Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02717-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-02717-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-02717-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, Hospital
Simón Bolívar III Nivel
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda y subsanación
1.1.1. Las pretensiones
1. Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan presentó demanda ordinaria laboral 1, la cual
fue adecuada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio G-
01250 del 10 de abril de 2015, por medio del cual la gerente del Hospital Simón
Bolívar III Nivel ESE le negó la existencia de una relación laboral por sus servicios
1 El 20 de octubre de 2015, visible a índice 41, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital,
archivo «23_ED_005ACTADEREPARTO(.pdf) NroActua 41»; no obstante, mediante auto del 19 de
octubre de 2016, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá declaró probada la excepción
de falta de jurisdicción y competencia y, como consecuencia, la nulidad de todo lo actuado incluso
desde el auto admisorio del 29 de marzo de 2016, tal y como se observa en el índice 41, Samai de
Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo «43_ED_025AUDIENCIA(.pdf) NroActua 41».
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
como «médico especialista psiquiatra», entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de octubre
de 2013, y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó:
2.1. i) la declaratoria de la existencia de una « relación laboral o legal y reglamentaria
de facto (empleado público de hecho)» (sic) por el periodo reclamado;
2.2. ii) el reintegro «al cargo de facto que desempeñaba al momento del despido o de la
terminación sin causa legal de su vínculo laboral o legal y reglamentario, o a otro de igual
o mayor categoría» (sic), sin solución de continuidad;
2.3. iii) el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales y sociales tales como
las cesantías y sus intereses, primas de servicio, de vacaciones y extralegal de
navidad, y vacaciones, así como los aportes al sistema integral de seguridad social
en salud y pensión «en la proporción que le correspondía [a la entidad demandada]»
(sic);
2.4. iv) la devolución del valor descontado de su remuneración por conceptos de
retención en la fuente e ICA;
2.5. v) el pago de la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, así
como por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, con fundamento en lo
previsto en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975, en
concordancia con el 5 del Decreto 116 de 1976, respectivamente;
2.6. vi) el pago de la indemnización por terminación unilateral injustificada de la
relación laboral o legal y reglamentaria de facto de que trata el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo3;
2.7. vii) el pago de «todos los salarios causados y no devengados desde la fecha de
terminación sin justa causa legal de la relación laboral o legal y reglamentaria de facto,
ocurrida desde el 31 de octubre de 2013, y hasta que verifique su reintegro efectivo» (sic);
2.8. viii) el reconocimiento de los perjuicios morales por el valor equivalente a 50
SMLMV;
2.9. ix) la indexación de la condena;
2.10. x) la condena extra y ultra petita, así como lo dispuesto en el artículo 16 de la
3 En lo que sigue CST.
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Ley 446 de 1998; y
2.11. xi) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan laboró de forma continua e ininterrumpida
como «médico especialista -psiquiatra» al servicio del Hospital Simón Bolívar III Nivel
ESE, entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de octubre de 2013, vinculado a través
de contratos de prestación de servicios.
3.2. La labor que prestó no fue independiente, sino permanentemente subordinada,
en cumplimiento de órdenes en cuanto a la forma, cantidad y características de las
labores a ejecutar, bajo turnos y horarios de trabajo, de forma personal y sin la
posibilidad de delegar sus actividades. Además, la institución le designó el lugar
físico en el que debía cumplir con sus funciones, así como los elementos e
implementos para el desarrollo de estas.
3.3. El control y vigilancia de sus labores fue ejercida por el personal del hospital,
entre ellos, el líder del servicio de salud mental, Noemí Sastoque Paisiera, el
coordinador de servicios de urgencias, Ronald Prado De La Guardia,
«posteriormente reemplazado» y, la coordinadora del Área de Hospitalización, Liliana
Vargas, quienes hacían seguimiento de la forma en la que ejecutaba sus labores.
3.4. Por la prestación de sus servicios recibía una remuneración periódica, cuya
cuantía variaba de acuerdo con las horas y turnos laborados, pero que mantenían
una retribución constante por hora trabajada.
3.5. Las labores que desempeñó fueron de carácter exclusivo, permanente y
continuo para la entidad. Además, eran inherentes a la misión de esta, pues
correspondían a actividades propias de la naturaleza y funcionalidad de la ESE,
para el cumplimiento de su objeto social. Estas las prestaba sin distinción con el
personal de planta, en calidad de médico psiquiatra en las diferentes áreas y
servicios, esto es, en la Unidad de Salud Mental, Urgencias, Consulta Externa e
Interconsultas.
3.6. El «9 de marzo de 2015», le solicitó al hospital el reconocimiento de la relación
laboral por sus servicios como médico especialista y el pago de las prestaciones
que se derivaban de ella; sin embargo, esta petición fue negada por medio del acto
demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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4. Como tales, se señalaron los artículos «1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 83, 95, 125,
127 y 209» de la Constitución Política; «1, 2, 3, 5, 8 a 11, 13, 14, 18 a 25, 27, 29, 32,
36, 37, 45, 46, 54, 55,57, 58, 59, 61, literal h), 64, inciso 3, 35, 66, 127 132, 134, 138, 139,
142, 143, 149, 158, 186, 189 y ss., 193, 249 y ss., 306 y ss., 340 y 346» del Código
Sustantivo del Trabajo; 1613 y 1314 del Código Civil; 16 de la Ley 446 de 1998; y
2 y 46 del Decreto 2400 de 1968; así como las leyes 65 de 1946, 52 de 1975 y 50
de 1990, y los decretos 1950 de 1973, 133 de 1986, y 1582 y 1543 de 1998.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
5.1. Durante toda la vinculación concurrieron los 3 elementos constitutivos de la
relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación, por lo que debía prevalecer el principio de realidad sobre las formas.
Asimismo, la continuidad de la prestación, la necesidad permanente del servicio y
la naturaleza de las funciones permitían concluir que, pese al tipo de contratación
utilizada, existió una relación laboral y, debido a la naturaleza de la demandada y
las funciones desarrolladas, un vínculo de carácter «legal y reglamentario de
facto».
5.2. La ausencia de las formalidades propias al ingreso regular al empleo público
(nombramiento, aceptación, posesión y existencia del cargo de planta) no podía
ser utilizada por la administración para desconocer la realidad de las funciones
efectivamente ejercidas. Tales formalidades tienen relevancia para el ingreso
regular al servicio público, pero no podían desconocer «la existencia del denominado
funcionario de facto o, de hecho, así como el ejercicio de hecho del empleo público» (sic).
5.3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional5, la Corte Suprema de Justicia6 y
del Consejo de Estado7 han señalado, en torno a la relación laboral encubierta,
que la denominación otorgada por las partes al vínculo no resulta determinante
cuando los hechos demuestran la concurrencia de los elementos de la relación
laboral. Asimismo, se ha hecho referencia a la prohibición de utilizar contratos de
prestación de servicios para encubrir la atención de funciones permanentes de las
entidades públicas, pues tales instrumentos están dispuestos para ejecutar
actividades temporales, excepcionales o especializadas, en las cuales el
contratista tiene autonomía e independencia.
4 Índice 41, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivos
«53_ED_035ESCRITODESUBSANAC(.pdf) NroActua 41»; y
«68_ED_050ESCRITODESUBSANAC(.pdf) NroActua 41», correspondientes a la demanda y la
subsanación.
5 T-166 de 1997; T-026 de 2001; T-883 de 2010; y C-614 de 2009.
6 Sentencias del «1° de diciembre de 1981»; del «17 de mayo de 2004, dentro del expediente
radicado 22.357»; del «1° de julio de 2009, dentro del expediente radicado 30.437»; del «23 de
febrero de 2010, dentro del expediente radicado 36.506»;
7 Sentencia del «19 de febrero de 2009, dentro del expediente radicado 3074-05».
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5.4. Las labores que desarrolló como médico psiquiatra correspondían a las
actividades ordinarias y propias del objeto social del hospital y eran iguales a las
desempeñadas por los médicos de su especialidad que eran de planta. Su
vinculación se prolongó durante casi 3 años y medio, mediante órdenes y contratos
sucesivos, de manera permanente e ininterrumpida durante todo el periodo
reclamado. Además, eran actividades que no constituían una necesidad nueva o
extraordinaria, sino que estaban directamente relacionadas con el giro ordinario de
la institución.
