Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2023-00017-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00017-01 (2864-2025)
Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
Demandados: Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración
Social1
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Zuleima del Rosario Gómez Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios SAL-70951 del 30 de julio de
2018 y SAL-97181 del 17 de octubre de esa anualidad, mediante los cuales la
directora poblacional de la Secretaría Distrital de Integración Social le negó la
existencia de una relación laboral por sus servicios prestados «como maestra en los
jardines distritales» entre el 24 de abril de 2012 y el 22 de febrero de 2017, y el pago
de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de «un contrato de trabajo realidad a término
1 En adelante SDIS.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
indefinido» [sic] por el período reclamado; ii) el reconocimiento y pago de los
conceptos salariales y prestacionales que se derivaban de ello, tales como salario
con recargos, cesantías y sus intereses; vacaciones; primas de servicios y navidad;
y «aquellas sumas y conceptos laborales que se hallaren probados, así como condenar a
sumas mayores no solicitados en la presente demanda y que le correspondieran a mi
poderdante. De conformidad con el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo» [sic]; iii)
la indemnización por despido sin justa causa, equivalente a 30 días «de salario»,
según lo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo3; iv) las
sanciones por el pago inoportuno de las prestaciones sociales y por no haber
consignado las cesantías; v) el pago de las semanas no cotizadas al fondo de
pensiones; vi) la indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudas
conforme con el IPC; y vii) la condena en costas.
3. 1.1.2. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
4.1. Zuleima del Rosario Gómez Gómez se vinculó con la SDIS, mediante contratos
de prestación de servicios para ejercer «labores propias de docente», entre el 24 de
abril de 2012 y el 22 de febrero de 2017, de manera continua e ininterrumpida.
4.2. Durante su vinculación con la entidad «como salario inicial se pactó la suma de
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS
MONEDA LEGAL (10.298.104) divididos en 8 pagos de UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL
($1.287.263), pagaderos mensualmente» [sic].
4.3. Los servicios como maestra se realizaron de manera personal «en los jardines
de la SDIS en la subdirección local para la integración social de SUBA», bajo la continua
dependencia y subordinación «del empleador» dentro de unos horarios de trabajo
de lunes a viernes entre las 7:00 a.m., y las 5:00 p.m., y con una remuneración
pactada como retribución por la labor desempeñada.
4.4. Las prestaciones sociales y acreencias laborales, a las cuales tenía derecho
por ley, no le fueron reconocidas.
4.5. Pese a que la vinculación con la entidad se dio a través de contratos de
prestación de servicios, lo cierto es que «en la realidad fáctica, se configuraron los tres
elementos propios de una relación laboral, de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo» [sic].
3 En lo sucesivo CST.
2
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
4.6. El 17 de julio de 2018, solicitó a la entidad el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios, y el pago de las
prestaciones sociales y demás derechos laborales. La cual fue negada mediante
los Oficios SAL-70951 del 30 de julio de 2018 y SAL-97181 del 17 de octubre de
esa anualidad.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53, 122, 123, 124, 209,
226, 229, 300 y 305 de la Constitución Política; 1 de la Ley 6 de 1945;1, 5, 6 y 8
del Decreto 3135 de 1968; 3 y 5 del Decreto 3130 de 1968; 83 del Decreto 1042
de 1978; 7 del Decreto 1950 de 1993; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 128,
153, 156, 157, 160, 161 de la Ley 100 de 1993; 7 del Decreto 4588 de 2006; 16,
17 y 23 del CST. Los decretos 1848 de 1969 y 1042 de 1978; y las leyes 80 de
1993 y 1233 de 2008.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
6.1. La entidad demandada omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de
una relación laboral; además, desconoció el artículo 53 de la Constitución Política,
toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera
personal, permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartirle órdenes y directrices en
relación con la labor contratada.
6.2. Losactos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales,
porque la SDIS celebró los contratos de prestación de servicios para ocultar la
relación laboral que existió, y no realizar el pago de las «prestaciones sociales
cesantías, y demás acreencias laborales a que se hacen acreedores los trabajadores
vinculados en una relación reglamentaria desempeñada por mi prohijada, no obstante a
ello ha de indicarse que la conducta asumida por el representante legal en la utilización de
los continuo contratos u órdenes de prestación de servicios para trabajos permanentes y
continuos está riñendo con los estatuido en el artículo 48 de la ley 734 de 2002» [sic].
1.2. Contestación de la demanda
7. La SDIS se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
4 Samai del tribunal, índices 2 y 9 ; 1_ED_001ESCRITODEMANDAPD(.pdf) NroActua 2; y
19_RECIBEMEMORIALES_RV_NOTIFICAACTUACI(.zip) NroActua 9; SUBSANACION DE LA
INADMISION DE LA DEMANDA CONTRATO REALIDAD ZULEIMA DEL ROSARIO.pdf.
3
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
siguientes consideraciones:
7.1. Larelación laboral entre las partes era inexistente, pues se trató de una
vinculación contractual regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 para el
desarrollo de actividades específicas y por un término definido «sin que exista
subordinación alguna».
