apoderado, contestó la demanda con oposición a sus pretensiones; sobre los
hechos indicó que algunos son ciertos, otros no, algunos no le constan y los
demás no constituyen situaciones fácticas; y formuló las excepciones
denominadas inexistencia de una verdadera relación laboral, buena fe y
prescripción.

3
Ibidem.
2

Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios

Asevera que la relación con la demandante se dio únicamente a través de
contratos de prestación de servicios y como trabajadora en misión de empresas
de servicios temporales a las que ella estaba subordinada, y dada la insuficiencia
en la planta de personal para asumir las labores encomendadas, pues no existe
el empleo de terapeuta respiratorio, pero en el desarrollo de sus funciones
existió coordinación, mas no subordinación, toda vez que tenía plena autonomía
para desarrollar su actividad.

1.6 La providencia apelada4. El Tribunal Administrativo del Quindío (sala
tercera de decisión), en sentencia de 20 de agosto de 2021, accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] la
prestación de los servicios de la demandante no se daba de forma libre ni
autónoma, pues debía cumplir con cualquier actividad que le fuera asignada,
en las sedes y con los implementos de la entidad, siguiendo las órdenes del
médico pediatra y de la Coordinadora» (sic) y «[…] si bien […] en algunos
periodos estuvo vinculada de manera directa con la entidad demandada a
través de contratos de prestación de servicios y en otros periodos lo estuvo a
través de una Empresa de Servicios Temporales, lo cierto es que por ser la
E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios la
beneficiaria final de los servicios, es solidariamente responsable por las
obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador» (sic). Pese a lo
anterior, solo encontró acreditada la existencia de la relación de laboral desde
el 1° de octubre de 2015 hasta el 31 de octubre de 2019.

Sostiene que «[…] si bien la parte demandante solicita el reconocimiento y
pago de trabajo suplementario (horas extras diurnas y nocturnas), recargos
nocturnos, dominicales y festivos, lo cierto es que no obra prueba idónea y
suficiente que acrediten los supuestos fácticos que den lugar al reconocimiento
solicitado, pues si bien se aportaron unos documentos con unos turnos en los
que prestó sus servicios en el Hospital San Juan de Dios durante los años 2015
a 2019, los mismos no contienen una información clara de los días y las horas
en que laboró, solo se consignan letras y números que no tienen significado
para esta Sala. Aunado a lo anterior, aunque los testigos indican que la
demandante prestaba sus servicios en turnos de 7:00 de la mañana a 7:00 de
la noche o de 7:00 de la noche a 7:00 de la mañana, dichas afirmaciones solo
permiten inferir el cumplimiento de un horario, pero no llevan a establecer
exactamente las horas extras diurnas y nocturnas, trabajo en jornada ordinaria
nocturna, dominicales y festivos en las que la demandante, aduce, laboró, razón

4
Idem.
3

Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios

por la cual, se reitera, se negará lo relacionado con dichos conceptos» (sic).

En consecuencia, ordenó a la accionada pagar a la actora las prestaciones
sociales de orden legal «[…] en iguales condiciones a las percibidas por los
empleados públicos de la entidad […] desde el 01 de octubre de 2015 al 31 de
octubre de 2019 […]», conforme a «[…] los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios o en la remuneración que tenía la
demandante con la Empresa de Servicios Temporales», sin que haya operado
el fenómeno de la prescripción; lapso en el que, además, dispuso que «[…] si
existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador». De igual modo, determinó que la totalidad del tiempo laborado se
deberá computar para efectos pensionales.

