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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00789-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00789-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E.—Hospital Santa Clara—

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: auxiliar de farmacia. Subtema 2:
Petición de reintegro y devolución de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social y de las sumas descontadas por retención en la fuente. Improcedencia.
Subtema 3: Sanción moratoria por la falta de consignación o pago de las cesantías.
Improcedencia.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, el 12 de mayo de 2025, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La demandante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el oficio mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E. negó el reconocimiento de la relación laboral que, a su juicio,
existió durante el periodo en que prestó sus servicios a la entidad. Como
restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la existencia de un «contrato
realidad» configurado entre el 1.º de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019; el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales correspondientes, el reajuste
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y las demás consecuencias
económicas derivadas de dicha declaratoria.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
al considerar que, si bien se acreditó la prestación de los servicios mediante
sucesivos contratos de prestación de servicios y el desarrollo de actividades
relacionadas con el servicio farmacéutico, el material probatorio no demostraba la

1

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

subordinación propia de una relación laboral. En consecuencia, negó el
reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas.

La parte demandante apeló dicha decisión. Esta Sala revocará la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declarará la nulidad del acto acusado; reconocerá
la existencia de una relación laboral encubierta entre el 1.º de diciembre de 2008 y
el 31 de julio de 2019; condenará al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales equivalentes y ordenará efectuar las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones que resulten adeudadas, al encontrar acreditados los elementos
constitutivos de la relación laboral y que las acreencias reclamadas no se
encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 22 de septiembre de 20201, la señora Rocío Varela
Robayo, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital Santa Clara—, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan 2.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio
20201100016071 del 22 de enero de 20203, mediante el cual la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. negó el reconocimiento y pago de los
derechos salariales y prestacionales que reclamó con ocasión de los servicios que
prestó para esa entidad.

3. Pidió que se declare la existencia de una relación laboral entre las partes
durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 2019, por cuanto la vinculación
se realizó mediante contratos de prestación de servicios.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
demandada a lo siguiente:

(1) El reconocimiento y pago de las «prestaciones laborales y sociales»
dejadas de percibir, siendo estas: cesantías y sus respectivos intereses,
primas de navidad, «prima de junio», prima de servicios, vacaciones,
aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación

1 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «03. INGRESO AL DESPACHO (.pdf)», pág.

1.
2 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 2-

5.
3 Precisó que el acto se notificó el 27 de enero de 2020.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

familiar, dotación y todas las prestaciones sociales a las que tenga
derecho como consecuencia de la relación laboral que sostuvo con la
demandada entre 2008 y 2019.
(2) Devolver los descuentos por concepto de retención en la fuente.
(3) Devolver las sumas de dinero que aportó a seguridad social, en calidad
de contratista.
(4) El reconocimiento y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social.
(5) El pago de la sanción moratoria por el impago de las cesantías causadas
entre los años 2008 y 2019.
(6) El pago de las «diferencias adeudadas».
(7) El cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA).
(8) Condenar a la demandada en costas.

2.1.2. Hechos

5. Como fundamento de las pretensiones, el apoderado de la parte
demandante, en síntesis, expuso lo siguiente:

6. Sostuvo que la señora Rocío Varela Robayo fue vinculada por prestación de
servicios con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. A su
juicio, dicha contratación fue de manera sucesiva mediante contratos de prestación
de servicios entre el 1.º de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019, inicialmente
para desempeñar funciones de auxiliar de farmacia y, posteriormente, como regente
de farmacia en el desarrollo de actividades asistenciales.

7. Indicó que, pese a la forma contractual utilizada, la vinculación correspondió,
en realidad, a una relación laboral continua durante ese periodo, pues prestó sus
servicios de manera permanente en desarrollo de actividades propias del objeto
misional de la entidad.

8. Señaló que, la ejecución de los contratos exigió la prestación personal del
servicio y que recibió, como contraprestación, una remuneración mensual, cuyo
último valor ascendió a $1.812.600.

9. Manifestó que, durante toda la vinculación estuvo sometida a subordinación,
en la medida en que debía cumplir los reglamentos internos, las funciones
asignadas, las directrices impartidas por la entidad y las instrucciones de sus
superiores jerárquicos. Agregó que también debía observar los horarios
establecidos y desarrollar sus labores con los elementos de trabajo suministrados
por la Subred.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

10. Afirmó que la entidad le exigió afiliarse al Sistema de Seguridad Social
Integral como condición para la ejecución de los contratos y el pago de los
honorarios, razón por la cual asumió directamente los aportes correspondientes.

11. Expuso que, pese a haber prestado sus servicios de forma continua entre
2008 y 2019, la entidad no le reconoció ni pagó prestaciones sociales derivadas de
la relación que, en su criterio, tuvo naturaleza laboral.

12. Indicó que la demandante, el 23 de diciembre de 2019, presentó reclamación
administrativa ante la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E., mediante la cual solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago
de las prestaciones sociales y acreencias laborales correspondientes.

13. Señaló que la entidad negó esa solicitud mediante el oficio 20201100016071
del 22 de enero de 2020, notificado el 27 de enero siguiente, al considerar que la
vinculación obedeció exclusivamente a contratos de prestación de servicios y que,
por tanto, no era posible acceder al reconocimiento de los derechos reclamados.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

14. La parte demandante sostuvo que el acto acusado vulneró los artículos 2, 4,
11, 13, 25, 29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128 de la Constitución Política; el artículo 10 del
Código Civil; los artículos 19, 36 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo;
los decretos 1042 de 1978, 1750 de 2003 y 4171 de 2014; y el numeral 3 del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, además de la jurisprudencia sobre el principio de primacía
de la realidad sobre las formas.

15. Explicó que la Constitución reconoce el trabajo como un derecho y una
obligación social, protege los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores
e impone al Estado el deber de garantizar su efectividad. Con fundamento en esos
postulados, afirmó que la administración no podía utilizar la contratación por
prestación de servicios para desconocer derechos laborales cuando, en la realidad,
el vínculo se desarrolló bajo condiciones propias de una relación laboral.

16. Señaló que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
acudió de manera sucesiva a dicha modalidad contractual para atender funciones
permanentes de la entidad y ocultar el verdadero vínculo entre las partes, con lo
que desnaturalizó su finalidad excepcional y desconoció los derechos laborales y
prestacionales derivados de esa vinculación.

17. Afirmó que el oficio 20201100016071 del 22 de enero de 2020 vulneró el
principio de primacía de la realidad sobre las formas, al negar el reconocimiento de
la relación laboral pese a que, según sostuvo, concurrieron los elementos de
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

18. Como sustento de esa tesis, citó jurisprudencia del Consejo de Estado4 sobre
las relaciones laborales encubiertas, en la que esta corporación indicó que esa
modalidad contractual no puede emplearse para el ejercicio de funciones
permanentes de la administración y que, cuando se acreditan los elementos propios
de un vínculo de naturaleza laboral, procede el reconocimiento de los derechos
correspondientes con fundamento en el principio de primacía de la realidad.

19. Con fundamento en esas consideraciones, sostuvo que el acto demandado
desconoció el marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable ya enunciada,
al negar el reconocimiento de la relación laboral y de las prestaciones sociales que,
a su juicio, se causaron durante el tiempo en que prestó sus servicios a la entidad.

2.2. Contestación de la demanda

20. De conformidad con la constancia secretarial que obra en el expediente, la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. no contestó la
demanda dentro del término legal concedido para ello5.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia del 12 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dispuso lo siguiente6:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, la Secretaría deberá liquidar y devolver los
remanentes de los gastos del proceso a la parte actora si los hubiere y luego deberá
archivar el expediente previo registro en el sistema “SAMAI”.

22. Como fundamento de la decisión, el Tribunal señaló que el problema jurídico
consistía en establecer si, durante el periodo comprendido entre 2008 y 2019, la
demandante estuvo vinculada a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E. mediante una verdadera relación laboral encubierta bajo contratos
de prestación de servicios, lo que haría procedente el reconocimiento de las
prestaciones sociales reclamadas.

23. Para resolver ese asunto, expuso el marco constitucional y legal aplicable a
las relaciones laborales encubiertas y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado sobre la primacía de la realidad sobre las formas y los
elementos constitutivos de la relación laboral.

4 Citó la sentencia CE-SUJ-SUJ2-005.16, dictada dentro del proceso identificado con número interno 0088-15.
5 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «7. Ingresa Al Despacho.(.pdf)», pág. 1.
6 Samai, Tribunal, índice 72, expediente digital, «42Sentenciaquen_20200078900CR_Auxili(.pdf) NroActua 72».

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

24. Al valorar el material probatorio, encontró acreditado que la demandante
estuvo vinculada a la entidad mediante sucesivos contratos de prestación de
servicios y que desarrolló actividades relacionadas con los servicios farmacéuticos.
No obstante, consideró que tales circunstancias, por sí solas, no demostraban la
existencia del elemento de subordinación propio de una relación laboral.

25. El Tribunal concluyó que la demandante ejecutó actividades como auxiliar de
farmacia y auxiliar administrativa en farmacia, de acuerdo con las obligaciones
previstas en los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad. Sin
embargo, consideró que el expediente no contenía elementos suficientes para
establecer con certeza las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que desarrolló
esas labores.

26. Señaló que, aunque en la demanda se afirmó que la peticionaria se
desempeñó como regente de farmacia, la entidad certificó que ese cargo no existía
en la planta de personal. Respecto del cumplimiento de turnos, encontró acreditado
que la demandante prestó sus servicios en jornadas rotativas de 7:00 a.m. a 1:00
p.m. y de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

27. No obstante, estimó que las planillas allegadas correspondían únicamente a
algunos periodos de 2013, 2016 y 2019, mientras que la relación laboral reclamada
comprendía desde 2008 hasta 2019. Por ello, consideró que esos documentos no
permitían demostrar de forma continua las condiciones en que se ejecutaron los
contratos durante todo el lapso discutido.

28. Destacó que el apoderado de la parte actora desistió de la prueba testimonial
decretada en la audiencia inicial. También reconoció que las funciones
desempeñadas podían calificarse como asistenciales y que, por su naturaleza,
podían sugerir una posible vocación de subordinación. Sin embargo, sostuvo que
esa circunstancia no relevaba a la demandante de acreditar los hechos en que
sustentó sus pretensiones, conforme al principio de necesidad de la prueba previsto
en el artículo 164 del Código General del Proceso (en adelante CGP).