7.2. No se configuraron los elementos constitutivos para declarar la existencia de
una relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación, toda vez
que se trató de una labor coordinada entre el contratista y la contratante con el fin
de armonizar las actividades, lo que implicó que el primero se sometiera a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de estas.
7.3. Como contraprestación de los servicios le fueron otorgados unos honorarios,
previamente pactados los cuales no son constitutivos de salario.
7.4. Por último, propuso las excepciones de: i) caducidad de la «acción» de nulidad
y restablecimiento del derecho; ii) «legalidad del contrato de prestación de servicios»;
iii) inexistencia del contrato realidad; iv) inexistencia de las obligaciones
reclamadas; v) cobro de lo no debido; vi) «no se configura derecho al pago de suma
alguna ni indemnización»; vii) buena fe; viii) compensación; ix) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia proferida el 11 de agosto de 2025, accedió de forma parcial a las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, dispuso lo siguiente5:
PRIMERO. DECLARAR de probada de manera parcial la caducidad del medio de
control, conforme se indicó en la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en los
oficios Nos. 70951 de 30 de julio de 2018 y 97189 de 17 de octubre de 2018, que
negaron a Zuleima del Rosario Gómez Gómez la existencia de una relación laboral y el
pago de prestaciones sociales, proferidos por la directora poblacional de la Secretaría
Distrital de Integración Social de Bogotá D. C.
TERCERO. DECLARAR entre Zuleima del Rosario Gómez Gómez […] y la Secretaría
de Integración Social de Bogotá D. C., existió una relación laboral desde el 24 de abril
de 2012 al 22 de febrero de 2017, con las interrupciones y suspensión mencionadas en
la parte motiva.
CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, y a título de
5Samai del tribunal, índice 44, 45Sentencia_20230001700_CR_SDIS_(.pdf) NroActua 44
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Secretaría de Integración Social de
Bogotá D. C. a pagar las diferencias entre los aportes a pensión realizados mes a mes
por Zuleima del Rosario Gómez Gómez […], y los que se debieron efectuar en calidad
de empleador, durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2012 al 22 de
febrero de 2017, descontando las interrupciones y suspensiones, teniendo en cuenta
los honorarios pactados en cada uno de los contratos relacionados en esta providencia,
debiendo para ello cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante por
concepto de aportes a pensión, siendo necesario que la parte actora acredite las
cotizaciones efectuadas, y en caso de que exista diferencia con las que legalmente
deba hacer o que no se hubiera efectuado, deberá asumir el porcentaje correspondiente
a su cargo.
QUINTO. Las sumas resultantes de la condena impuesta a favor de la parte
demandante se actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:
R=Rh x índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R), se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, entre el índice vigente a la fecha en la cual se causó el
derecho.
SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO. Sin condena en costas en esta instancia» [sic].
9. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
9.1. Comoquiera que en el expediente no obra constancia de notificación del último
acto administrativo demandado, el término para contabilizar la caducidad del medio
de control será la fecha en la que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial
ante el Ministerio Público, esto es el 13 de noviembre de 2020. Ahora, el acta que
declaró fallida la conciliación se expidió el 30 de enero de 2020, por tanto, tenía
hasta el 30 de mayo de esa anualidad para demandar; no obstante, la demanda
se radicó el 8 de noviembre de 2021, razón por la cual operó de manera parcial la
excepción de caducidad «en lo que respecta a las prestaciones económicas
perseguidas como consecuencia de la declaratoria de la existencia del contrato realidad.
Y se procederá a estudiar las pretensiones relativas a la existencia de una relación laboral
entre las partes y los aportes al sistema de seguridad social en pensión» [sic].
9.2. Los contratos de prestación de servicios celebrados por las partes dan cuenta
que entre el 24 de abril de 2012 y el 22 de febrero de 2017, Zuleima del Rosario
Gómez Gómez suscribió 5 contratos con SDIS para prestar personalmente los
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
servicios como maestra para la implementación de los lineamientos pedagógicos
y curriculares de la educación inicial en los Jardines Infantiles de la entidad.
9.3. La entidad le otorgó unos honorarios por los servicios prestados
«contraprestación periódica que, al margen de su denominación, corresponde a una
retribución periódica por su labor» [sic].
9.4. Si bien la entidad tachó el testimonio de Flor Devia por haber adelantado un
proceso en contra de la SDIS, lo cierto es que dichas circunstancias fácticas no
son suficientes por cuanto en su condición de compañera de trabajo conoció de
manera directa la forma y el modo en que ejerció sus actividades de maestra
«aunado a que, lo narrado por la declarante coincide en algunos aspectos con la prueba
documental» [sic]
9.5. Las obligaciones contractuales y el testimonio de Flor Devia son suficientes
para acreditar que en ejercicio de las actividades desarrolladas por la demandante
cumplió con el horario establecido por la SDIS, bajo sus lineamientos. Para tal
efecto, le correspondía «atender a los niños y niñas del curso de párvulo que le asignaba
la Coordinadora del Jardín, realizando las actividades establecidas en el plan pedagógico
definidas por la Secretaría, las cuales iban direccionadas a la atención y desarrollo de los
menores en las áreas de nutrición, formación, cognitiva, relación con los padres de familia,
ente otras; con los insumos que le proporcionaba la demandada» [sic].