1.7 Los recursos de apelación5:

1.7.1 Entidad accionada. Inconforme con la anterior decisión, la ESE
demandada formula alzada, al estimar que no comparte «[…] el hecho que el A
QUO pase por alto que los certificaciones emitidas por terceros (empresas de
servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y otras personas
jurídicas) obrantes dentro del proceso deben ir acompañadas de un
antecedente documental, que no es otro que el contrato estatal de suministro de
personal correspondiente, celebrado entre esas empresas de intermediación
laboral y ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL
QUINDIO SAN JUAN DE DIOS, cuestión que se echó de menos dentro del
proceso, antecedente documental de no poca monta pues su inexistencia dentro
del expediente hace inocua cualquier conjetura respecto a la prestación
efectiva y formal de servicios del demandante […]» (sic); asimismo, según los
testimonios recaudados, la accionante nunca fue disciplinada o sancionada y
«[…] prestaba servicios particulares y ejercía su profesional a personas
particulares a domicilio al tiempo que prestaba en forma coetánea servicios
profesionales a la entidad demandada […]» y, en ese contexto, «[…] no puede
decirse que […] haya sido una trabajadora subordinada […]» (sic).

1.7.2 Parte demandante. La actora, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación (parcial), en cuanto a (i) la decisión de reconocer
únicamente los contratos celebrados entre el 1° de octubre de 2015 y el 31 de

5
Ib.
4

Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios

octubre de 2019, pues las pruebas documentales, los testigos y la certificación
emanada del Hospital accionado dan cuenta de que la relación contractual se
mantuvo desde el 11 de diciembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2019; (ii) la
negativa frente al pago del trabajo suplementario (horas extras diurnas y
nocturnas y recargos nocturnos, dominicales y festivos), toda vez que su
causación se encuentra acreditada en los cuadros de turnos aportados; y (iii) la
abstención de condenar en costas a la parte vencida en juicio, pese que siempre
se negó a conceder los derechos concedidos en la sentencia.

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 25 de
octubre de 20216 y admitidos por esta Corporación a través de auto de 12 de
agosto de 20227, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA8, pero durante
la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
(i) si a la demandante le asiste o no razón jurídica para reclamar el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el
tiempo que permaneció vinculada a la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios, en aplicación del principio de
«primacía de la realidad sobre las formalidades»; o, por el contrario, si los
contratos de prestación de servicios que celebró directamente con dicha entidad
se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los
elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una
relación laboral; (ii) si frente a los lapsos laborados con empresas de servicios
temporales, se probó el nexo contractual con la accionada; y de ser ciertas estas
hipótesis, (iii) cuáles son los extremos temporales de la relación laboral; (iv) si
procede el pago del trabajo suplementario; y (v) si existe mérito para condenar
en costas a la parte accionada.

6
Ib.
7
Índice 4 del Samai.
8
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
5

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución de los problemas jurídicos
planteados en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

3.3.1 Asuntos de contrato realidad. En principio, cabe precisar que respecto
de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su
artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio,
la continuada subordinación laboral y la remuneración como
6

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contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para
los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, pues en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 9, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente
que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.

9
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
7

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Universitario del Quindío San Juan de Dios

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y
no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una
medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se
oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice
la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una
modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como
un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del
giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de
ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con
el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la
administración pública debe realizarse con el personal de planta, que
corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el
concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
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propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales10.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección
segunda11 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la
que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen
reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a
la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a
la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare
la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos
laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la
calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den
los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.3.2 Sobre las empresas de servicios temporales. La Ley 50 de 1990, «[p]or
la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones», en su artículo 71, define las empresas de servicios
temporales como aquellas que contratan «[…] la prestación de servicios con
terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales,
contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene
con respecto de éstas el carácter de empleador»12.

10
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
12
Definición también contenida en el artículo 2 del Decreto 4369 de 2006, «por el cual se reglamenta el ejercicio
de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones».
9

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Universitario del Quindío San Juan de Dios

A su vez, el artículo 74 de la mencionada Ley13 prevé la clasificación de los
trabajadores de tales empresas, así:

Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de
dos (2) categorías: Trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los
trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las
dependencias propias de las empresas de servicios temporales.
Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios
temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o
servicio contratado por éstos.

El artículo 6 del Decreto 4369 de 200614, compilado en el Decreto 1072 de
201515, preceptúa los casos en los que las empresas usuarias pueden contratar
con las de servicios temporales, a saber: (i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6° del Código
Sustantivo del Trabajo (CST)16; (ii) cuando se requiere reemplazar personal en
vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y
(iii) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación
de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6)
meses más. No obstante, el parágrafo de dicha disposición establece que «[s]i
cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente
artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste
en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno
nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la
prestación de dicho servicio».