5.5. La administración desconoció la prohibición legal de celebrar contratos de
prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes (artículos 1
del Decreto 3074 de 1968 y 17 de la Ley 790 de 2002). Lo anterior, porque cuando
las funciones son permanentes y corresponden al giro ordinario de la entidad,
deben existir los respectivos empleos en la planta de personal y no era posible
acudir a la prestación de servicios para su atención.
5.6. El hospital incurrió en falta de aplicación de las normas que regulaban su
situación, pues, de una parte, debió reconocer la existencia de la relación laboral
y los derechos derivados de ella; y, de otra parte, en aplicación indebida de las
normas, al otorgarle prevalencia a las órdenes y contratos de prestación de
servicios y considerar que existió una vinculación de naturaleza civil, pese a que
en la práctica concurrían los elementos de una laboral.
5.7. Las razones expuestas por la administración para negar su petición no
correspondieron a la verdadera vinculación, toda vez que el hospital fundamentó
su decisión en la naturaleza civil del vínculo, aunque las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en la que se desarrolló la prestación del servicio demostraban la
existencia de una relación laboral. Además, en la planta de personal del hospital
existían cargos de médicos psiquiatras que desarrollaban iguales funciones a las
ejecutadas por él, lo que contradecía la motivación del acto y la realidad fáctica.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE se opuso a la prosperidad
de las pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones8:
6.1. El
vínculo que existió con el demandante fue de naturaleza contractual,
derivado de la celebración de varios contratos de prestación de servicios, sin que
se hubiesen configurado los elementos de la relación laboral. Las actividades las
desarrolló con autonomía e independencia y el seguimiento realizado por el
8 Índice 41, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«76_ED_058CONTESTACIONDELAD(.pdf) NroActua 41».
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supervisor correspondía a la coordinación necesaria para la adecuada ejecución
contractual, sin que implicara una subordinación. Asimismo, la eventual similitud
de las funciones desempeñadas por el personal de planta, así como la suscripción
de varios contratos, no implicaban por sí solos la existencia de una relación laboral.
6.2. La terminación del vínculo obedeció a la ausencia de prórroga del contrato por
razones del servicio, por lo que no podía alegarse una terminación unilateral
injustificada de una relación laboral.
6.3. El actor no adquirió la calidad de empleado público, pues para ello se requerían
de presupuestos legales que no cumplió, incluso que no alcanzaría en el evento
de que judicialmente se reconociera que existió una relación laboral encubierta.
6.4. No había fundamento legal para el reconocimiento de las prestaciones sociales
solicitadas y los aportes al sistema de seguridad social correspondían al
contratista, razón por la que tampoco procedía el reintegro de tales sumas.
6.5. Con fundamento en lo anterior propuso las siguientes excepciones previas 9: i)
inepta demanda- falta de agotamiento de conciliación como requisito de
procedibilidad; ii) caducidad de la acción; iii) falta de legitimación en la causa por
pasiva- Subred Integrada para los Servicios de Salud Norte ESE; y iv) prescripción
trienal de derechos; así como las siguientes excepciones de mérito: v) legalidad
del acto administrativo acusado; vi) falta de causa e inexistencia del contrato
realidad; vii) inexistencia de calidad de empleado público; y viii) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos 10:
7.1. De las pruebas documentales aportadas al proceso se pudo establecer: i) la
prestación personal del servicio por parte del demandante al Hospital Simón
Bolívar a través de contratos para desarrollar labores como médico especialista en
psiquiatría, por el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de julio
de 2013, toda vez que aunque la certificación laboral aportada indicaba como fecha
de finalización el 31 de octubre de ese año, la mencionada era la correspondiente
al último contrato aportado al expediente; y ii) la remuneración recibida, en tanto
de los contratos se derivó la modalidad y el valor que recibiría como
9 Las cuales fueron declaradas no probadas, salvo la prescripción trienal de derechos que sería
resuelta en la sentencia. Índice 41, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«91_ED_073AUDIENCIA(.pdf) NroActua 41».
10 Índice 83, Samai de Tribunales y Juzgados.
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contraprestación por sus servicios.
7.2. Si bien es cierto que los testimonios de Fernando Páramo Gualteros y Fernando
Adolfo Soler Páez precisaron que el demandante cumplía con horarios y atendía
turnos establecidos por la entidad, también es cierto que tales declaraciones no
permitían acreditar con certeza una continua subordinación. Lo anterior, porque los
testigos pertenecían a áreas distintas de psiquiatría y, por ello, no tuvieron
conocimiento directo y preciso sobre las condiciones específicas en la que el actor
desarrollaba sus funciones ni sobre la existencia de un jefe inmediato que le
impartiera ordenes en cuanto al modo, tiempo y lugar de la ejecución de sus
labores.
7.3. Aunque hubo coincidencias en las labores ejecutadas por el demandante y las
desarrolladas por quienes ocupaban el cargo de profesional médico especialista,
código 213, grado 02, esta circunstancia no demostraba la existencia de una
relación laboral, pues debía probarse la subordinación.
7.4. Tampoco existían cláusulas contractuales que pudieran clasificarse como
subordinantes, ni se evidenciaba que la entidad hubiese impartido instrucciones
particulares sobre la forma en la que debía ejecutar sus labores. La obligación de
presentar informes de actividad era propia de la actividad contractual prevista en
la Ley 80 de 1993 y, por lo tanto, era insuficiente para demostrar la subordinación.
7.5. En conclusión, no se acreditó el elemento de subordinación, pues no obraba en
el expediente evidencia concreta sobre las órdenes específicas impartidas al
demandante en relación con el tiempo, modo y lugar de la ejecución de las
actividades.
7.6. No procedía la condena en costas, toda vez que no se acreditó su causación.
1.4. El recurso de apelación
8. Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia y, en su lugar, se accedieran a las súplicas de la demanda con
fundamento en que11:
8.1. El a quo incurrió en «errores de hecho» tanto por la valoración de las pruebas
como por el estándar probatorio que pretendió aplicar. Lo anterior, porque el
expediente contenía elementos suficientes para acreditar los componentes de una
relación laboral, pues se demostró la prestación personal del servicio y la
remuneración, así como la subordinación mediante, entre otros elementos, del
lugar de trabajo, el cumplimiento de un horario previamente establecido, la
11 Índice 87, Samai de Tribunales y Juzgados.
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ejecución de actividades permanentes y propias de la misión de la Subred y el
desempeño de funciones sustancialmente iguales a las desarrolladas por médicos
psiquiatras de planta.
8.2. Su vinculación se prolongó de manera continua e ininterrumpida por el periodo
comprendido entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de octubre de 2013. Además, el
tribunal al establecer que la fecha de finalización de la relación correspondía al 31
de julio de 2013, desconoció que de manera reiterada solicitó a la entidad los
contratos y esta no los suministró, y omitió valorar la certificación expedida por la
institución en la que reconocía que el vínculo había terminado el 31 de octubre de
2013, así como las planillas de pago a la seguridad social, que demostraban la
continuidad de este hasta ese momento.
8.3. Las funciones que desarrolló como médico psiquiatra eran propias del personal
de planta y correspondían a actividades permanentes y esenciales de la entidad,
pues comprendían, entre otras, la valoración de pacientes en la unidad de salud
mental y en urgencias, la consulta externa y la atención de interconsultas. Los
testimonios y la comparación entre los contratos de prestación de servicios y los
manuales de funciones permitían establecer que las funciones que cumplió eran
sustancialmente iguales a las desempeñadas por los médicos de planta.
8.4. La subordinación se acreditó a través de las obligaciones contractuales y de las
pruebas testimoniales, pues se le exigía atender los requerimientos de la entidad,
cumplir con las directrices de gestión y calidad, asistir a comités y reuniones,
atender la programación de los servicios y seguir los procedimientos, guías y
protocolos institucionales, como por ejemplo el MECI. Además, la entidad ejercía
control y seguimiento sobre el tiempo y modo de ejecución de las labores, impartía
órdenes y dirigía la labor médica mediante reuniones, comités y juntas médicas.
8.5. Los elementos de la relación laboral, especialmente la subordinación podía
acreditarse mediante la valoración conjunta de los medios probatorios aportados y
a través de inferencias razonables derivadas de las reglas de la experiencia y la
sana crítica (juicio abductivo), sin que fuese necesario contar con una prueba
directa o concluyente como lo exigió el tribunal, toda vez que ello daría lugar a
entender que aplicó estándares ajenos a la presente litis y a los postulados
constitucionales y legales de la primacía de la realidad sobre las formas como lo
serian una tarifa legal y una prueba que dé certeza más allá de toda duda
razonable.