9.6. Las funciones ejecutadas sirvieron para dar cumplimiento al objeto misional de
la entidad, prestó sus servicios de forma subordinada, bajo la inspección y
vigilancia de la coordinadora del jardín infantil, sin autonomía en el ejercicio de sus
labores, las cuales desarrolló durante la jornada laboral establecida para los
servidores de planta y ejecutaba las actividades de acuerdo con lo que le aprobara
la coordinadora.
9.7. Desarrolló funciones que sirvieron para dar cumplimiento al objeto misional de
la entidad, prestó sus servicios de forma subordinada, bajo la inspección y
vigilancia de la coordinadora del jardín infantil, sin autonomía en el ejercicio de sus
labores, las cuales desarrolló durante la jornada laboral establecida para los
servidores de planta y ejecutó las actividades de acuerdo con lo que le aprobara la
coordinadora.
9.8. Se desvirtuó la autonomía e independencia en la prestación del servicio por
parte de la actora, así como la transitoriedad u ocasionalidad propia de un
verdadero contrato de prestación de servicios y, por el contrario, se acreditaron los
elementos característicos de la relación laboral, esto son la prestación personal, la
remuneración y la continua subordinación.
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
9.9. En relación con los salarios y prestaciones sociales derivadas de la relación
laboral operó el fenómeno jurídico de la caducidad; sin embargo, en atención a la
condición periódica respecto de los aportes para pensión no se aplicará.
1.4. El recurso de apelación
10. La SDIS interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes
argumentos6:
10.1. El a quo desconoció la autorización legal que habilita a la administración para
celebrar contratos por prestación de servicios con personas naturales cuando las
actividades no puedan desarrollarse con personal de planta.
10.2. El testimonio practicado no da cuenta de cómo se ejecutó el contrato, así como
tampoco «le consta llamados de atención o que recibiera órdenes» [sic].
10.3. Las
obligaciones contractuales son suficientes para demostrar que la
demandante tenía autonomía necesaria para el ejercicio de la labor contratada.
10.4. Contrario a lo concluido por el tribunal, no se cumplió con los elementos de
una relación laboral porque los servicios prestados por la demandante fueron como
maestra técnica en la implementación de la educación inicial dentro del proceso de
atención integral a la primera infancia en un jardín infantil asignado por la SDIS;
por lo tanto, «esas actividades no se podían realizar en cualquier momento, sino que
debían cumplir con el horario establecido por la entidad para la atención al público».
10.5. Por la falta de personal de planta para llevar a cabo el proyecto se celebraron
contratos de prestación de servicio, de conformidad con el plan distrital de
desarrollo de la época, que era de carácter temporal. Además, no se « hizo un uso
inapropiado de los contratos de prestación de servicios; por el contrario, estos contratos
se fundamentaron en un análisis de las razones para su celebración y las necesidades
que debían abordarse».
10.6. No se configuró la subordinación porque la demandante contó con autonomía
para desarrollar sus actividades, y en todo caso, la presentación de los informes a
cargo del contratista era una obligación pactada para el pago de honorarios por
cuanto la entidad debe hacer seguimiento al cumplimiento efectivo del objeto
contractual el cual se hizo a través del supervisor, tampoco se impartió órdenes e
6 Samai del tribunal, índice 46,
43_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSOAPELACIONSENT(.pdf) NroActua 43.
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
instrucciones de superiores, llamados de atención o sanciones por incumplimiento
que puedan demostrar la subordinación.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en
el cual solicitó confirmar la sentencia apelada, por cuanto, del análisis de las
pruebas documentales y testimoniales recaudadas en el proceso, se encuentra
probado que la demandante prestó personalmente sus servicios de manera
continua y en condiciones de subordinación laboral a favor de la SDIS. Además,
las funciones y actividades ejecutadas por la demandante «se constituyen en
permanentes y propias del objeto social del ente demandado»7.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si existió una relación laboral entre