29. En ese sentido, concluyó que la parte actora no demostró, ni siquiera mediante
indicios, la forma en que recibía instrucciones ni el medio utilizado por la entidad
para impartirlas. Por esa razón, estimó que no era posible determinar si el vínculo
se desarrolló bajo el principio de coordinación propio de los contratos de prestación
de servicios o bajo una subordinación continuada característica de una relación
laboral.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

2.4. Recurso de apelación

30. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia con el propósito
de que se revocara la sentencia del 12 de mayo de 2025 y, en su lugar, se accediera
a la totalidad de las pretensiones, bajo los siguientes argumentos7:

31. Indicó que las obligaciones incluidas en los contratos de prestación de
servicios descartaban la autonomía de la contratista. Explicó que las labores de
dispensación y almacenamiento de medicamentos, control de inventarios,
diligenciamiento de registros e informes, farmacovigilancia, atención de usuarios,
custodia de insumos y cumplimiento de los procedimientos institucionales no podían
ejecutarse a discreción de la demandante.

32. Añadió que los contratos posteriores exigían portar uniforme y carné
institucional, cumplir la programación y los cambios de turno, informar las
novedades y acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social como
condición para recibir los honorarios. En su criterio, esas estipulaciones
evidenciaban la sujeción a las directrices de la entidad.

33. Afirmó que el Tribunal también omitió valorar otros documentos que revelaban
la existencia de superiores jerárquicos encargados de asignar las actividades,
impartir instrucciones, controlar los turnos y vigilar el desempeño de la demandante.
Precisó que debía cumplir jornadas de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 p.m. a 7:00
p.m. o de 7:00 p m. a 7:00 a.m., conforme a la programación registrada en planillas
y libros.

34. También reprochó que la sentencia no hubiera considerado que en el servicio
farmacéutico laboraba personal de planta que desempeñaba funciones iguales o
semejantes. Señaló que las planillas de turnos identificaban a Myriam Restrepo,
Jorge Antonio Barbosa y María Cristina Arévalo como servidores de planta y que el
manual de funciones de la entidad, que constituye información pública y reposa en
internet, contemplaba el empleo de técnico del área de la salud, código 323, grado
14, adscrito al servicio de farmacia.

35. A su juicio, esa información demostraba la necesidad permanente del cargo y
la similitud entre las tareas asignadas a la demandante y las propias de la planta de
personal.

36. Sostuvo que la continuidad de la contratación constituía otro indicio
desatendido. Precisó que la demandante prestó sus servicios por más de 10 años,
entre el 1.º de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019, mediante contratos
sucesivos cuyas interrupciones no superaron 30 días hábiles.

7 Samai, Tribunal, índice 77, expediente digital, «44_MemorialWeb_Recurso-Recursodeapelacion(.pdf)
NroActua 77».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

37. Mediante auto del 10 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

38. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

39. De acuerdo con los antecedentes, la Sala procede a resolver el siguiente
problema jurídico:

40. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y la demandante, a
partir de los contratos de prestación de servicios celebrados con la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital Santa Clara—?

41. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y
subordinación; (3) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación; (4) caso concreto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

42. La jurisprudencia unificada de esta corporación9 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

8 Samai, índice 4, expediente digital, «6Autoqueadmite_0520162025(.pdf) NroActua 4».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

43. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

44. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

45. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»10.

46. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

47. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

48. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad

10 Ibidem.

9

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»11.

49. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»12.

50. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».13

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».14

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.15

11 Idem.
12 Idem.
13 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
14 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

exp. IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
10

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

51. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

52. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

53. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren

11

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

54. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

55. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»16.

56. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202117, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados18».

16 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-

01143-01 (1317-2016).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

exp. IJ-0039, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
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57. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

58. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,19 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

19 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
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d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

59. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

60. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»20, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del CGP consistente en que «incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164 idem que regula
el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».

61. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

62. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»21, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro

20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.

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desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»22.

63. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)

64. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

65. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.4. Hechos probados relevantes

66. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

67. De la certificación 0015 del 9 de enero de 2020, expedida por la Dirección de
Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.,
así como de los contratos aportados con la demanda, se advierte que la señora
Rocío Varela Robayo estuvo vinculada, entre los años 2008 y 2019, mediante
órdenes de prestación de servicios con el Hospital Santa Clara E.S.E., entidad que
actualmente hace parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E., conforme se muestra a continuación23:

22 Idem.
23 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65. Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 1-43.
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Demandante: Rocío Varela Robayo
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Contratos /OPS Objeto contractual Desde Hasta
«Solicitar, recepcionar, organizar, seguir
y conseguir los medicamentos
requeridos para el consumo mensual de
los mismos manteniendo un suministro
adecuado dentro de la institución. 2.
Realizar dos (2) inventarios selectivos
en la farmacia y en la bodega
mensualmente y los controles
AS2280/200824 necesarios de inventarios. 3. Diligenciar 01/12/2008 31/12/2008
los informes mensuales de los
movimientos en la farmacia y entrega de
indicadores. 4. Controlar y registrar
diariamente en el libro de movimientos
generados por las fórmulas de los
medicamentos de control. 5. Apoyar el
programa de farmacovigilancia de
Subred (…)»
«El objeto principal del contratista será
realizar actividades como AUXILIAR
GRADO 3 FARMACIA SECUNDARIA
ACTIVIDADES: 1. Dispensar los
medicamentos y dispositivos médicos de
acuerdo con la prescripción médica y los
pedidos de los servicios y los formularios
de justificación. 2. Mantener actualizado
el sistema de información y registro de
los servicios farmacéuticos. 3. Alistar los
AS562/200925 medicamentos e inmunobiológicos 02/01/2009 30/06/2009
según delegación, teniendo en cuenta
los principios de asepsia y normas
técnicas. 4. Realizar el registro de los
medicamentos de control dispensados
en los libros correspondientes y archivar
las fórmulas de control. 5. Almacenar
medicamentos de acuerdo a la
clasificación farmacológica, orden
alfabético, fecha de vencimiento para
conservar especificaciones técnicas del
fabricante. 6. Efectuar los recibos y
despachos de insumos según
requisiciones y documentos que
soportan la actividad. 7. Rotular
medicamentos para dosis individual,
para identificar el control de fecha de
vencimiento para evitar errores en la
01/07/2009
dispensación. 8. Realizar devoluciones 31/07/2009
de los medicamentos y elementos
medicoquirúrgicos que no cumplen con
los requisitos exigidos y las buenas
AS 1084/200927 prácticas de manufactura. 9. Recibir las
devoluciones de medicamentos o
insumos médicos no utilizados para los
pacientes en los servicios. 10. Brindar
información sobre los medicamentos

24 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
25 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 66.
27 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 67.

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Demandante: Rocío Varela Robayo
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Santa Clara—

conforme a los requerimientos del
usuario. 11. Realizar los cargos de los
medicamentos y elementos
medicoquirúrgicos entregados para ser
facturados al usuario correspondiente.
12. Revisar continuamente las fechas de
vencimiento de los medicamentos y la
fecha de esterilización de los elementos
médicoquirúrgicos. 13. Alistar, entregar
y recepcionar la devolución de las
canastas para los procedimientos
quirúrgicos. 14. Mantener los insumos
almacenados y conservados de acuerdo
con normas técnicas de
almacenamiento. 15. Aplicar los
procedimientos de bioseguridad salud
ocupacional gestión ambiental y calidad
con el fin de disminuir los riesgos tanto
para los funcionarios como para la
comunidad y el medio ambiente. 16.
Registrar y verificar el inventario de los
elementos y equipos asignados y
supervisar la fecha de vencimiento de
AS 1761/200928 los insumos e informar el estado y 11/08/2009 31/10/2009
pérdida de cualquier bien a la instancia
respectiva para tomar medidas
oportunas. 17. Promover en el servicio la
cultura de los valores y principios éticos
para garantizar la transparencia en
todos los actos del servidor. 18. Las
demás actividades asignadas por la
autoridad competente, de acuerdo con la
naturaleza y el área de desempeño del
contrato»26
AS2997/200929 «El objeto principal del contratista será 05/11/2009 31/12/2009
AS559/201030 realizar actividades como AUXILIAR 12/01/2010 30/06/2010
AS 1602/201031 FARMACIA». 09/07/2010 31/10/2010
AS 2789/201032 05/11/2010 30/11/2010
AS 3015/201033 07/12/2010 31/12/2010
AS 493/201134 25/01/2011 28/02/2011
AS 804/201135 11/03/2011 30/04/2011
AS 1054/201136 23/05/2011 31/05/2011
AS 1138/201137 16/06/2011 30/06/2011
AS 1452/201138 05/07/2011 30/09/2011
AS 2482/201139 10/10/2011 31/10/2011
AS 3247/201140 11/11/2011 31/12/2011

26 Transcripción literal, con posibles errores propios del texto original.
28 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 68.
29 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 69.
30 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 1.
31 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 3.

32 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 4.
33 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 5.
34 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 6.
35 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 7.
36 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 8.
37 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 9.
38 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 10.
39 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 11.
40 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 12.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

AS 723/201241 10/01/2012 29/02/2012
AS 940/201242 23/03/2012 31/03/2012
AS 1015/201243 17/04/2012 31/05/2012
AS 1170/201244 04/06/2012 30/06/2012
AS 1228/201245 06/07/2012 31/07/2012
AS 1574/201246 10/08/2012 31/08/2012
AS 1650/201247 01/09/2012 30/09/2012
AS 1920/201248 01/10/2012 31/10/2012
AS 2913/201249 07/11/2012 30/11/2012
«Solicitar, recepcionar, organizar, seguir
AS 3754/201250 y conseguir los medicamentos
18/12/2012 31/12/2012
requeridos para el consumo mensual de
los mismos manteniendo un suministro
adecuado dentro de la institución. 2.
AS 068/201351 Realizar dos (2) inventarios selectivos
01/01/2013 30/06/2013
en la farmacia y en la bodega
mensualmente y los controles
necesarios de inventarios. 3. Diligenciar
los informes mensuales de los
movimientos en la farmacia y entrega de
indicadores. 4. Controlar y registrar
AS 1587/201352 diariamente en el libro de movimientos
01/07/2013 31/08/2013
generados por las fórmulas de los
medicamentos de control. 5. Apoyar el
programa de farmacovigilancia de
Subred. 6. Velar porque la atención sea
humanizada, eficaz, cálida con todos y
AS 2846/201353 cada uno de los usuarios que requieran 03/09/2013 30/09/2013
el servicio. 7. Velar por el seguimiento de
las normas de bioseguridad, salud
ocupacional y gestión ambiental. 8.
Orientar al personal asistencial y
administrativo de la Entidad, sobre las
actividades para la activación como
profesional, al reporte y diligenciamiento
AS 3938/201354 de la prescripción que realiza el 07/10/2013 31/10/2013
profesional de la salud, la realización de
Formatos de Contingencia que se
presenten y cubran, en un ambiente de

41 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 13.
42 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 14.
43 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 15.
44 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 16.
45 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 17.
46 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 18.
47 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 19.
48 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 20.
49 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 21.