8.6. Razones por las que de una valoración conjunta de las pruebas testimoniales y
documentales bajo las reglas de la experiencia y la sana lógica y crítica era posible
inferir razonablemente que los contratos de prestación de servicios fueron
utilizados para encubrir una relación laboral, caracterizada por la continuidad del
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servicio, el cumplimiento de un horario, la ejecución de labores misionales en las
instalaciones y con los equipos asignados por la institución, bajo la subordinación
y potestad correctiva de esta, así como de sus órdenes acerca del tiempo y modo
en que debía ejercer sus labores, y de manera exclusiva.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar12.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se revocara la
sentencia recurrida y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda
con fundamento en que el actor fue vinculado mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios y se acreditaron los elementos de la relación laboral. En
efecto, la prestación personal y continuidad del servicio entre el 1° de junio de 2010
y el 31 de octubre de 2013 se demostraron bajo el desarrollo de funciones
misionales y permanentes de la entidad, y como contraprestación recibió una
remuneración periódica y fija bajo la denominación de honorarios.
10.1. Frente a la subordinación, las pruebas permitían establecer que el
demandante estaba sujeto a horarios, turnos, supervisiones y controles de
funcionarios del hospital. Además, debió cumplir con actividades y directrices
propias de la organización institucional, por lo que no se trató de una coordinación
contractual, sino de una facultad subordinante de la demandada. En consecuencia,
se desvirtuó la naturaleza de los contratos de prestación de servicios y se acreditó
la existencia de la relación laboral encubierta13.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si entre Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte ESE, Hospital Simón Bolívar III Nivel existió una relación
laboral? y, en consecuencia, ¿si le asistía el derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones económicas derivadas de esa relación?, en caso de que la
respuesta sea positiva ¿si tenía derecho a las prestaciones recibidas por los
12 de acuerdo con el auto admisorio del recurso de apelación del 8 de octubre de 2025 visible a
índice 4 de Samai.
13 Índice 10, Samai.
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empleados de planta, así como la sanción por mora en el pago de sus prestaciones
y las costas y agencias en derecho?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
12. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
13. Por su parte, el Decreto 2209 de 199814 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
14. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
15. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
14 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
16. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
17. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización16, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
18. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»17 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
15 Aprobada el 11 de abril de 1919.
16 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
17 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
11
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
19. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
20. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
21. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación18 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
18Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales19». (Resalta la Sala).
22. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
23. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
24. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
19 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
13
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
25. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
26. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202120 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
27. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
28. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
30. Mediante certificación del 13 de junio de 2014, el líder del Grupo Funcional de
Contratación del Hospital Simón Bolívar hizo constar que Gustavo Adolfo
Zambrano Sanjuan prestó sus servicios como médico especialista en psiquiatría
mediante contrato de prestación de servicios desde el 1° de junio de 2010 hasta el
31 de octubre de 2013, «para lo cual percibió como último valor de honorarios la suma
de ($5.670.000)» (sic)21.
31. Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan estuvo vinculado con la ESE, mediante los
siguientes contratos de prestación de servicios22:
Contrato u
orden de Objeto
Fecha de Fecha de
No. prestación Interrupción en días
inicio terminación
de hábiles
servicios
1° de junio 30 de junio de - suministro de servicios es
1 2664-201023
de 2010 2010 apoyar la realización de
actividades como MÉDICO
Adición y ESPECIALISTA-
31 de julio de
Prorroga - PSIQUIATRIA en el área
2010
0224 administrativa, financiera y/o
asistencial
1° de 0
31 de agosto
2 3139-201025 agosto de Suministro de Servicios
de 2010
2010 Personales de Apoyo a la
Adición y 30 de - Gestión como MÉDICO
prorroga - septiembre de ESPECIALISTA-
0126 2010 PSIQUIATRIA, en el área
Adición y - Asistencia del Hospital
31 de octubre
prorroga - Simón Bolívar
de 2010
0227
21 Índice 41, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«21_ED_003ANEXOSDELADEMANDA(.pdf) NroActua 41», Página 1.
22 Certificados suscritos por el jefe del área administrativa DISAN del 18 de agosto de 2022 y por el
jefe del área administrativa regional de aseguramiento en salud No. 1 del 19 de igual mes y año,
visible en los índices 48 y 51 de Samai de Tribunales y Juzgados y en el CD a folio 243 del
expediente físico, así como de los contratos aportados.
23 Índice 41, Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«21_ED_003ANEXOSDELADEMANDA(.pdf) NroActua 41», Páginas 2 y 3.
24 Ibidem, Página 4.
25 Ibidem, Páginas 5 y 6.
26 Ibidem, Página 7.
27 Ibidem, Página 9.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
Adición y 30 de -
prorroga - noviembre de
[ilegible]28 2010
Adición y 31 de -
prorroga - diciembre de
0629 2010
0 Suministro de Servicios
Personales de Apoyo a la
Gestión como MÉDICO
1° de enero 31 de enero
3 0010-201130 ESPECIALISTA
de 2011 de 2011
PSIQUIATRA, en el área
ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
Suministro de Servicios
0 Personales de Apoyo a la
1° de Gestión como MÉDICO
28 de febrero
4 1457-201131 febrero de ESPECIALISTA
de 2011
2011 PSIQUIATRA, en el área
ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
1° de marzo 31 de marzo 0 Suministro de Servicios
5 2243-201132
de 2011 de 2011 Personales de Apoyo a la
• Gestión como MÉDICO
ESPECIALISTA
Adición y 30 de abril de
• PSIQUIATRA, en el área
prorroga 133 2011
ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
0 Suministro de Servicios
Personales de Apoyo a la
Gestión como MÉDICO
1° de mayo 30 de junio de
6 2966-201134 ESPECIALISTA
de 2011 2011
PSIQUIATRA, en el área
ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
1° de julio 31 de agosto 0 Suministro de Servicios
7 3799-201135
de 2011 de 2011 Personales de Apoyo a la
• Gestión como MÉDICO
Adición y 30 de ESPECIALISTA
prorroga - septiembre de PSIQUIATRA, en el área
0136 2011 ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
Suministro de Servicios
Personales de Apoyo a la
1° de Gestión como MÉDICO
31 de octubre
8 4035-201137 octubre de 0 ESPECIALISTA
de 2011
2011 PSIQUIATRA, en el área
ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
28 Ibidem, Página 11.
29 Ibidem, Página 12.
30 Ibidem, Páginas 14 y 15.
31 Ibidem, Páginas 16 y 17.
32 Ibidem, Páginas 18 y 19.
33 Ibidem, Página 20.
34 Ibidem, Páginas 21 y 22.
35 Ibidem, Páginas 23 y 24.
36 Ibidem, Página 25.
37 Ibidem, Páginas 26 y 27.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
1° de 30 de Suministro de Servicios
9 4605-201138 noviembre noviembre de 0 Personales de Apoyo a la
de 2011 2011 Gestión como MÉDICO
ESPECIALISTA
31 de
Adición y - PSIQUIATRA, en el área
• diciembre de
prorroga 239 ASISTENCIAL del Hospital
2011
Simón Bolívar
Suministro de Servicios
Personales de Apoyo a la
0 Gestión como MÉDICO
1° de enero 29 de febrero
10 539-201240 ESPECIALISTA
de 2012 de 2012
PSIQUIATRA, en el área
ASISTENCIAL del Hospital
Simón Bolívar
1° de marzo 30 de abril de 0
11 1515-201241
de 2012 2012
Adición y 15 de mayo de -
-
prorroga 142 2012
Suministro de Servicios
Adición y 30 de mayo de -
• Personales de Apoyo a la
prorroga 243 2012
Gestión como MÉDICO
Adición y 30 de junio de -
• ESPECIALISTA
prorroga 144 2012
PSIQUIATRA, en el área
Adición y 31 de julio de -
• ASISTENCIAL del Hospital
prorroga 245 2012
Simón Bolívar
15 de agosto -
Prorroga 346 -
de 2012
31 de agosto -
Prorroga 447 -
de 2012
0471-ASP-
prestación de servicios
2013 del 2 2 de enero 30 de junio de 82
12 profesionales como médico
de enero de de 201349 2013
especialista en psiquiatría
201348
prestación de servicios de
apoyo a la gestión como
psiquiatra en el área de salud
1319-ASP-
mental del hospital Simón
2013 del 1° 1° de julio 31 de julio de
Bolívar, en los diferentes
de julio de de 201351 2013
servicios: interconsultas,
201350
unidad, urgencias, consulta
externa
38 Ibidem, Páginas 28 y 29.
39 Ibidem, Página 31.
40 Ibidem, Páginas 32 y 33.
41 Ibidem, Páginas 34 y 35.
42 Ibidem, Página 36.
43 Ibidem, Página 37.
44 Ibidem, Página 38.
45 Ibidem, Página 39.
46 Ibidem, Página 40.
47 Ibidem, Páginas 41.
48 Ibidem, Páginas 42 a 44.
49 Fecha de suscripción del contrato.
50 Ibidem, Páginas 45 a 47.
51 Fecha de suscripción del contrato.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
32. Al expediente se allegó el certificado de retención en la fuente e ICA 52 del 1° de
julio de 2013 suscrito por la subgerente administrativa del Grupo Funcional de
Gestión Humana, en el que se informó que dentro de la planta de personal existen
2 médicos especialistas psiquiatras, así como lo devengado por nómina Código
213/02 53.