La modalidad de trabajo a través de las empresas de servicios temporales fue
objeto de análisis por esta Sala, en providencia de 6 de octubre de 2016 17, del
siguiente modo:

[…] las empresas de servicios temporales conforman una modalidad de
trabajo en la que no existe vínculo directo entre quien se beneficia del
trabajo y el trabajador que lo realiza o presta el servicio.

Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se desprenden de la

13
Categorización igualmente contenida en el artículo 4 del referido Decreto 4369 de 2006.
14
«Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras
disposiciones».
15
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo», artículos 2.2.6.5.1 a
2.2.6.5.23.
16
«Artículo 6o. Trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no
mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del {empleador}»
17
Expediente 41001-23-33-000-2012-00041-00 (3308-13).
10

Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)
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relación contractual existente entre las empresas de servicios temporales y
el trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera
una relación jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el
trabajador y la Empresa de Servicios Temporales.

Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente
entre la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que
lleva a cabo la prestación personal del servicio, existe un verdadero
contrato de trabajo o relación laboral, regido por la normatividad laboral
del Código Sustantivo del Trabajo18.

Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en
misión, la norma señala que “… los trabajadores en misión tendrán
derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que desempeñen la misma actividad”, así como los
beneficios que la usuaria tenga en materia de transporte, alimentación y
recreación19.

Entre la Empresa de Servicios Temporales y el tercero beneficiario o
empresa usuaria, se genera una relación jurídica regida por un contrato de
prestación de servicios, el cual debe reunir los requisitos señalados por el
artículo 81 de la prementada normatividad, a saber:

“ARTÍCULO 81. Los contratos celebrados entre las empresas
de servicios temporales y los usuarios, deberán:
1. Constar por escrito.
2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se sujetará
a lo dispuesto por la ley para efectos del pago de salarios,
prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y
nocturnos, dominicales y festivos.
3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza,
vigencia y monto con la cual se garantiza el cumplimiento de
las obligaciones laborales de las empresas de servicios
temporales con los trabajadores en misión.
4. Determinar la forma de atención de las obligaciones que en
materia de salud ocupacional se tiene para con los trabajadores
en misión, cuando se trate de las circunstancias establecidas en
el artículo 78 de la presente ley.”

Y por último, entre la empresa usuaria y el trabajador en misión no se
genera relación laboral, al no existir entre la empresa usuaria y el
trabajador temporal contrato alguno, dado que entre la E.S.T. y el
trabajador en misión se configura un contrato laboral, constituyéndose la
Empresa de Servicios Temporales en el empleador de aquel, tal como lo
18
«Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo
del Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la presente ley».
19
«Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de los
trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de
antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga
establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación».
11

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dispone el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y por ende, asumiendo el pago
de las prestaciones sociales que por ley tiene derecho el trabajador en
misión.

El panorama normativo antes reseñado, deja esclarecido la relación
jurídica que se origina entre las empresas de servicios temporales, los
trabajadores en misión y las empresas usuarias, lo que para el caso sub
judice, es de relevancia como quiera que el demandante estuvo gran parte
del tiempo vinculado con la Empresa de Servicios Temporales […] y
pretende se condene a la E.S.E. demandada al pago de las prestaciones
sociales a que tiene derecho durante el tiempo que estuvo vinculado con
la E.S.T como trabajador en misión.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del CST, existe
responsabilidad solidaria entre el dueño de la labor y el contratista que
suministra los trabajadores para desarrollar su objeto, en los siguientes
términos:

Contratistas independientes (artículo modificado por el artículo 3o. del
Decreto 2351 de 1965):

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos
{empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio
determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario
del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a
las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente
responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las
prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores,
solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista
las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos
trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será
solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso
anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus
trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados
para contratar los servicios de subcontratistas.