50 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
51 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
52 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
53 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
54 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
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atención personalizada y humanizada,
según las necesidades de la subred,
dando cobertura en todas las unidades
AS 4783/201355 en donde se solicite. 9. Realizar la 20/11/2013 31/12/2013
activación de usuarios en el aplicativo
del Ministerio de Salud, según se le
asigne. 10. Realizar el envío de los
documentos relacionados con el
proceso al Área de Autorizaciones para
ser enviados a la entidad aseguradora
del usuario, dentro de los tiempos
AS 0401/201456 establecidos en la normatividad vigente. 01/01/2014 31/05/2014
11. Prestar el apoyo necesario para dar
respuesta a las devoluciones u
objeciones que establezcan las
entidades aseguradoras. 13. Desarrollar
las actividades para el fortalecimiento de
los centros de atención primarios
(CAPS) en el marco del convenio 1219
AS 1962/201457 03/06/2014 31/08/2014
de 2017»

AS 3365/201458 01/09/2014 31/10/2014

AS 4446/201459 01/11/2014 30/11/2014

AS 5347/201460 30/12/2014 31/12/2014

AS 0523/201561 «El objeto d la presente consiste en 02/01/2015 31/08/2015
AS 2430/201562 APOYO A LA GESTIÓN DE 07/09/2015 30/11/2015
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
AS 4186/201563 COMO AUXILIAR DE FARMACIA». 01/12/2015 31/12/2015

55 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
56 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
63-65.
57 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
58 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
59 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
60 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
61 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 22.
62 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 23-24.
63 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 25-26.

19

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

«Solicitar, recepcionar, organizar, seguir
y conseguir los medicamentos
requeridos para el consumo mensual de
los mismos manteniendo un suministro
adecuado dentro de la institución. 2.
Realizar dos (2) inventarios selectivos
AS 0559/201664 en la farmacia y en la bodega 01/01/2016 01/09/2017
mensualmente y los controles
necesarios de inventarios. 3. Diligenciar
los informes mensuales de los
movimientos en la farmacia y entrega de
indicadores. 4. Controlar y registrar
diariamente en el libro de movimientos
generados por las fórmulas de los
medicamentos de control. 5. Apoyar el
programa de farmacovigilancia de
Subred. 6. Velar porque la atención sea
humanizada, eficaz, cálida con todos y
cada uno de los usuarios que requieran
el servicio. 7. Velar por el seguimiento de
las normas de bioseguridad, salud
ocupacional y gestión ambiental. 8.
Orientar al personal asistencial y
administrativo de la Entidad, sobre las
actividades para la activación como
profesional, al reporte y diligenciamiento
de la prescripción que realiza el
profesional de la salud, la realización de
Formatos de Contingencia que se
presenten y cubran, en un ambiente de
atención personalizada y humanizada,
PS 0745/201766 según las necesidades de la subred, 10/01/2017 09/01/2018
dando cobertura en todas las unidades
en donde se solicite. 9. Realizar la
activación de usuarios en el aplicativo
del Ministerio de Salud, según se le
asigne. 10. Realizar el envío de los
documentos relacionados con el
proceso al Área de Autorizaciones para
ser enviados a la entidad aseguradora
del usuario, dentro de los tiempos
establecidos en la normatividad vigente.
11. Prestar el apoyo necesario para dar
respuesta a las devoluciones u
objeciones que establezcan las
entidades aseguradoras. 13. Desarrollar
las actividades para el fortalecimiento de
los centros de atención primarios
(CAPS) en el marco del convenio 1219
de 2017».65
«Prestar sus servicios de apoyo de
PS 1834/201867 y
manera personal y autónoma, en su 10/01/2018 31/01/2019
sus prórrogas
condición de regente de farmacia para la

64 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
65
66 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
67 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01.2 ANEXOS (.pdf)», pág. 27-30. Samai,

Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 63-65.
20

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

ejecución de actividades asistenciales
en los procesos de gestión de servicios
complementario, conforme a las
necesidades de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E.»
«Solicitar, recepcionar, organizar, seguir
y conseguir los medicamentos
requeridos para el consumo mensual de
los mismos manteniendo un suministro
adecuado dentro de la institución. 2.
Realizar dos (2) inventarios selectivos
en la farmacia y en la bodega
mensualmente y los controles
necesarios de inventarios. 3. Diligenciar
los informes mensuales de los
movimientos en la farmacia y entrega de
indicadores. 4. Controlar y registrar
diariamente en el libro de movimientos
generados por las fórmulas de los
medicamentos de control. 5. Apoyar el
programa de farmacovigilancia de
Subred. 6. Velar porque la atención sea
humanizada, eficaz, cálida con todos y
cada uno de los usuarios que requieran
el servicio. 7. Velar por el seguimiento de
las normas de bioseguridad, salud
ocupacional y gestión ambiental. 8.
Orientar al personal asistencial y
administrativo de la Entidad, sobre las
actividades para la activación como
PS 2407/201968 01/02/2019 31/07/2019
profesional, al reporte y diligenciamiento
de la prescripción que realiza el
profesional de la salud, la realización de
Formatos de Contingencia que se
presenten y cubran, en un ambiente de
atención personalizada y humanizada,
según las necesidades de la subred,
dando cobertura en todas las unidades
en donde se solicite. 9. Realizar la
activación de usuarios en el aplicativo
del Ministerio de Salud, según se le
asigne. 10. Realizar el envío de los
documentos relacionados con el
proceso al Área de Autorizaciones para
ser enviados a la entidad aseguradora
del usuario, dentro de los tiempos
establecidos en la normatividad vigente.
11. Prestar el apoyo necesario para dar
respuesta a las devoluciones u
objeciones que establezcan las
entidades aseguradoras. 13. Desarrollar
las actividades para el fortalecimiento de
los centros de atención primarios
(CAPS) en el marco del convenio 1219
de 2017».
Tabla 1: contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos entre la accionante y la entidad demandada.

68 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

63-65.
21

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

68. Reposan en el expediente las planillas de turnos elaboradas por el químico
farmacéutico coordinador del Hospital Santa Clara E.S.E. en las que se relacionan
los horarios de diverso personal que se desempeña como «regente farmacia»,
«auxiliar administrativo de inventarios» o «auxiliar de farmacia». La demandante
figura ocupando el último de los cargos relacionados69.

69. De la comunicación suscrita por la señora Rocío Varela Robayo el 30 de
diciembre de 2011, dirigida al líder del servicio de farmacia del Hospital Santa Clara
E.S.E., se observa que solicitó autorización para el cambio de turno, indicando que
los días 2, 3, 4, 5 y 9 de enero de 2012 serían cubiertos por ella en el horario de
7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que los días 10, 12, 13, 14 y 17 de enero de 2012
serían cubiertos por otra trabajadora identificada como Jackeline [apellido ilegible],
quien también suscribió la comunicación70.

70. Asimismo, obran 2 formatos de solicitud de autorización para cambio de turno,
dirigidos al químico farmacéutico jefe del Hospital Santa Clara E.S.E., en los que la
señora Rocío Varela Robayo pidió autorización para intercambiar los turnos
correspondientes al 11 de noviembre de 2012, en el horario de 7:00 a.m. a 7:00
p.m., con la señora Rosalba Muñoz, y del 12 de noviembre de 2012, en el horario
de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.71.

71. El oficio OFO-00225-11 del 28 de noviembre de 2011, suscrito por Alcides
Zamora Domínguez, coordinador del servicio farmacéutico de la Subdirección
Científica del Hospital Santa Clara E.S.E., dirigido a Miguel Canales, Jackeline
Villamarín, Rocío Varela y Rosalba Muñoz, integrantes de la farmacia de urgencias.
En dicha comunicación se les informó que se habían recibido quejas por la falta de
suministro de medicamentos e insumos básicos, así como por deficiencias en la
prestación del servicio, razón por la cual se les recordó lo siguiente:72

[Su labor] es prestar un servicio oportuno y en el sitio donde se necesita, es por ello
que la farmacia está ubicada en ese lugar; para que entreguemos los bienes en
urgencias y las personas de urgencias no tengan que desplazarse; nuestro Hospital
necesita que esta situación no se presente una vez más ya que constituye
incumplimiento con sus actividades contractuales. Al parecer la situación se ha
agudizado en horas de la noche.

72. Obra comunicación del 12 de diciembre de 2011, suscrita por Alcides Zamora
Domínguez, coordinador del servicio farmacéutico, dirigida a Andrés Peña y Rocío
Varela, en la que les solicitó, con carácter urgente, allegar el soporte de que, entre
el 16 y 20 de mayo de 2010 se suministró el medicamento «omeprazol 40 mg
ampolla al paciente Salomón Triviño López», a fin de adelantar el proceso de

69 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 44

– 46; 48-50.
70 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 51.
71 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

51-53.
72 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 54.

22

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

facturación y cobro. En el oficio se advirtió que, de no aportar el soporte requerido
antes de las 10:00 a m. del 13 de diciembre de 2011, el área de facturación remitiría
la correspondiente glosa a nombre de los destinatarios, quienes deberían asumir su
pago73.

73. De igual forma, reposa comunicación del 12 de diciembre de 2011, expedida
por Alcides Zamora Domínguez, coordinador del Servicio Farmacéutico, dirigida a
Andrés Peña, Yomar Lombana y Rocío Varela, mediante la cual les requirió allegar,
de manera urgente, los soportes relacionados con el suministro de «Ertapenem 1 g
ampolla y Bromuro de Rocuronio al paciente Bairon Andrés Vurguez Huertas»,
efectuada los días 27, 29 y 31 de mayo y 3 de junio de 2010, al advertir que dichos
documentos eran necesarios para culminar el proceso de facturación 74.

74. En la comunicación se indicó que, de no remitirse oportunamente la
información solicitada, el Área de Facturación trasladaría la glosa a nombre de los
destinatarios, quienes tendrían que asumir el pago.

75. El acta de reunión del 30 de julio de 2018, elaborada por la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., da cuenta de la realización de una
reunión denominada «Entrega de puesto de trabajo», llevada a cabo entre las «7:30
a. m. y las 9:30 p. m.»75, en la que participó la señora Rocío Varela Robayo, quien
suscribió el listado de asistencia e indicó desempeñarse como regente de farmacia
de la unidad de San Blas76.

76. Asimismo, el acta de reunión del 1.º de febrero de 2019, expedida por la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., registra la
realización de la reunión denominada «Entrega de la farmacia CAPS Bravo P.», en
la que consta la asistencia de la señora Rocío Varela Robayo, quien se identificó
como regente de farmacia del CAPS Bravo Páez, junto con otras funcionarias del
servicio farmacéutico77.

77. El acta de reunión del 1.º de febrero de 2019, correspondiente a la «Entrega
de la farmacia CAPS Bravo Páez», permite establecer que la reunión tuvo como
objeto efectuar la entrega del puesto de trabajo entre la regente saliente y la señora
Rocío Varela Robayo.