Zuleima del Rosario Gómez Gómez y la SDIS? y, en consecuencia ¿si tenía
derecho al reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en
pensión derivados de esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
7 Samai, índice 8; Memorial_FLF_7Concepto(.pdf) NroActua 8.
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Radicado: 25000-23-42-000-2023-00017-01 (2864-2025)
Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
13Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
24. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
2.3. Lo probado dentro del proceso
2.3.1. Documentales
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
31.1. Durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2012 y el 22 de febrero
de 2017, Zuleima del Rosario Gómez Gómez estuvo vinculada con la SDIS,
mediante los siguientes contratos de prestación de servicios16:
Contrato u
orden de
Fecha Fecha de Interrupción
prestación Valor Suspensiones Objeto
de inicio terminación días hábiles
de
servicios
Entre el 19 de «Prestar los servicios de
24 de
2533- 31 de enero diciembre de maestra para la
abril de $10.298.104 -
201217 de 2013 2012 y el 7 de implementación de los
2012
enero de 2013 lineamientos
pedagógicos y
curriculares de la
educación inicial en los
jardines infantiles de la
18 de
1049- 7 de febrero «21 días SDIS en la Subdirección
febrero $14.655.300 11
201318 de 2014 calendario» Local para la Integración
de 2013
Social de Suba, en el
marco del proceso de
atención integral a la
primera infancia» [sic]
-. Entre el 28 «Prestar los servicios de
de mayo y el 19 maestra/o técnica/o para
de junio de la implementación de los
2014. lineamientos
-. Entre el 6 de pedagógicos y
10 de noviembre y el curriculares de la
5272- 24 de marzo
febrero $15.785.00 5 de diciembre educación inicial en las 0
201419 de 2015
de 2014 de 2014. instituciones de
-. Entre el 18 educación inicial de la
de diciembre SDIS en el marco del
de 2014 y el 7 proceso de atención
de enero de integral a la primera
2015 infancia» [sic]
Entre el 21 de «Prestar los servicios de
9044- 8 de abril 30 de enero diciembre de maestra/o técnica/o para
$11.824.000 8
201520 de 2015 de 2016 2015 y el 13 de la implementación de la
enero de 2016 educación inicial en el
16 La información consignada en el cuadro, también se funda en la certificación expedida por la
Subdirección de Contratación de la Dirección de Gestión Corporativa de SDIS el 26 de octubre de
2022; en el plazo señalado en los contratos de prestación de servicios, sus prorrogas, adiciones,
actas de inicio y liquidación, visibles en samai del tribunal, índice 18;
27_RECIBEMEMORIALES_REQUERIMEINTOOAJ(.zip) NroActua 18; REQUERIMEINTO OAJ -
ZULEIMA DEL ROSARIO GÔÇíMEZ GÔÇíMEZ.
17 Ibidem; 2012-2533; 2533-12 (2).pdf.
18 Ibidem; 2013-1049.
19 Ibidem; 2014-5272; 5272-14.pdf.
20 Ibidem; 2015-9044; CESO_15-12-3743646_01002009_14380488.pdf.
14
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
marco del proceso de
Entre el 17 de
8 de 22 de atención integral a la
2790- diciembre de
febrero febrero de $16.640.000 primera infancia de la 5
201621 2016 y el 16 de
de 2016 2017 Secretaría Distrital de
enero de 2017
Integración Social» [sic]
31.2. En el desarrollo de los contratos de prestación de servicios, entre otras, se
ejecutaron las siguientes actividades22:
«Participar de manera activa en la construcción, seguimiento, actualización e
implementación del proyecto pedagógico a la luz del enfoque diferencial del territorio y
género y la perspectiva del potenciamiento del desarrollo y el cuidado calificado. 2. Elaborar
la planeación pedagógica con una frecuencia mínima mensual y en articulación con el
equipo de trabajo, las acciones necesarias para ofrecer oportunidades de desarrollo a las
niñas y niños en las cinco dimensiones propuestas en el lineamiento pedagógico y curricular
para la educación inicial en el Distrito Capital. 3. Articular en su planeación actividades
concertadas con los profesionales de apoyo (psicólogas, psicólogos, las y los educadores,
nutricionistas, enfermeras, enfermeros y otros) para la realización de los planes de apoyo a
la inclusión, para niñas y niños de primera infancia con discapacidad y alteraciones de
desarrollo contenido en la planeación pedagógica de la maestra o maestro que garanticen
su participación. 4. Incorporar en su planeación acciones intencionadas de arte, juego,
literatura infantil y exploración del medio como pilares de la educación inicial. 5. Identificar
e incorporar en la planeación pedagógica los ritmos cotidianos del grupo […] 7. Acompañar
en la implementación de ambientes enriquecidos de manera continua y permanente,
propendiendo por el desarrollo integral y armónico de las niñas y niños en coherencia y
articulación con el proyecto pedagógico y su planeación pedagógica […] 16. Establecer
periódicamente las necesidades de materiales y recursos para la ejecución de su labor y
solicitarlas oficialmente a la coordinadora o coordinador del jardín infantil. 17. Reportar
formal y oportunamente a la coordinadora o coordinador del jardín infantil de cualquier
deterioro, daño o mal funcionamiento de equipos e implementos fundamentales para el
desarrollo de las actividades pedagógicas en la institución. 18. Fomentar el cuidado y
protección de los bienes inventariados a su cargo para el desarrollo de su labor, teniendo
en cuenta el desgaste normal de su uso y procurando tener actualizado el inventario
correspondiente. 19. Informar oportunamente a la coordinadora o coordinador del jardín
infantil casos que den cuenta de alertas tempranas, seguimiento a los procesos de
desarrollo y atención de las niñas y los niños de primera infancia, así mismo situaciones
que pongan en riesgo la integridad física, moral y psicológica de ellas y ellos. 20. Registrar
de manera mensual el seguimiento al desarrollo del nivel asignado de cada una de las niñas
y los niños de primera infancia, en los instrumentos diseñados para tal fin reconociendo
características y particularidades (seguimiento y valoración del desarrollo infantil). 21.