33. A través de escrito radicado el «9 de marzo de 2015»54, el actor le solicitó al
Hospital Simón Bolívar III Nivel el reconocimiento de la relación laboral por sus
servicios como médico especialista y el pago de las prestaciones que se derivaban
de ella55.
34. La anterior petición fue negada a través del Oficio del G-01250 del 10 de abril
de 2015, suscrito por la gerente de la ESE, toda vez que «no se observa obligación
alguna de la Institución relativa al pago de las prestaciones sociales y demás acreencias
laborales por usted exigidas, por lo que la orden de pago solicitada no puede ser
ordenada» (sic)56.
35. En la audiencia inicial celebrada el 15 de noviembre de 2024 57, se decretaron
las siguientes pruebas: «i) A la propia entidad demandada, HOSPITAL SIMON
BOLIVAR III NIVEL E.S.E. hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE, se ordena que remita, con destino a este proceso y para ser incorporadas a la
foliatura, la copia autentica de los contratos, ordenes de suministro de servicios, prórrogas,
adiciones, otrosíes (sic) y demás documentales que soporten la vinculación del
demandante, médico GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO SANJUAN, durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2012, y de los meses de agosto,
septiembre y octubre del año 2013; ii) A los fondos de pensiones y la EPS a la cual estaba
afiliado para la época el demandante, GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO SANJUAN, esto
es, al FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A., a COLPENSIONES y a SANITAS
E.P.S., se les ordena remitir con destino a este proceso, y para que sea incorporada a la
foliatura, certificación de los aportes a seguridad social (valor y fecha) que realizó por
cuenta de la vinculación que tuvo con la Institución demandada, desde el 1° de junio de
2010 y hasta el 31 de octubre de 2013 o a la fecha que corresponda» (sic).
36. Asimismo, de oficio se requirió a la demandada para que aportara: « a. Copia
completa del expediente administrativo del señor GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO
SANJUAN, el cual fue solicitado mediante el auto admisorio de la demanda y a la fecha
no ha sido aportado al plenario. b. Copia completa de los manuales de funciones y
competencias de la entidad, vigentes para los años 2010 a 2013. c. Certificación en la que
52 Ibidem, Página 48 a 55.
53 Ibidem, Páginas 57 y 58, respectivamente.
54 Según consta en el Oficio G-01250 del 10 de abril de 2015, acto demandado.
55 Ibidem, Páginas 63 a 71.
56 Ibidem, Página 73.
57 Índice 54, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«119AUDIENCIAINICI_audiencia_25000234200020170271(.mp4) NroActua 54».
18
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
se relacionen todos los contratos de prestación de servicios suscritos con el médico
GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO SANJUAN, de los años 2010 a 2013, indicando
extremos temporales, prórrogas y adiciones y valor del contrato, lo mismo que la
remuneración pagada al demandante» (sic).
37. En cumplimiento de lo anterior se aportaron:
i) Resolución 305 del 21 de agosto de 2007, por el cual se ajusta el manual
de funciones y de competencias laborales de la planta de personal del Hospital
Simón Bolívar III Nivel ESE58;
ii) Oficio GRO-030042-2023 del 26 de noviembre de 2024, en el cual la EPS
Sanitas informó acerca de los datos personales del demandante, entre los que
se relaciona que su empleador es la Clínica Universidad de la Sabana59;
iii) Hoja de vida del demandante60;
iv) Oficio sobre las órdenes y contratos suscritos entre las partes en
«septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2012, y de los meses de agosto,
septiembre y octubre del año 2013», en el que se manifestó «se remitió solicitud del
oficio Nº 085/2024WOMR en las fechas 25/11/2024 y 03/12/2024 a la oficina encargada
de GESTION DOCUMENTAL y ARCHIVO CENTRAL, dando RESPUESTA, las cuales
informaron que revisadas las bases de datos y archivo físico de la entidad se
encontraron los contratos de prestación de servicios nº 0129 de 2019 y 0605-201861 y
no se encontraron los archivos de los años 2012 a 2013. “Es de aclarar que los
Contratos, en el caso de la administración pública, no generan vinculación laboral y por
ende no se generan historias laborales. En este caso, existe la Serie Documental,
CONTRATOS, con subseries documentales como Contratos de Prestación de
Servicios, Contratos de Obras, contratos de arrendamiento, entre otros. Se anexa
CONCEPTO TÉCNICO SOBRE TIEMPOS DE RETENCION DOCUMENTAL –
RADICADO 2-2015-05813 PDF62» (sic)63.
v) Oficio suscrito por la directora de Prestaciones Económicas con asignación
de funciones de Dirección de Historia Laboral de Colpensiones en el que se
informó que «para los períodos comprendidos entre 201006 a 201310 no hubo
58 Índice 59, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «133_MemorialWeb_Respuesta-
SIMONBOLIVARRES30(.pdf) NroActua 59».
59 Índice 60, Samai de Tribunales y Juzgados.
60 Índice 68, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «162_MemorialWeb_Respuesta-
GUSTAVOZAMBRANO(.pdf) NroActua 68».
61 Índice 68, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «161_MemorialWeb_Respuesta-
C_PROCESO_19492905(.pdf) NroActua 68».
62 Índice 68, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «163_MemorialWeb_Respuesta-
Radicado_220150581(.pdf) NroActua 68».
63 Índice 68, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «164_MemorialWeb_Respuesta-
DECRETODEPRUEBASr(.pdf) NroActua 68».
19
Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
cotización por parte del empleador demandado SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD E.S.E. – HOSPITAL SIMON BOLIVAR. Asimismo, verificado el histórico se
evidencia que se registran pagos como trabajador independiente para el mismo lapso,
por lo cual, la historia laboral reporta observaciones de esta naturaleza y allí mismo se
pueden apreciar» (sic)64. Además, se adjuntó el reporte de semanas cotizadas
actualizado a 27 de noviembre de 202465.
vi) Correo electrónico en el que la oficina de gestión documental de la entidad
demandada indicó que no se encontraron los contratos requeridos y relacionó
lo hallado, así:
Prorroga/ adición Orden de Fecha
contrato suministros de
servicios
1515 1/03/2012 30/04/2012
539 1/01/2012 29/02/2012
4605 1/11/2011 30/11/2011
4035 1/10/2011 31/10/2011
3799 1/07/2011 31/03/2011
2266 1/05/2011 30/06/2011
2243 2243 1/03/2011 31/03/2011
10 1/01/2011
3139 3139 1/02/2010
2664 1/06/2011
1457 1/02/2011
1319 29/06/2013
471 2/01/2013
2.3.2. Testimonios
38. En la audiencia de pruebas celebrada el 6 de diciembre de 2024 66 se practicaron
los testimonios de Fernando Páramo Gualteros y Fernando Adolfo Soler Páez, de
las cuales se extrae lo siguiente:
39. Fernando Páramo Gualteros es médico especialista de medicina interna y
empleado de planta en carrera administrativa desde el año 2006 en la subred
Norte, antes Hospital Simón Bolívar.
39.1. Desde el año 2006 trabajó en la referida institución como especialista de
medicina interna en las diferentes áreas, entre ellas, urgencias, hospitalización y
consulta. Fue coordinador del servicio de medicina interna y conoció al
64 Índice 72, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«172RECIBEMEMORIAL_51DF29111C334B40B506(.pdf) NroActua 72».
65 Índice 72, Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«171RECIBEMEMORIAL_153DCD0037D24CD08150(.pdf) NroActua 72».
66 Índice 71, Samai de Tribunales y Juzgados.