78. En el desarrollo del acta se dejó constancia de las actividades, procedimientos
y responsabilidades asociadas al cargo, entre ellas, la verificación del

73 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 55.
74 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 56.
75 Transcripción literal del acta.
76 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 58.
77 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 59.

Se precisa que, en esa temporalidad la demandante se encontraba ejecutando el contrato PS 2407/2019,
respecto del cual, de conformidad con la certificación 0015 del 9 de enero de 2020, ocupaba el cargo de auxiliar
de farmacia. Así pues, aunque en el acta se lee que la demandante firmó como regente de farmacia, en atención
a la certificación referida, se tendrá como auxiliar de farmacia.
23

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

diligenciamiento de formatos, la entrega de medicamentos al usuario, el proceso de
reempaque, el control de medicamentos de «baja rotación» y «no conformes», el
manejo del sistema de información, la ubicación de medicamentos y la identificación
de aquellos próximos a vencer. Igualmente, se registró el inventario de diversos
medicamentos pendientes de revisión y se indicó que, con posterioridad, se
presentaría a la nueva regente ante el personal del CAPS78.

79. La comunicación del 6 de agosto de 2012, suscrita por la señora Rocío Varela
Robayo, auxiliar de farmacia, y dirigida a Edwin Gámez, líder del servicio
farmacéutico del Hospital Santa Clara E.S.E., da cuenta de una novedad ocurrida
el 5 de agosto de 2012. En ella informó que, al regresar de almorzar, encontró la
farmacia abierta, pese a haberla dejado con candado, y que posteriormente tuvo
conocimiento de que, durante su ausencia, diferentes integrantes del personal
asistencial ingresaron para retirar insumos y medicamentos destinados a la atención
de pacientes79.

80. Asimismo, manifestó desconocer el material médico quirúrgico y los
medicamentos que fueron retirados y utilizados en ese lapso, por cuanto no le
fueron reportados para su cobro, razón por la cual advirtió que podrían presentarse
inconsistencias en el inventario.

81. El 23 de diciembre de 201980, la demandante, por conducto de apoderado,
presentó escrito ante la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E., en el que solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

82. Para sustentar su petición afirmó que la entidad había utilizado de manera
sucesiva e ininterrumpida la figura del contrato de prestación de servicios para
encubrir un vínculo laboral y, en consecuencia, pidió que se declarara la existencia
de la relación laboral y se reconocieran y pagaran las prestaciones sociales y demás
acreencias derivadas de esta, entre ellas primas, cesantías, vacaciones, aportes al
sistema de seguridad social, aportes a riesgos laborales y caja de compensación
familiar, dotaciones, la devolución de aportes efectuados por la contratista, la
sanción moratoria y las demás prestaciones laborales dejadas de percibir.

83. Asimismo, sostuvo que durante la ejecución de los contratos desarrolló
funciones permanentes de la entidad, por lo que consideró que no se cumplían los
presupuestos constitucionales y legales que autorizan la contratación por prestación
de servicios.

78 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

60-62.
79 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág. 60.
80
Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.
22-26.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

84. Mediante el oficio con radicado 20201100016071 del 22 de enero de 2020, la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. resolvió la petición
presentada por la señora Rocío Varela Robayo en procura del reconocimiento de
un «contrato realidad». Para ello, expuso el marco constitucional, legal y
jurisprudencial que, a su juicio, regulaba los contratos de prestación de servicios
celebrados por las empresas sociales del Estado y, con fundamento en dichas
disposiciones, concluyó que la vinculación de la peticionaria correspondió a una
relación contractual y no laboral81.

85. En consecuencia, negó la existencia de una relación laboral y rechazó las
demás solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social, dotaciones, sanción moratoria y
demás acreencias derivadas de una relación laboral.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. Sobre la existencia de la relación laboral encubierta

86. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, si bien la señora Rocío Varela Robayo estuvo
vinculada mediante sucesivos contratos de prestación de servicios y desarrolló
actividades relacionadas con el servicio farmacéutico de la entidad, el material
probatorio no permitía establecer que dichas labores hubieran sido ejecutadas bajo
condiciones de subordinación. En particular, estimó que no se acreditaron
suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se prestó el
servicio, ni la forma en que la demandante recibía instrucciones de la entidad.

87. La parte demandante, en el recurso de apelación, sostuvo que las obligaciones
contractuales, las planillas de turnos y los demás documentos allegados al proceso
demostraban que la contratista debía desarrollar personalmente sus actividades en
las dependencias del Hospital Santa Clara E.S.E. y, posteriormente, de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

88. Asimismo, afirmó que se encontraba sometida a horarios, programación de
turnos, instrucciones y controles impartidos por quienes dirigían el servicio
farmacéutico, y que ejecutó durante más de diez años funciones permanentes y
semejantes a las asignadas al personal de planta.

89. Conforme se señaló en el marco normativo y jurisprudencial de esta sentencia,
para que proceda la declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la

81 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «01. DEMANDA Y ANEXOS (.pdf)», pág.

31-43.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

parte demandante debe acreditar que se materializaron tres elementos, conforme
al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: (1) la prestación personal del
servicio, (2) la subordinación continua y (3) la remuneración como contraprestación
del servicio.

3.5.1.1. Prestación personal del servicio

90. En el presente asunto, este elemento se encuentra demostrado a partir de los
contratos de prestación de servicios, las planillas de turnos y las actas de entrega
de puesto de trabajo, documentos que, valorados conjuntamente, permiten
establecer que la señora Rocío Varela Robayo desarrolló personalmente
actividades propias del servicio farmacéutico en las instalaciones del Hospital Santa
Clara E.S.E. y, posteriormente, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E.

91. En primer lugar, la certificación expedida el 9 de enero de 2020, por la
Dirección de Contratación de la Subred y los contratos aportados al proceso dan
cuenta de que la demandante estuvo vinculada directamente con la entidad desde
diciembre de 2008 hasta julio de 2019, mediante sucesivos contratos y órdenes de
prestación de servicios. Durante ese periodo fue contratada para desarrollar
actividades como auxiliar de farmacia y, posteriormente, como «regente de
farmacia», relacionadas con la recepción, almacenamiento, control, dispensación y
suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.

92. Los objetos y obligaciones pactados permiten establecer que las actividades
no podían ser desarrolladas por una persona distinta de la contratista ni ejecutarse
por fuera de las dependencias en las que funcionaba el servicio farmacéutico. Por
ejemplo, en los contratos AS2280 de 2008, AS3754 de 2012, AS068, AS1587,
AS2846, AS3938 y AS4783 de 2013; AS0401, AS1962, AS3365, AS4446 y AS5347
de 2014; AS0559 de 2016; PS0745 de 2017 y PS2407 de 2019, se observa que la
señora Rocío Varela Robayo se obligó a «controlar y registrar diariamente en el libro
de movimientos generados por las fórmulas de los medicamentos de control».

93. El cumplimiento de esa obligación requería su presencia en el lugar donde se
custodiaban y dispensaban los medicamentos, pues debía conocer diariamente los
movimientos efectuados, verificar las fórmulas y efectuar personalmente los
registros en los libros destinados para tal fin. Por tanto, no se trataba de una
actividad que pudiera ejecutarse de manera esporádica, sino de una labor que
implicaba su asistencia a la institución y que estaba ligada al funcionamiento
cotidiano de la farmacia de la entidad.

94. En segundo lugar, en los contratos AS562, AS1084 y AS1761 de 2009 se
estipuló, entre otras cosas, que la demandante debía dispensar medicamentos y
dispositivos médicos de acuerdo con las prescripciones y pedidos de los servicios;
alistar medicamentos e inmunobiológicos; recibir las devoluciones de

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

medicamentos e insumos no utilizados; brindar información a los usuarios y efectuar
los cargos correspondientes para su facturación.

95. Esas actividades fueron incluidas en los contratos AS2997 de 2009; AS559,
AS1602, AS2789 y AS3015 de 2010; AS493, AS804, AS1054, AS1138, AS1452,
AS2482 y AS3247 de 2011; AS723, AS940, AS1015, AS1170, AS1228, AS1574,
AS1650, AS1920 y AS2913 de 2012; y AS0523, AS2430 y AS4186 de 2015. En
ellos también se previó que debía mantener actualizado el sistema de información
del servicio farmacéutico y alistar, entregar y recibir las «canastas» utilizadas en
procedimientos quirúrgicos.

96. Como se observa, la naturaleza de labores como la dispensación de
medicamentos conforme a las prescripciones médicas, la atención de los
requerimientos de los usuarios, el registro de los insumos entregados y el manejo
de las canastas quirúrgicas, por regla general, exigen su presencia física en el
servicio farmacéutico y el contacto directo con los pacientes, el personal asistencial.

97. La misma conclusión se deriva de la lectura del contrato PS1834 de 2018 y
sus prórrogas, cuyo objeto consistió en que la demandante prestara sus servicios
de apoyo, de manera personal y autónoma, en condición de regente de farmacia.
Entre las obligaciones pactadas se encontraban solicitar, recibir, organizar, controlar
y vigilar la disposición de los medicamentos requeridos para el consumo mensual
de los usuarios; velar por la atención humanizada de quienes requirieran el servicio;
y cumplir la programación de turnos, así como realizar los cambios correspondientes
de acuerdo con las directrices establecidas por la entidad.

98. Además, se destaca que el objeto contractual exigía expresamente la
prestación personal, debido a que las actividades convenidas requerían que la
demandante permaneciera en la unidad farmacéutica asignada, pues le
correspondía controlar la disponibilidad de los medicamentos, atender a los
usuarios y cumplir los turnos programados para garantizar la continuidad del
servicio.

99. En tercer lugar, las planillas elaboradas por el coordinador químico
farmacéutico del Hospital Santa Clara E.S.E. registran los turnos del personal que
se desempeñaba como regente de farmacia, auxiliar administrativo de inventarios y
auxiliar de farmacia. En esos documentos aparece la señora Rocío Varela Robayo
con jornadas asignadas dentro del servicio respectivo.

100. Estas planillas corroboran que la demandante no se limitó a asumir
abstractamente unas obligaciones contractuales, sino que efectivamente fue
incluida en la programación del servicio y acudió a las instalaciones de la entidad
para desarrollar las actividades que le fueron encomendadas. Aunque el alcance de
los turnos y su eventual carácter subordinado será examinado en el acápite
correspondiente, para efectos del elemento de prestación personal permiten

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

establecer que era la señora Rocío Varela Robayo quien debía presentarse y
ejecutar directamente las labores asignadas.

101. Finalmente, en cuarto lugar, las actas de entrega de puesto de trabajo
refuerzan esa conclusión. En el acta del 30 de julio de 2018 consta que la
demandante participó en una reunión denominada «entrega de puesto de trabajo»
y se identificó como regente de farmacia de la unidad de San Blas. A su vez, las
actas del 1.º de febrero de 2019 registran la entrega de la farmacia del CAPS Bravo
Páez a la señora Rocío Varela Robayo, quien asumió el puesto de regente de
farmacia.