Elaborar trimestralmente los informes dirigidos a los padres, madres y cuidadores, teniendo
en cuenta los aportes de los profesionales de apoyo (psicólogas, psicólogos, las y los
educadores especiales, nutricionistas, enfermeras, enfermeros y otros), que den cuenta del
proceso de desarrollo de las niñas y los niños de primera infancia. 22. Acompañar las
actividades planeadas y aprobadas cuando se requiera el traslado de las niñas y los niños
de primera infancia fuera del jardín infantil, teniendo en cuenta los protocolos descritos en
21 Ibidem; 2016-2790; CESO_16-12-4726010_01002009_18380311.pdf.
22 Para efectos prácticos y comoquiera que en la mayoría de los contratos se pactaron similares
obligaciones solo se transcribirán algunas.
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los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial […] 1. Ejercer y garantizar el
buen trato a todos los niños y las niñas, como un principio ético no negociable,
Adicionalmente, mantener una relación de respeto y cooperación con todas las personas
que desarrollan actividades en el Jardín Infantil. 2. Garantizar que en todas las interacciones
y relaciones que establezca directa o indirectamente con los niños y niñas, sean
reconocidos y tratados como sujetos de derechos, con capacidad para pensar, expresar,
participar, opinar y de ser tenido en cuenta como sujeto activo dentro de todo el proceso
pedagógico. 3. Conocer, apropiar e implementar dentro de sus competencias los
lineamientos y estándares técnicos de la Educación Inicial con Enfoque de Atención Integral
a la Primera Infancia. 4. Participar en la construcción y puesta en marcha del proyecto
pedagógico del jardín infantil, el cual debe ser elaborado bajo las orientaciones pedagógicas
de la Educación Inicial definidas por la Subdirección para la Infancia. 5. Aportar al diseño e
implementación de modelos innovadores y pertinentes para el ciclo de Educación Inicial en
el jardín infantil donde esté prestando sus servicios profesionales. 6. Liderar el proceso
pedagógico y el currículo de formación a familias implementado al interior del jardín infantil;
cumpliendo cabalmente lo definido en los lineamientos y estándares técnicos de Educación
Inicial principalmente en lo relacionado con el estándar pedagógico de Educación Inicial,
así como los aspectos de seguridad de los niños y niñas en el jardín infantil. 7. Participar
de forma activa en las jornadas de formación permanente, relacionados con el cumplimiento
de estándares de calidad, de maestras que desarrolla la Subdirección para la Infancia a
través de los viernes pedagógicos y la jornada liberada. 8. Conocer y apropiar las políticas
y lineamientos de inclusión social definidos por la Subdirección para la Infancia,
específicamente en lo relacionado con niños y niñas en condición de discapacidad,
miembros de comunidades indígenas a víctimas de conflicto armado, con el fin de
implementar las acciones necesarias y suficientes para incorporar dichas políticas y
lineamientos en sus prácticas pedagógicas. 9. Diligenciar los formatos e instrumentos
correspondientes a los procesos de planeación pedagógica, seguimiento y valoración del
desarrollo infantil de cada niño o niña, informes periódicos dirigidos a padres y madres de
familia o cuidadores y los demás que se consideren de competencias de las maestras y que
estén acorde con el objeto de este contrato, de acuerdo con las directrices dadas por la
Subdirección para la Infancia. 10. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o
las acciones que vulneren, amenacen, conlleven maltrato físico o psicológico, y/o
imposición de sanciones crueles, degradantes o humillantes a los niños y niñas a su cargo,
ante las entidades competentes; […] 11. Trabajar de forma armónica y articulada con los
demás profesionales que se vinculen al equipo educativo del jardín infantil, como
psicológicos, educadores especiales, nutricionistas, enfermeros, entre otros, con el fin de
garantizar una atención integral a los niños y niñas de los jardines infantiles. 12. Adelantar
los procesos de actualización de ficha SIRBE para todos los niños y niñas. […] Acompañar,
cuando se requiera, el traslado de los niños y niñas a los diferentes espacios fuera del
Jardín Infantil, como salidas pedagógicas y participación en el proyecto. 14. Garantizar la
atención y protección integral a los niños, niñas y adolescentes, en el marco del desarrollo
de las obligaciones derivadas del presente contrato. 15. Presentar al cierre del contrato
informe final con soporte de documentos físicos y magnéticos relacionados con las
obligaciones realizadas. 16.
Participar activamente en los procesos de atención a población
en emergencias de origen natural y antrópicos, aplicando protocolos y procedimientos
adoptados dentro del Sistema de Prevención y Atención de Emergencia en la ciudad. 17. Las demás obligaciones que el Supervisor del contrato le designe en el marco de las
actividades propias del Proyecto y del objeto del contrato» [sic].