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demandante alrededor del año 2010, cuando aquel se encontraba en el servicio de
urgencias de psiquiatría. Fueron colegas y compañeros de horario.
39.2. Al actor lo veía en las horas de la tarde y trabajaban de lunes a viernes; y
eventualmente los fines de semana cuando coincidían, más o menos hasta el año
2013.
39.3. Las actividades eran dirigidas por personal del hospital, ahora denominado
supervisor, pero en aquella época era un ordenador médico, que era el jefe
inmediato en el área de psiquiatría y en el área de urgencias, servicio en el que
trabajaban.
39.4. Por ejemplo, él trabajaba como médico internista, pero tenía que responder a
las órdenes del doctor Ronald Prado, que era el jefe de urgencias, igual para
psiquiatría, y en ese caso para el actor a quien le correspondía recibir órdenes e
instrucciones del jefe de urgencias, que era el servicio donde se encontraba, y
como psiquiatra de la doctora Noemí Sastoque, jefe de psiquiatría del hospital
Simón Bolívar.
39.5. Las órdenes que se le daban eran las mismas que se le impartían a todos los
especialistas, en el servicio de urgencias, en la oportunidad de las valoraciones e
interconsultas, así como en la resolución de la situación médica por la cual el
paciente ingresaba.
39.6. En el caso de psiquiatría, se resolvía sobre el manejo ambulatorio del paciente
después de su valoración especializada, o en la unidad mental que había en esa
época en el Hospital Simón Bolívar. Entonces, el médico obedecía las
instrucciones que tenían que ver como especialistas, esto es con deberes tales
como el de contestar oportunamente la interconsulta, su resolución desde el punto
de vista especializado y atender las situaciones de salud del paciente, resolver las
dudas de la familia o de las personas que acompañaban al paciente. Además, tenía
que cumplir con un horario, el cual era fijo, pero en ocasiones se asignaban los
fines de semana.
39.7. En ocasiones, según necesidades del servicio, tenían que estar disponibles
para atender otras situaciones en otras dependencias del hospital. Por ejemplo, si
se necesitaba una valoración urgente de psiquiatría, al demandante le tocaba ir a
atenderla. O si tenía que resolver algo en horas de la mañana, ese horario era
rotatorio, tenía que asistir en esas horas para darle solución a esos problemas.
39.8. Al actor lo encontraba regularmente en horas de la tarde. Los contratistas
firman un contrato de aproximadamente 8 horas. El fin de semana podía ser todo
el día. No está seguro de la asignación de jornada los festivos, pero supone que,
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por necesidades del servicio, también se asignaban porque era una práctica común
para los especialistas.
39.9. El horario era asignado por la jefe del servicio de psiquiatría, con el visto bueno
del área de hospitalización, en este caso de la doctora Sastoque. Sobre la lista de
turnos y las personas que los cumplían durante el mes programado, estos se
fijaban en una cartelera en el área de psiquiatría, así como en las carteleras de
urgencias.
39.10. Las reuniones se hacían según la especialidad y, en el caso del demandante
en psiquiatría, se realizaban para resolver problemas médicos, familiares y
sociales, así como problemas de tratamientos, es decir, cuando estos fallaban y el
paciente no mejoraba sus condiciones, se hacían actas de reuniones médicas en
las que participaban varios miembros de psiquiatría, esto es una reunión
multidisciplinaria. Por ejemplo, en compañía del psicólogo, de la trabajadora social,
de la jefe de enfermería de salud mental, del coordinador de salud mental, para
tomar decisiones acerca de la salud, el tratamiento, el pronóstico y futuro de un
paciente. Las juntas eran programadas y obligatorias. « Realmente las reuniones eran
como un acuerdo entre todos los especialistas o todas las personas, para qué se hacía [y
en] una hora donde no se presentara ningún inconveniente con el trabajo de una y otras
personas. Todas las personas no son fáciles de reunir en un momento dado, pero se
coordinaba para que en ese momento se hiciera y se presentara el paciente en una junta
médica de decisiones para definir exactamente cómo resolverle situaciones de salud
médica, sociales, familiares a un paciente dado».
39.11. Él no participó de esas reuniones, por lo que no sabía qué decisiones o qué
medidas se adoptaban si se presentaban inasistencias de los convocados a esas
juntas médicas. Pero era claro que el médico tenía que asistir a la junta, pues eran
obligatorias. Para ausentarse tendría que pasar con anticipación, un permiso, o
alguna notificación que lo excusara por enfermedad.
39.12. Para cambiar el turno también tenía que informar, porque no se podía faltar
sin notificar al jefe inmediato de la ausencia por enfermedad o por calamidad
doméstica. Eso también se pasaba por escrito.
39.13. «No recuerda si» la jefe de psiquiatría en esa época era de planta y era la
doctora Noemí Sastoque. El doctor Ronald Prado, era el jefe de urgencias y
también de psiquiatría y era de planta.
39.14. No conoció que el actor hubiese trabajado en otra entidad « estaba todo el día
allá en el hospital y yo lo veía frecuentemente, porque se encontraba allá, prácticamente
desayunaba, almorzaba y lo único que le faltaba era comer allá. Estaba todo el día allá en
el hospital. Yo no lo vi trabajar en otro lado, ni me mencionó que trabajara en algún otro
lado».
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39.15. No era posible delegar la carga laboral en otra persona, pues las actividades
eran personales y de acuerdo con la profesión «no son delegables».
39.16. Los elementos de trabajo eran del hospital, esto es computador, escritorio y
demás de oficina, lo único que era del demandante era su bata.
39.17. No había diferencia en el ejercicio del servicio por parte del demandante en
relación con los médicos de planta. Las actividades y su desempeño en el hospital
era el mismo, y tenían que tomar iguales decisiones, cumplir con el mismo horario
y funciones.
39.18. Además de la doctora Sastoque, estaba la jefe de hospitalización que era la
doctora Liliana Vargas, la misma jefe de los profesionales en medicina Interna. Es
decir, ella era la jefe de todos los servicios de hospitalización, incluidas todas las
especialidades que se encontraban en el Hospital Simón Bolívar.
39.19. Elúnico cargo que tenía el actor era de psiquiatra de urgencias, y en
ocasiones, por ejemplo, los fines de semana, como no había sino un solo
psiquiatra, se hacía cargo de salud mental en el área de hospitalización y de las
valoraciones de psiquiatría en urgencias. A veces, de las interconsultas que le
generaban en el piso.
39.20. La contratación era directa con el hospital, de lo que tiene conocimiento
porque también estuvo vinculado por OPS.
39.21. Cuando sucedía algo por fuerza médica o por ausencia laboral justificada, se
respondía por el servicio con los médicos que se encontraran disponibles. Por decir
algo, si faltaba alguien en urgencias, se solicitaba a alguien de piso o al compañero
de urgencias que le colaborara a la persona que iba a ausentarse.
39.22. No tiene conocimiento si el actor solicitó permisos.
40. Fernando Adolfo Soler Páez es médico con especialización en medicina
familiar. Actualmente estudia una subespecialidad en cuidado crítico. Trabaja en
las redes Servicios de Salud Norte, entre ellos, en el Hospital Simón Bolívar.
40.1. Conoce a Gustavo Adolfo Zambrano porque trabajaron como médicos en el
Hospital Simón Bolívar más o menos desde mitad del año 2010 hasta finales del
2015. En el Servicio de Urgencias del Hospital Simón Bolívar compartían área de
trabajo.
40.2. Él trabajaba en esa época en el Servicio de Urgencias y el demandante
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también, pero en el Departamento de Psiquiatría. El actor valoraba a los pacientes
del servicio de psiquiatría que había en el Servicio de Urgencias del Simón Bolívar.
40.3. Tenía conocimiento de que había más médicos psiquiatras en el Hospital
Simón Bolívar en horas de la mañana, pero en horas de la tarde estaba solamente
el demandante. La ESE tenía más psiquiatras, pero estaban destinados a la unidad
de psiquiatría que valoraban los pacientes que estaban en piso.
40.4. Las actividades que desempeñaban eran asignadas por el jefe de
departamento, quien también establecía el sitio en el cual debían laborar y el
horario. En el caso del actor, la jefe era la coordinadora del Servicio de Psiquiatría
quien le asignaba esos horarios, que era la doctora Sastoque, aunque no recordó
su nombre, pues no trabajó en ese servicio. Todos los médicos debían cumplir con
un horario y con los turnos que les asignaran, incluso en fines de semana. En el
caso del actor, los que fueran asignados por parte de la coordinadora del servicio
de psiquiatría, pero «desconoce cómo se asignaban y como era la operatividad del
departamento» al que pertenecía el actor.