102. En esa entrega se individualizaron las actividades y responsabilidades que
asumiría la demandante, entre ellas la verificación del diligenciamiento de formatos,
la entrega de medicamentos a los usuarios, el reempaque, el control de
medicamentos de baja rotación y no conformes, el manejo del sistema de
información, la ubicación de los productos y la identificación de aquellos próximos a
vencer.

103. Estos documentos permiten establecer que la entidad le asignó un puesto
concreto dentro de sus instalaciones y le entregó los procedimientos, inventarios y
responsabilidades asociados al funcionamiento de la farmacia. La circunstancia de
que recibiera formalmente el puesto y asumiera la custodia y gestión de los
medicamentos constituye una prueba adicional de que la actividad fue desarrollada
directamente por ella y en beneficio de la entidad demandada.

104. En este orden de ideas, los contratos, las planillas de turnos y las actas de
entrega de puesto de trabajo son concordantes en demostrar que la señora Rocío
Varela Robayo ejecutó personalmente las actividades contratadas y que lo hizo en
las instalaciones del Hospital Santa Clara E.S.E. y, luego, en las unidades
pertenecientes a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Por consiguiente, la Sala encuentra acreditado el elemento de la prestación
personal del servicio durante los periodos cubiertos por los contratos allegados al
expediente.

105. Previo a culminar este acápite, es del caso precisar que, de los contratos
aportados con la demanda, se observa que la mayoría fueron suscritos para que la
demandante se desempeñara como auxiliar de farmacia. La excepción es el
contrato PS 1834 de 2018, en el cual se contrató a la señora Varela Robayo para
desempeñar el cargo de «regente de farmacia». Dicho contrato se ejecutó entre el
10 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2019.

3.5.1.2. Remuneración

106.En cuanto a la remuneración, la Sala advierte que este elemento también se
encuentra acreditado, ya que, en todos los contratos y órdenes de prestación de

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servicios relacionados en el acápite de hechos probados se pactó el pago de una
contraprestación económica a favor de la señora Rocío Varela Robayo, a título de
honorarios, como retribución por las actividades contratadas.

3.5.1.3. Continuada subordinación o dependencia

107. El elemento de la subordinación se configura cuando el empleador ejerce
poder de dirección, imparte órdenes sobre el modo, el tiempo y el lugar de la
ejecución del trabajo, aplica reglamentos internos y puede imponer sanciones por
incumplimiento, características propias de una relación laboral y ajenas a la
naturaleza autónoma del contrato de prestación de servicios.

108. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organización
al de la entidad.

109. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, se explica a la entidad
demandada, en observancia al recurso de apelación, que esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.

110. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

111. Sobre este elemento de la relación laboral, el Tribunal consideró que las
pruebas allegadas al proceso no permitían establecer la forma en que la
demandante recibía instrucciones, ni el medio utilizado por la entidad para
impartirlas. Por esto, concluyó que no era posible determinar si la ejecución de los
contratos obedeció a una simple coordinación propia de la contratación estatal o si,
por el contrario, existió una subordinación continuada característica de una relación
laboral.

112. Esta Sala, por el contrario, encuentra que las pruebas documentales obrantes
en el expediente revelan un conjunto de hechos indicadores que, apreciados en su
integridad, permiten concluir que la señora Rocío Varela Robayo no ejecutó sus

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actividades con la autonomía propia de un contratista independiente, sino integrada
al funcionamiento ordinario del servicio farmacéutico de la entidad y sometida a
directrices, controles, reglamentos internos y condiciones de ejecución propias de
una relación de subordinación.

113. Un primer aspecto que conduce a esa conclusión es la propia naturaleza de
las obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios, pues, aunque
formalmente estos calificaron la vinculación como contractual, las actividades
asignadas permiten evidenciar la inserción permanente de la demandante dentro de
la organización administrativa del Hospital Santa Clara E.S.E. y, posteriormente, de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

114. Teniendo en cuenta que, entre diciembre de 2008 y julio de 2019, la
demandante suscribió más de 20 contratos, se redactará un listado que condensa
las distintas obligaciones pactadas durante el interregno mencionado, para efectos
de estudiar su naturaleza:

1) Cumplir estrictamente las disposiciones previstas en el Decreto 2200 de 2005
y la Resolución 1403 de 2007, así como las demás normas que regulen el
servicio farmacéutico.

2) Dispensar medicamentos y dispositivos médicos de conformidad con la
prescripción médica, los pedidos de los servicios y los formularios de
justificación.

3) Mantener actualizado el sistema de información y los registros de los
servicios farmacéuticos.

4) Alistar medicamentos e inmunobiológicos, según delegación, observando los
principios de asepsia y las normas técnicas aplicables.

5) Registrar los medicamentos de control dispensados en los libros
correspondientes y archivar las fórmulas de control.

6) Almacenar medicamentos de acuerdo con su clasificación farmacológica,
orden alfabético y fecha de vencimiento, garantizando la conservación de las
especificaciones técnicas de fabricación.

7) Recibir y despachar insumos conforme a las requisiciones y a los
documentos que soportan cada actividad.

8) Rotular medicamentos destinados a dosis unitaria o individual, asegurando
su correcta identificación y el control de las fechas de vencimiento para evitar
errores en la dispensación.

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9) Realizar la devolución de medicamentos, dispositivos e insumos médico-
quirúrgicos que no cumplan los requisitos exigidos o las buenas prácticas de
manufactura.

10) Recibir las devoluciones de medicamentos e insumos médicos no utilizados
por los pacientes en los diferentes servicios.

11) Brindar información sobre los medicamentos de acuerdo con los
requerimientos de los usuarios.

12) Registrar los cargos por medicamentos, dispositivos e insumos médico-
quirúrgicos suministrados, para su correspondiente facturación.

13) Verificar de manera permanente las fechas de vencimiento de los
medicamentos y las de esterilización de los elementos médico-quirúrgicos.

14) Alistar, entregar y recepcionar la devolución de las canastas destinadas a
los procedimientos quirúrgicos.

15) Mantener los insumos almacenados y conservados conforme a las normas
técnicas de almacenamiento.

16) Aplicar los procedimientos de bioseguridad, salud ocupacional, gestión
ambiental y calidad, con el propósito de disminuir los riesgos para los
funcionarios, la comunidad y el medio ambiente.

17) Registrar y verificar el inventario de los elementos, equipos, medicamentos
e insumos asignados; supervisar sus fechas de vencimiento e informar
oportunamente el estado o pérdida de cualquier bien a la instancia
competente.

18) Promover la cultura de los valores y principios éticos para garantizar la
transparencia en las actuaciones del servicio.

19) Desarrollar y aplicar mecanismos que aseguren la conservación de los
bienes de la organización y del Estado, así como el adecuado funcionamiento
del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos, procedimientos y
servicios ofrecidos.

20) Responder por el adecuado manejo, custodia y conservación de los
inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos y demás bienes
entregados para la ejecución del contrato, asumiendo la responsabilidad
derivada de su administración.

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21) Ejecutar actividades de apoyo a la gestión asistencial en el proceso de
farmacia para garantizar la oportuna prestación del servicio farmacéutico.

22) Cumplir las demás actividades asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del contrato.

23) Solicitar, recepcionar, organizar, controlar y vigilar la disposición de los
medicamentos requeridos para el consumo de los usuarios, garantizando el
abastecimiento oportuno y suficiente de la farmacia.

24) Realizar inventarios selectivos periódicos de la farmacia y de la bodega,
llevando los controles necesarios para la administración de existencias.

25) Elaborar y presentar los informes mensuales sobre los movimientos de la
farmacia y los indicadores definidos por la entidad.

26) Apoyar el programa de farmacovigilancia institucional.

27) Garantizar una atención humanizada, cálida, eficaz y oportuna a los usuarios
del servicio farmacéutico.

28) Orientar al personal asistencial y administrativo sobre los procedimientos
relacionados con la activación de usuarios, el reporte y diligenciamiento de
prescripciones, los formatos de contingencia y demás actividades propias del
proceso farmacéutico.

29) Realizar la activación de usuarios en el aplicativo del Ministerio de Salud,
cuando ello le sea asignado.

30) Remitir al área de autorizaciones la documentación relacionada con el
proceso farmacéutico, dentro de los términos previstos en la normativa
vigente, para su envío a las entidades aseguradoras.

31) Llevar el registro de las actividades y procedimientos asignados, mantener
actualizadas las bases de datos, los informes institucionales y los demás
registros requeridos para el desarrollo del proceso.

32) Apoyar la atención y respuesta a las devoluciones u objeciones formuladas
por las entidades aseguradoras.

33) Portar adecuadamente el uniforme y el carné institucional durante la
ejecución de las actividades contractuales.

34) Cumplir la programación de turnos y realizar los cambios de turno conforme
a las directrices impartidas por la entidad.

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35) Informar oportunamente las novedades que impidan la prestación del
servicio, con el fin de facilitar la provisión del respectivo reemplazo.

36) Acreditar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y
parafiscales, en los términos exigidos por el contrato, como requisito para el
pago de los honorarios.

115. En los contratos celebrados entre los años 2009 y 2015 se estableció, entre
otras obligaciones, que la contratista debía mantener actualizado el sistema de
información y registro de los servicios farmacéuticos; realizar el registro de los
medicamentos de control dispensados en los libros correspondientes; efectuar los
recibos y despachos de insumos; revisar continuamente las fechas de vencimiento
de medicamentos; registrar y verificar el inventario de los elementos y equipos
asignados; informar el estado o pérdida de cualquier bien a la instancia competente
para la adopción de medidas; y ejecutar las demás actividades que le fueran
asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza y el área de
desempeño del contrato.

116. Estas estipulaciones dan cuenta de que la demandante debía sujetarse a
protocolos previamente definidos por la entidad, observar procedimientos internos
obligatorios y ejecutar las actividades conforme a estándares institucionales
previamente establecidos. Ello supone que la administración determinaba la manera
como debían desarrollarse las labores contratadas, circunstancia incompatible con
la autonomía que caracteriza el contrato de prestación de servicios.

117. En igual sentido, los contratos de los años 2015 incorporaron obligaciones aún
más estrictas. Además de reiterar el cumplimiento de las normas técnicas de
almacenamiento y de los procedimientos institucionales de bioseguridad y calidad,
exigieron el cumplimiento estricto del Decreto 2200 de 2005 y de la Resolución 1403
de 2007, el desarrollo de mecanismos para asegurar la conservación de los bienes
de la organización y del Estado, y establecieron expresamente que la contratista
sería responsable solidaria del inventario de medicamentos y dispositivos médicos
entregados en custodia, así como del adecuado manejo de dichos bienes dentro de
las farmacias del Hospital.