Respecto de la anterior responsabilidad solidaria en materia laboral, la Corte
Constitucional20 evaluó los requisitos para su procedencia, al determinar:

[…] se predica responsabilidad solidaria en materia laboral, al tenor del

20
Sentencia T-889 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
12

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artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se cumplen los
siguientes presupuestos: (i) la empresa contratante contrata a la empresa
contratista para que realice una labor o ejecute una obra que en principio
correspondería efectuarla a ella, por ser una de las actividades relacionadas
en su objeto social; (ii) la empresa contratista contrata, a través de contrato
laboral, al trabajador o a los trabajadores que se requieren para para la
ejecución de la labor o la obra; (iii) la labor ejecutada por el trabajador en
beneficio de la empresa contratante guarda relación directa con una o
varias de las actividades que aquella realiza, de acuerdo con el giro propio
de sus negocios (relación de causalidad)21; (iv) la empresa contratista
incumple, total o parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o
varios trabajadores que ejecutan la labor en beneficio de la empresa
contratista; y, (v) la labor la ejecutó el trabajador bajo órdenes y
supervisión de la empresa contratante; o siguiendo lineamientos por ella
establecidos; o en las instalaciones físicas de la misma y haciendo uso de
sus recursos físicos y de personal; o todas las anteriores.

En tales condiciones, las empresas de servicios temporales desarrollan una
modalidad de contratación que está respaldada en la ley y no cuenta con
reproche alguno siempre que se acaten a cabalidad las disposiciones que la
desarrollan, en especial los eventos en que el legislador permitió que las
entidades públicas puedan desarrollar su objeto mediante el uso de este tipo de
herramientas. No obstante, a pesar de que sea una modalidad laboral permitida
por la ley, lo cierto es que en determinados casos, establecidos por la
jurisprudencia constitucional, se genera una responsabilidad solidaria entre el
dueño de la labor y el contratista que suministra los trabajadores para desarrollar
su objeto, como lo son, entre otros, que (i) la empresa contratante contrata a la
empresa contratista para que realice una labor o ejecute una obra que en
principio correspondería efectuarla a ella, por ser una de las actividades
relacionadas en su objeto social; (ii) la empresa contratista incumple, total o
parcialmente, sus deberes como empleadora, de uno o varios trabajadores que
ejecutan la labor en beneficio de la empresa contratista; y (iii) la labor la ejecutó
el trabajador bajo órdenes y supervisión de la empresa contratante, siguiendo
lineamientos por ella establecidos o en sus instalaciones físicas y con sus
recursos físicos y de personal.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que

21
«Cabe señalar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que también hay
responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y la empresa contratante, por obligaciones laborales,
cuando se ejecuta en favor de aquella, una obra nueva o de mantenimiento, que van a ser parte de su cadena
productiva, dado que se trata de un instrumento para la manipulación de las materias que se transforman o de los
productos acabados, a través de la que justamente se desempeña el giro propio de sus negocios (ver en este sentido
la sentencia No. 27623 del 10 de marzo de 2009, MP. Eduardo López Villegas)».
13

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gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) La accionante suscribió contratos con el objeto de prestar servicios de terapia
respiratoria con la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San
Juan de Dios, en forma personal e interrumpida (según contratos de prestación
de servicios aportados con la demanda22):

Contrato Inicio Finalización
1 452 22/05/2016 31/08/2016
2 669 01/09/2016 31/12/2016
3 81 01/01/2017 31/03/2017
4 1026 01/04/2017 31/12/2017
5 26-01 01/01/2018 31/12/2018
6 395 02/01/2019 31/03/2019
7 985 01/04/2019 31/10/2019

b) El 9 de agosto de 2016 la jefe de la oficina asesora jurídica de la ESE Hospital
Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios certificó que la
demandante «[…] se encuentra vinculada desde el día once (11) de diciembre
del año dos mil trece (2013), a través de diferentes contratos de prestación de
servicios suscritos con personas jurídicas como lo es Temporalmente S.A.S. y
la empresa Soluciones Efectivas» (sic).