40.5. Los departamentos publicaban su cuadro de turnos para conocimiento de
todos, en caso en que se requiera de un especialista en una interconsulta. Sin
embargo, desconoce la operatividad interna de cómo lo hacían en el departamento
de psiquiatría. En todo caso, no era posible la escogencia de turnos.
40.6. Los instrumentos eran los suministrados por el hospital.
40.7. El actor no tenía horarios fijos, es decir, « él cumplía horario mañana, horario de
la tarde, horarios de fines de semana, que él no sé, digamos que no tenía la posibilidad de
escoger. Y no le escuché alguna vez mencionar otra institución donde estuviera
trabajando, pues precisamente porque, como sus horarios eran variables, no creo que
hubiera podido trabajar en otra institución».
40.8. La labor del médico psiquiatra de planta o de prestación de servicios no variaba
en nada, esto es, en cuanto al tipo de atención, de paciente, de sitio de trabajo con
respecto a un médico psiquiatra de planta.
40.9. El actor prestó sus servicios de forma continua por el periodo reclamado. No
se enteró de que hubiese tomado vacaciones o presentado novedad alguna.
40.10. No era posible delegar la actividad como médicos en otra persona. No se
podían desempeñar las labores «por interpuesta persona».
40.11. La atención de un paciente no era facultativa, sino que obedecía a una
directriz emanada del hospital a través de un coordinador o un jefe que le asignaba
el grupo de pacientes del servicio con el que el actor tenía su especialidad.
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40.12. La jefe del demandante era la doctora Sastoque, coordinadora de psiquiatría,
pero, como además desempeñaba las funciones en el servicio de urgencias,
obraba como tal el doctor Ronald Parado de la Guardia, coordinador del servicio
de urgencias, quienes le daban órdenes y le asignaban las cargas laborales.
40.13. La solicitud de asignación de un médico se hacía al departamento y luego se
citaba a una junta médica. En el caso de los especialistas, el médico era asignado
por parte del coordinador y este no tenía la potestad de rechazar o aceptar,
constituía una obligación.
40.14. El funcionamiento interno del departamento del demandante para tratar las
inasistencias no lo conocía, pero, en general, lo que sucedía era que cuando el
médico no asistía, si era por una excusa justificada, le descontaban del pago
correspondiente a esa jornada, y si no estaba justificada, «p[odia] ir desde que le
descuenten a uno el salario hasta la cancelación del contrato que uno tenga con ellos».
40.15. Compartía diariamente con el actor de 7:00 am a 7:00 pm y los fines de
semana era según el cuadro de turnos de cada médico.
40.16. No tiene conocimiento de algún llamado de atención, de la diferencia salarial
entre un médico especialista psiquiatra de planta y uno vinculado por OPS y
tampoco si alguna vez se ausentó de su lugar de trabajo.
40.17. Desconocía la operatividad propia del servicio de psiquiatría, pero lo que solía
hacerse si alguien del personal de planta salía a vacaciones, era que era
reemplazado por los médicos que estaban contratados y cumplían igual servicio al
que hubiera ejercido quien salía de vacaciones. No había diferencia entre la labor
que desempeñaba un médico de planta en comparación con la de un médico
vinculado por OPS.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
41. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los
elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Gustavo Adolfo
Zambrano Sanjuan y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE,
Hospital Simón Bolívar III Nivel.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
42. De las pruebas relacionadas, el demandante prestó sus servicios profesionales
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como médico especialista a la ESE, mediante contratos de prestación de servicios
en el área de psiquiatría, pues así se dejó consignado en los objetos de los aludidos
actos jurídicos.
43. Asimismo, se acreditó que había ejecutado los contratos de manera personal,
de acuerdo con su profesión, calidades, idoneidad, capacidad y experiencia
laboral, así como de las obligaciones contractuales realizadas que eran afines a
sus competencias y profesión, y del clausulado de los contratos en los que se
incluyó además una prohibición expresa de ceder el contrato en los siguientes
términos «[e]l proveedor de servicios no podrá ceder en todo o en parte a persona natural
o jurídica alguna, los derechos y obligaciones que surjan en esta orden, sin la autorización
previa, expresa y escrita del HOSPITAL» (sic).
44. En consecuencia, de las certificaciones allegadas y de los testimonios recibidos
se advierte que efectivamente fue contratado por la entidad demandada para
prestar sus servicios profesionales como «médico especialidad -psiquiatría» y que
esa actividad la ejecutó él y no otra persona, pues las actividades ejecutadas no
eran «delegables» y ningún médico podía desempeñar su trabajo por « interpuesta
persona».
45. En torno al extremo final de la prestación del servicio, le asiste razón al apelante.
Si bien el cuadro de contratos individualizados denota que esta fue hasta el 31 de
julio de 2013, lo cierto es que esta sola circunstancia no se podría concluir que en
esa fecha terminó la vinculación, toda vez que, mediante certificación del 13 de
junio de 2014, la ESE reconoció que aquella se extendió hasta el 31 de octubre de
2013. Aunado a ello, las declaraciones rendidas en el proceso se refirieron a la
continuidad del actor en la prestación del servicio, entre ellas la de Fernando Adolfo
Soler Páez, quien manifestó que trabajó con el demandante hasta el año 2015, así
como de la respuesta emitida por gestión documental en la que se informó sobre
la imposibilidad de localizar los contratos «de los años 2012 a 2013».
46. En consecuencia, pese a que no se contaron con estos instrumentos jurídicos,
existen otros elementos de prueba que permiten a esta Sala encontrar que la
prestación del servicio se mantuvo hasta el 31 de octubre de 2013, razón por la
cual se aparta en este aspecto de la conclusión a la que llegó el a quo y fija la
indicada fecha como extremo final de la prestación del servicio.
47. Así las cosas, la prestación personal del servicio se encuentra acreditada por el
periodo correspondiente del 1° de junio de 2010 al 31 de octubre de 2013.
2.4.1.2. Remuneración
48. Ahora bien, Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan percibió una remuneración por
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el trabajo cumplido, tal como se evidencia del certificado del 13 de junio de 2014
suscrito por el líder del Grupo Funcional de Contratación del Hospital Simón
Bolívar, que dio cuenta de los últimos honorarios percibidos, así como de los
contratos de prestación de servicios que suscribió con el Hospital Simón Bolívar III
Nivel, en los que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como
la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente
de su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
49. Este elemento, propio de las relaciones laborales, se caracteriza por el vínculo
de dependencia del trabajador hacia el empleador; en tal sentido aquel se ve
sometido al acatamiento de órdenes, reglamentos y supervisión directa de su labor,
lo que descarta el ejercicio de actividades en forma autónoma e independiente,
esto último entendido como la característica esencial del contrato de prestación de
servicios.
50. Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento de una relación laboral
encubierta en la celebración de instrumentos jurídicos distintos de aquellos que
permiten el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales como, en este caso,
el contrato de prestación de servicios resulta esencial la demostración de que las
condiciones materiales en que se realizó la labor implicaron el ejercicio del referido
elemento de la subordinación por parte del empleador.
51. Lo anterior impone al juez la labor de analizar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se desarrolló el objeto contractual, a efectos de definir si con
fundamento en su ejecución, la entidad contratante desbordó el alcance de sus
atribuciones y ejerció el poder subordinante sobre el contratista.
52. Así las cosas, corresponde analizar los elementos materiales probatorios que
obran en el expediente a efectos de abordar el análisis del problema jurídico
planteado en esta instancia, de cara a los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora.
53. Precisamente los testimonios dan cuenta de que el actor prestó personalmente
sus servicios médicos en el Hospital y no podía delegarlos en otra persona, cumplió
turnos establecidos por la institución, incluso algunos fines de semanas, atendió
pacientes e interconsultas, utilizó los elementos y herramientas proporcionados por
la ESE y siguió directrices impartidas por los coordinadores de servicios
(psiquiatría y urgencias). En efecto, Fernando Páramo Gualteros señaló que aquel
debía responder a las órdenes de los jefes de psiquiatría y de urgencias; mientras
que Fernando Adolfo Soler Páez manifestó que las cargas laborales eran
asignadas por los coordinadores y que aquel debía atender las directrices
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institucionales.