118. La atribución de esa responsabilidad implicaba que la demandante asumiera
deberes permanentes de custodia, vigilancia y conservación de bienes
institucionales, propios de quien hace parte de la organización interna del servicio
farmacéutico y responde por su adecuado funcionamiento.

119. Esa pérdida de autonomía resulta todavía más evidente en el contrato PS1834
de 2018, pues, además de imponer obligaciones relacionadas con el control de
inventarios, el diligenciamiento de informes, el registro diario de medicamentos de
control, el manejo de aplicativos institucionales y la actualización permanente de

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registros definidos por la entidad, dicho contrato dispuso expresamente que la
contratista debía portar el uniforme de manera adecuada y decorosa, portar el carné
institucional de la Subred durante la ejecución de las actividades contractuales,
cumplir la programación de turnos de servicio, realizar los cambios de turno
conforme a las directrices impartidas por la entidad e informar previamente cualquier
novedad para que se efectuara el correspondiente reemplazo.

120. Tales obligaciones excedieron el ámbito de coordinación propio de un contrato
de prestación de servicios, ya que, si bien toda relación contractual supone cierto
grado de seguimiento y supervisión, la exigencia de portar uniforme y carné
institucional, sumada a las obligaciones hasta aquí descritas, evidencian la
incorporación de la demandante a la organización administrativa de la entidad y la
sujeción a reglas institucionales de identificación y presentación personal. Del
mismo modo, la obligación de cumplir los turnos fijados por la administración
demuestra que la entidad conservaba el poder de organizar la prestación cotidiana
del servicio, determinando las condiciones de tiempo y modo bajo las cuales debía
ejecutarse la labor.

121. Todo ello permite advertir que la demandante no conservó la libertad
organizativa propia de un contratista independiente. Se destaca que, mientras la
autonomía que caracteriza el contrato de prestación de servicios comprende la
posibilidad de decidir, dentro de los límites del objeto contratado, la forma de
ejecutar la labor encomendada; en contraste, las obligaciones contractuales
enunciadas revelan que la señora Rocío Varela Robayo debía sujetarse a
protocolos institucionales, normas técnicas, procedimientos internos, instrucciones
funcionales, programación de turnos, mecanismos de control de inventarios y reglas
de presentación personal previamente establecidas por la entidad, circunstancias
que constituyen un primer conjunto de indicios serios, concordantes y convergentes
de subordinación.

122. Un segundo aspecto que permite tener por acreditado este elemento de la
relación laboral es que, de los contratos relacionados en el acápite de hechos
probados se advierte que la demandante permaneció vinculada con la entidad,
mediante contratos sucesivos, desde el 1.º de diciembre de 2008 hasta el 31 de julio
de 2019, con interrupciones que, como se explicará más adelante, no superaron el
parámetro de 30 días hábiles. Esa continuidad evidencia que la contratación no
estuvo orientada a atender necesidades excepcionales, ocasionales o estrictamente
temporales de la administración, sino a garantizar de manera permanente el
funcionamiento del servicio farmacéutico, actividad que hace parte del objeto
misional de la entidad demandada82.

123. Si bien la permanencia de la contratación, por sí sola, no permite afirmar la
existencia de subordinación, sí constituye un hecho indicador de especial relevancia

82 Esto, en atención a la regla prevista por la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.

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cuando se valora junto con las restantes pruebas del expediente. Para esta Sala, la
prolongación del vínculo durante más de 10 años, la reiteración de objetos
contractuales sustancialmente idénticos y la asignación continua de funciones
indispensables para la prestación del servicio farmacéutico revelan que la señora
Rocío Varela Robayo no fue contratada para desarrollar una actividad episódica o
transitoria, sino para satisfacer una necesidad permanente de la entidad,
circunstancia que refuerza la conclusión según la cual su vinculación desbordó el
marco excepcional previsto para los contratos de prestación de servicios y se integró
al funcionamiento ordinario de la administración.

124. Un tercer aspecto es que las planillas de turnos elaboradas por el químico
farmacéutico coordinador del Hospital Santa Clara E.S.E., permiten establecer que
la demandante no decidía libremente cuándo desarrollar las actividades
contratadas, sino que debía cumplir la programación establecida por la entidad. De
hecho, ellas reflejan que era la entidad quien determinaba las condiciones
temporales para la ejecución de las labores. Para el caso de los auxiliares de
farmacia, se destaca que prestaban turnos en jornadas diurnas y nocturnas
previamente distribuidas por el coordinador de esa dependencia83.

125. Un cuarto punto que se destaca en la valoración de este elemento de la
relación laboral, es el escrito del 30 de diciembre de 2011, dirigido al líder del
servicio de farmacia del Hospital Santa Clara E.S.E., y los 2 formatos de solicitud
de autorización para cambio de turno, mediante los cuales la demandante pidió que
se le permitiera alterar la programación correspondiente a varios días del mes de
enero de 2012, indicando expresamente qué jornadas asumiría ella y cuáles serían
cubiertas por otra trabajadora. Estas pruebas documentales permiten identificar que
la distribución del tiempo de trabajo no dependía de la voluntad de Valera Robayo,
sino de la aprobación de la entidad.

126. Estos elementos se corroboran periféricamente con las obligaciones
incorporadas en el contrato PS1834 de 2018, según las cuales la demandante debía
cumplir la programación de turnos establecida por la entidad, realizar los cambios
de turno de conformidad con las directrices institucionales e informar previamente
cualquier novedad para que se efectuara el correspondiente reemplazo. Tales
estipulaciones evidencian que la administración conservó durante la ejecución
contractual la facultad de organizar la prestación cotidiana del servicio farmacéutico,
circunstancia incompatible con la autonomía propia de una relación contractual
independiente.

127. En quinto lugar, se destaca que, en el expediente reposan otros documentos
que permiten establecer que la entidad ejercía un control permanente sobre la forma
como la demandante ejecutaba las actividades asignadas. Por ejemplo, mediante

83 Este elemento de prueba, conforme a la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, no constituye

por sí solo prueba de subordinación, pero sí adquiere relevancia cuando, como ocurre en este caso, se
encuentra acompañado de otros elementos que evidencian la pérdida de autonomía del contratista.
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el oficio OFO-00225-11 del 28 de noviembre de 2011, el coordinador del servicio
farmacéutico dirigió una comunicación a Rocío Varela Robayo y otros, en la que les
recordó que su obligación consistía en prestar un servicio oportuno, mantener la
disponibilidad permanente de medicamentos en urgencias para evitar que volvieran
a presentarse quejas por falta de medicamentos.

128. Esta comunicación demuestra que la entidad demandada, a través de sus
coordinadores, ejercía el poder de dirección respecto de la forma en que la
demandante debía ejecutar sus labores, y les llamaba la atención en caso de que
no actuaran acorde a las instrucciones.

129. También se suman las 2 comunicaciones del 12 de diciembre de 2011,
mediante las cuales el mismo coordinador del servicio farmacéutico requirió a la
señora Rocío Varela Robayo y a otros funcionarios para que allegaran, con carácter
urgente, los soportes relacionados con la entrega de determinados medicamentos,
bajo la advertencia de que, si no cumplían oportunamente dicha instrucción, el área
de facturación trasladaría las correspondientes glosas a sus nombres, por lo que
tendrían que asumir directamente su pago.

130. Nótese que en los citados oficios se impartieron órdenes concretas sobre la
manera como debía cumplirse una actividad relacionada con el servicio
farmacéutico, y se establecieron consecuencias patrimoniales derivadas del
eventual incumplimiento de tales instrucciones. Ante esas condiciones, es claro que
la demandante no conservaba la libertad de decidir si atendía o no los
requerimientos formulados por el coordinador del servicio, sino que debía acatarlos
dentro del término fijado por la entidad, so pena de asumir personalmente las
consecuencias económicas derivadas de la omisión.

131. En sexto lugar, se precisa que, la existencia de ese poder de dirección también
se refleja en la comunicación suscrita por la propia señora Rocío Varela Robayo el
6 de agosto de 2012, dirigida al líder del servicio farmacéutico del Hospital Santa
Clara E.S.E. En ella informó que, al regresar de su hora de almuerzo, encontró
abierta la farmacia, pese a haberla dejado asegurada con candado, y que, durante
su ausencia, diferentes integrantes del personal asistencial ingresaron para retirar
medicamentos e insumos destinados a la atención de pacientes. Asimismo,
manifestó que desconocía cuáles medicamentos habían sido retirados y utilizados,
pues tales movimientos no le fueron reportados para su correspondiente registro y
cobro, razón por la cual advirtió que podrían presentarse inconsistencias en el
inventario.

132. Como se observa, la demandante puso en conocimiento de su superior una
situación que podía comprometer el manejo del inventario bajo su responsabilidad.
Tal comportamiento resulta plenamente coherente con las obligaciones
contractuales que le imponían registrar diariamente los movimientos de

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medicamentos, mantener actualizados los inventarios, responder por su
conservación e informar cualquier pérdida o irregularidad a la instancia competente.

133. Pero, además, dicho documento debe valorarse conjuntamente con los
requerimientos efectuados el 12 de diciembre de 2011 por el coordinador del
servicio farmacéutico, de modo que, el informe presentado por la señora Rocío
Varela Robayo evidencia que las instrucciones impartidas por la entidad incidían
directamente en la forma como desarrollaba sus actividades y que el manejo del
servicio estaba sujeto a un control permanente por parte de sus superiores,
circunstancia que, apreciada junto con los demás elementos probatorios, constituye
un indicador adicional de que el vínculo se ejecutó bajo condiciones propias de una
relación laboral.

134. De este modo, aunque la supervisión es compatible con los contratos
estatales, en este caso, las pruebas permiten advertir que la actividad de la
demandante se ejecutaba bajo una dinámica de dirección y control que trascendía
la simple verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas, pues, la
necesidad de informar de manera inmediata las novedades relacionadas con el
manejo del servicio y de sujetar su actuación a las directrices impartidas por la
coordinación, apreciadas conjuntamente con los demás elementos analizados en
esta providencia, constituyen un indicio adicional de que el vínculo se desarrolló
bajo condiciones propias de una relación laboral.

135. Como séptimo punto, las actas de reunión correspondientes a la entrega de
puesto de trabajo permiten advertir que la señora Rocío Varela Robayo se
encontraba plenamente integrada a la estructura funcional de la entidad. En efecto,
el acta del 30 de julio de 2018 registra su participación en la entrega del puesto de
trabajo como regente de farmacia de la Unidad de San Blas, mientras que las actas
del 1.º de febrero de 2019 documentan la entrega de la farmacia del CAPS Bravo
Páez a la demandante, quien asumió formalmente la responsabilidad sobre esa
dependencia.