c) Certificación expedida por el auxiliar administrativo de la empresa
Temporalmente S. A. S. de 25 de mayo de 2015, en la que se hace contar que la
actora labora como empleada en misión desde el 11 de diciembre de 2013 y
«[…] desempeña el cargo de TERAPIA RESPIRATORIA en la Entidad RED
SALUD» 23 (se subraya).

d) Certificación emanada del jefe de nómina de la empresa Soluciones Efectivas
Temporal S. A. S. de 18 de mayo de 2016, en la que se informa que la
demandante trabaja desde el 1° de octubre de 2015, activa a la fecha de
expedición de esa constancia, en condición de terapeuta del Hospital
Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios24.

e) La actora aportó copia de pantallazos de mensajes vía «WhatsApp» del

22
Índice 2 del SAMAI.
23
Ibidem.
24
Ib.
14

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«Grupo de Terapia Resp» (sic) entre los años 2018 y 2019, a través de los cuales
se informaba, entre otros, respecto de evaluaciones de conocimiento, asistencia
a capacitaciones y reuniones, solicitud de informes, estadísticas y protocolos y
plazos para presentar cuentas de cobro; correos electrónicos enviados y
recibidos desde cuentas institucionales de 2017 a 2019 en desarrollo de sus
actividades; cuadros de turnos que debía cumplir la demandante de 2015 a 2019;
certificación de aportes a seguridad social efectuados por la demandante entre
mayo de 2016 y octubre de 2019; y citación y actas de asistencia a reuniones25.

f) Oficio 13-JUR de 3 de febrero de 202026, mediante el cual el gerente de la
ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios negó
una petición de reconocimiento de una relación laboral, presentada por la
demandante el 26 de diciembre de 2019, para lo cual indicó que ella no ha hecho
parte de la planta de personal de esa entidad desde el 11 de diciembre de 2013
hasta el 31 de octubre de 2019, pese a que existan contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes, por lo que no es dable acceder a las
prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados.

g) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Miguel Esteban Wandurraga López, Angie Tatiana Villegas Puerta, Alberto
Jaramillo Castañeda, Lina Marcela Jaramillo Mejía, Hugo Alberto Garavito
Valencia, Milena Gutiérrez Torres y Lina Fernanda Marín Buitrago, quienes
relataron circunstancias concernientes a la prestación de servicios de la
demandante como terapeuta respiratoria en la ESE accionada, así como su
desempeño en las funciones que le encargaban, el cumplimiento de horario y la
supeditación a funcionarios superiores de dicha entidad27.

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que (i) la demandante
prestó servicios como terapeuta respiratoria a la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios, a través de contratos de prestación
de servicios, desde el 22 de mayo de 2016 hasta el 31 de octubre de 2019, los
cuales se ejecutaron en forma ininterrumpida; y (ii) el 26 de diciembre de 2019
solicitó el reconocimiento de las prestaciones sociales causadas entre el 11 de
diciembre de 2013 y el 31 de octubre de 2019, lo que le fue negado mediante
oficio 13-JUR de 3 de febrero de 2020, porque nunca hizo parte de la planta de
personal de esa entidad y, pese a que existan contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes, no es dable acceder a las prestaciones sociales y demás

25
Ib.
26
Ib.
27
Ib.
15

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emolumentos reclamados.

También se encuentra acreditado que del 1° de octubre de 2015 al 18 de mayo
de 2016 la actora estuvo vinculada a la empresa Soluciones Efectivas Temporal
S. A. S., la cual la envió como trabajadora en misión a prestar servicios al
Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, como
terapeuta.

Lo primero que ha de advertirse es que, contrario a lo alegado en la demanda,
en el recurso de apelación presentado por la accionante y en la sentencia de
primera instancia, los únicos tiempos acreditados por la accionante son los
descritos en el cuadro contenido en la letra a) del acápite de pruebas, toda vez
que se carece de certeza acerca de las condiciones en las que prestó sus servicios
a la ESE accionada en los restantes interregnos reclamados en el libelo
introductorio, por cuanto si bien aportó prueba de su vinculación a empresas de
servicios temporales, lo cierto es que, de acuerdo con el marco jurídico de este
fallo, tal práctica es admisible en la legislación colombiana siempre que se
cumplan los requisitos de ley; sin embargo, en este proceso no se incorporó
documento alguno del que pueda evidenciarse esa situación, pues se echa de
menos la información referente a la contratación entre la entidad y las empresas
de servicios temporales, los términos del vínculo y las obligaciones entre las
partes, con los que esta Corporación hubiese podido analizar el modo como se
desarrollaron las labores, para así determinar si hubo o no acatamiento de las
normas que regulan la materia y una eventual responsabilidad solidaria de la
denominada empresa usuaria.