54. Asimismo, señalaron que el demandante debía atender las valoraciones de
interconsulta que le fueran asignadas en otras áreas o pisos en el desarrollo de
sus turnos y resolver las necesidades de salud de los pacientes, por lo que no
tenían autonomía para decir qué pacientes atender. Para cambiar el turno se
requería una solicitud o notificar por escrito y debía informarse de ello al jefe
inmediato, en todo caso, la inasistencia debía ser justificada.
55. Los testigos coinciden en que las reuniones médicas eran programadas y
obligatorias, y en que Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan utilizaba los consultorios,
computadores, papelería y demás herramientas proporcionadas por el hospital y
realizaba iguales funciones que los médicos psiquiatras de planta, en cuanto a la
asignación de pacientes, directrices, uso de iguales espacios y herramientas.
Igualmente, identificaron a los jefes de psiquiatría y urgencias como las personas
a quienes el actor debía responder y determinaban el modo, la cantidad y el horario
de trabajo de este.
56. En tal medida, la valoración conjunta de los testimonios demuestra que el
hospital no se limitaba a recibir el resultado de una actividad profesional autónoma,
sino que dirigía la forma en que debía prestarse el servicio y la ejecución de sus
actividades. Así, Fernando Páramo Gualteros afirmó que coincidía con aquel en
determinados horarios, que no tenían conocimiento de que el actor trabajara en
otras instituciones porque lo veía frecuentemente en el hospital y que las
instrucciones eran impartidas a todos los especialistas.
57. Ahora bien, la sala encuentra que Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan prestó sus
servicios como médico especialista en psiquiatría para el Hospital Simón Bolívar III
Nivel y cumplió, entre otras funciones, con las siguientes:
«1. Valoración de pacientes en urgencias de salud mental. 2. Valoración de pacientes
en la unidad mental. 3. Consulta externa. 4. Respuesta a Interconsultas. Realizar las
demás actividades que le sean asignadas por quien ejerce la supervisión de ejecución
de la orden de suministro de servicios acordes con el objeto. (…)Cumplir con la
normatividad vigente de la gestión ambiental y Cumplir con las Leyes, Decretos,
Acuerdos, Resoluciones, Reglamentos o cualquier acto de autoridad Nacional o Distrital
vigentes que tenga relación con la ejecución del objeto de la presente orden e)
Participar en las actividades que le sean asignadas para la implementación y el
adecuado funcionamiento de la norma técnica de la gestión pública SOGCS en sus 4
componentes Habilitación, Acreditación, Pamec, Sistema de Información Calidad. (…)
Q). Dar cumplimiento a las directrices impartidas por la entidad respecto al MECI
gestión de calidad y ambiental, Códigos de Buen Gobierno y Ética de la Entidad (…) U)
Recibir, custodiar y cuidar los bienes y o elementos que la entidad le proporciona para
el desempeño de sus actividades». Asimismo, «Actividades a) Realizar historia clínica
completa, con diagnóstico y plan de manejo para atender los pacientes que consultan
al servicio en todas las áreas: urgencias, unidad de salud mental, consulta externa e
Interconsultas que se origines en cualquier servicio del hospital 2. Turnos de fin de
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semana 3. completar adecuadamente todos los formatos que exige el hospital como
historias clínicas, remisiones, formulas RIPS, etc (…) a) Cumplir las actividades o
eventos propias del objeto contractual en ejecución; b)Velar y responder por los
recursos y darle adecuado funcionamiento los equipos de su especialidad o bienes e
inmuebles de EL HOSPITAL entregados para la ejecución de las actividades propias
del acto; c) Atender de manera oportuna y eficaz, los llamados y requerimientos
realizados por EL HOSPITAL, cuando se presenten situaciones que as! lo ameriten; d)
Presentar oportunamente y en forma periódica los informes se requieran en
cumplimiento del objeto contratado; (…) g) Dar cumplimiento a las directrices impartidas
por la entidad respecto al MECI gestión integral de calidad, h). Custodiar y cuidar la
documentación que por razón de su actividad conserve bajo su cuidado o a la cual
tenga acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio;
(…) j) Asistir a los comités y/o reuniones convocadas por cualquier dependencia de la
entidad, cuyo tema a tratar tenga incidencia directa con el objeto del contrato en
ejecución que permita su cumplimiento y/o la buena gestión del servicio; (….) n)
Notificar, avisar, advertir al Supervisor del Contrato sobre las situaciones o eventos que
cambien el curso normal del contrato a efectos de evitar la suspensión o parálisis del
servicio, esto es: suspensiones, reinicio de actividades, terminaciones unilaterales o
bilaterales del contrato y las demás que se presenten, o) Cumplir con la programación
del servicio según lo establezca la entidad turnos de fin de semana en urgencias y en
unidad de salud mental» (sic).
58. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el demandante debía cumplir con la
programación establecida por la entidad y realizar turnos de fines de semana,
atender oportunamente los llamados y requerimientos del hospital, la asistencia de
comités y reuniones médicas y era posible que se le asignaran por parte del
supervisor otras actividades relacionadas con el objeto contractual.
59. Con fundamento en la valoración conjunta de las obligaciones contractuales y
las declaraciones se observa que el hospital determinaba cuándo debía trabajar,
mediante la asignación de turnos y horarios que el actor no podía escoger.
Asimismo, qué debía hacer, a través de la asignación de los pacientes, de
interconsultas y cargas laborales. Además, debía responder a jefes o
coordinadores, quienes impartían las instrucciones en torno a la prestación del
servicio.
60. Las declaraciones testimoniales también permiten establecer que, en la
ejecución de las obligaciones contractuales, el hospital ejercía un poder
subordinante, pues establecía directamente la forma en la que el demandante
debía prestar el servicio médico. En efecto, los testigos manifestaron que la entidad
determinaba los horarios y turnos, asignaba los pacientes, las interconsultas y, en
general, las cargas laborales, además, el actor debía atender las instrucciones
impartidas por los coordinadores.
61. Sobre este último aspecto, resulta necesario distinguir entre la autonomía
científica propia de la profesión médica de la autonomía jurídica característica del
contratista independiente. Que el demandante, por su formación profesional,
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
adoptara diagnósticos, prescribiera tratamientos y definiera procedimientos sin
recibir instrucciones sobre el criterio clínico aplicable demuestra que conservaba
independencia en el desarrollo del acto médico. Sin embargo, esa circunstancia no
excluye, por si sola, la subordinación jurídica, pues esta puede manifestarse en
aspectos distintos del contenido técnico de la profesión, como la inserción del
médico en la organización institucional del servicio, la asignación de pacientes, la
conformación de la agenda, la determinación del lugar y de los tiempos de atención
y la sujeción funcional a las necesidades asistenciales de la entidad. La
independencia clínica es, por tanto, compatible con una eventual dependencia
organizacional, cuya existencia debe establecerse a partir de la valoración conjunta
de las condiciones materiales en las que se prestó el servicio. En el mismo sentido
se pronunció esta Sala en un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares al
analizado en esta oportunidad67.
62. Por consiguiente, valorados conjuntamente los contratos y sus prórrogas, y las
declaraciones, la Sala encuentra que la autonomía propia del ejercicio profesional
no agota el análisis sobre la naturaleza del vínculo. Una vez incorporado a la
programación institucional, el actor atendía en las instalaciones del hospital a los
pacientes asignados mediante una agenda organizada conforme con las
necesidades del servicio, respondía las interconsultas provenientes de otras áreas,
y todo ello bajo la intervención de los coordinadores de psiquiatría y urgencias.
Estas circunstancias, apreciadas junto con la prestación personal, la sucesiva
contratación y la integración de la actividad al funcionamiento ordinario de
urgencias, permiten concluir que la ejecución excedió la coordinación
estrictamente necesaria del contrato y reveló dependencia organizacional.
63. En suma, se encuentra acreditado que la programación, coordinación y
supervisión previstas formalmente en los contratos fueron ejercidas como
facultades de dirección sobre la actividad profesional del actor, lo cual se mantuvo
durante todo el periodo reclamado, salvo sus interrupciones, toda vez que los
testigos manifiestan que aquel trabajó regularmente desde el 2010 hasta el 2013,
e incluso uno de ellos señaló tiempos posteriores en el año 2015.
64. Además, la Sala advierte que la denominación del objeto contractual
permaneció invariable durante toda la vinculación. Si bien en los contratos se indicó
que «el Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E., para la correcta prestación del servicio de
salud, requiere contratar los servicios profesionales referenciados, según justificación de
la necesidad descrita en la requisición del área» (sic), lo determinante es que ninguna
necesidad de personal especializado puede explicar razonablemente que la misma
persona haya sido vinculada de manera ininterrumpida, a través de 12 contratos
67 Sentencia del 27 de agosto de 2026, radicado: 25000-23-42-000-2020-00049-00 (5166-2022),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
sucesivos con sus respectivas prorrogas, durante un periodo de 3 años, para
desarrollar igual función.