136. También el acta de entrega del 1.º de febrero de 2019, da cuenta de que se
individualizaron las funciones y responsabilidades que debía asumir la señora Rocío
Varela Robayo, entre ellas la verificación del diligenciamiento de formatos
institucionales, el manejo del sistema de información, la entrega de medicamentos
a los usuarios, el control de medicamentos de baja rotación y de productos no
conformes, el proceso de reempaque, la ubicación física de medicamentos, la
identificación de aquellos próximos a vencer y la revisión del inventario existente al
momento de recibir la dependencia.

137. Estas circunstancias permiten identificar que la entidad no se limitó a contratar
un resultado específico o una actividad autónoma, sino que asignó a la demandante
un puesto concreto dentro de su estructura organizacional, con responsabilidades
permanentes sobre una dependencia institucional, inventarios, bienes públicos y

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procedimientos internos previamente establecidos. Esto implicó que la señora Rocío
Varela Robayo ocupara funcionalmente un lugar dentro del servicio farmacéutico de
la entidad, en el que debía permanecer durante un horario definido, circunstancia
que no es compatible la independencia organizativa que caracteriza al contratista
estatal.

138. Todo el material probatorio anteriormente analizado permite advertir que la
señora Rocío Varela Robayo no desarrolló las actividades contratadas con la
independencia característica de quien ejecuta un contrato estatal. Asimismo, se
destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio de coordinación,
que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con
las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del
contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la
que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía con las
condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta
ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»84.

139. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»85.

140. Así las cosas, en el caso en estudio, teniendo en cuenta la valoración
probatoria, se estima probado el elemento de la subordinación, contrario a lo
afirmado por la entidad accionada. Lo anterior, en la medida en que la demandante
debía cumplir una programación de turnos previamente definida; solicitar
autorización para modificarla; portar uniforme y carné institucional; observar
protocolos internos de bioseguridad, almacenamiento, calidad y gestión ambiental;
responder por el manejo de inventarios y medicamentos; atender los requerimientos
formulados por los coordinadores del servicio; y desempeñar sus funciones en una
dependencia específica de la entidad, bajo un esquema permanente de supervisión
y control.

141. Precisamente por ello, las circunstancias acreditadas en este proceso
desbordan el principio de coordinación propio de los contratos de prestación de
servicios. Conforme quedó expuesto en el marco jurisprudencial de esta
providencia, la coordinación supone que el contratista conserva la autonomía para
ejecutar el objeto convenido, aun cuando deba armonizar su actividad con las
necesidades de la administración. Sin embargo, cuando la entidad determina las

84 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. 63001-23-

33-000-2020-00365-01 (2181-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
85 Ibidem.

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condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución; impone protocolos obligatorios;
organiza los horarios; exige autorizaciones para modificar la jornada; controla
permanentemente el desarrollo de las actividades y adopta medidas correctivas
frente a su incumplimiento, desaparece la autonomía propia del contratista y emerge
la subordinación característica de una verdadera relación laboral.

142. Finalmente, no puede perderse de vista que la Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E. no contestó la demanda. Aunque dicha conducta no
releva al juez de valorar integralmente el acervo probatorio ni constituye fundamento
para declarar la existencia de una relación laboral, sí permite concluir que la
demandada no se opuso a los hechos alegados por la parte demandante relativos
al sometimiento a horarios, reglamentos internos, directrices impartidas por
superiores, utilización de elementos suministrados por la entidad y prestación
permanente de los servicios.

143. Así las cosas, apreciados en conjunto los contratos de prestación de servicios,
las planillas de turnos, las solicitudes de autorización para cambio de jornada, los
llamados de atención, los requerimientos formulados por el coordinador del servicio
farmacéutico, la comunicación de novedades, las actas de entrega del puesto de
trabajo, la continuidad de la vinculación durante más de 10 años, la Sala concluye
que tales hechos indicadores son concordantes y permiten inferir razonablemente
que la señora Rocío Varela Robayo ejecutó sus actividades sometida a un poder
permanente de dirección, vigilancia y control por parte de la entidad demandada.

144. Por tanto, contrario a lo concluido por el Tribunal, en el presente asunto es
procedente la nulidad del Oficio 20201100016071 del 22 de enero de 2020, por
cuanto, como quedó acreditado en esta sentencia, la vinculación formalizada
mediante contratos de prestación de servicios encubrió una relación laboral entre la
demandante y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
durante los periodos acreditados en el expediente.

Del restablecimiento del derecho

145. Como consecuencia de la declaratoria de existencia de la relación laboral, la
accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
legalmente previstas. Para la Subsección, la base de liquidación de dichas
prestaciones debe corresponder al salario asignado al empleo de la planta de
personal cuyas funciones sean iguales o equivalentes a las desempeñadas por la
demandante.

146. En efecto, los contratos de prestación de servicios determinan las actividades
que debe desarrollar el contratista. Por consiguiente, cuando en la planta de
personal exista un empleo con funciones iguales o equivalentes a las pactadas
contractualmente, deberá tomarse como parámetro el salario asignado a dicho
cargo. La equivalencia a la que se alude es de carácter funcional, de manera que,

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
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aun cuando no exista en la planta un empleo idéntico, deberá establecerse si alguno
de los cargos existentes comprende funciones similares o equivalentes a las
desempeñadas por la contratista.

147. La Subsección precisa que no se acude a los honorarios, en tanto, son fijados
a través de un acuerdo de voluntades en el marco de una relación contractual, que
también dependen de los estudios previos86 de la entidad para celebrar el contrato.
Aspectos que, a juicio de la Sala, son diferentes a los criterios especializados que
se tienen en cuenta para fijar los salarios en el sector público. Ciertamente, en
materia salarial existe una competencia compartida entre el legislador que dicta las
leyes marco y el Gobierno nacional, como lo señala el literal e) del numeral 19 del
artículo 150 de la Carta Política.

148. Nótese que cuando se declara la existencia de la relación laboral, a la luz del
principio de supremacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la
Constitución Política), justamente se está indicando que el contrato de prestación
de servicios desconoció el orden superior, lo cual conlleva a que se deba preferir el
salario del cargo, en lugar de acudir a los honorarios.

149. De donde se colige que lo pactado por las partes, o lo fijado internamente por
la entidad como pago para los contratistas, no puede, en principio, constituir la base
para determinar el valor de las prestaciones sociales cuando se demuestra la
existencia de una relación laboral con una entidad pública. Ello en modo alguno
equivale a que la declaración de la existencia de la relación laboral otorgue la
calidad de empleado público, sino que propende por acudir a un parámetro de
equidad y proporcionalidad, por haberse utilizado el contrato de prestación de
servicios para ocultar una relación laboral.

150. Ciertamente, para poder concluir que existió una relación laboral, uno de los
indicios a evaluar consiste en estudiar si las actividades contractuales también son
realizadas por los servidores de planta. Por ello, el fallo de unificación 87 explicó que
«el hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la
entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente». Así entonces, este análisis materializa el principio de «a trabajo igual,

86 En el fallo de unificación del 9 de septiembre de 2021 se acudió a los estudios previos para que debían justificar

la necesidad temporal para celebrar el contrato de prestación de servicios. Por ello, en la primera regla de unificación
se determinó que «el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la
Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia». Consejo de
Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
87 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-23-

33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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salario igual»88. Por consiguiente, en sana lógica lo razonable es que se acuda al
salario del cargo en planta respecto del cual se hace la comparación.

151. En efecto, esta Sala ya ha venido considerando que como consecuencia de
la declaratoria de la existencia de la relación laboral, en virtud del mencionado
principio, la base para calcular las prestaciones debe corresponder al salario del
cargo en la planta de personal, así89:

Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual, salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de
los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad,
cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de
condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de
hipótesis distintas.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Alberto Díaz Guzmán debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

152. Sin embargo, de forma residual, solamente cuando en la planta de personal
no haya un cargo con funciones iguales o equivalentes, la base de liquidación de
las prestaciones sociales será el valor de los honorarios.

153. Descendiendo al caso concreto, se dispondrá el pago de las prestaciones
liquidadas con base en el salario de un empleado de planta que cumpliera funciones
iguales o equivalentes, así: a) del 1.º de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2018,
salvo interrupciones, periodo durante el cual la accionante se desempeñó como
auxiliar de farmacia; b) del 10 de enero de 2018 al 31 de enero de 2019, en el que
fungió como regente de farmacia; y c) del 1.º de febrero al 31 de julio de 2019, en
el que prestó sus servicios como auxiliar de farmacia. Solo en el evento que no
exista un cargo igual o semejante, la base de liquidación son los honorarios.

154. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales y demás acreencias laborales de carácter legal que habría

88 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 143. 1. «A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los
elementos a que se refiere el artículo 127».
89 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, rad. 66001-23-33-

000-2019-00715-01 (3574-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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devengado un empleado de planta de la entidad demandada que ejerciera funciones
iguales o equivalentes.

155. También procede ordenar el reconocimiento de las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones, por cuanto estas constituyen una consecuencia necesaria
del reconocimiento de la relación laboral declarada en esta providencia. Para el
efecto, tomará como referente el salario de un empleado de planta que haya
desarrollado funciones iguales o equivalentes a las que ejecutó la demandante y
solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.

156. Del mismo modo, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró
su vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra,
deberá pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como empleada.

157. Ahora bien, en cuanto a la devolución de aportes por concepto de salud y
riesgos laborales que pretende la demandante, la Sala señala que tal condena es
improcedente, toda vez que según se definió en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202190, pese a que se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta, en función de su naturaleza parafiscal, dichos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin específico «y no constituyen un crédito en
favor del interesado». Al respecto, en dicha providencia se determinó que «frente
al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos
laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los
aportes que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos
aportes obligatorios de naturaleza parafiscal» (destacado original). En punto, se
destaca que, bajo este mismo argumento, la Corporación ha considerado que la
devolución de los aportes a pensión tampoco procede91.

158. Igualmente se estima que no es procedente la devolución de la retención en
la fuente, en consideración a lo dicho por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 13 de mayo de 201592, según la cual «no hay lugar a ordenar la
devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de retención de la
fuente, pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de origen contractual,
también lo es que la declaración de la existencia de dicha relación no implica per se
la devolución de sumas de dinero que se generaron en virtud de la celebración
contractual, pues la finalidad del restablecimiento de derecho es el reconocimiento
de emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir con la relación

90 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-

01143-01 (1317-2016).
91 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de abril de 2024, exp. 25000-23-42-

000-2017-03765-01 (3678-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 13 de mayo de

2015, exp. 68001233100020090063601 (1230-2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión de la
celebración del contrato93».

159. Para finalizar, en lo concerniente a la indemnización y sanción moratoria por
el pago tardío de las prestaciones, particularmente las cesantías, se destaca que no
hay lugar a su reconocimiento, toda vez que la obligación de pago surge con esta
sentencia, en la cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral existente
entre las partes. Sobre el particular, se resalta que esta providencia tiene el carácter
de constitutiva, razón por la que a partir de su ejecutoria es que comienzan a
contabilizarse los términos para reclamar los derechos que ella genera.