Por tanto, los períodos de prestación de servicios acreditados fueron únicamente
los probados con los contratos de prestación de servicios que aporta, frente a los
cuales se examinará la configuración de los elementos de la relación laboral.

Ahora bien, se encuentra demostrada, con la copia los contratos de prestación
de servicios y los demás documentos aportados, la existencia de los elementos
de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por
cuanto efectivamente la demandante fue contratada por el Hospital demandado
para realizar labores de terapeuta respiratoria, lo que implica que fue quien
prestó el servicio; y, por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido,
comoquiera que en dichos contratos de prestación de servicios se estipuló un
«valor del contrato y forma de pago» con cargo a los recursos presupuestales
del ente estatal, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la
modalidad del pago, que comporta la remuneración pactada por el servicio o
16

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el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o
salario), que le era pagada de manera mensual, según la suma acordada.

En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la actora en la ESE demandada y su verdadero alcance, con
el fin de establecer si existió o no.

La misión de la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San
Juan de Dios es «[…] prestar servicios de salud complementarios, con talento
humano idóneo, comprometido con el mejoramiento continuo y
responsabilidad social a través de su modelo de atención […]»28 (sic), función
de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda
similitud con las desempeñadas por la accionante, toda vez que denotan una
sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de terapeuta respiratorio, al
propio tiempo que corrobora que no puede existir supervisión en la ejecución
de una presunta relación contractual para desempeñar esa labor, puesto que se
trata de funciones que atañen a la esencia misma de la entidad.

Además, de la copia de los mensajes de «WhatsApp» de 2018 a 2019, a través
de los cuales se informaba, entre otros, respecto de evaluaciones de
conocimiento, asistencia a capacitaciones y reuniones, solicitud de informes,
estadísticas y protocolos, y plazos para presentar cuentas de cobro; los correos
electrónicos enviados y recibidos desde cuentas institucionales entre 2017 y
2019 en desarrollo de las actividades contractuales; los cuadros de turnos que
debía cumplir la demandante de 2015 a 2019; la certificación de aportes a
seguridad social efectuados por la actora entre mayo de 2016 y octubre de 2019;
la citación y actas de asistencia a reuniones, y las declaraciones recaudadas
(letra g del listado de pruebas), que corroboran que la contratista tenía turnos de
7 de la mañana a 7 de la noche o viceversa y recibía órdenes e instrucciones de
los médicos para el ejercicio de sus funciones, esto es, que no era autónoma al
realizar los procedimientos que le correspondían y debía asistir de manera
obligatoria a capacitaciones y reuniones, no existe duda sobre la configuración
de los tres elementos de la relación laboral antes descritos, en especial el de
subordinación, habida cuenta de que permiten inferir la manera como la
demandante ejecutó los servicios para los cuales fue contratada, y en armonía
con los contratos obrantes en el expediente, permiten evidenciar la concurrencia
de dichos elementos; pero, sobre todo, que prestó la labor en forma dependiente

28
https://www.hospitalquindio.gov.co/hospital/index.php/estructura-organica-y-talento-humano/mision-y-vision
17

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respecto del empleador, sujeta a órdenes del personal superior de la entidad y
en cumplimiento de un horario mínimo de trabajo.

Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación
de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia,
pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito.

Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia.