65. Se advierte entonces que la situación descrita en el sub judice no corresponde
a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización
de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»68.
66. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»69.
67. De tal manera que, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto
a medidas u órdenes de la ESE y de los jefes de psiquiatría y urgencias, toda vez
que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer
del trabajo del actor, lo que denota, a su vez, la existencia de una indiscutible
subordinación.
68. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
pese a que los contratos señalaron, por ejemplo, que «en la planta de personal del
Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E., no se cuenta con personal suficiente para atender
las actividades cuya ejecución se plasman en este contrato»70 (sic), la ausencia de
personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue contratado el
demandante no es un argumento que enerve las consideraciones expuestas en
esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la entidad y
desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la
entidad.
69. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el
demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron
planteadas en los contratos, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
69 Ibidem.
70 Contrato 1319-ASP-2013.
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una
situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la
ley prevé en su favor»71, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.
70. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante a la ESE se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación laboral.
71. Lo anterior dejó en evidencia que aun cuando desempeñó una profesión libre,
sus actividades estaban delimitadas de conformidad con el ejercicio del poder
subordinante del empleador, al tener que atender instrucciones sobre el ejercicio
de la labor; de manera que se le impusieron las condiciones de tiempo, modo y
lugar, para que desarrollara sus funciones, sin que le hubiere asistido ningún tipo
de independencia y, en ese sentido, se rompió la relación de coordinación
contractual y materializó la realidad de una laboral.
72. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por el
demandante y el Hospital Simón Bolívar III Nivel y las pruebas testimoniales.
73. Por lo anterior, la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana
crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios del demandante por alrededor de 3
años.
74. Bajo tal perspectiva, debe advertirse que si bien el contrato estatal de prestación
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer
las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado72, de su contenido sí se puede analizar el efecto jurídico que persiguen las
partes en un proceso judicial. Lo contrario implicaría abandonar la tutela judicial
efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia a los derechos
que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros medios de
71 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
72 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
prueba.
75. De manera que, para esta Subsección, las pruebas documentales (contratos) y
testimoniales aportadas tienen el valor suficiente para demostrar el referido
elemento de la subordinación y otorgaron la certeza necesaria para considerar que
la vinculación contractual encubría una relación laboral.
76. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 1° de junio de 2010 y el 31 de octubre de 2013, salvo sus interrupciones.
2.5. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
77. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de
las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con
la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
78. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación73 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
73Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».
79. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el
que la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30)
días hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir
que no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para
efectos de la prescripción de derechos laborales».
80. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 74, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
81. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»75.
82. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
74 SUJ2-005-16.
75 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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reconocimiento fue presentada ante la entidad el 9 de marzo de 2015 y la
demanda el 20 de octubre de 2015, se establece que no acaeció el fenómeno
jurídico de la prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para
solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende
el pago de los salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de
octubre de 2013. Lo anterior, según se observa en el cuadro visible en el párrafo
31.
83. Si bien entre los contratos 1515-2012 (prorroga 4) y 0471-ASP-2013 hubo una
interrupción superior a 30 días hábiles que implicaría la solución de continuidad en
la prestación del servicio pues, el primero finalizó el 31 de agosto de 2012 y el
segundo inició el 2 de enero de 2013, lo cierto es que tenía hasta el 31 de agosto
de 2015 para presentar la reclamación administrativa. En consecuencia, como se
advierte esta se presentó en oportunidad [9 de marzo de 2015], por lo tanto, no
acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción respecto del periodo reclamado.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
84. Por lo dicho, el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
85. Asíentonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «a trabajo igual salario igual»,
que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales76 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la
remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios
de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren
76 25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas77. Ello, salvo cuando el cargo desempeñado
por el contratista no existiera en la planta de personal.
86. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá
que calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se
deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía
al empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
87. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia78 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
88. En consideración a esto, al actor le asistía el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta del
Hospital Simón Bolívar III Nivel, teniendo en cuenta que toda su vinculación fue
como médico especialista, por lo tanto, como base para la liquidación se deberán
observar los salarios devengados por el personal de planta, en el periodo
reconocido y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios.
89. Ha de aclararse que, la existencia de la relación laboral y el consecuente
reconocimiento de derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una relación laboral,
en efecto, no implica que se otorgue la calidad de empleado público, sino que es
la expresión del principio de primacía de la realidad sobre las formas. Por lo tanto,
no se le puede otorgar dicha connotación ni ordenar el reintegro o reconocer que
hubo una terminación de la relación laboral sin justa causa que diera lugar a una
indemnización por este hecho.
90. Tampoco es procedente la devolución de los valores por concepto de retención
en la fuente y del impuesto de industria y comercio (ICA) durante el periodo en el
que se reconoció la relación laboral encubierta, porque, respecto de la retención
77 26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
78 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-02717-02 (2474-2025)
Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
en la fuente, la entidad accionada estaba actuando en cumplimiento de las
obligaciones previstas en el régimen tributario, simplemente en calidad de agente
retenedor, de manera que las sumas descontadas correspondieron a un anticipo
del impuesto de renta y esos valores son remitidos a la DIAN, autoridad
competente para su recaudo. De igual manera, en relación con el ICA, el cual tuvo
destino la respectiva entidad territorial recaudadora y, en cuyo caso, el hospital
solo actuó como agente retenedor del impuesto, es decir, no se tratan de sumas
que hubiesen ingresado al patrimonio de la entidad demandada y, por lo tanto, no
se le podría ordenar su reintegro, pues carece de la condición de beneficiaria de
ellos.
91. En cuanto a la devolución de los aportes al sistema de seguridad social en salud,
tal y como se expuso en la SUJ-025-CE-S2-2021 es improcedente la devolución
de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto estos se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.
92. Ahora, si bien para que proceda el reconocimiento de perjuicios por daño moral
existe libertad probatoria, lo cierto es que este debe probarse, lo que no ocurrió en
el presente asunto.
93. Por último, en cuanto al argumento de la apelación relacionado con la sanción
moratoria y la indemnización por el no pago de salarios y prestaciones, esta Sala
precisa que no hay lugar, pues la obligación de su pago surge a partir del
reconocimiento de la relación laboral.
94. Con fundamento en lo anterior, se revocará la sentencia del 5 de junio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, se accederá parcialmente a ellas.
2.5. Costas
95. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
96. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
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solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
97. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma79.
98. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
99. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
100. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan y la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte ESE durante el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2010
y el 31 de octubre de 2013, salvo sus interrupciones. Ese tiempo se tendrá en
cuenta para efectos pensionales. No obstante, comoquiera que operó la
prescripción de los derechos anteriores al 31 de agosto de 2012, el demandante
tenía derecho al consecuente pago de las prestaciones sociales que surjan de esta,
con la claridad de que le asistía el derecho a la diferencia de lo pagado por la
demandada y lo que le correspondía devengar a un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con
base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, entre
el 2 de enero y 31 de octubre de 2013.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
79 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
FALLA
Primero. Revocar la sentencia del 5 de junio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, conforme con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad del Oficio G-01250 del 10 de abril de 2015, por medio
del cual la gerente del Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE le negó el
reconocimiento de una relación laboral por la prestación de sus servicios y el pago
de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Gustavo Adolfo
Zambrano Sanjuan y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE durante
el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de octubre de 2013,
salvo su interrupción, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
Cuarto. Condenar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE a
reconocer a Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan las prestaciones sociales comunes
a su cargo y de orden legal, por el periodo comprendido entre el 1° de junio de
2010 y el 31 de octubre de 2013, salvo su interrupción, las cuales deberán
liquidarse con base en la asignación salarial de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con
base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
Quinto. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE calculará el ingreso
base de cotización (IBC) pensional y, en tal sentido, deberá cotizar al respectivo
fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al empleador por el periodo
comprendido entre el 1° de junio de 2010 y el 31 de octubre de 2013, salvo su
interrupción. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Sexto. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE hará la actualización
sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187
(inciso final) del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor
(IPC) certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo
de Estado, a saber:
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Demandante: Gustavo Adolfo Zambrano Sanjuan
R = Rh. índice final__
índice inicial
Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo. No condenar en costas en esta instancia.
Noveno. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
Décimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
40
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