De la prescripción trienal

160. Superado el estudio relativo a la configuración de la relación laboral entre la
demandante y la entidad demandada, corresponde resolver el segundo problema
jurídico planteado por la Sala, consistente en determinar si las prestaciones sociales
derivadas del reconocimiento del vínculo laboral se encuentran afectadas por el
fenómeno de la prescripción.

161. Sobre este aspecto, se advierte que el Tribunal de primera instancia negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditaron los elementos
propios de una relación laboral y, por consiguiente, se abstuvo de analizar la
eventual configuración del fenómeno de la prescripción respecto de las acreencias
reclamadas.

162. No obstante, como quedó expuesto al resolver el primer problema jurídico,
para esta Sala, el material probatorio sí acredita que entre las partes existió una
relación laboral encubierta durante los periodos analizados. En consecuencia,
corresponde determinar si las prestaciones sociales derivadas de dicho vínculo
fueron reclamadas oportunamente o si, por el contrario, se encuentran afectadas
por la prescripción extintiva.

163. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido

93 «Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, Consejero Ponente: DR. Víctor

Hernando Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».
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burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)

164. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.

165. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
contrario a lo alegado por la entidad recurrente, deberá reclamarlo dentro del
término de tres años contados a partir de la finalización del vínculo contractual94.

166. De conformidad con las reglas jurisprudenciales planteadas, corresponde
identificar los periodos durante los cuales la prestación del servicio se desarrolló sin
solución de continuidad y aquellos en los que se presentaron interrupciones
superiores a 30 días hábiles. Una vez delimitados esos lapsos, deberá verificarse si
la demandante formuló su reclamación dentro de los 3 años siguientes a la
finalización de cada vínculo continuo.

167. En el presente asunto, las pruebas analizadas permitieron establecer que los
siguientes periodos durante los cuales se acreditó la existencia de una relación
laboral encubierta, así como las interrupciones existentes entre uno y otro vínculo,
son los siguientes:

Contratos /OPS Desde Hasta Interrupciones
AS 2280/2008 01/12/2008 31/12/2008 -
AS 562/2009 02/01/2009 30/06/2009 0 días hábiles
AS 1084/2009 01/07/2009 31/07/2009 0 días hábiles
AS 1761/2009 11/08/2009 31/10/2009 5 días hábiles
AS 2997/2009 05/11/2009 31/12/2009 2 días hábiles
AS 559/2010 12/01/2010 30/06/2010 5 días hábiles
AS 1602/2010 09/07/2010 31/10/2010 6 días hábiles
AS 2789/2010 05/11/2010 30/11/2010 4 días hábiles
AS 3015/2010 07/12/2010 31/12/2010 5 días hábiles

94 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con

referencia SUJ2-005-16.
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AS 493/2011 25/01/2011 28/02/2011 16 días hábiles
AS 804/2011 11/03/2011 30/04/2011 9 días hábiles
AS 1054/2011 23/05/2011 31/05/2011 15 días hábiles
AS 1138/2011 16/06/2011 30/06/2011 12 días hábiles
AS 1452/2011 05/07/2011 30/09/2011 2 días hábiles
AS 2482/2011 10/10/2011 31/10/2011 6 días hábiles
AS 3247/2011 11/11/2011 31/12/2011 8 días hábiles
AS 723/2012 10/01/2012 29/02/2012 6 días hábiles
AS 940/2012 23/03/2012 31/03/2012 16 días hábiles
AS 1015/2012 17/04/2012 31/05/2012 14 días hábiles
AS 1170/2012 04/06/2012 30/06/2012 2 días hábiles
AS 1228/2012 06/07/2012 31/07/2012 4 días hábiles
AS 1574/2012 10/08/2012 31/08/2012 7 días hábiles
AS 1650/2012 01/09/2012 30/09/2012 0 días hábiles
AS 1920/2012 01/10/2012 31/10/2012 0 días hábiles
AS 2913/2012 07/11/2012 30/11/2012 4 días hábiles
AS 3754/2012 18/12/2012 31/12/2012 12 días hábiles
AS 068/2013 01/01/2013 30/06/2013 0 días hábiles
AS 1587/2013 01/07/2013 31/08/2013 0 días hábiles
AS 2846/2013 03/09/2013 30/09/2013 2 días hábiles
AS 3938/2013 07/10/2013 31/10/2013 5 días hábiles
AS 4783/2013 20/11/2013 31/12/2013 12 días hábiles
AS 0401/2014 01/01/2014 31/05/2014 0 días hábiles
AS 1962/2014 03/06/2014 31/08/2014 3 días hábiles
AS 3365/2014 01/09/2014 31/10/2014 0 días hábiles
AS 4446/2014 01/11/2014 30/11/2014 0 días hábiles
AS 5347/2014 30/12/2014 31/12/2014 20 días hábiles
AS 0523/2015 02/01/2015 31/08/2015 0 días hábiles
AS 2430/2015 07/09/2015 30/11/2015 7 días hábiles
AS 4186/2015 01/12/2015 31/12/2015 0 días hábiles
AS 0559/2016 01/01/2016 01/09/2017 0 días hábiles
PS 0745/2017 10/10/2017 09/01/2018 7 días hábiles
PS 1834/2018 y sus 0 días hábiles
10/01/2018 31/01/2019
prórrogas
PS 2407/2019 01/02/2019 31/07/2019 0 días hábiles
Tabla 2: contratos y órdenes de prestación de servicios, con sus respectivas interrupciones.

168. Del cuadro precedente se advierte que entre los distintos contratos celebrados
por la demandante no se presentó ninguna interrupción superior a 30 días hábiles.
En consecuencia, la totalidad de los tiempos de servicio acreditados en el
expediente conforman un único vínculo continuo, comprendido entre el 1.º de
diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019, sin que resulte procedente fragmentarlo
para efectos del análisis de la prescripción.

169. Precisado lo anterior, corresponde verificar si las prestaciones sociales
derivadas de dicho vínculo fueron reclamadas dentro del término de 3 años previsto
por la jurisprudencia de unificación antes referida. Para tal efecto, se observa que
el 23 de diciembre de 2019, la demandante presentó reclamación administrativa
ante la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., mediante la
cual solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de
las prestaciones sociales y demás acreencias derivadas de esta.

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170. De este modo, entre la terminación del vínculo continuo, ocurrida el 31 de julio
de 2019 y la presentación de la reclamación administrativa, el 23 de diciembre de
2019, e incluso, la radicación de la demanda de la referencia el 22 de septiembre
de 202095, no transcurrió el término de 3 años previsto para la configuración de la
prescripción extintiva; de modo que, la reclamación fue formulada oportunamente y,
por tanto, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral cuya existencia
se declara en esta providencia no se encuentran afectadas por dicho fenómeno.

3.5.2. De la condena en costas

171. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 96 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

172. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que
demuestren un proceder en tal sentido, no es procedente imponer dicha condena
frente a la actuación adelantada en segunda instancia.

3.6. Conclusión de la decisión

173. De conformidad con el análisis precedente, la Sala concluye que la
demandante desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo acusado,
al demostrar que entre el 1.º de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019 prestó
sus servicios personales a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E. bajo condiciones propias de una relación laboral.

174. Así mismo, la Sala concluye que las prestaciones sociales derivadas de esa
relación laboral no se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción, por

95 Samai, Tribunal, índice 22, expediente digital, archivo 25282KB, «03. INGRESO AL DESPACHO (.pdf)», pág.

1.
96 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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cuanto la demandante presentó la reclamación administrativa el 23 de diciembre de
2019, esto es, dentro de los 3 años siguientes a la terminación del único vínculo
continuo acreditado en el expediente.

175. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 12 de mayo
de 2025 y, en su lugar, se declarará la nulidad del oficio demandado; se reconocerá
la existencia de la relación laboral entre las partes durante el periodo comprendido
entre el 1.º de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019, salvo interrupciones; se
condenará a la entidad al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
equivalentes y a efectuar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones que
correspondan, en los términos señalados en esta providencia.

176. Así mismo, se negarán las demás pretensiones formuladas a título de
restablecimiento del derecho relacionadas con el reintegro de los aportes
efectuados por la demandante al Sistema General de Seguridad Social, la
devolución de las sumas descontadas por concepto de retención en la fuente y el
reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías, por las
razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 12 de mayo de 2025, que negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este
proveído. En su lugar:

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 20201100016071 del 22 de enero de 2020,
proferido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
que negó la existencia de la relación laboral.

Tercero. Declarar, a título de restablecimiento del derecho, la existencia de una
relación laboral entre la señora Rocío Varela Robayo y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. (Hospital Santa Clara E.S.E.) durante el
periodo comprendido entre el 1.º de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2019,
tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. (Hospital Santa Clara E.S.E.) al pago
de las prestaciones de orden legal a las cuales tiene derecho la señora Rocío Varela

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

Robayo durante los periodos en los cuales se acreditó la existencia de una relación
laboral, así: a) del 1.º de diciembre de 2008 al 9 de enero de 2018, salvo
interrupciones, periodo durante el cual la accionante se desempeñó como auxiliar
de farmacia; b) del 10 de enero de 2018 al 31 de enero de 2019, en el que fungió
como regente de farmacia; y c) del 1.º de febrero al 31 de julio de 2019, en el que
desempeñó funciones como auxiliar de farmacia, salvo interrupciones.

La liquidación de la condena se efectuará con fundamento en la remuneración
correspondiente a empleos iguales o equivalentes a los antes señalados. No
obstante, si para alguno de los periodos indicados la entidad no contaba en su
planta de personal con un empleo igual o equivalente, la base de liquidación será el
valor de los honorarios efectivamente percibidos por la demandante durante el
respectivo periodo.

Quinto. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada que
efectúe ante la administradora de pensiones a la que se encuentre afiliada Rocío
Varela Robayo las cotizaciones correspondientes a los periodos comprendidos
entre el 1.º de diciembre de 2008 al 31 de julio de 2019, en el que desempeñó
funciones como auxiliar de farmacia, o regente, según corresponda, salvo
interrupciones en su vinculación.

Para el efecto, tomará como referente el salario de un empleado de planta que haya
desarrollado funciones iguales o equivalentes a las que ejecutó la demandante y
solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.

A su vez, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su contra,
tendrá que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como empleada.

Sexto. Las sumas adeudadas que deberá pagar la entidad condenada se
actualizarán de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se
determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la
fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación). La
fórmula que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos del artículo
192 del CPACA.

Octavo. Negar las demás pretensiones.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00789-01 (2016-2025)
Demandante: Rocío Varela Robayo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. —Hospital
Santa Clara—

Noveno. Sin condena en costas.

Décimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

49

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