16
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31.3. Mediante escrito del 28 de mayo de 2014, Zuleima del Rosario Gómez Gómez
le solicitó al subdirector local para la integración social Suba la «suspensión del
contrato incapacidad accidente laboral […] síndrome del manguito rotador»23 [sic].
31.4. Con la modificación No. 1 del 28 de mayo de 2014, las partes acordaron
suspender la ejecución «previsto en la clausula quinta del contrato principal [5272 de
2014], por 23 días calendario»24 [sic].
31.5. El 17 de julio de 201825, la demandante solicitó a la SDIS el reconocimiento de
la existencia de una relación laboral entre el «24 de abril de 2012 y el 22 de febrero
de 2017», y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
31.6. La anterior petición fue negada a través del Oficio SAL 70951 del 30 de julio
de 201826, suscrito por la directora poblacional de la SDIS, porque no existió
vínculo laboral entre las partes sino una relación de «carácter contractual, en virtud
de los contratos de prestación de servicios que sostuvo con la entidad, razón por la cual,
le son aplicables las normas propias de esta clase de contratos, tales como la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas
reglamentarias o complementarias […] ahora bien, los contratos de prestación suscritos
entre usted y la Secretaría se desarrollaron con autonomía técnica, administrativa
operativa e independencia por parte suya, características propias de este tipo de contratos
estatales, donde no se presenta una relación de jerarquía o subordinación» [sic].
17 de agosto de 201827 presentó recurso de reposición contra la decisión
31.7. El
administrativa anterior, el cual fue resuelto a través del Oficio SAL-97189 del 17 octubre
de 201828.
2.3.2. Testimonio
32. En la audiencia de pruebas celebrada el 10 de abril de 202529, se recibió el
testimonio de Flor Devia quien en lo particular señaló lo siguiente30:
23 Ibidem; 2014-5272; 5272-14.pdf; folio 5.
24 Ibidem; folios 17 y 18.
25 Samai del tribunal; 3_ED_003ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 2;
0017003EXPEDIENTEDIGI20230124144239.pdf; 27 al 29.
26 Samai del tribunal; índice 9; SAL 70951 DEL 30 DE JULIO DE 2018.pdf.
27 Samai del tribunal; 3_ED_003ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 2;
0017003EXPEDIENTEDIGI20230124144239.pdf; folios 30 al 32.
28 Samai del tribunal, índice 9; SAL 97189 DEL OCTUBRE DE 2018.pdf.
29 Samai del tribunal, índice 37, https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/558b3155-
1225-4c32-b7ae-f068b9274203.
30 Min: 0:08:55 al 0:59:25.
17
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
32.1. Es tecnóloga en educación prescolar de profesión y para la fecha de su
testimonio esta pensionada. Entre los años 2011 al 2018, de manera interrumpida
prestó sus servicios como «auxiliar pedagógica y maestra titular» a favor de la SDIS.
32.2. Durante los años 2012 al 2014, compartió lugar de trabajo con la demandante
en el Jardín Infantil «Helvetia» de Prado Veraniego de la ciudad de Bogotá.
32.3. Zuleima del Rosario Gómez Gómez era la maestra titular de «los niños de
párvulo» y ella la auxiliar pedagógica.
32.4. Como maestra titular del jardín, la demandante debía acompañar a niños y
niñas que acudían de lunes a viernes al jardín en el horario de 7:00 a.m., a 4:00
p.m., acorde con los lineamientos pedagógicos de la SDIS. Para tal efecto,
realizaba seguimiento de tallaje, rituales de sueño y aseo de los menores «se
hacían reuniones con padres de familia para entregas de boletines [..] procesos de
crecimiento», entre otras.
32.5. La demandante y todas las profesoras del jardín cumplían con un horario de
lunes a viernes de 6:40 a.m. a 5:00 p.m., es decir antes de que los niños ingresaran
y después de que recogieran al último de los menores que tenían bajo su cuidado.
32.6. Mientras compartió con la demandante el jardín contaba con «12 profesoras».
32.7. De manera permanente la actora recibía órdenes e instrucciones por parte de
la coordinadora del jardín.
32.8. Para ausentarse del sitio de trabajo la demandante debía solicitar la
autorización de la coordinadora del jardín.
32.9. La SDIS les suministraba los elementos de trabajo, como cuadernos, esferos,
marcadores, cremas, pañales, y la alimentación de los niños. Cuando el material
resultó insuficiente «entre todas se reunían y compraban lo que hacía falta».
32.10. La actora no podía escoger el lugar ni el modo en el que se realizaban las
funciones como maestra.
32.11. En los jardines de la SDIS las coordinadoras de los jardines realizan el
seguimiento de todas las actividades realizadas por las maestras con los niños en
el aula de clases.
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
32.12. Mientras compartió sitio de trabajo, la demandante solo laboró en el jardín y
no tenía otros contratos.