Por consiguiente, se reitera que en el presente caso no puede hablarse de
coordinación, toda vez que el desempeño de las funciones por parte de la actora,
estaba sujeto a medidas u órdenes de la ESE, tales como: la imposición de
horario y/o cumplimiento de turnos e imposibilidad de la prestación del servicio
por otras personas, sino directamente por la contratista, lo que denota sin lugar
a dudas que la accionada, en su condición de empleadora, tenía la posibilidad
de disponer del trabajo de la demandante, lo que demuestra la existencia de una
verdadera subordinación.

Por tanto, valoradas las pruebas en su conjunto, se colige que si bien la accionante
se vinculó a la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan
de Dios a través de sucesivos contratos de prestación de servicios, se
desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, circunstancia que
originó una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su
ejecución y la correspondiente subordinación.

La jurisprudencia de esta sección ha sostenido que cuando el objeto del contrato
versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso se
demuestra que hubo subordinación o dependencia respecto del empleador, surge
el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contrario se afectan los derechos
18

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del trabajador.

Cabe anotar que pese a que se encuentran probados los elementos configurativos
de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y
subordinación o dependencia), destaca la Sala que ello no implica que la persona
obtenga la condición de empleado público, puesto que no median los
componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con
el artículo 122 superior29.

En tales condiciones, el argumento del ente demandado referente a la inexistencia
de subordinación está desvirtuado y, en esa medida, se confirmará la sentencia
impugnada, en cuanto declaró la existencia de la relación laboral por los contratos
estatales suscritos entre las partes.

Por otra parte, se procede a revisar lo atinente al fenómeno prescriptivo, frente
a lo cual se advierte que no hubo interrupciones en forma considerable30 en el
desarrollo de la actividad contractual, y como la interesada formuló la
correspondiente petición ante el ente estatal el 31 de octubre de 2019, fecha en la
que finalizó el último vínculo suscrito entre las partes, la ESE accionada debe
reconocer las prestaciones sociales por la totalidad de contratos de prestación de
servicios celebrados.

En lo atañedero al trabajo suplementario, dentro del expediente no existe prueba
documental de su causación, pues de los cuadros de turnos aportados no es
viable establecer si laboró horas extras o la cantidad exacta de dominicales y/o
festivos y los horarios en que se le asignaron. Por ende, era necesario que la
interesada demostrara que trabajó tiempo extra, si fue ordinario o festivo y
dominical, si existió compensación o no y si se le autorizó para tal efecto, pero
como no lo hizo, le asiste razón al a quo sobre este aspecto.

29
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos
en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución
y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá
declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público […]».
30
Al respecto, en sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 de la sección
segunda del Consejo de Estado, se estableció, como regla, «[…] un periodo de treinta (30) días hábiles, entre
la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el
cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del expediente».
19

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En relación con la condena en costas y las agencias en derecho que corresponde
a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esta
Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201631, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el

31
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
20

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Universitario del Quindío San Juan de Dios

ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, (i) se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia,
que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; y (ii) se
modificarán los ordinales segundo, tercero y cuarto de su parte decisoria, en el
sentido de que la accionada deberá pagar a la actora las prestaciones sociales de
carácter legal por los contratos de prestación de servicios suscritos directamente
entre las partes del 22 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2019 y completar
los aportes a pensión ordenados, de haber lugar a ello, respecto del mismo lapso,
que será el que se debe computar para efectos pensionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 20 de agosto de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío (sala tercera de decisión), que accedió
de manera parcial a las súplicas de la demanda incoada por la señora Lina
Fernanda Marín Buitrago contra la Empresa Social del Estado Hospital
Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, por las razones
expuestas en la parte motiva.

2º. Modifícanse los ordinales segundo, tercero y cuarto de la parte decisoria
de la providencia impugnada, en el sentido de que la Empresa Social del Estado
Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios deberá
pagar a la actora las prestaciones sociales de carácter legal por los contratos de
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Expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Lina Fernanda Marín Buitrago contra la ESE Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios

prestación de servicios suscritos directamente entre las partes del 22 de mayo
de 2016 al 31 de octubre de 2019 y completar los aportes a pensión ordenados,
de haber lugar a ello, respecto del mismo lapso, que será el que se debe
computar para efectos pensionales, de acuerdo con lo indicado en la parte
motiva.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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