32.13. Durante el periodo lectivo de 2014, la demandante sufrió «un quebranto de
salud -inmovilización de un brazo-», razón por la cual la testigo tuvo que acompañarla
de forma permanente como auxiliar pedagógica y conoció de primera mano sobre
las condiciones laborales. En varias oportunidades percibió que «se le negó el
permiso para asistir a citas y controles médicos».
32.14. El personal pedagógico y equipo de la SDIS realizaba reuniones periódicas
con las maestras y auxiliares vinculadas con la entidad por prestación de servicios.
32.15. Para el pago de los honorarios debían presentar un informe de actividades
junto con los soportes de pago a la seguridad social.
32.16. La duración de los contratos como maestras era anual y se suspendía en los
periodos vacacionales.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
33. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará si se acreditaron los elementos que permiten
configurar una relación de trabajo entre Zuleima del Rosario Gómez Gómez y la
SDIS.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
34. De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 24 de abril de 2012 y el 22
de febrero de 2017 la demandante laboró a favor de la SDIS, vinculada mediante
contratos de prestación de servicios. En virtud de lo señalado en los aludidos
documentos se comprometió con la entidad a prestar los servicios como «maestra
profesional para la implementación de los lineamientos pedagógicos y curriculares de la
educación inicial en los jardines infantiles de la SDIS en la Subdirección Local para la
Integración Social de Suba, en el marco del proceso de atención integral a la
primera infancia» [sic].
35. Además, del testimonio de Flor Devia se advierte que Zuleima del Rosario
Gómez Gómez fue contratada como maestra profesional para la educación inicial
en el marco del proceso de atención integral a la primera infancia de la SDIS;
incluso, prestó sus servicios durante el periodo en el que sufrió un accidente que
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
conllevó a la «inmovilización de un brazo».
36. En este punto, la Sala advierte que, si bien la testigo solo compartió de manera
directa con la demandante entre los años 2012 a 2014, lo cierto es que los demás
elementos probatorios dan cuenta que la labor como «maestra» para la cual fue
contratada se extendió hasta el 22 de febrero de 2017 sin mayor variación en el
objeto contractual.
37. De manera que, para la Sala las constancias y demás documentos allegados al
proceso, los cuales gozan de la presunción de autenticidad prevista en el artículo
244 del CGP31, tienen el valor suficiente para demostrar la prestación del servicio
en el periodo analizado, y los elementos que se proceden a estudiar y se exponen
a continuación.
2.4.1.2. Remuneración
38. Ahora bien, Zuleima del Rosario Gómez Gómez percibió una remuneración por
el trabajo realizado, tal y como se evidencia en las certificaciones y las órdenes de
prestación de servicios que suscribió, en los que se advierte que se estipuló el valor
y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación [honorarios
o salario].
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
39. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales, así como el
testimonio de Flor Devia, se tiene que las funciones desempeñadas por la
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta
estuvo sujeta a horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
31 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona
a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones».
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
subordinada pues atienden al control de un superior [coordinadora del jardín infantil
de la SDIS en la Subdirección Local para la Integración Social de Suba] para
ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia
la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y Zuleima del Rosario Gómez Gómez, a su
vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del
ius variandi por parte de la SDIS.
40. Precisamente, Flor Devia -quien compartió de forma laboral y personal con la
demandante entre los años 2012 al 2014-, dio cuenta de las condiciones bajo las
cuales prestó sus servicios a la entidad, de las que se resalta que en ejercicio de
sus funciones cumplió con un horario y siguió órdenes e instrucciones de la
coordinadora del jardín infantil de la SDIS. Además, que no tenían libertad para
decidir la forma como desarrollaban el objeto contractual lo que se traduce en la
ausencia de libertad o autonomía en el desarrollo de la labor, porque la
coordinadora realizaba el seguimiento de todas las actividades para desarrollarlas
con los niños en el aula de clases.
41. Asimismo, resaltó que la demandante «no podía ausentarse de la entidad sin previa
autorización» de la coordinadora, y no tenía autonomía ni independencia alguna en
el ejercicio de sus funciones, además cumplió con un horario de trabajo de 6:40
a.m. a 5:00 pm de lunes a viernes.
42. En este punto, se precisa que el testimonio de Flor Devia es suficiente pues
justamente se encontraba en iguales condiciones que la demandante, y podía
exponer [por virtud de su conocimiento propio] las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se desarrolló la labor; además, sus declaraciones coincidieron con
las demás pruebas allegadas al plenario, e incluso, en contraste con lo afirmado
por la entidad, resultaron coherentes con el desarrollo de la labor de maestra
profesional del jardín infantil de la SDIS en Suba.
43. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos, para que la trabajadora desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
44. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, del testimonio recibido en el proceso y las demás pruebas
documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar
una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
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determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable
el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los
servicios de la demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de 5 años
aproximadamente.
45. En efecto, Zuleima del Rosario Gómez Gómez prestó sus servicios como
maestra profesional del jardín infantil de la SDIS y cumplió funciones que
implicaban subordinación respecto del empleador, en las que se encontraba bajo
el mando de la entidad, pues estaba obligada a cumplir órdenes e instrucciones.
Esto es así, porque entre otras debía atender los procedimientos previamente
establecidos y observar las normas de la entidad; es decir que era esta la que le
asignaba las actividades a realizar.
46. En este punto, se advierte que la misión de la SDIS es la de «formular e
implementar políticas públicas poblacionales para garantizar el ejercicio de derechos,
mediante una oferta de servicios sociales de calidad y la gestión de alianzas estratégicas
con el sector privado y la cooperación internacional en pro de la inclusión social y
productiva, el desarrollo de capacidades y la mejora de la calidad de vida de las personas
en situación de mayor vulnerabilidad, con un enfoque territorial e intersectorial»32[sic], lo
cual guarda similitud con las funciones que desarrolló la demandante como
maestra profesional del jardín infantil de la SDIS, las cuales estaban relacionadas
con los servicios sociales de la entidad, es decir que la ejecución de sus labores
permitieron el desarrollo del objeto misional de la entidad.
47. Todo lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo
de maestra profesional del jardín infantil de la SDIS, al tiempo que corrobora que
no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto
contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que
atañen a la esencia y finalidad de la entidad.
48. En este punto, se aclara que la situación descrita en el sub judice no
corresponde a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la
sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte
el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable
que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito»33.
32 https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/plataforma-estrategica/mision-y-vision.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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49. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»34.
50. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que en el ejercicio de las funciones por parte de la demandante estaba sometida a
medidas u órdenes, a saber: la imposición de un horario y la sujeción a directrices
por parte de la coordinadora del jardín infantil de la SDIS, lo que demuestra que la
entidad en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del
trabajo de Zuleima del Rosario Gómez Gómez, y de manera indiscutible, denota la
existencia del elemento subordinación.
51. Lo anterior, contrario a lo expuesto en el recurso de apelación de la SDIS, pues
consideró que no existió una relación laboral al no configurarse el elemento de la
subordinación y porque no existió el cargo de planta de «maestra profesional» en la
entidad, razón por la cual los contratos de prestación de servicios fueron suscritos
con la demandante por «sus conocimientos especializados y fueron de carácter
temporal».
52. Por lo anterior, de acuerdo con las pruebas documentales, si bien no se
demostró que exista en la SDIS un cargo de planta denominado maestra
profesional, lo cierto es que la demandante ejecutó funciones permanentes de la
entidad e inherentes a la misión, por lo cual sus labores no fueron por sus
conocimientos especializados, o de forma temporal, pues se acreditó que prestó
sus servicios en el jardín infantil de la SDIS por un espacio de 4 años y 9 meses,
aproximadamente.
53. Ahora bien, en este punto echa de menos la Sala que pese a las disposiciones
contenidas en la Ley 909 de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de
plantas temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del
servicio. Por tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratada la demandante no puede ser argumento suficiente
que enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la
ausencia de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores
desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
54. Valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los
34 Ibidem.
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artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió a lo largo de esta decisión,
la naturaleza contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.
55. Con todo, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los contratos
de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia
de personal que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una situación
como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento
válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en
su favor»35, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.
56. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para el periodo comprendido
entre el 24 de abril de 2012 y el 22 de febrero de 2017 se encuentra demostrada
la existencia de los elementos de la relación laboral, razón por la cual, en este
punto, se confirmará la decisión apelada.
2.4.2. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
57. Ahora bien, como lo definió el a quo, como consecuencia de la configuración del
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control la demandante no tenía
derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones
sociales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarse; sin embargo,
respecto de los aportes para pensión no se aplicará el fenómeno extintivo, en
atención «a la condición periódica del derecho pensional que los hace imprescriptibles»,
razón por la cual la entidad demandada, deberá efectuar las cotizaciones por tales
valores al respectivo fondo de pensiones por el periodo comprendido entre el 24
de abril de 2012 y el 22 de febrero de 2017, salvo sus interrupciones.
58. Para tal efecto, el criterio de la Sala es que la entidad demandada deberá
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Zuleima del Rosario
Gómez Gómez en consideración al salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó. Empero, no se efectuará
modificación alguna a la sentencia recurrida, en aras de no vulnerar la situación
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
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del apelante único, que en este caso es la entidad demandada. Además,
comoquiera que los elementos probatorios allegados son insuficientes para
establecer con certeza si el empleo de planta gozaba de una remuneración
superior a los honorarios percibidos por el trabajo realizado.
59. Así las cosas, la entidad deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el
porcentaje que le correspondía como empleador.
60. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales36 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas37.
61. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga
de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.
2.5. Costas
62. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
36 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
37 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.
65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Zuleima del Rosario Gómez Gómez y la SDIS entre el 24 de abril de
2012 y el 22 de febrero de 2017, salvo las interrupciones, tiempo que se tendrá en
cuenta para efectos pensionales; no obstante, en relación con los salarios y
prestaciones sociales operó el fenómeno jurídico de la caducidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió de
38 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Zuleima del Rosario Gómez Gómez
manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Zuleima del Rosario
Gómez Gómez en contra de la SDIS, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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